Prejuicios, lobbys y raperos

El episodio vivido en torno a la actuación del rapero Matthew Paul Martin (artísticamente conocido como Metisyahu) en la 22 edición del festival de reggae europeo Rototom Sunsplash, me parece un buen ejemplo del poder de los prejuicios y de la eficacia aplastante de los lobbies, así como de la confusión que produce estar demasiado pendiente de lo políticamente correcto, en lugar de los problemas reales.

En las páginas de @laveupv se ha prestado considerable atención a los cruces de declaraciones y manifiestos y se han publicado varios artículos de opinión e informativos, entre otros, el a mi juicio excelente artículo de Toni Martínez http://www.laveupv.com/noticia/15583/els-tres-errors-del-rototom-en-el-cas-matisyahu-per-toni-martinez, que sugiero completar con lo publicado hoy por David Sarabia en eldiario.es, http://www.eldiario.es/cultura/musica/AVT-PP-censuran-conciertos-Matisyahu_0_421708454.html,  sobre los precedentes de conciertos que en su día intentaron prohibir o censurar, por ejemplo,  Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes u otros mandatarios del PP y también los dirigentes de la AVT.

Mi intención, como decía, es invitar a la reflexión sobre el desproporcionado peso de lo políticamente correcto, sobre el pavor que provoca ir en contra del mainstream y la necesidad de pronunciarse en los medios y en las redes, aunque se haga sin el tiempo imprescindible para informarse y no limitarse a reproducir prejuicios y/o falacias en la desesperada carrera por pronunciarse en un asunto tan mediáticamente apetitoso como éste.

Comenzaré por alguna información en torno a Rototom Sunsplash. Recordaré que este festival de reggae europeo no es un evento local del que sea responsable el Ayuntamiento del lugar, sino un evento organizado por una empresa, que contrata la realización con el Ayuntamiento. No es una ONG humanitaria, sino una empresa internacional que desde hace unos años ha optado por las playas de Castellón y su clima para publicitar con eficacia un festival que, eso sí, se presenta no sólo como musical, sino como cultural y aún comprometido, pues organiza  junto al programa musical un importante espacio crítico o Foro social (el lema de la edición 2015 es “Peace Revolution”).

Hablemos ahora de lobbys, prejuicios y falacias. Y si de lobbys se trata, hay que reconocer que pocos comparables al israelí, o quizá habría que decir el lobby judío proisraelí. En efecto, la poderosa maquinaria mediática proisraelí ha conseguido imponer de nuevo su mensaje, centrado una vez más en su falacia estrella. Aquella que reza que todo aquel que critica las políticas del Estado de Israel es antisemita y poco menos que negacionista o incluso defensor del Holocausto. Una falacia ante la que todo el mundo corre a esconderse en lo políticamente correcto: “antijudío, yo? Antisemita? Racista, discriminador, enemigo de la libertad de expresión? Quiá!! Déme un micrófono que voy a dejarle claro de parte de quién estoy!” O incluso, “no se preocupe de venir, que ya le llama mi gabinete de prensa con mi <más enérgica condena a quienes violan de la forma más grosera los derechos humanos>”. Lástima que, frecuentemente, tan firmes defensores de los derechos humanos y de la legalidad internacional no tengan tanta prisa para pronunciarse contra los crímenes de guerra y contra la humanidad reiteradamente cometidos por los Gobiernos del Estado de Israel, contra el apartheid de los palestinos, contra la situación de niños y mujeres en Gaza, denunciados continuamente por ACNUR o la UNWRA.

Creo que, una vez más y casi como si habláramos de uno de los experimentos de Pavlov, en el caso Metisyahu se ha impuesto una especie de respuesta refleja, porque en la mayoría delas declaraciones de condena se han producido sin pararse a informarse sobre el tal artista y sus tomas de posición políticas, sobre la realidad del movimiento BDS, o sobre la cambiante estrategia de los organizadores del Rototom. Esta, en efecto, la desastrosa y zizagueante actuación a lo largo de esta historia por parte de la organización del Festival y de su director, Filippo Giunta, es a mi juicio,  lo peor de la historia, como deja más claro que el agua Toni Martínez en su artículo.

Volvamos a las casi unánimes expresiones de condena. De El País a El Mundo, de C’s al PP y el PSOE, hasta el Gobierno Rajoy y el Consell de la Generalitat Valenciana, por boca de su habitualmente aguda vicepresidenta (que, a mi juicio, no tuvo su mejor día en esta ocasión; aunque, ya se sabe, aliquando dormitavat Homerus), todos han entendido que estábamos ante un vergonzoso ataque a la libertad de expresión, a la igualdad, un acto inaceptable de censura, cuando a un cantante hay que contratarlo o no por su valor artístico y no por sus convicciones, su religión, su raza o sus preferencias gastronómicas. De la calidad artística de Metisyahu habría mucho que decir; los expertos lo consideran un cantante mediocre que consiguió abrirse hueco precisamente explotando la faceta más folklórica y visible (el cuidado look) de su condición de judío. De sus declaraciones públicas y de las letras de sus canciones, basta con googlear para enterarse de que consideraba asesinos a los integrantes de la flotilla de la paz pro Gaza 2010, y que alienta a bombardear a las madres de los palestinos terroristas en canciones como Height, en la que el artista canta: “Vengo con una conciencia como mi espada”, “yo mataré a todos ellos, asesinos locos” o “estoy dejando caer bombas sobre vuestras madres hasta que os rindáis (la letra de su canción Height: http://www.azlyrics.com/lyrics/matisyahu/heights.html). Por mucho menos, Esperanza Aguirre (que ha sido de las primeras en escandalizarse por el caso que comentamos) , Cristina Cifuentes y otros líderes del PP y de la AVT intentaron impedir conciertos de grupos como Los chikos del maíz, Sociedad Alkoholika, e incluso los denunciaron pretendiendo sanciones penales. Fermín Muguruza, Boikot, H Canino y un largo listado de grupos han padecido experiencias similares. Eso se llama doble rasero, ¿verdad?

Pero volvamos a la cuestión: frente a Metisyahu, ¿se ha tratado de un ataque a la libertad de expresión, al derecho a la igualdad y la no discriminación, afortunadamente enmendado por el último comunicado de la organización? Y en ese caso, ¿quién es el responsable de tan grave actuación lesiva de derechos fundamentales?

Dejaré clara mi respuesta, que no representa más opinión que la mía. Creo que se ha producido una inaceptable pretensión de censura por parte de la organización, que trató de condicionar la actuación del artista a una especie de <auto de fe>: confesar que no es antipalestino, ni está en contra de los derechos de los palestinos. Y el responsable es Filipo Giunta y los organizadores, no el Ayuntamiento, ni BSDValencia, ni Compromis Castellón, ni IU, ni Podemos, que se pronunciaron en contra de la presencia del cantante. Rototom, antes de contratarle,  podía y debía haberse enterado de lo que cualquiera que entra en Google está en condiciones de saber. Y decidir si les compensaba o no traer a ese personaje, si era compatible o no con los ideales que pregona. Lo más repugnante es que desde Rototom se diga que lo hizo obligado por las presiones de BSD-Valencia (¿a qué presiones se referirá, más allá de sus comunicados?), pero no porque le hayan convencido las razones expuestas por BSD-Valencia, ni sus propias convicciones.

