LA LÓGICA JURÍDICA, AL REVES: REFUGIADOS Y CONTRATO DE INTEGRACIÓN


Javier de Lucas

Muchos de nosotros estamos conmocionados aún (aunque no sorprendidos, desgraciadamente) por la vuelta de tuerca que ha supuesto el Consejo Europeo celebrado el 16 de septiembre en Bratislava, que ha colocado inequívocamente las políticas migratorias y de asilo de la UE bajo el paraguas de las políticas de seguridad y defensa.Una vez más, se envía a la opinión pública europea el mensaje de que inmigrantes y solicitantes de refugio son riesgos relevantes, si no incluso amenazas, para la seguridad de las fronteras y también amenazas internas, como posibles ejércitos de reserva del terrorismo.

Tampoco sorprende –por más que lo deploremos– la inanidad de la cumbre mundial sobre inmigrantes y refugiados celebrada en Nueva York los pasados 19 y 20 de septiembre. Como se puede constatar en el informe previo del Secretario General para esa cumbre y en los informes preparatorios, todo posible acuerdo vinculante dotado de medidas concretas se posponía de entrada hasta 2018 y, por tanto, la Declaración de la cumbre no podía ser poco más que retórica buenista al uso.

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Pero aún nos faltaba otro cuarto a espadas en lo que concierne a nuestra respuesta ante los refugiados. Una exigencia que demuestra que se les puede aplicar aquello de que “al que no tiene, incluso eso que tiene se le quitará” (Marcos, 4:25). En lugar de preguntarnos qué debemos ofrecerles, nos afanamos en exigirles un esfuerzo más. A mi juicio, ese es el significado del “contrato de integración”, anticipado por el rey Felipe VIen su discurso el 19 de septiembre en la Cumbre de alto nivel celebrada en la ONU (un discurso obviamente escrito por el Gobierno Rajoy) y formalizado por el rey Guillermo de Holanda, el pasado 21 de septiembre, en el denominado Discurso de la Corona, pronunciado como es tradicional en La Haya, con ocasión de la apertura del año parlamentario.

En ese discurso se subraya que “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual, son valores que debe respetar y acatar cualquiera que quiera vivir en nuestro país”. Y se menciona expresamente “la preocupación social ante las diferencias culturales”, así como la incertidumbre que produce el hecho de que la llegada de los refugiados signifique exigir de los servicios públicos del Estado holandés un esfuerzo que literalmente se reconoce que podría ser “excesivo”.

Por todo ello, se anuncia que, a partir de 2017, el Gobierno impondrá a los recién llegados la firma de una “declaración de participación”, al modo de esa especie de contrato entre el migrante y el Estado, que se extendería a los solicitantes de refugio obligándoles a“respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, pero también la igualdad entre hombres y mujeres.

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Se trata en realidad de proponer para los refugiados lo mismo que impuso a los inmigrantes el ministro Sarkozy, recogido con entusiasmo por el Gobierno Rajoy (y, por ejemplo, por el Gobierno valenciano del SrCamps) y hoy jaleado por la prensa que se muestra preocupada por los problemas de incompatibilidad cultural de los recién llegados (antes inmigrantes, ahora, insisto, refugiados). Una pretensión que no puede ocultar su parentesco con los propósitos del movimiento xenófobo alemán PEGIDA (Patriotas europeos contra la islamización de Europa) que alimenta al ultraderechista Partido AfD (Alternativa para Alemania) y a otros grupos y partidos similares en toda Europa: de Francia al Reino Unido, pasando por Austria, Dinamarca, Grecia o Finlandia.

Aún así, hay a quien le parece poco. El islamófobo dirigente de extrema derecha Geert Wilders calificó el discurso de “cuento de hadas” y reiteró su visión apocalíptica según la cual Holanda está siendo “destruida”, aduciendo de nuevo los recortes en sanidad, la subida de impuestos y las presiones derivadas de la llegada de los refugiados.

Pues bien, lo dijimos entonces y lo repetiremos ahora. Esa pretendida novedad del “contrato de integración” es una falacia. Una de dos: o bien supone compromiso de respeto a la legalidad y en ese caso es superfluo, por pura tautología, pues se debería presumir que todo el que es aceptado como residente acepta cumplir con sus deberes legales (de acción y de omisión, que empiezan básicamente por no causar daño en bienes jurídicamente relevantes de otras personas); o bien ese contrato añade requisitos más allá de lo exigible o de lo prohibido, y en ese otro supuesto es ilegítimo, por incompatible con la presunción general de libertad en la que se basa el Estado de Derecho. Recordemos lo elemental: allí donde no hay daño, donde no hay prohibición, debe imperar el respeto a la libertad, en aras del pluralismo.

Pero, además, es que todo esto es particularmente perverso en el caso de los refugiados. Que a quienes sufren ya enormes dificultades para poder siquiera llegar a plantear su petición de asilo, se les imponga, además, la asimilación cultural COMO CONDICION DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE TIENEN POR SER REFUGIADOS, es un acto de cinismo y supone una manifiesta contravención del marco legal del Convenio de Ginebra de 1951.

¿Tanto cuesta entender que son ellos nuestros acreedores, que los refugiados pueden y deben exigir que cumplamos con nuestros deberes, y no al revés? Más temprano que tarde, esta ceguera se volverá contra nosotros.

LAS FALACIAS DETRAS DEL RUIDO EN TORNO A LOS REFUGIADOS (Deusto, 29.09.16)

GIZARTEGUNE
ERREFUXIATUAK. HAIEN ESKUBIDEAK. GURE BETEBEHARRAK.
PERSONAS REFUGIADAS. SUS DERECHOS. NUESTROS DEBERES.

BILBAO, 29.09.2016

 

LO QUE OCULTA LA “CRISIS DE REFUGIADOS”

Javier de Lucas

 

 

 

 

1. La falacia de la “crisis de refugiados”.

Apenas un año y medio desde que la Comisión de la UE anunció su Nueva Agenda Europea de Inmigración y Asilo, en mayo de 2015, un año desde la “conmoción Aylan” y los acuerdos de distribución de reasentamiento y reubicación. Pues bien, hoy se hace más inaceptable nuestra ceguera, nuestra empecinada negativa a reconocer el alcance de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en Europa, ante nosotros. Porque, a mi juicio, es inadmisible el hecho de que -aún hoy y en contra de toda evidencia- rehusemos teorizar adecuadamente lo que a todas luces es, como mínimo, el síntoma de una profundísima crisis del modelo político europeo (si no, incluso, una crisis de la democracia misma). Lo camuflamos bajo eufemismos como el de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista y ocultan la verdadera y profunda dimensión política.

Así ha sucedido en el reciente Consejo Europeo de Bratislava, cuyas conclusiones, como ha dicho Sami Naïr, justifican presuntamente el enfoque securitario y de defensa en materia de política de refugiados e incitan a una política de miedo y de odio, de xenofobia y repliegue. Las cosas no han ido mejor en la Cumbre de la ONU en N York, los pasados días 19 y 20 de septiembre.

Hay que decir basta, de una vez, a esa y otras falacias sobre la respuesta al desafío de los refugiados. La primera, que hablamos de refugiados cuando nuestro designio es impedirles o al menos dificultarles enormemente que se les reconozca como tales. En realidad hablamos de millones de personas que son aspirantes o solicitantes de refugio, que huyen de su país y vagan por el mundo queriendo solicitar refugio sin que se les deje ni eso…

Hay que decir basta, ante todo a las causas y actuar para parar las masacres de las que huyen y la masacre en la huida (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol. Por no hablar de la suerte de las mujeres violadas y maltratadas por las mafias en Libia mientras esperan a embarcar, a veces durante meses, en un viaje en el que arriesgan sus vidas y las de sus hijos.

Hay que decir basta, también, a lo que es una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[1]. Hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

 

 

 

 

2. Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, recurriré a las tesis de Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[2]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[3]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[4].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[5], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[6]. Esta es la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[7]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[8]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[9], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo necesitan y que llegan hasta sus puertas.

 

 

 

 

3. La asimilación cultural, ilegítima condición impuesta al reconocimiento de los refugiados

El último giro de tuerca es la imposición de políticas de asimilación cultural como pre-requisito para el examen de la solicitud  de refugio. Lo hizo el Jefe de Estado español, Felipe VI, en su discurso en la ONU el 19 de septiembre. Lo ha dispuesto Holanda a través de una reforma de su régimen de derecho de asilo.

