POLITICAS MIGRATORIAS, SIN SIMPLISMOS NI FALACIAS (CTxT, nº 173, junio 2018)

Sobre los requisitos de una política migratoria de mínimos

El caso “Aquarius” ha tenido la virtud de sacar a la luz no pocas de las contradicciones en el supuesto modelo europeo de políticas migratorias y de asilo y, además, visibiliza las nefastas consecuencias de lo que un experto indiscutido como Sami Naïr ha denominado proceso de “renacionalización” en el que están embarcados desde 2015 buena parte de los Gobiernos europeos, que hace inviable lo imprescindible: un mínimo de política común  en los tres pilares de toda política migratoria: 

  1. El internacional: relaciones entre las sociedades –que no solo el aparato institucional, los Gobiernos– de origen y tránsito y las de destino, con especial atención al papel de los protagonistas, los propios inmigrantes, que son el vector de relación. Invertir en democracia, desarrollo y derechos humanos debe ser el nexo, para superar el viejo cliché de la ayuda o cooperación al desarrollo, entendida en términos groseramente economicistas y que en buena medida dan lugar a dos efectos perversos: el incremento de la corrupción de las élites de uno y otro lado y la manipulación de la ayuda que no llega a sus destinatarios, sino que se emplea en intereses ajenos, comenzando por la expansión empresarial sin escrúpulos de respeto a derechos, a base de dumping social, y continuando, por ejemplo, por el comercio de armas. En lugar de vincular las políticas de cooperación a cláusulas de policía de fronteras, como sucede hoy en buena parte de los Convenios bilaterales (Marruecos, Mauritania o Nigeria son sólo tres ejemplos), se debería vincular a cláusulas de buenas prácticas en standard de democracia y derechos humanos. 
  2.  El control de fronteras. Por supuesto, no se trata de proponer la abolición de las fronteras y de los controles. El objetivo es ordenar los movimientos migratorios, conforme a marcos legales acordados (negociados) por las dos partes –ni dictados unilateralmente en beneficio nuestro–, para que la inmigración sea en lo posible fruto de una decisión libre y no como sucede una decisión nacida del estado de necesidad y para que las rutas migratorias no sean viajes infernales en los que se pierden miles de vidas humanas en los desiertos o en el mar y son sometidas a todo tipo de violaciones de derechos por las mafias y por las fuerzas policiales o parapoliciales que en no pocos casos sostenemos con complicidad culpable los europeos (el caso de la guardia costera libia es paradigmático). Como vengo insistiendo desde hace meses, el Draft zerode febrero de 2018 del Global Compact on Safe regular and orderly migration, puesto en marcha desde la secretaría general de la ONU, con el Alto Comisionado para Refugiados y el Alto Comisionado de derechos humanos y que debe aprobarse este año (en la discusión que ha habido hasta ahora la participación activa oficial española ha brillado por su ausencia), al igual que el Global Compact on Refugees ofrecen no pocas pistas al respecto.
  3. Los programas de acogida, acomodación y permanencia. Este tercer pilar, como es bien sabido, afecta sobre todo a las administraciones locales y –en nuestro caso– autonómicas y exige algo en lo que insiste el informe de 2017 del Defensor del Pueblo de España en su apartado de Inmigración: la urgente necesidad de retomar la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración (creada en 2006 y suprimida en 2015) para optimizar la coordinación entre administraciones y entre estas y agentes sociales, condición sine qua non del éxito de las políticas sobre la presencia estable de inmigrantes. Ello exigiría, como señalaba el mismo informe, un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) con el que la agencia atendiera al cumplimiento de sus funciones y especialmente al refuerzo financiero de las comunidades en las que se registre una mayor presencia de personas extranjeras. O bien, como he propuesto reiteradamente, recuperar el Fondo de Acogida e integración creado por el Gobierno socialista bajo presidencia de Rodríguez Zapatero y que es capital para que las administraciones municipales (y también las autonómicas) puedan hacer frente a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes. Recuérdese que en 2011, con el propio Gobierno Zapatero, sufrió un recorte brutal y fue simplemente eliminado de un plumazo por el Gobierno Rajoy en 2012. 

