Reflexiones de viernes santo 2018 en España: para una política de laicidad

En Irlanda, que rivaliza con España y Polonia en el peso de su identidad católica, el viernes santo de hoy evoca el nacimiento de la posibilidad de una nueva política, por el acuerdo alcanzado en Belfast hace ahora casi exactamente 20 años.  Sin embargo, en nuestro país, las anécdotas vividas en la semana de pasión que culmina hoy, viernes santo, parecen evocar más bien la permanencia de hábitos y principios de una vieja política. Esto es lo que me preocupa, no las anécdotas de himnos, legionarios, banderas y ministros, sino la categoría que subyace.
Para salir de esa vieja política, necesitamos lo que el profesor Rodríguez Uribes, en su libro <Elogio de la laicidad>, llama “política de laicidad”.
Política de laicidad porque ésta, la laicidad, no es un rasgo adjetivo, sino una condición de la democracia, más aún en sociedades crecientemente multiculturales y cada vez más marcadas por la tenencia a la desigualdad y la exclusión.
Política de laicidad como rebelión activa contra el fanatismo y su “tejido de aberraciones” del que hablara H Bergson.
Política de laicidad entendida como base de la emancipación ciudadana y garantía de respeto para todas las personas en igualdad, de la igualdad de género a la libre opción sexual, a la libertad de expresión, de crítica, en suma, al despliegue de todas las potencialidades de cada uno, para desarrollar el propio proyecto de vida y también ese proyecto común que es la política, sin dogmas, tutelas o autoridades irracionalmente impuestas.

Nuestro contexto exige imperiosamente la imperiosamente trabajar por un espacio público laico, en el que no sólo se respeten todas las opciones de conciencia – religiosas o no – sino en el que, además, ninguna tenga privilegio alguno respecto a las demás, garantizando la neutralidad del Estado ante las opciones de conciencia de su ciudadanía.

No ignoro que el error de cierta tradición de la laicidad, como advierte con buen juicio el profesor Rodríguez Uribes, es confundir el proceso de secularización propio de la democracia laica con la pretensión de desaparición, o, para ser más rigurosos, de absoluta irrelevancia (incluso por la vía del menosprecio) del hecho religioso en el espacio público. Creo que algo de eso se advierte en debates que han reverdecido por ejemplo a propósito de los cambios introducidos en esta etapa reciente de “democracia municipal” (tras las última elecciones municipales en España) caracterizadas por el hecho novedoso de que la gestión de una parte importante de las ciudades está en manos de coaliciones políticas en las que la izquierda tradicional (PSOE, IU) gobierna en coalición con fuerzas renovadoras (Podemos, Mareas, En común, etc) o incluso se ha visto superada por ellas y que se caracteriza por prácticas (algunos las califican de política de gestos) de reivindicación precisamente de la laicidad, frente a usos anteriores que eran incompatibles incluso con la aconfesionalidad.

En ese sentido, coincido con la tesis del profesor Rodríguez Uribes de que debe reconocerse que el objetivo de una política de laicidad no debe confundirse con lo que podríamos llamar enfermedad o fase infantil del laicismo. Y ello pese a que creo que esa fase, caracterizada por la pretensión de ecraser l’infame, de erradicar no sólo esa ilegítima interferencia en lo que es la noción de autonomía del demos, sino su presencia social, es perfectamente comprensible como reacción frente al insoportable e indebido peso de ciertas iglesias en la vida pública, como es el caso de la Iglesia católica en España. Y si lo creo es, entre otras razones, porque, como enseñara con rigor Emile Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa, esa pretensión es un error desde el punto de vista de la comprensión de los procesos sociales.

Así pues, me parece que puede convenirse que la laicidad como principio de gestión de la libertad de conciencia, pensamiento y religiosa en las sociedades de la diversidad profunda, está reñida con la ignorancia o, para ser más claro, con la voluntad de ignorar el carácter relevante del hecho religioso como constitutivo de nuestras sociedades. Pero, en todo caso, convengamos también en aceptar que la laicidad no puede ser una apuesta asimétrica, pues se desvirtúa entonces el principio indisociable de igualdad del que emana y al que está asociada la apuesta laica.

Aceptemos además que hoy la laicidad no se puede reducir ni al principio de neutralidad del estado respecto a las ideas de bien, ni al de a la separación de las iglesias y el Estado. Por esa razón, como se ha insistido, en la reflexión de conjunto se hace necesaria una visión más vinculada a las organizaciones y a los activistas sociales, una perspectiva que, sin abandonar el marco y las ambiciones teóricas, se encuentre más cerca de lo que podríamos denominar la acción social, la apuesta por esa dimensión pública no institucional que es el campo de acción de los agentes de la sociedad civil.

