UN PELIGROSO SILENCIO. La autonomía universitaria debe ser una garantía en democracia, no una barrera, El País, 26 09 2018

 

 

El goteo incesante de informaciones que desvelan irregularidades de grueso calibre en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), unido a la utilización partidaria de dossiers académicos de políticos relevantes, ha permitido construir debates que cumplen con todas las características de la cortina de humo.

De un lado, han servido para desviar la atención, incluso en sede parlamentaria, sobre las necesidades reales de los ciudadanos, la verdadera prioridad política. De otro -y es lo que me interesa señalar aquí- malgastan una oportunidad para analizar y tratar de dar respuesta a los problemas de una institución sin la que no es posible ni el progreso ni el bienestar de ninguna sociedad, la Universidad. Salvo que pensemos, claro, que la Universidad española vive en el mejor de los mundos posibles. Puede que le parezca raro a algún lector, pero les aseguro que ese es el mensaje que las máximas autoridades universitarias repiten como un mantra. En estas páginas lo habrán leído de boca del ministro y del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE). Todo se resuelve con dos recetas: se trata de <incidentes aislados> (echemos mano de la estadística) y, en todo caso, no nos toca, porque la autonomía universitaria nos prohíbe actuar: dejemos actuar a la propia Universidad (¿??) y/o a los tribunales de justicia.

Lo más llamativo en este asunto es precisamente esto, ese <no toca> que es una omisión de responsabilidad, académica y política. Los universitarios, los ciudadanos, sufrimos desde hace meses el ruido, la indignación y el desánimo que producen los abrumadores indicios de colonización de una Universidad pública por intereses ajenos. Esa grosera instrumentación que sucede en la URJC y no sólo desde un partido (el PP de Madrid) que la ha usado y abusado de ella a su antojo, sino por parte de empresas y particulares, no es posible sin la complicidad, activa o por omisión, de las autoridades académicas y de sus instancias de control. Los viajes turísticos desde Italia para obtener títulos son sólo el penúltimo detalle de este escándalo.

El silencio de nuestras autoridades universitarias es una opción aparentemente avalada por el principio de autonomía universitaria. E incluso hay quien puede añadir que el ruido y la furia circunstanciales son el peor escenario para discutir a fondo problemas como los señalados, o los de la precarización del profesorado, la inadecuación y opacidad de las agencias encargadas de la selección del mismo y del control de la calidad de los títulos, el abandono de la investigación en las Universidades so pretexto de primar las verdaderas casas y semilleros de ciencia e investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los Organismos Públicos de Investigación (OPIS).

Esa opción por el silencio contribuye –evidentemente, malgré soi– a extender la sospecha ante preguntas legítimas que se hace la opinión pública: ¿Sólo son problemas de esa Universidad? ¿Es suficiente garantía la arquitectura de gobierno de las Universidades, con el Consejo Social como pieza destacada, para evitar esos riesgos, o los propicia? ¿En qué medida el diseño de grado y masters, so pretexto Bolonia, abocó a la transformación del mundo universitario en un microcosmos de <emprendidurías> a la búsqueda desesperada de clientes y financiación, abandonando exigencias mínimas de su condición de servicio público, al menos si hablamos de esa especie en peligro de extinción que es el modelo de universidad pública que se intentó construir en la transición?

Pues bien, sin entrar a fondo en la discusión de la interpretación constitucional del principio de autonomía universitaria enunciado en el artículo 27.10 de la Constitución (¿una garantía institucional o un derecho fundamental?), perfilado en sentencias del TC (por ejemplo, 26/1987, 130/1991, 103/2001, 223/2012) y sobre el que existe una amplia bibliografía académica incluida la que lo considera como un <mito> propio de otro contexto histórico, hay algo que me parece claro. Ese principio no puede servir en ningún caso para obstaculizar otro principio aún más básico, en la Universidad y en democracia. El de transparencia, el principio kantiano de publicidad reformulado por Habermas en un viejo ensayo que fue su disertación para la cátedra. La comunidad universitaria, la comunidad científica, no tiene sentido sino como comunidad abierta a la libre discusión. Y la democracia misma no puede existir sin la institucionalización de la publicidad de las decisiones públicas, como garantía básica del control por parte de los ciudadanos, los soberanos, de ejercicio del poder que llevan a cabo los servidores públicos.

En ese sentido, el bloqueo en la Mesa del Congreso de una iniciativa para la comparecencia de los rectores y exrectores de la URJC, con pretextos propios de un reglamentismo más parecido a la piratería parlamentaria que a la voluntad de transparencia y abusando así de una pintoresca interpretación del principio de autonomía universitaria, señala el mal camino. Quizá se corrija parcialmente en la Asamblea de Madrid, donde se anuncia la creación de una comisión de investigación ad hoc. La tentación de cerrar filas y bloquear o posponer la inmediata y transparente investigación y rendición de cuentas es la peor decisión posible si se quiere defender ese bien social, político y jurídico que es la universidad pública. La CRUE no puede seguir ignorándolo.

 

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

“Esperando a @astro_Duque”, Infolibre, 19 septiembre 2018

– “la ciencia es el fundamento de la civilización” (Donnelly)

– “No. El lenguaje es el fundamento de la civilización. Es el pegamento que une a la gente entre sí. Y la primera arma que se emplea en un conflicto” (Brooks)

 

 

Sobre conocimiento y progreso

En Arrival (2017), un hito en la filmografía del canadiense Denis Villeneuve, que seguramente el tiempo pondrá en mejor lugar, el físico y matemático Ian Donnelly y la lingüista Louise Brooks mantienen el diálogo recogido arriba, apenas haberse presentado mutuamente y mientras se dirigen en helicóptero hacia su misión: nada menos que tratar de comunicarse con una civilización extraterrestre cuyas naves han descendido en una docena de puntos en la Tierra.

Ciencia y técnica (tecnología), civilización, cultura: ¿cuál es la clave de la civilización, del progreso humano? Se diría que hay que inclinarse por la respuesta de Donnelly, avanzar en un conocimiento seguro. Por tanto, esa clave es el conocimiento científico. Y sin embargo, a mi juicio, la respuesta depende de lo que entendemos por progreso humano. Por eso, sin desconocer la importancia capital del avance que nos proporciona la ciencia, apoyada por la tecnología, cabe otra respuesta: superado el modelo que entiende que ese progreso consiste en conocimiento de todo lo otro, para dominarlo, habría que convenir que, si hablamos de civilización en términos de progreso moral, social, de progreso de la humanidad, éste no puede darse sin el conocimiento de y con los otros, sin una comunicación que, gracias al conocimiento, lleve al mutuo reconocimiento.

