“Vorrei, ma non posso. La devolución de 116 personas a Marruecos, el 23 de agosto de 2018, ¿anécdota o categoría?”, publicado en CTxT, 27 de agosto de 2018

VORREI, MA NON POSSO

LA DEVOLUCIÓN DE 116 PERSONAS A MARRUECOS: ¿ANÉCDOTA O CATEGORÍA?

Javier de Lucas

 

La ceguera de la izquierda ante la movilidad forzada

La izquierda europea, desde hace décadas, parece presa ineludible de una contradicción que le impide abordar con radicalidad –es decir, yendo a las raíces- la gestión de las diferentes manifestaciones de movilidad humana forzada, ese mundo en desplazamiento que es rasgo estructural de nuestro tiempo, por más que proclame una y otra vez su deseo de hacer las cosas <de otra manera>. Quiere, pero no puede. O quizá, más bien, es que no quiere, no tiene una decidida voluntad política de atreverse a intentar otra política migratoria, pero lo hace con la boca pequeña, como si dijera, “me gustaría, pero no me dejan”: vorrei, ma non posso.

Algo tiene que ver su incapacidad para ofrecer un discurso alternativo al securitario e instrumentalista, arma aparentemente infalible desde la que se impone la más rancia derecha. Una incapacidad de la que es un botón de muestra su ceguera ante una realidad que ya no es un porvenir incierto, sino la condición en la que vivimos: me refiero al hecho de que, aunque los negacionistas crean y traten de hacernos creer que es algo que pasará dentro de mucho tiempo y, claro, en otro sitio, a otra gente, vivimos -como se ha dicho con acierto- un <tiempo de descuento> en el que, aunque no seamos conscientes de ello, todos somos ya refugiados climáticos.

En lo que sigue, voy a ocuparme del último episodio de ese síndrome del “vorrei, ma non posso” al que acabamos de asistir con la expulsión (devolución) a Marruecos de 116 personas (inmigrantes, pero no sabemos si también víctimas de trata, refugiados, además de menores) que habían saltado la valla en Ceuta el 22 de agosto de 2018, un procedimiento que remite al Convenio bilateral entre España y Marruecos suscrito el 13 de Febrero de 1992, bajo el Gobierno de Felipe González, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente y que no entró en vigor hasta el año 2012. Y eso me servirá para proponer una vez más una reflexión sobre esa falta de voluntad política para actuar sobre las causas, y sobre la ceguera en relación con la realidad en la que ya vivimos.

Una vez más, un gobierno de izquierda moderada, ante decisiones clave en cuestiones de gestión migratoria y de asilo, parece presa del síndrome estigmatizado por Nani Moretti en Caro Diario, cuando su protagonista grita a D’Alema, mientras éste perora en TV: “Di algo de izquierda!”. Sí, porque estamos en un proceso en el que, cada vez que un gobierno de izquierda intenta oponerse, aunque sea tímidamente, al mainstream de la xenofobia y racismo rampantes en las cancillerías europeas a propósito de inmigrantes y refugiados (primer y segundo caso Aquarius, caso Open Arms), parece asustarse de sí mismo (<¿me habré pasado de progresista?, o, por decirlo con el estigma que tanto gusta a la derecha: <¿me habré pasado de “buenista”?>) y tiene la necesidad de recurrir a la <equidistancia>, es decir, a dar un palo, casi en sentido estricto, para “recuperar” credibilidad electoral. Un paso adelante, dos hacia atrás, le critican algunos.

Aparentemente, la razón sería el mantra que reiteran spin doctors y eminentes politólogos de toda laya, que parecen poseídos por un pragmatismo gallináceo como dogma de fe: “si quieres tener perspectivas electorales de éxito, hay que aparecer firmes ante la inmigración”. El contexto europeo parece confirmarlo: antes de estas dudas y autorectificaciones del gobierno Sánchez, ya claudicó Tsipras quien, por cierto, comparte gobierno con un partido de los que gustan de la retórica que practica Salvini. Y no hablemos de las coaliciones de la derecha “liberal” con la extrema derecha, en Austria, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, entregadas a la ideología xenófoba del húngaro Orban y los polacos Duda y Kaczynski, los mejores discípulos europeos del movimiento alt right de Bannon, con permiso del canciller austríaco Sebastian Kurz. La única excepción parece la de Portugal, pero esa peculiaridad se explica también por la escasa incidencia del fenómeno migratorio hoy en nuestro país vecino.