Es decir, la globalidad del fenómeno migratorio que, como gusta de repetir el profesor Joan Romero, es un hecho de trascendencia geopolítica de primer orden, exige un tratamiento internacional. Es ilusorio pensar, por mucho que insistan en ello los Gobiernos europeos lanzados a la pendiente resbaladiza del populismo (que no son sólo los del grupo de Visegrad: se suman entusiastas Austria, Italia, Bélgica, Dinamarca y una parte del Gobierno alemán, con la hipócrita connivencia de Macron), ningún Estado europeo, menos aún los de la ribera norte, puede gestionarlo por sí solo, como es ilusorio pensar que hay fronteras sólo italianas, griegas o españolas, tal y como recordaba pertinentemente el ministro Borrell. 

 

10 Medidas a corto plazo.

Todo ello debería conducir a muy corto plazo, es decir, en este mismo mes,  a un conjunto de medidas entre las que podríamos destacar las siguientes:

  • Reelaborar un Plan de ciudadanía e integración para la inmigración, que contara con la experiencia –por ejemplo, de la Comisión parlamentaria para Inmigración y Ciudadanía con acreditada experiencia en Canadá- y que recuperara el papel del viejo Foro para la integración social como espacio de participación de ONGs y Asociaciones, en el que deben estar presentes los inmigrantes.
  • Recuperar ese Fondo de Acogida e integración al que me he referido ya.
  • Priorizar el interés del menor y con ello la consideración y trato a los MENAS (Menores inmigrantes no acompañados). Suspender las instrucciones de fiscalía y policía que exigen la prioridad de pruebas biométricas de establecimiento de edad, que carecen de fiabilidad científica.
  • Redefinir los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, principalmente en las ciudades de Melilla y Ceuta y revisar la existencia de los CIE, sustituyéndolos por instituciones acordes con la exigencia de la legalidad constitucional e internacional.
  • Desatascar los procesos de concesión de nacionalidad (en este momento, 400.000 expedientes.
  • Desatascar los procesos de solicitudes de asilo más de 40000 pendientes a día de hoy-  que dejó sin resolver el Gobierno Rajoy.
  • Suspender de inmediato las medidas ilegales de devolución en frontera, sin esperar a la derogación de la Ley Mordaza.
  • Derogar el RD 16/2012 que acabó con la sanidad universal y en particular redujo las prestaciones sanitarias a inmigrantes irregulares a mínimos inaceptables (sólo atención de urgencia y a mujeres embarazadas).
  • Es urgente asimismo establecer un plan coordinado y estable para la acogida en costas: desde enero de 2018 la situación en Andalucía está desbordada. En el momento de redactar estas líneas, mientras la mirada está puesta en los 629 ocupantes del Aquarius, en el Polideportivo de Tarifa a duras penas pueden acoger a las casi 800 personas a las que se ha rescatado del mar esta semana.
  • Considerar la oportunidad de un proceso de regularización que, probablemente, no involucraría a más de 80000 o quizá 100000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular (mal llamados ilegales) y los incorporaría a trabajos legales y a la Seguridad Social.

 

Evitar falacias y trampas simplistas

A mi juicio, detrás de todo ello está la necesidad de definir un modelo claro y coherente, que se aleje de la falaz alternativa entre buenismo moralista irresponsable de un lado y de otro, del crudo pragmatismo que, en aras de las dificultades políticas internas y europeas y de los riesgos del populismo y la supuesta incomprensión de la mayor parte de la población de una pedagogía de la complejidad, olvida la prioridad del cumplimiento de obligaciones jurídicas como condición sine qua non de legitimidad y aun de eficacia.

No, no es cierto que, como nos dicen en el abundante universo de simplistas politólogos armados de una lectura elemental –raquítica– de Weber (sé que hay politólogos muy cultos que hasta leen historia, filosofía política y jurídica y Derecho Constitucional), haya que optar entre la moral de responsabilidad, la del político, y la de moral de convicción, la del moralista, la de las ONGs o los académicos encerrados en sus torres de cristal y ajenos a las duras limitaciones reales.