En el fondo, más allá del tópico de las <dos culturas> avanzado en 1959 en la conferencia de Charles P.Snow, se trata de un debate muy conocido, incluso en la literatura y el cine de ciencia ficción. Las soluciones que se han dado al problema básico de cómo establecer diálogo con quienes no comparten nada de nuestros presupuestos y nuestro contexto, cómo encontrar, por así decirlo, un lenguaje verdaderamente universal, que nos permita el entendimiento mutuo, la cooperación y el progreso, han sido muy diferentes. Por citar sólo dos entre las más conocidas, recordaré la propuesta de la música: por ejemplo, Encuentros en tercera fase, 1977, guión y dirección de S.Spielberg, que tuvo su reverso caústico veinte años después, en 1996, en Mars Attacks! de T. Burton, con guión de J.Gemms. Y, claro, la que asegura que son las matemáticas/física: por ejemplo, Contact, dirigida por R.Zemeckis, 1997, con guión de Carl Sagan y Ann Druyan, y la más hermética Interstellar, 2014, de Ch.Nolan). Aunque música y matemáticas, lo sabemos desde Pitágoras, tienen muchísimo que ver. Porque no se trata simplemente de hablar, sino de conversar, entenderse, claro está.

Ted Chiang, el autor de Stories of your Life, la novela en que se basa la película, pone en boca de la doctora Louise Brooks (magistralmente interpretada en el film por la gran Amy Adams) una historia sobre la dificultad del encuentro. Parece ser que cuando Cook llegó con su Endeavour a las costas de Queensland en 1770 y preguntó a los nativos qué era aquel extraño animal al que hoy conocemos como <canguro>, recibió esta respuesta, “ganga-ruu” (que interpretó como Kanguru). Sólo más tarde aprendió que no era el nombre del animal: lo que le habían respondido era “no entiendo lo que dices”.

Conocimiento de y con los otros. No pretendo, desde luego, lanzar una reflexión sobre las dificultades de gestionar la diversidad cultural sin que se produzca lo que concluye el buen Dr. Donald Kessler, uno de los protagonistas de la sátira de Tim Burton, cuando los marcianos desatan una masacre después de que un grupo de bienintencionados terrícolas lancen a volar una paloma: ha sido un <malentendido cultural>. Tampoco es mi objetivo recuperar una discusión de lingüística fundamental (o de psicolingüística?), la que opondría la tesis de la <gramática universal> de Chomsky y las que toman pie de la <relatividad lingüística> de Shapir y Worf, a su vez criticada por McWorther, en la que soy un lego por más que lector apasionado, gracias, entre otras cosas, a las recomendaciones de lectura que me hace de tanto en tanto mi colega de la Universidad de Valencia la profesora Beatriz Gallardo-Paúls.

 

 

Las Universidades y el avance del conocimiento

No. Como verán enseguida, mi propósito es más modesto y tiene que ver con el desánimo que me produce lo que considero la enésima versión de la extrapolación del conflicto de las dos culturas. Conste que estoy convencido del desequilibrio real: hay un grado de desconocimiento mucho mayor por parte de las humanidades e incluso de las ciencias sociales respecto a las ciencias duras que no al contrario. Pero ese alejamiento se convierte cada vez más en un menosprecio en el ámbito científico-tecnológico acerca de la necesidad, relevancia –utilidad- del conocimiento que humanidades y ciencias sociales proporcionan. Una condescendencia que, en parte, se traduce en considerar que el objetivo del progreso científico es distinto del de la formación de profesionales aptos para el mercado. Y que progresivamente separa esta función, atribuida a las Universidades, de aquella, que descansaría en organismos de investigación cientifica. Item más, dentro de las Universidades, el patito feo serían, claro, las humanidades y ciencias sociales, relegadas a un segundo plano.

Y ahí mi preocupación: el riesgo que me parece va confirmándose, de desatención por parte del ministro del ramo, el rutilante Pedro Duque, a los problemas de las Universidades y al papel de las humanidades y ciencias sociales, cuestiones menores frente a la ciencia y la tecnología. No digamos si es espacial. La llegada del ministro, ingeniero y astronauta Pedro Duque, @astro_duque, por su identidad en twitter, fue recibida con aplauso general, incluso con entusiasmo rayano en el arrobamiento. Es un personaje que reúne méritos y títulos extraordinarios, aunque, a semejanza de Howard Wolowitz, el ingeniero y ocasional astronauta de Big Bang Theory creo que no es doctor, ni falta que le hace. Conste que, como no soy idiota, le considero una persona extraordinariamente competente y un superlativo divulgador de lo suyo. Pero me parece que sostiene un modelo de universidad, de ciencia (diría incluso que de prioridades culturales y sociales) que no pocos de nosotros rechazamos por reduccionista.

Llama la atención, por ejemplo, la ausencia de una reflexión y pronunciamientos concretos –más allá de la retórica- acerca del desprestigio que está cayendo sobre la universidad pública a raíz de las enormes disfunciones denunciadas en la URJC y que, más allá de la anécdota, obligarían a revisar problemas de la organización del actual sistema universitario.

