¿Abatir? Revista Contexto, 31 agosto 2017

Abatir: la lógica de la guerra

Creo que una de las peores consecuencias de la conmoción causada por los atentados terroristas es la facilidad con la que casi todos, comenzando por los medios de comunicación, hemos asumido acríticamente un punto de vista supuestamente técnico y en realidad ajeno al que es propio de una sociedad democrática –aun diría, de un Estado de Derecho- sobre la respuesta eficaz frente a ese tipo de criminales que son los terroristas. El botón de muestra es, me parece, la utilización generalizada del término “abatir” cada vez que se ha hecho referencia a la muerte de uno de los terroristas de Barcelona y Cambrils a manos de la policía. Porque no puede dejar de sorprender que se acepte como algo normal, si no incluso elogiable, que los terroristas sean abatidos. En efecto, salvo algunas brillantes excepciones, como los artículos de Gonzalo Velasco (“Eran 12 de los nuestros”, http://www.huffingtonpost.es/amp/gonzalo-velasco/eran-doce-de-los-nuestros_a_23159814/# ), Martín Caparrós “Otro triunfo del terrorismo”, https://www.nytimes.com/es/2017/08/25/otro-triunfo-del-terrorismo/amp/ ) y Carlos Yarnoz (“Tirar a matar”, https://politica.elpais.com/politica/2017/08/25/actualidad/1503682916_683784.html?id_externo_rsoc=TW_CC ), apenas se ha alzado la voz frente a ese giro lingüístico y, sobre todo, frente a lo que, a mi juicio, subyace a esa lógica de respuesta policial. Hablo de un modus operandi, de un protocolo de respuesta policial que, sin duda, no es en absoluto ni original ni infrecuente, pero que -a mi juicio- constituye la expresión de una lógica que deberíamos vigilar, porque me parece peligroso, contaminante.

Decía que no es nueva esta lógica. Como se ha recordado, en efecto, la instrucción de “tirar a matar” en los enfrentamientos con terroristas fue expresamente formulada por el Presidente F. Hollande, quien, tras los atentados de noviembre de 2015 en Paris, afirmó: “Lo que se produjo ayer es un acto de guerra y, ante la guerra, el país tiene que tomar las decisiones adecuadas”. A continuación, en una reunión extraordinaria de las dos Cámaras en Versailles, declaró el “estado de urgencia” que ha estado vigente en Francia hasta que Macron lo ha convertido en ley ordinaria. Y, lo que parece una consecuencia inevitable de lo anterior, justificó de facto las ejecuciones extrajudiciales a terroristas, con la orden “tirar a matar”.

Lo que pretendo señalar en lo que sigue es que en la respuesta policial y de la opinión pública y publicada frente a los terribles atentados terroristas de Barcelona y Cambrils existe el riesgo de que aceptemos como ordinarios elementos propios de una situación de guerra (no necesariamente de un modelo militar strictu sensu), o, al menos, de lo que constitucionalmente sería un estado de excepción (artículo 106 Constitución, desarrollado por la L.O. 4/1981), con el agravante de que, obviamente, no ha sido declarado. Una concepción en todo caso ajena a lo que a mi juicio debería imperar como criterio de actuación propio de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, esto es, de la respuesta ordinaria del Estado de Derecho ante el desafío terrorista. Este es, en efecto, un primer punctum dolens de la cuestión, sobre el que es evidente que asisten razones a quienes mantienen posturas opuestas. Para algunos, los medios ordinarios propios del estado de Derecho, serían inuficientes ante el desafío terrorista porque al menos de facto estaríamos (y debiéramos ser conscientes de ello) en guerra contra el terrorismo yihadista. Ergo tenemos que recurrir a medidas excepcionales, también por lo que se refiere a los derechos y garantías de los terroristas, y aun de los sospechosos de serlo. El terrorismo yihadista aparece así como el terrible adversario, el enemigo que nos obliga a enfrentarnos en el último de los conflictos bélicos, una guerra de civilizaciones, una especie de última guerra como la que trae a las tierras de Westeros el rey de la noche en la <guerra de todas las guerras> a la que aboca la última temporada de Game of Thrones.

