TRAS LA COMMOCION POR LOS REFUGIADOS, UN RIESGO QUE ES UNA PARADOJA

 Quisiera proponer a los lectores que dediquen unos minutos a considerar lo que me parece un riesgo que podríamos calificar como <efecto rebote> e incluso como paradoja, resultado del cambio positivo que se advierte en la opinión pública acerca de la “crisis de refugiados”.

Todos los ciudadanos europeos, incluso los más experimentados en el contacto con tragedias humanas, se han visto commocionados por las imágenes recientes de maltrato a los refugiados en su difícil tránsito a países que garantizan plenamente el asilo (fundamentalmente Alemania; también Suecia; en menor medida, otros Estados nórdicos), que han culminado en la foto de un niño sirio ahogado. Crecen desde diferentes instancias –ciudadanos a título individual u organizados, ONGs, colegios u organizaciones profesionales, asociaciones de toda índole, Ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas- las iniciativas de ayuda, o, por utilizar el término que corresponde, de solidaridad con quienes vemos como desamparados ante riesgos muy graves para su vida. Y nadie puede negar que se trate de una reacción muy positiva, que podría contribuir a un cambio en las políticas de asilo de la UE. Está por ver lo que durará esta toma de conciencia y su impacto real sobre las decisiones de la clase gobernante. Ojalá que sea de más largo alcance que los consabidos telemaratones anuales con los que compramos buena conciencia sin riesgo alguno, ante la pantalla del televisor y con la ayuda del móvil.

Son, en todo caso, buenas noticias también para quienes por diferentes razones llevamos años insistiendo en la necesidad de reconocer los derechos específicos de los que son titulares los refugiados, aquellas personas a las que se reconoce el derecho de asilo. Quienes reclamamos esa reconocimiento de protección específica, la que otorga el derecho de asilo, que se basa en la condición de sufrir una persecución de diferente índole (y no solo “política” como confunden algunos, incluido nuestro ministro de Exteriores: baste pensar en persecuciones por condición étnica o por orientación sexual), que les obliga a abandonar elEestado del que son ciudadanos, insistimos en que las características de vulnerabilidad y riesgo son diferentes de las que padecen aquellos que llamamos inmigrantes.

Sin embargo, precisamente ahora me parece que es necesario llamar la atención sobre el riesgo de entender mal esta distinción. No crea el lector que quiero imitar a Carnéades, el famoso sofista de quien se cuenta que, invitado por el Senado romano, fue capaz de obtener el aplauso unánime de los senadores tras su discurso en defensa del Derecho natural. La misma unanimidad que obtuvo al día siguiente cuando rebatió la idea misma de Derecho Natural (si non é vero…). No: se trata de evitar lo que me parece un “efecto rebote”, si no una paradoja perversa. Pensar que son los refugiados los que tienen en riesgo sus derechos, pero no los inmigrantes (“económicos” se añade, como si eso dejara clara su especificidad).

Un buen amigo y antiguo alumno de postgrado en nuestro Instituto de derechos humanos de la UVEG, Pablo Ceriani, hoy miembro del Comité de la Convención de la ONU sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias, me recordaba hace unos días los estigmas que pesan sobre los que mal llamamos “inmigrantes económicos”, que podrían ser paradójicamente, los perdedores ante la profunda reacción emocional que se ha producido  en toda Europa tras la difusión de la foto del cadáver del niño sirio ahogado. Un niño del que conocemos a sus padres. Un niño que, desgraciadamente, ni ha sido el primero (son centenares, miles) ni será el último en sufrir las consecuencias de una política ciega a las causas de esas terribles imágenes. Ciega, al menos hasta ahora, a la necesidad de modificar sus presupuestos, sus medios de despliegue, sus consecuencias.

En realidad, si negar la pertinencia de un régimen jurídico específico para quienes se ven obligados a buscar refugio fuera de su país, cabe preguntarse por la diferencia de fondo. ¿Acaso la mayoría de esos que llamamos inmigrantes “económicos” emigran por capricho, sólo por comprar un auto mejor, por tener una TV de tamaño de una plaza de toros o una casa más lujosa? No. Si se van de su país no lo hacen simplemente en uso de su libertad de elegir un plan de vida con un standard superior de bienestar, del mismo modo que hasta hace muy poco un español decidía si prefería irse a Alemania, al Reino Unido o a EEUU para especializarse en sus estudios de física cuántica. No. Las causas de estos desplazamientos forzosos a los que se ven constreñidos buen aparte (no todos, desde luego) de los que llamamos inmigrantes, tienen mucho más que ver con lo que llamamos estado de necesidad. Tienen que ver con la brutal desigualdad que no para de crecer entre nuestro mundo rico y sus países. Una desigualdad que exhibimos indecentemente desde nuestras televisiones, que emiten globalmente vía satélite y que pueden captarse ahora también gracias a internet, a las redes sociales, con un teléfono móvil. En el contraste entre su situación y la de los países <del Norte>, es más importante el efecto expulsión que el efecto llamada. La pobreza, la miseria, la falta de expectativas de una vida digna, de la mejora de vida, muchas veces incluso pese a contar con una formación especializada, es lo que empuja a muchas personas a salir de su país. Y es que el primero derecho para los inmigrantes debiera ser el derecho de no emigrar. Esto es, la existencia de condiciones que hagan posible la libertad de elegir. Donde esas condiciones no existen, la inmigración es un destino tan fatal como ineludible. Por eso una verdadera política migratoria debiera empezar por actuar sobre las causas de esa desigialdad. Sobre las causas de la miseria, de la enfermedad, de la ausencia de educación, de pautas patriarcales y machistas de vida, de ausencia de las expectativas de vida, incluidas, sí, también, el déficit en las libertades y derechos.