¿Contradicciones? Vaivenes? Bandazos? Cuál es la anécdota y cuál la categoría que definiría la política migratoria de un Gobierno con proclamada voluntad de progreso y defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos, como el Gobierno Sánchez, pero que nos ofrece esta de cal, de mano del ministro del Interior y con la aquiescencia de la Secretaría de Estado de Migración? Se trata simplemente de la necesidad de un simbolismo equidistante, que conjugue el humanitarismo, sin abdicar de la seguridad y defensa de nuestras fronteras? O bien, como parece ser el mensaje, simplemente sucede que el Gobierno quiere pero no puede, bajoel alegato de que ningún Gobierno europeo puede afrontar por sí solo un modelo de política migratoria y hoy pintan bastos en esta UE?

Lo cierto es que, si descartamos los discursos extremos, los de los apologetas o los de la derecha más reaccionaria, parecería más plausible la hipótesis de que el giro que tratan de impulsar Sánchez y Borrell es un objetivo que resulta imposible en el contexto de ese populismo xenófobo al que se han entregado buena parte de cancillerías europeas. El mensaje, pues, sería que no hay contradicciones, sino que el Gobierno Sánchez hace lo que puede, que, en definitiva, es poco. Vorrei, ma non posso.

Comenzaré por reconocer que se han producido gestos positivos en materia de inmigración y asilo, que para mí han sido importantes. Y, por ejemplo, creo que desde el ministerio de Exteriores y la propia Presidencia del Gobierno se intenta impulsar otra vía de gestión de esas políticas en la que se cuenta con escasos y no demasiado entusiastas aliados: Macron, Merkel y Costa. Una vía que no puede no ser europea y concertada con países de origen y tránsito, como ha insistido desde hace decenios Sami Naïr. En algunos otros trabajos he propuesto medidas concretas y criterios (también presupuetarios) para tratar de implementar otra política migratoria y de asilo. Pero ahora me interesa, insisto, tratar de esclarecer si esta decisión es un mero contrapunto o revela una concepción de política migratoria.

Comenzaré por proponer que, aun siendo verosímil el argumento, ya no me parece suficiente el mensaje del vorrei, ma non posso que, en cierto modo, parece rememorar la reacción de Felipe II ante el fracaso de la Invencible: “nosotros querríamos otra política migratoria, pero Europa y los elementos no nos dejan”. No. Ya conocemos esa letanía. Es la misma que lleva predicándose una y otra vez con el manifiesto resultado ineficaz que sólo un ciego puede negar. Da igual que esa combinación de palo y zanahoria consista en los mensajes de “perseguir a las mafias”, a la vez que se muestra compasión por los “pobres, desgraciados inmigrantes”, que no son los verdaderos culpables, claro, aunque per fas o nefas, siempre acaban siendo los paganos, los que reciben los golpes. No: este no es un tema de “humanitarismo”, como aseguran los portavoces del Gobierno: ni de compasión, ni de caridad. Una política migratoria que aspire a ser verosímil no puede consistir en una colección de gestos aislados en situaciones de <urgencia humanitaria> que, por otra parte, se aprecian conforme a un criterio que parece demasiado coyuntural. Nadie en su sano juicio negará que la gobernanza de las migraciones es cuestión compleja, pero la prioridad de esa gobernanza no puede dejar de ser inequívoca: se llama garantía de derechos y vigencia del Estado de Derecho, sin trampas, ni trucos. Ese es el primer test de coherencia. Si no hay voluntad política de mantenerlo, sobran todos los gestos.

