70 AÑOS DE ESPERANZA El País, 11 diciembre 2018

La Declaración universal de derechos humanos (DUDH) cumple setenta años. La pregunta es si hay motivo suficiente para celebrarla, cuando somos conscientes de que las violaciones de derechos en ella proclamados han sido cotidianas y masivas desde el mismo día de su aprobación y, sobre todo, cuando sabemos que, para muchos miles de millones de seres humanos, ese documento es poco más que retórica ajena a su vida real.  

 

A mi juicio, sucede con esto lo que con otras conmemoraciones de hitos en la historia de ese instrumento civilizatorio que puede ser el Derecho, pero que es percibido más bien como herramienta de dominación y discriminación para una amplia mayoría de la población que se ve ajena a sus supuestos beneficios, cuando no directamente excluida de ellos. Es decir, debemos evitar generalizaciones también en este caso indebidas. Y, sobre todo, creo que debiéramos evitar dos posiciones extremas, que hemos visto también con ocasión del 40 aniversario de la Constitución española de 1978.

 

De un lado, los exegetas que nos proponen una ceremonia cuasi religiosa, en torno a un dogma (la universalidad de los derechos humanos) recogido en un catecismo (Declaración universal), que tiene su iglesia (la ONU), sus sacerdotes (los bien remunerados funcionarios de la ONU y sus agencias) y también sacrificados misioneros (las ONGs). Como tal iglesia, dan por definitivo lo proclamado en la DUDH y, sin negar el contraste brutal de esos principios y objetivos con los hechos, destacan sólo los indiscutibles logros mientras se muestran incapaces de afrontar las imprescindibles medidas en torno a los grandes riesgos comunes, buena parte de ellos inéditos o incluso impensables en 1948: el desafío ecológico, el energético, el que supone el evidente incremento de los desplazamientos forzosos de poblaciones, étc.

 

De otro, la legión no ya de críticos, sino de los descreídos, adornados con el ropaje científico del <realismo>. Son quienes esgrimen la tópica distinción entre la perspectiva normativa (estigmatizada por idealista, ingenua, si no pura y simplemente, opio para los pobres excluidos, los humillados y ofendidos de turno) y la dura lección de la realpolitik, de unas relaciones internacionales en las que lo único que importa es la correlación de fuerzas en el tablero geoestratégico mundial, y no la defensa de estos o aquellos ideales. Además de ese tan manido como irreal abismo entre el punto de vista normativo y el “científico”, estos elegantes pesimistas -ser optimista no es cool– suelen adornarse con la versión más tópica y superficial de la distinción weberiana entre la responsabilidad como ética política adecuada, y la ética de la convicción, reducida a una sonrojante versión fundamentalista, como si mantener principios fuera sinónimo del pensamiento único o de la incapacidad para el diálogo y la crítica.

Paradójicamente, este tipo de élite insatisfecha, con su tan brillante como estéril pesimismo del mantra “no hay nada que hacer”, “falta voluntad política”, “no se dan las condiciones”. constituye el mejor baluarte para el inmovilismo reaccionario, o incluso para el dictum lampedusiano. Se diría que para ellos no existiría el progreso moral, sino sólo un incremento de la comodidad o bienestar que goza una parte reducida de la humanidad. “Es el mercado, amigos, no los derechos”, podemos escuchar en alguna grosera versión del dictamen de Adam Ferguson en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil (1767) en el que apuntó la línea de colisión entre la lógica del mercado y la lógica de lo público, la que estaría guiada por la democracia, por los derechos.

 

Frente a unos y otros, creo que conserva su pertinencia la sabiduría del motto del gran jurista alemán del XIX, Rudolf Ihering, “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha”. El Derecho en su mejor acepción, es lucha por los derechos. Sólo así puede dejar de ser un instrumento de explotación, de discriminación, de dominación ilegítima, para convertirse en una herramienta digna, que ayude a la emancipación de todas las mujeres y los hombres, a la igual libertad de todos los seres humanos, que ese es, en definitiva, el sentido de la tesis de la universalidad de los derechos. Eso exige garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, comenzando por la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Y afrontar el reto de la inclusión de la pluralidad, que ya no puede anclarse sobre el mito del ascensor social y palanca de integración que sería el trabajo, núcleo del vínculo social, en un mundo en el que la noción de trabajo estable, la misma categoría de <jornada de trabajo> y de trabajador, deja de tener sentido ante la transformación tecnológica.

