Sin palabra, ni honor: la base del Derecho (Cartelera Turia, 2786)

La mayoría de nosotros somos conscientes de algunos de los cambios de uso de lo que eran expresiones casi obligadas en lenguaje ordinario y que llegan a desaparecer. Una de ellas, el empeño de la <palabra de honor>, lo más parecido a un compromiso sin juramento para toda una generación, a la que pertenezco. Dar la palabra de honor equivalía a poner en juego el máximo de fiabilidad del que uno disponía. Y por eso se debía reservar para compromisos importantes.

Dejo al lector la interpretación del por qué del desuso. Pero quería proponer una breve reflexión sobre el sentido del compromiso. Los profesores de Derecho estamos acostumbrados a explicar que, tal y como sostiene Kelsen (aunque haya ignorantes empeñados en repetir el lugar común de que para el jurista austríaco la norma fundamental-Grundnorm- , el presupuesto mismo de la idea de Derecho, es la Constitución, que ocuparía así la cúspide de la pirámide normativa, una imagen que no es de Kelsen, sino de sus discípulos), la base del Derecho es un viejo brocardo romano: <pacta sunt servanda>. Como hemos perdido el rastro de esa nuestra lengua materna, habrá que explicitar que eso quiere decir que hay que mantener la palabra dada, cumplir lo prometido. Sin esa claúsula, el Derecho no existe, es pura retórica.

Muchos entienden que, como las promesas electorales (Tierno dixit) son pura retórica, es decir, se hacen sabiendo que se incumplirán -algo que no aceptó Lluis Llach cuando demandó a Felipe González por incumplimiento de su promesa respecto a la salida de la OTAN; qué tiempos!-, el Derecho también es, son, poco más que parole, parole.

Pero no: si algo vale como Derecho es porque resiste incluso el voluble designio de quienes gobiernan. Es la ventaja del Gobierno de leyes, del Estado de Derecho. Por eso, si nos comprometimos como Estados-parte en el Convenio de Ginebra sobre refugiados, tenemos deberes que cumplir, le guste o no al Gobierno de turno. Al no hacerlo, nos convertimos en socios que no son fiables para nadie.

Conviene recordarlo en esta semana en que se celebra (20 de junio) el día internacional de los refugiados, mientras al Gobierno español (Rajoy, Saénz de Santamaría, Dastis, Catalá, Zoilo), le importa una higa haber cumplido sólo con apenas el 7% de su compromiso de reubicación de refugiados, a falta de tres meses. Claro que siempre habrá quien se consuele recordando que, sobre este particular, casi ninguno de los socios europeos es fiable.

No podemos callar (En el día mundial de los refugiados, Infolibre, Plaza Pública)

Cumplir con el ritual de los días dedicados a las diferentes causas produce, inevitablemente, tedio. La información reiterada sobre un mismo fenómeno o un aspecto de él, también. En esas circunstancias, ¿vale la pena pedir a los lectores que lean un nuevo texto sobre los refugiados?

Según es obvio, soy de los que creen que sí. Primero, porque estoy convencido de que nos hace falta más información, más análisis, más propuestas, que sirvan para darnos cuenta, para empezar, de que la inmensa mayoría de las personas a las que los europeos nos referimos como <refugiados>, no llegarán a serlo nunca.

No lo harán, de un lado, porque hemos puesto tal cantidad de obstáculos en el camino para que lleguen a presentar su solicitud (cerramos las vías legales y seguras), que la mayoría de ellos no lo conseguirán jamás. En España, sin ir más lejos, se acumulan 22000 solicitudes sin resolver, según acaba de denunciar CEAR.

No lo harán, además, porque una parte muy importante de quienes se ven obligados a huir de sus hogares y cruzar fronteras (y esto va a suceder cada vez más), no pueden ser considerados refugiados, porque les falta el elemento normativo de la persecución. Pero ¿cómo llamar entonces a las 900.000 sudaneses del sur que han llegado a otros países –a Uganda, por ejemplo- porque la vida es imposible en su país? Seguiremos llamándolos emigrantes, aunque añadamos el calificativo de forzados? Seremos impasibles ante la ausencia de protección específica?