Es cierto que el lunes 17, ante la ¡primera! reunión del ministro con la Conferencia de Rectores (CRUE) cien días después de su toma de posesión, éstos emitieron un comunicado para proclamar que la Universidad “merece el respaldo de la sociedad española” (caray con la contundencia!) y pidieron que los políticos “dejen de utilizarla como arma arrojadiza”. Por su parte, el ministro, en el primer pronunciamiento que se le conoce después de estos meses, calificó la crisis de la URJC como <ruido que pasará> y consideró incidente asilado los problemas en la URJC, al mismo tiempo que sostuvo que “el sistema de certificación de los títulos funciona y todo se resume en unos casos muy puntuales dentro de un instituto muy concreto”. Tout va bien, madame la marquise, que cantaba Ray Ventura en los 30…

No se defiende a la Universidad públicas on la reórica de cerrar filas y asegurar que vivimos en la mejor de las Universidades posibles. Es cierto que se crearán “tres nesas” para estudiar vías de reforma, pero esta no parece la manera de atajar los males que arrastramos, desde la precariedad del profesorado al fraude del sistema de evaluación y selección del mismo que acaba de ser objeto de una dura sentencia del Tribunal Supremo. Y, por supuesto, nada acerca de uno de los problemas de fondo, el diseño de la articulación grados/master perpetrado con el pretexto de una malhadada aplicación del “modelo Bolonia”, por las ministras Cabrera y Garmendia. Un diseño que tiene mucho que ver con la mercantilización de la Universidad pública, entendida como un gasto en el que no vale la pena invertir y que se debe al mercado y debe rendir cuentas ante él y de él obtener financiación, entrando en jolgoriosa competencia como hacen las empresas, para obtener clientes (antes llamados estudiantes) y también para investigar. Un “modelo” criticado con argumentos contundentes por el añorado F Fernández Buey en un artículo publicado en la revista Metrópolis que dirigía con enorme acierto Manuel Cruz, cuya lectura considero obligada (https://www.upf.edu/materials/polietica/_img/uni1.pdf). Pero es que estos males de la universidad pública frente a los que tampoco han reaccionado con contundencia organismos de supuesto autogobierno como la CRUE, obligarían a replantear cuestiones aplazadas una y otra vez como el modelo de gobernanza universitaria y el principio de autonomía sobre los que el ministro no parece demasiado interesado en perder tiempo. Quizá lo deja al hermano pobre del ministerio, la estructura orgánica de Universidades, que tampoco ha dicho ni pío.

Me permitirán los lectores una consideración personal, pero que creo oportuna para argumentar mi crítica. Una de las primeras ocasiones en las que el Sr Duque se prestó a debate público tras ser nombrado ministro fue en el programa de radio Hora 25, a invitación de Angels Barceló. En las redes se anunciaba ese debate como una conversación del nuevo ministro con cinco representantes de la ciencia e investigación universitaria. Se trataba sin duda de investigadores y científicos de muchísimo prestigio. Pero me permití señalar en las redes que no había ningún representante de ciencias sociales y humanidades. El programa recogió el guante y me invitaron no tanto a participar en la conversación, sino a formularle una pregunta al respecto. Para mi sorpresa, cuando inquirí al Sr Duque sobre el lugar de las ciencias sociales y humanidades en las prioridades de su ministerio, su respuesta fue que, sí, que había que tenerlas en cuenta porque nosotros no somos Singapur, y nuestra particularidad (¿?) debía ser atendida. O sea, que las ciencias sociales y las humanidades no son ciencia, pero sí un elemento pintoresco, un rasgo idiosincrático de nuestro país, o quizá de los países latinos o incluso de la vieja Europa. Como somos el viejo continente, algo habrá que tener en cuenta cosas como la historia, el Derecho, la arqueología y demás antiguallas.

No. El ministro debería saber y no sólo como responsable de Universidades, sino de ciencia, que el conocimiento (como el uso de la razón) no son patrimonio exclusivo de un modelo científico tecnológico por lo demás superado. El progreso en el conocimiento no se entiende sin la contribución de la filosofía, la historia, la arqueología, la filología, la sociología…Sin el estudio del derecho, tampoco. Porque este es un instrumento de civilización y cultura: una técnica de la que nos servimos para tratar de resolver algo muy importante: el contrate de necesidades, intereses, valores, prácticas y proyectos e los seres humanos que convivimos en nuestras sociedades. Un contraste más agudo y necesitado, pues, de respuestas más adecuadas cuanto más plurales abiertas y dinámicas son nuestras sociedades. Invertir en esos conocimientos es invertir en progreso y civilización. Y sólo quien se sitúe en el ámbito más prejudicial de la criticada razón instrumental puede ignorarlo.

Por esa razón, no cabe aceptar el reduccionismo de quien entiende que el sistema nacional de ciencia e investigación es monopolio de la <ciencia de verdad> y de la tecnología. Tampoco el reduccionismo de quienes pretenden que la verdadera <casa de la ciencia> es ajena a las Universidades y en particular a los campus de humanidades y sociales. ¿Es ese motivo suficiente para exigir del Ministerio un cambio radical en los Planes Nacionales de Ciencia y tecnología? No, entre tras razones porque se insertan en programas internacionales –europeos, en primer lugar- que en buena medida están más allá de la competencia de un ministerio. Pero sí es posible reivindicar otra mirada, otro interés, otros criterios de inversión, gestión y desde luego, evaluación de la contribución al conocimiento y al progreso social que se hace desde estos campos en las Universidades. Porque frente a lo que se nos ha hecho creer, esos rankings de Universidades no miden todo, ni diría más, no miden elementos muy importantes. Como tampoco se mide la calidad de la investigación por los reductivos y cada vez más criticados sistemas de indicadores de impacto de la productividad científica que, lejos de estar dictados por el interés puro del conocimiento, tienen mucho que ver con estrategias de mercado y con intereses, sí, ideológicos y de dominación. Baste pensar en la desviación de género tantas veces denunciada. La calidad del conocimiento no se puede ni debe medir al peso, aunque este no sea físico sino, por ejemplo, el del nombre y prestigio atribuidos a una marca (revista, grupo científico, universidad) en lugar de al trabajo personal y/o de un grupo. Hay mucho que reformar en la Universidad. Por ejemplo, en esas agencias de evaluación que se caracterizan, para empezar, por infringir los más elementales criterios de transparencia, sin la que la crítica racional que hace posible una comunidad abierta, como debe ser la científica, no es concebible. Por no hablar del siempre pospuesto estatuto del profesorado, del personal investigador y docente universitario en formación, del disparate de grados y masters, y no sólo de la vergüenza en que se ha convertido la figura de los asociados, absolutamente desvirtuada.

Uno, en su ingenuidad, le pediría al ministro que busque el beneficio de las respuestas que vienen de esas otras fuentes de conocimiento que son, por ejemplo, los textos de Husserl, Simone Weil, Horkheimer, W.Brown o Sassen. Que alguna vez deje de mirar hacia las estrellas (donde está la respuesta a lo que somos, ya se sabe) y repare en la condición humana y social real de quienes tratan de construir con su esfuerzo el sistema universitario.

