NI MANADA, NI REBAÑO

 Es imposible ignorar el alcance social -una conmoción- de la Sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el denominado “caso manada”, en el que se ha condenado a 9 años de prisión por “abusos sexuales” a los autores de lo que Según el relato de hechos de la propia Sentencia podría ser interpretado como una agresión sexual por parte de cinco hombres a una joven de 18 años, que incluía múltiples violaciones, en circunstancias que ponen en duda muy seriamente que no haya habido intimidación (incluso violencia física) y desde luego, parecen evidenciar ausencia de consentimiento.  Recordaré que se habla de “manada”, por el apelativo con el que se presentaba a sí mismos en las redes sociales los autores,  cinco amigos que presumían de “hazañas sexuales” documentadas mediante videos y fotos y por las que están aún pendientes de otras imputaciones.

Se ha podido comprobar la magnitud de la reacción en la calle: manifestaciones en la principales ciudades españolas bajo lemas como “no es abuso, es violación”, “no es no”, “sólo sí es sí”, “Hermana, Yo te creo”, “No sufras hermana, aquí está tu manada”, “nosotras somos la manada”.

Frente a quienes ponían el foco en la falta de coherencia entre el relato de hechos y el fallo, esto es, en la incomprensible interpretación llevada a cabo por el tribunal (n mayoría: hay un voto particular que justifica la absolución al entender que los hechos prueban que hubo consentimiento y que no había ningún tipo de intimidación o violencia), pronto se multiplicaron las tomas de posición sobre la necesidad de revisar el fundamento normativo, esto es, la tipificación en el código penal vigente (desde la reforma de 1995) de los delitos sobre abusos y agresiones sexuales: los criterios que permiten interpretaciones dispares de los hechos, para calificarlos como abusos o como agresiones sexuales (en función de la existencia de consentimiento y de intimidación o violencia) y no pocos han exigido la revisión de esa tipificación establecida en 1995. Así se han manifestado algunos jueces, fiscales, partidos políticos…y miembros de ejecutivos locales, autonómicos y aun del propio Gobierno del Estado.

Tampoco se puede dejar de llamar la atención sobre una escalada de descalificaciones que pasó desde  los jueces del tribunal,  a los jueces en general y aun a la justicia. Los argumentos utilizados abarcan desde la crítica a la falta de formación en género y en violencia de género entre los jueces y magistrados, a las tesis que entienden que ésta es una sentencia  «del patriarcado judicial «, del «patriarcado juridico», o, sin más «del patriarcado» (nótese la gradación), contra las mujeres (en general), porque exige una resistencia cuasi heroica (un riesgo de muerte, en definitiva) para entender que hay violación, y que supone una inversión del principio de inocencia respecto a las mujeres víctimas de agresiones sexuales o más allá, y de ahí deducen que es inválido un sistema de justicia basado en el patriarcado y que no sirve para defender a las mujeres. Se ha llegado a decir que los jueces no deben poder interpretar este tipo de hechos y parece que para esos manifestantes y para algunos periodistas que jalean la exposición  en la picota pública de los nombres de esos magistrados (así, M.Domínguez, C.Francino, I.Lafuente que, a mi juicio, han quedado descalificados como profesionales y no sé si son conscientes de su gravísima irresponsabilidad), resultaría preferible la <justicia de la calle>, eufemísticamente denominada “el pueblo” o “las mujeres”, a la justicia de los tribunales. Así, no pocos periodistas y políticos han sostenido que «la calle estaba dando una lección a una justicia machista y obsoleta». Se ha lanzado una iniciativa popular de firmas para cesar y sancionar a los jueces, una iniciativa respaldada en menos de 48 horas por más de un millón de firmas, iniciativa que parece ignorar la existencia de recursos contra la sentencia (la fiscalía, la defensa y la acusación han anunciado esos recursos) y lo que establece la legalidad vigente, sobre las condiciones de las sanciones disciplinarias a los jueces.

Por mucho que discrepe del fallo del tribunal navarro, me asusta lo que considero demagógica irresponsabilidad de esos periodistas (incluso de algunos/as de los que siempre he considerado periodistas de referencia) que llevan 2 días animando al linchamiento de jueces.

Por mucho que discrepe del fallo del tribunal navarro, me espanta el espectáculo de masas enardecidas.  Al principio, me repugnaba que se autodenominasen «manada», pero cada vez más me parece que sí, que actúan como manada, porque se comportan como auténtico rebaño, enardecido por consignas simplistas y, a mi juicio, las más de las veces, demagógicas.

Lo que niego es que alguien pueda reivindicar como idónea la presentación de seres humanos como manada

Lo que niego son los apriorismos, “la víctima siempre tiene razón”, “las mujeres siempre son víctimas”, etc, que harían innecesarios los juicios, los jueces y los tribunales

Lo que niego es que sea preferible la justicia de masas, o la justicia de la calle, de rebaño, a la justicia de tribunales

A ver si queda claro: nunca, nunca, nunca hay que dar la razón a ciegas. Ni a jueces, ni a fiscales, ni a víctimas, ni a profesores, ni a nadie, porque eso no es razón. Y si renunciamos a la razón volvemos a la selva, en la que gana el más fuerte o el que consigue manipular a las masas.

Por supuesto, las sentencias y decisiones judiciales pueden y deben ser criticadas: es un derecho, el de libertad de expresión, como el de manifestación, que no pueden negarse sin grave detrimento de la legitimidad. Todos los que entienden que la sentencia es equivocada deben poder expresarlo y manifestarse en contra si quieren.

Por supuesto, entiendo, como me ha hecho ver una colega y amiga antropóloga, que este no es un debate que deba ser monopolizado por criterios técnicojurídicos, porque su fondo es de carácter político radical: el modelo de relaciones entre hombres y mujeres, el modelo de igualdad y respeto, la necesidad de revisar  sí, tradiciones, prácticas, normas e instituciones que trasladan la ideología del patriarcado, un debate ciudadano, pues.

Pero ese debate no puede llevarnos a arrojar con el agua sucia los principios básicos del garantismo y del Estado de Derecho que supusieron y suponen un enorme avance civilizatorio. Y creo que en una parte de la reacción popular y de algunos profesionales de la comunicación se ha alcanzado este riesgo.

Y déjenme que añada: yo no quiero que me juzguen manadas ni rebaños guiados por fe ciega.

Como me parece importante el debate, he reunido tres post que me parece que hacen posible una discusión con buenos argumentos:

Sexo, violencia y cintas de video, del iusfilósofo Pablo de Lora (Univ Autónoma Madrid)
http://almacendederecho.org/sexo-violencias-cintas-video-p…/

Violación en manada, del penalista Joan Carles Carbonell (Univ. de Valencia)
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5396

Sobre el consentimiento sexual (y algo más), de la constitucionalista y especialista en estudios de género Concepción Torrres (Univ Alicante)
http://agendapublica.elperiodico.com/consentimiento-sexual…/