Hay, pues, cierta dosis de cinismo en el uso de la noción generalizada de inmigrantes “económicos” para todos los que buscan ganarse la vida en otro país. Y la trampa conceptual consiste en propiciar la idea de que, como tales inmigrantes económicos,  ya disfrutan de derechos y lo que quieren es tenerlos más fácilmente, aprovecharse de nuestra riqueza. No, para la inmensa mayoría de quienes emprenden el durísimo viaje de la inmigración, que puede suponer años y penalidades (incluida por ejemplo la explotación como objetos sexuales de las mujeres que tienen que pagarse de ese modo el <viaje>), la condición de inmigrante económico no les asegura un status superior, sino todo lo contrario. Baste pensar en el desarrollo de procedimientos muchas veces arbitrarios o directamente contrarios a la legalidad internacional en materia de control de paso de fronteras. O en lo que ha impuesto el Gobierno Rajoy desde 2012 con su RD 16/2012 que excluye de la sanidad (salvo urgencia) a los inmigrantes irregulares.

Sería una paradoja cruel que la obligación de reconocer derechos a los refugiados fuera la coartada para relajar (más aún? Sí, esto también es susceptible de empeorar) la observancia de reconocimiento y garantía efectiva de quienes sólo son inmigrantes. Porque habrá que recordar que son titulares de derechos. Lo son como seres humanos, desde luego. Pero también como consecuencia de la vulnerabilidad especial que acompaña constitutivamente la condición de inmigrantes. Derechos como los recogidos, a título mínimo, en la Convención de la ONU de 1990 de derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias. Declaración que, por si alguien lo ha olvidado, no ha sido ratificada ni por los eEUU, ni por Australia, ni…por ningún Estado de la UE (a excepción de Portugal), tampoco por España.

No. No lo olvidemos. Tenemos un deber jurídico de reconocimiento y garantía de derechos para con los inmigrantes. Por no hablar de nuestro deber de no practicar políticas de discriminación y exclusión hacia ellos. Y no sólo (aunque el egoísmo racional debería conducirnos a tenerlo en cuenta) porque los necesitamos. Que nuestra justificada, necesaria y oportuna preocupación por los refugiados no nos sirva para olvidarlo.

 

SABER DERECHO, HACER POLITICA

La increíblemente desafortunada intervención del Señor Rajoy, Presidente del Gobierno español y encarnizado defensor de la intangibilidad de la Constitución española de 1978 (CE78), en su entrevista con el Sr Alsina, ha tenido efectos que van mucho más allá de la lógica sorpresa ante el hecho de que alguien que no sólo ejerce tan alta función, sino que es Registrador de la propiedad y por tanto licenciado en Derecho, evidencie semejante ignorancia de lo que disponen la Constitución y el Código Civil. Sin embargo, creo que en la torpe coda final (“me parece que esta disquisición no nos lleva a parte alguna”) está la intuición del Sr Rajoy de que él quería hablar de un tema distinto (la imposible permanencia en la UE de una Catalunya secesionada, y no digamos si lo hace unilateralmente). Una confusión que, en el fondo, subyace a buena parte de los defensores del proceso de secesión. Algunos, también por ignorancia; otros, con intención de engañar. El asunto es que el periodista le pregunta por una cuestión de derechos (los de los catalanes como ciudadanos europeos en cuanto nacionales españoles)  y Rajoy de lo que quiere hablar es de una cuestión política, la salida de Cataluña de la UE, en caso de que se separe de España. Tienen relación, pero son cuestiones diferentes, con respuestas diferentes.

Desde el principio, juristas defensores del procés habían recordado pertinentemente que lo dispuesto en el artículo 11.2 de la CE78  -”ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad” (http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=11&tipo=2 )-, completado por lo que a su vez establece el artículo 24 del Código Civil (http://www.notariosyregistradores.com/NORMAS/codigo-civil-l1.htm#art24 ), dejaba claro que, salvo expresa renuncia a la nacionalidad española,  ningún catalán que sea español de origen perdería su condición de ciudadano europeo, puesto que ésta, la ciudadanía europea, es un atributo ligado a la condición de nacional de un Estado de la UE, algo que los catalanes tienen y que no pueden perder, por ser nacionales españoles. Así lo dispone el artículo 20 del TFUE, que define la ciudadanía europea: “1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla”. Por tanto, de conformidad con los Tratados de la UE, los derechos que se reconocen a los ciudadanos europeos no pueden ser negados a quien mantiene la nacionalidad de un Estado miembro, aunque elija ser ciudadano de un nuevo Estado escindido del anterior, siempre que mantenga la doble ciudadanía, esto es, que no renuncie a la primera nacionalidad y siempre que sea español de origen, es decir, no nacionalizado (luego los catalanes que sean españoles nacionalizados quedarían fuera de esa protección: ¡ojo inmigrantes nacionalizados!). y esto no tiene vuelta de hoja, salvo que la Constitución y las leyes del primer Estado dispongan la incompatibilidad o la pérdida de nacionalidad por esa circunstancia. Lo que, hasta hoy, para los españoles de origen, no es así.