Por tanto, ni IU, ni Podemos, ni Compromis Castellón son culpables de violaciones de derechos. Y tampoco BSD Valencia (cfr. http://boicotisrael.net/etiqueta/bds-pais-valencia/ ). Lo que la iniciativa de este grupo proponía era el boicot a un personaje que hace reiterada y conscientemente propaganda sionista radical. Alguien que ha dejado dicho y escrito barbaridades sin cuento sobre lo que hay que hacer con los palestinos y sus madres.

Y sin embargo, la respuesta muy mayoritaria fue otra: “No; de entrada, pongámonos de la parte del pobre e inocente artista mancillado en su libertad de expresión y en el derecho a la igualdad. Y busquemos y condenemos a los malvados culpables”. En este caso, la sucursal valenciana de BSD, que, de creer a sus debeladores, parece una especie de Mordor pasado por Darth Vader y lo peor de los Lannister. Esa ha sido la tesis de Filipo Giunta: el Rototom habría cedido ante la insoportable presión del BSD, que, de creer el 4º comunicado de los ingenuos y bienintencionados organizadores,  sería el culpable de la inaceptable (sí, yo la considero inaceptable) decisión de obligar al cantante a someterse a un auto de fe. Porque para dejarlo claro, diré que estoy de acuerdo con Toni Martínez cuando este subraya que esa parte del comunicado del Festival es un error inadmisible (y una vileza, insisto en añadir).

En realidad, BSD es una iniciativa, fundada hace más de 10 años para presionar sobre esas políticas israelíes, mediante el Boycot, la Desinversión y las Sanciones al Estado de Israel y sus intereses http://boicotisrael.net/). Por cierto, iniciativa apoyada por eminentes intelectuales judíos de todo el mundo, judíos, insisto, pero no sionistas ni defensores del criminal Gobierno Netanhayu. Pero si esa sección, insisto, pide boicot contra un representante acreditado de esas políticas, y lo hace proponiendo una medida discutible (pero argumentada), esto es, que se retire la invitación al cantante http://boicotisrael.net/bds/aclaracion_cancelacion_matisyahu/), lo que no me parece proporcionado es que se asegure que hemos asistido a una conspiración siniestra, obra de un “grupo podrido desde su núcleo” (así lo calificó el Consejo Mundial Judío en uno de los comunicado oficiales emitidos sobre el asunto http://www.worldjewishcongress.org/en/news/a-clear-instance-of-anti-semitism-wjc-condemns-cancelation-of-matisyahu-concert-at-spanish-reggae-festival-8-0-2015 ), que denuncia que BDS repite las consignas antisemitas, racistas y discriminadoras de quienes están llenos de odio hacia el pueblo elegido.

El arquetipo de la opinión basada en el propio prejuicio y en la más descarada y prepotente ignorancia, me parece la tribuna “Opiniones según quién”, publicado en El País por Jorge Martínez Reverte (http://elpais.com/…/20…/08/19/opinion/1439979108_372776.html), donde con tremendo desparpajo asegura: “Lo cierto es que el chaval no ha dado para el gran público ningún asomo de pensamiento político xenófobo hasta ahora”. Si se hubiera tomado el trabajo de googlear (no digo de investigar) habría leído lo que el chaval declaró sobre el ataque a la flotilla Gaza 2010, que se saldó con diez muertos, o se habría enterado de que actúa en numerosas ocasiones en consonancia con el AIPAC, el lobby judío que en EEUU apoya los ataques a la población civil en Gaza y la creación de nuevos asentamientos en ese territorio. Está claro que ni siquiera ha googleado ni escuchado las letras de canciones como Height, que antes he evocado. Nada, que la realidad no le estropee su prejuicio… En otra escala, muy distinta, pero que a mi juicio exhibe asimismo elevadas dosis de reacción pavloviana ante la avalancha de lo políticamente correcto y las presiones del supereficaz lobby mediático proisraelí, se encuentran las declaraciones de otros periodistas que se han lanzado a condenar la gravísima infracción a la libertad de expresión, el ejercicio de censura o, inevitablemente la obscena muestra de antisemitismo exhibidos por la izquierda radical infantil. Véase la sulfurosa reacción en las páginas de El Confidencial del editorialista de la derecha moderada, J.A.Zarzalejos, que aprovecha para denunciar el “rampante antijudaísmo de la izquierda”: http://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2015-08-19/matisyahu-y-el-rampante-anti-judaismo-de-la-izquierda-en-espana_975906/

Por eso, creo que los políticos que se han lanzado a la condena de la grave violación de los derechos de Mestisyahu y han alabado la rectificación de Rototom, se han equivocado. Es cierto que la pretensión de la organización de obligarle a leer una declaración, era indebida e inaceptable. Pero el fondo de este asunto es muy otro. Es la obscena representación de la lógica imperante en los medios y, sobre todo, en las redes sociales: la lógica del rumor, de la falta de comprobación de las versiones de las partes, del contraste de hechos y argumentos, del terreno abonado para la simplificación, la falacia y el prejuicio. Es una cadena de despropósitos, que muestra la debilidad de las convicciones de los organizadores del Festival y su incapacidad para asumir sus responsabilidades. Es también la constatación del doble rasero que consiguen imponer el Estado de Israel y sus grupos de presión

El poble valenciá y un señor de Murcia

 

Es evidente la legitimidad de la licencia que se utiliza en el discurso político cuando se apela a la voluntad del pueblo como sujeto soberano. El problema, a mi juicio, comienza cuando se da el salto de la licencia a la hipóstasis, es decir, cuando se incurre en lo que desde el punto de vista de la lógica se conoce como falacia de hipostatización, que es el tipo de engaño argumentativo que consiste en tratar un concepto abstracto como si fuese una cosa concreta. Y lo digo con el mismo escepticismo que creo que hay que oponer a quienes incurren en el extremo de la falacia opuesta, la que consiste en el atomismo individualista, propio de cierto liberalismo, que cree que sólo existen individuos como mónadas, no personas que son constituidas precisamente por la socialidad.

En mi opinión esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se pasa de reconocer que la soberanía consiste en el ejercicio de la voluntad libre y soberana de los ciudadanos constituidos como demos, esto es, constituidos en pueblo soberano (algo que, como ha explicado muy bien Luigi Ferrajoli, exige el presupuesto de la Constitución), a imaginar que el pueblo existe más allá de esa voluntad, incluso antes, es decir, con independencia de ella, como una realidad natural, al igual que si se tratase (así lo proponía Möser) como una planta de la historia. Es entonces cuando algunos proponen otro salto –este, muchas veces mortal-, el de identificar los rasgos identificatorios de esa realidad previa, a través de marcadores primarios (lengua, religión, elementos etno-culturales) como determinantes, como condición sine qua non del vínculo político. Una vez que se enuncia ese proceso de autoconstrucción en términos de descubrimiento (si no de revelación: todo pueblo es, en ese sentido, pueblo elegido) hemos dado el salto a la falacia de hipostatización.