El discurso de la Corona, el pasado 21 de septiembre, en La Haya, que abre el año parlamentario en Holanda, ha incluido esta vez un apartado específico dedicado a las tensiones derivadas de la llegada de miles de refugiados. Leído por el rey, Guillermo Alejandro, en la Sala de los Caballeros del antiguo Parlamento holandés, el documento subraya “la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y la no discriminación por razones de raza, creencia o bien orientación sexual. Son valores que debe respetar y acatar cualquiera que quiera vivir  en nuestro país”.

Las palabras del rey han incluido, no obstante, una declaración de intenciones para que no haya malentendidos. “A nadie se le pide que renuncie a su cultura y orígenes. Pero las normas establecidas son inviolables y la intimidación y la violencia obtendrán una respuesta firme".

Como en otras democracias constitucionales, este tipo de documentos son redactados por el Gobierno, que en esta ocasión ha puesto mucho empeño en subrayar “las iniciativas privadas y municipales destinadas a animar a los solicitantes de asilo a participar en la sociedad”. A nadie se le escapa las tensiones derivadas de la llegada masiva de refugiados de Siria e Irak en 2015 —y también de otros países— a toda Europa. Por eso el monarca ha asegurado que “Holanda es un país fuerte en un mundo inestable. Un lugar próspero y atractivo, con buenas infraestructuras y servicios y un sistema legal fuerte”. Luego se ha hecho eco de “la preocupación social ante las diferencias culturales”, y la incógnita de si no supondrá el flujo humano “un esfuerzo excesivo para los servicios públicos”.

A partir de 2017, el Gobierno de centro izquierda impondrá a los recién llegados la firma de una “declaración de participación”. Concebida como una especie de contrato entre el migrante y el Estado, obliga a los que buscan refugio a “respetar las normas y valores de la sociedad holandesa, en especial los principios democráticos de la separación entre Iglesia y Estado, y las libertades de credo y expresión”, pero también la equidad entre hombre y mujer.

La asociación holandesa que reúne a los refugiados (Vluchtelingenwerk Nederland) calcula que en 2014 hasta 82.494 personas contaban con la protección necesaria. En 2015 solicitaron 58.800 extranjeros, según la Oficina Central de Estadísticas. Para 2016, el mismo organismo calcula que llegarán unos 70.000.

Los partidos de la oposición, que incluye, entre otros, liberales de izquierda, cristianodemócratas, ecologistas, socialistas radicales y al populista antimusulmán  Geert Wilders, han lamentado que el Gobierno no tuviera “nada que ofrecer”. Las elecciones del próximo año han impedido la presentación de grandes proyectos, pero Wilders ha calificado de “cuento de hadas” el discurso. En su opinión, el país está siendo "destruido". Y ha puesto como ejemplo los recortes en sanidad, la subida de impuestos y las presiones derivadas de los refugiados.

 

 


[1] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[2] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[3] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[4] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[5] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[6]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[7]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados" (Bauman, 2008: 32)

[8] Bauman, 2008: 32.

Con Weber, a Mariano (Cartelera Turia, 30 09 2016)

En la estrategia de justificación del carácter presuntamente ineludible del apoyo a una investidura de Rajoy para formar Gobierno, aunque sea por la vía de la abstención, hay de todo. Desde el PP abunda la alabanza sin fisuras al líder, a quien acuden, como en aquellos meses de mayo, con Flores a Mariano. Pero son más quienes, faltos de tal entusiasmo, predican  falacias -como la del respeto a la lista más votada, un argumento no relevante en una democracia parlamentaria-, seudoamenazas apocalípticas -miedo al caos, a la huida del capital extranjero, a una nueva recesión- y presiones de todo tipo.

Con todo, también los hay que proponen argumentos. Entre ellos, destacan acreditados profesionales de la ciencia política, como Fernando Vallespín y José Ignacio Torreblanca que, en lugar de ir con flores hasta Mariano, pareciera que fuesen, con o por Weber, hasta concluir en él. Y así, tratan de mostrar que quienes se oponen a que Rajoy forme de una vez gobierno, con Sánchez como arquetipo, son irresponsables políticamente y se apoyan en una muy inadecuada ética de la convicción, típicamente teológica o ideológica y estérilmente moralizante. Sostiene que más valdría optar por la ética de la responsabilidad, en virtud de la cual se debe aceptar con madurez la decisión de dejar que gobierne el PP de Rajoy. Eso, añaden,  permitirá crear una oposición fuerte, formada por políticos responsables que, al no existir una mayoría absoluta, podrían conseguir en el Congreso las reformas que supuestamente jamás logrará el irresponsable e imposible intento de constituir un Gobierno de izquierda, que camina hacia el abismo, entonando el fiat iustitia et pereat mundus.

Parcen olvidar que la pretensión de wertfreiheit en ciencias sociales es mera ilusión. No hay ciencia social que pueda permitirse ser ajena a la ideología: ni la Ciencia política, ni el Derecho. Pero aún es más obvia otra consideración: apoyar a Rajoy no sólo es contrario a las más mínimas exigencias de la ética de la convicción. Es, además, contraria a la ética de la responsabilidad. O sea, políticamente hablando, irresponsable, porque el balance de la gestión de gobierno de Rajoy es desastroso. No digo ya por el grado de corrupción institucional que ha fomentado y anida en su propio partido. Me refiero a su balance, inaceptable de cara a los trabajadores, a los parados, a los pensionistas, al mundo de la enseñanza, al estado de la sanidad, al sistema público de ciencia e investigación, a la gestión de la deuda, al peso y a la presencia de España en la UE, en Latinoamérica, en el mundo árabe…

No. No hay en este caso contradicción alguna entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Apoyar a Rajoy para que forme Gobierno y sufrirlo cuatro años más, sí que es propio de irresponsables, además de inconsecuentes con los principios y valores de una democracia mínimamente plural e inclusiva.

 

CULO DI FERRO Y CAMUS (Cartelera Turia, 2745)

(Re)Searchers

Culo di ferro y Camus

Javier de Lucas

Javier de Lucas

Mi admirada Almudena
Grandes ha criticado a Sánchez por su posición de resistencia porque, dice, “la resistencia no vale si no tiene un propósito”. No creo que sea cierto: no vale cualquier propósito. Por ejemplo, hay quien piensa que el de Sánchez es un propósito estricta- mente partidista, si no personal: mantenerse al frente de la SG del PSOE. Eso ya sería un propósito, pero no haría legítima la resistencia, al menos en términos de bien común (sí, para el propio Sánchez y quizá incluso para el PSOE).

Cierta tradición, a mi juicio bobalicona, insiste en presentar como muestra de inteligencia política el lema atribuido al camaleónico premio nobel CJC: el que resiste, gana. Una divisa que encuentra en Rajoy quizá su más ferviente partidario. Algunos, más informados, recuerdan la respuesta atribuida a Sandro Pertini, en el palco del Bernabeu durante el campeonato mundial de fútbol de España, ante la pregunta que le hizo Calvo Sotelo en presencia del rey Juan Carlos: “cuál es la mejor virtud de un negociador?”, a lo que el sagaz Presidente italiano habría contestado: Culo di ferro.

Yo quiero creer que la resistencia de Sánchez no es la rala versión carpetovetónica de Cela (la inmovilidad tancredista y oportunista que, en realidad, muestra la más absoluta carencia de ideas). Ni siquiera la astucia de Pertini. En mi ingenuidad, creo que podría acercarse más a la rebelión camusiana, la que se describe al comienzo del Hombre rebelde:” ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento (...) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es”.

Lo preferible, a mi juicio,  es no seguir en manos de Rajoy, de su virreina SSS y de su cohorte de desvergonzados, falaces e ineficaces gobernantes del PP. Y la primera condición para ello es señalar que el rey está desnudo, denunciar que lo que quieren imponernos como “sentido común” es un propósito pro domo sua, sólo de ellos, que no tiene nada de común. Eso es, creo, un buen comienzo: negar que las políticas del PP se basen en la primacía de lo común. Y encontrar la convergencia que la defensa de lo común exige, más allá de la ventaja partidista ante las terceras elecciones.

 

UNA PROFUNDA CRISIS POLITICA, CAMUFLADA COMO CRISIS DE REFUGIADOS (publicado en La Maleta de Port Bou, nº19, 2016)

1. La falacia de la “crisis de refugiados”.

Transcurrido apenas un año desde que la Comisión de la UE anunció su Nueva Agenda Europea de Inmigración y Asilo, en mayo de 2015, se hace más inaceptable nuestra ceguera, nuestra empecinada negativa a reconocer el alcance de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, en Europa, ante nosotros. Porque, a mi juicio, es inadmisible el hecho de que -aún hoy y en contra de toda evidencia- rehusemos teorizar adecuadamente lo que a todas luces es, como mínimo, el síntoma de una profundísima crisis del modelo político europeo (si no una crisis de la democracia misma). Lo camuflamos bajo eufemismos como el de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista y ocultan la verdadera y profunda dimensión política. Y hay que decir basta a esa falacia.