Me parece que se puede argumentar, pues, con mucho fundamento, que la gran mayoría de los ciudadanos catalanes de una hipotética República de Catalunya no perderían, salvo expresa renuncia, la nacionalidad española y sus derechos y por consiguiente no dejarían de ser titulares de la ciudadanía europea con los derechos que  lleva aparejados. Esa pérdida sólo se produciría tras una reforma del apartado 2 del artículo 11 CE78, que precisara que la pérdida de la nacionalidad española va aparejada automáticamente a la opción por la nacionalidad de un tercer Estado (lo que obligaría a su vez a reformar o precisar lo que dispone el artículo 24 del Código Civil). Esa reforma debería ser anterior a la secesión de Cataluña (en caso contrario se perjudicarían derechos adquiridos), aunque se podría argüir que debería ser anterior no tanto al momento de su proclamación por el Parlament de Catalunya, sino al del carácter efectivo de esa secesión. En efecto, como ha explicado el profesor Remiro Brotons, la República de Catalunya, como tal, como Estado, sólo existirá cuando se produzca su reconocimiento como Estado por parte de la comunidad internacional, hipótesis a mi juicio sumamente incierta.

En todo caso, pese a la buena justificación jurídica de tales argumentos, no deja de ser contradictorio, por no decir tramposo, que quienes se manifiestan “hartos de España”, y niegan cualquier legitimidad a la Constitución española,  por española, la invoquen sin problema a la hora de defender sus derechos como ciudadanos europeos. ¿En qué quedamos? ¿quieren librarse de las cadenas españolas, pero sólo un poquito? ¿aguantarán ser españoles porque, por mucho que les fastidie serlo, resulta que esa condición les beneficia?. Lo coherente sería, más bien, que los ciudadanos del nuevo Estado, precisamente porque nace de su voluntad de secesión, renuncien a la nacionalidad española con todas sus consecuencias. O tendrán que admitir que su amor a Catalunya cesa cuando ven desaparecer determinados beneficios…

Ahora bien, ese tema de los derechos de los ciudadanos, es muy distinto del problema político fundamental, esto es, la permanencia o no de Catalunya en la UE, que es de lo que quería hablar Rajoy en la entrevista. Y a este respecto, muy al contrario de lo que sostienen los miembros de la lista de Mas&Co. quiero decir, Junts pel Sí, el asunto no parece tener vuelta de hoja. Si se constituyen mediante secesión como Estado distinto -la República de Catalunya- y si obtuvieran reconocimiento efectivo como tal por parte de la UE, algo que considero improbable (sobre todo si España se opone, o no se ha negociado con España), estarían fuera de la UE. Y simplemente tendrían que ponerse a la cola de la negociación. No es el fin del mundo. Incluso hay quienes como las CUP, con la mayor coherencia y transparencia que conozco, proclaman abiertamente que no quieren negociación con España, pero tampoco quieren pertenecer ni a la OTAN, ni a la UE, no, al menos, a esta UE, ni al euro. Extramuros de la UE hay vida, por supuesto. Ahora bien, no la que garantiza, mal que bien (y soy de los que pienso que en no pocos aspectos, más bien mal que bien), la Unión Europea. Sin amenazas ni apocalipsis. Como decía aquel, sin acritud.

Esa grasa que nos sobra

Hay entre nosotros quienes sostienen que todas las instituciones previstas en el Estatut de Autonomía estatutarias son una necesidad, y que sin ellas la autonomía y dignidad del poble valenciá resultarían gravemente dañadas. Así lo ha reiterado el  Molt Honorable President del Consell de la Generalitat Valenciana (GVA), Ximo Puig, por ejemplo respecto al Consell Valencià de Cultura (CVC) o el Consell Juridic Consultiu (CJC) en sus recientes visitas institucionales a ambos organismos, al glosar en términos encomiásticos su existencia y ejecutoria. Un gesto  coherente, por lo demás, con sus declaraciones como líder de la oposición, cuando expresó contundente y reiteradamente la postura de su partido, contrario a su supresión por entender que eso significaría una mengua de la autonomía. Por tanto, ni hablar de adelgazamiento institucional aprovechando la reforma del Estatut.

No niego que existan argumentos a favor de esa posición. Pero no los comparto. Antes al contrario, soy de los que sostiene que, sin llegar al extremo de considerarlas un cáncer para las precitadas dignidad y autonomía, CJC y CVC son ejemplos notorios de la grasa que, lejos de facilitar la rodadura del resto de las instituciones, amenaza -incluso seriamente- su salud. Me refiero a esa buena salud que consiste en el objetivo irrenunciable de lograr precisamente una autonomía eficaz y cuidadosa en el modo en que se emplean los recursos públicos, que, no olvidemos, es nuestro dinero, el de los ciudadanos del país valenciano.  Añadiré que, a mi juicio, ambas instituciones no son los únicos ejemplos de excrecencias, de instituciones superfluas: en el listado del segundo escalón, entre la cuarentena de <organismos propios> de la GVA, se pueden encontrar unas cuantas más.