Es de nuevo el momento de decir que estamos hartos de esos descubrimientos de lo obvio que son, por ejemplo, la recurrente invocación de planes Marshall para Africa, como acaba de “inventar” el diputado del PP Sr Casado que, pese a sus altas responsabilidades, parece ignorar la existencia por ejemplo del Plan Africa 2006-2008. La experiencia nos muestra que, incluso cuando no se ha vivido como hasta hoy, severísimos recortes en la política de cooperación, tales proyectos siempre acaban igual: las millonarias ayudas a la cooperación indefectiblemente se convierten en botín de élites corruptas de los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios, a cambio de que algunas de nuestras empresas practiquen dumping social en esos países para incrementar su cuenta de beneficios. A cambio también, claro, de que esas élites restrinjan derechos como el de libre circulación a sus propios ciudadanos y a los de países vecinos que intentan transitar por ellos. A cambio, por supuesto, de que se hagan cargo en sus poco envidiables cárceles, de los excedentes que nosotros expulsamos (bajo el eufemismo de retorno, devolución, etc) y de cuya suerte nos desentendemos. Y no hace falta mirar muy lejos: pregunten por los negocios de esos ilustres comisionistas españoles que cortejan a Obiang. El resultado es penoso: seguimos sin saber dar respuesta eficaz y positiva a los desafíos de la movilidad humana y, lo que es peor, cada vez que lo intentamos podemos pronosticar que será a costa de una nueva herida al Estado de Derecho y a los derechos humanos

 

 

Nuestra propia ceguera nos impide percibir lo evidente

¿Por qué, cómo es posible que suceda esto una y otra vez? Quizá debiéramos empezar por reconocer el progreso de esa ceguera social, sobre la que nos advirtiera Saramago, que nos impide percibir lo evidente. Y lo evidente hoy es la superchería, el fantasma de una crisis migratoria con el que quieren atemorizarnos de nuevo en este 2018. Buena parte de los medios y de los Gobiernos europeos vuelven a tratar de hacernos creer que padecemos una situación de emergencia migratoria similar a la mal llamada “crisis de los refugiados” que según nos decían amenazaba la estabilidad y aun la viabilidad de los países europeos entre 2015 y 2017. De creer esos mensajes, los europeos viviríamos de nuevo una situación agónica, cercados por millones de desesperados que intentan gozar de nuestro bienestar y, lo que es peor, aprovecharse de lo que hemos conseguido en esta supuesta Europa de leche y miel, que arriesgaría convertirse en una sociedad ingobernable, dominada por la peor delincuencia.

Una y otra vez, en programas de televisión y radio y en la prensa escrita nos martillean con imágenes de inmigrantes desesperados que invaden nuestro territorio y ponen al límite nuestros recursos. Da igual que los fríos datos del Instituto Nacional de Estadística, del propio Ministerio del Interior español, o de la OIM y el ACNUR, o los informes de entidades que poco tienen de ONGs como el Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets, del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity ) desmientan contundentemente ese escenario: no sólo no vivimos ninguna “ola migratoria” descontrolada, sino que necesitamos imperiosamente reclutar inmigrantes para paliar nuestro declive demográfico y la insostenibilidad del estado de bienestar. Tampoco es cierto que los inmigrantes se hayan enseñoreado fraudulentamente de nuestros servicios públicos, provocando que los españoles no podamos gozar de ellos: es justo al revés, como argumenta una reciente y pedagógica campaña de Cáritas (https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hay-invasion-abusan-ayudas-asi-desmonta-caritas-mitos-migrantes_201808235b7ef6990cf2ad56bd3b6e39.html). La pérdida de calidad del sistema de salud pública tiene que ver con los recortes y la política de privatización adoptados entre 2008 y 2018. Pero la realidad, ya se sabe, es sólo un inconveniente menor para los hacedores de opinión pública. Porque de lo que se trata es de encontrar una coartada electoral, una vez más, para el abono del discurso del miedo, de la lógica de <cierren filas> contra la amenaza de un enemigo casi imbatible, del que sólo nos pueden proteger los valores e ideario del conservadurismo más rancio. Un enemigo encarnado (por increíble que parezca) por esos pocas decenas de miles de inmigrantes y aspirantes a refugiados que consiguen llegar hasta nosotros, tras peripecias que harían palidecer a uno de los fundadores del mito europeo, Ulises, y desde el olvido de otros tantos miles –más numerosos- que llegan por vías regulares con el descabellado propósito de ganarse una vida mejor. Un espacio cada vez más despoblado y envejecido, lo que sin duda influye en el retorno de los cantos de sirena no ya conservadores, sino reaccionarios, que proliferan advirtiéndonos del presunto suicidio de nuestras sociedades si no se cierran las puertas a la inmigración, cuando muy al contrario el suicidio se producirá, inevitablemente, si los inmigrantes no llegan. Han de llegar e inevitablemente seguirán intentándolo, por muchas vallas y muros que levantemos. Y es preferible que lo hagan de una forma segura, legal, ordenada, como preconiza el Pacto de la ONU que se ha de ratificar en diciembre en Marrakesh, sin que, por cierto, los Estados de la UE le hayan prestado mayor atención.