Hay que decir basta, en primer lugar, a la masacre (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol.

Hay que decir basta, también, a lo que es una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[1]. Hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

 

 

 

 

2. Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, recurriré a las tesis de Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[2]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[3]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[4].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[5], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[6]. Esta es la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[7]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[8]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[9], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo neces


[1] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[2] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[3] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[4] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[5] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[6]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[7]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados" (Bauman, 2008: 32)

[8] Bauman, 2008: 32.

MEDITERRÁNEO, FOSA DE INMIGRANTES, REFUGIADOS Y DEL PROYECTO EUROPEO (Conferencia Magistral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México 12.08.2016)

Introducción

Mi intervención esta mañana -en respuesta a la amable invitación de mi querida amiga y colega, la profesora Cuéllar, Decana de esta Facultad- tiene como marco de referencia cuanto ha sucedido en los últimos años en la UE (a partir de 2013, pero sobre todo en 2015  y en el primer semestre de 2016), a propósito de la fallida respuesta de los Gobiernos europeos y de la propia UE ante el incremento del número de refugiados que tratan de llegar a Europa (también de la fallida respuesta  que ofrecen las políticas migratorias de la UE y de sus Estados miembros ante los inmigrantes irregulares, que insistimos en denominar “ilegales”).

Déjenme que avance una conclusión que a buen seguro no les sorprenderá: no hay tal crisis europea debida a los refugiados. Tampoco hay, en sentido estricto, una crisis específica de refugiados que afecte a la UE (en todo caso, un indiscutible impacto de los que huyen de la guerra civil en Siria, pero infinitamente menor que el impacto sobre los países limítrofes, Líbano, Jordania, el propio Iraq y Turquía). Lo que sí existe es una enorme crisis del proyecto político de la UE. Una crisis que va más allá del Brexit, de la dudosa gestión de la respuesta a la crisis financiera, con la imposición de políticas austericidas a los países del Sur de la UE, que ha incrementado la doble fractura que se evidencia: de un lado, la fractura resultante de un muy deficiente proceso de ampliación al Este y, de otro,  la fractura entre el núcleo y el Sur de Europa, que (sobre todo como consecuencia de la decadencia francesa y del Brexit) nos aboca a una Europa alemana que, a su vez, asienta las dos velocidades en el seno de la UE. Es en ese contexto donde, como trataré de argumentar, la UE parece renunciar a lo mejor de su proyecto, el modelo político que no podría no ser otra cosa sino un modelo federal

Una última precisión: se dice que no sólo es que Europa viva una crisis de refugiados, sino que es la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Es una mentira, por mucho que se insista en ello. Es cierto que en 2015 llegaron a la UE cerca de 1 millón de personas (solicitantes de asilo, pero también inmigrantes, pues se trata de lo que se denominan <flujos mixtos>), pero eso no es la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, porque, como se ha señalado desde el propio ACNUR, las dimensiones de esta crisis no sobrepasan a ninguna de las grandes crisis (y son más de 25) que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. De conformidad con las cifras del ACNUR, en 2015 se ha elevado a 20 millones el número de personas refugiadas en todo el mundo, lo que, sumado a los 45 millones de desplazados, nos da una cifra global de 65 millones. En ese sentido, sí es cierto que hemos alcanzado una cota global de refugiados que en términos absolutos es la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, todas las afirmaciones sobre la gravedad de la crisis de refugiados que afectaría a Europa o a la UE de forma muy particular, son desmentidas por una mínima atención a la realidad. Baste pensar en el volumen de los desplazamientos forzosos en el cuerno de Africa, en Sudán del Sur, en la República Centroafricana, en Mali. De los 20 millones de refugiados en sentido estricto, sólo el 14% está llegando a Europa. El resto, como es lógico, arriba a países limítrofes del propio, que es del que huyen. Es verdad que el país que en este momento genera más refugiados es Siria, pero hablamos de menos de un tercio del total de esos 20 millones de refugiados: ¿a quién le importan el resto (insisto, entre 13/15 millones), que parecen invisibles a ojos de los medios de comunicación, de la opinión pública internacional?

Sí, es cierto, en el Mediterráneo están naufragando a diario refugiados e inmigrantes. Sólo en lo que llevamos de 2016, más de 4000 personas han muerto en sus aguas. Pero no debemos olvidar las causas de ese trágico resultado. Y, entre ellas, no se debe olvidar que, como he tratado de llamar la atención en un libro reciente[1], quien está naufragando es la propia UE o incluso el ideal europeo. La mal llamada <crisis de refugiados>, de la que se exhiben como emblema los miles de muertos en naufragios en el Mediterráneo, es el símbolo que evidencia la crisis profunda que afecta a las políticas de la UE, singularmente a su política exterior, con el elemento clave del sistema de Schengen, que blinda las fronteras exteriores para permitir la libre circulación de personas y mercancías. Es ahí donde sea escenificado una falsa alternativa entre mantenimiento de este elemento clave de la UE (espacio privilegiado de libre intercambio y circulación) y el modelo de la UE como espacio privilegiado de libertad, justicia y seguridad, que supone la prioridad del Estado de Derecho, orientado al reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Las políticas migratorias y de asilo nos muestran cómo la UE ha optado por el primer objetivo, a costa de los derechos humanos de los otros, sacrificando así principios básicos del Estado de Derecho y de la democracia, pues esta opción supone enmarcar las políticas migratorias y de asilo prioritariamente en el ámbito de la política de policía y orden público y muy recientemente, cada vez más, dentro de las políticas de seguridad y defensa, con la coartada de la lucha contra la amenaza terrorista, que deviene en la estigmatización de inmigrantes y refugiados. Una inaceptable respuesta que desgraciadamente es difícil que vaya a ser corregida en la próxima cumbre de la ONU sobre migración y refugio, prevista para 19 de septiembre de 2016, aunque reconozco que hay elementos positivos en los documentos preparatorios de esa reunión de Alto Nivel[2].

 

 

 

Las políticas migratorias y de asilo, en el marco de las políticas de la UE.

En realidad, como se ha denunciado, la <crisis de los refugiados> que afecta a la UE, además de concernir muy específicamente a las propias políticas migratorias y de asilo[3], es el punto de convergencia de algunas de las políticas más relevantes de la propia UE: la política exterior,  la de policía de fronteras  (en función del mercado de trabajo y del espacio de seguridad, libertad y justicia y bajo el dogma del carácter intocable del sistema Schengen), la relativa a los derechos humanos.

Todos los expertos subrayan que la mejor de las políticas de refugiados es la preventiva, esto es, la que supone actuar directamente sobre las causas que pueden provocar la inevitabilidad de los movimientos de huida ante la persecución. Es cierto que no es nada fácil, pero eso no exime a la comunidad internacional del deber de actuar para evitar la guerra (incluidas las guerras civiles) o ponerle término de la forma más rápida posible mediante procedimientos de mediación pacífica en conflictos. En el caso sirio es evidente que ni la UE ni sus Estados miembros han actuado de esa manera; muy al contrario, sus intereses geopolíticos y económicos de las potencias europeas y en particular los de sus empresas de armamento, han pesado de forma negativa. Está claro que ni como UE ni como potencias nacionales, tienen capacidad dirimente, la que disfrutan los EEUU y la Federación Rusa, pero la UE no ha sido en ese conflicto una potencia mediadora que haya impulsado eficazmente la paz, los derechos humanos, el desarrollo y la democracia.

Muy en particular, parece criticable que esos intereses que dominan en la política exterior hagan asomar cierta lógica neocolonial en las políticas migratorias y de asilo: me refiero a la tendencia, confirmada una vez más tras la cumbre de La Valetta de noviembre de 2015, de utilizar la cooperación internacional, de la que la UE se vanagloria como primer agente mundial, para condicionar las políticas de cooperación y de codesarrollo acordadas con los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios y de asilo, supeditando esos acuerdos de cooperación al cumplimiento de funciones de policía, de barrera de esos desplazamientos, e imponiendo cuotas de admisión de las eufemísticamente denominadas “devoluciones”, que son las más de las veces deportaciones encubiertas, como se ha puesto de manifiesto sobre todo en el vergonzoso acuerdo entre la UE y Turquía, del que me he ocupado en otros trabajos[4].

