“Vorrei, ma non posso. La devolución de 116 personas a Marruecos, el 23 de agosto de 2018, ¿anécdota o categoría?”, publicado en CTxT, 27 de agosto de 2018

VORREI, MA NON POSSO

LA DEVOLUCIÓN DE 116 PERSONAS A MARRUECOS: ¿ANÉCDOTA O CATEGORÍA?

Javier de Lucas

 

La ceguera de la izquierda ante la movilidad forzada

La izquierda europea, desde hace décadas, parece presa ineludible de una contradicción que le impide abordar con radicalidad –es decir, yendo a las raíces- la gestión de las diferentes manifestaciones de movilidad humana forzada, ese mundo en desplazamiento que es rasgo estructural de nuestro tiempo, por más que proclame una y otra vez su deseo de hacer las cosas <de otra manera>. Quiere, pero no puede. O quizá, más bien, es que no quiere, no tiene una decidida voluntad política de atreverse a intentar otra política migratoria, pero lo hace con la boca pequeña, como si dijera, “me gustaría, pero no me dejan”: vorrei, ma non posso.

Algo tiene que ver su incapacidad para ofrecer un discurso alternativo al securitario e instrumentalista, arma aparentemente infalible desde la que se impone la más rancia derecha. Una incapacidad de la que es un botón de muestra su ceguera ante una realidad que ya no es un porvenir incierto, sino la condición en la que vivimos: me refiero al hecho de que, aunque los negacionistas crean y traten de hacernos creer que es algo que pasará dentro de mucho tiempo y, claro, en otro sitio, a otra gente, vivimos -como se ha dicho con acierto- un <tiempo de descuento> en el que, aunque no seamos conscientes de ello, todos somos ya refugiados climáticos.

En lo que sigue, voy a ocuparme del último episodio de ese síndrome del “vorrei, ma non posso” al que acabamos de asistir con la expulsión (devolución) a Marruecos de 116 personas (inmigrantes, pero no sabemos si también víctimas de trata, refugiados, además de menores) que habían saltado la valla en Ceuta el 22 de agosto de 2018, un procedimiento que remite al Convenio bilateral entre España y Marruecos suscrito el 13 de Febrero de 1992, bajo el Gobierno de Felipe González, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente y que no entró en vigor hasta el año 2012. Y eso me servirá para proponer una vez más una reflexión sobre esa falta de voluntad política para actuar sobre las causas, y sobre la ceguera en relación con la realidad en la que ya vivimos.

Una vez más, un gobierno de izquierda moderada, ante decisiones clave en cuestiones de gestión migratoria y de asilo, parece presa del síndrome estigmatizado por Nani Moretti en Caro Diario, cuando su protagonista grita a D’Alema, mientras éste perora en TV: “Di algo de izquierda!”. Sí, porque estamos en un proceso en el que, cada vez que un gobierno de izquierda intenta oponerse, aunque sea tímidamente, al mainstream de la xenofobia y racismo rampantes en las cancillerías europeas a propósito de inmigrantes y refugiados (primer y segundo caso Aquarius, caso Open Arms), parece asustarse de sí mismo (<¿me habré pasado de progresista?, o, por decirlo con el estigma que tanto gusta a la derecha: <¿me habré pasado de “buenista”?>) y tiene la necesidad de recurrir a la <equidistancia>, es decir, a dar un palo, casi en sentido estricto, para “recuperar” credibilidad electoral. Un paso adelante, dos hacia atrás, le critican algunos.

Aparentemente, la razón sería el mantra que reiteran spin doctors y eminentes politólogos de toda laya, que parecen poseídos por un pragmatismo gallináceo como dogma de fe: “si quieres tener perspectivas electorales de éxito, hay que aparecer firmes ante la inmigración”. El contexto europeo parece confirmarlo: antes de estas dudas y autorectificaciones del gobierno Sánchez, ya claudicó Tsipras quien, por cierto, comparte gobierno con un partido de los que gustan de la retórica que practica Salvini. Y no hablemos de las coaliciones de la derecha “liberal” con la extrema derecha, en Austria, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, entregadas a la ideología xenófoba del húngaro Orban y los polacos Duda y Kaczynski, los mejores discípulos europeos del movimiento alt right de Bannon, con permiso del canciller austríaco Sebastian Kurz. La única excepción parece la de Portugal, pero esa peculiaridad se explica también por la escasa incidencia del fenómeno migratorio hoy en nuestro país vecino.

¿Contradicciones? Vaivenes? Bandazos? Cuál es la anécdota y cuál la categoría que definiría la política migratoria de un Gobierno con proclamada voluntad de progreso y defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos, como el Gobierno Sánchez, pero que nos ofrece esta de cal, de mano del ministro del Interior y con la aquiescencia de la Secretaría de Estado de Migración? Se trata simplemente de la necesidad de un simbolismo equidistante, que conjugue el humanitarismo, sin abdicar de la seguridad y defensa de nuestras fronteras? O bien, como parece ser el mensaje, simplemente sucede que el Gobierno quiere pero no puede, bajoel alegato de que ningún Gobierno europeo puede afrontar por sí solo un modelo de política migratoria y hoy pintan bastos en esta UE?

Lo cierto es que, si descartamos los discursos extremos, los de los apologetas o los de la derecha más reaccionaria, parecería más plausible la hipótesis de que el giro que tratan de impulsar Sánchez y Borrell es un objetivo que resulta imposible en el contexto de ese populismo xenófobo al que se han entregado buena parte de cancillerías europeas. El mensaje, pues, sería que no hay contradicciones, sino que el Gobierno Sánchez hace lo que puede, que, en definitiva, es poco. Vorrei, ma non posso.

Comenzaré por reconocer que se han producido gestos positivos en materia de inmigración y asilo, que para mí han sido importantes. Y, por ejemplo, creo que desde el ministerio de Exteriores y la propia Presidencia del Gobierno se intenta impulsar otra vía de gestión de esas políticas en la que se cuenta con escasos y no demasiado entusiastas aliados: Macron, Merkel y Costa. Una vía que no puede no ser europea y concertada con países de origen y tránsito, como ha insistido desde hace decenios Sami Naïr. En algunos otros trabajos he propuesto medidas concretas y criterios (también presupuetarios) para tratar de implementar otra política migratoria y de asilo. Pero ahora me interesa, insisto, tratar de esclarecer si esta decisión es un mero contrapunto o revela una concepción de política migratoria.