Tampoco es cierto que exista una “tercera vía”, la del pragmatismo compasivo que, a la imagen de esa superchería del capitalismo compasivo predicado por Reagan y reeditado por Sarkozy (al que tantas veces parece acercarse su versión ilustrada actual, Macron) nos hacía regresar al paternalismo buenoide retratado por Dickens y estigmatizado por Brel en su inolvidable Les Dames patronneuses. No. Nada de la moralina narcotizante del rebaño que fustigara con acierto Nietzsche. Déjense de tratar de engrasar con retóricas llamadas a la “ética” su manifiesta voluntad de no cumplir con obligaciones jurídicas internas e internacionales. Salgamos del paternalismo bienpensante que entiende a los refugiados como pobres desgraciados a los que premiar con unas migajas de caridad y se empeña en utilizar a los inmigrantes como piezas de la próspera industria del desecho humano, en la durísima pero certera fórmula de Bauman. Salgamos de una vez de esa contradicción que supone vivir obsesionados por el cumplimiento del dogma de las décimas en el déficit, mientras violamos a gusto, día sí y otro también, deberes jurídicos elementales consagrados en Convenios y en leyes propias de nuestro ordenamiento, del Convenio de Derecho del mar de Montego Bay o el Convenio SOLAS a la Convención de los derechos del niño, o la ley orgánica de protección del menor.

Cumplir con los primeros deberes jurídicos, que nos obligan al respeto y garantía de derechos humanos, no es una opción. Es lo que nos permite sentirnos parte de una civilización o engrosar las filas de la barbarie que no queremos reconocer en el espejo.

EL EN VALENCIA. ¿DE LA EMOCIÓN A LA POLITICA, PASANDO POR LA ESPERANZA? (El País, Valencia, 18 de junio de 2018)

No es por chauvinismo si digo que ningún otro ciudadano europeo ha podido vivir la experiencia del buque Aquarius como los ciudadanos de la Comunidad valenciana. Es difícil que otros hayan experimentado el cúmulo de emociones que hemos vivido los valencianos durante esta semana, para culminar en el domingo, cuando de madrugada arribaba a nuestro puerto la primera de las tres naves de la flotilla, el Dattilus. En ese momento se ha hecho cierto que Valencia dejaba de ser conocida como sinónimo de corrupción rampante, para aparecer en los principales diarios y medios de comunicación de medio mundo como sinónimo de solidaridad efectiva. Menudo cambio!

Nadie que haya seguido de cerca el asunto puede negar que la iniciativa de cumplir con un deber jurídico elemental, el de conducir a un puerto seguro                                                                                                  a 620 náufragos rescatados de la muerte, nace de aquí: del Ayuntamiento de Valencia (Barcelona también se ofreció) y de la firme decisión del Govern del Botànic de asumir ese deber que, además, es una exigencia básica del principio de solidaridad y del respeto a la vida. Desde el primer momento, al menos hasta donde conozco el proceso que se vivió, el President Puig y la Vicepresidenta Oltra dejaron claro que mantenían el mismo empeño que les llevó a intentar en su día el rescate de refugiados en islas griegas, un ambicioso proyecto para el que la Vicepresidenta dispuso un completo operativo que fue frustrado por el Consejo interadministrativo que coordinaba la Señora Sáenz de Santamaría, la “señora no”. El empecinamiento del Gobierno Rajoy consiguió que España no cumpliera ni el 10% del compromiso de reubicación de refugiados que se había comprometido a aceptar (poco más de 17000), incumplimiento que produjo no poca vergüenza entre los ciudadanos.

Las gestiones del Govern del Botànic fueron bien acogidas por el gobierno Sánchez, que vió en ello una excelente oportunidad de enviar a Europa y al mundo un mensaje positivo de presentación del propio Gobierno y de nuestro país, en un momento de repliegue xenófobo de buena parte de las coaliciones de Gobierno en Europa en las que están presentes partidos de derecha y aun de extrema derecha (de Finlandia a Dinamarca, Bélgica, Austria o Italia, y ahora la difícil perspectiva interna de los demócratas cristiano alemanes, además de los países del grupo de Visegrad). Eso sí, con la advertencia de que se trataba de una medida excepcional, humanitaria, que no suponía un cambio en modelo de política migratoria y de asilo y en la aplicación tout court de la legislación de extranjería.