 

 

Anécdota o categoría: el <reingreso a Marruecos> y las políticas de externalización no importa cómo.

Viene todo esto a cuento, pese a ser bien sabido y machaconamente reiterado, entre muchos otros por quien suscribe, porque acabamos de asistir a un nuevo episodio de lo que podría ser una comedia de enredo (ahora te abro la puerta, ahora te la cierro), si no estuvieran en juego vidas humanas, derechos básicos.

El reingreso exprés a Marruecos de los 116 inmigrantes que protagonizaron un salto de la valla de Ceuta, el 22 de agosto de este 2018, en el que se produjeron actuaciones violentas y lesiones a los guardias civiles que lo afrontaron, puede ser entendido como una anécdota más, o como un punto de inflexión. A mi juicio, esta decisión del Gobierno, defendida con convicción digna de mejor causa por su vicepresidenta y Ministra de Igualdad (de forma más sonrojante, creo, que aquella apelación a la “agenda cultural nocturna”) no es un episodio más o menos doloroso pero ineludible en defensa y cumplimiento de la legalidad, como trató de hacérsenos creer, sino probablemente una línea de conducta que forma parte de un planteamiento más general. En todo caso, lo que parece claro a estas alturas es que gana terreno el juicio de que se ha tratado de una decisión equivocada y preocupante (cfr. por ejemplo el comunicado de CEAR: https://www.cear.es/cear-muestra-su-preocupacion-tras-la-expulsion-acelerada-de-las-116-personas-migrantes-que-llegaron-ayer-a-ceuta/). Así lo señalan medio centenar de organizaciones que trabajan con inmigrantes y que han suscrito un manifiesto de denuncia de esta actuación por falta de respeto a la legalidad vigente y a los derechos humanos (https://sosracismo.eu/las-devoluciones-ejecutadas-en-ceuta/). El Colegio de abogados de Ceuta ha anunciado (https://www.elboletin.com/noticia/166678/nacional/los-abogados-de-116-migrantes-recurriran-su-devolucion-a-marruecos.html ) que los abogados de oficio que intervinieron (de forma manifiestamente mejorable, pero también inducidos a engaño por las autoridades, que les ocultaron que iban a ser “devueltos” de forma inmediata, en un procedimiento superacelerado) van a presentar recurso contra las órdenes de devolución. Desde la prensa de amplio espectro, las denuncias y la valoración negativa han ido in crescendo: basta leer el editorial de El País del viernes 24 de agosto significativamente titulado “Sin garantías”, o los artículos publicados en Infolibre, o Eldiario.es [1].

Mi propia opinión, por decirlo en corto y por derecho, y con todos los respetos debidos a la buena fe que presumo en quienes tienen la grave responsabilidad de gobernar, es que el Gobierno se ha equivocado y de forma gruesa en este asunto. Y lo más preocupante es que esta equivocación sea la categoría y las otras decisiones, la anécdota.

Se ha equivocado, ante todo, en la inaceptable justificación aducida por la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, la profesora de Derecho Constitucional Dra. Calvo, cuando trató de trazar una línea roja: no a los violentos ilegales que saltan la valla con agresiones; sí a la ayuda a los pobres indocumentados en situaciones de urgencia <humanitaria>. Ese argumento en sí mismo es una grosera falacia, incoherente con el principio de igualdad. como ha analizado en su dura pero muy argumentada crítica de la decisión la experta en Derecho internacional de derechos humanos y miembro del Observatorio de Racismo Institucional, Patricia Orejudo https://www.elsaltodiario.com/opinion/expulsion-psoe-pedro-sanchez-116-personas-valla-ceuta), porque sienta un precedente muy preocupante por la manifiesta violación del principio de igualdad, algo que resulta incomprensible que no sea advertido por quien además de una inequívoca trayectoria de firme compromiso con la causa de la Igualdad, es la titular de ese ministerio[2].