Por lo que se refiere a las políticas migratorias, hace tiempo que mi colega y amigo Sami Naïr insiste en la denuncia del enfoque neoliberal que teoriza las migraciones como una oportunidad de maximizar el beneficio dentro de la lógica neoliberal del mercado global: mano de obra precaria, inestable, dócil, desplazable y reemplazable. Por eso consideran  que,  al fin y al cabo, es el mercado de trabajo desregulado el que debe, en relación con sus inputs, gestionar primordialmente la inmigración y luego decidir por sí mismo las necesidades del país, lo que en realidad conduce al debilitamiento de los derechos globales de los asalariados; defienden, por ejemplo en España y en la mayoría de los Estados europeos, un planteamiento que vincula estrechamente la inmigración clandestina y la inmigración legal, de tal modo, que aborda ésta desde la lucha contra la inmigración ilegal, y no a la inversa. Esta confusión, equiparada a la que amalgama los refugiados y  peticionarios de asilo a la inmigración económica ilegal, desembocan en un tratamiento potencialmente penal (y no civil y administrativo) de la diversas facetas de la inmigración y de los derechos de los extranjeros. En consecuencia, como subraya el mismo Naïr, las estrategias de lucha contra la inmigración ilegal han condicionado la gestión de los cauces legales migratorios, de tal modo que hemos asistido a un endurecimiento paulatino del modelo de entrada y condiciones de permanencia de extranjeros en el territorio del Estado, que ha revertido contra el inmigrante económico no cualificado.

En realidad, la supeditación de las políticas migratorias a las dos claves de política de equilibrio del mercado de trabajo interno y política securitaria, no pueden esconder el dato en el que ha insistido entre otros, Claire Rodier, el negocio de la industria de control de fronteras y seguridad[5] frente a los movimientos de migraciones forzadas. Junto a ello, como ha subrayado la profesora Ruiz Jiménez Aguilar, hay otros dos negocios florecientes[6]: uno, el ilegal de las mafias que trafican y explotan a seres humanos (inmigrantes y demandantes de asilo), como sucede hoy en condiciones de máxima crueldad en el noroeste de Libia. Pero debe hablarse también de la perversión del fenómeno de la industria del cuidado, que ya analizó Sakia Sassen con capacidad de anticipación. Una industria ligada tantas veces a condiciones de clandestinidad, a un mercado de trabajo alegal (que se da también por ejemplo en España, con el trabajo no cualificado en el trabajo doméstico, la construcción y la agricultura) y que se supedita a las condiciones de infraderecho de esos trabajadores, es decir, al regateo más descarnado de sus derechos como condición del beneficio. Por eso, coincido con la mencionada profesora Ruiz Jiménez al señalar que lo que asistimos hoy en Europa es a una lucha entre el precariado por obtener el mínimo de derechos que se les recorta y deniega desde políticas presididas por el imperativo del déficit y de la maximalización del beneficio. Una lucha en que se enfrentan inmigrantes irregulares, demandantes de asilo, inmigrantes en situación de transitoriedad en su status y la propia clase obrera (y aún la clase media pauperizada) para las que el trabajo ya no es la garantía de una vida digna.

 

 

 

Falacias y moralinas en torno a la crisis de refugiados

Si hablo de falacias y moralinas en la mal llamada “crisis de refugiados” es, sobre todo, porque, como ha sido posible comprobar a lo largo de este pasado año 2015, se ha multiplicado –a mi juicio- un uso perverso del lenguaje en torno a las políticas migratorias y de asilo de la UE (aunque no sólo…). Y, sobre todo, hemos camuflado el análisis y la crítica de esas políticas bajo ese eufemismo de “crisis de refugiados” y, en el mejor de los casos, hemos apelado sobre todo a un humanitarismo paternalista (por eso he utilizado en otros trabajos la fórmula “el avestruz compasivo, para describir la actitud de la UE y de sus Estados miembros), que busca sobre todo quitarse de encima el problema mediante las consabidas soluciones de <externalización> y oculta su verdadera y profunda dimensión política. Ya es hora de decir basta.

Hay que decir basta, en primer lugar, a la masacre (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol. Basta ante las violaciones de derechos humanos que se producen en torno a este negocio del tráfico y explotación de personas y que, desde el cierre de la ruta del Egeo, ha supuesto el sometimiento de miles de seres humanos y en especial mujeres y niños, a malos tratos, vejaciones, humillaciones, violaciones sistemáticas…

Hay que decir basta, también, a lo que todo ello implica en el fondo: una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, al vaciar, despojar de la condición de sujetos de derecho a todos esos seres humanos, qua solicitantes de asilo o inmigrantes, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[7]. Una vez más, hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas del Estado de Derecho y de la democracia. Un camino errado que no es, por desgracia, monopolio del viejo continente.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

Lo que me interesa es examinar la hipótesis de que, bajo esa “crisis de refugiados”, subyace el refuerzo de la construcción de un modelo demediado de democracia, que se apoya en el mantenimiento de lo que (como han denunciado entre otros y desde perspectivas diferentes, Connelly, Cole o Boaventura Santos o Axel Honneth), podemos calificar como situación neocolonial[8]: una sociedad profundamente dual, dominada por los procesos de exclusión y desprecio de una buena parte de quienes viven en ella o tratan de incorporarse a ella. Vivimos la consecuencia de la hegemonía de lo que Santos ha denominado “razón colonial”, de “matriz cultural occidental, individualista, clasista, racista, patriarcal, homófoba, excluyente, competitiva, consumista, explotadora en el empleo y depredadora del medio ambiente”, mediante la que el liberalismo económico pervierte la democracia representativa  y la convierte –en palabras del sociólogo portugués- en “estrategia de los ricos para asegurar y mantener su propia posición de dominación socioeconómica por medios políticos”[9]. Un modelo que no es nuevo, puesto que se puede encontrar en la primera fase de constitución del mercado global, la que impulsan los abogados de las Compañías que rivalizan por las rutas de comercio marítimo internacional, como Grotius, y construyen un Derecho internacional al servicio de los intereses de esas compañías, más incluso que de los Estados o potencias en liza. Se pone así de manifiesto la contradicción entre la lógica del mercado global y la lógica de los derechos humanos, del bien común, de lo público en un sentido diverso y más amplio, tal y como supo intuir Adam Ferguson en su seminal Ensayo sobre la sociedad civil, en 1767. El segundo gran momento de desarrollo de esa lógica del mercado global ya es denunciado por Eugène Pottier en su conocido poema L’Économie Politique, dedicado a los profesores del Collège de France, en 1881, en el que describe las características de ese movimiento globalizador.

 

 

 

Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión y amenaza seriamente a la democracia y al Estado de Derecho.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, me serviré de las tesis críticas de los ya mencionados Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[10]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, cuyo subtítulo me parece muy elocuente: Brutalidad y complejidad en la economía global, y en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que, como señalé antes,  hace culminar la contradicción que, como referí más arriba, ya fue advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil[11].

En efecto, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[12]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[13].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[14], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[15]. Esta es la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[16]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[17]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda.

Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[18], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo necesitan y que llegan hasta sus puertas.

No nos engañemos sobre el alcance del desafío que nos reta. Los europeos lo vivimos ya de forma descarnada: como se ha dicho y he tratado de recordar, “debemos enfrentar la actual apropiación neoliberal de la democracia representativa… Vivimos en <democracias electorales> que, a pesar de reconocer formalmente la igualdad jurídica y política de sus ciudadanos, son compatibles con reglas salvajes que aseguran el dominio de élites políticas y económicas neocoloniales… Es la “democracia” de los señores de la globalización y del dinero, cada vez más agresiva, arrogante y excluyente. La democracia se ha convertido en su instrumento de ataque, en un espejo de las antiguas sociedades coloniales reproducidas hoy en el sur de Europa, donde es utilizada para establecer grados de inhumanidad que abarcan más y más gente. No sólo refugiados e inmigrantes, sino también todos esos parias a los que el modelo fundamentalista neoliberal construye como desechables: parados, pensionistas, funcionarios, familias desahuciadas, enfermos sin urgencias, estudiantes, estafados por las preferentes, etc.


[1] Mediterráneo, el naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016 (2ª ed.)

[2] Lo cierto es que en los documentos preparatorios hay elementos útiles que debieran ser tenidos en cuenta. Cfr, de un lado, el informe del Secretario General de la ONU, “In Safety and Dignity: Addressing Large Movements of Refugees and Migrants” (mayo 2016), en cumplimiento de la Decisión de la Asamblea General (ONU Decision A/70/L.34), como base para el High Level Meeting de septiembre de 2016. 
Y sobre todo, los dos Anexos del Draft de 29 julio 2016 Outcome Document for 19 september 2016 High-Level Meeting to address large Movements of Refugees and Migrants: https://unngls.org/images/PDF/UN_Summit_Refugees_Migrants_29July_Draft_Declaration_Annex_I_Annex_II.pdf

[3] Aunque no con un carácter provisional, contingente, como se pretende, porque las migraciones son un rasgo estructural y los movimientos de refugiados no parecen un asunto meramente coyuntural, aunque sí lo es su volumen

[4] Me remito, por ej a mi artículo “Voluntad política y respeto al Derecho. La UE se desvanece ante los refugiados”, en Informe FOESSA. Análisis y perspectivas, 2016. Expulsión social y recuperación económica, pp. 68-81, ed. Fundación FOESSA/Cáritas España, Madrid, 2016; igualmente, “Refugiados como moneda de cambio. Sobre el Acuerdo entre la UE y Turquía de 18 de marzo de 2016”, Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile, nº 12, 2016, pp.17-32.