Necesitamos más información, análisis, propuestas, que consigan movilizar a la opinión pública y presionen a los gobernantes para actuar. Y no hablo de fotos de Aylan. No pienso sólo en provocar la reacción emotiva ante el horror, aunque eso también es importante. Hablo de cómo ofrecer medios a quienes trabajan y se esfuerzan en la ayuda a los refugiados, para que consigan que se produzca la movilización sostenible, que exige una toma de conciencia de que este es un asunto que no puede, que no debe pasar de moda. Sé que no estamos igual que hace dos años. Hemos mejorado y hay que decirlo. Me consta que hay medios como éste en el que escribo, Infolibre, que dedican atención constante, por encima de las modas. Que hay profesionales de la información, empeñados en que no se deje de hablar de inmigrantes y refugiados. Y merecen nuestro reconocimiento. Como lo merecen las personas –cada vez más- que dedican su tiempo a trabajar en la ayuda a los que buscan refugio, en ONGs especializadas o simplemente como ciudadanos. Y hay que mencionarles. CEAR, Cruz Roja, ACCEM, Cáritas, MSF, Medicus Mundi, Abriendo Fronteras, campañas como las que impulsó el movimiento #personasquesemueven, con la ayuda de Patricia Simón…gracias a todos ellos.

Hay que conseguir que se lean y difundan las informaciones veraces. Por ejemplo, dos Informes anuales que, de nuevo en 2017, han visto la luz.

El primero, el Global Trends 2016 de ACNUR, que ofrece una visión actualizada y universal de la situación de los 65.6 millones de refugiados y desplazados (se puede descargar aquí: http://www.unhcr.org/5943e8a34); también se pueden ver los 5 datos principales en este video: https://twitter.com/Refugees/status/876671374881894401, o el rapport del Bureau para Europa de ACNUR, Desperate Journeys (http://www.unhcr.org/news/updates/2017/2/58b449f54/desperate-journeys-refugees-migrants-entering-crossing-europe-via-mediterranean.html ).

El segundo, con atención más específica al ámbito español y europeo, el Informe CEAR 2017, Las personas refugiadas en España y en Europa (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf ), cuyo resumen ejecutivo también se puede descargar (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Resumen-Ejecutivo-Informe-Anual-2017.pdf ). Se trata de la Organización con mayor tradición de atención específica a refugiados y desplazados y colaborar con ella, o con alguna otra de las ya mencionadas, que tienen competencia y experiencia en la compleja tarea de la acogida, como voluntarios o contribuyendo económicamente, es un buen primer paso.

Pero este año me parece importante insistir en un aspecto que subraya la urgencia y universalidad de la lucha por la protección de los refugiados. Hace una semana, dos directivos de agencias de Naciones Unidas, Amin Awad (director para Oriente Medio y Africa del norte del ACNUR) y Mohammed Abdiker (director de operaciones y Emergencias de la OIM), dieron cuenta de la sofisticación que se ha alcanzado por parte de quienes explotan la necesidad y escasez de esta nueva y floreciente mercancía, llegar a Europa como lugar seguro, a la hora de desarrollar su cruel negocio. Algunas de esas mafias, que controlan la ruta central del Mediterráneo desde las costas occidentales de Libia, difunden en FaceBook videos y fotos (o las hacen llegar a las familias de las personas en su poder) en las que se exponen los malos tratos a los que se exponen los refugiados que no cumplan sus condiciones: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56998#.WUVehxPyhmM.

Ya conocíamos, por ejemplo a través de los trabajadores de los barcos de MSF que operan en esa zona, testimonios fiables acerca de las violaciones, torturas y malos tratos que padecen miles de personas en lo que es la etapa final de su viaje. Ahora sabemos con certeza que la lucha por el asilo y contra la tortura, dos objetivos universales básicos, incondicionados, en la lucha por los derechos humanos, se hallan fuertemente entrelazados, como ha explicado magníficamente el profesor García Cívico en un recientísimo artículo, de imprescindible consulta, “Two-Lanes backstop: Refugees&Torture” ( http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/3461/2799 ).

