Aunque no fue aclamada por la crítica, que vió en ella un correcto ejercicio de estilo sin el afán provocador de antaño, suelo regalar a mis amigos La ley del menor, un relato breve de Ian McEwan (Anagrama, 2015), que he utilizado también en los cursos de filosofía del Derecho, derechos humanos y argumentación jurídica. Cierto que el hilo argumental -la peripecia vital de su protagonista, la juez Fiona Maye- va más allá de sus dudas acerca de cómo afrontar el problema de un adolescente testigo de Jehová que se niega a recibir transfusiones y su compleja peripecia posterior. Pero quería tomar la novela como pretexto para referirme a un debate que no afecta sólo a la muy activa y comprometida vicepresidenta del Consell, sino a todos nosotros: hablo de los casi 4000 niños bajo tutela de la GVA.

El atomismo paleoliberal dominante, haciendo buenos los diagnósticos del gran Bacon (magna civitas, magna solitudo), o del Riesman de los años 50 (la muchedumbre solitaria), en su capacidad desintegradora del vínculo social, del mínimo de inclusión y solidaridad, refuerza exponencialmente la desigualdad entre los privilegiados que pueden vivir como mónadas (ricas) y los desechables, los que engrosan las filas del precariado y también quienes ni siquiera valen como consumidores. Que en esas categorías de desecho humano se encuentran los menores de edad no acompañados, resulta difícil de discutir.

La vicepresidenta Oltra nos descubría commocionada, hace un mes, que una parte significativa de los centros de acogida de menores gestionados bajo tutela del PP, se encuentran en condiciones infrahumanas e incluso hay indicios de que se hayan producido en ellos hechos tipificables penalmente, también por la falta del ejercicio obligado de control por parte de la administración competente, en los años de Gobierno del PP: empresas quebradas a las que se prorroga la gestión, menores que sobreviven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, imágenes dickensianas (por ejemplo, las de la workhouse a la que se ve conducido Oliver Twist, que tendrá que lidiar con odiosos personajes como Fagin, Sikes o Monks). Por cierto, un abandono que en el caso de menores inmigrantes no acompañados (MENAS), se multiplica en el caso europeo, ante la indiferencia de nuestros Gobiernos. Y que llega al disparate denunciado en el Informe del SJM sobre los CIES: este año 2016 se descubrió la presencia de 51 MENAS internos en esos centros, el triple que en 2015.

No dudo de la implicación de la Consellera en la lucha por la protección de los derechos de esos niños, pero tras dos años de gobierno, ya no puede seguir sólo denunciando la evidente y horrible herencia que dejó en esta materia el desgobierno del PP: lo que hay ahora, tras dos años de su gobierno, es también responsabilidad suya. Claro que el PP parece más atento al beneficio político de la erosión de Oltra que no al interés de los menores y, en su estrategia de tinta de calamar, están dispuestos a impulsar comisiones de investigación sobre cuya viabilidad y pertinencia (entre otras razones, por interés de los propios menores) ya se expresó con claridad y buenos argumentos el sindic M.Mata. La propuesta de desinstitucionalización (que los niños vivan en familias de acogida y no en esos centros) parece la más razonable y en todo caso es inexcusable por lo que se refiere a los menores de 3 años cuya presencia en esos centros carece de justificación. Pongan los medios. En interés de los menores.