Se ha equivocado el Gobierno en esta decisión porque es incongruente con los principios básicos de la acción de gobierno proclamados por el Presidente Sánchez, el ministro Borrell y la propia vicepresidenta. Mientras el Gobierno Sánchez se esfuerza por encontrar soluciones estables para responder eficazmente a la vulneración de derechos que viene practicando el Gobierno italiano ante la indiferencia de Bruselas y de la mayor parte de los Estados miembros, con excepción de España, débilmente secundada por la RFA, Francia y Portugal, olvida criterios elementales en materia de derechos: por ejemplo, que los delincuentes, incluso los más violentos, tienen derechos que no pueden ser saltados a la ligera. Y no digamos cuando se trata en todo caso de presuntos delincuentes, sólo algunos entre los 116 <retornados>. Pagan todos por la conducta inadmisible de unos cuantos. ¿Es esa la idea de Derecho que tiene la vicepresidenta Calvo? Si así fuera, habría que recordar que se parece más bien a la técnica autoritaria de quien castiga a toda la clase porque es incapaz de identificar a quien ha gritado un insulto. Y es impropio de este Gobierno.

Convenio bilateral aparte, lo cierto es que, como me recuerda el letrado Hipólito Granero, Marruecos, desde 1991, es Estado parte de la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de 1990 y España viene obligada por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950. “En consecuencia, sostiene Granero, ambos Estados deben garantizar a todas las personas, con independencia de su status migratorio derechos como el de formular alegaciones, derecho de contradicción y derecho a un recurso efectivo”. Y no parece que hayan sido garantizados en este procedimiento de <reintegración>. Así, la abogada Patricia Fernández Vicens ha señalado problemas de legalidad derivados de estas omisiones que afectan directamente a la garantía de derechos: ausencia de información fidedigna de identificación de posibles menores: ausencia de posibles solicitantes de protección internacional; ausencia de asistencia garantizada de intérpretes de las lenguas de todos y cada uno de los 116 reintegrados; ausencia de la garantía de otorgamiento de poder para representación legal, sin la que resulta imposible que ejerzan acciones procesales después de la devolución; ausencia de remisión por parte de Marruecos del documento individualizado de toma a cargo de cada reintegrado con expresión de su nacionalidad y país de procedencia

Se ha equivocado el Gobierno al aplicar de forma dudosamente legal el propio Convenio bilateral entre España y Marruecos. Lo explican los estudios sobre ese Convenio realizados por expertos como el profesor Angel Chueca, las profesoras Teresa Fajardo e Inmaculada González García, o, más recientemente, el profesor F Vacas[3] . En particular, el profesor Chueca analizó muy tempranamente las primeras aplicaciones de ese Convenio y puso de manifiesto lo que ha explicado con meridiana claridad hoy, entre otros, el abogado especialista en extranjería Hipólito Granero: no se ha aplicado la legalidad de este Convenio, porque no es nada sencillo (al contrario, sería muy exigente) ponerlo en práctica, a la vez que se salvaguarda el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. La decisión y la forma de ejecutar la devolución, según todos los indicios, los ha incumplido. Por ejemplo, el Gobierno español no parece haber respetado lo que establece el artículo 2º del Convenio en materia de prueba de la condición de los reintegrables y del procedimiento a seguir: sólo se puede aplicar el Convenio para ejecutar la “readmisión” si existe previamente una orden de devolución con garantías, tal y como establece la LOEX[4]. Por si fuera poco, de conformidad con lo que dispone el artículo 5 del Convenio, Marruecos “se asegurará de que los extranjeros readmitidos sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron el viaje”. La experienciaes que Marruecos deporta a los inmigrantes a Agadir o a Oujda y desde llí han de enfrentarse a una situación de acoso, de hostigamiento, o a salir hacia el desierto. Marruecos en realidad se desentiende las más d las veces de esos reintegrados a su territorio. https://elpais.com/politica/2018/08/24/actualidad/1535135930_887405.html).