El riesgo más peligroso de ese proceso de hipostasis del pueblo es la aparición de la idea de autenticidad que lleva consigo la de depuración. Nada nuevo. Es la vieja idea de pureza de sangre, a través de la que se busca la homogeneidad como clave de la fuerza, de la autoafirmación. Algo que subyace a la interpretación sociopolítica del mito de Babel. Se produce así el delirio de identificar como pueblo sólo a una parte de los ciudadanos, aquellos que tienen o adoptan esos rasgos y ese delirio suele ir acompañado de la pesadilla de la exclusión, que exige que quien no se identifique con los rasgos, deseos o pretensiones de esa parte de los ciudadanos elevados a la condición de verdadera expresión del pueblo, no sea reconocido como pueblo o, al menos,  no en condiciones de igualdad. El maketo, el charnego, el inmigrante, aquel que con su presencia nos recuerda que la realidad es plural, que el ideal de pureza es una falacia cuando no un delirio, no puede sr considerado como igual, salvo que se convierta. Un proceso, este de conversión, que suele llevar consigo la radicalización.

No hace falta ser un estudioso del pensamiento político (a fortiori, no hace falta ser un <politólogo>) para recordar la paradoja de Rousseau y la distinción entre volonté générale y volonté de tous. Son disquisiciones que han dado pie a interpretaciones a la Talmon, que llega a hablar del proyecto de Rousseau en términos de democracia totalitaria. Una paradoja que permite denunciar, como lo hiciera Tocqueville, el riesgo de la “tiranía de la mayoría” y que se hace aún más grave cuando esa tiranía no consiste sólo en el abuso del número (con menos del 50% de los votos, según los sistemas electorales, una minoría fuerte puede convertirse en mayoría institucional y aplicar su <rodillo>), sino, como recordaba antes, en la falacia de  hipostatización o, si se prefiere, en aquella forma de sinécdoque que es el universalismo de sustitución. Una parte, obviamente, la que logra la hegemonía, se autoerige  en el todo, monopoliza identidad y voluntad e impone al resto la obligación de aculturarse, de someterse a un proceso obligatorio de asimilación,  como condición de reconocimiento. Castilla, incluso por encima de Aragón, se impone como España, en detrimento de una realidad plural previa.

Ese riesgo ha existido siempre, también en democracia. Porque también en democracia es posible que quien obtiene la victoria electoral y una suficiente mayoría parlamentaria, crea que tiene derecho no sólo al Gobierno, sino además a monopolizar todas las instituciones del Estado. Y con ser malo, no es el peor de los riesgos posibles. El mayor peligro es que esa mayoría electoral crea que tiene también derecho a colonizar y monopolizar la sociedad civil.

Viene todo esto a cuento de cierta pretensión que reiteradamente aparece en estos días, la de quienes pretenden monopolizar (a mi juicio, sería más exacto hablar de usurpar) la noción de poble (catalá, pero también  valenciá), so pretexto de que sólo ellos tienen conciencia de sí como tal poble. Esto es, quod erat demostrandum, que los demás, los que no tienen esa conciencia y por tanto carecen de esa voluntad política, lo no catalanistas, los no valencianistas (los no españolistas, claro, también), no son catalanes, valencianos, españoles. Estos, es decir, los ciudadanos que votan a partidos “de Madrid”, no estarían en condiciones de representar la “voluntad del poble valenciá”, las reivindicaciones del “poble valenciá”, porque tal objetivo sólo estaría al alcance de quienes agrupan en partidos que utilizan la mención al mismo poble valenciá. Sólo los que se autoidentifican como miembros del poble valenciá pueden llevar a cabo la legítima defensa de los intereses de los ciudadanos valencianos.

A quienes así se presentan les quiero formular una pregunta genuina: me gustaría saber si están dispuestos a ser coherentes o si,  llegado el caso, van a evitar el salto mortal al que casi indefectiblemente les aboca la coherencia en cuestión. Una coherencia que, a mi juicio, resulta incompatible con el reconocimiento de la pluralidad inclusiva e igualitaria. Una coherencia a la que le resulta imposible admitir el reconocimiento como igual ciudadano de aquellos que no quieren verse identificados como pueblo, como nación cultural.

En mi opinión, la coherencia con ese presupuesto lleva a una de estas dos fatales consecuencias. Una, la que acaba por negar la condición de miembros del pueblo (valenciá) a los ciudadanos que no nos reconocemos, que no queremos ser reconocidos como tales, que no nos identificamos como miembros de ese poble (nacionalista). La otra posible consecuencia está teñida del paternalismo: los auténticos miembros del poble valenciá, condescendientemente, nos reeducarán –nos normalizarán, como ya se ha hecho en otras ocasiones en la historia- y nos impondrán a la fuerza esa condición.

Es verdad que existe una tercera opción. No me refiero a echarse en brazos de esa herejía opuesta en que consiste la falacia del atomismo individualista, propio de cierto liberalismo, que desconoce el ser social. Hablo de lo que algunos denominan nacionalismo inclusivo, una fórmula que, en mi opinión, sobrepasa la falacia, para incurrir en el oxímoron. Porque la pluralidad propia del nacionalismo inclusivo significa, a mi juicio,  el suicidio del propio nacionalismo.

La respuesta es, sencillamente, NO. No cabe admitir la supeditación de mis derechos como ciudadano a mi identificación como miembro de ese pueblo valenciano. Yo soy ciudadano valenciano, vote lo que vote y me identifique con la ideología que quiera. Nadie tiene derecho a considerarse más ni mejor sujeto político que yo, a pretender que por envolverse en tal o cual bandera, cantar ese o aquel himno, emocionarse con una procesión, una fecha o una leyenda, defiende mejor mis intereses. La defensa real de mis necesidades, de mis intereses, de mis aspiraciones, no consiste en apropiarse como todo programa del adjetivo patronímico. Necesito que me digan en concreto por qué medios, iniciativas y programa los van a hacer posible, sin que me baste con la repetición del ensalmo mágico som valencians, como no me basta aquel otro de soy español, español, español.

Lo diré de otra manera: aquel a quien yo elijo con mi voto para ser diputado en el Congreso es, como mínimo, tan legítimo representante de los intereses de los valencianos (porque es mi representante, libremente elegido por mí, ciudadano valenciano) como el que ha sido votado por los que llevan la senyera tatuada en su piel y tienen conciencia (o la creencia, diría yo, con todo respeto a las personas y la mayor discrepancia de esas creencias) de ser poble valenciá. No admito que estos últimos sean pueblo soberano  y yo no.  Porque a estas alturas del siglo, para ser sujeto político, afortunadamente, no hay que exhibir ninguna creencia ni tragar con ningún auto sacramental. Basta con ser ciudadano. Diré más, debería bastar con expresar la voluntad manifiesta de querer serlo.