Frente a quienes así lo sostienen, ya desde los atentados del 11S, los que justificaron y justifican de ese modo la Patriot Act, que es un ejemplo de legislación excepcional, de guerra y defienden así la estrategia de guerra dondequiera que se manifieste el eje del mal que está detrás de la hidra terrorista, muchos entendemos que esa respuesta es un grave error, porque concede un primer y enorme triunfo al terrorismo. Sin duda, su desafío es de una gravedad enorme y su alcance es global, a la par que socava la noción misma de seguridad, porque frente al terrorista nadie es inocente. Aún más, los inocentes se convierten en blanco directo porque con ello el terrorista consigue el efecto que busca, aterrorizar. Su victoria es esa, la generalización del miedo. Pero, en realidad, no debiéramos sorprendernos por este mensaje, ni caer en el error de considerarlo en sentido estricto, una anomalía, una negación de la política. No es verdad. Y no sólo porque conocemos el terrorismo de Estado. Es que ese recurso al miedo es tan viejo como la política misma, sobre todo cuando no se dispone de programas políticos que ofrecer. Incluso cabría apuntar que el discurso del miedo es quizá la forma más primitiva de lo político, el recurso para generar la dominación sin paliativos, la adhesión ciega, la obediencia acrítica, conforme a la alternativa que nos propone: sumisión al poder o muerte. Recordemos que ese es el fundamento de la propuesta del hobbesiano Leviathan, la concepción teorizada por Schmitt al explicarnos la política en términos del juego amigo-enemigo que ni siquiera es dialéctico, porque no hay superación del enfrentamiento, sino aniquilación de uno de los contendientes. Por eso, la construcción del otro como enemigo, como el extraño terrible, la bestia a abatir a cualquier precio y por cualquier medio, por excepcional y doloroso que fuere. Esa es, por tanto, una vieja historia.

 

 

De los <caníbales> a los <replicantes>: deshumanizar para discriminar y dominar.

Poca novedad, pues, me permito recordar. La creación del agresor externo, al que se atribuyen todos los rasgos que le configuren no sólo como terrible amenaza, sino como absolutamente ajeno a nuestra condición, es un lugar común. Se trata de la premisa de deshumanización del otro, de la negación de su condición de persona, de humano, para subrayar su ajenidad y para justificar así el destino que le asignamos: desaparecer, eliminarlo o hacerlo nuestro esclavo. La historia nos ofrece un cargado catálogo de ese enfrentamiento entre civilizados y salvajes, de la creación de la figura del bárbaro. Porque bárbaro es aquel que no comparte lo que nos hace humanos, el lenguaje, nuestra lengua. Lo que los otros balbucean no es lengua, porque no son capaces de cultura ni de razón, de arte ni de valores, salvo que acepten los verdaderos, los nuestros. Esa reflexión sobre el otro como bárbaro, que ocupa alguna de las mejores páginas de la obra de Todorov (por ejemplo en Nosotros y los otros, o en El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de civilizaciones), no es, desde luego, algo reciente. Al contrario, ocupa un lugar clave y recurrente en la literatura universal. Baste con pensar en el Ensayo sobre los caníbales de Montaigne, el Robinson de Defoe, Los viajes de Gulliver de Swift o, más cerca de nosotros, el Informe para la Academia de Kafka o el cuento de Philip K Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, magistralmente llevado al cine por R.Scott en su Blade Runner.

Déjenme que les recuerde en qué consiste el trabajo de un Blade Runner, ese cuerpo especial de policía que impone su ley en el Los Angeles distópico imaginado por Dick. Se trata de un cuerpo cuya función es, primero, detectar a esos cyborgs tan parecidos a nosotros –réplicas, replicantes– que se ha salido de su lugar y quieren vivir como humanos. Los blade runners los identifican (y para ello han de saber que es lo que hace humano a un humano; su memoria, sus recuerdos, es la primera respuesta., base del test Voigt-Kampf que aplican) y a continuación llevan a cabo su segunda función, los matan, o, como dice su reglamento, los retiran. Y el eufemismo se emplea precisamente por eso, porque a un no humano no se le mata, se le retira. El problema es que, como el mismo Dick exploró en otros relatos, lo que nos hace humanos no son nuestros recuerdos (que se nos pueden implantar), sino algo muy diferente, que Deckard, el protagonista encarnado por H.Ford, aprende con un alto coste.

