Hay entre nosotros quienes sostienen que todas las instituciones previstas en el Estatut de Autonomía estatutarias son una necesidad, y que sin ellas la autonomía y dignidad del poble valenciá resultarían gravemente dañadas. Así lo ha reiterado el Molt Honorable President del Consell de la Generalitat Valenciana (GVA), Ximo Puig, por ejemplo respecto al Consell Valencià de Cultura (CVC) o el Consell Juridic Consultiu (CJC) en sus recientes visitas institucionales a ambos organismos, al glosar en términos encomiásticos su existencia y ejecutoria. Un gesto coherente, por lo demás, con sus declaraciones como líder de la oposición, cuando expresó contundente y reiteradamente la postura de su partido, contrario a su supresión por entender que eso significaría una mengua de la autonomía. Por tanto, ni hablar de adelgazamiento institucional aprovechando la reforma del Estatut.
No niego que existan argumentos a favor de esa posición. Pero no los comparto. Antes al contrario, soy de los que sostiene que, sin llegar al extremo de considerarlas un cáncer para las precitadas dignidad y autonomía, CJC y CVC son ejemplos notorios de la grasa que, lejos de facilitar la rodadura del resto de las instituciones, amenaza -incluso seriamente- su salud. Me refiero a esa buena salud que consiste en el objetivo irrenunciable de lograr precisamente una autonomía eficaz y cuidadosa en el modo en que se emplean los recursos públicos, que, no olvidemos, es nuestro dinero, el de los ciudadanos del país valenciano. Añadiré que, a mi juicio, ambas instituciones no son los únicos ejemplos de excrecencias, de instituciones superfluas: en el listado del segundo escalón, entre la cuarentena de <organismos propios> de la GVA, se pueden encontrar unas cuantas más.
Comoquiera que ya he escrito en alguna ocasión sobre la conveniencia de suprimir el CVC (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/16/valencia/1347817131_173373.html ), no insistiré en ello y hoy, en este espacio que -mal que pese a algunos vientos y mareas- me siguen brindando los amigos de La Veu del Pais Valencià, me limitaré a enunciar algunos argumentos contrarios al mantenimiento del CJC, que considero un notorio ejemplo de grasa redundante, y de dos tipos: propia y adherida. En todo caso, grasa mala, para entendernos.
Comencemos por la premisa mayor: no por multiplicar las instituciones propias se consigue un modelo autonómico mejor. Depende de su finalidad, de su razón de ser. Cuando los organismos a preservar e incluso multiplicar son los que prestan servicio directo a los ciudadanos y sus derechos, o son instrumentos de control del Ejecutivo (como, por ejemplo el Sindic de Greuges, o la Sindicatura de Comptes), sí, me parece que los necesitamos, porque suponen mejores garantías para los administrados y más medios para asegurar la transparencia y los límites eficaces a los excesos del poder, a la arbitrariedad y a la corrupción. Pero si son instituciones que trabajan para la administración, que tampoco la controlan, sino que en, todo caso, están a su servicio (eso significa asesorar), creo que hay que tener dispuesta y afilada la tijera para evitar duplicidades y gastos superfluos. Para evitar derroches que tienen mucho que ver con el nepotismo, el clientelismo, la distribución de sillones en el interior de los partidos. Por ahí acaba asomando la corrupción.
Y es que, con todos los respetos para la competencia y honradez de los miembros “electivos” (quiero dejarlo claro: no es esa la cuestión), el CJC –como el CVC- me parece un ejemplo de la lógica de campanario del <y dos huevos duros>, propia del camarote de los Marx o de la <Villatripas de abajo> que cantaba Javier Krahe; es decir, “yo de eso, también” o “yo, como el que más”. Una institución que, desde la propia definición estatutaria de sus funciones (según el artículo 43 del Estatut, “es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica”), me parece redundante. No mejora ese juicio la lectura de su normativa específica (la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, modificada en varias ocasiones posteriores, y su Reglamento aprobado por el Decreto 138/1996 del Govern, también modificado en varias ocasiones). Lo peor es que los desmesurados privilegios atribuidos a los exPresidentes de la GVA por la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, añadieron al CJC una grasa extra: la presencia como consejeros natos de esos expresidentes de la Generalitat, atribución de la que, por fortuna, sólo ha hecho uso hasta ahora el Sr Francisco Camps.
¿Por qué redundante? Veamos: si la necesidad del CJC radica en su función de asesoramiento técnico jurídico, ¿es que no tenemos –y pagamos- un Servicio Jurídico de la Generalitat, tal y como dispone la ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat (http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=6177/2005&L=1)? ¿Carecen de letrados las Corts, las Consellerias? No disponemos de funcionarios especializados en el control de la legalidad? No hay un Consejo de Estado, que es el supremo órgano asesor?
Todo ello sin reparar en el efecto de distorsión, insisto, de grasa añadida, que supone la presencia como miembros natos de los expresidentes de la GVA. Y aquí la experiencia, aunque singular (el exmolt honorable Francisco Camps), es demoledora: ¿cómo puede resistir el CJC la prueba de que tengan derecho natural a gozar del status y los privilegios de miembro del CJC gentes cuya ejecutoria produce vergüenza al más descarado? Recordemos el esperpento protagonizado por el ex President en la última legislatura, caso único en la historia de las democracias comparadas: una misma persona ha sido a la vez diputado (miembro del legislativo) y consejero (miembro del organismo que juzga y aconseja al mismo legislativo), sin que ni al Presidente del mismo, ni a sus consejeros, ni a los diputados, a nadie, se les arrugara una ceja. Hablamos de la misma persona que en la carrera hacia delante de megalomanías, dejó exhaustas las arcas de este país. La misma a la que, manchando la dignidad institucional de President de la Generalitat, hemos escuchado en sede judicial declaraciones a un comisionista amigo que aconsejarían enterrarse a cientos de metros bajo tierra a cualquiera que tuviera una micra de dignidad y vergüenza. La misma persona que es el máximo responsable político de los desafueros contables por los que la UE ha impuesto hasta en tres ocasiones multas millonarias, a las que su correligionario el Sr Rajoy no quiere hacer frente y obliga a los actuales gobernantes de la GVA a buscar los euros no se sabe dónde; bueno, sí, en nuestros maltrechos bolsillos. La misma persona que, según declaraciones del Sr Betoret, le obligó a mentir a propósito de uno de los más cutres episodios (un regalo de trajes) de la trama Gürtel, en ese rabulesco sainete de “ahora confieso culpabilidad; ahora no”, al que se nos obligó a asistir a los ciudadanos valencianos. ¿Son esos los títulos que justifican la aportación de asesoramiento imprescindible del único miembro nato del CJC?
Concluyo. No. Ni por el carácter redundante de las funciones atribuidas a esa institución, ni por el lastre injustificable de los consejeros natos, resulta defendible su mantenimiento: delendum est Consell Jurídic Consultiu.