UN CUESTIONARIO SOBRE LA RESPUESTA A LOS ATENTADOS DE PARIS

La revista Abogados, del Colegio General de la Abogacía, me plantea un cuestionario, que incluyo con mis respuestas:

* El 11-S, y también otros acontecimientos como la llegada masiva de refugiados, pueden provocar la adopción de medidas extraordinarias como la declaración del estado de excepción, un refuerzo de las fronteras, ciudades blindadas, o la limitación de derechos ciudadanos, pero, sobre todo, un debate que enfrenta siempre Seguridad con Libertad. ¿Es falso ese dilema o cómo debe afrontarlo una sociedad madura y democrática para no perder derechos conquistados con tanto esfuerzo?

Debo comenzar por disentir del punto de partida. Unir acontecimientos terroristas recientes y “llegada masiva de refugiados” , me parece un mal planteamiento. No ignoro que se trata de referencias clave para la enésima formulación del debate entre seguridad y libertad tras los atentados de Paris que, a mi juicio, ni son una guerra ni deben ser contestados con la lógica de la guerra. Pero en el caso de los refugiados (por cierto, ¿de qué <llegada masiva> hablamos? De los 4 millones que han recibido Líbano, Jordania, Iraq y Turquía?), la primera e inexcusable consideración es que nos hallamos ante la exigencia de garantizar derechos y la obligación de cumplir deberes: nada que ver con medidas excepcionales en el debate entre seguridad y libertad.

En cuanto al debate, repetiré lo obvio: es un falso dilema, porque no existe otra seguridad que la seguridad en las libertades, seguridad en los derechos, en términos de lo que Balibar denomina <egalibertad>. Esa es la noción de seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho y a fortiori de un Estado constitucional. No discuto que en una sociedad “madura y democrática” los estados de emergencia y excepción puedan estar justificados, pero siempre con el límite que imponen los marcos constitucionales: justificación estricta de toda medida restrictiva de derechos, un plazo definido y preciso de su duración, proporción de las medidas excepcionales y control judicial de toda privación o restricción de derechos. Parece que no hayamos aprendido de los errores de la respuesta en términos de lógica de guerra frente a los ataques del 11S de 2001.

 

 

 

 

Las medidas extraordinarias contra el terrorismo, adoptadas sin fisuras por los gobiernos, ¿supondrán una limitación de los derechos fundamentales? ¿Hasta qué extremo pueden llegar?

Me parecen discutibles, de entrada, esas apelaciones a la <unidad sin fisuras>, que a menudo sacrifican el legítimo pluralismo.  Dicho esto, temo que, por ejemplo, las medidas adoptadas en Francia ponen en riesgo derechos básicos como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la privacidad, o el derecho a la libertad deambulatoria. Considero injustificable que se habiliten restricciones como estas sin control judicial previo.

En suma, es contradictorio luchar por la defensa de nuestras libertades mediante limitaciones tales que, en la práctica,  suspenden (si no anulan) las mismas libertades que queremos defender. Con esa estrategia estamos ofreciendo una victoria a la amenaza terrorista. La estrategia antiterrorista (insisto: es algo distinto de la lógica de la guerra) debe centrar su prioridad en otro tipo de medidas: inteligencia, diplomáticas, control financiero, del mercado de armamento, etc.

 

 

 

¿El integrismo religioso cambiará el reconocimiento y respeto europeo del derecho de libertad religiosa y provocará un retroceso en las políticas de acogimiento de refugiados y asilados?

¿Integrismo religioso? Cuál? ¿El de quienes sólo aceptan refugiados cristianos? ¿El de quienes repiten aquello de que <el Islam> (sic, como si sólo existiera uno, como si todo el Islam fuera fundamentalista) es incompatible con la democracia y los derechos humanos?. Por supuesto que cualquier forma de fanatismo religioso, como el que practican y difunden algunos aliados de EEUU y la UE – Arabia Saudí o las petrodictaduras del Golfo y desde luego, el DAESH o Al Qaeda- es una amenaza que hay que tomar en serio. Pero para combatirla es necesario más que nunca garantizar principios que no me parecen renunciables: la laicidad del Estado, el pluralismo inclusivo, el respeto a la libertad ideológica, de conciencia y religiosa.

Dicho lo anterior, no hace falta pronóstico: ya se está retrocediendo en las políticas de acogida a refugiados (y también en las políticas migratorias), y la xenofobia institucional y mediática están incubando el consabido huevo de la serpiente, erosionando irrenunciables principios: el imperio de la ley, la igualdad ante la ley, la vinculación a los instrumentos jurídicos internacionales de reconocimiento y garantía de los derechos humanos (p.ej. el Derecho internacional de refugiados y también del standard internacional de derechos de los inmigrantes, como el Convenio de la ONU de 1990 o los Convenios de la OIT). Sin ellos, el Estado de Derecho no puede mantenerse y la UE abandona lo que le da sentido como proyecto político, europeo e internacional. Es una idea de Europa la que naufraga, más incluso que los propios refugiados e inmigrantes

 

 

 

* ¿Qué hacer para que las instituciones democráticas y protectoras de los derechos de los ciudadanos cumplan con sus funciones para evitar el recorte de derechos y, especialmente, el respeto la libertad?

No puedo extenderme en todo lo que se debe hacer. Pero sí en lo que es condición sine qua non, esto es, ante todo, cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos.

Frente a alegatos a mi juicio tan retóricos, bien intencionados pero las más de las veces, vacíos, como la apelación a la <hospitalidad cosmopolita>, hay que insistir en que sin el respeto al Derecho, no hay ética (ni éticas: hablamos de sociedades plurales) que valga. Ese respeto es condición tan necesaria como insuficiente, desde luego. Pero no empecemos la casa por las alturas de la apelación a unos principios éticos tan loables como poco exigibles, olvidando los cimientos de la convivencia: insisto, el respeto a la ley.

Cuando no se cumple con la ley -y los primeros obligados son los poderes públicos, los “responsables” políticos-, cuando hay impunidad ante actuaciones y omisiones ilícitas, como la violación de la prioridad del deber de socorro, cuya omisión es un delito (como lo es a mi juicio animar a esa omisión so pretexto de “efectos llamada”, como lo han hecho Teresa May, Jorge Fernández o García Margallo), cuando de forma irresponsable se dificulta el derecho al asilo, como se ha hecho en España, por ejemplo, retrasando durante 6 años la aprobación del reglamento de la ley de asilo –de 2009!!!-,  es absolutamente estéril , a mi juicio, la apelación a la ética o las éticas de turno.

 

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