Si el espacio público es el lugar de encuentro de toda la ciudadanía en igualdad, para que esa igualdad sea real, sobre la base de los derechos humanos, las prácticas religiosas y el trato a las confesiones, debe pasar por la estricta neutralidad del Estado. De otra manera, estaríamos reclamando a la nueva ciudadanía un compromiso con la laicidad que no se practica ante las religiones mayoritarias de las sociedades de acogida.

 

SOBRE EL AUTO DEL MAGISTRADO LLARENA (TS) DE 23 DE MARZO DE 2018, DE PROCESAMIENTO DE DIRIGENTES DEL “PROCÉS”

El auto del magistrado Llarena de 23 de marzo de 2018 por el que se abre procesamiento a exmiembros del Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, a líderes parlamentarios y a dos representantes de dos organizaciones de la sociedad civil (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) es un escrito de 70 páginas, lleno de notas y referencias, que no me parece sencillo de leer en un día.

Exige -y merece por su relevancia- un examen detenido, sin los prejuicios de quienes, sin leerlo, glorifican a su autor como el Cid Campeador, pero tampoco de quienes, sin leerlo, lo estigmatizan como un grosero  prevaricador reaccionario.

La glorificación es la posición propagandística, que no informativa ni aun siquiera de opinión crítica, adoptada por la mayor parte de los periódicos en papel de gran difusión nacional, desde Madrid, así como por importantes medios de comunicación -en particular la televisión pública, TVE-  y por buena parte de las radios.

La descalificación feroz es la posición también -a mi juicio- apriorística y de propaganda, en la que se embarcan los medios vinculados al independentismo (notablemente TV3, Ara, etc) y tal y como lo hace de la forma más grosera -a mi juicio- el programa Polonia (TV3) del que he sido ferviente seguidor y que me parece que ejerce ya casi sólo unilateralmente como una mala versión de La Traca, contra todo lo que “proceda de Madrit”. Por cierto, descalificación grosera y generalizada que afecta también a todo aquel que sea magistrado del TC, condición que según el programa en cuestión, ineludiblemente supone ser una especie de palmero descerebrado del Gobierno Rajoy, ignorando la pluralidad jurídica e ideológica de sus magistrados. Otra cosa es la necesidad imperiosa de establecer otro procedimiento de elección de los miembros del CGPJ, de los altos cargos de los altos tribunales de justicia y, desde luego, de los magistrados del TC, que no puede seguir tal y como se procede en este momento pues fomenta la configuración de los tribunales como correa del ejecutivo y en todo caso, de las mayorías parlamentarias

Tras estudiar este auto, mi conclusión, provisional, y a salvo del mejor criterio de compañeros constitucionalistas, procesalistas y penalistas, es que todo el peso argumentativo (desde el relato de hechos a los fundamentos jurídicos), que se encamina a construir la verosimilitud de la atribución de un delito de rebelión, tiene elementos verosímiles de lo que quizá habría que calificar, más bien, como <conspiración para la sedición>. A mi juicio, esto sería más razonable incluso que la <conspiración para la rebelión>, que es la calificación penal a la que apuntaba la decisión de la Sala de Admisiones del TS de 30 de octubre de 2017, que precisamente encargaba la instrucción al magistrado Llarena, al señalar que, en todo caso, podría tratarse de conspiración para la rebelión, “al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”. La Sala señalaba asimismo que es en la instrucción y no en la admisión cuando hay que dilucidar esta diferencia.

Este es un punto capital. Y, a mi juicio, pese al esfuerzo de reconstrucción de hechos en el que se da cabida insistentemente a la omnipresencia relevante del elemento de violencia, condición sine qua non del tipo de rebelión, que es interpretada como mínimo de forma muy objetable (con algunas referencias a mi juicio muy desafortunadas como por ejemplo, la metáfora  de los tiros al aire de la entrada de Tejero y los suyos en el Congreso), no resultan ni mucho menos concluyentes sobre ese particular. Y sin eso no puede haber rebelión.