Se ha equivocado el Gobierno (el ministerio del Interior en primer término) por el recurso a argucias más propias de rábula, como obligar a gestionar en una noche el trámite- subrayo, trámite- de presencia de abogado de oficio para los 116 detenidos, sin garantía de traductores ad hoc, y sin prevención acerca de la inminencia de la expulsión/devolución al territorio marroquí (cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Expertos-cuestionan-devolucion-Marruecos-Ceuta_0_806669954.html). Esa urgencia y falta de atención escrupulosa al procedimiento revelan que lo que se llevó a cabo en Ceuta en la noche el 23, según todos esos indicios, se encaminaba a lo que puede considerarse un fraude jurídico, esto es, la falacia denunciada en varias ocasiones por el abogado J.L. Rodríguez Candela: suponer que la presencia letrada significa garantía de asistencia letrada, ateniéndose a una interpretación literal del Convenio (que no menciona la segunda) que es incongruente con el requisito de asistencia letrada como parte del derecho a tutela judicial efectiva que es un derecho humanos universal. Cuando, según testimonio de los abogados se les ocultó deliberadamente la intención de “devolución” expres de los detenidos (https://www.eldiario.es/desalambre/Ceuta-participaron-devolucion-Marruecos-inmediatamente_0_807019527.html), se frustró la garantía de tutela de derecho. Aunque, desde luego, sin negar esas y otras dificultades (a comenzar por el plazo perentorio impuesto) creo que podía y cabía exigir otra diligencia a quienes así ejercieron.

Se ha equivocado el Gobierno, en fin, en algo que no parece una anécdota, sino una cuestión de fondo, sin duda compleja y difícil: el modelo de nuestras relaciones con Marruecos. Eso exige una reflexión aparte.

 

 

Coordinación con países terceros, sin externalización ilegítima.

La pregunta es si esta aplicación del Convenio con Marruecos urgente y, como he señalado, según todos los indicios, no respetuosa con la legalidad por parte de las autoridades españolas, es sólo un gesto simbólico, un mensaje coyuntural, dirigido a quienes tratan de saltar, a las fuerzas del orden que custodian la valla, a los electores de centro que se quiere atraer, o bien marca una voluntad política en materia de inmigración y asilo, es decir, forma parte del mensaje de fondo, de los elementos de definición de la propuesta de política migratoria.

Reconozcamos, para empezar, la dictadura de la geografía, un hecho incontrovertible que parece imponer un cierto modelo geopolítico, lo que, a diferencia del hecho, es un modelo y, por tanto, como mínimo discutible, como ha argumentado el profesor Joan Romero. Sí: nuestra situación parece condenarnos (como a Italia y Grecia) a mantener una función de primera línea en la política migratoria y de asilo, tarea en la que, en el caso de España, Marruecos es pieza clave, como lo son Libia para Italia y Turquía para Grecia y, en menor medida Argelia, Túnez, Egipto, Macedonia y Albania. Ahora bien, la indiscutible necesidad de colaboración con países de inevitable tránsito y que constituyen el primer cordón exterior a la UE, ¿implica que, en aras de la eficacia de las funciones de apoyo a nuestra policía de fronteras debemos transferirles actuaciones que suponen un riesgo para la garantía efectiva de los derechos de los inmigrantes?

Reconozco que el Gobierno Sánchez (los Gobiernos de la UE y la propia Unión Europea, podría decirse, cuando ahora vuelven a insistir en eufemismos como las “plataformas de desembarco en terceros países) se enfrenta en materia de política migratoria y de asilo a un dilema de extrema dificultad: Marruecos es un socio imprescindible, pero no un aliado fiable, al menos para un modelo de política migratoria y de asilo que no quiera renunciar a la garantía de los derechos humanos. De hecho, como insiste desde hace años la especialista en migraciones y directora asociada de HRW Judith Sunderland, “la dependencia de Marruecos para tener alejados a los inmigrantes es un incentivo para que España tolere el abuso” (cfr. su artículo “Recetas para el abuso en la frontera”, https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170815/239346065_12.html). Por lo demás, el régimen marroquí no puede ser considerado bajo ningún standard comparado de reconocimiento y garantía de los derechos humanos un país seguro, como habrán comprobado de nuevo los 116 retornados y ahora encerrados en las cárceles de Tetuán. No es el horror de lo que sucede en el Estado fallido que es Libia y al que Italia se empeña en devolver a los rescatados en el Mediterráneo, pese a todas las videncias y a reportajes e informes que advierten del horror que allí viven los nuevos esclavos. Pero considerarlo un país seguro es un eufemismo inaceptable. La denominada reintegración aparece como una presunción de riesgo, un mecanismo de exteriorización que delega de forma indebida nuestras propias obligaciones desde el punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho y del Derecho internacional.