La lucha por el reconocimiento efectivo y universal del derecho de asilo a todos los que necesitan del refugio, es un objetivo que debe estar por encima de concepciones de partido, de coyunturas socioeconómicas, de conveniencias. Porque si fracasamos en esta causa, si, cansados de la reiteración de sus horribles imágenes, dejamos de denunciar el irresponsable y criminal incumplimiento de nuestros deberes para con los refugiados, tal y como practican nuestros gobernantes, dejamos de presionarles y recordarles que ese incumplimiento les priva de la más elemental legitimidad, socavaremos nuestra propia democracia, como socavamos cuando abrimos un resquicio a la tortura, so pretexto, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo. Y eso sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos.

 

LA LEY DEL MENOR (Cartelera Turia, nº 2784, 9 de junio de 2017)

Aunque no fue aclamada por la crítica, que vió en ella un correcto ejercicio de estilo sin el afán provocador de antaño, suelo regalar a mis amigos La ley del menor, un relato breve de Ian McEwan (Anagrama, 2015), que he utilizado también en los cursos de filosofía del Derecho, derechos humanos y argumentación jurídica. Cierto que el hilo argumental -la peripecia vital de su protagonista, la juez Fiona Maye- va más allá de sus dudas acerca de cómo afrontar el problema de un adolescente testigo de Jehová que se niega a recibir transfusiones y su compleja peripecia posterior. Pero quería tomar la novela como pretexto para referirme a un debate que no afecta sólo a la muy activa y comprometida vicepresidenta del Consell, sino a todos nosotros: hablo de los casi 4000 niños bajo tutela de la GVA.

El atomismo paleoliberal dominante, haciendo buenos los diagnósticos del gran Bacon (magna civitas, magna solitudo), o del Riesman de los años 50 (la muchedumbre solitaria), en su capacidad desintegradora del vínculo social, del mínimo de inclusión y solidaridad, refuerza exponencialmente la desigualdad entre los privilegiados que pueden vivir como mónadas (ricas) y los desechables, los que engrosan las filas del precariado y también quienes ni siquiera valen como consumidores. Que en esas categorías de desecho humano se encuentran los menores de edad no acompañados, resulta difícil de discutir.

La vicepresidenta Oltra nos descubría commocionada, hace un mes, que una parte significativa de los centros de acogida de menores gestionados bajo tutela del PP, se encuentran en condiciones infrahumanas e incluso hay indicios de que se hayan producido en ellos hechos tipificables penalmente, también por la falta del ejercicio obligado de control por parte de la administración competente, en los años de Gobierno del PP: empresas quebradas a las que se prorroga la gestión, menores que sobreviven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, imágenes dickensianas (por ejemplo, las de la workhouse a la que se ve conducido Oliver Twist, que tendrá que lidiar con odiosos personajes como Fagin, Sikes o Monks). Por cierto, un abandono que en el caso de menores inmigrantes no acompañados (MENAS), se multiplica en el caso europeo, ante la indiferencia de nuestros Gobiernos. Y que llega al disparate denunciado en el Informe del SJM sobre los CIES: este año 2016 se descubrió la presencia de 51 MENAS internos en esos centros, el triple que en 2015.

No dudo de la implicación de la Consellera en la lucha por la protección de los derechos de esos niños, pero tras dos años de gobierno, ya no puede seguir sólo denunciando la evidente y horrible herencia que dejó en esta materia el desgobierno del PP: lo que hay ahora, tras dos años de su gobierno, es también responsabilidad suya. Claro que el PP parece más atento al beneficio político de la erosión de Oltra que no al interés de los menores y, en su estrategia de tinta de calamar, están dispuestos a impulsar comisiones de investigación sobre cuya viabilidad y pertinencia (entre otras razones, por interés de los propios menores) ya se expresó con claridad y buenos argumentos el sindic M.Mata. La propuesta de desinstitucionalización (que los niños vivan en familias de acogida y no en esos centros) parece la más razonable y en todo caso es inexcusable por lo que se refiere a los menores de 3 años cuya presencia en esos centros carece de justificación. Pongan los medios. En interés de los menores.