Que haya habido desobediencia reiterada y aun pertinaz, me parece más que evidente y respecto a todos los procesados, que ahora no pueden llamarse a andana, cubrirse con la capa de dignidad y de justicia, como si su voluntad permanente de ignorar, vulnerar y desobedecer resoluciones judiciales y mandatos y requerimientos de los tribunales y en particular del TC (otra cosa es comulgar con la reforma que ha hecho del TC un órgano que requiere cumplimientos de conductas) fuera algo digno, inocente y sin relevancia antijurídica. No: en eso hay, a mi entender, como argumenta el auto, una presunción más que razonable de que han delinquido, como delinque todo aquel que se salta la ley y las decisiones de los tribunales. Ni ellos ni nadie (Rajoy, sus ministros, los políticos del PP, C’s o de cualquier partido) no deben estar por encima de la ley, por muy <patriotas> que sean: pueden y deben alegar que obedecían un mandato popular importante (que no el mandato de todo el pueblo: eso es radical y evidentemente falso y les desenmascara), pero aún así, como responsables políticos deben arrostrar las consecuencias de violar las leyes. 

Y añadiré, por impopular que parezca, que quienes huyen de los tribunales, como ha hecho ahora la Sra Rovira y pretenden que los tomemos por héroes sacrificados, actúan como irresponsables políticos incapaces de asumir el básico principio de coherencia con sus actos. No digamos, como egoístas insolidarios respecto al resto de procesados: nada de la dignidad del exilio republicano del 39: por no hablar del escándalo que me produce tratar de asimilarse con los refugiados que penan por el mundo, por mucho que traten de commovernos con la apelación a sus familias, hijas, o parientes, por cuya situación tengo la evidente simpatía que produce la suerte aciaga de quien se ve afectado por los comportamientos de tercero de los que no son responsables.

Me parece muy verosímil asimismo la argumentación del auto sobre la comisión de un delito de malversación. Está verosímilmente documentado el uso improcedente de fondos públicos para finalidades que no son legales, esto es,  para fines contrarios a la legalidad vigente, que es la legalidad “española”, digan lo que digan los medios independentistas: no hay “otra” legalidad. Cosa muy distinta es la legitimidad de perseguir un objetivo independentista, que es perfectamente clara desde el punto de vista constitucional: siempre que no suponga delinquir.

Sin embargo, que todo ello sea suficiente para mantener en prisión preventiva a los dos Jordis, y a los exconsellers Junqueras y Forn, no me parece suficientemente justificado tal y como lo exige esta medida procesal tan excepcional. Y mantengo mis dudas sobre el encarcelamiento incondicional del resto de los procesados, aunque a la vista de las andanzas de Puigdemont, Comín, Ponsati y luego Rovira (el caso de Gabriel no tiene relevancia penal como para dictar su ingreso en prisión, a mi juicio) es evidente el riesgo de fuga y eso puede haber influido, evidentemente, en la decisión el magistrado (otra cosa es que ignoremos que ha habido decisiones de la Sala de apelación del TS que confirman la denegación de los recursos contra el mantenimiento en prisión preventiva).

Dicho todo esto, la reflexión sobre el horizonte político en Catalunya y en España, sigue siendo un laberinto, después del fracaso de la investidura de Turull, la aparente defección de la CUP de la estrategia procesista y el inmovilismo perpetuo (perpetuum inmobile) en el que permanece encastillado –contra la más básica exigencia de la razón política democrática, pero a favor de la estrategia electoralista y del dictado del más rancio nacionalismo españolista, que fomenta irresponsablemente- el Gobierno Rajoy, por no añadir nada respecto al crudo ventajismo de C’s.

Ese es tema para una reflexión que exige tmás iempo y más análisis. Alguna esperanza podría haber en la posible fractura de la dinámica artificial pero eficaz de bloque “monárquico” (“constitucionalista” se le denomina, según el momento, auqnue mucho respeto a al Constitución no exhiben quienes la reducen a 8 artículos) frente a bloque “republicano” (“soberanista”, “independentista”). Quizá pueda aparecer la posibilidad de una plataforma común y plural en torno a la defensa de la democracia y de los derechos, pero eso si, (a diferencia a mi juicio de la escenificada en la sala del Parlament tras el debate del sábado) siempre que se acepte que esa defensa, en un Estado de Derecho, exige respeto (que no silencio de cementerio) a la ley y a las decisiones de los tribunales. Lo que no excluye el recurso a la desobediencia civil. A su vez y a mi juicio, siempre que nos pongamos de acuerdo en lo que entendemos por ella, cuando hablamos de desobediencia civil, lo que no está nada claro aquí y ahora. Más elementos de discusión, que no deberíamos aplazar.