[5] Los negocios: venta de armas, ganancias en materias primas, además de los negocios de la política de fortificación de fronteras analizados por ejemplo por  Claire Rodier (Xenophobie Business. A quoi servent les controles migratoires?) o Ruben Andersson (Illegality, Inc.: Clandestine migration and the business of bordering Europe). ¿Y qué decir del negocio de la industria de armamento? Cfr. muy recientemente a es respecto el riguroso y detallado informe Making a Killing: The 1.2 Billion Euro Arms Pipeline to Middle East,  de Lawrence Marzouk, Ivan Angelovski y Miranda Patrucic, que trabajan en el proyecto BIRN (Belgrade, London, Sarajevo): http://www.balkaninsight.com/en/page/balkan-arms-trade. Se trata de un artículo dentro del dossier más amplio Balkan Insight, en el que se ha estudiado con detalle, entre otros, las fuentes del tráfico de armamento que llega a Arabia Saudí.

[6] Cfr. Entrevista en la revista digital Agora consultada el 20 de abril de 2016:

http://www.agora-revistaonline.com/#!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En-Europa-hay-una-batalla-sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener- derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc.

[7] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[8] A esa conclusión se llega desde perspectivas diferentes, al examinar el déficit que aqueja al modelo liberal de democracia, incapaz de responder en términos de pluralismo inclusivo e igualitario a los desafíos de una sociedad que, al mismo tiempo que crecientemente multicultural, utiliza la diversidad cultural para profundizar en la desigualdad. Véanse los análisis de Connolly desde el punto de vista del pluralismo constitucional, los de Santos, Sassen y Bauman sobre los efectos del proceso de globalización tecnoeconómico bajo el imperio desregulador del capitalismo financiero, o, desde una perspectiva filosófica, los de Agamben y Honneth.

[9] En realidad, como han insistido Bauman y el mismo B Santos,  es una maquinaria al servicio de la exclusión de la presencia y reconocimiento de los agentes de la diversidad: ante todo, los asalariados y las mujeres; además, los pobres, las personas no blancas, las minorías étnicas y sexuales, los grupos considerados inferiores, las personas con discapacidad, y, en razón de ello, susceptibles de ser cosificados, explotados y silenciados. Por eso se ha podido denunciar el carácter colonial de la democracia liberal y del tipo de relaciones que estableció con una multiplicidad de sujetos a los que despolitizó y deshumanizó.

[10] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014. Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[11] Ferguson denuncia la contradicción entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito desrregulado (“auto-regulado, según el eufemismo falaz) que reclama para sí el mercado.

[12] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[13] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[14] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[15]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[16]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados" (Bauman, 2008: 32)

[17] Bauman, 2008: 32.

"Inmigrantes, refugiados, trabajadores desechables: lucha sin cuartel por las migajas de los derechos"*

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

MAESTRÍA ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN

CONFERENCIA MAGISTRAL

México, 11 agosto 2016

Auditorio José Sánchez Villaseñor

"Inmigrantes, refugiados, trabajadores desechables:

lucha sin cuartel por las migajas de los derechos"*

  

Prof. Dr. Javier de Lucas

IDHUV

 

Introducción

Aunque mi intervención esta mañana -en respuesta a la amable invitación de los organizadores- tiene como marco de referencia cuanto ha sucedido en los últimos años en la UE (a partir de 2013, pero sobre todo en 2015  y en el primer semestre de 2016), a propósito de la fallida respuesta de los Gobiernos europeos y de la propia UE ante el incremento del número de refugiados que tratan de llegar a Europa (también de la fallida respuesta ante los inmigrantes irregulares que insistimos en denominar “ilegales”), permítanme que les diga que, a mi juicio, trasciende con mucho ese marco geográfico y aun temporal. Lo es, ante todo, porque –a mi juicio- obliga a una revisión profunda de las categorías que utilizamos en teoría de las migraciones y en el diseño de políticas públicas migratorias y de asilo. Me refiero, claro, a los dos grupos que ejemplifican lo que, de forma imprecisa, denominamos “migraciones forzadas”, producto genuino de la lógica de esta fase del capitalismo global. Como ha escrito Bauman en su Archipiélago de excepciones, “uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria del desecho humano” y desechos humanos son inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, como trataré de exponer después.

Muchos de Vds, como yo, se habrán emocionado al ver desfilar en la ceremonia inaugural de los JJOO de Rio, a un Refugee’s Team, bajo la bandera del COI y auspiciado por la ONU (ACNUR). No discuto la dimensión positiva que hay en lo que, discúlpenme si ofendo a alguien, considero sobre todo una operación mediática. Pero creo que esa iniciativa es también una muestra de nuestra doblez al tratar fenómenos de profundo calado, de carácter estructural y global, que tienen una importantísima dimensión política y que son reducidos a anécdotas paternalistas, dosis de moralina para adquirir buena conciencia. Temo que, por ejemplo, se cumpla la advertencia de una reciente editorial de NYT respecto al peligro de que la próxima cumbre de la ONU prevista para 19 de septiembre de 2016, sobre migración y refugio, se quede nuevamente en el enunciado de buenas intenciones, aunque reconozco que hay elementos positivos en los documentos preparatorios de esa reunión de Alto Nivel[1].

 

 

Falacias y moralinas en torno a la crisis de refugiados

A lo largo de este pasado año 2015 ha sido posible comprobar este uso –a mi juicio- perverso del lenguaje en torno a las políticas migratorias y de asilo de la UE (aunque no sólo…). Sobre todo, porque hemos camuflado el análisis y la crítica de esas políticas bajo eufemismos como el de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista (por eso he utilizado la fórmula “el avestruz compasivo) y ocultan su verdadera y profunda dimensión política. Y hay que decir basta.

Hay que decir basta, en primer lugar, a la masacre (tres mil muertos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma Europol. Basta ante las violaciones de derechos humanos que se producen en torno a este negocio del tráfico y explotación de personas y que, desde el cierre de la ruta del Egeo, ha supuesto el sometimiento de miles de seres humanos y en especial mujeres y niños, a malos tratos, vejaciones, humillaciones, violaciones sistemáticas…

Hay que decir basta, también, a lo que todo ello implica en el fondo: una gravísima claudicación, un retroceso en lo mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, al vaciar, despojar de la condición de sujetos de derecho a todos esos seres humanos, qua solicitantes de asilo o inmigrantes, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo[2]. Una vez más, hemos creado para ellos un estado de excepción  permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas del Estado de Derecho y de la democracia. Un camino errado que no es, por desgracia, monopolio del viejo continente.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, y que intentaré abordar a continuación.

En otras palabras, me interesa examinar la hipótesis de que, bajo esa “crisis de refugiados”, subyace un trasfondo político de enorme importancia, el refuerzo de la construcción de un modelo demediado de democracia, que se apoya en el mantenimiento de lo que (como han denunciado entre otros y desde perspectivas diferentes, Connelly, Cole o Boaventura Santos o Axel Honneth), podemos calificar como situación neocolonial[3]: una sociedad profundamente dual, dominada por los procesos de exclusión y desprecio de una buena parte de quienes viven en ella o tratan de incorporarse a ella. Vivimos la consecuencia de la hegemonía de lo que Santos ha denominado “razón colonial”, de “matriz cultural occidental, individualista, clasista, racista, patriarcal, homófoba, excluyente, competitiva, consumista, explotadora en el empleo y depredadora del medio ambiente”, mediante la que el liberalismo económico pervierte la democracia representativa  y la convierte –en palabras del sociólogo portugués- en “estrategia de los ricos para asegurar y mantener su propia posición de dominación socioeconómica por medios políticos”[4]. Un modelo que no es nuevo, puesto que se puede encontrar en la primera fase de constitución del mercado global, la que impulsan los abogados de las Compañías que rivalizan por las rutas de comercio marítimo internacional, como Grotius, y construyen un Derecho internacional al servicio de los intereses de esas compañías, más incluso que de los Estados o potencias en liza. Se pone así de manifiesto la contradicción entre la lógica del mercado global y la lógica de los derechos humanos, del bien común, de lo público en un sentido diverso y más amplio, tal y como supo intuir Adam Ferguson en su seminal Ensayo sobre la sociedad civil, en 1767. El segundo gran momento de desarrollo de esa lógica del mercado global ya es denunciado por Eugène Pottier en su conocido poema L’Économie Politique, dedicado a los profesores del Collège de France, en 1881, en el que describe las características de ese movimiento globalizador.