Comenzaré por proponer que, aun siendo verosímil el argumento, ya no me parece suficiente el mensaje del vorrei, ma non posso que, en cierto modo, parece rememorar la reacción de Felipe II ante el fracaso de la Invencible: “nosotros querríamos otra política migratoria, pero Europa y los elementos no nos dejan”. No. Ya conocemos esa letanía. Es la misma que lleva predicándose una y otra vez con el manifiesto resultado ineficaz que sólo un ciego puede negar. Da igual que esa combinación de palo y zanahoria consista en los mensajes de “perseguir a las mafias”, a la vez que se muestra compasión por los “pobres, desgraciados inmigrantes”, que no son los verdaderos culpables, claro, aunque per fas o nefas, siempre acaban siendo los paganos, los que reciben los golpes. No: este no es un tema de “humanitarismo”, como aseguran los portavoces del Gobierno: ni de compasión, ni de caridad. Una política migratoria que aspire a ser verosímil no puede consistir en una colección de gestos aislados en situaciones de <urgencia humanitaria> que, por otra parte, se aprecian conforme a un criterio que parece demasiado coyuntural. Nadie en su sano juicio negará que la gobernanza de las migraciones es cuestión compleja, pero la prioridad de esa gobernanza no puede dejar de ser inequívoca: se llama garantía de derechos y vigencia del Estado de Derecho, sin trampas, ni trucos. Ese es el primer test de coherencia. Si no hay voluntad política de mantenerlo, sobran todos los gestos.

Es de nuevo el momento de decir que estamos hartos de esos descubrimientos de lo obvio que son, por ejemplo, la recurrente invocación de planes Marshall para Africa, como acaba de “inventar” el diputado del PP Sr Casado que, pese a sus altas responsabilidades, parece ignorar la existencia por ejemplo del Plan Africa 2006-2008. La experiencia nos muestra que, incluso cuando no se ha vivido como hasta hoy, severísimos recortes en la política de cooperación, tales proyectos siempre acaban igual: las millonarias ayudas a la cooperación indefectiblemente se convierten en botín de élites corruptas de los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios, a cambio de que algunas de nuestras empresas practiquen dumping social en esos países para incrementar su cuenta de beneficios. A cambio también, claro, de que esas élites restrinjan derechos como el de libre circulación a sus propios ciudadanos y a los de países vecinos que intentan transitar por ellos. A cambio, por supuesto, de que se hagan cargo en sus poco envidiables cárceles, de los excedentes que nosotros expulsamos (bajo el eufemismo de retorno, devolución, etc) y de cuya suerte nos desentendemos. Y no hace falta mirar muy lejos: pregunten por los negocios de esos ilustres comisionistas españoles que cortejan a Obiang. El resultado es penoso: seguimos sin saber dar respuesta eficaz y positiva a los desafíos de la movilidad humana y, lo que es peor, cada vez que lo intentamos podemos pronosticar que será a costa de una nueva herida al Estado de Derecho y a los derechos humanos

 

 

Nuestra propia ceguera nos impide percibir lo evidente

¿Por qué, cómo es posible que suceda esto una y otra vez? Quizá debiéramos empezar por reconocer el progreso de esa ceguera social, sobre la que nos advirtiera Saramago, que nos impide percibir lo evidente. Y lo evidente hoy es la superchería, el fantasma de una crisis migratoria con el que quieren atemorizarnos de nuevo en este 2018. Buena parte de los medios y de los Gobiernos europeos vuelven a tratar de hacernos creer que padecemos una situación de emergencia migratoria similar a la mal llamada “crisis de los refugiados” que según nos decían amenazaba la estabilidad y aun la viabilidad de los países europeos entre 2015 y 2017. De creer esos mensajes, los europeos viviríamos de nuevo una situación agónica, cercados por millones de desesperados que intentan gozar de nuestro bienestar y, lo que es peor, aprovecharse de lo que hemos conseguido en esta supuesta Europa de leche y miel, que arriesgaría convertirse en una sociedad ingobernable, dominada por la peor delincuencia.

Una y otra vez, en programas de televisión y radio y en la prensa escrita nos martillean con imágenes de inmigrantes desesperados que invaden nuestro territorio y ponen al límite nuestros recursos. Da igual que los fríos datos del Instituto Nacional de Estadística, del propio Ministerio del Interior español, o de la OIM y el ACNUR, o los informes de entidades que poco tienen de ONGs como el Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets, del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity ) desmientan contundentemente ese escenario: no sólo no vivimos ninguna “ola migratoria” descontrolada, sino que necesitamos imperiosamente reclutar inmigrantes para paliar nuestro declive demográfico y la insostenibilidad del estado de bienestar. Tampoco es cierto que los inmigrantes se hayan enseñoreado fraudulentamente de nuestros servicios públicos, provocando que los españoles no podamos gozar de ellos: es justo al revés, como argumenta una reciente y pedagógica campaña de Cáritas (https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hay-invasion-abusan-ayudas-asi-desmonta-caritas-mitos-migrantes_201808235b7ef6990cf2ad56bd3b6e39.html). La pérdida de calidad del sistema de salud pública tiene que ver con los recortes y la política de privatización adoptados entre 2008 y 2018. Pero la realidad, ya se sabe, es sólo un inconveniente menor para los hacedores de opinión pública. Porque de lo que se trata es de encontrar una coartada electoral, una vez más, para el abono del discurso del miedo, de la lógica de <cierren filas> contra la amenaza de un enemigo casi imbatible, del que sólo nos pueden proteger los valores e ideario del conservadurismo más rancio. Un enemigo encarnado (por increíble que parezca) por esos pocas decenas de miles de inmigrantes y aspirantes a refugiados que consiguen llegar hasta nosotros, tras peripecias que harían palidecer a uno de los fundadores del mito europeo, Ulises, y desde el olvido de otros tantos miles –más numerosos- que llegan por vías regulares con el descabellado propósito de ganarse una vida mejor. Un espacio cada vez más despoblado y envejecido, lo que sin duda influye en el retorno de los cantos de sirena no ya conservadores, sino reaccionarios, que proliferan advirtiéndonos del presunto suicidio de nuestras sociedades si no se cierran las puertas a la inmigración, cuando muy al contrario el suicidio se producirá, inevitablemente, si los inmigrantes no llegan. Han de llegar e inevitablemente seguirán intentándolo, por muchas vallas y muros que levantemos. Y es preferible que lo hagan de una forma segura, legal, ordenada, como preconiza el Pacto de la ONU que se ha de ratificar en diciembre en Marrakesh, sin que, por cierto, los Estados de la UE le hayan prestado mayor atención.

 

 

Anécdota o categoría: el <reingreso a Marruecos> y las políticas de externalización no importa cómo.

Viene todo esto a cuento, pese a ser bien sabido y machaconamente reiterado, entre muchos otros por quien suscribe, porque acabamos de asistir a un nuevo episodio de lo que podría ser una comedia de enredo (ahora te abro la puerta, ahora te la cierro), si no estuvieran en juego vidas humanas, derechos básicos.