“Vorrei, ma non posso. La devolución de 116 personas a Marruecos, el 23 de agosto de 2018, ¿anécdota o categoría?”, publicado en CTxT, 27 de agosto de 2018

VORREI, MA NON POSSO

LA DEVOLUCIÓN DE 116 PERSONAS A MARRUECOS: ¿ANÉCDOTA O CATEGORÍA?

Javier de Lucas

 

La ceguera de la izquierda ante la movilidad forzada

La izquierda europea, desde hace décadas, parece presa ineludible de una contradicción que le impide abordar con radicalidad –es decir, yendo a las raíces- la gestión de las diferentes manifestaciones de movilidad humana forzada, ese mundo en desplazamiento que es rasgo estructural de nuestro tiempo, por más que proclame una y otra vez su deseo de hacer las cosas <de otra manera>. Quiere, pero no puede. O quizá, más bien, es que no quiere, no tiene una decidida voluntad política de atreverse a intentar otra política migratoria, pero lo hace con la boca pequeña, como si dijera, “me gustaría, pero no me dejan”: vorrei, ma non posso.

Algo tiene que ver su incapacidad para ofrecer un discurso alternativo al securitario e instrumentalista, arma aparentemente infalible desde la que se impone la más rancia derecha. Una incapacidad de la que es un botón de muestra su ceguera ante una realidad que ya no es un porvenir incierto, sino la condición en la que vivimos: me refiero al hecho de que, aunque los negacionistas crean y traten de hacernos creer que es algo que pasará dentro de mucho tiempo y, claro, en otro sitio, a otra gente, vivimos -como se ha dicho con acierto- un <tiempo de descuento> en el que, aunque no seamos conscientes de ello, todos somos ya refugiados climáticos.

En lo que sigue, voy a ocuparme del último episodio de ese síndrome del “vorrei, ma non posso” al que acabamos de asistir con la expulsión (devolución) a Marruecos de 116 personas (inmigrantes, pero no sabemos si también víctimas de trata, refugiados, además de menores) que habían saltado la valla en Ceuta el 22 de agosto de 2018, un procedimiento que remite al Convenio bilateral entre España y Marruecos suscrito el 13 de Febrero de 1992, bajo el Gobierno de Felipe González, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente y que no entró en vigor hasta el año 2012. Y eso me servirá para proponer una vez más una reflexión sobre esa falta de voluntad política para actuar sobre las causas, y sobre la ceguera en relación con la realidad en la que ya vivimos.

Una vez más, un gobierno de izquierda moderada, ante decisiones clave en cuestiones de gestión migratoria y de asilo, parece presa del síndrome estigmatizado por Nani Moretti en Caro Diario, cuando su protagonista grita a D’Alema, mientras éste perora en TV: “Di algo de izquierda!”. Sí, porque estamos en un proceso en el que, cada vez que un gobierno de izquierda intenta oponerse, aunque sea tímidamente, al mainstream de la xenofobia y racismo rampantes en las cancillerías europeas a propósito de inmigrantes y refugiados (primer y segundo caso Aquarius, caso Open Arms), parece asustarse de sí mismo (<¿me habré pasado de progresista?, o, por decirlo con el estigma que tanto gusta a la derecha: <¿me habré pasado de “buenista”?>) y tiene la necesidad de recurrir a la <equidistancia>, es decir, a dar un palo, casi en sentido estricto, para “recuperar” credibilidad electoral. Un paso adelante, dos hacia atrás, le critican algunos.

Aparentemente, la razón sería el mantra que reiteran spin doctors y eminentes politólogos de toda laya, que parecen poseídos por un pragmatismo gallináceo como dogma de fe: “si quieres tener perspectivas electorales de éxito, hay que aparecer firmes ante la inmigración”. El contexto europeo parece confirmarlo: antes de estas dudas y autorectificaciones del gobierno Sánchez, ya claudicó Tsipras quien, por cierto, comparte gobierno con un partido de los que gustan de la retórica que practica Salvini. Y no hablemos de las coaliciones de la derecha “liberal” con la extrema derecha, en Austria, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, entregadas a la ideología xenófoba del húngaro Orban y los polacos Duda y Kaczynski, los mejores discípulos europeos del movimiento alt right de Bannon, con permiso del canciller austríaco Sebastian Kurz. La única excepción parece la de Portugal, pero esa peculiaridad se explica también por la escasa incidencia del fenómeno migratorio hoy en nuestro país vecino.

¿Contradicciones? Vaivenes? Bandazos? Cuál es la anécdota y cuál la categoría que definiría la política migratoria de un Gobierno con proclamada voluntad de progreso y defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos, como el Gobierno Sánchez, pero que nos ofrece esta de cal, de mano del ministro del Interior y con la aquiescencia de la Secretaría de Estado de Migración? Se trata simplemente de la necesidad de un simbolismo equidistante, que conjugue el humanitarismo, sin abdicar de la seguridad y defensa de nuestras fronteras? O bien, como parece ser el mensaje, simplemente sucede que el Gobierno quiere pero no puede, bajoel alegato de que ningún Gobierno europeo puede afrontar por sí solo un modelo de política migratoria y hoy pintan bastos en esta UE?

Lo cierto es que, si descartamos los discursos extremos, los de los apologetas o los de la derecha más reaccionaria, parecería más plausible la hipótesis de que el giro que tratan de impulsar Sánchez y Borrell es un objetivo que resulta imposible en el contexto de ese populismo xenófobo al que se han entregado buena parte de cancillerías europeas. El mensaje, pues, sería que no hay contradicciones, sino que el Gobierno Sánchez hace lo que puede, que, en definitiva, es poco. Vorrei, ma non posso.

Comenzaré por reconocer que se han producido gestos positivos en materia de inmigración y asilo, que para mí han sido importantes. Y, por ejemplo, creo que desde el ministerio de Exteriores y la propia Presidencia del Gobierno se intenta impulsar otra vía de gestión de esas políticas en la que se cuenta con escasos y no demasiado entusiastas aliados: Macron, Merkel y Costa. Una vía que no puede no ser europea y concertada con países de origen y tránsito, como ha insistido desde hace decenios Sami Naïr. En algunos otros trabajos he propuesto medidas concretas y criterios (también presupuetarios) para tratar de implementar otra política migratoria y de asilo. Pero ahora me interesa, insisto, tratar de esclarecer si esta decisión es un mero contrapunto o revela una concepción de política migratoria.

