EL DERECHO (DE LOS OTROS) A LA VIDA EN LA UE

La UE y el derecho a la vida (de los otros)

La UE y el derecho a la vida de los Otros. Una historia reciente de falacias e hipocresía

Posted on 27 abril, 2015

Javier de Lucas

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros (basta con consultar, por ejemplo, este mapa). Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la lección más importante que hemos extraer de lo sucedido en la semana escasa transcurrida entre del naufragio –uno más- que supuso la muerte de más de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los Ministros de Interior y exteriores en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a los que seguimos llamando “líderes europeos”, no valoran como prioritario el derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los otros.

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho y en política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR en este mismo blog.

mapa1

Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadanos significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También le vinculan –tiene obligaciones- respecto a los derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se hayan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto.

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del XX, ha producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de Convenciones del Derecho internacional del Mar, presididas por la obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el Derecho internacional de los refugiados. Todas esas normas vinculan, establecen obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un “problema humanitario”. No es cuestión de caridad, sino de derechos de seres humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser establecidas y exigidas.

Decía Hobbes en el Leviathan (caps XXIX y XXX) que la única razón que podía justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde entonces hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola grosera, masiva, gravemente esta obligación primaria cuando se trata de inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de obediencia.

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades ”respecto a toda al miseria del mundo”, tal y como afirmaba Michel Sapin tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de Rocard. No. Simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese Mar Mediterráneo, cuyas aguas son en buena medida territoriales de los Estados de la UE, o están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma.

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos medios en los que no dejamos de invertir y que recibirán aún más presupuesto como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril, no deben tener más función que ésta, vigilar (la UE confirma a Foucault: la función primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra seguridad. Por eso la prioridad es reforzar la Agencia FRONTEX, triplicando sus fondos, según el modelo de las operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de vigilancia y control. Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro Cameron: solidaridad europea para vigilar impedir que nos lleguen. Pero si llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de verdad es la de hipocresía institucional.

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Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las dos que resumen, por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es decir, 105 millones de euros anuales). Además, la segunda prioridad debe ser facilitar una respuesta suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por ejemplo, medidas específicas d reasentamiento.

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar nuestras frontera, en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el Mar Egeo?

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONGs Migreurop desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra (una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados.

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia (¡??) “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda –o cola- el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

Item más, nuestros adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

ceuta

Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del Servicio Jesuita de Migraciones), un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su “lucha contra la inmigración irregular”, ¡atiza!.

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados) la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de los casi 150000 personas que arribaron sin papeles, más del 35 % provenían de Siria, Eritrea y Mali.

Síntomas y causas de un desafío que es un problema

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían esos barcos de la muerte. Nada nuevo. Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The Slave Ship (cuyo título original era Slavers through the Deadd and Dying-Typhoon coming on), tras leer The History of the Slave Trade (Th. Clarkson), un cuadro que se exhibió en la Anti-SlaverySociety Convention celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: “… Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now”.

Turner

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones.

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. Escojo ésta:

Roto

Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos e población, que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por agentes nacionales.

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (aun provisional), titulada “The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed”, que en todo caso insiste en la prioridad: medios suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien Tapinos o Naïr. No insistiré en ello ni en los riesgos de manipulación de esas políticas.

Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer? Responderé que no faltan iniciativas. Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo reciente de Daniel Ríos.

Mientras tanto, me sumo a la propuesta de los ante mencionados eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante discurso de Francisco en Lampedusa, la vergüenza. Malditos seamos si no somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza.

Frank Wilbert Stokes (American, 1858-1955), The Phantom Ship, Atlantic Ocean

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UN DEBATE SOBRE LAICIDAD

(Boletin de Valencia laica: https://laicismo.org/2015/espana-es-un-paraiso-fiscal-para-la-iglesia-catolica/125957)

 

laicismo.org https://laicismo.org/2015/espana-es-un-paraiso-fiscal-para-la-iglesia-catolica/125957

España es un paraíso fiscal para la Iglesia católica
Valencia Laica denuncia en un acto público los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede

“No hay estado social de derecho sin solidaridad tributaria, y España constituye de hecho un paraíso fiscal para la iglesia católica”. Quien así se expresa es el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, Luis Manglano, en un acto organizado por Valencia Laica en el que se han analizado y sometido a crítica los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, suscritos el 3 de enero de 1979. Los Acuerdos no sólo continúan en vigor, sino que establecen el marco de relaciones entre el estado y la iglesia católica. Además del juez Manglano han participado en el acto de Valencia Laica el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas, y el catedrático de Derecho Eclesiástico y presidente de la asociación Laicidad y Libertades Públicas, Dionisio Llamazares.