Comoquiera que ya he escrito en alguna ocasión sobre la conveniencia de suprimir el CVC (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/16/valencia/1347817131_173373.html ), no insistiré en ello y hoy, en este espacio que -mal que pese a algunos vientos y mareas- me siguen brindando los amigos de La Veu del Pais Valencià, me limitaré a enunciar algunos argumentos contrarios al mantenimiento del CJC, que considero un notorio ejemplo de grasa redundante, y de dos tipos: propia y adherida. En todo caso, grasa mala, para entendernos.

Comencemos por la premisa mayor: no por multiplicar las instituciones propias se consigue un modelo autonómico mejor. Depende de su finalidad, de su razón de ser. Cuando los organismos a preservar e incluso multiplicar son los que prestan servicio directo a los ciudadanos y sus derechos, o son instrumentos de control del Ejecutivo (como, por ejemplo el Sindic de Greuges, o la Sindicatura de Comptes), sí, me parece que los necesitamos, porque suponen mejores garantías para los administrados y más medios para asegurar la transparencia y los límites eficaces a los excesos del poder, a la arbitrariedad y a la corrupción. Pero si son instituciones que trabajan para la administración, que tampoco la controlan, sino que en, todo caso, están a su servicio (eso significa asesorar), creo que hay que tener dispuesta y afilada la tijera para evitar duplicidades y gastos superfluos. Para evitar derroches que tienen mucho que ver con el nepotismo, el clientelismo, la distribución de sillones en el interior de los partidos. Por ahí acaba asomando la corrupción.

Y es que, con todos los respetos para la competencia y honradez de los miembros “electivos” (quiero dejarlo claro: no es esa la cuestión), el CJC –como el CVC- me parece un ejemplo de la lógica de campanario del <y dos huevos duros>, propia del camarote de los Marx o de la <Villatripas de abajo> que cantaba Javier Krahe; es decir, “yo de eso, también” o “yo, como el que más”. Una institución que, desde la propia definición estatutaria de sus funciones (según el artículo 43 del Estatut, “es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica”), me parece redundante. No mejora ese juicio la lectura de su normativa específica (la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, modificada en varias ocasiones posteriores, y su Reglamento aprobado por el Decreto 138/1996 del Govern, también modificado en varias ocasiones). Lo peor es que los desmesurados privilegios atribuidos a los exPresidentes de la GVA por la  Ley 6/2002, de 2 de agosto, de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, añadieron al CJC una grasa extra: la presencia como consejeros natos de esos expresidentes de la Generalitat, atribución de la que, por fortuna, sólo ha hecho uso hasta ahora el Sr Francisco Camps.

¿Por qué redundante? Veamos: si la necesidad del CJC radica en su función de asesoramiento técnico jurídico, ¿es que no tenemos –y pagamos- un Servicio Jurídico de la Generalitat, tal y como dispone la ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat (http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=6177/2005&L=1)? ¿Carecen de letrados las Corts, las Consellerias? No disponemos de funcionarios especializados en el control de la legalidad?  No hay un Consejo de Estado, que es el supremo órgano asesor?

Todo ello sin reparar en el efecto de distorsión, insisto, de grasa añadida, que supone la presencia como miembros natos de los expresidentes de la GVA. Y aquí la experiencia, aunque singular (el exmolt honorable Francisco Camps), es demoledora: ¿cómo puede resistir el CJC la prueba de que tengan derecho natural a  gozar del status y los privilegios de miembro del CJC  gentes cuya ejecutoria produce vergüenza al más descarado? Recordemos el esperpento protagonizado por el ex President en la última legislatura, caso único en la historia de las democracias comparadas: una misma persona ha sido a la vez diputado (miembro del legislativo) y consejero (miembro del organismo que juzga y aconseja al mismo legislativo), sin que ni al Presidente del mismo, ni a sus consejeros, ni a los diputados, a nadie, se les arrugara una ceja. Hablamos de la misma persona que en la carrera hacia delante de megalomanías, dejó exhaustas las arcas de este país. La misma a la que, manchando la dignidad institucional de President de la Generalitat,  hemos escuchado en sede judicial declaraciones  a un comisionista amigo que aconsejarían enterrarse a cientos de metros bajo tierra  a cualquiera que tuviera una micra de dignidad y vergüenza. La misma persona que es el máximo responsable político de los desafueros contables por los que la UE ha impuesto hasta en tres ocasiones multas millonarias, a las que su correligionario el Sr Rajoy no quiere hacer frente y obliga a los actuales gobernantes de la  GVA a buscar los euros no se sabe dónde; bueno, sí, en nuestros maltrechos bolsillos. La misma persona que, según declaraciones del Sr Betoret, le obligó a mentir a propósito de uno de los más cutres episodios (un regalo de trajes) de la trama Gürtel, en ese rabulesco sainete de “ahora confieso culpabilidad; ahora no”, al que se nos obligó a asistir a los ciudadanos valencianos. ¿Son esos los títulos que justifican la aportación de asesoramiento imprescindible del único miembro nato del CJC?

Concluyo. No. Ni por el carácter redundante de las funciones atribuidas a esa institución, ni por el lastre injustificable de los consejeros natos, resulta defendible su mantenimiento: delendum est Consell Jurídic Consultiu.

LA UE Y LOS REFUGIADOS: SORDINA A LA EUFORIA

Creo que lo primero que habría que recordar a propósito del aumento  supuestamente exponencial de los refugiados que tratan de llegar a Europa es que ni ese número es tan desproporcionadamente alto ni se trata de un tsunami, un desastre natural, una catástrofe tan descomunal como imprevisible. En segundo lugar, tampoco hay razones para calificarlos como una amenaza, una plaga. En el caso sirio, por ejemplo, los que llegan a Europa no suponen ni el 10% de los que alcanzan países como Líbano, Jordania, Iraq o Turquía.