El reingreso exprés a Marruecos de los 116 inmigrantes que protagonizaron un salto de la valla de Ceuta, el 22 de agosto de este 2018, en el que se produjeron actuaciones violentas y lesiones a los guardias civiles que lo afrontaron, puede ser entendido como una anécdota más, o como un punto de inflexión. A mi juicio, esta decisión del Gobierno, defendida con convicción digna de mejor causa por su vicepresidenta y Ministra de Igualdad (de forma más sonrojante, creo, que aquella apelación a la “agenda cultural nocturna”) no es un episodio más o menos doloroso pero ineludible en defensa y cumplimiento de la legalidad, como trató de hacérsenos creer, sino probablemente una línea de conducta que forma parte de un planteamiento más general. En todo caso, lo que parece claro a estas alturas es que gana terreno el juicio de que se ha tratado de una decisión equivocada y preocupante (cfr. por ejemplo el comunicado de CEAR: https://www.cear.es/cear-muestra-su-preocupacion-tras-la-expulsion-acelerada-de-las-116-personas-migrantes-que-llegaron-ayer-a-ceuta/). Así lo señalan medio centenar de organizaciones que trabajan con inmigrantes y que han suscrito un manifiesto de denuncia de esta actuación por falta de respeto a la legalidad vigente y a los derechos humanos (https://sosracismo.eu/las-devoluciones-ejecutadas-en-ceuta/). El Colegio de abogados de Ceuta ha anunciado (https://www.elboletin.com/noticia/166678/nacional/los-abogados-de-116-migrantes-recurriran-su-devolucion-a-marruecos.html ) que los abogados de oficio que intervinieron (de forma manifiestamente mejorable, pero también inducidos a engaño por las autoridades, que les ocultaron que iban a ser “devueltos” de forma inmediata, en un procedimiento superacelerado) van a presentar recurso contra las órdenes de devolución. Desde la prensa de amplio espectro, las denuncias y la valoración negativa han ido in crescendo: basta leer el editorial de El País del viernes 24 de agosto significativamente titulado “Sin garantías”, o los artículos publicados en Infolibre, o Eldiario.es [1].

Mi propia opinión, por decirlo en corto y por derecho, y con todos los respetos debidos a la buena fe que presumo en quienes tienen la grave responsabilidad de gobernar, es que el Gobierno se ha equivocado y de forma gruesa en este asunto. Y lo más preocupante es que esta equivocación sea la categoría y las otras decisiones, la anécdota.

Se ha equivocado, ante todo, en la inaceptable justificación aducida por la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, la profesora de Derecho Constitucional Dra. Calvo, cuando trató de trazar una línea roja: no a los violentos ilegales que saltan la valla con agresiones; sí a la ayuda a los pobres indocumentados en situaciones de urgencia <humanitaria>. Ese argumento en sí mismo es una grosera falacia, incoherente con el principio de igualdad. como ha analizado en su dura pero muy argumentada crítica de la decisión la experta en Derecho internacional de derechos humanos y miembro del Observatorio de Racismo Institucional, Patricia Orejudo https://www.elsaltodiario.com/opinion/expulsion-psoe-pedro-sanchez-116-personas-valla-ceuta), porque sienta un precedente muy preocupante por la manifiesta violación del principio de igualdad, algo que resulta incomprensible que no sea advertido por quien además de una inequívoca trayectoria de firme compromiso con la causa de la Igualdad, es la titular de ese ministerio[2].

Se ha equivocado el Gobierno en esta decisión porque es incongruente con los principios básicos de la acción de gobierno proclamados por el Presidente Sánchez, el ministro Borrell y la propia vicepresidenta. Mientras el Gobierno Sánchez se esfuerza por encontrar soluciones estables para responder eficazmente a la vulneración de derechos que viene practicando el Gobierno italiano ante la indiferencia de Bruselas y de la mayor parte de los Estados miembros, con excepción de España, débilmente secundada por la RFA, Francia y Portugal, olvida criterios elementales en materia de derechos: por ejemplo, que los delincuentes, incluso los más violentos, tienen derechos que no pueden ser saltados a la ligera. Y no digamos cuando se trata en todo caso de presuntos delincuentes, sólo algunos entre los 116 <retornados>. Pagan todos por la conducta inadmisible de unos cuantos. ¿Es esa la idea de Derecho que tiene la vicepresidenta Calvo? Si así fuera, habría que recordar que se parece más bien a la técnica autoritaria de quien castiga a toda la clase porque es incapaz de identificar a quien ha gritado un insulto. Y es impropio de este Gobierno.

Convenio bilateral aparte, lo cierto es que, como me recuerda el letrado Hipólito Granero, Marruecos, desde 1991, es Estado parte de la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de 1990 y España viene obligada por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950. “En consecuencia, sostiene Granero, ambos Estados deben garantizar a todas las personas, con independencia de su status migratorio derechos como el de formular alegaciones, derecho de contradicción y derecho a un recurso efectivo”. Y no parece que hayan sido garantizados en este procedimiento de <reintegración>. Así, la abogada Patricia Fernández Vicens ha señalado problemas de legalidad derivados de estas omisiones que afectan directamente a la garantía de derechos: ausencia de información fidedigna de identificación de posibles menores: ausencia de posibles solicitantes de protección internacional; ausencia de asistencia garantizada de intérpretes de las lenguas de todos y cada uno de los 116 reintegrados; ausencia de la garantía de otorgamiento de poder para representación legal, sin la que resulta imposible que ejerzan acciones procesales después de la devolución; ausencia de remisión por parte de Marruecos del documento individualizado de toma a cargo de cada reintegrado con expresión de su nacionalidad y país de procedencia

Se ha equivocado el Gobierno al aplicar de forma dudosamente legal el propio Convenio bilateral entre España y Marruecos. Lo explican los estudios sobre ese Convenio realizados por expertos como el profesor Angel Chueca, las profesoras Teresa Fajardo e Inmaculada González García, o, más recientemente, el profesor F Vacas[3] . En particular, el profesor Chueca analizó muy tempranamente las primeras aplicaciones de ese Convenio y puso de manifiesto lo que ha explicado con meridiana claridad hoy, entre otros, el abogado especialista en extranjería Hipólito Granero: no se ha aplicado la legalidad de este Convenio, porque no es nada sencillo (al contrario, sería muy exigente) ponerlo en práctica, a la vez que se salvaguarda el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. La decisión y la forma de ejecutar la devolución, según todos los indicios, los ha incumplido. Por ejemplo, el Gobierno español no parece haber respetado lo que establece el artículo 2º del Convenio en materia de prueba de la condición de los reintegrables y del procedimiento a seguir: sólo se puede aplicar el Convenio para ejecutar la “readmisión” si existe previamente una orden de devolución con garantías, tal y como establece la LOEX[4]. Por si fuera poco, de conformidad con lo que dispone el artículo 5 del Convenio, Marruecos “se asegurará de que los extranjeros readmitidos sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron el viaje”. La experienciaes que Marruecos deporta a los inmigrantes a Agadir o a Oujda y desde llí han de enfrentarse a una situación de acoso, de hostigamiento, o a salir hacia el desierto. Marruecos en realidad se desentiende las más d las veces de esos reintegrados a su territorio. https://elpais.com/politica/2018/08/24/actualidad/1535135930_887405.html).

