LA VERGÜENZA DE LOS CIE

Hay muchas razones para la crítica de las políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Estados miembros, también de España. Baste pensar en la primera, la más abominable de las consecuencias de estas políticas: los muertos que esconde el Mediterráneo, convertido en un gran cementerio marino para miles de inmigrantes y refugiados que intentan llegar a las costas europeas. En estos últimos años, España se ha hecho acreedora de no pocas críticas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados, relacionadas en particular con el trato que reciben unos y otros en las fronteras (las “vallas”) de Ceuta y Melilla, con episodios tan terribles como los 15 muertos en la playa del Tarajal, que la justicia española estudia en estos momentos, gracias al esfuerzo de algunas ONGs. También, con las prácticas de las mal denominadas “devoluciones en caliente”, que a veces incluyen malos tratos –documentados gráficamente y denunciados entre otros por la ONG PRODEIN- y que suponen violaciones palmarias de derechos humanos elementales, como lo muestra el reciente informe de un grupo de investigación formado por profesores penalistas y constitucionalistas y titulado Derechos en la frontera. ¿Fronteras sin derechos?. Como decía, no sólo diferentes ONGs, sino también autoridades europeas, tanto de la UE como del Consejo de Europa, así como de la ONU, han expresado reiteradamente su preocupación por estas malas prácticas y el riesgo que suponen para la garantía de derechos humanos elementales. En estas líneas quiero referirme una vez más a otro problema que constituye un motivo de vergüenza para España y que debería ser corregido sin más espera. Se trata de la situación de los derechos humanos de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, creados conforme al artículo 26.2 de la LO de Extranjería de 1985, y definidos como establecimiento públicos <de carácter no penitenciario> donde se retiene de manera cautelar y preventiva básicamente a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, bien por su condición de irregulares, bien por haber sido condenados por un delito y haberse aplicado la opción de expulsión. Más del 60% de los internados, en realidad, lo son por irregularidad administrativa, es decir, no han cometido delito que explique una situación de privación de libertad. Aunque el objetivo es la expulsión, a veces se utilizan eufemismos como “repatriación” o “retorno”, lo que no es correcto, pues la Directiva europea de retorno 2008/115/CE (también conocida como Directiva de la vergüenza) permite que esos irregulares sean deportados no sólo a sus países de origen, sino a países terceros por los que haya presunción de que han transitado. A esos efectos, los Estados de la UE han desplegado un sistema de acuerdos bilaterales para poder desprenderse de ese peso muerto sin mancharse las manos. Asi lo ha hecho España, por ejemplo, con Marruecos, Mauritania o Nigeria. Insistiré: no son una institución privativa de España: en la UE existen 393 centros similares, que reciben diferentes denominaciones (por ejemplo, Centros de Retención Administrativa, CRA, en Francia o Bélgica) y que constituyen, como se ha dicho, un verdadero “archipiélago de la desesperanza”, pues merecerían tener como lema el del Canto primero del Inferno del Dante, <Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate>. Son el fin de lo que para muchos seres humanos constituye su “sueño europeo” . Recordaré que existen actualmente 8 CIES en España (en Italia, que multiplica casi por 20 el número de inmigrantes y refugiados recibidos, hay 13), aunque el Gobierno Rajoy ha anunciado en diferentes ocasiones su voluntad de crear uno o dos más. Se encuentran en Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Murcia, Valencia, Algeciras y Fuerteventura. Anteriormente existió un CIE en Málaga, que fue cerrado por sus inaceptables condiciones en 2012 . Lo cierto es que, a pesar de ser expresamente definidos como establecimientos no penitenciarios, su régimen es de privación de libertad. La estancia máxima, según la aplicación que hizo el Estado español de la mencionada directiva de 2008, es de 60 días, aunque la directiva habilita hasta ¡18 meses!. Las críticas y denuncias sobre restricciones indebidas de derechos, ausencia efectiva de control judicial, deficientes condiciones de salud e higiene, dificultades para acceso a traductor, asistencia social y psicológica, e incluso acceso a abogado, son interminables. También se han denunciado malos tratos (sólo en el CIE de Zapadores, más de 50 quejas). A todo ello hay que sumar tres casos de muertes en CIE, de los que sólo uno, la de Samba Martine en el CIE de Aluche, está siendo investigado judicialmente tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El Informe anual del Defensor del Pueblo es indicativo (por ejemplo, el apartado 4.7 del Informe correspondiente a 2014). El propio Reglamento de los CIE, publicado en 2014, ha sido objeto