Sus desplazamientos son consecuencia, en buena medida, de nuestras acciones y omisiones y son perfectamente previsibles. Baste pensar en Siria, Afganistán o Eritrea. En Libia o en Mali. Sabemos lo que sucedía allí, lo que aún sucede: era y es obvio que centenares de miles de personas buscarían refugio fuera de esos países. Por eso hay que rechazar tales tópicos, esas ideas recibidas de las que echan mano no pocos representantes políticos, pero también buena parte de los medios de comunicación cuando “analizan” la emergencia migratoria y de asilo a la que asistimos desde hace más de un año. Por eso hay que dejar claras algunas tesis.

La más importante es que los estados de la UE y la propia UE han estado violando (las más de las veces por omisión) obligaciones jurídicas vigentes respecto a esos centenares de miles de personas. Para entendernos: ante los refugiados no hay un problema de falta de sensibilidad, de humanidad o de caridad. No. La omisión de cumplimiento de esos deberes es un ilícito jurídico. El que nace de incumplir o violar los deberes jurídicos contenidos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre refugiados. El mismo tipo de ilícito que el que supone cualquier violación del cumplimiento de las leyes vigentes (Código de Circulación, por ejemplo) que podamos cometer los particulares, pero más grave y más difícil de castigar.

Porque, comoquiera que, según hemos constatado una vez más este verano, los estados de la UE han exhibido una pertinaz falta de la voluntad política para poner los medios que serían exigibles para el cumplimiento de esos deberes, se sigue de ello que aún tengan menos voluntad de reconocer sus responsabilidades y repararlas.

Estamos hablando de muertes de miles de personas con nombre y apellidos, personas que son titulares de derechos presuntamente reconocidos y garantizados. Hablamos de violaciones criminales de su vida e integridad física, de comportamientos policiales que en muchos casos constituyen malos tratos o tratos inhumanos y degradantes. No ignoro, desde luego, que la primera responsabilidad jurídica es la de los traficantes y explotadores que hacen caja con la necesidad de huir que atenaza a los refugiados. Pero los estados de la UE y la propia UE no pueden ni deben escurrir el bulto a base de soltar alguna que otra lamentación y declaraciones retóricas, incluso aunque se repitan y alcancen dimensiones jeremíacas.
Cuando redacté estas líneas se acababa de producir aparentemente un punto de inflexión. La opinión pública europea, conmocionada por el poder de la imagen de un niño sirio ahogado en la costa de Turquía (uno entre otros centenares de niños muertos en el Mediterráneo, que no tuvieron esa foto), desató una marea de solidaridad ciudadana que ha acorralado a los políticos europeos sacándoles del marasmo, de la inactividad. El Parlamento Europeo ha aceptado una modificación profunda en el sistema de asilo en Europa y un sistema de cuotas para hacer efectiva esa solidaridad a la hora de acometer la recepción de los refugiados.

Es quizá demasiado pronto para cantar el triunfo de la solidaridad, porque las decisiones dependen de los consejos de ministros de Justicia e Interior y del propio Consejo Europeo, donde en absoluto es descartable que regrese el instinto nacionalista insolidario que puede negar estas decisiones: ahí están los líderes de Hungría, Polonia o Eslovaquia para formar ese frente de rechazo. Por eso, aunque hoy, tras la declaración común de todos los grupos parlamentarios en Bruselas, parece dominar un espíritu de optimismo y, por qué no decirlo, de euforia y aun de orgullo por el hecho de haber conseguido un frente común europeo ante el desafío de la crisis de refugiados, no puedo dejar de hacer una llamada a la prudencia, a la resistencia activa, vigilante, organizada y paciente de los ciudadanos. No han terminado los problemas de los refugiados y, en muchos sentidos,  se acerca el invierno. Temo que esta euforia nos permita olvidar la terca realidad que asoma en los informes anuales de ACNUR: los que asumen el deber de solidaridad con los refugiados no son los europeos. Son los países limítrofes de aquellos que generan la diáspora: el mundo árabe y el África subsahariana, mientras nosotros nos sentimos orgullosos por asumir cuotas minúsculas que vendemos como solidaridad con mayúsculas.

Vamos a seguir recibiendo refugiados. Debemos reconocer sus derechos, acogerlos y organizar su presencia e integración. No será fácil. Pero hemos descubierto que los ciudadanos podemos actuar. Por ejemplo, para exigir en España que, sin más espera, el Gobierno Rajoy apruebe un reglamento de la Ley de Asilo (llevamos 6 años sin él) acorde con estas recientes directrices europeas. Para votar a los partidos que cumplan con esas exigencias y no a los que las olvidan.

El de los refugiados no es un problema de otros. De él cabe decir, con Horacio, mutato nomine, de te fabula narratur. Europeos (españoles) fueron los centenares de miles de personas para cuya protección se creó, tras la II Guerra Mundial, el Convenio de Ginebra de 1951. Más recientemente, europeos fueron los refugiados que huyeron del conflicto en los Balcanes. Los europeos presumimos del Estado de derecho y de la garantía de los derechos humanos como seña de identidad. Exijamos su garantía efectiva y concreta, salvo que estemos resignados a que esos, como otros valores de la UE, naufraguen ante nuestra pasiva indiferencia.

