Archipiélagos de la desesperanza (Prólogo al Informe CIES 2016 SJM)

El Informe que el lector tiene en sus manos es un contundente y coherente alegato sobre la necesidad de acabar con una institución tan inútil como injusta, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y además en un aniversario tan importante como el que recordaba recientemente el Defensor del Pueblo en la presentación de su informe correspondiente a 2016: se cumplen treinta años de una sentencia del TC sobre los CIE que, al decir de esta Alta Institución “no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias”, lo que justificaría “una revisión profunda” del modelo de los CIE.

Hay que agradecer a quienes lo han preparado su trabajo paciente y riguroso, que huye de toda demagogia para exponer datos, contrastar denuncias, examinar argumentos y así posibilitar propuestas constructivas. Un primer dato me parece digno de subrayar: dos de cada tres extranjeros que han sido internados en los CIE acaban siendo puestos en libertad, lo que acredita empíricamente el fracaso de la finalidad que supuestamente justificaría la existencia de este inicuo tertium genus (no son cárceles, como dejó claro el TC en la sentencia de 1987 ya aludida, pero tampoco Centros de acogida, ni Centros de Estancia Temporal), esto es, asegurar la expulsión de nuestro país de todos aquellos a los que jurídicamente se debe considerar expulsables. Hay en el fondo de la opción por su mantenimiento una lógica jurídica que a muchos de nosotros nos repugna, por muchos y fuertes argumentos. El primero de ellos, la suspensión de derechos, de iure y de facto. El segundo, la noción misma de expulsables, que evoca la de desechables, tal y como argumentara el desaparecido Zygmunt Bauman, al que recordaré de inmediato y de quien tomo prestada la fórmula que da título a eta introducción. El tercero, importante para quien al cabo es, como yo, un profesor de Derecho, es el detrimento que estas instituciones suponen para la noción de Estado de Derecho, para el proyecto de una democracia constitucional que ha de ser necesariamente inclusiva y plural.

La primera razón por la que considero que, hoy, este informe es más que oportuno, necesario, es que en los meses que hemos vivido de este 2017, tenemos suficientes indicios de que vivimos un momento de acusado repliegue de la garantía de los derechos humanos y fundamentales de personas que, en su inmensa mayoría, no son delincuentes condenados por sentencia firme en virtud de la cual haya quedado acreditado que cometieron un delito de tal gravedad que les hace merecedores de la máxima sanción que un ordenamiento jurídico puede disponer, que es la privación de libertad. Por supuesto, hablo de Ordenamientos jurídicos que hayan incorporado esa exigencia civilizadora que es la abolición de la pena de muerte, lo que, por cierto, está lejos de ser todavía hoy una conquista unánime en la comunidad internacional. Las excepciones son bien conocidas. Pues bien, en el pasado mes de marzo, dos instituciones de la Unión Europea ha asestado un duro golpe a la legitimidad de sus políticas de inmigración y asilo: de un lado, la Comisión, que impulsa un plan de retorno en el que cuenta nada menos que con un Estado fallido como Libia, para insistir en la externalización de su política de expulsiones. De otro, la atrabiliaria Sentencia del pasado 4 de marzo de la Corte de Luxemburgo a favor de Bélgica en el asunto de visados humanitarios, por no hablar, evidentemente del malhadado Convenio entre la UE y Turquía, del uso de la noción de país seguro y de otros mecanismos del sistema de Dublín, etc. Eso significa insistir en la lógica orwelliana (la del cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja) de que no todos los seres humanos son titulares iguales de derechos, algo inaceptable para cualquier persona con el más mínimo sentimiento de lo jurídico del que hablara el gran jurista alemán Jhering.

Pero hay otra razón más profunda, la que explicaba Bauman en su imprescindible Archipiélagos de exclusión: los CIE son una pieza de una concepción que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables de un sistema sometido a la más radical concepción de un mercado global desregulado que se autodirige por el principio del máximo beneficio y en el que los trabajadores son cada vez más concebidos y tratados como coste a reducir, no como sujetos de derechos y desde luego no, de derechos económicos y sociales. Los Centros de Internamientos de Extranjeros, la transformación de los centros de acogida de refugiados n otros tantos centros de internamiento (el ejemplo más terrible es la política australiana), los barrios periféricos de nuestras ciudades en los que viven inmigrantes a los que no se trata de integrar sino de contener, y de los que el Estado deserta, son, al decir de Bauman, los escenarios de esa nueva industria del desecho humano en la que parecemos empeñados. Suprimirlos es una exigencia de dignidad.

 

 

 

 

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