Comenzaré por proponer que, aun siendo verosímil el argumento, ya no me parece suficiente el mensaje del vorrei, ma non posso que, en cierto modo, parece rememorar la reacción de Felipe II ante el fracaso de la Invencible: “nosotros querríamos otra política migratoria, pero Europa y los elementos no nos dejan”. No. Ya conocemos esa letanía. Es la misma que lleva predicándose una y otra vez con el manifiesto resultado ineficaz que sólo un ciego puede negar. Da igual que esa combinación de palo y zanahoria consista en los mensajes de “perseguir a las mafias”, a la vez que se muestra compasión por los “pobres, desgraciados inmigrantes”, que no son los verdaderos culpables, claro, aunque per fas o nefas, siempre acaban siendo los paganos, los que reciben los golpes. No: este no es un tema de “humanitarismo”, como aseguran los portavoces del Gobierno: ni de compasión, ni de caridad. Una política migratoria que aspire a ser verosímil no puede consistir en una colección de gestos aislados en situaciones de <urgencia humanitaria> que, por otra parte, se aprecian conforme a un criterio que parece demasiado coyuntural. Nadie en su sano juicio negará que la gobernanza de las migraciones es cuestión compleja, pero la prioridad de esa gobernanza no puede dejar de ser inequívoca: se llama garantía de derechos y vigencia del Estado de Derecho, sin trampas, ni trucos. Ese es el primer test de coherencia. Si no hay voluntad política de mantenerlo, sobran todos los gestos.

Es de nuevo el momento de decir que estamos hartos de esos descubrimientos de lo obvio que son, por ejemplo, la recurrente invocación de planes Marshall para Africa, como acaba de “inventar” el diputado del PP Sr Casado que, pese a sus altas responsabilidades, parece ignorar la existencia por ejemplo del Plan Africa 2006-2008. La experiencia nos muestra que, incluso cuando no se ha vivido como hasta hoy, severísimos recortes en la política de cooperación, tales proyectos siempre acaban igual: las millonarias ayudas a la cooperación indefectiblemente se convierten en botín de élites corruptas de los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios, a cambio de que algunas de nuestras empresas practiquen dumping social en esos países para incrementar su cuenta de beneficios. A cambio también, claro, de que esas élites restrinjan derechos como el de libre circulación a sus propios ciudadanos y a los de países vecinos que intentan transitar por ellos. A cambio, por supuesto, de que se hagan cargo en sus poco envidiables cárceles, de los excedentes que nosotros expulsamos (bajo el eufemismo de retorno, devolución, etc) y de cuya suerte nos desentendemos. Y no hace falta mirar muy lejos: pregunten por los negocios de esos ilustres comisionistas españoles que cortejan a Obiang. El resultado es penoso: seguimos sin saber dar respuesta eficaz y positiva a los desafíos de la movilidad humana y, lo que es peor, cada vez que lo intentamos podemos pronosticar que será a costa de una nueva herida al Estado de Derecho y a los derechos humanos

 

 

Nuestra propia ceguera nos impide percibir lo evidente

¿Por qué, cómo es posible que suceda esto una y otra vez? Quizá debiéramos empezar por reconocer el progreso de esa ceguera social, sobre la que nos advirtiera Saramago, que nos impide percibir lo evidente. Y lo evidente hoy es la superchería, el fantasma de una crisis migratoria con el que quieren atemorizarnos de nuevo en este 2018. Buena parte de los medios y de los Gobiernos europeos vuelven a tratar de hacernos creer que padecemos una situación de emergencia migratoria similar a la mal llamada “crisis de los refugiados” que según nos decían amenazaba la estabilidad y aun la viabilidad de los países europeos entre 2015 y 2017. De creer esos mensajes, los europeos viviríamos de nuevo una situación agónica, cercados por millones de desesperados que intentan gozar de nuestro bienestar y, lo que es peor, aprovecharse de lo que hemos conseguido en esta supuesta Europa de leche y miel, que arriesgaría convertirse en una sociedad ingobernable, dominada por la peor delincuencia.

Una y otra vez, en programas de televisión y radio y en la prensa escrita nos martillean con imágenes de inmigrantes desesperados que invaden nuestro territorio y ponen al límite nuestros recursos. Da igual que los fríos datos del Instituto Nacional de Estadística, del propio Ministerio del Interior español, o de la OIM y el ACNUR, o los informes de entidades que poco tienen de ONGs como el Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets, del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity ) desmientan contundentemente ese escenario: no sólo no vivimos ninguna “ola migratoria” descontrolada, sino que necesitamos imperiosamente reclutar inmigrantes para paliar nuestro declive demográfico y la insostenibilidad del estado de bienestar. Tampoco es cierto que los inmigrantes se hayan enseñoreado fraudulentamente de nuestros servicios públicos, provocando que los españoles no podamos gozar de ellos: es justo al revés, como argumenta una reciente y pedagógica campaña de Cáritas (https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hay-invasion-abusan-ayudas-asi-desmonta-caritas-mitos-migrantes_201808235b7ef6990cf2ad56bd3b6e39.html). La pérdida de calidad del sistema de salud pública tiene que ver con los recortes y la política de privatización adoptados entre 2008 y 2018. Pero la realidad, ya se sabe, es sólo un inconveniente menor para los hacedores de opinión pública. Porque de lo que se trata es de encontrar una coartada electoral, una vez más, para el abono del discurso del miedo, de la lógica de <cierren filas> contra la amenaza de un enemigo casi imbatible, del que sólo nos pueden proteger los valores e ideario del conservadurismo más rancio. Un enemigo encarnado (por increíble que parezca) por esos pocas decenas de miles de inmigrantes y aspirantes a refugiados que consiguen llegar hasta nosotros, tras peripecias que harían palidecer a uno de los fundadores del mito europeo, Ulises, y desde el olvido de otros tantos miles –más numerosos- que llegan por vías regulares con el descabellado propósito de ganarse una vida mejor. Un espacio cada vez más despoblado y envejecido, lo que sin duda influye en el retorno de los cantos de sirena no ya conservadores, sino reaccionarios, que proliferan advirtiéndonos del presunto suicidio de nuestras sociedades si no se cierran las puertas a la inmigración, cuando muy al contrario el suicidio se producirá, inevitablemente, si los inmigrantes no llegan. Han de llegar e inevitablemente seguirán intentándolo, por muchas vallas y muros que levantemos. Y es preferible que lo hagan de una forma segura, legal, ordenada, como preconiza el Pacto de la ONU que se ha de ratificar en diciembre en Marrakesh, sin que, por cierto, los Estados de la UE le hayan prestado mayor atención.