 

 

 

Lo que está en juego: un modelo político que, pese a sus elementos democráticos, refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, me serviré de las tesis críticas de los ya mencionados Saskia Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle Lochak, Giorgio Agamben y Catherine Withol der Wenden.

Sassen subraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político[5]. Así lo explica en su libro reciente, Expulsiones, cuyo subtítulo me parece muy elocuente: Brutalidad y complejidad en la economía global, y en el que sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que, como señalé antes,  hace culminar la contradicción que, como referí más arriba, ya fue advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil[6].

En efecto, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, un paria[7]: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por eso, su condición precaria, parcial, de sospecha[8].

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado cómo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak[9], Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado en 2015, sobre las novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels duxxie siècle. Les riches des pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”[10].

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global,  transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes[11]. En ellos se puede comprobar cómo, si los  “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman[12]. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados>  y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda.

Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez[13], habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la  mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger,  proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo necesitan y que llegan hasta sus puertas.

No nos engañemos sobre el alcance del desafío que nos reta. Los europeos lo vivimos ya de forma descarnada: como se ha dicho y he tratado de recordar, “debemos enfrentar la actual apropiación neoliberal de la democracia representativa… Vivimos en <democracias electorales> que, a pesar de reconocer formalmente la igualdad jurídica y política de sus ciudadanos, son compatibles con reglas salvajes que aseguran el dominio de élites políticas y económicas neocoloniales… Es la “democracia” de los señores de la globalización y del dinero, cada vez más agresiva, arrogante y excluyente. La democracia se ha convertido en su instrumento de ataque, en un espejo de las antiguas sociedades coloniales reproducidas hoy en el sur de Europa, donde es utilizada para establecer grados de inhumanidad que abarcan más y más gente. No sólo refugiados e inmigrantes, sino también todos esos parias a los que el modelo fundamentalista neoliberal construye como desechables: parados, pensionistas, funcionarios, familias desahuciadas, enfermos sin urgencias, estudiantes, estafados por las preferentes, etc.”.

 

 


* Draft. Se ruega no citar sin autorización del autor.

[1]  Lo cierto es que en los documentos preparatorios hay elementos útiles que debieran ser tenidos en cuenta. Cfr, de un lado, el informe del Secretario General de la ONU, “In Safety and Dignity: Addressing Large Movements of Refugees and Migrants” (mayo 2016), en cumplimiento de la Decisión de la Asamblea General de la  (ONU Decision A/70/L.34), como base para el High Level Meeting de septiembre de 2016. 
Y sobre todo, los dos Anexos del Draft de 29 julio 2016 Outcome Document for 19 september 2016 High-Level Meeting to address large Movements of Refugees and Migrants: https://unngls.org/images/PDF/UN_Summit_Refugees_Migrants_29July_Draft_Declaration_Annex_I_Annex_II.pdf

 

[2] Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees… These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

[3] A esa conclusión se llega desde perspectivas diferentes, al examinar el déficit que aqueja al modelo liberal de democracia, incapaz de responder en términos de pluralismo inclusivo e igualitario a los desafíos de una sociedad que, al mismo tiempo que crecientemente multicultural, utiliza la diversidad cultural para profundizar en la desigualdad. Véanse los análisis de Connolly desde el punto de vista del pluralismo constitucional, los de Santos, Sassen y Bauman sobre los efectos del proceso de globalización tecnoeconómico bajo el imperio desregulador del capitalismo financiero, o, desde una perspectiva filosófica, los de Agamben y Honneth.

[4] En realidad, como han insistido Bauman y el mismo B Santos,  es una maquinaria al servicio de la exclusión de la presencia y reconocimiento de los agentes de la diversidad: ante todo, los asalariados y las mujeres; además, los pobres, las personas no blancas, las minorías étnicas y sexuales, los grupos considerados inferiores, las personas con discapacidad, y, en razón de ello, susceptibles de ser cosificados, explotados y silenciados. Por eso se ha podido denunciar el carácter colonial de la democracia liberal y del tipo de relaciones que estableció con una multiplicidad de sujetos a los que despolitizó y deshumanizó.

[5] S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014. Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, Katz eds. 2015.

[6] Ferguson denuncia la contradicción entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito desrregulado (“auto-regulado, según el eufemismo falaz) que reclama para sí el mercado.

[7] Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue luego publicada en Katz ediciones, 2008.

[8] Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de políticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

[9] Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.

[10]  Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.

[11]  Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman escribe que “es posible que la única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados" (Bauman, 2008: 32)

[12] Bauman, 2008: 32.

FIESTAS, NEGOCIOS, DERECHOS

Cumplida la primera mitad de la fiesta por excelencia, los San Fermines, se registran cuatro denuncias por agresión sexual, una quinta por un intento y otras siete por abusos. Y doce personas detenidas por la policía, que ha rastreado las innumerables cámaras (sólo después de las denuncias, claro).

Es inadmisible. No me digan que pasa en todas las fiestas. No me digan que ellas provocan e incitan. No me digan que siempre ha sido así, pero que ahora se sabe gracias a la iniciativa del Ayuntamiento, que anima a denunciar. El hecho es que nadie ha pensado en parar la fiesta, aunque sea un día. Nos manifestamos por la noche, y salimos tan contentos de lo feministas que somos.

Admiro y respeto a Uxue Barkos a la que considero una figura insustituible en la vida pública y de otra forma de entender la política. Precisamente por eso, me extraña que hubiera que esperar hasta el lunes 11 por la noche, en la manifestación en la plaza del Castillo, para escucharle una primera condena. Tampoco el alcalde de Pamplona, persona ilustrada y de inequívoca convicción democrática, que se declara (para mi asombro) asqueado pero impotente. ¿Impotente? El alcalde? Y por qué no dimite? Y es que parece que una cosa es la lucha por la autodeterminación y otra parar la fiesta: cualquiera se atreve a poner en cuestión fiesta, tradición y negocio! Ningún político navarro parece advertir qué es lo importante en todo esto: las agresiones sexuales, las violaciones, que suponen una insoportable negación de derechos básicos de las mujeres.

Lo dijo mucho mejor que yo Pedro Blanco en su editorial (“Dáis asco!”) en H25 y por eso termino citándole  “A los hombres deberían repugnarnos todos los hombres que ejercen esa forma indecente de dominación... todos los que callan, todos los que lo justifican, todos los que menosprecian a las víctimas o vitorean a los agresores…Y los demás, todos los demás y los hombres los primeros, deberíamos ser una barrera física, un dique moral con el que contener tanta hombría repugnante. Es necesario denunciar los abusos y señalar a los abusadores, desmontar las coartadas y combatir los clichés y decir bien alto... pero qué asco nos dais!”.

 

EL PSOE, ANTE EL NUDO GORDIANO

El PSOE se encuentra en una situación típica de lo que los clásicos llamaban argumento cornudo o dilemático. Ante su ejecutiva federal se abren dos opciones y las dos, malas. El ejemplo clásico es el que Diógenes Laercio atribuye a Sócrates. Parece que una vez le preguntaron a Sócrates si era mejor casarse o no. Y el sabio respondió: es igual, hagas lo que hagas, decidas una cosa u otra, te arrepentirás.

Hay que reconocer la habilidad de Rajoy y del PP para endosar ese dilema al PSOE. Porque, indiscutiblemente, si alguien tiene la responsabilidad de tomar posición, más aún, según se subraya enfáticamente, de decidir a la altura de la “responsabilidad de Estado”, en aras del “interés general”, que debe sobreponerse al del partido (y, además, ya, con toda urgencia, es decir, con la que jamás ha tenido ni Rajoy ni el PP), ese es Rajoy y el PP. De acuerdo con su propio argumentario, como lista más votada les corresponde actuar y cuanto antes. Pero no, estos (ir)responsables, se contentan con pasar la carga al PSOE y a Sánchez y esperar a que se lo solucionen.

