SI HAY PROPUESTAS PARA GANAR EL DESAFIO DE LA INMIGRACIÓN (Blog alrevesyalderecho, Infolibre, 18.12.2016)

Qué decir, qué hacer para que el enésimo aniversario del día internacional de los migrantes no sea sólo la enésima denuncia del fracaso de nuestras políticas y de los sufrimientos que padecen tantos millones de seres humanos?

Desde luego, no renunciar a la crítica. No debemos dejar de denunciar lo intolerable, que es nuestra ceguera a la existencia de factores que obligan a emigrar a millones de seres humanos, a huir de sus hogares, donde no tienen las condiciones mínimas de desarrollo humano y por eso un porcentaje muy alto se juega la vida para alcanzar una vida digna. Se juegan la vida: en su viaje sufren violaciones de derechos y se enfrentan a fronteras que tantas veces se erigen como mecanismos de puesta en duda de derechos elementales. Esa crítica apunta a las causas, la desigualdad que no deja de acrecentarse y que los países que reciben y se benefician de la llegada de migrantes no quieren tener en cuenta. Gestionar los movimientos migratorios sin trabajar en los países de origen sobre las causas que hacen de las migraciones un destino forzoso, por estado de necesidad, es construir políticas migratorias destinadas al fracaso. Una lección elemental sobre la que ha insistido hasta la saciedad buena parte de quienes llevan de verdad años analizando y trabajando sobre estos fenómenos, como Sami Nair, a diferencia de tanto aprovechado que, a la luz de las subvenciones y las modas, se disfraza ahora de experto y repite cuatro tópicos mal entendidos, ilustrados con improvisadas encuestas que descubren mediterráneos.

Hay que seguir denunciando la obsesión policial/defensiva de las políticas migratorias de la  UE, que insiste en construir como archienemigo a los inmigrantes irregulares. Una categoría que ha experimentado un nuevo giro de tuerca, perverso, en el contexto de la falacia de la crisis de refugiados. Como ya he tratado de explicar, creo que la reciente toma de conciencia de que, frente a los refugiados, tenemos obligaciones jurídicas, pues quienes son reconocidos como tales son titulares de derechos exigibles, ha provocado el empeño de hacer una “limpieza”, para establecer de verdad quiénes son merecedores de ese título y quiénes no. En ese proceso, que tanto se asemeja a una <subasta>, como ejemplifica un estremecedor video difundido por CEAR (https://www.youtube.com/watch?v=cT52TbhAVzA), se ha ido a la baja, para reducir a lo imprescindible el peso a asumir. Porque los refugiados (no digamos los inmigrantes) no son vistos como personas con derechos, sino como lastres que hay que aceptar, pero de mala gana, hasta el punto de que nuestro esfuerzo se orienta a poner barreras, a dificultarles la posibilidad de plantear su demanda, esto es, negarles que puedan llegar a ser reconocidos como refugiados. Y aun así, ha habido Estados campeones en la no asunción de sus deberes, como el presidido por Rajoy y gestionado por ese halcón disfrazado de proba funcionaria, que es Soraya Sáez de Santamaría. Las cifras hablen por sí solas: todavía no se ha cerrado 2016, de forma que las estadísticas completas sólo se refieren a 2015 ( véase el Informe CEAR que se puede descargar aquí: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf ), pero ya sabemos que cumplida la mitad del mes de diciembre de 2016,  no llegaremos ni a 700 refugiados acogidos entre los que teníamos que aceptar en el reparto de reubicación y resentamiento. Y sobre todo, seguimos sin Reglamento de la ley de asilo de 2009, aunque las previsiones sobre el mismo, adelantadas por el nuevo ministro del Interior que ha anunciado su aprobación para primeros de 2017, hacen prever un régimen aún más duro.