6 de marzo: elecciones a rector en la Universitat de València

Sí: el próximo día 6 la segunda vuelta de las elecciones a rector nos ofrece una oportunidad histórica en la Universitat de València

 

A mi juicio, es la oportunidad de un cambio en serio. De empezar una etapa nueva y hacerlo desde un buen punto de partida: un candidato, un equipo y un programa que garanticen lo que es básico para que hablemso de cambio a fondo, seguro

  • Un cambio en serio, no un cambio lampedusiano. Porque no se trata de cambiar alguna persona para que siga todo igual, manteniendo un orden casi hereditario. Frente a una candidatura que díficilmente puede innovar, pues su cabeza de lista lleva en cargos de Gobierno rectoral más de 12 años y alguno de los vicerrectores más de 16, se presenta un equipo con experiencia de gestión, pero con capacidad de innovación y sin vínculos que le aten a herencias recibidas
  • Un cambio basado en el conocimiento y experiencia del día a día de la Universidad, de sus dificultades reales, con un equipo que nace desde abajo, no con un equipo que lleva 13 años mirando a la Universidad desde arriba, desde la torre de marfil de Blasco Ibáñez 13.
  • Una candidatura con políticas claras de género y mujeres expertas en temas de género, frente a otra candidatura con visión apolillada de la igualdad que, además, instrumentaliza los temas de género de forma simplista: no lucha realmente por la igualdad de las mujeres quien ahora identifica el momento de romper el techo de cristal, pero no lo hizo así en 2010 cuando se presentó por primera vez una mujer y no sólo no la apoyó, sino que formó parte de una candidatura dirigida por un hombre. Algo falla en el argumento de la Dra Mestre: no parece coherente que nos pida que la creamos ahora cuando no actuó así en 2010. Y es que lo importante para romper ese techo no es el nombre, sino que las mujeres universitarias den el salto de la igualdad. ¿O es que las seis mujeres que componen el equipo de Vicent J Martínez son menos feministas que la Dra Mestre?

 

No: esta no es una batalla entre hombres y mujeres. Es una batalla por un cambio real en la Universitat de València, un cambio que encuentra más y mejores garantías en el equipo compuesto mayoritariamente por mujeres y encabezado por el Dr. Martínez.

 

Por todo ello, animo a votar esta candidatura, la del #canvisegur

Ante los premios Oscars 2018

Desde mañana domingo, en la madrugada hacia el lunes en el horario español, conoceremos los premios Oscars de 2018.

Aquí dejo mis preferencias y mis pronósticos para algunas categorías…
Quién me gustaría que los ganara?
• Mejor película: 3 anuncios en las afueras
• Mejor director. Ch. Nolan (Dunkerque) (no está escogido como candidato Martin McDonagh, de 3 anuncios)
• Mejor actor: Daniel Day-lewis (El hilo). Pero tampoco está mal Daniel Kaluuya, Get Out

 Mejor actriz: Frances McDormand (3 anuncios)
• Mejor actor secundario: Sam Rockwell (3 anuncios), Willem Dafoe (The Florida Project) y no me importaría que lo fuera Woody Harrelson (3 anuncios)
• Mejor actriz secundaria: Leslie Manville (El hilo)
• Mejor guión original: 3 anuncios. A distancia, pero con mérito, Get out
• Mejor guión adaptado: Molly’s Game

Quién los ganará?
• Mejor película: La forma del agua
• Mejor director: G. Del Toro
• Mejor actor: Gary Oldman (el instante más oscuro)
• Mejor actriz: Sally Hawkings (La forma del agua)
• Mejor actor secundario: Richard Jenkins (la forma)
• Mejor actriz secundaria: Octavia Spencer
• Mejor guión original: la forma del agua
• Mejor guión adaptado: The Dissaster Artist

Y qué películas conviene ver, estén o no  en esa carrera?

The Party, LadyBird, The Florida Project…

Por un cambio seguro, por calidad democrática (artículo con Beatriz Gallardo, ante la 2 vuelta elecciones Rector UVEG, Levante, 1 marzo 2018)

http://www.levante-emv.com/opinion/2018/03/01/cambio-seguro-uv-calidad-democratica/1685529.html

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho

Beatriz Gallardo-Pauls, Catedrática de lingüística general

 

Como ya se ha escrito, los votantes en la segunda vuelta de las elecciones a Rector de la Universitat de Valencia se encuentran ante un dilema evidente: cambio o continuidad. Y la candidatura de Vicent J. Martínez es, claramente, la del cambio. Un cambio real, factible, serio y seguro. Para cuya defensa tenemos argumentos igualmente serios y reales, que se resumen en el que en nuestros tiempos es, probablemente, el argumento político por excelencia: aspiramos a más y mejor democracia en el gobierno de nuestra Universitat. Sin que esto signifique albergar dudas sobre la competencia profesional ni sobre la rectitud de miras de ningún candidato.

