UN TIRO EN EL PIE DE LA UE: EL NEGOCIO DE LOS MUROS (Saó, enero 2017)

Quiero aprovechar la invitación de la Revista Saó a participar en este monográfico sobre la Unión Europea, para proponer a los lectores una reflexión sobre uno los asuntos menos visibles en torno a las políticas europeas migratorias y de asilo de la UE. Me refiero a lo que Claire Rodier y otros[1] han denominado “el negocio de la xenofobia”, que puede cifrase en torno a los mil millones de euros entre 2005 y 2020 y cumple una triple función, económica, ideológica y geopolítica. Se trata de saber quiénes y cómo sacan provecho de la prioridad número uno de esas políticas: blindar las fronteras exteriores de la UE.

Lo primero que hay que preguntarse es el por qué de ese blindaje, el por qué de lao que los críticos llaman el proyecto de la Europa fortaleza. ¿Realmente está amenazado el territorio soberano de la UE? Asistimos ante un ataque a nuestras fronteras? De qué tipo? La respuesta, conforme a la posición oficial de la propia UE, animada desde buena parte de los Gobiernos de los Estados miembros (y no sólo los del grupo de Visegrad) es afirmativa: nuestras fronteras exteriores, cuya fortaleza sería la condición sine qua non del espacio de seguridad, libertad y justicia interior y muy claramente, de la libertad de circulación interna de personas y mercancías, están fuertemente amenazadas.  ¿Por quién? Por centenares de miles de inmigrantes irregulares y, más recientemente, de supuestos demandantes de asilo, que pugnan por alcanzar nuestro territorio. Que eso es así ha quedado acreditado, según nuestros gobernantes, en el último Consejo Europeo extraordinario celebrado en septiembre de este año en Bratislava. La consecuencia es muy clara: debemos elegir entre asegurar nuestras fronteras o presumir de una política altruista con todos esos centenares de miles de personas que llaman a nuestras puertas. Pero, primero, como se ha dicho, los europeos no podemos asumir “toda la miseria del mundo”. Segundo, en situaciones de crisis, la prioridad ha de ser atender las necesidades de nuestros ciudadanos y el pastel no da para todos. Finalmente, no todos los que alcanzan nuestras puertas son “trigo limpio”(cardenal Cañizares dixit), sino que hay un porcentaje significativo de delincuentes e incluso de peligrosísimos terroristas. Y, para nuestros gobernantes, está claro: uno y otro propósito son incompatibles. Eso nos obliga a reforzar los controles fronterizos y, por supuesto, a realizar un estricto control, un triage, para que puedan pasar sólo los que de verdad deben tener derecho a pasar y a quedarse,  los verdaderos refugiados y los inmigrantes legales. La consecuencia es que debemos amurallarnos: Vayas donde vayas, vallas, pareciera el nuevo lema de la UE.

Ese afán, que ha hecho resucitar los muros en un mundo teóricamente abierto, que relativiza la importancia de la soberanía territorial (y, por tanto, debería potenciar el reconocimiento del derecho a la libre circulación), es una añagaza.  Vivimos un proceso de refuerzo de las fronteras, entendidos como muros y, aún peor, como espacios en los que se relativizan si no incluso se niegan elementales derechos humanos. Lo muestra la evolución de la política de fronteras de la UE, que parece avanzar en sentido contrario, el de la prioridad de una respuesta que no es ya policial, sino estrictamente militar y en la que los derechos pasan a convertirse en privilegios altamente arbitrarios, por cuanto se violan derechos humanos fundamentales, se ha llegado a vaciar de contenido el derecho de asilo, dificultando hasta el extremo la posibilidad de llegar a salvo a territorio europeo, mercantilizándolo (como ha hecho en este año de 2016 una ley del Parlamento de Dinamarca que impone a los refugiados un copago de las prestaciones que, en realidad, son derechos) o relativizando el principio básico de non refoulement, como resulta del acuerdo de deportación entre la UE y Turquía, por no hablar de la inaceptable transformación de los centros de acogida y estancia de demandantes de asilo en centros de detención, como si esos demandantes, que huyen de la persecución, fueran más que presuntos delincuentes.. La UE incumple así principios básicos del Estado de Derecho, hasta llegar a la aberración jurídica de crear un estado de excepción permanente, esto es, un infra-Derecho aplicable a los protagonistas de buena parte de la movilidad forzada: inmigrantes irregulares y aquellos que ya denominamos como asylum seekers, para evitar el nombre de refugiados. Esta guerra contra el asilo se ha llevado a cabo recurriendo a dos instrumentos muy criticables, la externalización de la policía de fronteras, encomendada (previo pago) a países terceros que no garantizan el standard mínimo de derechos (el paradigma es Turquía) y su militarización, esto es el recurso a instrumentos militares, como lo prueban las características de la operación EUNAVFOR-MED (aunque se la haya rebautizado como “Sofía” para disimular ese carácter) y el recurso a la OTAN en el Egeo. Las políticas migratorias y de asilo entran así en el cesto de las políticas de seguridad y defensa. En el balance, a principios de diciembre, más de 4500 muertos en el Mediterráneo, a los que hay que añadir las penalidades de quienes de nuevo tienen que alcanzar la ruta del Mediterráneo central, de Libia a Italia y allí someterse a las vejaciones, malos tratos y exacciones de las mafias, además de las continuas violaciones para las mujeres.

