PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 23.01.2019

Gracias, querido José Manuel Rodríguez Uribes, coeditor, por la deferencia de cederme la intervención en nombre de los coordinadores y de los autores del libro que presentamos esta tarde.

Quiero agradecer a la Directora del CEPC, la profesora Yolanda Gómez, su cordial hospitalidad. Difícilmente podíamos aspirar a un lugar más adecuado para presentar un libro como éste, Derechos humanos y Constitución, y eso vale todo nuestro reconocimiento.

Por supuesto, reitero también nuestro agradecimiento a la Dra Camen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, constitucionalista de acreditada trayectoria y de quien depende orgánicamente el Centro, por haber aceptado clausurarlo.

Desde luego, no sería justo que dejara de expresar el reconocimiento de los autores del libro a D Salvador Vives, director general de Tirant lo Blanch. Y ello porque, si pudimos plantearnos esta obra, fue por la iniciativa que nos planteó personalmente Salvador Vives a los dos directores de Institutos de derechos humanos de Universidades públicas, la Universitat de València y la Universidad Carlos III de Madrid, que éramos entonces (estoy hablando de finales de octubre de 2017) Jose Manuel Rodríguez Uribes y yo mismo. La editorial ha hecho un esfuerzo específico para una línea de publicaciones con motivo del 40 aniversario de la Constitución, con títulos de gran prestigio. Es de agradecer, no ya sólo como profesores e investigadores que hemos encontrado la oportunidad de publicar nuestras reflexiones con motivo de esta conmemoración, sino simple y llanamente como ciudadanos.

Eso no quiere decir que el libro sea una <apología constitucionalista>, si me permiten la expresión. No podía serlo, ante todo, por respeto a la libertad académica y de crítica de los cuarenta autores. Pero es que tampoco ese fue nunca nuestro propósito.

Los coordinadores de este libro teníamos un claro punto de partida: jamás en nuestra historia hemos contado con un período semejante de reconocimiento de derechos humanos y constitucionales. Sí. Está justificada la dimensión de celebración del aniversario de la Constitución de 1978, que abrió el período más amplio de convivencia plural, desde un marco de garantía básica de derechos y libertades como jamás hemos conocido en la historia de España. ¿Significa eso que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Por supuesto que no. Ante todo, porque a lo largo de estos cuarenta años es evidente la existencia de déficits, incluso importantes, a la hora de garantizar de forma efectiva y equitativa estos derechos a todos los ciudadanos. Además, porque nunca se puede dar por acabada, por asentada, la lucha por este reconocimiento y garantía.

Los juristas y, si se nos permite decirlo, aquellos que tienen, tenemos como campo de trabajo –de docencia y de investigación- los derechos humanos y fundamentales, llevamos bien aprendida la lección de Ihering y sabemos que los avances en derechos se consiguen siempre mediante la lucha constante por ellos.

En ese sentido permítanme que reconozca cuán inspiradora me pareció la intervención de la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez, en la reciente edición de la Marcha de Mujeres, en Nueva York, el sábado pasado; manifestaciones que no son sólo marchas anti Trump, sino mucho más: un impulso social, jurídico y político que enlaza y renueva el movimiento de derechos civiles. Creo que representa bien las convicciones de muchos de nosotros sobre cómo entender esa encarnación histórica de la justicia que son los derechos humanos y cuáles son hoy las prioridades. Así lo proclamaba Acasio-Cortez, quizá con ingenuidad, aunque yo prefiero pensar que con el genuino sentimiento de justicia que es el alma de la lucha por los derechos (incluso cuando yerran, como nos recuerda el Michael Koolhas de von Kleist, al que tanto recuerdo en estos momentos de gilets jaunes y taxistas…):

“Justice is not a concept we read about in a book.

Justice is about the water we drink.

Justice is about the air we breathe.

Justice is about how easy it is to vote. Justice is about how much ladies get paid,” 

“Justice is about making sure that being polite is not the same thing as being quiet. In fact, oftentimes the most righteous thing you can do is shake the table.”

Claro que esa lucha no es sólo confrontación social. Porque también se lucha por los derechos aplicándose en su pedagogía, en el debate abierto y en la investigación.

Reivindicamos precisamente esa dimensión de docencia e investigación, que va más allá de la información, de la formación básica y especializada y de la transferencia de conocimientos en lo que nos gusta llamar cultura de los derechos y que consideramos base imprescindible para la tarea política por excelencia, esa permanente paideia que es la formación crítica de la ciudadanía. Sin el conocimiento de los derechos de los que son titulares, sin la conciencia de que su condición de señores del Derecho, de señores de los derechos, compromete a los ciudadanos en una actitud de vigilancia, de control y de ejercicio que va más allá del mero uso y disfrute de los mismos, no hay ni Estado de Derecho ni democracia que no se degraden. La cuestión, pues, es mantener despierta esa disposición.