 

Ni autocomplacencia, ni ocasión para la frustración o el cinismo, sino para la esperanza. Es el momento de reconocer la capacidad de quienes trabajaron para hacer posible la Declaración, como Eleanore Rooselvelt, John P.Humphrey o René Cassin, y mujeres como la india Hansa Metha, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah o la dominicana Minerva Bernardino, a quienes ha querido rendir homenaje el Secretario General ONU (https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-06/un-secretary-generals-remarks-opening-exhibit-70th-anniversary). Todos ellos eran perfectamente conscientes de que la mayoría de esos derechos que querían proclamar, para la gran mayoría de los seres humanos, eran poco más que utopía en ese momento, en la mitad de un siglo XX que apenas salía de lo que quizá haya sido la página más sombría de la historia de la Humanidad. Entre las cenizas de la guerra y en un mundo enfrentado en dos bloques, podrían haber dicho que no se daban las condiciones, Pero todos ellos tenían la convicción y la decidida voluntad política de proclamar como imprescindibles esos principios, esa encarnación histórica del ideal de justicia que son los derechos humanos, y dejar así claro que ningún régimen político, ningún orden jurídico podría aspirar a presentarse como legítimo sin reconocerlos, primero, y sin tratar de garantizarlos a continuación. Y tenían el compromiso, la voluntad, de trabajar por lo que siempre será una tarea inacabada. Porque nunca podremos declararnos satisfechos con el estado de los derechos, aunque eso no nos impida reconocer los progresos conseguidos en estos 70 años.

 

La Declaración es el umbral mínimo de esperanza. Se ha convertido en menos de un siglo en el rasero indispensable al que tienen que rendir homenaje, aunque sea hipócritamente, todos los que aspiran a la condición de autoridad. Y al hacerlo, malgré soi tantas veces, dan la oportunidad para que podamos criticarlos, rechazarlos e incluso juzgarlos, como sucede hoy a través de ese fruto de la Declaración que son la Convención de Roma y la jurisdicción universal. Un fruto aún no maduro, pero ya florecido. Como fruto de la Declaración es la Convención para la eliminación de las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, la primera pieza de la arquitectura jurídico institucional desplegada desde la Declaración y los Pactos del 66. Y es un fruto legítimo de la Declaración el programa global de la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se complementa con 169 metas asociadas a ellos y que arrancan de la prioridad de prioridades, la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Porque si no hay vida, no ha lugar la discusión sobre los derechos.

 

La verdadera esperanza no es, no puede ser nunca confundida con la satisfacción ingenua de quien se acomoda al primer logro. La esperanza es siempre exigente: contra spem in spem credidit, escribió Pablo de Tarso refiriéndose a Abraham: tuvo esperanza, contra toda esperanza. La esperanza no se diluye ante la constatación de lo mucho que hay por ganar en esa lucha por los derechos. Si retomamos la advertencia de Gramsci, desde el pesimismo de su inteligencia, pero con el optimismo de su voluntad, podemos ser capaces de ver en ello su verdadera razón de ser.

 

Conviene ser conscientes de que ésta es una tarea inacabada e inacabable, la de luchar por la universalidad de los derechos, que es luchar por los derechos del otro, de los otros. Y siempre hay otros en peor situación, seres humanos que sufren violaciones inaceptables en sus derechos por el hecho de ser otros. Por eso, me parece que la manera más adecuada de conmemorar este aniversario de la DUDH es el compromiso con los ODS de la Agenda 2030. Y para eso, conviene seguir la propuesta de Honneth: nunca como hoy, quizá fue tan cierto que no podemos permitirnos el lujo del pesimismo. El optimismo, en particular el que sostiene la lucha por los derechos, lejos de la ingenuidad, es un imperativo moral.

 

 

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