Los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede se articulan en torno a cuatro apartados: asuntos jurídicos; enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las fuerzas armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos; y asuntos económicos. Estos últimos, ha explicado Luis Manglano “son precisamente los más subterráneos y desconocidos por la sociedad”. Abundan los ejemplos. En octubre de 2011 el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, pidió al estado compensaciones por el dinero que el consistorio de Madrid dejaba de ingresar por exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (entre 94 y 120 millones de euros). El pasado marzo Valencia Laica hizo público un estudio en el que se detallaban las 1.253 propiedades inmobiliarias de la iglesia católica en la ciudad de Valencia exentas de pagar el IBI (de las 1.253 propiedades censadas, 1.098 se dedicaban a actividades con fines lucrativos”.

Los Presupuestos Generales del Estado consignaron en 2012 a la iglesia católica aproximadamente 248,3 millones de euros por la X en la casilla correspondiente del IRPF (y la tendencia se mantiene). La enseñanza privada concertada viene a suponer un coste anual para el erario público de unos 4.000 millones de euros. El presupuesto estatal también se hace cargo de las nóminas de los profesores de Religión, capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. Otra partida multimillonaria es la que todos los años se asigna a la conservación del patrimonio inmobiliario de la iglesia católica. “Pero cuando esos inmuebles se abren al público y la iglesia cobra una entrada, se queda con los ingresos y además no tributa”, explica el magistrado. La iglesia católica es la principal propietaria de inmuebles del país (más de 100.000 inmuebles censados).

Esta situación económica de privilegio la hace posible los Acuerdos de 1979. Habitualmente se pone el énfasis en la exención del IBI, pero, subraya el juez Luis Manglano, los beneficios se extienden pago del IRPF, el IVA y los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. También a las contribuciones especiales. A la iglesia católica se le reconocen en los Acuerdos las exenciones fiscales a las que pueden acogerse las entidades sin ánimo de lucro. Pero el aspecto más desconocido, subraya Manglano, es “una ley que desarrolla los Acuerdos con la Santa Sede –Ley 49/2002 de 23 de diciembre de entidades sin fin lucrativo y mecenazgo-, que va mucho más allá de los Acuerdos suscritos con el Vaticano”.

“Esta ley aprobada en el periodo de Aznar es la que cierra el círculo de la exención tributaria; a mi tribunal han llegado todo tipo de impugnaciones a estas exenciones o intentos por parte de ayuntamientos de cobrar el IBI, por la explotación económica de inmuebles de la iglesia católica; pero finalmente no se puede cobrar una tasa o un tributo”, explica el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia. En plena época de crisis, recortes y austeridad, el mayor propietario de inmuebles del estado español –la iglesia católica- no ha contribuido fiscalmente; al contrario, recibe recursos del estado. Y eso, pese a que uno de los puntos del Acuerdo de 1979 se afirma: “La iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”.

El Artículo 1 de los Acuerdos en materia de enseñanza deja poco lugar a interpretaciones: “A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar; en todo caso, la educación que se imparta en los centros

docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Según Javier de Lucas, “la iglesia católica en nuestro país nunca ha renunciado al negocio de la educación, un negocio al que este gobierno se ha entregado (es inminente la publicación de un decreto que va a rebajar las condiciones para constituir universidades privadas). El segundo objetivo es “el dominio de la educación, porque supone el control de las conciencias”. Ello implica una colisión con materias que sí son obligatorias en el currículo escolar –por ejemplo las científicas- ya que la iglesia propone explicaciones y tesis que no se someten a crítica.