¿ES POSIBLE OTRA POLITICA EUROPEA DE ASILO?

¿UNA NUEVA POLITICA EUROPEA DE ASILO?

Javier de Lucas*

 

 

No lo habían logrado los informes, recomendaciones y denuncias de ACNUR, ni de las ONGs con experiencia y capacidad de propuesta como CEAR y ACCEM o Migreurop. Tampoco los informes y recomendaciones de la Agencia Europea de derechos fundamentales, ni la elocuente resolución 250/2015, “The Thuman Tragedy in the Mediterranean: inmediate Action needed”, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ( http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21690&lang=EN), ni el propio Parlamento Europeo, pese a las valientes y documentadas tomas de posición de eurodiputados como Roberta Metsola y Cécile Kyenge para la Comisión de derechos y libertades del Europarlamento (se puede consultar en el sitio web de LIBE, http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/home.html ), o Ska Keller y Ernest Urtasun (se puede consultar su artículo “Actúen” aquí http://www.ara.cat/premium/Morts-Mediterrania-mesures-urgents-Actuin_0_1345065565.html ).

 

No. Como explica muy bien Jesús Maraña en su “política, refugiados y emociones” (http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2015/09/04/politica_refugiados_emociones_37263_1023.html ) lo ha conseguido la opinión pública convertida en ciudadanía, no sólo indignada sino activa, finalmente concienciada (y no sólo commovida) por una fotografía. Los ciudadanos han tomado las riendas de la política ante la indignante inanidad de sus gobernantes. Lo ha conseguido, pues, la presión ciudadana y también la de niveles subestatales de las administraciones de algunos Estados miembros, como la iniciativa de ciudades-refugio de buen número de Ayuntamientos españoles, que arranca del de Barcelona, o las declaraciones como Comunidades de Acogida por parte de los Gobiernos de Uxue Barkos en Navarra (http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/03/navarra_primer_gobierno_autonomico_que_ofrece_firme_para_acoger_refugiados_37238_1012.html ) y el de  Generalitat valenciana del PSPV y Compromis en Valencia ( http://www.laveupv.com/noticia/15784/resposta-exemplar-del-govern-i-del-poble-valencia-a-la-cris%20i-de-refugiats?id_butlleti_enviar=960&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=resposta-exemplar-del-govern-i-del-poble-valencia-a-la-crisi-de-refugiats ).

 

Sin duda, el papel de aquellos medios de comunicación que no han dejado de informar y han sacado a la luz documentos, tomas de posición y críticas de expertos y ONGs, ha sido decisivo. Pienso en diarios digitales como Infolibre, eldiario.es, Público, o en programas como Hora 25 y Hoy por Hoy, de la Cadena SER, o ARV en la Sexta por citar algunos.

 

Ante esa marea solidaria, la UE, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y los gobernantes de todos los Estados europeos se han movilizado a su vez. Incluso los más reticentes, como Cameron y Rajoy han dado su brazo a torcer, promoviendo así episodios que dejan tamañito el hablaescribe de Orwell. Ahí está la “maldita hemeroteca” para recordarnos los disparates que dijeron durante muchos meses nuestros severos ministros Fernández, GMargallo y la hiperresponsable Saez de Santamaría, convertidos ahora en superferolíticos defensores de todo refugiado que aparezca en el horizonte (un revelador reportaje sobre ese <donde dije digo, digo diego>, en http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/VIDEO-llegado-Gobierno-cuotas-refugiados_6_427367263.html; las declaraciones de G Margallo pueden escucharse en la web de H25 en la cadena SER, www.hora25.es.

 

 

 

Hölderlin tenía razón

Lo importante ahora es que este impacto no se agote en un par de gestos más o menos espectaculares, al estilo de los maratones solidarios con los que compramos buena conciencia desde nuestro móvil, ante el televisor, sin movernos del sofá. Por eso debemos pensar con ambición y aprovechar esta coyuntura favorable, que ha demostrado la profunda verdad del aserto de Hölderlin “allí donde crece el peligro, ahí crece la salvación, del que se ocupara genialmente Heidegger en su Y para qué poetas, en Caminos del bosque. Para que dure esa <ventana de salvación> que se ha abierto cuando estábamos ante el precipicio, hemos de sentar las bases de un cambio profundo en las políticas migratorias y de asilo, un cambio que, como ha insistido Sami Nair, exige repensar de raíz el sistema Schengen y el entramado de Reglamentos de Dublín.

 

La nueva política migratoria y de asilo que ha de emprender la UE y los Estados miembros tiene que comenzar por actuar en las raíces de los desplazamientos forzosos de población que ahora denominamos “flujos mixtos”, esto es, en los fenómenos que obligan a refugiados y a la mayoría de los inmigrantes a abandonar sus hogares, sus países. ¿Cómo olvidar la incapacidad de las potencias occidentales para detener la masacre en Siria? ¿Cómo dejar de evocar la responsabilidad de empresas transnacionales que saquean recursos en Africa y pagan fuerzas paramilitares? Y el cinismo de los países donantes que incluyen en su capítulo de cooperación al desarrollo la obligación de adquirir armamento de sus empresas nacionales? ¿Cómo olvidar que buena parte de las políticas de ayuda al desarrollo van a parar a las cuentas corrientes de los sátrapas y elites corruptas en paraísos fiscales, con absoluta complicidad de los donantes? Y qué decir del saqueo de cerebros o el mercadeo de mano de obra especializada o no en que consiste en la práctica buena parte de los instrumentos de política migratoria europea? Si no olvidamos eso, podemos tratar de diseñar otras políticas migratorias y de asilo, que no incluyan instrumentos de violación de los derechos humanos como los CIE repartidos por toda la UE, las concertinas que ahora exportamos a Hungría, las devoluciones en caliente y demás lindezas en las que se ha empleado a fondo el Gobierno Rajoy.