Con la ayuda de abogados en extranjería, profesores y expertos de ONGs dedicadas a la inmigración y asilo, el Govern del Botànic insistió en conceder a los naúfragos del Aquarius el mayor standard de protección posible (obviamente, no se podía reconocer a todos indiscriminadamente el derecho de asilo) y así corregir la evidente contradicción en la que incurrían algunos altos representantes ministeriales que admitían públicamente que una parte de los rescatados a los que el Gobierno de España invitaba a venir a Valencia, serían expulsados y transferidos a CIE. El Govern preparó un dispositivo que aprovechó la inmensa respuesta de solidaridad de agentes de la sociedad civil y simples ciudadanos y en una decisión que le honra, renunció a obtener rédito político inmediato mediante recepciones oficiales a los pasajeros del Aquarius, al transferir todo el protagonismo a los afectados y a los servicios multidimensionales de atención y acogida (traductores, personal sanitario, asistencia jurídica y psicosocial, étc).

Al mismo tiempo, vivíamos como una contradicción las noticias de la llegada a las costas de Tarifa y Cádiz de un millar de personas, en poco más de 24 horas, la mayoría de ellas rescatadas del mar, y la perdida de 40 vidas humanas en el Cabo de Gata: los puertos, los polideportivos, las comisarías, aparecen desbordadas, en un clima de cierta frustración que contrastaba con nuestro entusiasmo y aun orgullo.

Ahora es el momento de pasar de la emoción del rescate, a la adopción de medidas concretas que conviertan de verdad las políticas migratorias en un factor positivo para todas las partes implicadas. Es el momento de impulsar otro modelo de gestión de los desafíos y oportunidades que encierran las migraciones, cuando el FMI nos acaba de recordar, por ejemplo, que España necesita no menos de 5 millones de inmigrantes si quiere mantener su Estado de bienestar. Políticas de esperanza, mensajes que superen esa concepción de necropolítica que son ahora las medidas de los Gobiernos europeos. Dispositivos realmente europeos (ningún Estado puede gestionar por sí solo las migraciones), que inviertan en democracia, derechos humanos y desarrollo en los países de origen, que organicen un sistema coherente y suficiente de acogida en costas, que no abandonen a su suerte ni a los Ayuntamientos y comunidades a los que arriban inmigrantes y refugiados, ni tampoco a los países a los que la geografía nos ha situado en la condición de primer destino de esta movilidad. Pasemos del impulso espontáneo de compasión a la organización racional de deberes y derechos.

EL RESPETO AL DERECHO, LINEA ROJA ENTRE CIVILIZACIÓN Y BARBARIE (A propósito del caso “Aquarius”), Infolibre, 12 de junio de 2018

La trampa del paternalismo asistencialista, del “humanitarismo”

El Gobierno italiano, a impulsos del xenófobo ministro Salvini decidió ayer cerrar los puertos para impedir que atraque el buque Aquarius (fletado por MSF y SOS Mediterranée) con 620 naúfragos, que no son sólo inmigrantes, pues habrá quienes puedan y deban solicitar asilo. De ellos, más de cien menores.

Unos y otros, como tales naúfragos, están protegidos por los principios básicos del Derecho internacional del Mar reconocidos en el Convenio de Montego Bay, que impone deberes jurídicos a todos los Estados (todos los de la UE lo son), empezando por el de protección de la vida. Esos principios jurñidicos obligan a llevar a los naúfragos a puerto seguro, al más cercano: Malta e Italia violan es criterio básico de legalidad del Derecho internacional del mar. No hacerlo efectivo, como he denunciado reiteradamente basándome en las tesis que el filósofo Achille Mbembé ha elaborado a partir de la concepción de <biopolítica> de Foucault, es la demostración de que el espíritu de las políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Gobiernos es el de la <necropolítica.>.