Javier de Lucas subraya que lo anterior no implica que se niegue la enseñanza del “hecho religioso”, es decir, dar información sobre un fenómeno cultural en toda su amplitud (no confundir con adoctrinamiento en catequesis ni con historia de la iglesia católica y sus dogmas). Otra de las claves introducidas por el catedrático de Filosofía del Derecho es el incremento de la “pluralidad” en la sociedad española, lo que “arruina en gran parte” lo establecido en el Artículo 16.3 de la Constitución: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española…”.

El principio de laicidad tiene, según Javier de Lucas, dos ingredientes fundamentales: la libertad de conciencia y la neutralidad del estado en materia religiosa. Lo fundamental es que cada ciudadano ha de ser libre para tener las convicciones (religiosas o no) en condiciones de igualdad. “Basta ya de pensar en que la pluralidad se refiere únicamente a diferentes opciones religiosas”. El catedrático considera que el marco de los Acuerdos de 1979 no es reformable, “y nos obliga hoy a la Religión en un horario lectivo y equiparable a cualquier otra asignatura; sin embargo, eso es incompatible con el respeto a la pluralidad ideológica de los padres; implantar la enseñanza de la religión católica amparándose en que quienes no la cursan tienen una alternativa, es desvirtuar el principio de pluralidad en el espacio educativo”, explica.

De Lucas concluye que la religión confesional no debería tener su espacio en la escuela (sin embargo el BOE publicaba el 24 de febrero la Resolución sobre los currículos de enseñanza de la religión católica en la educación primaria y secundaria obligatorias, y en el bachillerato).

El único asunto central sobre el que negocian, en el fondo, el estado y la iglesia católica es un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho de libertad de conciencia. Es el punto de partida de la reflexión de Dionisio Llamazares. “Hemos convertido, a través de los Acuerdos, a la iglesia católica en co-legisladora; la consecuencia de ello es que el estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la regulación de los derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de conciencia”. El presidente de la asociación Laicidad y Libertades Públicas resalta una cláusula “endemoniada” de los Acuerdos (de Derecho Internacional) de 1979 entre el Estado Español y el Vaticano. “Se dice que no se harán modificaciones ni reinterpretaciones si no es por consenso; y la iglesia no se mueve para nada de su posición, sobre todo en materia educativa”.

El catedrático de Derecho Eclesiástico aboga por una “modificación sustancial” de los Acuerdos, “ya que el estado no puede enajenar su soberanía en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa (ni la católica ni ninguna otra)”. Si hubiera que asignarle alguna función a los Acuerdos, añade Dionisio Llamazares, “habría de ser la de consulta por parte del estado cuando fuera a legislar en asuntos religiosos”. “Y luego el estado que haga lo que considere conveniente”.