Se ha equivocado el Gobierno (el ministerio del Interior en primer término) por el recurso a argucias más propias de rábula, como obligar a gestionar en una noche el trámite- subrayo, trámite- de presencia de abogado de oficio para los 116 detenidos, sin garantía de traductores ad hoc, y sin prevención acerca de la inminencia de la expulsión/devolución al territorio marroquí (cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Expertos-cuestionan-devolucion-Marruecos-Ceuta_0_806669954.html). Esa urgencia y falta de atención escrupulosa al procedimiento revelan que lo que se llevó a cabo en Ceuta en la noche el 23, según todos esos indicios, se encaminaba a lo que puede considerarse un fraude jurídico, esto es, la falacia denunciada en varias ocasiones por el abogado J.L. Rodríguez Candela: suponer que la presencia letrada significa garantía de asistencia letrada, ateniéndose a una interpretación literal del Convenio (que no menciona la segunda) que es incongruente con el requisito de asistencia letrada como parte del derecho a tutela judicial efectiva que es un derecho humanos universal. Cuando, según testimonio de los abogados se les ocultó deliberadamente la intención de “devolución” expres de los detenidos (https://www.eldiario.es/desalambre/Ceuta-participaron-devolucion-Marruecos-inmediatamente_0_807019527.html), se frustró la garantía de tutela de derecho. Aunque, desde luego, sin negar esas y otras dificultades (a comenzar por el plazo perentorio impuesto) creo que podía y cabía exigir otra diligencia a quienes así ejercieron.

Se ha equivocado el Gobierno, en fin, en algo que no parece una anécdota, sino una cuestión de fondo, sin duda compleja y difícil: el modelo de nuestras relaciones con Marruecos. Eso exige una reflexión aparte.

 

 

Coordinación con países terceros, sin externalización ilegítima.

La pregunta es si esta aplicación del Convenio con Marruecos urgente y, como he señalado, según todos los indicios, no respetuosa con la legalidad por parte de las autoridades españolas, es sólo un gesto simbólico, un mensaje coyuntural, dirigido a quienes tratan de saltar, a las fuerzas del orden que custodian la valla, a los electores de centro que se quiere atraer, o bien marca una voluntad política en materia de inmigración y asilo, es decir, forma parte del mensaje de fondo, de los elementos de definición de la propuesta de política migratoria.

Reconozcamos, para empezar, la dictadura de la geografía, un hecho incontrovertible que parece imponer un cierto modelo geopolítico, lo que, a diferencia del hecho, es un modelo y, por tanto, como mínimo discutible, como ha argumentado el profesor Joan Romero. Sí: nuestra situación parece condenarnos (como a Italia y Grecia) a mantener una función de primera línea en la política migratoria y de asilo, tarea en la que, en el caso de España, Marruecos es pieza clave, como lo son Libia para Italia y Turquía para Grecia y, en menor medida Argelia, Túnez, Egipto, Macedonia y Albania. Ahora bien, la indiscutible necesidad de colaboración con países de inevitable tránsito y que constituyen el primer cordón exterior a la UE, ¿implica que, en aras de la eficacia de las funciones de apoyo a nuestra policía de fronteras debemos transferirles actuaciones que suponen un riesgo para la garantía efectiva de los derechos de los inmigrantes?

Reconozco que el Gobierno Sánchez (los Gobiernos de la UE y la propia Unión Europea, podría decirse, cuando ahora vuelven a insistir en eufemismos como las “plataformas de desembarco en terceros países) se enfrenta en materia de política migratoria y de asilo a un dilema de extrema dificultad: Marruecos es un socio imprescindible, pero no un aliado fiable, al menos para un modelo de política migratoria y de asilo que no quiera renunciar a la garantía de los derechos humanos. De hecho, como insiste desde hace años la especialista en migraciones y directora asociada de HRW Judith Sunderland, “la dependencia de Marruecos para tener alejados a los inmigrantes es un incentivo para que España tolere el abuso” (cfr. su artículo “Recetas para el abuso en la frontera”, https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170815/239346065_12.html). Por lo demás, el régimen marroquí no puede ser considerado bajo ningún standard comparado de reconocimiento y garantía de los derechos humanos un país seguro, como habrán comprobado de nuevo los 116 retornados y ahora encerrados en las cárceles de Tetuán. No es el horror de lo que sucede en el Estado fallido que es Libia y al que Italia se empeña en devolver a los rescatados en el Mediterráneo, pese a todas las videncias y a reportajes e informes que advierten del horror que allí viven los nuevos esclavos. Pero considerarlo un país seguro es un eufemismo inaceptable. La denominada reintegración aparece como una presunción de riesgo, un mecanismo de exteriorización que delega de forma indebida nuestras propias obligaciones desde el punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho y del Derecho internacional.

No. Este no es el camino para poner en pie una política migratoria y de asilo decente. Aunque sea de mínimos.

[1] Cfr. por ejemplo el editorial de El País del viernes 24 de agosto, significativamente titulado “Sin garantías”, https://elpais.com/elpais/2018/08/24/opinion/1535130447_357939.html, Asimismo, de eldiario.es cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html y también https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html. También, en Infolibre https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/08/24/que_consiste_acuerdo_espana_marruecos_devolucion_migrantes_que_aplicado_gobierno_86069_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1042247.

[2] Escribe la doctora Orejudo: “En la aplicación de las normas jurídicas, el principio de igualdad es una garantía fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurídicas —que es lo único que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad— no prevén que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en función de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que sí establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresión sobre cualquier persona. Es más: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario público que actúa en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado). Si en el segundo salto a la valla se ejerció violencia contra guardias civiles, la obligación del Estado sería detener y poner a disposición de la Justicia a los autores del delito —si lo hubo—, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantías, y demostrar qué persona fue la autora del concreto daño infligido. El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese “centenar de violentos”, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el “asalto”. ¿Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolución inmediata. Sí, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad… Debería saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendrían que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitución reserva la función de juzgar. Recuérdese que las agresiones constituirían delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar “firmeza” para ganarse a una ciudadanía amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensión y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace años se compromete, con sus órdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisión, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjería. Más allá de que difícilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un día. Un día del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolución ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el único cálculo del rédito electoral”.