Ciertamente, el PSOE lo tiene difícil: si opta por una coalición con un partido al que ha denunciado por las pruebas abrumadoras de corrupción sistémica para la autofinanciación fraudulenta (en la que no puede no estar implicada del presidente del partido, salvo que opte por aquello de “no sé; yo no me ocupaba”, la “ignorancia deliberada”, que no le ha servido a Messi, aunque quizá si a la infanta), sería una traición en toda regla a los votantes del PSOE. También se produce esa traición al mandato de sus casi cinco millones y medio de electores (22.67%), si acaba permitiendo con su abstención que se constituya otro Gobierno de Rajoy. Lo primero parecen tenerlo claro todos en la ejecutiva del PSOE. Lo segundo, no: un sector relevante se alinea con FG y echa mano de la “responsabilidad de Estado”: no se puede permitir que nos veamos abocados a una tercera cita electoral en la que, verosímilmente, las perspectivas parecen especialmente negativas para un PSOE al que todos señalarían con el dedo como responsable. Ahora bien, ¿cómo desconocer que el precio de la coherencia con los principios y programas va a llevar consigo su estigmatización como irresponsable, como origen de un nuevo proceso electoral? Hagas lo que hagas, sin perdón, la cagas.

Sin embargo, creo que ante este dilema es posible salir al modo de Alejandro cuando se enfrentó con el nudo gordiano. El PSOE debe cortar el dilema, negándolo. Porque hay una opción que le puede salvar de la cornada que le pilla sea cual sea la opción del dilema que escoja.. Se trata de negar el planteamiento y hacerlo precisamente acudiendo a un criterio bien asentado en la ética política por Spinoza (y, en cierto modo, por Kant).

Dejó escrito Spinoza (para que lo desarrollara Hegel) que la vía para la determinación es la negación. Me atrevo una interpretación muy poco ortodoxa para relacionarlo con el clásico motto kantiano para describir las dificultades de las decisiones propias del ámbito de la razón práctica (la moral, la política, el Derecho): nuestra necesidad de actuar supera siempre la posibilidad de conocer y, por eso, la angustia ante una decisión que no podemos fundar de modo inequívoco, que comporta el riesgo del error. Pues bien, lo razonable es proceder por exclusión, la vía negativa. No sabemos qué será lo mejor. Pero quizá si que es lo peor, que es lo que no nos gusta, lo que rechazamos. Lo que debemos excluir.

Y eso es lo que viene en ayuda para salir del dilema aparentemente planteado al PSOE. Porque lo peor, lo que hay que excluir,  no es no contar con un Gobierno de inmediato. Lo peor es tener un Gobierno que la inmensa mayoría de los ciudadanos no queremos. No se trata de tener Gobierno a toda costa so pretexto de la responsabilidad de Estado. La verdadera prioridad, el verdadero sentido de Estado es tratar de no ofender aquello que la mayoría de los ciudadanos excluyó como opción de Gobierno el 26 de junio: más del 67% no queremos un Gobierno de Rajoy y de su PP. Ergo el PSOE no debe de ninguna manera hacer posible ese Gobierno. La responsabilidad de Estado exige precisamente lo contrario: hacer posible otro Gobierno. ¿Difícil? Evidentemente. Pero es que estamos ante una necesidad en la que han insistido los ciudadanos dos veces en seis meses. Y, además, es lo menos irrazonable.

Porque irrazonable es pensar que el mejor Gobierno es el de un Presidente y un grupo dirigente de un partido que insiste en recetas políticas que afectan negativamente a la mayoría de los ciudadanos, que cada día se levanta con un nuevo testimonio de corrupción que evidencia que no se trata de casos aislados sino de un modo de organización y financiación del partido, que ha llevado a España a un cul de sac en la gestión del problema con Cataluña, que practica y justifica disparates como los de la “policía patriótica”, que ha convertido a nuestro país en irrelevante no ya en el panorama internacional, sino en el europeo. Ese partido, que tiene un indiscutible y relevante apoyo de los ciudadanos (casi 8 millones), debe regenerarse: pero sabemos que no lo hará si continúa en el poder.

Y aquí  nos encontramos con otra razón que excluye el apoyo al Gobierno de Rajoy como una decisión razonable. Es el propio país el que, por decencia, por pedagogía democrática, necesita otro Gobierno. Se trata de mostrar a la ciudadanía que sí, que es posible una opción de Gobierno más decente, más esperanzadora, mejor. Por ejemplo, ¿por qué no un acuerdo de Gobierno para una legislatura corta que permita reformas elementales, imprescindibles para regenerar la acción política, las instituciones clave, que pueda replantear la relación con Cataluña?  Ya sé que no serán las reformas de fondo, las constitucionales, en las que el concurso del PP es imprescindible, también porque no se deben hacer en contra del sentir de 8 millones de ciudadanos. Per probablemente, tras dos años de otro Gobierno, el PP habría podido llevar a cabo una tarea de regeneración y todos estaríamos en mejores condiciones para seguir trabajando por el bien común.

Publicado en INFOLIBRE, 9 de julio de 2016

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2016/07/09/el_psoe_ante_nudo_gordiano_52314_1023.html

 

LA UE PIERDE SU ALMA ANTE LOS REFUGIADOS

La UE pierde su alma ante los efugiados

Javier de Lucas

ÉXODO ÉXODO 134

Uno de los relatos más antiguos sobre refugiados ocupa las páginas de la Biblia (Génesis, 3, 24): Adán y Eva son expulsados –aunque no perseguidos– del paraíso en que vivían, por desobedecer las órdenes de su Creador y dueño. Algunos siglos después, y con todos los matices que se deban añadir, los europeos vivimos en lo que, de acuerdo con muchos índices objetivos, puede ser calificado como el paraíso, al menos para el resto del mundo: Europa, la UE, reúne al grupo de sociedades más prósperas y felices de la historia de la humanidad. También las más seguras, al menos en la acepción amplia de seguridad humana. Pero en este paraíso hay grietas, desuniones, incluso clases, de Grecia, Portugal, España, al Reino Unido, Dinamarca, Alemania o Suecia. Y, por si fuera poco, tratan de alcanzarlo algunos centenares de miles de extraños: inmigrantes y refugiados. De unos y otros se puede decir que casi nunca llegan en el momento oportuno ni en la medida justa/deseada, sobre todo en opinión de quienes les ven llegar y temen por el mantenimiento del alto standing que disfrutaban en exclusividad antes de ver sacudidas las puertas del club por semejantes parias.

 

 

  1. ¿Crisis de refugiados?: categóricamente, no. Refugiados en crisis ante la indiferencia de la U.E

 

En efecto, a lo largo de 2015 se ha propagado la tesis engañosa de que Europa vive una agudacrisis de refugiados. Responsables (¿) políticos de la UE y de los Estados miembros y una buena parte de los medios de comunicación nos insisten todos los días en ello y en las dificultades que provoca este fenómeno, al parecer, imprevisible y desproporcionado en relación con nuestros recursos. Pero hay que decir que casi nada en ese discurso se ajusta a la verdad.

 

Ante todo, porque los refugiados siempre han vivido en crisis: la noción misma de refugiado, tal y como lo define el artículo 1º de la Convención de Ginebra sobre los refugiados (de la que todos los Estados europeos son parte y, por tanto, sus preceptos les obligan jurídica, y no sólo política o moralmente) así lo reconoce.

 

Pero, además, es falso que asistamos a una ola, un tsunami incontenible e imprevisible. Ante nuestros ojos, durante más de 5 años en el caso sirio y en los de Afganistán, Eritrea o Mali por más tiempo, se ha desarrollado una guerra civil, con muertes y persecuciones feroces que provocan que millones de personas se vean en el estado de necesidad de huir se sus hogares. Por citar un caso del que apenas se habla, en el sureste asiático, en 2015, la comunidad musulmana rohyngia (asentada y perseguida en la antigua Birmania casi desde el siglo VII), sufrió un nuevo embate que obligó a la huida de decenas de miles de personas que salieron de Birmania, sin que país alguno (salvo Bangla Desh) les acogiera. Lo mismo sucede en Sudán del Sur, un Estado fallido, en Mali y en tantos otros países en todo el mundo. El ACNUR cifra en más de 60 millones los refugiados y desplazados a finales de 2015.

 

Frente a esa realidad, en la mayoría de los casos, no sólo no hemos hecho nada (el pecado de indiferencia del que habla el papa Francisco), sino que hemos conseguido negociar con los conflictos (dividendos de la industria de armamento, por ejemplo) o hemos sacado provecho de circunstancias extremas que están en el origen de la huída de una buena parte de los refugiados (desertificación, sequías, hambrunas que no siempre son producto de fenómenos “naturales”, sino también de la mano del hombre, de la rapiña del mercado: sobre-explotación de recursos, fracking, contaminación insoportable): debemos fijarnos en esas causas que subyacen, la venta de armas, ganancias en materias primas, además de los negocios de la política de fortificación de fronteras analizados por ejemplo por Claire Rodier (Xenophobie Business. A quoi servent les controles migratoires?) o Ruben Andersson (Illegality, Inc.: Clandestine migration and the business of bordering Europe). Por supuesto, calificarlos de tsunami o invasión incontenible carece de todo fundamento.

