No sé si hay un tópico más manido y previsible que el de la importancia de la educación. Hablemos de fiestas populares o de violencia machista, de productividad laboral o cumplimiento de los deberes fiscales, de derecho a la muerte digna o de políticas de refugiados, es casi inevitable que llegue el momento en el que alguien sentencie que “todo es cuestión de educación”. Y ahí se acaba el debate y llega el beato y vacío consenso. Sea cual fuere el partido u opción ideológica, todo el mundo repite ese bobalicón blablablá. Y sin embargo, en una prueba de absoluta incoherencia, ese gran acuerdo jamás se concreta en una política educativa estable y suprapartidista. No les digo nada si hablamos de Enseñanza Superior, del modelo de Universidad
¿Todos? No. Un partido brilla por la coherencia entre su ideología, su programa electoral del PP y u gestión efectiva. Sí, el PP. Así lo demuestra el balance que nos ofrece esta legislatura en materia de educación universitaria. Y eso porque, a mi modo de ver, en el PP lo tienen claro. Se trata de devolver la educación superior como derecho natural, o privilegio, a quien le corresponde por su cuna y clase. Para asegurarse de que las mejores oportunidades de promoción correspondan a los de siempre y así, conseguir borrar la nefasta herencia de esa “democratización de la universidad”. Un proceso de transformación social, este de conseguir que todo el mundo pudiera acceder a la enseñanza superior, que –a mi juicio- es uno de los más importantes cambios producidos en la España de los 80 gracias al decidido empeño de los Gobiernos del PSOE, hasta Aznar.
El designio desigualitario se traduce en dos recetas: promover el desmantelamiento de la universidad pública y restaurar las condiciones que imponen que la especialización para el mercado laboral esté sólo al alcance de quien tenga medios para permitírselo. Para los demás quedan los grados, que son cada vez más un modelo degradado de formación comprimida, carne de cañón para el tejido productivo, un nuevo proletariado seudointelectual. Todo ello aderezado con el consabido, halagador y falaz argumento JASP.
No es que esta columna vaya hoy más cargada de demagogia de lo habitual. Déjenme ofrecer unos pocos datos que proporciona el propio Ministerio. Con el Gobierno Rajoy, el precio de los grados (las titulaciones que están “al alcance de todo el mundo”) ha subido un 18%. Así, estudiar Medicina en el curso 2015 es 20% más caro que en 2012. Derecho, un 22%. Pero es que el precio de los masters (la especialización que permite mejores puestos en el mercado de trabajo), un 64%. Y si hablamos de la Comunidad Valenciana, espectacular: un 200% más caros. Esa es la política de enseñanza superior que practica el PPCV. Una vez más, construir la desigualdad en el acceso y disfrute de un derecho, en este caso, la enseñanza superior, para así mantener y aun incrementar los privilegios de clase. Seguro que la señora Bonig también está muy orgullosa de ese legado.