de una severa corrección por parte del Tribunal Supremo. El 10 de febrero de 2015 se conocía una importante Sentencia del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del TS, en la que se declaraban contrarias a Derecho varios aspectos del articulado. reconociendo así parcialmente el recurso interpuesto por tres ONGs, APDHA, Federación Asociaciones S.O.S. Racismo y Andalucía Acoge . El 13 de abril de 2015 un comunicado conjunto de Caritas y el Servicio Jesuita de Inmigrantes denunciaba que, transcurrido más de un año de la publicación del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros “no se han producido prácticamente avances de ningún tipo” en las mejoras que preveía su implementación, puesto que siguen sin contar con enfermerías, ni un servicio estable de intérpretes. No cuentan con un régimen general de acceso para las ONG y los servicios de asistencia social “decisivos para un acompañamiento personal adecuado” e “imprescindibles” para detectar perfiles vulnerables no se han generalizado. “Tampoco se han realizado mejoras sustanciales en las instalaciones, salvo aquellas motivadas por ‘razones de seguridad’, como, por ejemplo, la instalación de una malla metálica en el patio del Centro de Internamiento de Madrid. En este sentido, persisten graves deficiencias de habitabilidad señaladas por Defensor del Pueblo, Fiscalía y los juzgados de control”. Igualmente subrayan que no se han nombrado los administradores responsables de los servicios asistenciales, ni los médicos de la Administración General del Estado responsables de los servicios médicos de estos centros, ni se han constituido las Juntas de Coordinación, “figura fundamental para la planificación y seguimiento de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales” dentro de estas instalaciones que siguen siendo básicamente policiales. Su conclusión es que los CIE son hoy todavía “espacios opacos de sufrimiento”. Un buen resumen de estas denuncias puede verse en el documental La puerta azul, realizado en 2015 por tres jóvenes cineastas valencianos, Alicia Medina, Marina Sanjuán y Javi Rumí, y que, aunque contiene numerosos detalles sobre el CIE de Zapadores (Valencia) abarca también denuncias del resto de los CIE. Pero es que las denuncias provienen no sólo de las ONGs sino también de autoridades europeas. El pasado 9 de abril, los 4 miembros —Celso Dan Neves Manata, Ivona Todorovska, Anton Van Kalmthout y Olivera Vulic-, integrantes de la Delegación contra la tortura del Consejo de Europa que estudió en 2014 la situación de los CIE de Zona Franca y Aluche, hizo público un informe extremadamente crítico con la situación de los internados y la garantía de sus derechos. Subrayan que los CIE, debido a sus características y régimen casi exclusivamente policial son difícilmente distinguibles de prisiones (incluso con desventaja respecto a los internados en prisiones) y muestran su preocupación por la falta de formación adecuada de los funcionarios para gestionar las dificultades propias de una población multicultural. Hacen constar la frecuencia de denuncias verosímiles de malas prácticas (Insultos, trato vejatorio, intimidación e, incluso, agresiones físicas y psicológicas), sí como de situaciones de violencia entre los propios internos. Resalta la imposibilidad de los internos de ir al baño durante siete horas seguidas (desde las doce hasta las siete de la mañana, pues en las “celdas” —cerradas durante la noche a cal y canto— no hay aseo)y la sobreocupación de las celdas, a pesar de que haya muchas vacías: “Hay hasta ocho personas en celdas de 24 metros cuadrados”. En el centro barcelonés, además, no es raro encontrar chinches, según confirma el grupo de trabajo. Enfatizan la necesidad de que las autoridades españolas pongan fin a la “humillante práctica” de llamar por el número de detención a los extranjeros en lugar de por su nombre. Incluso hacen constar que pudieron escuchar cómo determinados agentes de policía en la Zona Franca insultaban a los extranjeros. Quizá sin mirásemos con atención iniciativas de Gobiernos que, muy frecuentemente son estigmatizados, nuestros gobernantes podrían aprender: el pasado 25 de febrero, tras el suicidio de un paquistaní de 28 años internado en un centro de detención de extranjeros el Gobierno de Tsipras revisó totalmente su régimen. La sensación de vergüenza que le causó el Centro de Amygdaleza (norte de Atenas), al ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis fue tan insoportable, según su propio testimonio, que decretó la apertura de los cinco centros de detención del país y la liberación progresiva de los 3.500 internos (entre los que había, atención, 216 menores no acompañados). Sólo los indocumentados con algún delito pendiente o una orden de expulsión seguirán recluidos. Es imprescindible acabar con esta vergüenza. Por eso, con las campañas de todo el Estado, recordemos: Tanquem els CIE!!. Cerremos los CIE!!

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