Archipiélagos de la desesperanza (Prólogo al Informe CIES 2016 SJM)

El Informe que el lector tiene en sus manos es un contundente y coherente alegato sobre la necesidad de acabar con una institución tan inútil como injusta, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y además en un aniversario tan importante como el que recordaba recientemente el Defensor del Pueblo en la presentación de su informe correspondiente a 2016: se cumplen treinta años de una sentencia del TC sobre los CIE que, al decir de esta Alta Institución “no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias”, lo que justificaría “una revisión profunda” del modelo de los CIE.

Hay que agradecer a quienes lo han preparado su trabajo paciente y riguroso, que huye de toda demagogia para exponer datos, contrastar denuncias, examinar argumentos y así posibilitar propuestas constructivas. Un primer dato me parece digno de subrayar: dos de cada tres extranjeros que han sido internados en los CIE acaban siendo puestos en libertad, lo que acredita empíricamente el fracaso de la finalidad que supuestamente justificaría la existencia de este inicuo tertium genus (no son cárceles, como dejó claro el TC en la sentencia de 1987 ya aludida, pero tampoco Centros de acogida, ni Centros de Estancia Temporal), esto es, asegurar la expulsión de nuestro país de todos aquellos a los que jurídicamente se debe considerar expulsables. Hay en el fondo de la opción por su mantenimiento una lógica jurídica que a muchos de nosotros nos repugna, por muchos y fuertes argumentos. El primero de ellos, la suspensión de derechos, de iure y de facto. El segundo, la noción misma de expulsables, que evoca la de desechables, tal y como argumentara el desaparecido Zygmunt Bauman, al que recordaré de inmediato y de quien tomo prestada la fórmula que da título a eta introducción. El tercero, importante para quien al cabo es, como yo, un profesor de Derecho, es el detrimento que estas instituciones suponen para la noción de Estado de Derecho, para el proyecto de una democracia constitucional que ha de ser necesariamente inclusiva y plural.

La primera razón por la que considero que, hoy, este informe es más que oportuno, necesario, es que en los meses que hemos vivido de este 2017, tenemos suficientes indicios de que vivimos un momento de acusado repliegue de la garantía de los derechos humanos y fundamentales de personas que, en su inmensa mayoría, no son delincuentes condenados por sentencia firme en virtud de la cual haya quedado acreditado que cometieron un delito de tal gravedad que les hace merecedores de la máxima sanción que un ordenamiento jurídico puede disponer, que es la privación de libertad. Por supuesto, hablo de Ordenamientos jurídicos que hayan incorporado esa exigencia civilizadora que es la abolición de la pena de muerte, lo que, por cierto, está lejos de ser todavía hoy una conquista unánime en la comunidad internacional. Las excepciones son bien conocidas. Pues bien, en el pasado mes de marzo, dos instituciones de la Unión Europea ha asestado un duro golpe a la legitimidad de sus políticas de inmigración y asilo: de un lado, la Comisión, que impulsa un plan de retorno en el que cuenta nada menos que con un Estado fallido como Libia, para insistir en la externalización de su política de expulsiones. De otro, la atrabiliaria Sentencia del pasado 4 de marzo de la Corte de Luxemburgo a favor de Bélgica en el asunto de visados humanitarios, por no hablar, evidentemente del malhadado Convenio entre la UE y Turquía, del uso de la noción de país seguro y de otros mecanismos del sistema de Dublín, etc. Eso significa insistir en la lógica orwelliana (la del cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja) de que no todos los seres humanos son titulares iguales de derechos, algo inaceptable para cualquier persona con el más mínimo sentimiento de lo jurídico del que hablara el gran jurista alemán Jhering.