 

 

Anécdota o categoría: el <reingreso a Marruecos> y las políticas de externalización no importa cómo.

Viene todo esto a cuento, pese a ser bien sabido y machaconamente reiterado, entre muchos otros por quien suscribe, porque acabamos de asistir a un nuevo episodio de lo que podría ser una comedia de enredo (ahora te abro la puerta, ahora te la cierro), si no estuvieran en juego vidas humanas, derechos básicos.

El reingreso exprés a Marruecos de los 116 inmigrantes que protagonizaron un salto de la valla de Ceuta, el 22 de agosto de este 2018, en el que se produjeron actuaciones violentas y lesiones a los guardias civiles que lo afrontaron, puede ser entendido como una anécdota más, o como un punto de inflexión. A mi juicio, esta decisión del Gobierno, defendida con convicción digna de mejor causa por su vicepresidenta y Ministra de Igualdad (de forma más sonrojante, creo, que aquella apelación a la “agenda cultural nocturna”) no es un episodio más o menos doloroso pero ineludible en defensa y cumplimiento de la legalidad, como trató de hacérsenos creer, sino probablemente una línea de conducta que forma parte de un planteamiento más general. En todo caso, lo que parece claro a estas alturas es que gana terreno el juicio de que se ha tratado de una decisión equivocada y preocupante (cfr. por ejemplo el comunicado de CEAR: https://www.cear.es/cear-muestra-su-preocupacion-tras-la-expulsion-acelerada-de-las-116-personas-migrantes-que-llegaron-ayer-a-ceuta/). Así lo señalan medio centenar de organizaciones que trabajan con inmigrantes y que han suscrito un manifiesto de denuncia de esta actuación por falta de respeto a la legalidad vigente y a los derechos humanos (https://sosracismo.eu/las-devoluciones-ejecutadas-en-ceuta/). El Colegio de abogados de Ceuta ha anunciado (https://www.elboletin.com/noticia/166678/nacional/los-abogados-de-116-migrantes-recurriran-su-devolucion-a-marruecos.html ) que los abogados de oficio que intervinieron (de forma manifiestamente mejorable, pero también inducidos a engaño por las autoridades, que les ocultaron que iban a ser “devueltos” de forma inmediata, en un procedimiento superacelerado) van a presentar recurso contra las órdenes de devolución. Desde la prensa de amplio espectro, las denuncias y la valoración negativa han ido in crescendo: basta leer el editorial de El País del viernes 24 de agosto significativamente titulado “Sin garantías”, o los artículos publicados en Infolibre, o Eldiario.es [1].

Mi propia opinión, por decirlo en corto y por derecho, y con todos los respetos debidos a la buena fe que presumo en quienes tienen la grave responsabilidad de gobernar, es que el Gobierno se ha equivocado y de forma gruesa en este asunto. Y lo más preocupante es que esta equivocación sea la categoría y las otras decisiones, la anécdota.

Se ha equivocado, ante todo, en la inaceptable justificación aducida por la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, la profesora de Derecho Constitucional Dra. Calvo, cuando trató de trazar una línea roja: no a los violentos ilegales que saltan la valla con agresiones; sí a la ayuda a los pobres indocumentados en situaciones de urgencia <humanitaria>. Ese argumento en sí mismo es una grosera falacia, incoherente con el principio de igualdad. como ha analizado en su dura pero muy argumentada crítica de la decisión la experta en Derecho internacional de derechos humanos y miembro del Observatorio de Racismo Institucional, Patricia Orejudo https://www.elsaltodiario.com/opinion/expulsion-psoe-pedro-sanchez-116-personas-valla-ceuta), porque sienta un precedente muy preocupante por la manifiesta violación del principio de igualdad, algo que resulta incomprensible que no sea advertido por quien además de una inequívoca trayectoria de firme compromiso con la causa de la Igualdad, es la titular de ese ministerio[2].

Se ha equivocado el Gobierno en esta decisión porque es incongruente con los principios básicos de la acción de gobierno proclamados por el Presidente Sánchez, el ministro Borrell y la propia vicepresidenta. Mientras el Gobierno Sánchez se esfuerza por encontrar soluciones estables para responder eficazmente a la vulneración de derechos que viene practicando el Gobierno italiano ante la indiferencia de Bruselas y de la mayor parte de los Estados miembros, con excepción de España, débilmente secundada por la RFA, Francia y Portugal, olvida criterios elementales en materia de derechos: por ejemplo, que los delincuentes, incluso los más violentos, tienen derechos que no pueden ser saltados a la ligera. Y no digamos cuando se trata en todo caso de presuntos delincuentes, sólo algunos entre los 116 <retornados>. Pagan todos por la conducta inadmisible de unos cuantos. ¿Es esa la idea de Derecho que tiene la vicepresidenta Calvo? Si así fuera, habría que recordar que se parece más bien a la técnica autoritaria de quien castiga a toda la clase porque es incapaz de identificar a quien ha gritado un insulto. Y es impropio de este Gobierno.