En este sentido, instrumentos como los Planes nacionales de derechos humanos pueden ser usados para fomentar la cultura y la conciencia de los derechos, de la necesidad de luchar por ellos. Saludamos como una magnífica noticia la decisión del Gobierno, que acabamos de conocer, de poner en marcha un segundo Plan de Derechos humanos, desde el marco de la Agenda 2030. Y pediremos que entre los objetivos de ese plan se encuentre la docencia, desde secundaria, de los derechos humanos, un instrumento de docencia no sólo acorde con los requerimientos de UNESCO, de la ONU, sino mucho más asequible y concreto, más útil a nuestro juicio para desarrollar una conciencia ciudadana crítica, que el de introducir asignaturas sobre valores o principios éticos, siempre difíciles de concretar en una sociedad plural. La ética pública común son los derechos humanos. El respeto al otro, a la pluralidad, desde la igual libertad, se aprende mejor con esa enseñanza de los derechos: estamos convencidos. Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito en las propuestas dirigidas a la ministra de Educación a este respecto, pero no cejaremos.

Los autores, insisto, estamos convencidos de que mantener despierta esa disposición significa, en nuestro caso, seguir investigando para comprender y hacer progresar el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos humanos y fundamentales. No buscamos “la verdad”, las leyes necesarias de la experiencia o de la lógica, que no existen en este terreno. Tratamos de mejorar la satisfacción de necesidades a través de los derechos y también buscamos cómo responder a los desafíos que comporta la aparición de nuevas necesidades y de nuevas amenazas o riesgos para su satisfacción.

Por eso, propusimos a un nutrido grupo de investigadores la elaboración de un estudio que planteara no sólo la situación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución sino sobre todo sus perspectivas de futuro. En el libro colaboran también destacados constitucionalistas y iuspublicistas. El objetivo es contribuir al debate sobre las prioridades a reconocer y proteger, incluso, a incluir desde la Constitución española que cumple 40 años y que requiere un impulso que, probablemente, exige reformas, que no sólo responden a profundos cambios en el contexto social, sino sobre todo para atender a necesidades sociales, a nuevos problemas y a perspectivas ideológicas que difícilmente tenían cabida en 1978.

Todo esto explica la metodología que seguimos para responder a la propuesta de Salvador Vives. Era perfectamente posible seguir el camino de la exégesis jurídica, esto es, un comentario de todos y cada uno de los artículos del título primero de la Constitución, consagrado a los <derechos y deberes fundamentales>. Sin embargo, preferimos otro planteamiento que diera cuenta de los derechos sobre todo en clave de futuro, como programa a desarrollar, como propuesta inacabada, en permanente construcción y adaptación al contexto, a las necesidades concretas.

Antes de hablar de los derechos, desde luego, era necesario situar (I) El modelo constitucional. Esa es la razón de los capítulos que firman los reconocidos constitucionalistas el profesor Javier García Fernández y el profesor Guillermo Escobar, que realizan ese análisis no sólo en clave de balance de lo realizado sino también, como se verá en el resto del libro, con la mira puesta en su evolución, en las posibilidades de que sigan siendo critrios de solución en el futuro. Pero también es necesario explicar la relación entre la prioridad de los derechos y el modelo de democracia participativa propio de nuestra Constitución, algo de lo que se ocupa otro prestigioso constitucionalista, el profesor Miguel Presno.

El modelo constitucional de derechos implica asimismo una apuesta por (II) Los valores y principios constitucionales, cuya garantía y desarrollo no es una cuestión neutra –<técnica>, como dirían algunos- sino que nos comprometen a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos. Se trata de la igualdad, la libertad, la seguridad, la justicia y la solidaridad. Encargamos su examen a nuestros colegas María José Añón, Rafael Escudero, Jesús Ignacio Martínez García y Fernando Llano. Además de esos principios, a nuestro juicio, hay otro que inspira y -bien entendido y desarrollado- ofrecería un fundamento coherente con la universalidad para la acción de reconocimiento de los derechos, el de laicidad, del que se ocupa el propio profesor Rodríguez Uribes. Y también consideramos vinculado al principio de libertad el análisis de la función de la pena en un Estado garantista de Derecho, algo que es analizado por la profesora Vicenta Cervelló.