 

 

 

Otra política de asilo (y migratoria) es posible

Hablar de políticas migratorias y de asilo viables significa reconocer como punto de partida que eso no está ni siquiera al alcance de un Estado, ergo, muchísimo menos, al de una Comunidad Autónoma o región; menos aún, al alcance de los particulares, por muy concienciados y movilizados que se encuentren. La dimensión global del fenómeno de la movilidad humana y de sus manifestaciones en los desplazamientos forzosos que son los refugiados y buen parte de los inmigrantes, exige una respuesta global; como mínimo, regional. La UE está en condiciones muy favorables para elaborar esa respuesta, si hay voluntad política de una verdadero plan común de asilo e inmigración. Hasta ahora mismo, como insiste una y otra vez Sami Nair, asistimos a lo contrario en la propia UE, donde la tendencia a la nacionalización de esas políticas parece imbatible.

 

Necesitamos la comunitarización de todas las dimensiones básicas de esas políticas. Por eso, con todo el respeto a las muy positivas reacciones de solidaridad de los ciudadanos, de organizaciones profesionales, ONGs, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA), es muy importante dejar claro a la opinión pública que a la hora de poner en práctica los instrumentos para ayudar y mejorar las condiciones de los refugiados, todos ellos pasan por una primera condición sine qua non: examinar y decidir si la persona que demanda asilo tiene las condiciones que lo califican como refugiado. Y esa sigue siendo una competencia estatal que debiera pasar a ser europea (al menos en el sentido de que todos los Estados actúen con idénticos requisitos y procedimiento y que se derogue la exigencia de Dublín III, como veremos).

Ahí es donde hay que poner la presión en primer lugar. Si falla esta condición, la solidaridad ciudadana y de los niveles inferiores de la Administración, indiscutiblemente loable (iniciativas de ciudades-refugio y de red de ciudades refugio; declaración de determinadas CCAA como Navarra o la Comunidad Valenciana como Comunidades de acogida a los refugiados) se quedarán sin sentido. Eso supone presionar para adoptar medidas que hagan viable la condición sine qua non, es decir, medidas idénticas de todos los Estados de la UE para asegurar el cumplimiento de sus deberes legales específicos en tanto que Estados-parte del sistema de Derecho internacional de refugiados (Convención de Ginebra de 1951; Protocolo de N. York).

En esa presión, las instituciones de la UE, Comisión, Consejo y Parlamento deben exigir a sus Estados miembros y con más fuerza a los más renuentes, como algunos socios del Este (y en particular a quien adopte medidas contraías a las exigencias del estado de Derecho y de los derechos humanos, como es el caso del gobierno húngaro de Orban) con la amenaza de sanciones si no cumplen esas obligaciones, que son más importantes que el objetivo del déficit y de mayor rango legal. Si se ha amenazado a Grecia con la salida del euro, ¿con qué no habría que amenazar al Gobierno de Urban?

Dicho esto, se trata de adoptar medidas concretas que acerquen el derecho de asilo a quienes precisan de él. Se trata de hacer más accesible la solicitud de asilo para todas las personas que lo necesiten, es decir, evitar que se vean obligados a travesías de enorme riesgo y, desde luego, evitar que se confíen a mafias en su intento de llegar a los países (RFA) que saben que cumplen con las exigencias legales internacionales. Medidas asimismo orientadas a agilizar el procedimiento. Porque todo lo demás depende de esas reformas.

A este respecto y sobre todo teniendo en cuenta que las crisis de refugiados e inmigrantes pueden ser coyunturales, pero la existencia de desplazamientos forzosos y masivos de población (inmigrantes y refugiados) es ya una característica estructural de nuestro mundo globalizado, creo que deberían adoptarse algunas medidas que se inspiran en las propuestas por ACNUR, CEAR, la FRA, y que he discutido en distintas ocasiones con mi amigo y colega Sami Nair (algunas han sido propuestas y sistematizadas en reciente documento del PSOE en el mes de agosto a iniciativa, creo, del propio Nair y también en declaraciones de otros partidos como Podemos):

* La UE debe contar con una Autoridad o Agencia específica para la gestión del sistema de Asilo y Refugio y de la protección subsidiaria (con especial atención a los programas de reasentamiento). Otra similar debiera ser creada para lo referente a Inmigración.

* Una Alta Autoridad interministerial con rango mínimo de Secretaría de Estado, al frente de una Agencia de Refugiados y otra al frente de una Agencia de Inmigración, asimismo de carácter interministerial, debe ser creada en España.

* Debe revisarse el Reglamento de Dublín III. Ante todo, para reexaminar los criterios de definición y actualizar la noción de <países seguros> y también para derogar la vinculación al primer país de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo.