Abatir es un eufemismo cuya función tiene mucho de lo que Blade Runner ejemplifica. No es, por cierto, el único eufemismo que aparece cuando tenemos el problema de referirnos a realidades para las que nuestro lenguaje no sirve, o no debe servir, porque nos son ajenas. Esta cuestión de la condición misma del lenguaje, es también un problema conceptual básico de la lingüística general, tal y como plantea hábilmente el relato corto de Ted Chiang, Story of your Life, magníficamente trasladado al cine con el título Arrival, por el director canadiense D. Villeneuve, experto en esas traducciones, como mostró en su adaptación de otro texto capital sobre las diferentes caras del otro, Incendies, la primera de las piezas de la conocida tetralogía de Wajdi Mouawad.

En un pequeño texto publicado hace años en la colección Cine y Derecho, con la que tratamos de ofrecer otro tipo de material pedagógico, Blade Runner: el Derecho, guardián de la diferencia, intenté explicar que no hay que esperar a esos desarrollos de la robótica, de la bioingeniería, para asistir al drama de las réplicas o replicantes y a los eufemismos de nuestra respuesta a su existencia, que, en ´si, parece constituir una amenaza. No esperemos a extraterrestres ni a robots terminator. Los tenemos aquí: son los nuevos bárbaros, inmigrantes y refugiados. Y nuestra respuesta jurídica ha seguido el manual de instrucciones: deshumanizarlos, o, para decirlo más sencillamente, construirlos jurídicamente como irremisiblemente extranjeros, gentes que es imposible que se conviertan en ciudadanos, de los nuestros. Sus marcadores de identidad, sus diferencias religiosas, lingüísticas, nacionales, son esgrimidos para justificar su incompatibilidad. En una palabra, para construirlos como otros inasimilables, que no pueden ser iguales a nosotros ni tener los mismos derechos. Ergo está justificada la discriminación y la dominación, salvo que se sometan al proceso extremo de vaciamiento de sí mismos que es la asimilación impuesta, cuyo prototipo sería el Tío Tom o, mejor, el taimado mayordomo Stephen, encarnado por Samuel L.Jackson en el estupendo alegato antirracista de Q.Tarantino, Django desencadenado. La mentalidad colonial y esclavista del Calvin J Candie que representa Di Caprio, exige no sólo el esclavo, sino el esclavo domesticado, que acepta su condición de inferior para ganar así su territorio de dominación. Pero su virus, el de la humillación y el desprecio que inflige a todos esos otros, se vuelve contra esa sociedad. Lo advirtió Condorcet en el período 10º de su Esquisse: “los pueblos aprenderán que no pueden convertirse en conquistadores sin perder su propia libertad”. Mientras tanto, los europeos venimos dando lecciones de cómo humillar a los otros, de cómo considerarlos infrasujetos, con menos derechos que nosotros. Pobres salvajes, a los que debemos tratar con indulgencia y conseguir que no nos molesten aquí.

En realidad, ese ejercicio de <subordiscriminación>, como han explicado algunas representantes de la teoría feminista del Derecho, no se aplica solo desde la mentalidad colonial. Es un mecanismo que la cultura patriarcal ha aplicado a las mujeres desde que estas son imaginadas como subproducto del hombre (costilla de Adán), destinadas a su servicio, algo que encontramos ya en Aristóteles. Eva, imagen de Adán, le niega por su diferencia y por el peligro de seducción que encarna y por eso su destino, como el de Viernes para Robinson, no puede ser otro que la servidumbre, la desigualdad.

 

 

A quién abatir? No hay que esperar a los bárbaros

Pero volvamos al eufemismo que nos ocupaba. Según informa la FUNDEU, el uso de “abatir” en el sentido de <matar> estaba admitido metafóricamente, pero no es hasta la vigésimotercera edición del Diccionario de la Real Academia Española cuando se incorpora una cuarta acepción de abatir, que equivale a “hacer caer sin vida a una persona o animal”. La misma FUNDEU insiste en que esa acepción, <abatir>, <abatido>, se vincula sobre todo a un contexto policial o militar, para evitar el uso de <matar> o <muerto>. Así, “los Mossos abaten a un terrorista en un enfrentamiento”, se utiliza en lugar de <matan a un terrorista en un enfrentamiento>.