[3] Me remito a su artículo de 2005 “Ceuta y Melilla, el acuerdo hispanomarroquí de readmisión y las obligaciones internacionales de España y la Unión Europea”, (http://www.intermigra.info/extranjeria, o al publicado con P.Aguelo, Ceuta y Melilla. Los derechos de los inmigrantes en situación irregular”, Abogacía Española, n° 36, enero, 2006, pp.14-17 y, finalmente, su “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”, Eikasia. Revista de Filosofía, II 8 (enero 2007), pp. 203-204. De la profesora Teresa Fajardo debe consultarse “Los Acuerdos de readmisión de los inmigrantes en situación irregular celebrados por España”, en F.Aldecoa/J.Sobrino, (Coordinadores), Migraciones y Desarrollo. II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Montevideo, 25, 26 y 27 de octubre de 2006, Marcial Pons 2007, pp. 87- 102. De la profesora González García puede verse su “El acuerdo España-Marruecos de readmisión de inmigrantes y su problemática aplicación: las avalanchas de Ceuta y Melilla”, Anuario Español de Derecho Internacional, 2006, pp. 255-284. El trabajo del profesor Félix Vacas Los Tratados bilaterales adoptados por España para regular y ordenar los flujos migratorios, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid.Dykinson, 2007, pp.151-161. Finalmente, el artículo de la profesora Asín Cabrera “Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con países del continente africano: especial consideración de la readmisión de inmigrantes en situación irregular”, Revista de Derecho Constitucional europeo, nº 10/2008, pp. 165-168 .

[4] En efecto, como destaca el profesor Chueca y recuerda el letrado Granero Sánchez, el artículo 2 exige que el Estado requirente (España) pruebe tres aspectos: 1º La nacionalidad del extranjero de un Estado distinto a las partes (Por tanto estamos ante una norma de readmisión de extranjeros, no de marroquíes por Marruecos ni de españoles por España.); 2º La entrada ilegal en el territorio del Estado requirente (Evidentemente para poder proceder a la readmisión, previamente deberá haberse acreditado la entrada ilegal en el territorio español tras el preceptivo procedimiento de devolución con las garantías jurídicas establecidas en la LOEX para este tipo de expedientes); 3º La procedencia de territorio del Estado requerido. Eso quiere decir que la aplicación estricta de la norma citada obliga pues a España a no devolver a las personas cuya nacionalidad no pueda probar o cuya entrada ilegal o cuya procedencia de territorio marroquí no pueda demostrar. Pero el artículo 2 exige además un procedimiento: (a) Una solicitud del Estado requirente (a presentar dentro de diez días desde la entrada ilegal). En la solicitud deben hallarse todos los datos personales de las personas sometidas a este régimen. (b) Un documento de aceptación de la readmisión, expedido por las autoridades del Estado requerido.

 

ES MUY SENCILLO: EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS, Contexto, 11 agosto 2018

La educación cívica, un imperativo

La necesidad de una asignatura de educación cívica desde los primeros años de enseñanza obligatoria (ESO) parece difícilmente discutible, y un gobierno progresista debe considerarla como objetivo prioritario. Así lo ha entendido el Gobierno Sánchez, por boca de su portavoz y ministra de educación, la señora Celaa. Al mismo tiempo, a nadie se le ocultan las dificultades para obtener un consenso sobre ello. Esas dificultades no nacen sólo del obstáculo mayor que siempre supone la perspectiva partidista –factor decisivo del fracaso de las reformas educativas-, sino también de un argumento que se debe atender: cómo definir los contenidos, cuando resulta obvia la exigencia de respetar el legítimo pluralismo social, ideológico, doctrinal.

Dicho de otra manera, en una sociedad democrática, es decir, plural, donde es perfectamente legítimo sostener diferentes principios, valores, concepciones éticas ¿cómo determinar cuáles son los valores cívicos, éticos, que nos dicen que hay que enseñar? ¿Dónde encontramos esa ética cívica común de la que nos hablan? ¿Cómo se establece ese consenso de valores y principios? Porque el problema de esas recetas éticas es que, en el fondo, chocan siempre con el problema del cognoscitivismo ético y, sobre todo, con una tesis básica de la democracia liberal, la que proscribe imponer una idea particular de bien.

A mi juicio, probablemente la vía más adecuada para construir, para hacer viable ese consenso necesario sobre valores, pasa por superar la identificación habitual de ese proyecto pedagógico exclusivamente con la enseñanza (sic) de “la ética” y (sic) los “valores cívicos y éticos”. Es una solución más sencilla, más civil, más laica y con referentes objetivables que van más allá de la sabiduría de nuevos clérigos, sabios o gurús que nos aleccionan sobre los verdaderos valores y principios.

La propuesta que sostendré arranca precisamente de recordar que, en una sociedad plural, la única ética pública que puede aspirar a un reconocimiento oficial y, por tanto, a ser enseñada y aun impuesta sin que ello plantee problemas de libertad, son los derechos humanos. No quiero decir que la tesis de su universalidad no sea criticable –desde luego, matizable-, pero en democracia imponer valores choca con el respeto al pluralismo y por tanto hay que ir con tiento. Y si debemos respeto a los diferentes y legítimos sistemas o representaciones del mundo y de los valores, los únicos valores y principios éticos que pueden y deben ser contenido educativo indiscutible, porque son los únicos que cabe reforzar con imposición exigible bajo sanción, están claros. Son los derechos humanos.

 

La única ética pública exigible es la que los ciudadanos acuerdan defender y proteger

Me parece que esa es la conclusión a la que conduce la acertada tesis habermasiana de la “emigración de la ética pública a la Constitución”. En una sociedad democrática, plural, deben poder tener derecho a expresión todas las diferentes ideas de bien, las propuestas éticas, las diferentes teorías de la virtud (sobre todo, de las virtudes que deben contar en el espacio público). Pero ¿cómo elegir entre ellas? ¿Cabe imponer una sobre otras? ¿Con qué criterio? La respuesta de Habermas me parece convincente: en la medida en que las Constituciones, en su parte programática, incluyen ese contenido de ética pública de aspiración universal y con fuerza de exigir que son los derechos humanos, no cabe discusión. Y, además, esta solución cuenta a su favor con la característica de certeza que otorgan unas fuentes positivizadas difícilmente discutibles. El ejemplo de la Constitución española de 1978 es claro: junto a un catálogo de derechos inspirado en la arquitectura universal del sistema de derechos que ha construido la ONU y en el sistema regional europeo de derechos humanos, hay una remisión interpretativa al propio sistema, que no es entendido como un catálogo cerrado, algo sobre lo que volveré después. Por tanto, a la pregunta ¿qué enseñar?, la respuesta es sencilla: los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de derechos humanos de Naciones Unidas de 1966, el sistema de Convenios de las propias Naciones Unidas, comenzando por el primero, el Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres (CEDAW). Y, tal y como resulta evidente, en un Estado europeo, cabe añadir para mayor precisión el Convenio europeo de derechos y la Carta Social europea.