 

Para que haya más y mejor democracia es necesaria, en primer lugar, la limitación de los mandatos consecutivos en los cargos de gobierno. Por una razón sencilla: evitar los malos usos que acompañan a su perpetuación. Si eso se pide en nuestros estatutos para el Rector, ¿por qué no para los vicerrectorados y la secretaría general que le acompañan? La autonomía universitaria se basa en el ejercicio responsable del autogobierno, pero profesionalizar la gestión debe ser competencia exclusiva del PAS.

 

La experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder afecta a la transparencia y buen hacer de quien lo ejerce, como ya sabían los griegos. Es lo que asevera el dictum famoso de Lord Acton (el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente), que llama a evitar la podredumbre, el aislamiento que aleja a quien se perpetúa en cargos de los fines que perseguían inicialmente él mismo y, desde luego, quienes lo eligieron.

 

La experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder aísla y atrofia: si, como sucede, alguien lleva doce, dieciséis años lejos de los quehaceres cotidianos de la docencia y la investigación (y es normal que sea así cuando se pasan tantos años en las tareas de enorme responsabilidad de un vicerrectorado), resulta inevitable perder el contacto con la realidad universitaria. Eso, inevitablemente, impide estar de verdad a pie de obra, algo que supondría salir de Blasco Ibáñez 13, dar clase, publicar y gestionar proyectos propios y, en definitiva, mejorar el currículum con méritos que no se nutran de la propia actividad de gestión; es decir, hacer vida de facultad y de departamento. Sin duda, los largos años de ejercicio de poder proporcionan experiencia valiosa y conocimiento de la institución (qué menos), pero ese argumento se torna falaz cuando llega un punto a partir del cual esa permanencia se convierte en agnosia, en desconocimiento de la realidad que se está queriendo gobernar.

 

Sí: la experiencia demuestra que la permanencia excesiva en el poder, la “tradición” de transmisión interna de los sillones, como si hubiera un derecho natural de los vicerrectores a heredar el cargo del rector anterior (costumbre que se repite en la UV hace más de 30 años), es poco compatible con la calidad democrática y evoca una patrimonialización de la institución que la Universitat no debe seguir prolongando.

En segundo término, para que haya más y mejor calidad democrática en el gobierno de la Universitat es necesaria la disposición abierta a dar cuentas, a asumir la responsabilidad de lo que se ha decidido y administrado. Máxime cuando se pretende ser rector. Y aquí nos encontramos con otra falacia argumentativa: la profesora Mestre y su equipo no sólo han apelado a las innegables dificultades del último período de su gestión, algo que consideramos absolutamente razonable, sino que parecen proponer que aceptemos que carecen de cualquier responsabilidad individual, por ejemplo, en el modelo de precarización del profesorado (no solo de los asociados), en los desajustes del plan Bolonia, o en el estado de la plantilla de PAS. Cuando se le pide a la candidata que dé cuentas de su gestión como vicerrectora de estudios, o como vicerrectora de ordenación académica y profesorado, por ejemplo, extiende la responsabilidad a toda la comunidad universitaria, a todos los órganos y comisiones de participación y gestión. Y si se critica la actuación colegiada de la que ha formado parte, la Dra. Mestre se distancia y asegura que ella no responde de esa actuación, ni siquiera del programa de gobierno anterior, porque es “la primera vez que ella se presenta”. Ambas afirmaciones las sostuvo públicamente en su primera reunión con los profesores y PAS de la Facultad de Derecho, y las ha defendido en otros lugares. Pues bien, en uno y otro caso, eso significa no haber entendido lo que significa dar cuentas de la gestión, requisito sine qua non de la salud democrática. Como bien sabemos en la Comunitat Valenciana, sin asunción de responsabilidades y rendición de cuentas, sin disposición a la transparencia y al control, no hay buen gobierno.

 

Por eso estamos convencidos de que necesitamos el cambio que representa la candidatura de Vicent J Martínez. Para, entre muchas otras cosas, mejorar la calidad democrática en el gobierno de nuestra Universitat.