Probablemente, como me recordaba Berna G. Harbour en una discusión radiofònica sobre el particular, este uso constituiria un galicismo, pues el verbo francès abattre, que en su primera acepción significa lo mismo que en el DRAE (<echar abajo, derribar>), tiene una segunda acepción de uso en veterinaria con el significado específico de <abatir a un animal> (recordemos el término para matadero, abattoir) y, sobre todo, una tercera en la que el sentido es específicamente “matar a un hombre con un arma de fuego”, lo que en inglés se expresa como “to shoot”.

Me parece evidente que ese es el origen del uso que se ha impuesto en nuestro contexto y que hemos visto utilizar por representantes policiales y políticos y por los medios de comunicación. La pregunta es si ese uso, en lugar del verbo matar, está justificado. Y es donde advierto el problema o, al menos, el riesgo. Quiero decir que <abatir a un hombre>, en esta acepción militar o policial, puede ser aceptado como expresión de argot profesional. Pero ello no excusa de preguntarnos por las razones, por la proporcionalidad de algo tan definitivo como quitar la vida a alguien. Es más, en un Estado de Derecho, se supone que cuando se produce la muerte de un delincuente, en un acto absolutamente legítimo por parte de un policía, un acto de legítima defensa, se abre una investigación. Creo que con la expresión abatir, en cierto modo, se trata de invitarnos a pasar a lo siguiente, dar por hecho que el caso está cerrado y bien cerrado. Basta con usar esa palabras: fueron abatidos. Y nadie preguntará nada más, porque esas muertes están suficientemente justificadas.

La utilidad del uso de abatir se revela así: de un lado, es coherente e incluso reafirma la construcción del terrorista como alguien que nos es completamente ajeno, un loco, una bestia, un monstruo (insisto, el proceso de deshumanización) cuya excepcionalidad justifica que no tenemos que atenernos a las reglas comunes, que prohíben matar o sitúan esa acción en el límite de lo excepcional, que exige poderosas razones. Conocemos esa particular lógica jurídica que sirve para crear el derecho penal del enemigo: seres tan ajenos nuestra visión del mundo que es imposible hablar con ellos el mismo lenguaje, ni siquiera el que hemos creado con respecto al criminal ordinario. No comparten nada con nosotros y por eso deben ser tratados con una lógica de excepción, en la que no valen las reglas comunes, los derechos y las garantías comunes. Ya sabemos que incluso ha habido responsables políticos que ponen en duda que un abogado (en concreto, Jaume Asens, en quien concurriría la sospechosa condición de ser teniente de alcalde de Barcelona y ccnmilitón de la Sra Colau) ejerza algo tan imprescindible como el derecho de defensa –parte de tutela judicial efectiva, un derecho fundamental- cuando se trata de un terrorista y llegan al disparate de considerarlo cómplice del terrorista por ejercer esa función constitucionalmente imprescindible de defensa. Hemos construido al terrorista como alguien abatible, porque no sólo es un enemigo, sino alguien que niega nuestra civilización y nuestros valores, un auténtico hostes humani generis, como lo fueron los piratas, aunque debemos recordar que quienes recibían ese enorme calificativo, pasaban a ser corsarios si un Estado les daba bula para ejercer la piratería en beneficio de la bandera del país en cuestión.