Esta “solución” no es ningún descubrimiento copernicano. Se trata, por lo demás, de un mandato reiterado por la propia ONU, desde el propio artículo 26.2 de la Declaración de 1948, en el que se señala precisamente la enseñanza de los derechos humanos como contenido del derecho a la educación: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.   La Agencia especializada de la ONU para la educación, UNESCO, ha insistido en el enfoque de una educación para los derechos humanos.

Por eso propongo la introducción en la ESO de una asignatura obligatoria de derechos humanos, que ponga el foco de modo específico no sólo en la dimensión cognitiva (aprender una lista de derechos y su contenido), sino sobre todo en su verdadera razón de ser, en su utilidad: el empoderamiento en los derechos humanos desde niños. Se trata de hacer ver que los derechos humanos son un work in progress y que esa tarea nos concierne a todos. También a los niños. En otras palabras, los derechos humanos no han de ser vistos sólo como una cuestión a discutir en foros institucionales, sino como parte de las competencias que los niños deben adquirir para poderlos ejercer, para luchar por ellos, para poder ser ciudadanos activos y críticos. 

 

La cultura de los derechos humanos consiste en aprender a luchar por los derechos de todos

Algunos han podido argüir que esa enseñanza debe ser transversal y está implícita en el propio modelo de educación pública, en la medida en que los derechos humanos inspiran (deben inspirar) todos los contenidos curriculares y tienen (deben tener) reflejo en la práctica docente misma. Pero parece claro que eso es insuficiente a la hora de transmitir conocimiento y formación en la cultura de los derechos humanos.

Conviene insistir en ello. La cultura de los derechos humanos no consiste sólo en el conocimiento de declaraciones, convenios o textos constitucionales sobre derechos humanos. Se trata de entender por qué y para qué existen los derechos humanos. Para eso, hay que explicar la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, comenzando por los derechos de los más vulnerables, la necesidad de la igual libertad en ese reconocimiento y garantía de los derechos, los instrumentos para luchar contra las violaciones más graves de los mismos. Hay que dar cuenta de cómo y para qué hablamos de derechos de los niños, derechos de las mujeres, de la lucha contra la explotación infantil y la violencia de género, por citar ámbitos prioritarios. Pero también contra las muy frecuentes manifestaciones de acoso, violencia y discriminación en la escuela. Esa es la manera de combatir la falta de respeto y reconocimiento a todo otro y, por tanto, amenazas como la xenofobia, el racismo, el machismo, el desprecio al otro. Prejuicio y discriminación se combaten con conocimiento práctico de los derechos humanos. Por eso su enseñanza debe constituir un instrumento prioritario de cualquier sistema público educativo.

Hablo de cultura de los derechos y, por definición, eso implica la oposición a cualquier fundamentalismo. También el fundamentalismo de los derechos humanos que pretende que existe un catálogo cerrado, que se ha formulado de una vez para siempre y por tanto no caben nuevos derechos ni nuevos sujetos de derechos. El fundamentalismo de quien sostiene que los derechos humanos –mis derechos– son verdaderos y absolutos y, por tanto, que no hay conflictos de derechos que no tengan solución objetiva en ese verdadero catálogo. No es así: no hay, por definición, ningún derecho absoluto. Ni siquiera lo es el sabio principio propuesto por John Stuart Mill en On Liberty (“evitar el daño a otro”), porque a veces hay que enfrentarse a decisiones que implican siempre un daño para alguien. Y a menudo nos encontramos ante conflictos de derechos que son verdaderos casos difíciles, en los que la solución, la prioridad de este o aquel derecho, no es para nada evidente. Sobre todo si, para poner un ejemplo, no tenemos claro que el primero de los derechos no es la vida, entendida como obligación, sino la libertad. Y si tenemos en cuenta también que, incluso en la declaración universal, hay matices culturales (entre otros, de la cultura patriarcal) que deben ser objeto de deliberación y revisión. No: la enseñanza de los derechos humanos no debe ser una especie de catecismo laico en el que los dogmas de esta o aquella iglesia son sustituidos por los dogmas de 1948. No es así porque, como siempre que entra en juego la razón práctica, tal y como enseñó Kant, esta no nos ofrece un contenido de verdad necesaria e intemporal, sino de razonabilidad, para decidir, juzgar, justificar nuestras acciones. Y la razonabilidad apela a la aceptabilidad de argumentos, es decir, al protagonismo del público en una discusión abierta a toda crítica.

Consiste en aprender a luchar por los derechos, que son nuestros, de todos: los señores de los derechos no son esta o aquella institución, este o aquel sabio (académicos, legisladores, jueces). Es de los seres humanos, organizados como ciudadanos, de donde nace la necesidad de ensanchar esa condición para que sea lo más plural e inclusiva posible.

Se trata, en fin, de aprender que las instituciones jurídicas y políticas (comenzando por leyes y tribunales) adquieren sentido si sirven a ese objetivo, la mejor garantía de la igual libertad de todos. Entender así los derechos no como barreras para el espléndido aislamiento de unos cuantos privilegiados (tal y como con toda justicia denunciara Marx en la Sobre la cuestión judía), sino como puentes que nos ayuden a convivir y construir una sociedad cada vez más decente, sin exclusiones.

Una política a la altura del desafío migratorio, no a ras de instintos primarios, Infolibre, 2 de agosto de 2018

La irrupción de un nuevo discurso sobre las migraciones, protagonizado por el recién electo presidente del PP, el señor Casado es, en realidad, la enésima repetición de lo que parece una tentación irresistible para una parte de la clase política, más allá incluso de supuestas ideologías: utilizar los movimientos migratorios como amenaza, un recurso seguro para obtener réditos políticos a corto plazo, el que llega hasta las siguientes elecciones, el único tiempo político que parecen conocer. Si quieres ganar votos, utiliza la inmigración como problema, como amenaza prioritaria. Y a eso lo llaman “modelo de política migratoria”, cuando en realidad consiste en conseguir más votos manipulando la realidad de las migraciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es evidente que ha conseguido un primer objetivo, casi sin bajarse del autobús: el anuncio de que hay que tener la valentía de hacer frente a ese necesariodebate migratorio, es, en realidad, una manera de hurtar una vez más el verdadero debate, el de las condiciones de una política migratoria que sea global e integral, que vaya a las complejas causas y a las no menos complejas respuestas que nos plantean los movimientos migratorios. Una movilidad que, en gran medida, es movilidad forzada, aunque choque con el dogma liberal de movimientos de trabajadores que eligen mejor destino. Porque no sólo son desplazamientos forzados los de quienes denominamos refugiados; también son, en realidad, forzados buena parte de esos movimientos de población que llamamos “laborales”, por mal nombre “migraciones económicas”, ya que nacen de un estado de necesidad y de la creencia en la promesa (tantas veces propaganda) de que hay un El Dorado más allá.