Unos y otros son titulares de derechos humanos y fundamentales reconocidos por el Derecho internacional de los derechos humanos a toda persona, y que obligan a los Estados bajo cuya soberanía territorial se encuentren

Los inmigrantes y solicitantes de asilo son titulares de derechos específicos reconocidos en los respectivos instrumentos internacionales que obligan todos los Estados parte en esos Convenios (Convención de derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias de 1990; Convención de Ginebra de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1976)

Los menores, son titulares de derechos de acuerdo con la Convención de derechos del niño de la ONU que impone deberes correlativos a los Estados parte (todos los de la UE lo son). En la mayor parte de los Estados, hay leyes como nuestra L.O. de protección del menor que dejan claro este principio jurídico prioritario: garantizar el interés del menor. Recientemente, en noviembre de 2017, los Comités ONU de derechos del niño y de derechos de los trabajadores inmigrantes han emitido dos observaciones generales que los Estados parte (todos los de la UE lo son) deben conocer y tener en cuenta.

No se trata, pues, de ser humanitarios o caritativos. No se trata de elegir entre el demagógico buenismo y el pragmatismo que nos impone la limitación de nuestras capacidades y recursos. Aquí está en juego la decisión de cumplir con deberes jurídicos elementales o saltárnoslos, cuando sus titulares no son considerados seres humanos iguales a los europeos, de acuerdo con la célebre sentencia del cerdo Napoleón en Rebelión en la granja: todos los animales son iguales, sí, pero unos más iguales que otros. ¿Cómo comparar a un finés, danés, belga o francés, incluso a un catalán o murciano, con una gente que viene de Nigeria, Mali, Eritrea o de dios sabe dónde?

Que quede claro: esta decisión es tan simple como la de cumplir o no con las obligaciones legales. Como la de pagar o no impuestos, pagar por una mercancía que nos gusta, o no comprarla, o robarla. Ayudar a una persona en peligro de muerte (si eso no comporta el mismo riesgo para uno mismo) o abandonarla a su suerte. Comprometerse a un pacto y decidir que ahora no queremos cumplirlo o arrostrarlo cuando nos es incómodo, porque sin la observancia del pacta sunt servanda no hay convivencia posible.

 

Principios claros para abordar problemas complejos

Por supuesto que, debido a la enorme complejidad de la gestión de los movimientos migratorios y de refugiados, cumplir con esos deberes no es un asunto fácil. No está al alcance de un solo país. Y los ribereños del Mediterráneo (Grecia, Italia y también España) nos encontramos en primera línea de la dificultad. A buenas horas nos enteramos! Pero de lo que se trata es de que los modelos, las políticas migratorias y de asilo, tienen una línea roja que no debemos traspasar. Y lamentablemente parece que no es ese el empeño de buena parte de los Estados de la UE. No sólo los “malos”, los más extremistas en sus posiciones xenófobas, esto es, los cuatro del Grupo de Visegrad, Polonía Hungría, Chequia y Eslovaquia. El número de los que apuestan por este giro es cada vez mayor: Italia, Austria, Dinamarca, los Países Bajos, la coalición de gobierno en Bélgica (por la presencia del ultraxenófobo N-VA, gran defensor, eso sí, de los derechos del Sr Puigdemont): Todos ellos se suman al intento de olvidar la línea roja, en aras del pragmatismo y parecen derivar hacia los extremos más rechazables del modelo australiano.

Volvamos a la historia del Aquarius. No es nueva. No evocaré aquí los casos de buques como el St Louis o el Stanbrook, en el contexto de la guerra mundial y de nuestra guerra civil.  Por hablar de precedentes más próximos recordaré un par de casos. En 2017 L’Espresso publicó una conversación telefónica ocurrida en 2013, en la que las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque Malta e Italia no se ponían de acuerdo (http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/01/news/naufragio-dei-bambini-una-telefonata-dimostra-che-la-marina-mente-1.303080 ). Pero hay que ir más atrás. Por si no lo recuerdan, en agosto de 2001 la prensa (https://elpais.com/diario/2001/08/29/internacional/999036015_850215.html ) contaba la historia del buque noruego Tampa, que cargó a más de cuatro centenares de refugiados afganos que habían naufragado cerca de un puerto indonesio. Ni Indonesia ni Australia querían hacerse cargo. Finalmente, en septiembre, la armada australiana los llevó hasta Nueva Zelanda y a las islas de Manus (Papúa) y, sobre todo, Nauru, una “república” bajo control australiano, a la que convirtió en isla-cárcel para refugiados y que tuvo que cerrar en 2009 ante las denuncias de a ONU, pero que ha reabierto y sigue funcionando como tal. La política australiana se orienta sobre todo a disuadir a los refugiados de intentar llegar a Australia (www.smh.com.au/politics/federal/no-advantage-will-test-labor-policy-20121112-298fx.html), pese a las críticas crecientes que denuncian que ese modelo incumple principios básicos de Derecho internacional de refugiados, como han señalado J.Hathaway y D. Ghezelbash (https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/31/theres-a-workable-alternative-to-australias-asylum-policy ).