 

¿Crisis de refugiados? No. Como he tratado de explicar en otros trabajos (singularmente enMediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanch 2015), los europeos hablamos de crisis porque creemos estar amenazados por una extraordinaria ola de refugiados que desbordaría todos nuestros recursos (¿!) Recordaré que si España recibiera un número de refugiados sirios equiparable a los que viven en Líbano (donde 1 de cada 4 habitantes es un refugiado), estaríamos hablando aproximadamente de 10 millones de refugiados. Las debatidas cifras de acogida, en la propuesta de la Comisión Europea lanzada en mayo de 2015 (Nueva Agenda europea de inmigración y asilo) y pensada para procesos de reubicación en la UE de los refugiados llegados a Italia y Grecia y luego procesos de reasentamiento de quienes desbordan (en esos casos sí, los campos de acogida en Jordania, Líbano, Iraq o Turquía), no alcanzan un total de 160.000.

 

 

  1. La crisis de los refugiados es la crisis del proyecto europeo

 

No: lo que esta “crisis de refugiados” ha sacado a la luz es la crisis del proyecto europeo, de un verdadero espacio de libertad, justicia y seguridad presidido por el imperio del Estado de Derecho, al servicio del reconocimiento e igual garantía de los derechos humanos. Con su actitud al negar –peor que olvidar– sus obligaciones jurídicas con los refugiados, los europeos renunciamos a cuanto de más válido hay en la UE y hacemos tristemente real el veredicto del presidente Juncker en el debate de septiembre de 2015 sobre el estado de la UE: “una Europa sin Unión, una Unión que no es europea”. Hemos renunciado a poner en pie un verdadero sistema europeo de asilo, común y obligatorio. En lugar de hacer más asequible y seguro el asilo a quienes tienen derecho a recibirlo, nos empeñamos en incrementar las dificultades y externalizar la tarea de recibir a los refugiados, comprando a Turquía para que se encargue y despreocupándonos de si lo hace con respeto o no de los derechos de esos millones de personas.

“No podemos hacer otra cosa”, nos dicen. No es verdad. La UE, sus Estados miembros, puede, y sobre todo debe ofrecer otras respuestas. Permítanme recordar tres de ellas.

Lo primero, sería contar con una Autoridad o Agencia específica europea para la gestión del sistema de Asilo y Refugio y de la protección subsidiaria (con especial atención a los programas de reasentamiento). No basta a mi juicio con la FRA (Agencia Europea de derechos fundamentales) ni, evidentemente, con FRONTEX, ni aun en su modalidad de verdadera policía de fronteras propuesta por la Comisión en su comunicación del 15 de diciembre.

En segundo término, hay que incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y tránsito y que se abra así el expediente de asilo, sin que sea necesario llegar a territorio europeo para hacerlo. De manera proporcional a los recursos diplomáticos de cada Estado, la UE debe multiplicar las oficinas diplomáticas y consulares, sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es ingenuo pensar en hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea. Pero no en Jordania, Líbano. Iraq o Turquía, por referirnos sólo a ejemplos que afectan los refugiados sirios.

Además, en tercer lugar, se trata de hacer realidad la Directiva 2001/55CE del Consejo de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias, para lo que se cuenta con el Fondo Europeo para refugiados. La directiva provee iniciativas para hacer seguro y equitativo el deber de solidaridad entre los Estados miembros de la UE. Entre esas medidas se incluye eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto y mejorar los programas de reunificación familiar.

Por supuesto, hay muchas otras medidas. Habría que hablar, por ejemplo, de otro modelo de política de reasentamiento que haga efectivo un compromiso obligatorio y proporcionado por parte de todos los Estados miembros.

En su mayoría, estas medidas como es fácil advertir, suponen una concreción de los aspectos más positivos de la Agenda migratoria europea, presentada por la Comisión el 13 de mayo de 2015 –Com (2015) 240 final– (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf), que se basaba en 4 ejes: salvar las vidas en peligro; ayudar a los dos países de la UE que se encuentran en primera línea (Italia y Grecia) y compartir la carga mediante políticas de reasentamiento y reubicación; colaborar con los países de origen de los flujos migratorios; luchar contra las redes mafiosas d tráfico de personas.

La Agenda fracasó por la oposición de buena parte de los Estados miembros a la puesta en marcha del elemento más importante de esa Agenda, un sistema común y obligatorio de Asilo, que implicaba en una política complementaria de reubicación y reasentamiento de refugiados, distribuida de modo proporcional entre los 28, conforme a cuatro criterios objetivos (tamaño de población; PIB; tasa de paro y número de solicitudes recibidas). Esa oposición hace patente la tendencia a la renacionalización que está minando el proyecto europeo y cuyo extremo es la posición permanente del Reino Unido que hoy ha llegado al escenario Brexit.

Con todo, el objetivo prioritario de la nueva agenda europea era asegurar el salvamento y rescate de quienes arriesgan sus vidas. Sin embargo, la política de la propia Comisión ha sido poco coherente con ese objetivo declarado. Desde el principio, alegando una mala razón que roza la apología del delito de omisión del deber de socorro, como proclamaron sin vergüenza alguna ministros del Gobierno Cameron (Theresa May), o del Gobieno Rajoy (Fernández Díaz, García Margallo) , se rechazó sustituir la operación Mare Nostrum, auténtica operación de salvamento y rescate mantenida por el gobierno italiano durante 2014 con un coste de algo más de 110 millones de euros, con el argumento expreso de que esa operación ¡“provocaría efecto llamada”! Hoy, la UE mantiene dos operaciones de control y vigilancia de fronteras (no de salvamento y rescate), una en el canal de Sicilia y otra en el Egeo, donde junto a los efectivos de FRONTEX y de toda la UE está actuando ya, lo que envía el desastroso mensaje simbólico de que no ya el orden público, la policía de fronteras, están amenazados, sino que está en juego la seguridad y defensa de la propia UE. Cuando lo que está en juego es la garantía de la vida de los refugiados e inmigrantes. Los mismos que están llenando ya de nuevo de cadáveres la ruta del canal de Sicilia (se cifra en más de 3.000, por más de 14.000 personas rescatadas) en los últimos 10 días, después de que las mafias se hayan aprovechado del cierre de la ruta turco-griega para vender de nuevo su mercancía: barcos que lleven a los desesperados hacia las islas italianas, desde Egipto o, sobre todo, la destruida e ingobernable Libia.

 

 

  1. Refugiados con derechos: “personas con la muerte a su espalda y un muro ante su rostro”

 

En todo caso, lo importante es entender que hablamos de derechos de los refugiados, derechos que nos hemos comprometido a reconocer y garantizar ante el Derecho internacional, al ratificar la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Pero no. La contribución de la UE a esos refugiados es la segunda parte de esa definición de refugiados propuesta por el Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, el jordano Zaid Ra’ad Al Hussein: “refugiados son personas con la muerte a su espalda y un muro ante su rostro”. Frente a los refugiados, personas que necesitan protección internacional para poder tener el derecho a tener derechos que les niegan los países de los que huyen (sus patrias), nuestra respuesta es el rechazo, la contención mediante muros y alambradas y, en el colmo, su internamiento en campos que ya no son de acogida: son campos de detención (como si fueran criminales, delincuentes) o fábricas abandonadas, sin techo, luz ni agua, como han encontrado los expulsados del campo de Idomeni. Aún peor, no contentos con ese rechazo y esa criminalización, hemos retorcido el Derecho internacional de refugiados y aun el específicamente europeo (Directivas 32 y 33/2013) para acordar un pacto de deportación de Grecia a Turquía, comprado a base de 6000 millones de euros y ventajas de exención de visado y rebajas comerciales a Turquía que, bajo el régimen de Erdogan es cada vez más claramente un país no seguro, sobre todo para todos estos refugiados, ya que no considera refugiados a los no europeos.

El incumplimiento de lo que da sentido al proyecto de la UE, esto es, ser una comunidad bajo la extensión del imperio de la ley, del Estado de Derecho, su falta de respeto a los derechos humanos universales, a los ojos del mundo, de los ciudadanos que siguen mirando a Europa como un paraíso de libertad, justicia y seguridad, nos sitúa como no fiables. Mucho menos realmente fiables que cuando incumplimos una tasa de déficit o retrasamos el pago de la deuda. Debemos elegir si preferimos que aún sueñen y quieran ser como los europeos, o que nos teman y nos desprecien.

(Publicado en el número 134 Revista Éxodo, junio 2016)