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LA VERGÜENZA DE LOS CIE

Hay muchas razones para la crítica de las políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Estados miembros, también de España. Baste pensar en la primera, la más abominable de las consecuencias de estas políticas: los muertos que esconde el Mediterráneo, convertido en un gran cementerio marino para miles de inmigrantes y refugiados que intentan llegar a las costas europeas. En estos últimos años, España se ha hecho acreedora de no pocas críticas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados, relacionadas en particular con el trato que reciben unos y otros en las fronteras (las “vallas”) de Ceuta y Melilla, con episodios tan terribles como los 15 muertos en la playa del Tarajal, que la justicia española estudia en estos momentos, gracias al esfuerzo de algunas ONGs. También, con las prácticas de las mal denominadas “devoluciones en caliente”, que a veces incluyen malos tratos –documentados gráficamente y denunciados entre otros por la ONG PRODEIN- y que suponen violaciones palmarias de derechos humanos elementales, como lo muestra el reciente informe de un grupo de investigación formado por profesores penalistas y constitucionalistas y titulado Derechos en la frontera. ¿Fronteras sin derechos?. Como decía, no sólo diferentes ONGs, sino también autoridades europeas, tanto de la UE como del Consejo de Europa, así como de la ONU, han expresado reiteradamente su preocupación por estas malas prácticas y el riesgo que suponen para la garantía de derechos humanos elementales. En estas líneas quiero referirme una vez más a otro problema que constituye un motivo de vergüenza para España y que debería ser corregido sin más espera. Se trata de la situación de los derechos humanos de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, creados conforme al artículo 26.2 de la LO de Extranjería de 1985, y definidos como establecimiento públicos <de carácter no penitenciario> donde se retiene de manera cautelar y preventiva básicamente a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, bien por su condición de irregulares, bien por haber sido condenados por un delito y haberse aplicado la opción de expulsión. Más del 60% de los internados, en realidad, lo son por irregularidad administrativa, es decir, no han cometido delito que explique una situación de privación de libertad. Aunque el objetivo es la expulsión, a veces se utilizan eufemismos como “repatriación” o “retorno”, lo que no es correcto, pues la Directiva europea de retorno 2008/115/CE (también conocida como Directiva de la vergüenza) permite que esos irregulares sean deportados no sólo a sus países de origen, sino a países terceros por los que haya presunción de que han transitado. A esos efectos, los Estados de la UE han desplegado un sistema de acuerdos bilaterales para poder desprenderse de ese peso muerto sin mancharse las manos. Asi lo ha hecho España, por ejemplo, con Marruecos, Mauritania o Nigeria. Insistiré: no son una institución privativa de España: en la UE existen 393 centros similares, que reciben diferentes denominaciones (por ejemplo, Centros de Retención Administrativa, CRA, en Francia o Bélgica) y que constituyen, como se ha dicho, un verdadero “archipiélago de la desesperanza”, pues merecerían tener como lema el del Canto primero del Inferno del Dante, <Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate>. Son el fin de lo que para muchos seres humanos constituye su “sueño europeo” . Recordaré que existen actualmente 8 CIES en España (en Italia, que multiplica casi por 20 el número de inmigrantes y refugiados recibidos, hay 13), aunque el Gobierno Rajoy ha anunciado en diferentes ocasiones su voluntad de crear uno o dos más. Se encuentran en Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Murcia, Valencia, Algeciras y Fuerteventura. Anteriormente existió un CIE en Málaga, que fue cerrado por sus inaceptables condiciones en 2012 . Lo cierto es que, a pesar de ser expresamente definidos como establecimientos no penitenciarios, su régimen es de privación de libertad. La estancia máxima, según la aplicación que hizo el Estado español de la mencionada directiva de 2008, es de 60 días, aunque la directiva habilita hasta ¡18 meses!. Las críticas y denuncias sobre restricciones indebidas de derechos, ausencia efectiva de control judicial, deficientes condiciones de salud e higiene, dificultades para acceso a traductor, asistencia social y psicológica, e incluso acceso a abogado, son interminables. También se han denunciado malos tratos (sólo en el CIE de Zapadores, más de 50 quejas). A todo ello hay que sumar tres casos de muertes en CIE, de los que sólo uno, la de Samba Martine en el CIE de Aluche, está siendo investigado judicialmente tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El Informe anual del Defensor del Pueblo es indicativo (por ejemplo, el apartado 4.7 del Informe correspondiente a 2014). El propio