* Se debe incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y tránsito. Para ello, es decisivo el esfuerzo en incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que deberían multiplicarse y asegurar en ellas la presencia de representantes de ACNUR.

* Ese incremento correspondería, en buena lógica, a la UE, que debe y puede multiplicar las oficinas diplomáticas y consulares (esa es una contribución de los 28: no hace falta que todos los países las abran en todos los países de riesgo o en sus Estados limítrofes. Se trata de coordinar la aportación de los Estados miembros para ese incremento), sobre todo  en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es ingenuo pensar en hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea. Pero no en Jordania, Líbano. Iraq o Turquía, por referirnos sólo a ejemplos que afectan los refugiados sirios.

* Activar políticas de concesión de visados más flexibles, en particular en lo que se refiere a los visados humanitarios

* Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto

* Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias

* Reforzar e incrementar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados, a partir de un Sistema Europeo de asilo de carácter permanente y común.

 

En Estados como España, con una estructura multinivel desde el punto de vista administrativo, es fundamental optimizar la coordinación entre los diferentes niveles de la administración para evitar el despilfarro de recursos y mejorar la eficacia. Por supuesto, no se trata de negar la autonomía y las competencias de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades autónomas (CCAA), pero hay decisiones que deben ser de alcance general. Así, por ejemplo, hay que elaborar y aprobar de modo urgente y en colaboración con las ONGs especializadas y con el Defensor del Pueblo, el Reglamento de la ley de asilo todavía hoy pendiente y con particular atención al desarrollo del artículo 46 de la Ley de Asilo que hace referencia a las personas en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, sería conveniente diseñar  un Plan estatal de acogida de refugiados (y también de quienes obtengan la protección subsidiaria), en colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones, CCAA y ONGs especializadas y prestando especial atención a la experiencia y recomendaciones formuladas reiteradamente desde el Defensor del Pueblo en sus informes Anuales y en sus recomendaciones puntuales. para su distribución equitativa. Por lo demás, para esa prioridad de coordinación y sin ignorar sus riesgos, cabe discutir si la estructura particular que supone la  FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) podría ayudar a coordinar las iniciativas de Ayuntamientos y Diputaciones con las de la Administración central del Estado. Insisto en que a juicio de muchos de nosotros es necesario diseñar, por el mismo procedimiento y condiciones, políticas de protección social para quienes soliciten y obtengan asilo o protección subsidiaria. Para ello es importante contar con la experiencia de ONGs especializadas, en lugar de multiplicar las ayudas a todas las ONGS. Deberían concentrarse las subvenciones  en CEAR y ACCEM. Y en coordinación los medios que pueden proporcionar Ayuntamientos (FEMP)  y CCAA. Por ´ultimo, pero no en importancia, sería necesario que las oficinas que ya se han creado en Ceuta y Melilla sean dotadas con medios personales y materiales suficientes para evitar el agravio comparativo en la duración del procedimiento cuando este se incoa en dichas ciudades.

En el proyecto de los presupuestos de 2016 ha habido una reconsideración al alza de la partida destinada a políticas de asilo. Debe reconocerse  esa rectificación. Pero precisamente por eso no se entiende que no se aborde una necesidad urgente, la única que mencionaré en el ámbito de la política migratoria. Es urgentísimo, en materia de la atención a los inmigrantes, que se restaure de inmediato y con dotación de al menos 400 millones de euros el Fondo de ayuda a acogida e integración inmigrantes, para Ayuntamientos y CCAA, que fue ya muy reducido en el último tramo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, al abrigo de las dificultades de la crisis y simplemente suprimido por el Gobierno Rajoy en 2012.

Antes de terminar, una observación que parecerá objeción de purista, pero que no puede dejar de ser formulada: ¿es compatible declarar que el asilo es un derecho irrenunciable de quienes tienen la condición de refugiados, por lo tanto innegociable, y establecer un sistema de cuotas?

Como me recordaba mi colega y amigo Pablo Ceriani, en una conversación reciente, ambas tesis son moral y jurídicamente incompatibles.  Antes recordaba la responsabilidad de la UE en las causas que desencadenan las situaciones de las que huyen los refugiaos y recordaba también la patente asimetría no sólo aritmética, sino moral, entre la respuesta de Líbano, Jordania, Iraq y Turquía y la de los países de la UE que no llegan al 10% de aquellos, con una diferencia de PIB que no hace falta glosar¿ Y qué decir desde el punto de vista estrictamente jurídico? Insisto, si el asilo es un derecho, como me decía Pablo, qué le decimos al refugiado 200.001? “disculpe, pero la cuota de derechos a respetar ya se cumplió, siga participando, vuelva al bote y pruebe el año próximo”? ¿qué diríamos ante una propuesta similar, planteada respecto a otros derechos, como el derecho a la vida, o la prohibición de la tortura? Garantizamos esa prohibición hasta el demandante 200.00, pero no al 200.001?

Hay tarea por hacer y elementos para la discusión. La opinión pública, los ciudadanos, deberían tener en cuenta las propuestas concretas, controlar y exigir responsabilidades. Y, por ejemplo, otorgar peso  a estas consideraciones en su voto. En Cataluña, el 27 de septiembre. En toda España, según parece, el 20 de diciembre.

 


* Javier de Lucas, catedrático de filosofía del Derecho y filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia. Fue presidente de CEAR. Acaba de publicar Mediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015.