Por eso, para mí, debe reconocerse esa condición de ciudadano a quien habiendo nacido en Tombuctú, Bamako, Alepo, Quito, Oujda, Ürüqui, Asmara o Murcia, quiere vivir y trabajar aquí. Aunque, como me pasa a mí, no le guste ni la moixeranga, ni la mascletá, ni la procesión cívica de la senyera, ni ese rey al que algunos insisten en llamar <el nostre señor, en Jaume I el conqueridor>. Yo prefiero la memoria del murciano  Ibn Arabi o incluso la del valenciano Al Rusafi. Sobre gustos, ya se sabe, todo es posible: incluso que a Ninette le guste un señor de Murcia y viceversa, y decidan –mientras libremente les dure esa voluntad- vivir juntos.

Muerte de Mor Sylla, mantero senegalés

Aún no tenemos datos suficientes sobre las circunstancias de la muerte de un vecino de Salou, de cincuenta años de edad. Mor, así se llamaba, era senegalés y se ganaba la vida como “mantero”. Tenía sus papeles en regla, cuentan en algunas informaciones. Y lo primero que uno se pregunta es ¿si no los tuviera, sería menos grave su muerte?

Seamos ecuánimes, claro. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y lo que para Mor y muchas otras personas es un medio de subsistencia, para otros (la industria discográfica, una parte de los buenos botiguers y la burguesía de orden), la existencia demanteros es una amenaza para el bien común y, como mínimo, según nos explicó la inefable señora Aguirre en una de sus memorables e ingeniosas intervenciones, estropea el turismo. Por eso, es comprensible que el Govern del Sr. Más (como el de Rajoy) entienda que mostrar que se combate esa peligrosa delincuencia, da buenos réditos en esos sectores de votantes y contribuyentes. Así que los Mossos d’Esquadra que hoy dirige el Sr. Jané se aplican en la persecución de estos insidiosos criminales que no respetan la propiedad ni el mercado. Como si los manteros fueran los verdaderos responsables de ese negocio, ciertamente ilegal (ilegalidad que no tengo el propósito de negar).

1.Samuel Sánchez

El problema es que el historial de los Mossos no es precisamente virgen en materia de malas prácticas, incluso malos tratos y tortura, según sentencias firmes recaídas (eso sí, seguidas de unindulto en febrero de 2012 por parte del Gobierno Rajoy a los cuatro mossos condenados expresamente como torturadores,indulto que se repitió en noviembre del mismo año a pesar de la advertencia de la Audiencia, que señaló que hacerlo sería “fraude de ley”, sin que sirviera de nada laprotesta de los jueces y de la sociedad civil. Por eso, la muerte de Salou no puede dejarse pasar como un desgraciado accidente.

Hasta el más lerdo sabe a estas alturas que la garantía de los derechos humanos exige lapresencia activa de un poder judicial independiente. Por eso, cuando por razones de seguridad, orden público o defensa de derechos de terceros se ha de limitar algún derecho, se requiere la garantía de ese poder. Es lo que pide el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de registro del domicilio, ante la necesidad de garantizar el derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio y conciliarla con exigencias de seguridad y orden público:

El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiere autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario Judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

200px-Emblema_de_los_Mossos_d'Esquadra

Pues bien, resulta que en el primer comunicado de los Mossos se afirmaba que “en el momento de los registros, que se han realizado en presencia de la secretaria judicial, en uno de los domicilios una persona ha saltado desde el balcón de un tercer piso al detectar la presencia policial”, pero luego el intendente de los Mossos d’Esquadra Xavier Gámez, aclaró que no podía precisar si la secretaria judicial se encontraba en el interior del domicilio y finalmente ha quedado establecido que se encontraba en la calle y no había subido a ese domicilio. Es decir, que no se cumplió con aquello a lo que obliga el mencionado precepto de la LECrim.

Transcurridas más de 30 horas de esos hechos y sobre todo como reacción para apelar a la convivencia después de los “graves incidentes ocurridos en la calle” (se ve que no les parece grave la muerte de un vecino), el conseller Jané ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Salou, para hacer una llamada a la recuperación de la normalidad. En el curso de esa rueda de prensa, el Conseller aseguró que no hubo la menor interacción física entre los Mossos y el fallecido. Añadió, además, que su tesis era confirmada por el testimonio de dos vecinos que se encontraban en la calle, lo que implica algún problema con las leyes de la física: los vecinos podían ver el balcón, desde luego, pero ¿cómo podían ver lo que sucedió en el interior del domicilio?

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Conste que pienso que lo más verosímil es que la muerte de Mor se haya debido a un desgraciado accidente, al tratar de saltar de un balcón a otro, sin intervención directa de los Mossos. Pero en cualquier Gobierno democrático, un suceso como éste, con resultado de muerte y contradicciones por parte de la policía sobre el cumplimiento de un requisito legal de garantía de derechos fundamentales, unido a los precedentes mencionados, exige que el Gobierno y en concreto el responsable de la policía (el conceller Jané) pida de inmediato comparecer ante el Parlament. Quizás es que en la lista de Más &Co, como el “procés” pasa por encima de cualquier otra consideración, no se considera relevante este “accidente” y menos para pedir responsabilidades a uno de los suyos: no toca. ¿Es así porque se trata de un mantero senegalés? ¿Qué hubiera pasado si el muerto fuera un “buen catalán” con apellidos certificados? ERC calla y los autoproclamados integrantes de izquierda (el Sr. Romeva, por ejemplo) tampoco han dicho palabra. Los partidos de la oposición en el Parlament tienen el deber de exigirla. Así lo ha manifestadoIC-EUiA, que, en un comunicado en el mismo día, ha anunciado su intención de pedir que el Sr. Jané comparezca ante el Parlament. Sin llegar a exigir la comparecencia, lasCUP han publicado un contundente comunicado en el que condenan los hechos, denuncian su relación con la deriva xenófoba, racista y estigmatizadora de las políticas migratorias y exigen el esclarecimiento de responsabilidades. En el momento en que escribo estas líneas, me extraña la ausencia de reacción de otras fuerzas, salvo laestrambótica declaración del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. El Sr.Rafael Hernando ha insistido en la necesidad de que los que vienen de fuera respeten la legalidad. Quizá no tenga en cuenta la confusión que puede crear en losnouvinguts observar el respeto a la legalidad de tantos políticos del PP, como por ejemplo, los implicados en las tramas púnica o Gürtel, por no hablar de la exquisitez con la que el Gobierno Rajoy burla la legalidad internacional, según han denunciado instituciones internacionales como el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa o el Consejo de derechos humanos de la ONU.

Mientras tanto, la credibilidad democrática y la legitimidad del Govern de la Generalitat, así como de su pretendida política inclusiva e igualitaria, que dependen del respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, han sufrido un golpe que no se entiende que no corran a restañar. Porque eso, con o sin procés, es la prioridad absoluta.

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Fotos: 1ª. Samuel Sánchez. 2ª. Efe. 3. Efe. Jaume Sellart.

WERT EN PARIS. NI ANÉCDOTA, NI PRENSA ROSA

Actualizada 02/08/2015 a las 21:32  
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EL AUTOR
No ha faltado quien, para ironizar sobre el nombramiento del exministro Wert como embajador de España ante la OCDE, un puesto sin duda relevante en la representación exterior del Reino de España, subraya la dimensión “rosa” de la historia. 