Reglamento de los CIE, publicado en 2014, ha sido objeto de una severa corrección por parte del Tribunal Supremo. El 10 de febrero de 2015 se conocía una importante Sentencia del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del TS, en la que se declaraban contrarias a Derecho varios aspectos del articulado. reconociendo así parcialmente el recurso interpuesto por tres ONGs, APDHA, Federación Asociaciones S.O.S. Racismo y Andalucía Acoge . El 13 de abril de 2015 un comunicado conjunto de Caritas y el Servicio Jesuita de Inmigrantes denunciaba que, transcurrido más de un año de la publicación del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros “no se han producido prácticamente avances de ningún tipo” en las mejoras que preveía su implementación, puesto que siguen sin contar con enfermerías, ni un servicio estable de intérpretes. No cuentan con un régimen general de acceso para las ONG y los servicios de asistencia social “decisivos para un acompañamiento personal adecuado” e “imprescindibles” para detectar perfiles vulnerables no se han generalizado. “Tampoco se han realizado mejoras sustanciales en las instalaciones, salvo aquellas motivadas por ‘razones de seguridad’, como, por ejemplo, la instalación de una malla metálica en el patio del Centro de Internamiento de Madrid. En este sentido, persisten graves deficiencias de habitabilidad señaladas por Defensor del Pueblo, Fiscalía y los juzgados de control”. Igualmente subrayan que no se han nombrado los administradores responsables de los servicios asistenciales, ni los médicos de la Administración General del Estado responsables de los servicios médicos de estos centros, ni se han constituido las Juntas de Coordinación, “figura fundamental para la planificación y seguimiento de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales” dentro de estas instalaciones que siguen siendo básicamente policiales. Su conclusión es que los CIE son hoy todavía “espacios opacos de sufrimiento”. Un buen resumen de estas denuncias puede verse en el documental La puerta azul, realizado en 2015 por tres jóvenes cineastas valencianos, Alicia Medina, Marina Sanjuán y Javi Rumí, y que, aunque contiene numerosos detalles sobre el CIE de Zapadores (Valencia) abarca también denuncias del resto de los CIE. Pero es que las denuncias provienen no sólo de las ONGs sino también de autoridades europeas. El pasado 9 de abril, los 4 miembros —Celso Dan Neves Manata, Ivona Todorovska, Anton Van Kalmthout y Olivera Vulic-, integrantes de la Delegación contra la tortura del Consejo de Europa que estudió en 2014 la situación de los CIE de Zona Franca y Aluche, hizo público un informe extremadamente crítico con la situación de los internados y la garantía de sus derechos. Subrayan que los CIE, debido a sus características y régimen casi exclusivamente policial son difícilmente distinguibles de prisiones (incluso con desventaja respecto a los internados en prisiones) y muestran su preocupación por la falta de formación adecuada de los funcionarios para gestionar las dificultades propias de una población multicultural. Hacen constar la frecuencia de denuncias verosímiles de malas prácticas (Insultos, trato vejatorio, intimidación e, incluso, agresiones físicas y psicológicas), sí como de situaciones de violencia entre los propios internos. Resalta la imposibilidad de los internos de ir al baño durante siete horas seguidas (desde las doce hasta las siete de la mañana, pues en las “celdas” —cerradas durante la noche a cal y canto— no hay aseo)y la sobreocupación de las celdas, a pesar de que haya muchas vacías: “Hay hasta ocho personas en celdas de 24 metros cuadrados”. En el centro barcelonés, además, no es raro encontrar chinches, según confirma el grupo de trabajo. Enfatizan la necesidad de que las autoridades españolas pongan fin a la “humillante práctica” de llamar por el número de detención a los extranjeros en lugar de por su nombre. Incluso hacen constar que pudieron escuchar cómo determinados agentes de policía en la Zona Franca insultaban a los extranjeros. Quizá sin mirásemos con atención iniciativas de Gobiernos que, muy frecuentemente son estigmatizados, nuestros gobernantes podrían aprender: el pasado 25 de febrero, tras el suicidio de un paquistaní de 28 años internado en un centro de detención de extranjeros el Gobierno de Tsipras revisó totalmente su régimen. La sensación de vergüenza que le causó el Centro de Amygdaleza (norte de Atenas), al ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis fue tan insoportable, según su propio testimonio, que decretó la apertura de los cinco centros de detención del país y la liberación progresiva de los 3.500 internos (entre los que había, atención, 216 menores no acompañados). Sólo los indocumentados con algún delito pendiente o una orden de expulsión seguirán recluidos. Es imprescindible acabar con esta vergüenza. Por eso, con las campañas de todo el Estado, recordemos: Tanquem els CIE!!. Cerremos los CIE!!