 

En lugar de ese debate, sin duda complejo, el éxito de la provocación del Sr. Casado consiste en hacernos discutir de nuevo en torno a un fantasma, que hoy, sí, recorre Europa. Un fantasma que toma cuerpo gracias al instinto primario del miedo, a la apelación a la defensa frente a la invasión migratoria que está ahí, ante nuestras puertas, justo ahora cuando nos contaban que quienes han cargado con los sacrificios de la austeridad iban a poderse recuperar. Pero no: no podemos atender a reducir la desigualdad como primer objetivo, porque hay un imperativo mayor: defendernos, defenderles a Vds., los sacrificados, de la amenaza que representa esa avalanchamigratoria.

 

Un debate tramposo

Es difícil negar que el nuevo líder del PP ha situado el debate donde quiere, como lo muestra que el Sr. Rivera y Cs corran a tomar posiciones en la misma trinchera (la foto ante las vallas, al lado de la Guardia Civil), para no perder su parte en el botín, con la anuencia de Vox y demás compañeros de extrema derecha, jubilosos de verles venir a sus posiciones. Hasta el Gobierno ha tenido que enviar al director general de la Guardia Civil para mostrar su cuota de firmeza. Y lo consigue, digámoslo enseguida, porque buena parte de los interlocutores del debate público, comenzando por comunicadores y periodistas estrella o aspirantes al scoop y la fama, acceden gustosos a un enfoque que exige poco esfuerzo y proporciona mucha audiencia, el del debate circense. Porque, querido lector, esto es lo de siempre, la receta de pan y circo. Circo, sí. Un juego de titulares aptos para el fácil consumo, de mensajes que mantengan la atención del lector/espectador y por ello han de ser breves, simples e impactantes. Nada de dudas o frases subordinadas, que eso duerme a la audiencia. “Deme un titular”, exige el comunicador.

Un debate tramposo, porque, como decía, se centra en un fantasma, construido sobre una suma de mentiras, prejuicios y falacias que explotan el viejo y eficaz recurso, el del miedo. Se trata de enarbolar la amenaza migratoria, un recurso tan simplista como eficaz y, sobre todo, tan viejo como el mundo, como asegura el clásico (primus in orbe deos facit timor): quien promete orden frente al caos, frente a nuestros miedos, en buena medida imaginarios, nacidos de la ignorancia y el prejuicio, tiene las de ganar. En un escenario político en el que priman los eslóganes, los mensajes enunciados en términos simplistas, en lugar de los argumentos que presentan realidades complejas, difíciles de analizar y responder, el éxito del planteamiento maniqueo está asegurado.

Este debate tramposo es, sobre todo, un escenario de emociones, incluso contradictorias, y no un debate de ideas, de argumentos y razones. Es tramposo porque arranca y explota el leitmotiv del miedo y lo adereza con ingredientes de compasión, de “humanitarismo”. Nadie quiere renunciar a exhibir buena conciencia (ya se lo dijo Giscard a Mitterrand: “Vd. no tiene el monopolio del corazón” ). Eso sí, siempre que no se traduzca en cambios serios en los presupuestos y se pueda mantener a base de la apelación al voluntariado y a la generosidad de la sociedad civil, que a su vez, calma esa malheur ante la desgracia ajena mediante los correspondientes maratones benéficos, la limosna.

Un debate tramposo, salpicado de la apariencia de racionalidad de unas estadísticas manejadas sin el menor rigor, en aras de ese objetivo del miedo frente al que nos van a proteger: atención, que nos enfrentamos a la catástrofe inminente, provocada por la irresponsabilidad buenista de unos incompetentes que no se atreven a dar malas noticias y todo lo edulcoran. Pero aquí estamos nosotros, sin complejos, valientes, para decirles la verdad y aplicar la cirugía, aunque duela (sobre todo a los demás).

Sin complejos: vamos a contar mentiras y meter miedo

En este debate tramposo impera una primera falacia, o, mejor dicho, un dogma realista que esconde la primera mentiraNo es otra que la vieja cantinela que trata de hacernos tragar que la desigualdad es ley de vida. Que siempre habrá clases, siempre habrá pobres, sobre todo si no trabajan para nosotros y se someten a nuestras condiciones. “Digamos la verdad”, nos reconvienen. Nos gustaría que no fuera así, pero no hay recursos para todos. Desde luego, no para asumir toda la pobreza del mundo, la de esos pobres de fuera.

Por supuesto, ese dogma realista, esa verdad, se asienta en nuestra superior racionalidad, la racionalidad del mercado, claro. Es decir, es verdad lo que conviene a nuestros negocios, a ese cálculo racional de la maximalización de nuestro beneficio. Una buena muestra de ello es eso que seguimos llamando cooperación y que, como tantas veces hemos visto, es la primera mentira al uso, recurrentemente invocada a propósito de “políticas migratorias”. En buena medida eso que llamamos ayuda, cooperación, es –business as usual– explotación unilateral de los recursos de los países objeto de esa ayuda y cooperación, con la connivencia de élites que juegan así al viejo juego de la corrupción, a espaldas de sus poblaciones.

Una pequeña muestra de esa falacia de la cooperación es el negocio de venta de armamento excedente o caducado, o a punto de caducar. Y encima, el precio de esaayuda es otra verdad a medias, por no decir otra falacia: negar un derecho elemental a sus ciudadanos y a ciudadanos de países terceros. En eso consiste la tarea que le encargamos a cambio de la ayuda, cumplir funciones de policía para coartar el derecho a la libertad de circulación, para ordenar unilateralmente el tráfico migratorio según el dictado de nuestro beneficio y de esa metáfora hidráulica según la cual la inmigración ordenada consiste en que sólo lleguen los que necesitamos y en que se vayan (en echar, aunque lo llamemos “retorno”) los excedentes. Por eso no me parece demagógica la conclusión de Bauman: hemos desarrollado la “industria del desecho humano”.