Se bromea así sobre la sensibilidad de Rajoy y su Gobierno hacia una “historia de amor” que encuentra el mejor broche posible en posibilitar la residencia en París de una pareja que vivía los sinsabores de la distancia. La necesidad conyugal y la unidad familiar serían razones que no podían desatender los políticos del PP, adalides de la familia como debe ser. Yo creo, sin embargo, que cabe poca broma con este asunto. Porque no es una anécdota, sino una decisión profundamente reveladora del modo en que Rajoy y los suyos entienden la política.

Reveladora porque, ante todo, se sitúa en la lógica de compensar con cargos públicos, pagados por los contribuyentes, a los que te han servido bien, arremetiendo con coraje e “ideas claras” (¿qué cargo esperará a García Albiol?) en defensa de las ideas más peregrinas de su programa de Gobierno, como lo ha hecho Wert a propósito de objetivos de alta calidad pedagógica como españolizar a los niños catalanes, primar a las universidades privadas, sostener la enseñanza confesional de la religión o imponer la LOMCE per fas o nefas.

No es el primer caso. Lo vivimos con el bochornoso episodio del exministro Arias Cañete, propuesto para un cargo de postín europeo (aunque luego quedara rebajado de rango), pese a las pruebas manifiestas de incompatibilidad y a una trayectoria y patrimonio muy poco compatibles con los intereses que debe defender como comisario europeo. Lo vemos en los ejemplos de poltronas senatoriales para quienes figuran en el guiness de malos gestores, como los señores Fabra o Barberá, o con los cargos bancarios para el nefasto Olivas, por citar sólo a algunos de los perpetradores de la desolación en que se ha dejado a la Generalitat Valenciana. O el cargo de embajador en Londres parael señor Trillo, en agradecimiento de sus trabajos como abogado del partido y de su brillante trayectoria en Defensa. Y ahora, Wert.

Reveladora, además, porque en un mundo como el nuestro, en el que es tan fácil rastrear los verdaderos curricula, asombra que se siga imponiendo el nepotismo puro y duro frente a la exigible meritocracia. Sobre todo cuando, como seguramente sabe muy bien el ministro García Margallo, sobran expertos en el cuerpo diplomático español (y fuera de él) para un puesto como el de embajador ante la OCDE, para el que sería deseable competencia y experiencia profesional en los ámbitos del desarrollo, el comercio, ciencia y tecnología, medio ambiente, etc. temas sobre los que no podemos encontrar el menor indicio (de conocimiento, competencia, experiencia) en el currículo del señorWert. Claro, es verdad que la OCDE se ocupa de educación, pero la trayectoria del exministro en ese campo es manifiesta y casi unánimemente valorada de forma negativa. Todos los actores del sector educativo (salvo el propio Gobierno, claro) lo consideran el peor ministro de Educación que ha tenido España desde 1978. Una buena carta de presentación, se ve.

Este nombramiento es revelador de la mentalidad clientelista, de esa que tiene que ver con el clásico “qué hay de lo mío” en la formulación castiza que según gustaba recordar Gregorio Peces-Barba, le gritó un paisano de Natalio Rivas en un mitín de éste en Granada: “¡Natalico, colócanos a toos!”. Mutatis mutandis, Wert habría espetado a Rajoy, “¡colócame en París!”. En efecto, según todos los indicios, el interfecto no habría tenido inconveniente en manifestar que quería ese puesto, siendo aún ministro, porque la distancia kilométrica entre Madrid y la capital francesa le debía resultar insufrible. Pero, si las informaciones publicadas en todos los medios son ciertas, la señora Gomendio fue elegida en abril de 2015 para el cargo de directora general adjunta de educación en la OCDE, puesto para el que hay que suponer que concursó cuando aún era secretaria de Estado en el Ministerio que dirigía su compañero. Es decir, que cabe imaginar que éste estaba al tanto de su intención de vivir en Paris antes de esa fecha y no se trata de un accidente imprevisto para el que no podían haber preparado una solución. Sobre todo porque, también según las informaciones publicadas, Wert habría anunciado a Rajoy su intención de dimitir para vivir con su esposa.

¿Podía haber esperado al fin de legislatura, para así marcharse libremente sin dejar colgada su responsabilidad como ministro en los últimos seis meses de legislatura? Uno diría que sí, por aquello de la responsabilidad política, pero al parecer a Wert ese semestre de separación le resultaba insufrible, no como al resto de españoles que se han tenido que marchar y separarse de sus familias para buscar trabajo, sin saber cuándo podrán reunirse. Pero no era el caso de Gomendio y Wert. ¿Cómo solucionar el tremendo problema de vivir separados durante seis meses? Es verdad que su señora esposa era el cargo público con mayor patrimonio en la legislatura Rajoy y que su sueldo en la OCDE es muy considerablemente mayor que el que tenía en Madrid, pero el pago de tanto viaje o, eventualmente, de la residencia común en la capital francesa debía ser un gran desafío económico para el matrimonio. Así que, ¿por qué gastar tu dinero en vivir juntos en Paris si te lo pueden pagar los ciudadanos? Dejo el Ministerio y que me den el cargo.

Con todo, lo más grave a mi juicio, es el conflicto de intereses que a juicio de algunos (malpensados quizá) plantea este nombramiento. La señora Gomendio, como he recordado, trabaja ahora para la OCDE como directora general adjunta de educación. Es decir, es una (alta) empleada de la OCDE. Al menos formalmente, no parece la mejor idea que el embajador de España ante un organismo esté casado con una (alta) empleada del mismo. Piensen en cualquier ejemplo similar: la embajadora ante la OTAN y su cónyuge empleado/a de la OTAN en Bruselas. El/la embajadora ante la UNESCO y el cónyuge empleada/o de la UNESCO… Claro que también se puede ver de otra manera.Quizá el propósito de Rajoy ha sido ahorrar trabajo y gastos a España y a la OCDE: si España quiere negociar con la OCDE propuestas sobre educación, las reuniones pueden tener lugar en el domicilio conyugal y, así, eso que se llevan puesto embajador y directora adjunta antes del horario laboral. Y todos contentos.

¿VOCES VALENCIANAS EN MADRID?

¿Qué voces valencianas en Madrid?

Javier de Lucas

 

Las líneas que siguen pretenden ofrecer argumentos para la discusión de una interesante editorial de La Veu del Pais Valenciá, “Necessitem una veu valenciana a Madrid” (http://www.laveupv.com/editorial/15304/), publicada el pasado viernes 24 de julio. Las escribo con el mayor de los respetos y también, desde luego, con agradecimiento y reconocimiento a las convicciones democráticas de sus editores, que han tenido la osadía de albergar en su casa como “opinador” a alguien tan remotamente distante de las filas de los nacionalismos como quien suscribe.

