Fuése y no hubo nada (qué alivio! O no?), Infolibre, 11 10 2017

Creo que lo que sucedió ayer en el Parlament de Cataluña se puede resumir en media docena de reflexiones:

1. Puigdemont no ha dado el paso atrás que se le pedía. El paso atrás no es dejar en diferido la entrada en vigor de la independencia que él proclama desde un inexistente mandato democrático y que, por cierto, no le corresponde a él decidir, sino al Parlament. El verdadero paso atrás es no proclamar independencia y renunciar a la ilegalidad de las dos leyes votadas el 6 de septiembre: volver a aceptar que el marco vigente es la Constitución. En esto difiero de tesis como las de Colau, que nunca ha reconocido la vigencia de la Constitución y la ilegalidad de las dos leyes aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre.

 

2. Puigdemont pretende avalarse en una enorme falsedad que ha pretendido dar por aceptada, verdadera,  cuando es inaceptable: como le ha recordado Rabell, no hay un mandato democrático del pueblo de Cataluña para la independencia, ni es cierto el falaz eufemismo empleado: “el pueblo de Cataluña se ha ganado el derecho a ser reconocido como un estado”. Los más de 2 millones de votos supuestamente emitidos (que no han sido certificados por ninguna Sindicatura o autoridad válida) no son ni de lejos la mayoría de los ciudadanos catalanes. Decidir a partir de ello la declaración de una República, como ha hecho Puigdemont en su discurso, es una grosera falacia antidemocrática.

 

3. Aunque algunos periodistas se empeñen en decirlo, Puigdemont no tiene competencia para decidir la independencia, sino el Parlament. Hasta que no vote el Parlament, no hay decisión política con fuerza jurídica, incluso si es la de diferir su entrada en vigor, es decir, la entrada en vigor según lo previsto en la Ley de transitoriedad. Otra cosa es que el Parlament hubiera votado a favor de la suspensión de lo previsto en la ley de transitoriedad y por tanto se hubiera pasado de iure(contra ius) a la declaración de independencia diferida. Ayer en el Parlament, sin embargo, no se votó nada. Y la pregunta es para qué sigue este Govern y esta legislatura si ha fracasado en el punto único de su programa. En puridad, debería disolverse el Parlament y proceder a elecciones, que clarifiquen el apoyo real a programas que vayan algo más allá de la Ítaca por venir. Lo ha dicho el PSC, no sólo C’s.

4. Se olvida que tanto la Ley de transitoriedad, como la de referéndum, atención, son el único marco legal que aceptan Puigdemont y su mayoría parlamentaria. Y bien, esas leyes son ilegales y fruto de un fraude democrático vergonzoso en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que pasará a los anales del parlamentarismo.

5. La treta de Puigdemont es fácil de desvelar. Seguir con la DUI es suicida para él y, lo que es mucho más importante, para Cataluña. Así se lo han hecho ver el empresariado y la clase financiera. No cuenta con ningún apoyo institucional de la comunidad internacional, muy específicamente de la UE y sus Estados miembros (que se suicidarían si admitiesen una secesión unilateral en un Estado de la Unión), pese a los desesperados intentos de la propaganda independentista de contar lo contrario (véase la pintoresca interpretación de Josep Ramoneda sobre las declaraciones de Tusk, fragmentadas al efecto). Por no hablar del mazazo de las declaraciones de Habermas a L’express, comparando al Front National con el independentismo catalán.

6. Ergo Puigdemont debe renunciar a lo que esperaban las masas que aguardaban fuera del Parlament. Pero intenta una treta nada original, la del victimismo, para contentar a todos, aunque sospecho que sólo contentará a los inocentes acríticos o a los angustiados que avizoraban el enfrentamiento en la calle. Por tanto, hace un memorial de agravios, desde Franco hasta el clásico la culpa es de Madrid durante los 40 años de democracia, hasta llegar a los malvados policías españoles que “tenían como objetivo en el 1-O sembrar el terror”. Carga sobre el inmenso error del uso completamente desproporcionado de la fuerza el 1-o, que ofreció la mejor baza al independentismo. Luego, se disfraza con piel de cordero (amamos a España; sorprendente en quien ha insistido en confundir España con Rajoy) y somos dialogantes. Por tanto, proclama la independencia, pero propone la suspensión de los efectos de la Ley de transitoriedad, algo que por cierto no puede decidir él. Lo tendría que acordar el Parlament. Y con ello arroja sobre el Gobierno español la carga de probar que es dialogante, como el buen Puigdemont.

La sorprendente conclusión es que el Parlament de Cataluña no ha declarado ni acordado nada, porque eso era absolutamente necesario para la estrategia de Puigdemont y Junqueras, y también, a regañadientes, muy forzados, de la CUP. Si se hubiera votado, más que probablemente se habría escenificado la fractura en el seno del independentismo. Visto así, lo que sucedió ayer es, de nuevo, otra ofensa al Parlament: aquí no decide el Parlament. Deciden Puigdemont y su sanedrín, con el atribulado Mas, al que, pobre, le exigen una multa por haber presuntamente malversado recursos de los contribuyentes.

La prueba del nueve de que hemos asistido a un fraude al Parlament es que lo único que hay es un documento que han firmado con demasiada solemnidad los diputados de la mayoría parlamentaria, pero que carece de valor jurídico, porque no ha sido votado por el Parlament.

¿Y qué hacer? Indiscutiblemente, el Gobierno español no puede seguir enrocado en la ignorancia de un importante porcentaje de ciudadanos catalanes (no la mayoría) que no quieren seguir en España y de un mayoría de catalanes que quieren ser consultados sobre su lugar en España o fuera de ella. Claro que también se podría decir que el Gobierno bien podría consultar a todos los españoles para saber si los españoles quieren seguir pagando privilegios y derechos desiguales a una parte de los ciudadanos españoles (vascos, navarros, catalanes), con el argumento territorial como moneda de cambio. Se dice que se abre la puerta del diálogo y, por tanto, el Gobierno de Rajoy debe sentarse a negociar. Es una verdad a medias: ¿se puede dialogar y negociar, si no se acepta un marco común de negociación que, hoy por hoy, no puede ser otro –sin grave fraude democrático– que la Constitución vigente? La respuesta, a mi juicio, es no. Otra cosa es que, evidentemente, a día de hoy esta Constitución no sólo es reformable, sino que debe ser reformada y a fondo. Pero si el marco de negociación no es la Constitución ¿cuál es entonces el marco vigente? ¿uno diferente del que votaron todos los ciudadanos españoles? A mi juicio, Rajoy debe olvidar el 155, pero no debe negociar, mientras el Govern de la Generalitat no acepte expresamente renunciar a “su marco legal” (Ley de transitoriedad) y regrese a la vigencia de la Constitución. Para negociar y cambiarla, sí. Pero desde la Constitución.

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