Decía que el afán de marcar de nuevo fronteras, erigir muros supuestamente infranqueables, es una añagaza. Lo ha probado convincentemente la politóloga norteamericana Wendy Brown[2]: el recurrente propósito de los Estados de la UE (y no sólo: los EEUU, Australia, etc) por erigir muros, es sólo parangonable a su ineficacia para controlar o poner fin a los desplazamientos de las migraciones forzadas. En realidad, esa obsesión tiene una función básicamente simbólica  e interna.  Se trata de hacer creer a los propios ciudadanos que se les está defendiendo frente a una amenaza, un peligro, el que representan inmigrantes e incluso refugiados, mostrando así que los Estados (los gobiernos) les defienden eficazmente y gestionan impecablemente la soberanía territorial. Recordemos que ese fue un mantra repetido una y otra vez, por ejemplo, por el Gobierno Rajoy, especialmente por su ministro del Interior, en relación con las plazas africanas de soberanía española, Ceuta y Melilla, supuestamente sitiadas por millares de ilegales, subsaharianos, como llegó a titular en primera, a cinco columnas, el diario El País. Pues bien, además de un engaño, esa estrategia aleja a la UE del proyecto político de una democracia plural, inclusiva y garante de los derechos y de las reglas del Estado de Derecho.

Ese propósito de blindar las fronteras constituye, además, un negocio, con beneficiarios identificables: los lobbies y las industrias de seguridad y armamento. Todo ello es perfectamente funcional a esta evolución del capitalismo de mercado global que impone la privatización de funciones que antes constituían competencia exclusiva del estado, de los poderes públicos, como la seguridad y vigilancia de los espacios públicos y aun de las fronteras, de los dispositivos de control, informatización de los visados, construcción de muros, de centros de detención, vuelos colectivos de expulsión/deportación, etc. En relación con la UE, recomiendo, como decía, la lectura del apasionante trabajo de Claire Rodier[3], En el libro de Rodier se explica con detalle, con nombres y con cifras, quiénes son los beneficiarios de este enorme y floreciente negocio. Desde una empresa de Málaga, European Security Fencing, ESF, que fabrica y exporta las tristemente famosas “concertinas”[4], a la mayor empresa de seguridad del mundo, G4S, que cuenta con más de 650.000 empleados y que dedica una buena parte de su actividad a la “gestión “ de la inmigración, más las constructoras de los temibles CIE y centros análogos, en Europa pero en los EEUU, o los países que rentan su espacio para posibilitar <espacios al margen de la ley> como la isla de Nauru a Australia.  La evolución de los recursos de los que se sirve la UE en su obstinada impermeabilización de las fronteras ha devenido en una auténtica guerra de facto contra inmigrantes irregulares y demandantes de asilo, a los que se ha estigmatizado convirtiéndolos en sujetos de sospecha. Eso ha justificado un incremento acelerado del gasto en esas tareas de control. Desde 2013, señala Rodier, el instrumento principal es el sistema de ‘fronteras inteligentes’ (smart borders), compuesto por 3 instrumentos: un sistema de entrada/salida (SES), el programa para viajeros registrados (PVR) y la red de comunicaciones Eurosur, que se suman a los ya existentes (el SIVE y la red de CIE o CREA). La Comisión Europea ha cifrado el coste de EuroSur en 338 millones de euros, pero en el Informe Borderline de la Fundación Heinrich Böll se eleva a 847 millones. El coste de Smart Borders subiría a 400 millones de euros, con 190 millones anuales de costes operativos. Han de añadirse también la inversión en FRONTEX, en operaciones como la mencionada EUNAVFOR-Med, o el coste de la intervención de la OTAN en el Egeo (pues esa operación no sale gratis: la sufragamos los ciudadanos europeos) por no hablar de los contratos de externalización: 6000 millones de euros a Turquía y más de 1400 millones de euros a países de la Unión Africana. Si sólo una décima parte se invirtiera en hacer efectivas verdaderas operaciones de salvamento y rescate como las que llevan a cabo -sin subvención oficial alguna- los barcos de MSF, probablemente no tendríamos que lamentar ni la décima parte de muertes. Pero la UE prefiere darse un tiro en el pie –por utilizar una metáfora suave- en lugar de trabajar en cumplimiento de lo que es su razón de ser: una comunidad de Derecho, al servicio del  reconocimiento y garantía de los derechos humanos.


[1]  Véase por ejemplo, el estudio de Frost y Sullivan (2014) Global Border and Maritime Security Market Assessment. La versión online se puede descargar en: http://images.discover.frost.com/Web/FrostSullivan/GlobalBorderandMaritimeSecurity.pdf. [revisado el 27.11.2016]. También el libro editado por T. Gammeltoft-Hansen y N. N. Sorensen The Migration Industry and the Commercialization of International Migration, Routledge, N York, 2013.

[2]  Me refiero a su utilísimo libro Estados amurallados, soberanía declinante, Herder, Barcelona, 2015, con un estupendo y crítico prólogo de Etienne Balibar.

[3] Xenophobie Business. A quoi servent les contrôles migratoires, La Decouverte, Paris, 2015 (2ª). Pero hay también informaciones más sucintas pero no menos interesantes, en trabajos ad hoc como los de Periodismo humano: http://periodismohumano.com/migracion/el-negocio-de-cerrar-las-fronteras-de-europa.html ).

[4] A la que habría que añadir otras como ACS, Indra o Ferrovial, que se reparten 8 de cada 10 euros destinados a las vallas de Ceuta y Melilla: de los 79 millones de euros gastados por el Estado desde 2004 n esos dispositivos de seguridad, esas tres empresas han recaudado 59 millones.

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