Quede constancia de que, a mi juicio, la editorial es un ejemplo de lo que debe ser un manifiesto político: significativo, claro, conciso. Obviamente, su análisis exige ponerla en relación con las tesis del manifiesto “Per una veu pròpia valenciana a les Corts Generals” (http://x1veupropia.blogspot.com.es/), lanzado desde dentro de Compromis por el Sr. David Navarro y otros militantes de la coalición y suscrito, cuando escribo, por algo más de 1600 personas. No creo que sea casual que ambos textos coincidan también con el goteo en el mismo diario de opiniones –he leído algunas muy interesantes y cargadas de argumentos, como la del Sr Lillo i Usechi o la del Sr Arnal- contrarias al pacto de Compromis con Podemos, sin que (hasta donde se me alcanza) aparezca hasta ahora ninguna voz a favor de la tesis propicia al acuerdo con Podemos, que digo yo que alguna habrá. No sé si se trata de una toma de posición del diario, en la estrategia en la que se debate Compromis. Parecería que sí. Pero no entraré en esa cuestión.

Lo que me interesa (espero que a alguien más) es la propuesta que me parece que subyace a la editorial y al Manifiesto, ejemplos a mi juicio del ideario que practica la sinécdoque como fe y que postula un proyecto que, pese a las inequívocas convicciones democráticas de quienes lo sostienen (quiero dejar claro que es esa mi opinión, sin asomo de duda), encierra, también a mi juicio, un importante riesgo para la garantía del pluralismo, que es una condición sine qua non de la democracia.

Trato de explicarme. A mi juicio, el pluralismo es bastante más que la <anáfora del propio Compromis> en que consistiría la “coralitat” de la que hace gala el Manifiesto, como explica elegantemente el propio D.Navarro (http://x1veupropia.blogspot.com.es/2015/07/aclariment-sobre-la-filosofia-del.html ), en su respuesta a la carta que les envió Enric Morera y que parece un alegato, una actio finium regundorum para distinguir a quienes son fieles a la esencia original de Compromis y quienes parecen no respetarla. Y si digo esto es porque esa <coralitat> que se pretende como signo de identidad, supone un pluralismo muy limitado: es apertura a quienes quieran sumarse a Compromis, pero manteniendo sus esencias, faltaría más. Es decir, exactamente lo mismo que sostienen los líderes de Podemos, incluida la tránsfuga Tania Sánchez. De modo que la coralidad no es de suyo garantía suficiente para que, de asentarse como mayoritario este proyecto, no se produzca un riesgo para la igual libertad de quienes son y quieren seguir siendo diferentes, es decir, de los ciudadanos realmente existentes.

Para que queden claros mis presupuestos (si es que alguien no los ha colegido ya), comenzaré por exponer mi crítica al punto de partida de esas tesis, esto es, la identificación -que considero esencialista- del pueblo valenciano, más allá de los valencianos, incluso de nosotros los valencianos. Y una vez argumentada la crítica de esa hipóstasis, postularé que no nos conviene una voz valenciana en Madrid, sino muchas y muy diferentes, porque a mi juicio, todas las que se voten desde aquí tienen igual derecho a presentarse como voces valencianas. Lo contrario no sólo es peor, sino pura contradicción, sólo resoluble mediante el parti pris de que sólo es valenciano lo que yo, que tengo la patente de lo valenciano, digo que es valenciano. Bien es verdad que quien firma es originario de Murcia, y sólo vivo en Valencia (con interrupciones) desde hace 41 años. Sirva eso para quienes pueden dejar de leer en este punto, porque pensarán que con ese bagaje no se podía esperar otra cosa. Les aseguro que he hecho de mi parte por conocer la lengua propia y las expresiones culturales de la tierra que me acogió allá por 1974.

Diré ante todo que soy de los que piensan que sólo desde desde la retórica que caracteriza al romanticismo, cabe responder afirmativamente a la pregunta acerca de si necesitamos una voz valenciana (valenciana de verdad) en las Cortes generales. Primero porque no hay tal: no hay una voz valenciana verdadera y única. Segundo, porque esa supuesta voz que se pretende verdaderamente valenciana, en realidad no tiene por qué ser mejor ni más valenciana que otras.

La premisa de lo anterior es evidente: no existe la valencianía como esencia, como referente inmanente. Desde el diálogo de Humpty-Dumpty con Alicia y, sobre todo, desde la obra de B.Anderson, todos sabemos que las identidades son constructos sociales, manifestaciones de esta o aquella voluntad social dominante, y que toda pretensión de encontrar rasgos esenciales es puro wishful thinking. Para muestra, baste el botón de   la malhadada ley 6/2015 de defensa de las señas de identidad valencianas (http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003045/2015&L=1 ), con su confusa definición -“además del idioma valenciano y los símbolos a los que se refiere la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su utilización, todos aquellos otros símbolos y los bienes, documentos, costumbres, acontecimientos, fiestas, tradiciones e instituciones tradicionales que, por su especial vinculación con su historia, sus raíces y su idiosincrasia, merecen ser valoradas como especialmente representativas de su personalidad”-, su abigarrado catálogo  y sus sanciones.

Es, de otro lado, evidente que los valencianos empíricamente existentes no conforman el pueblo valenciano, con artículo determinado y singular, sino plural y más bien vago en su definición. Muchos lo son sin saberlo, por mero accidente geográfico. Otros, que hemos elegido convivir aquí como vecinos entre los valencianos de origen, no hemos pensado jamás que deberíamos abrazar tales o cuales rasgos identitarios, más allá, eso sí, de lo que es de todo punto razonable: una competencia lingüística básica  en valenciano y un conocimiento asimismo básico del acervo cultural propio. Pero debe quedar claro que ningún derecho básico puede ser condicionado a test alguno de conocimiento, ni, menos aún, de sintonía emocional con tal o cual rasgo etnocultural. Siento repetir lo que es un truísmo: nadie puede condicionar mi inscripción en el padrón de Valencia, mi tarjeta sanitaria, mi derecho a escolarización, al hecho de que no se me pongan los pelos de punta si escucho la moixaranga, o no arda de emoción escuchando la despertá, o no llore de felicidad (sino más bien lo contrario) ante el bou embolat, o els bous a la mar en Xábia, desde donde escribo.

Añadiré otra perogrullada, para escándalo de algunos: no hay una única manifestación política que derive necesariamente de la existencia de ese pueblo valenciano. Porque la expresión poble valenciá tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, si hablamos de pueblo como demos, esto es, como sujeto político soberano, eso sólo es sostenible en términos de analogía respecto al único soberano democráticamente reconocido, esto es, el pueblo constituido como demos, el español. En todo caso, ese demos valenciano existe en virtud de la Constitución y de su Estatuto de Autonomía (que pueden reformarse o incluso derogarse para comenzar un proceso constituyente, claro). Sus representantes son todos los diputados en las Corts valencianas, en las que la representación es plural y ese valencianismo político verdadero, hoy por hoy, no es mayoritario. Y si hablamos del poble valenciá en el sentido de una nación cultural, habría que remitir a quienes de hecho se identifiquen así, esto es, a quienes tengan la conciencia cultural como nación valenciana y la voluntad política de ser pueblo valenciano, en el bien entendido de que no son por ello más valencianos que quienes no piensen así y también en el bien entendido de que ninguno de esos grupos constituye el poble valenciá auténtic con exclusión de los otros. Tan valencianos son –somos- unos como otros, porque no existe una nación (menos aún un pueblo) homogéneo, monolítico, esencial.