Ese parece el modelo que una parte de los Gobiernos europeos quiere recuperar, hacer imposible que los solicitantes de asilo y los inmigrantes no queridos lleguen a suelo europeo. Para ello, se trata de externalizar los campos de retención de inmigrantes y solicitantes de asilo, llevarlos a países fronterizos con al UE (Albania, Macedonia: www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2016/03/19/macedonia_centinela_las_fronteras_exteriores_ue_46621_1044.html) o, mejor, al sur del continente europeo (Marruecos, Mauritania, Libia…). Ya lo intentó el Gobierno Aznar en el Consejo extraordinario de Sevilla de 2002, aunque la oposición de Francia y Suecia lo frustró. Lo intentaron Berlusconi y el propio Sarkozy. Lo acaban de proponer algunos ministros de Justicia e Interior que han bloqueado la semana pasada en Sofia la iniciativa de la presidencia búlgara de la UE para relanzar la revisión del Reglamento de Dublín y así amenazan con vaciar de contenido el sistema común europeo de asilo (SECA).

Sin duda, organizar una respuesta eficaz que no renuncie a la condición sine qua non del respeto a los derechos humanos, requiere otras políticas migratorias y de asilo, que asocien a las sociedades civiles de todos los países implicados (más incluso que a sus Gobiernos, como ha explicado reiteradamente Sami Nair) en acuerdos focalizados en el desarrollo humano de los países que generan los flujos de movilidad migratoria, que reúnan desarrollo, democracia y derechos. El Global Compact for Safe, orderly and regular migration que impulsa la ONU https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf), junto al Global Compact on Refugees https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact ), ofrecen buenas pistas. El Gobierno Rajoy ha estado de perfil sobre este proceso. Espero que el Gobierno Sánchez haga más que gestos simbólicos y algún nombramiento mediático. Que empecemos por el compromiso claro y consecuente con el respeto de los derechos, del Derecho, que es la barrera que separa civilización y barbarie

Para empujar a tomar decisiones contamos con la reacción ciudadana, que ha comenzado por las autoridades municipales (Ayuntamientos de Nápoles, Palermo, Messina, Reggio Valencia, Barcelona) y autonómicas o regionales, las más próximas a los ciudadanos, para poner a salvo a esas personas. En el momento de redactar estas líneas recibo la buena noticia de que, de nuevo, el Gobierno del Botánic de la Comunidad Valenciana, a través de la iniciativa de su Vicepresidenta, la incansable Mónica Oltra, con la colaboración del Ayuntamiento que encabeza Joan Ribó (inequívoco en su apoyo a los refugiados), de Balearia, de la Autoridad del puerto de Valencia, y el acuerdo del Gobierno Sánchez, ha preparado todo para que esas 629 personas puedan encontrar refugio en Valencia. Mónica Oltra (con el respaldo del President Puig) ya propuso una solución a casos similares en los peores momentos de la llegada de refugiados sirios a Grecia. La Vicepresidenta Sáenz de Santamaría bloqueó esas iniciativas y sabemos el magro resultado de la política de reubicación de refugiados en España (no llegamos al 10%). Ahora, el espíritu del Botánic consigue la sintonía del Gobierno Sánchez en La Moncloa.

Esta vez, sí. Los ciudadanos –comenzando por los de Valencia- podemos sentirnos orgullosos de nuestros gobernantes. Es una solución particular para un problema urgente y concreto, pero demuestra que si se tienen claros los principios y una firme voluntad política, otras políticas migratorias y de asilo son posibles.