Pero hay otra razón más profunda, la que explicaba Bauman en su imprescindible Archipiélagos de exclusión: los CIE son una pieza de una concepción que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables de un sistema sometido a la más radical concepción de un mercado global desregulado que se autodirige por el principio del máximo beneficio y en el que los trabajadores son cada vez más concebidos y tratados como coste a reducir, no como sujetos de derechos y desde luego no, de derechos económicos y sociales. Los Centros de Internamientos de Extranjeros, la transformación de los centros de acogida de refugiados n otros tantos centros de internamiento (el ejemplo más terrible es la política australiana), los barrios periféricos de nuestras ciudades en los que viven inmigrantes a los que no se trata de integrar sino de contener, y de los que el Estado deserta, son, al decir de Bauman, los escenarios de esa nueva industria del desecho humano en la que parecemos empeñados. Suprimirlos es una exigencia de dignidad.

 

 

 

 

Cuestionario de El Temps: valoración de 2 años de Gobierno en la GVA

El número de El Temps de 30 de mayo de 2017 incluye un dossier con valoraciones de la ejecutoria del Gobierno de la GVA basado en el “Pacto del Botánic”, en el ecuador de su mandato. Comoquiera que lo publicado es un extracto, prefiero dejar constancia de lo que respondí al cuestionario…

––Després de dues dècades ininterrompudes amb governs del PPCV, el juny del 2015, la Generalitat Valenciana va experimentar un canvi de color polític. De manera breu, quin balanç fa dels primers dos anys del Govern del Botànic? Quines coses li han semblat més positives i quines més negatives?

Positivo: ante todo, en términos del alivio que supone toda renovación después de un período tan largo sin alternancia. Positivo también porque esta administración, al ser fruto de un pacto entre tres fuerzas políticas y en segundo lugar, al haber dado paso a un Gobierno bipartito, no parte de una lógica monocolor, monopartidista, la de las mayorías absolutas, y, por tanto, no trata de colonizar la sociedad civil como lo hizo el PP durante 20 años en la comunidad valenciana, no practica el expolio de lo público que llevaron a cabo los Gobiernos del PP en el Consell, en las Diputaciones, en los Ayuntamientos. Positivo finalmente por lo que se refiere al balance general del cumplimiento del contenido del acuerdo programático que es el Pacte del Botánic (como también, en el caso de la ciudad de València, el Pacte de la Nau), sobre todo porque me parece que se ha avanzado decididamente en las medidas y propuestas contenidas en los apartados de <rescate de las personas>, <gobernar para las personas> y <regeneración democrática y lucha contra la corrupción>, es decir, en términos de derechos. Otra cosa son los objetivos de <nuevo modelo productivo> y <financiación justa y auditoría ciudadana>, donde el grado de cumplimiento me parece manifiestamente insuficiente, aunque claro, el peso de la injusta y descompensada financiación impuesta desde el Gobierno Rajoy es un obstáculo muy difícil de salvar..

 

 

––Una de les matèries que més ha preocupat el nou Consell és la transparència. Considera que el nivell que s’ha assolit és suficient?

Aceptemos que siempre se puede avanzar en transparencia, como en casi todo. Pero creo que se puede decir que el esfuerzo ha sido notable, tanto en lo que se refiere a la exigencia de visibilidad y acceso de la información institucional para los ciudadanos, cuanto en la mejora de la capacidad de control y las medidas institucionales, aunque en este segundo plano, en el de la accountability, queda mucho por hacer, sobre todo si no nos limitamos al Consell y pensamos en instituciones como las Diputaciones.. Ese balance positivo me parece que justifica lo que a algunos les parecía un despropósito o una cortina de humo o simplemente fruto de la peculiar versión del Pacte del Botánic como nuevo >pacto del pollo>, crear una Consellería con semejante objetivo. Se puede mejorar: mencionaré solo un ejemplo reciente: el propio Consejo de Transparencia acaba de formular una declaración en la que reclama una reforma para obtener un estatuto propio, que le de la suficiente autonomía y eficacia de funcionamiento. Aún no tiene una respuesta.