Tras esos presupuestos, sostendré un corolario en forma de adverbio: afortunadamente, como nación, al igual que como pueblo, somos plurales: no hay una identidad uniforme, monolítica, esencial. Es así porque vivimos en un mínimo de condiciones democráticas, que hacen posible que los miembros de la nación, los ciudadanos de ese pueblo, seamos diferentes, heterogéneos hasta la contradicción y el conflicto. Insisto: afortunadamente, porque casi siempre que se apela a <un pueblo>, una unidad, aparece a continuación un caudillo, duce, führer, conducator o gran timonel, al que sigue una vanguardia de los verdaderos creyentes/nacionales. Y siguiendo en esa pendiente, quien no se quiera reconocer en ese proyecto no sería un valenciano distinto, sino un no valenciano.

Por todo ello, mi respuesta a la pregunta inicial es tan sencilla como alejada de las tesis expuestas en laveupv: no creo que sea realista ni aun deseable hablar apodícticamente del pueblo valenciano como un sujeto político unitario, porque no encuentro los rasgos definitorias de esa unidad política: ¿cuáles serían los elementos que permiten sostener esa ficción del demos valenciano único? ¿de qué valencianos hablamos? Para evitar malentendidos, añadiré inmediatamente que, por supuesto, hay ciudadanos valencianos y formaciones políticas valencianas que, con toda legitimidad, invocan determinados intereses como específicos y comunes de todos los valencianos. Por descontado, es legítimo hacerlo, como lo es el tratar de convencer a la opinión pública de que existen y que son exactamente los que se proponen y no otros. Pero lo que no es legítimo es la sinécdoque de proyectar esos intereses como los verdaderamente valencianos, cuando la mayoría de los ciudadanos valencianos, una elección tras otra, no los han identificado como tales: es decir, que a la hora de definirlos, no hay, por supuesto, unanimidad. Ni aun siquiera mayoría. Insisto, es muy legítimo que una parte de los valencianos sostenga que debería haberlos y nos proponga respaldar ese proyecto político. Pero mientras no sea mayoritario, es completamente ilegítimo presentarlo como tal, adueñarse de la representación de todos los demás valencianos que no están de acuerdo con ese proyecto. al respecto. Los que así lo sostienen son una minoría de los valencianos empíricamente existentes (todo lo relevante que se quiera, pero minoría). Hay  valencianos que votan una u otra cosa. Que tienen un proyecto político u otro, o ninguno. Hay valencianos en Morella o en Xátiva, con intereses que no tienen que ver con los de Oriola. Porque la clave es ésta: los intereses, en democracia, no pueden ser innatos, impuestos, no elegidos. Y si se habla de común elección, de intereses, valores, proyectos que recaban un acuerdo mayoritario y libre, no parece que surjan en torno a marcadores primarios, etnoculturales.

No: no creo que necesitemos una voz valenciana en Madrid. Necesitamos todas las voces que elijan los ciudadanos valencianos. Esas son las voces valencianas. Ninguna menos valenciana que la otra, ni mejor; únicamente distintas en número y fuerza, porque así lo habrán querido los valencianos. Los que vivimos y votamos aquí.

 

EL DESENGANCHE DE MAS

EL DESENGANCHE

Javier de Lucas

En una reciente comparecencia, el portavoz Sr Homs enunció en términos muy gráficos el próximo paso del proyecto soberanista que impulsa el Govern de la Generalitat (además de CDC, ERC y agentes de una parte de la sociedad civil catalana): se trata de “desengancharse” de la legalidad española, que es opresora de <Catalunya> (sic). La tesis ha sido confirmada en la presentación de la candidatura Junts pel si, a la que no faltan motivos para denominarla, menos pretenciosamente, Mas&co. Pues parece un artificio para asegurar sobre todo la permanencia en el poder de Mas, sus allegados y el sufriente Junqueras. Antes y después de la presentación de la candidatura, se repitió hasta la saciedad la identificación de Catalunya con esta opción y con el nombre de Mas: quien no la vote, vota <contra Catalunya>.

Ya estamos acostumbrados al uso y abuso de la sinécdoque (la parte por el todo) que tan “natural” parece a ciertos sectores del nacionalismo: lejos de la retórica de la Catalunya país de acogida y sociedad plural, a la hora de la verdad, Catalunya y su sociedad civil sólo es lo que expresan una parte de ellos, los verdaderos catalanes, esto es los que, además de catalanistas, son soberanistas: los otros son “colonos”, muchos de ellos inconscientes de serlo, a los que en todo caso habrá que reeducar. Sinécdoque es también identificar España o el Estado español con un gobierno (el gobierno Rajoy). Lo que constituye la novedad es ese descubrimiento de que <la legalidad española es opresora>, es decir, no es una legalidad aceptable. Para justificar su tesis, ese modelo del esprit de finesse, qué digo, de sagesse, que es el siempre ocurrente portavoz Homs -ahora superado por el tránsfuga Romeva, que parece empeñado en emular en gestos de chulería/prepotencia al mismo Varoufakis-, se permitió ilustrarnos con el argumento de que, legalidad por legalidad, también era legal la dictadura de Franco (o el Derecho del Führer, le faltó añadir). Pero, al igual que la actual legalidad española, afirmó nuestro fénix del ingenio jurídico-político, se trata de legalidades <inaceptables>.

Cuando Homs, Mas o Romeva hablan de <legalidad española>, no se refieren a esta o aquella ley, ni a esta o aquella institución, ni siquiera a un Gobierno. Habla del sistema de legalidad del Estado español, de la legalidad vigente, lo que en un sistema democrático quiere decir el orden jurídico constitucional (por cierto, votado libremente y aceptado mayoritariamente, ambas cosas en mayor grado en Catalunya que en la mayoría de las CCAA). Un orden que también por decisión libre y mayoritaria tiene reglas para ser reformado, incluso para dar paso a un nuevo proceso constituyente si, conforme a las reglas aceptadas, se considera mayoritariamente necesario. Y, ya que estamos en detalles, la legalidad catalana, su  Estatut, su Generalitat, su Parlament, forma parte de esa legalidad española, porque, pese a románticas ensoñaciones, nace de la Constitución española de 1978.

Sin duda, al Sr Homs, como al Sr Romeva, les convendría haber tomado un curso rápido sobre la distinción entre legalidad y legitimidad, para enunciar sus aseveraciones de forma algo más racional y razonable. En ese caso, podrían haber sostenido que, a su juicio y al del proyecto soberanista, la legitimidad legal –dicho a lo Weber- del sistema jurídico-constitucional que nace de la Constitución española de 1978, pese a que se asentó en un muy mayoritario voto popular, está hoy agotada. O que la legitimidad democrática de origen habría perecido por ilegitimidad de ejercicio, esto es, por los abusos, desafueros y agravios cometidos contra Cataluña en violación del propio orden jurídico constitucional y por las humillaciones constantes a las que se habría sometido al pueblo catalán y a sus símbolos y señas de identidad (la infracción de la legalidad constitucional, la desobediencia a los órganos constitucionales por parte de autoridades de la Generalitat o las ofensas a los símbolos y señas de identidad de España de acuerdo con esa lógica, no serían tales, sino muestras de legítima resistencia). Pero no, Mas & co prefieren  la descalificación de la legalidad opresora por la vía del memorial de una nación agraviada, que tendría derecho natural de autodeterminación, un derecho hoy presentado en los términos de la opción por la secesión y con un procedimiento, condiciones y plazos unilateralmente dictados. Esto es, de forma absolutamente diferente respecto a otros ejemplos de los que falazmente se echa mano (Canadá, Escocia), porque en ellos todos los términos de la consulta fueron objeto de negociación. Dicho sea de paso, si no ha sido así en el caso catalán es también en gran medida gracias a la negativa empecinada del Gobierno Rajoy a negociar nada de nada: su único mensaje parece el “no, no, no”, como ha caricaturizado el espléndido Polonia. Por eso ha prosperado la vía extrema de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), lo que, a mi juicio, le pondría muy difícil el refrendo de la comunidad internacional.