No. Este no es el camino para poner en pie una política migratoria y de asilo decente. Aunque sea de mínimos.

[1] Cfr. por ejemplo el editorial de El País del viernes 24 de agosto, significativamente titulado “Sin garantías”, https://elpais.com/elpais/2018/08/24/opinion/1535130447_357939.html, Asimismo, de eldiario.es cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html y también https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html. También, en Infolibre https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/08/24/que_consiste_acuerdo_espana_marruecos_devolucion_migrantes_que_aplicado_gobierno_86069_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1042247.

[2] Escribe la doctora Orejudo: “En la aplicación de las normas jurídicas, el principio de igualdad es una garantía fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurídicas —que es lo único que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad— no prevén que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en función de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que sí establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresión sobre cualquier persona. Es más: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario público que actúa en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado). Si en el segundo salto a la valla se ejerció violencia contra guardias civiles, la obligación del Estado sería detener y poner a disposición de la Justicia a los autores del delito —si lo hubo—, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantías, y demostrar qué persona fue la autora del concreto daño infligido. El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese “centenar de violentos”, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el “asalto”. ¿Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolución inmediata. Sí, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad… Debería saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendrían que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitución reserva la función de juzgar. Recuérdese que las agresiones constituirían delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar “firmeza” para ganarse a una ciudadanía amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensión y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace años se compromete, con sus órdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisión, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjería. Más allá de que difícilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un día. Un día del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolución ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el único cálculo del rédito electoral”.

[3] Me remito a su artículo de 2005 “Ceuta y Melilla, el acuerdo hispanomarroquí de readmisión y las obligaciones internacionales de España y la Unión Europea”, (http://www.intermigra.info/extranjeria, o al publicado con P.Aguelo, Ceuta y Melilla. Los derechos de los inmigrantes en situación irregular”, Abogacía Española, n° 36, enero, 2006, pp.14-17 y, finalmente, su “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”, Eikasia. Revista de Filosofía, II 8 (enero 2007), pp. 203-204. De la profesora Teresa Fajardo debe consultarse “Los Acuerdos de readmisión de los inmigrantes en situación irregular celebrados por España”, en F.Aldecoa/J.Sobrino, (Coordinadores), Migraciones y Desarrollo. II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Montevideo, 25, 26 y 27 de octubre de 2006, Marcial Pons 2007, pp. 87- 102. De la profesora González García puede verse su “El acuerdo España-Marruecos de readmisión de inmigrantes y su problemática aplicación: las avalanchas de Ceuta y Melilla”, Anuario Español de Derecho Internacional, 2006, pp. 255-284. El trabajo del profesor Félix Vacas Los Tratados bilaterales adoptados por España para regular y ordenar los flujos migratorios, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid.Dykinson, 2007, pp.151-161. Finalmente, el artículo de la profesora Asín Cabrera “Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con países del continente africano: especial consideración de la readmisión de inmigrantes en situación irregular”, Revista de Derecho Constitucional europeo, nº 10/2008, pp. 165-168 .

[4] En efecto, como destaca el profesor Chueca y recuerda el letrado Granero Sánchez, el artículo 2 exige que el Estado requirente (España) pruebe tres aspectos: 1º La nacionalidad del extranjero de un Estado distinto a las partes (Por tanto estamos ante una norma de readmisión de extranjeros, no de marroquíes por Marruecos ni de españoles por España.); 2º La entrada ilegal en el territorio del Estado requirente (Evidentemente para poder proceder a la readmisión, previamente deberá haberse acreditado la entrada ilegal en el territorio español tras el preceptivo procedimiento de devolución con las garantías jurídicas establecidas en la LOEX para este tipo de expedientes); 3º La procedencia de territorio del Estado requerido. Eso quiere decir que la aplicación estricta de la norma citada obliga pues a España a no devolver a las personas cuya nacionalidad no pueda probar o cuya entrada ilegal o cuya procedencia de territorio marroquí no pueda demostrar. Pero el artículo 2 exige además un procedimiento: (a) Una solicitud del Estado requirente (a presentar dentro de diez días desde la entrada ilegal). En la solicitud deben hallarse todos los datos personales de las personas sometidas a este régimen. (b) Un documento de aceptación de la readmisión, expedido por las autoridades del Estado requerido.

 

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