El catálogo de medias verdades, falacias y mentira se completa con una clásica, la más vieja expresión del discurso simplista, maniqueo: la construcción del enemigo. Ese discurso tramposo pone a nuestro alcance una tentación irresistible. Sabemos quiénes son los malos en todo esto, esas mafias, esas organizaciones criminales que tratan de invadirnos, explotando a masas de pobres desgraciados, desesperados, que en realidad no son malos, sino gente que no sabe que no deben venir. Por eso, la prioridad de la política migratoria debe ser combatir esas mafias, eliminarlas y blindar nuestras fronteras para acabar con su negocio, aunque ese blindaje consista, paradójicamente, en devolver la “mercancía”, los excedentes, o directamente los rescatados de la muerte, a las mismas mafias o a sus cómplices, como vemos que sucede en aguas de Libia.

Es sencillo ser riguroso

En estos días, afortunadamente, no ha faltado la respuesta a ese aluvión de medias verdades, falacias y mentiras. Frente a las ” tesis”de Casado sobre el desbordamiento de nuestra capacidad de acogida, se han acumulado las pruebas de que esos “argumentos” son una suma de inexactitudes, cuando no de falsedades, vean lo que señaló infoLibre sobre las mentiras de Casado a propósito de la crisis de los cayucos o los contundentes desmentidos de los pretendidos “datos” exhibidos con singular desenvoltura sobre la presión migratoria. Por no hablar sobre las falacias acerca del negativo impacto económico de la presencia de los inmigrantes. Los gráficos siguientes, extraídos de los informes de Acnur, CEAR, y del INE, ilustran las medias verdades y falacias sobre la supuesta presión migratoria, en particular desde África, o sobre la “avalancha” de refugiados y sobre las verdaderas crisis, aquellas que no nos afectan directamente a europeos ni en particular a los españoles.
 

 

Hay elementos para otra política migratoria

Lo primero que necesita una política migratoria a la altura de los complejos desafíos (que son riesgos, sí, pero también oportunidades), es un cambio en la narrativa, por decirlo en términos hoy frecuentemente invocados. Una política que pase, como se ha escrito, “de la obsesión por los riesgos a aprovechar las oportunidades que ofrecen los movimientos migratorios”.

Se trata, como explicaba muy bien hace unas semanas Gemma Pinyol, de “un cambio de paradigma que supere la mirada securitizada de las migraciones y plantee las mismas como un fenómeno transversal y complejo, que no por ello problemático. Hablamos de un fenómeno que requiere de una mayor corresponsabilidad entre territorios de origen, tránsito y destino, y de una mejor gobernanza multinivel”.

Ese cambio, a mi juicio, se está produciendo ya, tal y como lo ejemplifican algunos de los pasos que considero positivos, encaminados a lo que es la condición básica de la política migratoria en serio: una gobernanza global de las migraciones, que trata de gestionar la movilidad migratoria en beneficio de todas las partes implicadas. Un pacto que desarrolla el objetivo 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 y que se ajusta a cuatro principios, tal y como ha explicado el documento de la OIM sobre el mismo: 1) la protección de los derechos de los migrantes; 2) la facilitación de la migración segura, ordenada y regular; 3) la reducción de la incidencia y las repercusiones de la migración forzosa e irregular; y 4) la gestión de las consecuencias inherentes a la movilidad en contextos de desastres naturales y provocados por el hombre. Un pacto global que no excluye acciones regionales (como las que están al alcance de la UE, sin ir más lejos, si hubiera voluntad política real, aunque ese es otro tema), y que sume el máximo de adhesión, aunque ya los EEUU de Trump y la Hungría de Orban se han autoexcluido del mismo.

Ese pacto global se basa en la Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2016, conocida como Declaración de Nueva York para refugiados e inmigrantes, que puso en marcha el proceso para obtener dos acuerdos globales, el Pacto Global sobre Refugiados y el Pacto Global para migraciones seguras, ordenadas y legales cuyo documento de acuerdo se aprobó el pasado 11 de julio de 2018 y que establece 23 objetivos orientados a asegurar ese modelo de las migraciones como oportunidad.

Un modelo que, en lo que se refiere a la gestión que afronta la UE y España acerca de las migraciones que provienen del continente africano, cuenta con algunos sólidos puntos de partida, como el informe de la Unctad, Economic Development in Africa. Report 2018. Migration for Structural Transformation. Ese informe ha servido de base para un documento elaborado a su vez en el seno de la Subdirección General de Asuntos Migratorios del MAEC, titulado Las migraciones en África y que dio a conocer su titular, el ministro Borrell, el pasado 24 de julio. El documento se puede consultar aquí.

Esa reorientación es más necesaria, si cabe, ante la evidencia de un nuevo reto, el de la movilidad forzada ligada al cambio climático que protagonizará los más importantes desafíos que afrontaremos en los próximos 25 años. Los desastres climáticos obligaron a migrar a un promedio de 26.4 millones de personas por año entre 2008 y 2015, según las Naciones Unidas. El Banco Mundial ha advertido que más de 140 millones de personas en África, Asia meridional y América Latina podrían verse obligadas a dejar sus lugares de residencia debido al cambio climático, a menos que todos los países tomen las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero necesarias. El Global Compact acordado el pasado 11 de julio concreta esa prioridad en su Objetivo Número 3, que hace un llamado a los países miembros firmantes para “minimizar los factores adversos y los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”. También se pide coordinar a nivel regional y subregional en cada continente para garantizar que se satisfacen las necesidades y los derechos de los migrantes climáticos y que además se desarrollan estrategias para responder a los desafíos planteados por los movimientos migratorios climáticos.

Estas propuestas que nacen del Ministerio de Exteriores del nuevo Gobierno pueden suponer, a mi juicio, un notable y considerable giro positivo en la orientación de la política migratoria hacia una perspectiva no sólo europea, sino global.Esta es la condición, insisto, de toda política migratoria que se tome en serio, en contraste con las posiciones hasta ahora conocidas del Ministerio del Interior y de la propia Secretaría de Estado de Migraciones, que no parecen tener en cuenta suficientemente –hasta ahora– esa condición de globalidad. Una condición que, por cierto, a mi juicio aconsejaría una reorientación en el modelo organizativo de gestión de la política migratoria, en torno probablemente a una suerte de Delegación interministerial. Dicha delegación debería permitir conectar –por arriba con la acción regional que corresponde a la UE, que actuara de modo conjunto –transversal– respecto a las competencias de los diferentes Ministerios –Exteriores, Interior, Trabajo, Educación, Sanidad, al menos–, y que se coordinara –por abajo– con las competencias de Ayuntamientos y CCAA. Por ejemplo, desarrollando el extinto Fondo de Ayuda para la Acogida, Educación e Integración de los Migrantes, y el también extinto Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, PECI. Pero eso es tema para otro día.