Convenio bilateral aparte, lo cierto es que, como me recuerda el letrado Hipólito Granero, Marruecos, desde 1991, es Estado parte de la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de 1990 y España viene obligada por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950. “En consecuencia, sostiene Granero, ambos Estados deben garantizar a todas las personas, con independencia de su status migratorio derechos como el de formular alegaciones, derecho de contradicción y derecho a un recurso efectivo”. Y no parece que hayan sido garantizados en este procedimiento de <reintegración>. Así, la abogada Patricia Fernández Vicens ha señalado problemas de legalidad derivados de estas omisiones que afectan directamente a la garantía de derechos: ausencia de información fidedigna de identificación de posibles menores: ausencia de posibles solicitantes de protección internacional; ausencia de asistencia garantizada de intérpretes de las lenguas de todos y cada uno de los 116 reintegrados; ausencia de la garantía de otorgamiento de poder para representación legal, sin la que resulta imposible que ejerzan acciones procesales después de la devolución; ausencia de remisión por parte de Marruecos del documento individualizado de toma a cargo de cada reintegrado con expresión de su nacionalidad y país de procedencia

Se ha equivocado el Gobierno al aplicar de forma dudosamente legal el propio Convenio bilateral entre España y Marruecos. Lo explican los estudios sobre ese Convenio realizados por expertos como el profesor Angel Chueca, las profesoras Teresa Fajardo e Inmaculada González García, o, más recientemente, el profesor F Vacas[3] . En particular, el profesor Chueca analizó muy tempranamente las primeras aplicaciones de ese Convenio y puso de manifiesto lo que ha explicado con meridiana claridad hoy, entre otros, el abogado especialista en extranjería Hipólito Granero: no se ha aplicado la legalidad de este Convenio, porque no es nada sencillo (al contrario, sería muy exigente) ponerlo en práctica, a la vez que se salvaguarda el cumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. La decisión y la forma de ejecutar la devolución, según todos los indicios, los ha incumplido. Por ejemplo, el Gobierno español no parece haber respetado lo que establece el artículo 2º del Convenio en materia de prueba de la condición de los reintegrables y del procedimiento a seguir: sólo se puede aplicar el Convenio para ejecutar la “readmisión” si existe previamente una orden de devolución con garantías, tal y como establece la LOEX[4]. Por si fuera poco, de conformidad con lo que dispone el artículo 5 del Convenio, Marruecos “se asegurará de que los extranjeros readmitidos sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron el viaje”. La experienciaes que Marruecos deporta a los inmigrantes a Agadir o a Oujda y desde llí han de enfrentarse a una situación de acoso, de hostigamiento, o a salir hacia el desierto. Marruecos en realidad se desentiende las más d las veces de esos reintegrados a su territorio. https://elpais.com/politica/2018/08/24/actualidad/1535135930_887405.html).

Se ha equivocado el Gobierno (el ministerio del Interior en primer término) por el recurso a argucias más propias de rábula, como obligar a gestionar en una noche el trámite- subrayo, trámite- de presencia de abogado de oficio para los 116 detenidos, sin garantía de traductores ad hoc, y sin prevención acerca de la inminencia de la expulsión/devolución al territorio marroquí (cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Expertos-cuestionan-devolucion-Marruecos-Ceuta_0_806669954.html). Esa urgencia y falta de atención escrupulosa al procedimiento revelan que lo que se llevó a cabo en Ceuta en la noche el 23, según todos esos indicios, se encaminaba a lo que puede considerarse un fraude jurídico, esto es, la falacia denunciada en varias ocasiones por el abogado J.L. Rodríguez Candela: suponer que la presencia letrada significa garantía de asistencia letrada, ateniéndose a una interpretación literal del Convenio (que no menciona la segunda) que es incongruente con el requisito de asistencia letrada como parte del derecho a tutela judicial efectiva que es un derecho humanos universal. Cuando, según testimonio de los abogados se les ocultó deliberadamente la intención de “devolución” expres de los detenidos (https://www.eldiario.es/desalambre/Ceuta-participaron-devolucion-Marruecos-inmediatamente_0_807019527.html), se frustró la garantía de tutela de derecho. Aunque, desde luego, sin negar esas y otras dificultades (a comenzar por el plazo perentorio impuesto) creo que podía y cabía exigir otra diligencia a quienes así ejercieron.

Se ha equivocado el Gobierno, en fin, en algo que no parece una anécdota, sino una cuestión de fondo, sin duda compleja y difícil: el modelo de nuestras relaciones con Marruecos. Eso exige una reflexión aparte.

 

 

Coordinación con países terceros, sin externalización ilegítima.

La pregunta es si esta aplicación del Convenio con Marruecos urgente y, como he señalado, según todos los indicios, no respetuosa con la legalidad por parte de las autoridades españolas, es sólo un gesto simbólico, un mensaje coyuntural, dirigido a quienes tratan de saltar, a las fuerzas del orden que custodian la valla, a los electores de centro que se quiere atraer, o bien marca una voluntad política en materia de inmigración y asilo, es decir, forma parte del mensaje de fondo, de los elementos de definición de la propuesta de política migratoria.

Reconozcamos, para empezar, la dictadura de la geografía, un hecho incontrovertible que parece imponer un cierto modelo geopolítico, lo que, a diferencia del hecho, es un modelo y, por tanto, como mínimo discutible, como ha argumentado el profesor Joan Romero. Sí: nuestra situación parece condenarnos (como a Italia y Grecia) a mantener una función de primera línea en la política migratoria y de asilo, tarea en la que, en el caso de España, Marruecos es pieza clave, como lo son Libia para Italia y Turquía para Grecia y, en menor medida Argelia, Túnez, Egipto, Macedonia y Albania. Ahora bien, la indiscutible necesidad de colaboración con países de inevitable tránsito y que constituyen el primer cordón exterior a la UE, ¿implica que, en aras de la eficacia de las funciones de apoyo a nuestra policía de fronteras debemos transferirles actuaciones que suponen un riesgo para la garantía efectiva de los derechos de los inmigrantes?

Reconozco que el Gobierno Sánchez (los Gobiernos de la UE y la propia Unión Europea, podría decirse, cuando ahora vuelven a insistir en eufemismos como las “plataformas de desembarco en terceros países) se enfrenta en materia de política migratoria y de asilo a un dilema de extrema dificultad: Marruecos es un socio imprescindible, pero no un aliado fiable, al menos para un modelo de política migratoria y de asilo que no quiera renunciar a la garantía de los derechos humanos. De hecho, como insiste desde hace años la especialista en migraciones y directora asociada de HRW Judith Sunderland, “la dependencia de Marruecos para tener alejados a los inmigrantes es un incentivo para que España tolere el abuso” (cfr. su artículo “Recetas para el abuso en la frontera”, https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170815/239346065_12.html). Por lo demás, el régimen marroquí no puede ser considerado bajo ningún standard comparado de reconocimiento y garantía de los derechos humanos un país seguro, como habrán comprobado de nuevo los 116 retornados y ahora encerrados en las cárceles de Tetuán. No es el horror de lo que sucede en el Estado fallido que es Libia y al que Italia se empeña en devolver a los rescatados en el Mediterráneo, pese a todas las videncias y a reportajes e informes que advierten del horror que allí viven los nuevos esclavos. Pero considerarlo un país seguro es un eufemismo inaceptable. La denominada reintegración aparece como una presunción de riesgo, un mecanismo de exteriorización que delega de forma indebida nuestras propias obligaciones desde el punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho y del Derecho internacional.

