“Los ciudadanos no nos merecemos ésto”, Cartelera Turia 2082, 12/10/2017

 

 

 

En democracia, los ciudadanos somos el soberano. Los políticos, empleados que nos deben dar cuenta. Para hurtar esa responsabilidad, con frecuencia, nos marean con retóricas vacías, cuando no tratan de engañarnos diciendo una cosa y la contraria a la vez. Peor, por supuesto, es que en lugar de gestionar los intereses de la mayoría dentro del respeto a los derechos básicos de las minorías, nos den gato por liebre y gestionen lo público a favor de intereses minoritarios o incluso particulares. Y el escenario se vuelve disparatado si ponen en peligro la paz social. En esta semana –desde luego, mucho antes también- ha habido, a mi juicio, numerosos ejemplos de esa amplia gama de fraudes por una parte de nuestros empleados.

El más grave, a mi entender, el que ejemplificó el martes10 el Sr Puigdemont. Vencido por la fuerte oposición de la clase empresarial y financiera, por la ausencia de apoyo internacional (el mazazo de Habermas en l’Express es durísimo), finge hacer la presentación de la Declaración de independencia ante el Parlament y proponer que se suspenda su entrada en vigor. Pero se impide que se vote, para no evidenciar la división interna. Luego se firma la declaración por los diputados, pero no en el hemiciclo del Parlament ni se somete a votación. Ergo no ha habido nada y se ha impedido al Parlament decidir nada. No hay nada que suspender o diferir, porque, que se sepa, no hay una declaración con fuerza normativa.

No es pequeña, no, la irresponsabilidad de Rajoy y sus ministros (SSS, Zoido y Catalá al frente), su negativa a plantear alternativas y reconocer la realidad de unamayoría de catalanes que quiere ser consultada y un tercio largo que desea la independencia. Ahora bien, no cabe negociación ni diálogo sin un marco común y si ese marco no es la Constitución, ¿cuál es? Porque según Puigdemont su marco legal es la Ley de Transitoriedad. En eso Rajoy no debe ceder: si el Govern no renuncia a su marco ilegal, no cabe negociación.

Lugar destacado merecen finalmente los que considero sobre todo caraduras que dicen sí y no, o se niegan a decir a los ciudadanos qué piensan y votan, y después de apoyar una posición minoritaria, se apartan del punto de partida común (el Estado de Derecho, la Constitución, reformable, pero siguiendo reglas) y encima se presentan como superiores a Govern y Gobierno y juegan a diálogo como mediadores, sabiendo que eso es una postura de parte. Sí: hablo de Ada Colau. Trepas que con tal de conservar el puesto están dispuestos a decir casi lo que sea, mirando siempre el provecho electoral, eso sí.

No nos los merecemos. Deben irse y dar paso a otros, mínimamente competentes y con sentido del bien común.

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