La cuestión de (III) Los sujetos de los derechos contemplados en la Constitución exige tener en cuenta algo que no podían contemplar los constituyentes, esto es, la dimensión europea presente en el reconocimiento y garantía de los derechos, tal y como explica el profesor Félix Vacas y, asimismo, una cuestión clave en el modelo de democracia inclusiva: la extensión de la condición de sujeto de derechos a los extranjeros hasta la posible plena equiparación, un problema que es estudiado por la profesora Angeles Solanes. Hay otros dos aspectos relacionados con este bloque, la aparición de nuevos sujetos de derechos, cuestión que es abordada por el profesor Oscar Pérez de la Fuente. Además, los niños no son, no deberían ser una nueva categoría de derechos, pero sería ingenuo dejar de reconocer que su consideración como tales, la prioridad de la defensa del interés del menor, es una conquista reciente que no se contemplaba suficientemente en el texto constitucional: de ello se ocupa un especialista como es el profesor Ignacio Campoy. Por ultimo, en este tercer apartado, prestamos atención a la emergencia de un principio que se erige como contrapeso al límite del principio de igual soberanía de los Estados y su correlato de no intervención, cuando nos encontramos ante algunas grave violaciones de derechos humanos, tal y como ha definido la Convención de Roma. Nos referimos al novedoso instituto de la jurisdicción universal, que es estudiado por un especialista no sólo teórico, sino en su práctica ante los tribunales, el profesor Jose Elías Esteve.

En lo que se refiere al estudio de algunos de los derechos que nos han parecido particularmente relevantes desde el punto de vista de la evolución de su reconocimiento y protección, -insisto, también como programa de futuro-, encontramos en un primer grupo los trabajos de los profesores Cristina García Pascual, Angel Pelayo, Juan Carlos Carbonell y Silvina Ribotta sobre diferentes aspectos del (IV) derecho a la vida y a la integridad física: del aborto y los derechos reproductivos, a la pena de muerte, la eutanasia o la tortura. Por su parte, los profesores Oscar Celador, Javier Ansuátegui, José Martínez de Pisón, Teresa Picontó y Rosario Serra abordan problemas relacionados con derechos emblemáticos desde el punto de vista de (V) Derechos indicadores de calidad democrática: la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión (y la vexata quaestio de los delitos de odio), el derecho a la educación, el derecho al matrimonio y a la familia, y los derechos de las minorías en la democracia parlamentaria.

El bloque (VI) Sobre los derechos sociales, particularmente castigados en la gran depresión a la que ha tenido que hacer frente de forma particularmente dolorosa nuestro país en los últimos diez años, comienza con dos estudios que tratan de encuadrar el contexto social, político e ideológico del actual debate sobre los derechos sociales: el estudio de la profesora Belén Cardona sobre el futuro del derecho al trabajo y de los derechos sociales y el de la profesora Maria José Fariñas sobre la economía de mercado y el modelo constitucional. Los profesores Carlos Lema, Maria José González Ordovás y José Calvo abordan la discusión de tres derechos emblemáticos a este respecto, el derecho a la salud, a la vivienda y a la cultura.

La última parte del libro aborda (VII) Nuevos problemas, nuevos derechos. Comienza con dos estudios relacionados con el parteaguas que ha supuesto el 8 de marzo de 2018, no sólo en nuestro país, pero desde luego en él.

El primero, la apertura de la concepción de los derechos a la visión ecofeminista, que es planteada por la profesora Eugenia Rodríguez Palop. El ecofeminismo es una perspectiva nueva, que no existía en 1978 en nuestro país y apenas en el mundo, y que debemos a avances doctrinales en el seno del feminismo académico y político (no del feminismo como concepción de la igualdad, una concepción sin la que son imposibles la democracia y los derechos) y del ecologismo y la toma de conciencia de la prioridad del objetivo de desarrollo sostenible sin el que no tiene sentido la lucha por los derechos porque simplemente no habrá vida que defender. Eso es la Agenda 2030, en definitiva.