Lo anterior me lleva precisamente a una tesis sobre la que ya he discrepado públicamente, el lugar común que asegura que los terroristas son monstruos que no comparten los valores de nuestra civilización, de nuestra cultura, de la democracia y de los derechos humanos. Que estamos en guerra con ellos porque debemos defender nuestros valores, nuestros principios, nuestro estilo de vida, que ellos niegan y quieren destruir. Una tesis que exigiría por nuestra parte el consecuente respeto urrbi et orbe a esos derechos, cuando se trata de países y seres humanos lejanos, o que no nos interesan: de los rohingyas, a los sudaneses del sur, o los centroafricanos. Por no hablar de nuestro consideración de socios y amigos a regímenes que violan esos derechos de continuo y masivamente: ¿nos importan igual los muertos en los atentados en Europa, que no son ni la diezmilésima parte de los muertos en Siria, Afganistán, Iraq, Sudán, Mali o la república centroafricana? Si no somos consecuentes con esos valores, con el valor de la vida de cualquier ser humano, ¿podemos moralizar sobre la abyección moral de los terroristas yihadistas? Probablemente no. Pero es igual: ya hemos construido al terrorista como un objetivo a neutralizar, u enemigo no humano a quien hay que abatir.

Insisto, el riesgo, entiendo, es que no sólo se trata de evitar la palabra <matar>, sino que lo que nos transmite es que esa acción de matar , en estos casos, es una actuación técnica, racional, o al menos propia de las actuaciones de esos cuerpos. Los civiles no tenemos nada que decir, porque, primero, no podemos poner en entredicho su propia seguridad (si lo han abatido es porque suponía una amenaza letal para los agentes), ya que se juegan la vida por nosotros y, segundo, ellos saben lo que hacer. Y, sin embargo, el vídeo de la muerte del quinto de los terroristas abatidos en Cambrils da que pensar, como lo da el informe de los Mossos acerca de cómo fue abatido el enemigo público número uno, Younes Abouyaaqoub. Ya sé que supuestamente portaba un cinturón de explosivos (que se reveló tan falso como el que llevaban sus compañeros) y eso supone un riesgo mortal. Pero su abatimiento, a ojos de un lego, evoca algo parecido a una ejecución. El hecho de que, salvo el terrorista que, herido, quedó internado en un hospital, todos los demás fueran abatidos y este resultado haya sido glosado casi unánimemente, sin fisuras, como un éxito, o como algo merecido, al tratarse de sanguinarios terroristas, no deja de sorprenderme. Insisto en que comprendo y defiendo la prioridad de la vida de los agentes de policía en esos enfrentamientos. Pero, ¿de verdad era inevitable, por ejemplo, abatir al quinto de los terroristas de Cambrils, o incluso al terrorista más buscado, Younes Abouyaaqoub, a quien desde luego, no podemos recordar como ese “niño” evocado por su educadora de Ripoll, sino como autor material de la masacre y del asesinato a sangre fría del cooperante Pau Pérez? Sí: era el enemigo público número uno. Aún así, completamente rodeado por los Mossos, ¿realmente no fue posible abatirlo, ahora en el sentido de dejarlo en el suelo, herido e incapaz de hacer daño?

La victoria del terrorismo no es sólo crear estado de terror. Un resultado que, slogans comprensibles aunque poco realistas (“no tinc por”), han logrado. Porque tenemos miedo. Pero lo importante no es no tener miedo: lo que necesitamos es no rendirnos a él, no actuar guiados por el miedo. Y sobre todo, la victoria mayor a evitar es que los terroristas consigan hacernos actuar al margen de la normalidad del Estado de Derecho, que incluya, por ejemplo, criminalizar a una parte de la población por razón de sus creencias o de su perfil étnico. Su triunfo sería lograr que nos entreguemos a una respuesta ad hoc que se desentienda de las exigencias del imperio de la ley y de las garantías de los derechos. Porque en ese momento nos habrán vencido, pues, como advirtiera Todorov, los bárbaros seríamos nosotros.

 

 

Sobre derechos, desobediencia y tribunales de justicia. tres notas sobre el caso Juana Rivas (Blog AlrevesyalDerecho, Infolibre, 24 08 2017)

El debate en torno al caso Juana Rivas y digo bien, a su caso, que es sólo la cara visible del caso jurídico importante, el de sus hijos, ha alcanzado a mi juicio tal ruido mediático, que resulta difícil poner orden en lo que es, debe ser, un asunto de derechos y de Derecho. La reciente decisión del juez de guardia, una vez que la Sra Rivas se personó y fue detenida, es el penúltimo ejemplo de polémica: frente a la petición del fiscal, el juez decide dejarla en libertad y, de momento sus hijos siguen con ella, con algunas medidas cautelares. Contra lo que proclamó la interesada con su conocido (y quizá comprensible) dramatismo, no le dio la razón. Simplemente adoptó una decisión provisional.