El núcleo de la cuestión es cuándo y por qué la legalidad deja de serlo, cuándo deja de ser aceptable y se convierte en opresora. A mi juicio, teniendo en cuenta el Derecho comparado, en el caso de Catalunya no se pueden invocar los supuestos de agresión, graves violaciones de los derechos humanos, ni situación colonial, porque estamos ante un orden que es, con todos sus defectos, democrático. Y en el juego democrático, para decidir que una legalidad ha dejado de vincular, no basta con la política de hechos consumados, con una decisión unilateral que enuncia esa valoración y actúa en consecuencia, porque ese procedimiento supone romper con los requisitos de la democracia. Salvo que constatemos que se ha perdido los elementos sin los que no existe un juego democrático. Que es precisamente aquello en lo que insiste una parte del bloque soberanista en Catalunya: la democracia española no es democracia, no tiene calidad de democracia. Ergo en nombre de la democracia, romperemos con el orden jurídico-constitucional español. Sin embargo, me parece que a cualquier observador ecuánime tal afirmación le parecerá una hipérbole inaceptable.

Considero evidente que la nuestra es una democracia manifiestamente mejorable, sobre todo por el detrimento han causado que los sucesivos Gobiernos que la han administrado y en particular el del Sr Rajoy, en la aplicación de las reglas de juego, en el respeto a sus principios y normas básicos (hablo incluso de derechos fundamentales). Pero de ahí a hablar de opresión, de legalidad muerta e inservible, hay un salto lógico que no parece posible fundamentar. Sobre todo si atendemos a la alternativa que se nos propone por parte de quienes nos anuncian que hay que desengancharse de tal legalidad opresora.

El desenganche sólo se puede llevar a cabo por dos vías. Una, la revolucionaria. Damos un golpe de Estado, en nombre de la democracia, de la libertad y del pueblo, of course, encabezamos una revolución e imponemos el orden nuevo. Pero en ese caso no hay desenganche, sino ruptura revolucionaria (y no hay que tener miedo a las palabras). La otra vía exige el paso de una legalidad a otra legalidad. Pero eso implica respetar los principios de modificación de la vieja legalidad que se quiere sustituir, y digámoslo claro, no es eso lo que se proponen los impulsores de este proceso. Aquí la operación se produce a arbitrio de parte, es decir, cuando y como les parece mejor, incluido el engaño a los representantes de la legalidad inaceptable, claro, según han reconocido expresamente sus impulsores, lo que hace casi imposible la negociación: ¿quién negociaría con alguien que proclama a los cuatro vientos que su estrategia consiste en meterle goles a la otra parte, incluido el engaño?. Por eso, creo que no hay tal desenganche, que es sólo un eufemismo para plantear una ruptura que, habida cuenta de la escasa vocación revolucionaria que tiene Ma&co, no puede llamarse así. Se trata de un nuevo Thermidor, como diría mi admirado amigo Gerardo Pisarello, aunque temo que es probable que no esté de acuerdo con mi análisis.

Y si esto es así, semejante proceso nos abocaría al solipsismo más agresivo: el de aquel en el que la única ley aceptable es mi ley, que cantaba Melendi. Y de eso algo nos enseña la historia. Un planteamiento de ese corte es incompatible con la democracia, porque es incompatible con dos principios básicos, dos condiciones sine qua non del juego democrático. El primero, el pluralismo: si cada uno que disiente debe tener derecho a crear su propia legalidad, es que no es posible la legalidad compartida por ciudadanos libres y diferentes, sino sólo por los que piensan al unísono (los verdaderos ciudadanos, los verdaderos catalanes, digámoslo a la Forcadell). Y el segundo, el respeto a las reglas del juego democrático. El valor de una democracia se mide por su capacidad para albergar (es decir, para no excluir) a las minorías.  Siempre habrá alguien, uno o incluso varios grupos, cuyo voto diferirá del voto del resto de los ciudadanos que son mayoría, y es necesario que se pueden expresar, que puedan aspirar a convencer al resto, que tengan cauces para impugnar la legalidad de la mayoría, para reformarla. Pero si aceptamos que todo aquel que no está en mayoría tiene el derecho (o se ve obligado, que para el caso es igual) a rechazar la legalidad nacida del voto mayoritario, a desengancharse pura y simplemente de ella, sin necesidad de seguir (ya no digo agotar) los procedimientos que permiten reformarla, no habrá garantía, ni seguridad jurídica, ni igual libertad para nadie que no sea miembro auténtico de la omnímoda voluntad constituyente.

Los líderes de la operación de secesión ya han dejado claro que, en puro juego de mayoría, para poner en marcha la DUI basta tener el 51%. Lo que no es muy coherente que digamos con el hecho de que el Estatut exija una mayoría mucho más cualificada para cuestiones de menor entidad, como elegir el Sindic de Greuges o modificar el Estatut. Supongamos que el 51% de los diputados del nuevo Parlament salido de las urnas el 27 de septiembre ratifican lo que han adelantado Homs y Romeva esto es, el tan manido desenganche ¿Con qué argumentos obligarán al 49% restante (o al 40, o al 30)  a aceptar la nueva legalidad, si éstos la entienden, a su vez, como opresora? ¿Por qué aceptar su agencia tributaria, su policía o su versión de la historia? ¿por qué pagarles impuestos si van a ir a fines que no son del agrado de ese 40%? ¿Por qué no desengancharse a su vez -individual o colectivamente- de lo que para ese grupo no mayoritario sería, a su vez, un remedo de legalidad?  Pero claro, coherencia, lo que se dice coherencia, parace mucho pedir a quienes enfáticamente aseguran que en caso de ganar el 27 S empezarán el proceso de independencia y que, si el Estado no negocia ese proceso, tal y como ellos lo han decidido, entonces proclamarán la independencia (¿?).

Legum servi sumus ut ilberi ese possumus, escribió Cicerón. El imperio de la ley, el respeto a la ley (legítima) es condición de seguridad jurídica y, sobre todo, de la igual libertad de todos los ciudadanos. Quien lo quiebra a su arbitrio no podrá impedir, sin incurrir en contradicción, que el arbitrio -y no la ley- sea la verdadera norma básica. Eso es de una grave irresponsabilidad social y política. Y muestra que el proyecto nace con un déficit democrático imposible de restañar.