 

––Percep que els valencians van desempallegant-se de l’estigma de la corrupció o, per contra, aquest procés requereix de molt més temps?

No: creo que aún no existe ese sentimiento generalizado de haber pasado página del peso asfixiante de la corrupción, porque mientras continúen pendientes los procedimientos jurisdiccionales por asuntos de corrupción que demuestran que el Gobierno del PP mantuvo un modelo de monopolio de poder en todos los ámbitos y con una ausencia de control tal que era casi inevitable que se generalizaran prácticas de corrupción (con la ayuda inestimable de los corruptores, por supuesto), esa mancha continuará contaminando la discusión y el espacio público. Pero me parece imposible dejar de reconocer que hay una sensación generalizada de alivio por el hecho de que el comportamiento de los responsables de la actual administración autonómica ya no da hoy para noticia diaria en términos de denuncias de corrupción y que se actúa bastante rápidamente cuando aparece una sombra al respecto.

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––Podem, com a força que dóna suport des de fora del Govern, reclama més participació de la societat civil. A través de quins mecanismes podria incrementar-se la influència de les diverses associacions ciutadanes en la governança pública?

Que la sociedad civil participe más, sobre todo si por sociedad civil no se entiende sólo empresarios y celebrities afines (como en la famosa foto del acto impulsado por el honorable Fabra, es una reivindicación de la más elemental concepción democrática y por tanto se puede avanzar siempre más. Creo que desde el Consell (y desde el Ayuntamiento de Valencia) se ha impulsado esa lógica de participación. Otra cosa es que se sostenga que toda decisión administrativa debe ser fruto de la deliberación de representantes de la sociedad civil, algo que a mi juicio significaría la parálisis. Me parece más importante que se impulse el control efectivo y a posteriori de las decisiones, por parte de los representantes de la sociedad civil (además, obviamente del control institucional –Corts- y jurisdiccional, y del control básico que significa la libertad de prensa), que no multiplicar consejos de participación de representantes de la sociedad civil para cualquier tipo de gestión administrativa.

 

––En temes de cooperació, quins canvis ha notat?

Ante todo, la voluntad de transparencia, de seguir reglas claras y previas y de control de las decisiones y proyectos adoptados en ese marco. Hay también, me parece, una mayor participación de los agentes de las acciones de desarrollo y codesarrollo, aunque quizá todavía no se ha implementado suficientemente lo que un buen colega (Sami Naïr) considera la clave de toda política en esta materia: la descentralización, el protagonismo de los agentes -públicos pero no institucionales- de uno y otro lado de la relación y los mecanismos de control público de las decisiones.

 

Quines qüestions considera irrenunciables amb vista als dos propers anys, quan s’haurà esgotat la legislatura? Quins deures haurien d’estar resolts el maig del 2019?

Ya las he señalado en mi respuesta a algunas de las cuestiones: la contribución de la GVA para que esta comunidad, los agentes sociales, los ciudadanos, puedan abordar la radical transformación que se nos viene encima en términos de cambio del modelo de trabajo y del modelo productivo. Me parece prioritario ayudar a recuperar el talento que se nos ha ido fuera. Invertir –invertir, no gastar- en el tejido de Ciencia e Investigación, sin supeditar el modelo público de enseñanza superior únicamente a los intereses de una parte del empresariado. Desarrollar instrumentos de control y participación (alguna de las iniciativas propuestas por Podemos en el Pacte del Botánic) van en ese sentido. No hablo,porque no tengo competencia, de la necesidad de infraestructuras que sitúen a la CV en la red estatal y europea (el corredor Mediterráneo es la más evidente, incluso para un lego como yo). Y, por supuesto, todo ello significar conseguir un cambio en el modelo de financiación que impera en el Estado. Lo que no se conseguirá, me temo, mientras al frente de España haya un Gobierno como el de Rajoy.