En una discusión pública con mi respetada amiga Cristina Fallarás, me echaba en cara que cuando sostengo que la prioridad en esta caso no son los intereses de Juana Rivas, ni siquiera como víctima de violencia de género, sino los de sus hijos, no sé lo que siente una madre (lo que es verdad) ni tengo la experiencia de las mujeres en su lucha contra la subordiscriminación. También es cierto, aunque creo que no poder tener esa experiencia no es óbice para analizar e incluso defender, como trato de hacerlo desde tiempo. También me recordaba Cristina Fallarás el déficit jurídico de las resoluciones españolas desfavorables a la Sra Rivas: el primero, no tener en cuenta que la otra parte en el litigio, su exmarido, tiene condena por mal trato; el segundo, la lentitud en la traducción y comunicación de esa condena a la jurisdicción italiana. Ambos argumentos han de ser tenidos en cuenta, sin duda (cfr su argumentada posición en http://ctxt.es/es/20170816/Politica/14465/Juana-Rivas-hijos-maltrato-indefension-Cristina-Fallaras.htm ). Y sin embargo, en mi opinión, el asunto, jurídicamente, tiene tres claves que creo que no acaban de entender ni los asesores legales de la Sra Rivas (en particular la peculiar asesora mediática) ni buena parte de quienes la defienden de buena fe, a capa y espada, con el argumento poderoso de ser víctima de violencia de género.

 

La primera consideración que debiera imponerse, a mi juicio, es que la cuestión jurídica prioritaria en este caso es el interés de los menores, los dos hijos de la Sra Rivas y el Sr Arcori. Y a propósito de ello, cuando hay conflicto, no veo solución menos mala que entregar esa decisión a los tribunales. ¿Que se pueden equivocar? Sí, como en cualquier otro contencioso jurídico: para eso están los recursos jurídicos ante los diferentes tribunales y la capacidad de argumentación procesal de los abogados que, en este caso, como mostraba un reciente artículo de mi compañero José Calvo en el diario El Sur, a propósito de sus recursos ante el Tribunal Constitucional, ha sido más que manifiestamente mejorable. Alega la Asociación de mujeres juezas de España (http://www.mujeresjuezas.es/?p=736 ) que la condición transversal de violencia de género debe imponerse como perspectiva básica y ofrecen razones jurídicas. No las impugnaré. Pero en mi opinión la cuestión decisiva aquí, como me ha hecho notar mi colega Toni Durán, no es la de víctima de violencia de género que concurre en al Sra Rivas, sino el interés de los dos menores. Como hay conflicto a ese respecto entre la Sra Rivas y su exmarido (condenado ciertamente por maltrato, lo que un juez debe tener en cuenta, sí o sí), no veo otra que confiar en que un tribunal decida cómo tutelar mejor el interés de los dos hijos.

 

El segundo error, en mi opinión, es la hoy cada vez más frecuente apelación a la desobediencia frente a la injusticia. A la desobediencia, así, sin más. A mi juicio, hay que decir que no, que la desobediencia sin más, como reacción a lo que uno cree injusto conduce directamente a la ley de la selva. Para que la desobediencia esté justificada no basta con que yo/ella/él diga que es una injusticia lo que me han hecho. Todos los que reciben una decisión desfavorable pueden alegar que se ha sido injusto con ellos. A veces tienen razón. No siempre. He dedicado mucho tiempo a estudiar la desobediencia a la ley. Y he escrito en defensa de la objeción de conciencia y de esa desobediencia que llamamos civil. También sé que hay contextos en los que no cabe ni una ni otra y la única alternativa es la impugnación directa del orden jurídico y político establecido, incluso armada: la revolución. No es el caso, claro. Insisto. La pregunta es: ¿está justificada la desobediencia a los tribunales que ha llevado a cabo la Sra Rivas? Es un ejemplo de desobediencia amparada en buenas razones y practicada de forma que deba ser reconocida?

