UNA PROFUNDA CRISIS POLITICA, CAMUFLADA COMO CRISIS DE REFUGIADOS (publicado en La Maleta de Port Bou, nº19, 2016)

1. La falacia de la “crisis de refugiados”.

Transcurrido apenas un año desde que la Comisión de la UE anunció su Nueva Agenda Europea de Inmigración y Asilo, en mayo de 2015, se hace más inaceptable nuestra ceguera, nuestra empecinada negativa a reconocer el alcance de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en Europa, ante nosotros. Porque, a mi juicio, es inadmisible el hecho de que -aún hoy y en contra de toda evidencia- rehusemos teorizar adecuadamente lo que a todas luces es, como mínimo, el síntoma de una profundísima crisis del modelo político europeo (si no una crisis de la democracia misma). Lo camuflamos bajo eufemismos como el de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista y ocultan la verdadera y profunda dimensión política. Y hay que decir basta a esa falacia.

Hay que decir basta, en primer lugar, a la masacre (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol.

Hay que decir basta, también, a lo que es una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[1]. Hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

 

 

 

 

2. Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, recurriré a las tesis de Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[2]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[3]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[4].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[5], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[6]. Esta es la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[7]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[8]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[9], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo neces


[1] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[2] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[3] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[4] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[5] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[6]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[7]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados” (Bauman, 2008: 32)

[8] Bauman, 2008: 32.

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