Además, la discusión de un auténtico problema social y de Estado, que muestra la brecha que afecta a la igualdad de derechos de las mujeres, la protección frente a la lacra de la violencia de género, estudiada por el profesor Manuel Calvo. Los déficits en el reconocimiento de derechos en situaciones de discapacidad y dependencia y la necesidad de respuestas específicas son objeto de estudio por las profesoras Patricia Cuenca y Maria del Carmen Barranco. Los derechos de las víctimas, en particular desde el punto de vista de un hecho que marca la historia de nuestro país, la represión que desató el franquismo ya desde el final de la guerra, son abordados por el profesor Javier Dorado. La nueva y vieja discusión acerca del derecho a la objeción de conciencia y de la desobediencia civil como derecho o como estrategia política es analizada por un filósofo del Derecho que ha reflexionado de forma continuada sobre diferentes aspectos de la cuestión, el profesor Eusebio Fernández. El debate sobre el impacto de la robótica y de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de reconocimiento de los derechos constituye la contribución de uno de los iusfilósofos que ha dedicado en los últimos años mayor atención a estas cuestiones, el profesor Rafael de Asís. Finalmente, la profesora Ramón Chornet, que fue pionera en las Facultades de Derecho de nuestro país en la introducción de cursos sobre los derechos de los animales no humanos ofrece una reflexión sobre esta cuestión, que se afirma progresivamente como una frontera a superar en la lucha por el reconocimiento de los derechos.

Decíamos al comienzo de esta presentación que nuestro propósito no era sólo ni aun primordialmente el de la celebración, sino también y sobre todo el de ofrecer pistas sobre las tareas que debemos afrontar la etapa que se abre ahora en la lucha por los derechos desde esa referencia que es la Constitución española de 1978. Un texto que, sin duda, deberá experimentar transformaciones en los aspectos señalados y en otros que no hemos podido examinar aquí. Un marco normativo que, con las necesarias revisiones, debe seguir siendo útil para el desarrollo de una convivencia plural e inclusiva, para gestionar la egalibertad de todos.

 

 

 

ESTRATEGIA FRENTE A LA NARRATIVA TÓXICA: EL EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS, Pensamiento Crítico, enero 2019