Alegan quienes así lo sostienen que es evidente que la tutela de los niños en caso de mujeres víctimas de mal trato no está suficientemente garantizada por el marco legal vigente. Pues bien, refórmese. Pero, a mi juicio, eso no autoriza a la Sra Rivas ni a nadie a saltarse según le parezca oportuno las decisiones de los tribunales, ni justifica sin más que el interés de los menores esté mejor garantizado manteniéndolos bajo su tutela en condición de clandestinidad. Se equivocan –también a mi juicio- quienes sostienen que la mejor defensa del interés del menor es proclamar que “Juana (y sus hijos, claro) está(n) en mi casa”. Me sorprende más todavía que una institución como la Junta de Andalucía apoye esa posición. No. Eso lo debe decidir un tribunal. Si pudiera hacerlo con una ley reformada, desde un marco legal más adecuado, seguramente la decisión tendría mejor fundamento. Por el momento la alternativa es ésta: o la decisión de un tribunal, o la justicia que la madre se toma por sí misma. Sé que mi venerado Camus dejó escrito aquello de “entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre”. Es comprensible. Pero no vale como regla general si queremos convivir en paz. No por formalismo jurídico ni por rigorismos del tipo “fiat iustitia et pereat mundus”. Mientras no inventemos una solución menos mala, hay que atenerse a la que tenemos, la decisión vinculante de un tercero independiente de los intereses de las partes y guiado por lo que la mayoría entiende que es mejor: eso es la ley en un sistema democrático y esos son los tribunales en un Estado de Derecho.

 

Y esto me lleva a una tercera consideración que probablemente me aboque a la hoguera que atizarán los defensores de lo políticamente correcto. Una víctima de violencia de género debe ser ayudada y tiene todo el derecho a ello, a que se tenga en cuenta su condición, pero no por ello lleva razón en todo lo que haga. Estamos hartos de ver adónde nos conduce pensar que la condición de víctima es un pasaporte para validar cualquier pretensión y/o actuación. Pasa con las víctimas del terrorismo, cuya condición debe ser atendida, respetada, pero no les autoriza a erigirse en legisladores, ni jueces, ni a desobedecer a los tribunales ni a las leyes. Creo que aquí sucede también. No todo lo que haga Juana Rivas está justificado y es aceptable por el hecho de haber sido víctima de mal trato. Eso no le da el monopolio de la razón, ni de la justicia.

Entrevista en Diario Levante, 21 08 2017

Maria Bonillo València 21.08.2017
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la UV. Foto: Levante-EMV.
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la UV. Foto: Levante-EMV.
El peor atentado yihadista en España después del 11M deja muchos interrogantes, algunos de los cuales trata de responder el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas.

P ¿Qué ha fallado?
R La pregunta es esa. Es lógica la reacción de autoafirmación que estamos viendo, más de 48 horas poniendo por las nubes el trabajo de los Mossos, pero hay que decir que los Mossos tienen un agujero enorme. Parece increíble que una célula tan importante por su número, por su diversidad territorial y esa capacidad de movimientos haya pasado desapercibida. Los Mossos han tenido que reconocer que algo ha fallado y que no los tenían fichados. Dicho sea de paso, tampoco los tenían ni el CNI ni la Guardia Civil. Yo no quiero decir que sea fácil, pero da la razón a una demanda de los Mossos de un incremento de número de efectivos bloqueado por Hacienda y la participación en estructuras de comunicación de inteligencia como el Centro de Inteligencia de la lucha antiterrorista, que se acordó el pasado julio.

P ¿La pugna política entre Cataluña y España ha influido?
R El tema político ha jugado un papel importante. Insisto en destacar la responsabilidad no solo de la Generalitat sino del enfrentamiento político con Rajoy.