TSYPRAS NO QUIERE CIES

Los CIE, a los que se ha llamado, con razón, <archipiélagos de la desesperanza> (casi 400 en territorio de la UE), pues deberían tener como lema el del I Canto del Infierno de Dante, <Lasciate ogni speranza voi ch’entrate>, y a los que el reciente comunicado de Caritas y el Servicio Jesuita de  Migraciones considera “espacios opacos del sufrimiento”, son nuestra vergüenza. Seres humanos que no han cometido delito alguno, privados de libertad y, en muchos casos, en condiciones de higiene y salud deplorables, con grave riesgo para derechos fundamentales.

En el apartado 4.7 del Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo puede encontrarse un elenco de los problemas que se plantean. Y en el estupendo documental La Puerta azul, realizado por 3 jóvenes valencianos, Alicia Medina, Marina Sanjuán y Javi Rumí, y estrenado este mismo 2015, hay testimonios abrumadores. También en los informes de Migreurop y sobre todo en la Campaña Tanquem els CIE, Cerremos los CIE, que cumple ya cinco años.

El tan denostado Gobierno de Tsypras cerró los 5 CIE que existían en Grecia, después de la visita de uno de los ministros, Yanis Panusis, al CIE de Amygdaleza, en el norte de Atenas, motivada por  el suicidio de un interno pakistaní, desesperado. ¿A qué esperamos? IU ya ha dicho que los cerraría. Exijamos esa determinación al PSOE, Podemos, Compromis…

Los derechos humanos como coartada

‘Nosotros estamos a favor de los derechos humanos’

Posted on 10 abril, 2015

Javier de Lucas

Uno de los efectos perniciosos de las convocatorias electorales es que parecen otorgar carta abierta no ya para el populismo, sino para la demagogia y la desvergüenza. Carta abierta, insisto, sin límite; ya lo avisó Tierno…

El fundamento es el consabido pragmatismo, que emerge descarnadamente en cuanto suena el disparo de salida de la campaña. Como enuncian tan campanuda como, a mi juicio, cínicamente los supuestos expertos en ciencia política y sociología electoral que hoy pululan como setas, lo único importante es ganar (véase el descarnado tecnocratismo del que hacen gala no ya los Arriola y demás gurús de los “viejos” partidos, sino alguno de los cerebros de Podemos, como Carolina Bescansa, por ejemplo). Por eso, a la caza del voto, todo vale.

Se me ocurre que sería buena idea (y así lo he propuesto a mis amigos de la SER) dar un premio diario durante la inminente campaña electoral para municipales y autonómicas a “quien la diga más gorda”, si me permiten la expresión. En todo caso, es a los ciudadanos a quienes corresponde separar el trigo de la paja y por eso, desde este rincón, me atrevo a proponer a los lectores que ejerzan una labor de vigilancia diaria en la campaña electoral, para denunciar las propuestas/promesas más demagógicas y las más inaceptables que comprometan a los derechos humanos. Serán pistas par orientar nuestro voto.

Empecemos ya, que no faltan ejemplos en la precampaña. Y les propongo comenzar con algunas perlas desgranadas por PP y C’s, en torno al tan publicitado como falaz “giro social”, emprendido supuestamente por el Gobierno y, muy concretamente, a propósito de los derechos de los inmigrantes. Un caso concreto que ayuda a perfilar la retórica obligada de “nosotros defendemos los derechos humanos”.

sanidad extranjeros

La medalla de oro a la falacia y el cinismo hay que dársela a mi juicio al Gobierno y a su ministroAlonso, por la supuesta marcha atrás en el RD 16/2012. Como se recordará, el Gobierno Rajoy, a través de su Ministro de Sanidad e Igualdad, el señor Alonso, que se distinguió como portavoz parlamentario en la defensa de los recortes a la sanidad universal que supuso el malhadado Decreto, anunció a fines de marzo que los inmigrantes irregulares recuperarían la asistencia sanitaria más allá de la reconocida a las urgencias y a las embarazadas, alegando razones pragmáticas de salud pública y racionalidad hospitalaria (no bloquear las urgencias). Sin embargo, como de inmediato denunciaron todas las ONG y un buen número de expertos, ese supuesto giro es mero maquillaje. Ante todo, porque no deroga el RD 16/2012 y, además, porque en realidad es muy limitado y niega a los inmigrantes irregulares ser titulares de tarjeta sanitaria.

La segunda, aunque confieso que tengo serias dudas sobre su lugar en el podio, la gana Esperanza Aguirre y su campaña sin complejos, en la mejor tradición inmortalizada por Brel en su Les dames patronneuses (aquí texto y video), se ha hecho una foto que ha recorrido de inmediato todas las redes sociales, para mostrar que a toda una baronesa no se le caen los anillos por quedar inmortalizada con “minorías étnicas”. Es decir, se trata del rancio paternalismo de “siente un pobre a su mesa” genialmente recreado por Berlanga (aquí la crítica de Diego Galán), ese que piensa en que hay que portarse bien con los “pobres inmigrantes”, sobre todo ahora que vuelven las vacas gordas y nos podemos permitir otra vez ser caritativos y recuperar la buena conciencia (“los españoles somos muy solidarios”).