Pero la peor perversión es la que afecta a los inmigrantes. En ese proceso de limpieza, de ampliar la ganga de la que librarse, los verdaderos desechos de los que habla Bauman cuando critica que Europa esté contribuyendo con sus políticas de inmigración y asilo a una nueva “industria del desecho humano”, son ellos. Parece que los gobernantes europeos nos envíen este mensaje: <refugiados? bueno, sí, tienen derechos y no podemos rechazarlos a todos. Pero, inmigrantes económicos? Quiá! A esos los expulsamos, porque no tienen derecho a venir y, menos, a estar aquí>. Véase, por ejemplo, el deslizamiento del calificativo. Antes eran <ilegales>, un estigma para demonizar a quienes se encontraban en situación administrativa irregular: sin papeles, o al menos sin todos los papeles. Ahora ya basta con decir “económicos” (o sea, trabajadores, ¡qué osadía: quieren ser trabajadores cuando no los hemos llamado!) para hacer entender que son de una clase inferior, que están en primera fila del disparadero, que serán los primeros de los que nos podemos librar. Es preciso denunciar ese lenguaje y, sobre todo, lo que nos trata de transmitir, que los inmigrantes, en particular los irregulares, son personas sin derechos.

No hay propuestas positivas? Sí, y nada abstractas. Hoy quiero llamar la atención del lector sobre dos tipos de propuestas: las primeras, reformas para mejorar el éxito real de lo que -retórica y muy a menudo hipócritamente- se llama “proceso de integración”: por ejemplo, dos que acaba de sugerir Cáritas española en su mensaje con motivo de este aniversario de 2016 (puede descargarse aquí: http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/NdeP_18Dic.pdf ). El ejemplo del segundo tipo de propuestas es una reforma legal, adoptada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Cáritas, a propósito de lo que llamamos inmigrantes irregulares sobrevenidos, una situación que resulta de la férrea vinculación normativa entre permiso de residencia y contrato de trabajo, ha propuesto reformar esa norma porque, como se dice  en el comunicado, “creemos que, en un contexto como el actual, la exigencia de esa vinculación supone romper un proceso de integración ya en marcha, arrojar a las personas a un proceso de exclusión y malgastar una inversión social que sería mucho más útil bien situada”. En segundo lugar, Cáritas ha exigido que vuelva a dotarse con una partida presupuestaria suficiente el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, anulado en la práctica en los 3 últimos años del gobierno ZP y reducido a cero desde que gobierna Rajoy, aunque se vuelve a contemplar, insuficientemente, para 2017. Municipios y regiones han de afrontar solos, recuerda Cáritas, “las necesidades reales de educación, sanidad, servicios sociales o empleo…para evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar acciones que aprovechen la diversidad cultural de los inmigrantes en la sociedad”. Parece lógico que la administración central del estado contribuya a esas dotacione.

Por su parte, me parece un ejemplo estupendo de una nueva comprensión del proceso de integración, en el que las diferentes administraciones de una comunidad autónoma colaboran de forma coordinada, lo que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba esta semana: la aprobación por el denominado Consell del Botánic (como se sabe, Podemos acordó y apoya ese programa de Gobierno aunque no forma parte de lo que es un bipartito) de una nueva ley que  establece un modelo integral de renta de inclusión (ver aquí el análisis que hace FX Uceda, Delegado del Consell para el <modelo social valenciano>: http://www.eldiario.es/cv/politica/Ley-Renta-Valenciana-Inclusion_0_591441215.html ). Y lo traigo como ejemplo porque en esa ley se contemplan como beneficiarios inmigrantes a los que se les exige sólo un período de empadronamiento de 12 meses (la mitad que en el régimen legal anterior). Una ayuda que no necesita ser renovada y que se prorrogará mientras no haya modificaciones al alza de la situación económica y social de quien la haya demandado.

A mi modo de ver, este es un buen ejemplo de lo que debe entenderse por proceso de integración, pues el mensaje consiste en mostrar a quien quiere vivir con nosotros que un primer paso legal, el empadronamiento, le puede permitir una respuesta de inserción en forma de ayuda que contribuya a garantizar necesidades básicas y así a seguir en el camino de la visibilidad y presencia legal, para formalizar un proceso de inserción legal que no sólo consiste en ir superando pruebas, sino también en beneficiarse de su condición de miembro de esa comunidad a la que quiere pertenecer y  a la que de hecho contribuye. Un mensaje positivo para los que llegan, pero también para que nosotros, los de aquí,  aprendamos a verlos como vecinos, como ciudadanos.

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