P ¿Por qué en Cataluña?
R Hay dos niveles y dos tipos de respuesta. El superficial es bastante autocomplaciente pero no le falta fundamento, según el cual España y también Cataluña serían un modelo de integración pacífico sobre todo en la inmigración porque no hay movimientos xenófobo fuertes. Pero detrás de esa autocomplaciencia, hay elementos que requieren una autocrítica. Cataluña se autorepresenta como una sociedad particularmente excelente en el sentido de acogida, pluralidad y civismo, pero tiene bastante que examinar. Sin dejar de reconocer la excelente labor que ha llevado la secretaria de Inmigración en el Govern, hay que reconocer que Cataluña es el vivero más importante del movimietno yihadista en España, más que Ceuta y Melilla. A nivel europeo Cataluña aparece como un territorio de riesgo.
Siempre hablamos de Molenbeck o suburbios franceses.

P ¿Cómo surgen estos elementos radicalizados?
R Esas células no vienen de fuera. Como mucho lo que ha habido es gente que ha salido de nuestros países a adiestrarse con grupos radicales vinculados al Estado Islámico en el conflicto de Siria y en la guerra de Irak. Pero en el caso español es un procentaje mínimo. Los cálculos exagerados hablan de 300. Comparado con la gente que ha salido y ha vuelto en Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido es irrelevante. La radicalizaión se produce por una vía muy difícil de trabajar, que es un chaval delante de internet: se imbuye de la propaganda radical wahabistas salafista que proporciona el Estado Islámico y otros grupos. Contra ese proceso individual de esa gente sin vínculos sociales es difícil luchar.

P No son, por tanto, inmigrantes y refugiados.
R Pensar que se trata de parar a inmigrantes y refugiados porque son los que traen el peligro terrorista es una estupidez resultado de una ignorancia supina. No es la frontera, lo que hay que controlar es la fractura social interna y la incoherencia en nuestro discurso que habla de derechos humanos y luego los derechos de estas poblaciones nos importam un comino. En Barcelona han muerto 14 personas y 100 heridos, eso es una mínima gota de lo que sucede cada día en Afganistán o Siria. Por supuesto la responsabilidad siempre la tiene el terrorista. Pero nuestra estrategia es fallida mientras pensemos que todo se reduce la respuesta militar y el cierre de fronteras es la solución. La inmigración y los refugiados no son el factor relevante en esto. Al contrario. Precisamente, la población que vive en Cataluña de confesión musulamana es la que más sufre con todo esto.

P ¿Qué consecuencias podría haber en política migratoria y con los refugiados?
R Lo del cierre de las fronteras es una estupidez. El problema no está en el control de la gente que venga, está en el fracaso de las políticas de integración, por lo menos parcial. Sin dejar de reconocer que hay una cuota importante en los procesos de integración, que deben ser bidireccionales, es evidente que falta mucho en ese proceso. Y pongo un ejemplo del que presume mucho Cataluña, el movimiento Esplai. Hay razones para admirar esa inicativa social. Sin embargo, si miras bien, la presencia de personas de barrios de dificultad de integración es mínima. Hay que ser menos autocomplacientes y más exigentes.

P ¿Y qué papel juega la política exterior?
R Es un tercer factor que incide en los procesos de radicalización. Nuestra política y la de la UE facilita la propaganda que consume esta gente individualmente o a través de imanes radicalizados. Nuestro país es el tercero que más armas vende a Arabia Saudí y habla de ese país como el mejor socio, y es un régimen incompatible con las exigencias básicas de derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres. Es un régimen que fomenta la exclavitud de trabajadores extranjeros, como lo fomentan buena parte de las petromonarquías del golfo; es un régimen que lleva a cabo una política de agresión en Yemen de la que no decimos nada.

P ¿Teme un aumento de la islamofobia?
R En términos significativos, no. En España no hay ningún partido organizado y poderoso como el AfD en Alemania. No existe un Frente Nacional y no existe una propaganda de la bajeza moral como la del Ukip. Puede haber un cierto incremento de reacción islamófobo, es inevitable, sobre todo porque no se hace un buen trabajo desde los medios de comunicación social. Hay mucho amarillismo, hace falta más análisis.

P ¿El pacto antiterrorista podría ir en detrimento de los derechos básicos?
R Es un riesgo. Espero que la mesa no se plantee un endurecimiento legislativo que suponga un recorte de las libertades porque no debe ser la vía, sino la de contemplar la cooperación de los servicios de inteligencia y las teareas de integración.