Mojar las palabras en veneno El Diccionario Oxford ha elegido “tóxico” como palabra del año 2018. Bastaría un repaso a lo que se ha escrito en estas últimas semanas acerca de la degradación del teatro político para darle la razón. Y eso si concedemos, que ya es mucho tragar, la entronización de la dimensión espectáculo sobre la de argumentación, como expresión prioritaria en lo público. En realidad, esa extensión de la ponzoña es una perversión del lenguaje que va mucho más allá de los escenarios de la política profesional y que venimos aceptando sin reacción suficiente, entre la resignación ante lo inevitable y la indiferencia de las élites que se creen a salvo de esos excesos y la consideran una moda pasajera, un sarampión como el de tantos otros adanismos. Recomiendo a quien quiera un análisis en profundidad la lectura de un ensayo reciente de mi compañera de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo-Paúl, Tiempos de hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político. Como explicaba el mismo Oxford Dictionary en la justificación de la elección de la palabra del año, tóxico tiene su raíz en el griego τοξικον φαρµακον (tóxikon pharmakon), veneno para las flechas. Pues bien, creo que es en eso en lo que estamos, en envenenar los dardos que son los mensajes, las palabras. Pareciera, por ejemplo, que las redes sociales llevaran consigo esa tentación irresistible de la pérdida del respeto como condición de toda conversación, una consecuencia que no puede ser atribuida sólo al anonimato de tantos de sus protagonistas, puesto que la observamos a menudo entre quienes actúan a cara descubierta. En cualquier caso, lo cierto es que el veneno circula con rapidez y se extiende en todos los ámbitos. La 2 no, como era el caso, para una buena parte de la población, reducida a la vieja condición de siervos. Es una falacia que se repite hasta ser aceptada: confundir el hecho de la diferencia con la respuesta normativa que consiste en la desigualdad. Es decir, utilizar la diferencia como coartada para justificar que esos diferentes, esos otros, no son ni pueden ser tratados como iguales en derechos, ni tampoco son ni pueden ser sujetos de las decisiones políticas, ciudadanos, soberanos. Para vencer el discurso tóxico sobre las migraciones: una estrategia en tres etapas Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro. Hablo, claro, de políticas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Hablo de ese discurso sobre los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público. Para erigir la barrera del respeto frente a esta narrativa tóxica, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes. Propongo tres etapas en esa estrategia El primer paso es una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas cinco concreciones: a) Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur. b) Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o la red antirumores frente a estereotipos de migraciones, organizada por la Junta de Andalucía ( https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politica s-migratorias/redantirumores.html). 3 c) Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación. d) Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad de non refoulement, de vías de acceso seguras y legales e) Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio. Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas racializadas pueden y deben tener voz. Que los blancos debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo. En segundo lugar, necesitamos iniciativas concertadas entre las sociedades de origen, de tránsito y destino y los propios inmigrantes, y basadas en la prioridad que es la garantía de los derechos. Es decir, medidas que desarrollen el vínculo entre democracia, derechos y desarrollo sostenible como punto de partida del pilar internacional de toda política de migraciones. Un vínculo que, a mi juicio, ha de evitar tres riesgos que guardan una estrecha relación. El primero, el del paternalismo que ha caracterizado a buena parte de los instrumentos de políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, herramientas diseñadas apriorísticamente por los donantes, como si los países receptores vivieran en un estadio de minoría de edad. El segundo, el del neocolonialismo que concibe las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo como un medio para la expansión de los intereses económicos y geoestratégicos, tanto los del Estado, como los de sus empresarios; por ejemplo, cuando se condiciona la ayuda al cumplimiento de cuotas de policía en relación con prácticas de externalización de fronteras. El tercero, el de la complicidad -si no la incentivación- del circuito de corrupción que involucra a las élites de los países a los que se compra y corrompe so capa de prestar la cooperación: porque esas élites corruptas de los países destinatarios de tales políticas de ayuda y contra las que claman no pocas veces, con razón (basta ver el caso de Guinea ecuatorial o incluso el de Palestina) las críticas de derecha contra ese modelo de políticas solidarias, se corrompen también porque hay corruptores, y nosotros, tristemente, desempeñamos ese papel. Si se trabaja bien esas etapas, podremos pisar terreno seguro para el tercer y necesario paso: el de reconocer a quienes ya están aquí asentados la misma capacidad de decisión a la hora de adoptar las decisiones políticas que la obligación que les exigimos, cumplir con el deber de sufragarlas con los impuestos que pagan. Una vez 4 más, no a los neocolonialismos, a las fronteras interiores sobre las que ya advirtiera Balibar: no taxation whitout representation. Ese objetivo es el que describía la fórmula Inmigration for Citizenship, al que se encaminaba con carácter prioritario el modelo de políticas de migración canadiense anterior a la administración Harper, pero que no ha sido suficientemente recogido, a mi juicio, en la actual administración Trudeau (cuya política de refugiados es incontestablemente un referente mundial). A esos efectos, necesitamos recuperar o, mejor, volver a definir políticas de acogida y gestión de la presencia estable de los inmigrantes, que tengan en cuenta ante todo la exigencia de darles voz, escuchar sus necesidades, sus expectativas y propuestas, en términos de igual libertad con la que se reconoce a los nacionales. Y eso supone, por ejemplo, recuperar dos medidas en las que vengo insistiendo desde que en junio llegó al Gobierno el Presidente Sánchez. La primera, recuperar la dotación presupuestaria del Fondo de acogida e integración dirigido a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (creado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y luego reducido a mínimos al socaire de la crisis y anulado desde el primer momento por el Gobierno Rajoy), que son las administraciones más próximas a los inmigrantes con presencia en nuestro país y por tanto las que deben afrontar en primer lugar las tareas de servicios sociales y de ayuda para derechos sociales básicos, incluida la formación en el empleo, en la lengua y la ayuda a la vivienda, por ejemplo. La segunda, la reformulación de lo que se denominó Plan de Ciudadanía e integración y que vivió el mismo proceso de desaparición que el Fondo. Porque ese es el objetivo que permitiría gestionar la movilidad migratoria en beneficio mutuo de todos los actores implicados. Se trata de hacer posible reconocer como nuevos ciudadanos a los inmigrantes que tienen la voluntad de asentarse establemente en nuestro país, sin condicionar ese reconocimiento a exigencias de asimilación cultural y de costumbres, a peregrinos test de conocimiento que muchos nacionales no superarían. A mi juicio, debe bastar con dos requisitos, la voluntad acreditada por el hecho de residir y trabajar de modo estable, en un plazo a determinar (tres, cinco años), y la voluntad manifiesta de adquirir una competencia lingüística que les permita comunicarse en la lengua de uso común en nuestro país. Todo ello se resume en la fórmula por la que vengo, venimos, luchando desde hace decenios: hacer accesible la ciudadanía por vecindad y no por nacionalidad. Porque, a mi juicio, a esos aspirantes a ser nuevos ciudadanos debemos atribuirles la misma presunción favorable que a los nacionales, esto es su disposición a cumplir las leyes, los deberes, como todos los ciudadanos, una presunción que sólo se desvirtúa si hay una sentencia firme que establezca que las han infringido. Porque, en mi opinión, no hay nada que justifique imponerles un plus de lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico, respecto a los nacidos aquí. Nadie lo lleva en sus cromosomas. Todos aprendemos a conocer el principio de respeto al Derecho y a adquirir la disposición de ajustar nuestra vida a esas reglas comunes de juego, que nos reconocen una presunción favorable de libertad, que no se destruye por un prejuicio repetido, sino sólo por una decisión judicial firme, tras un proceso con garantías.