Espe

La foto, sin duda, es una de las cumbres de la desvergüenza por parte de quien ha practicado con saña, allí donde ha gobernado, políticas de restricción de derechos de los inmigrantes, entre las que no es la menor su invento de crear albergues en Marruecos para menores inmigrantes marroquíes no acompañados y así librarse de cumplir con lo que exige laConvención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Medalla de bronce, por fin, en esta “primera edición”, para C’s que, en una excelente muestra de coherencia con su ya veterana política antimigratoria, repleta de todo el repertorio de coartadas xenófobas, si no incluso en el borde del racismo, se niega incluso al “giro social” y sostiene muy pragmáticamente que aquí no hay para todos y es ilusorio, contraproducente y económicamente insostenible eso de reconocer derecho a la salud a personas que para ellos siguen siendo “ilegales”, es decir, los irregulares, gente que en todo caso ha cometido una irregularidad administrativa, no un delito, como se cansan de insistir todas las autoridades europeas e internacionales en materia de derechos humanos. Peregrina concepción de los derechos humanos básicos, como el de la salud, que o son universales o no son derechos. Ciudadanos se ha distinguido siempre por hacer bandera coherente del mensaje “los españoles primero”, lo que no les separa, por cierto, del “moderno” Front Nationale de Marine Le Pen (sí, ciertamente, del racista y antisemita J.M Le Pen o de PEGIDA).

Veremos qué proponen los demás partidos en lo que se refiere a los aspectos concretos de reconocimiento y garantía de los derechos humanos, más allá, insisto, de la obvia retórica de que están a favor (sólo faltaba lo contrario…). Dejo a la vigilancia y buen juicio de los lectores seguir con esta tarea… antes de votar.

UN HOMENAJE A CARMINA VIRGILI. PARIS, 9 abril 2015

  • El acto de homenaje a Carmina Virgili al que he asistido hoy en Paris ha sido un ejemplo de una actividad oportuna y bien organizada. Hay que agradecérselo a Juan Ojeda, el director del Colegio, y a los trabajadores del Colegio, en particular a la responsable de actividades culturales, la siempre inteligente y eficaz Stéphanie Migniot. El documental con la entrevista a Carmina (un trabajo excelente de dos residentes del Colegio), la muestra tal como era, con su inteligencia y con una energía que tantas veces desbordaba a los demás y resultaba difícil de seguir. Me ha emocionado su recuerdo a Gregorio Peces-Barba, con quien mantuvo una gran amistad y compartió lucha antifranquista (entró en el PSOE por mediación de gregorio, poco antes de ser elegida Decana de la Facultad de Ciencias Geológicas y su “jefe” político en PSOE Universidad, en Madrid, fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que luego se convertiría en su jefe de Gabinete cuando fue nombrada Secretaria de Estado de Universidad). También Carmina y Gregorio actuaron juntos en la defensa de esudiantes y compañeros en los procesos del franquismo contra los universitarios que se enfrentaban a ese régimen dictatorial y se jugaban la libertad y a veces la integridad física o incluso la vida. Y su sentido del humor y su reivindicación de la igual condición de las mujeres en la universidad, su profesión. Estupenda, por brillante, aguda y cariñosa, la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, que mantuvo con ella una relación personal y profesional durante cuarenta años, que, como el mismo decía, sobrevivió al hecho de que unas veces él era el superior jerárquico y otras ella, un verdadero test de sinceridad , aprecio y lealtad. Ha evocado lo que aprendió de Carmina (su rigor, su capacidad de trabajar en equipo, su reivindicación del papel de las mujeres en un contexto brutalmente machista…) y me ha chocado que entre otras cosas más obvias, haya subrayado esto, el amor por la propia lengua y cultura; en el caso de Carmina, el catalán: “fue la lengua en la que hablé por primera vez con alguien, con mi madre; me entristece mucho que no se la respete, que no se entienda el amor y aprecio por ella”. Como profesor y conferenciante, en plena forma.