No. Este no es el camino para poner en pie una política migratoria y de asilo decente. Aunque sea de mínimos.

[1] Cfr. por ejemplo el editorial de El País del viernes 24 de agosto, significativamente titulado “Sin garantías”, https://elpais.com/elpais/2018/08/24/opinion/1535130447_357939.html, Asimismo, de eldiario.es cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html y también https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-migratoria-anfitrion-Aquarius-devoluciones_0_807019463.html. También, en Infolibre https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/08/24/que_consiste_acuerdo_espana_marruecos_devolucion_migrantes_que_aplicado_gobierno_86069_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1042247.

[2] Escribe la doctora Orejudo: “En la aplicación de las normas jurídicas, el principio de igualdad es una garantía fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurídicas —que es lo único que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad— no prevén que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en función de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que sí establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresión sobre cualquier persona. Es más: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario público que actúa en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado). Si en el segundo salto a la valla se ejerció violencia contra guardias civiles, la obligación del Estado sería detener y poner a disposición de la Justicia a los autores del delito —si lo hubo—, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantías, y demostrar qué persona fue la autora del concreto daño infligido. El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese “centenar de violentos”, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el “asalto”. ¿Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolución inmediata. Sí, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad… Debería saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendrían que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitución reserva la función de juzgar. Recuérdese que las agresiones constituirían delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar “firmeza” para ganarse a una ciudadanía amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensión y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace años se compromete, con sus órdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisión, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjería. Más allá de que difícilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un día. Un día del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolución ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el único cálculo del rédito electoral”.

[3] Me remito a su artículo de 2005 “Ceuta y Melilla, el acuerdo hispanomarroquí de readmisión y las obligaciones internacionales de España y la Unión Europea”, (http://www.intermigra.info/extranjeria, o al publicado con P.Aguelo, Ceuta y Melilla. Los derechos de los inmigrantes en situación irregular”, Abogacía Española, n° 36, enero, 2006, pp.14-17 y, finalmente, su “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”, Eikasia. Revista de Filosofía, II 8 (enero 2007), pp. 203-204. De la profesora Teresa Fajardo debe consultarse “Los Acuerdos de readmisión de los inmigrantes en situación irregular celebrados por España”, en F.Aldecoa/J.Sobrino, (Coordinadores), Migraciones y Desarrollo. II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales. Montevideo, 25, 26 y 27 de octubre de 2006, Marcial Pons 2007, pp. 87- 102. De la profesora González García puede verse su “El acuerdo España-Marruecos de readmisión de inmigrantes y su problemática aplicación: las avalanchas de Ceuta y Melilla”, Anuario Español de Derecho Internacional, 2006, pp. 255-284. El trabajo del profesor Félix Vacas Los Tratados bilaterales adoptados por España para regular y ordenar los flujos migratorios, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid.Dykinson, 2007, pp.151-161. Finalmente, el artículo de la profesora Asín Cabrera “Los acuerdos bilaterales suscritos por España en materia migratoria con países del continente africano: especial consideración de la readmisión de inmigrantes en situación irregular”, Revista de Derecho Constitucional europeo, nº 10/2008, pp. 165-168 .

[4] En efecto, como destaca el profesor Chueca y recuerda el letrado Granero Sánchez, el artículo 2 exige que el Estado requirente (España) pruebe tres aspectos: 1º La nacionalidad del extranjero de un Estado distinto a las partes (Por tanto estamos ante una norma de readmisión de extranjeros, no de marroquíes por Marruecos ni de españoles por España.); 2º La entrada ilegal en el territorio del Estado requirente (Evidentemente para poder proceder a la readmisión, previamente deberá haberse acreditado la entrada ilegal en el territorio español tras el preceptivo procedimiento de devolución con las garantías jurídicas establecidas en la LOEX para este tipo de expedientes); 3º La procedencia de territorio del Estado requerido. Eso quiere decir que la aplicación estricta de la norma citada obliga pues a España a no devolver a las personas cuya nacionalidad no pueda probar o cuya entrada ilegal o cuya procedencia de territorio marroquí no pueda demostrar. Pero el artículo 2 exige además un procedimiento: (a) Una solicitud del Estado requirente (a presentar dentro de diez días desde la entrada ilegal). En la solicitud deben hallarse todos los datos personales de las personas sometidas a este régimen. (b) Un documento de aceptación de la readmisión, expedido por las autoridades del Estado requerido.

 

ES MUY SENCILLO: EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS, Contexto, 11 agosto 2018

La educación cívica, un imperativo

La necesidad de una asignatura de educación cívica desde los primeros años de enseñanza obligatoria (ESO) parece difícilmente discutible, y un gobierno progresista debe considerarla como objetivo prioritario. Así lo ha entendido el Gobierno Sánchez, por boca de su portavoz y ministra de educación, la señora Celaa. Al mismo tiempo, a nadie se le ocultan las dificultades para obtener un consenso sobre ello. Esas dificultades no nacen sólo del obstáculo mayor que siempre supone la perspectiva partidista –factor decisivo del fracaso de las reformas educativas-, sino también de un argumento que se debe atender: cómo definir los contenidos, cuando resulta obvia la exigencia de respetar el legítimo pluralismo social, ideológico, doctrinal.

Dicho de otra manera, en una sociedad democrática, es decir, plural, donde es perfectamente legítimo sostener diferentes principios, valores, concepciones éticas ¿cómo determinar cuáles son los valores cívicos, éticos, que nos dicen que hay que enseñar? ¿Dónde encontramos esa ética cívica común de la que nos hablan? ¿Cómo se establece ese consenso de valores y principios? Porque el problema de esas recetas éticas es que, en el fondo, chocan siempre con el problema del cognoscitivismo ético y, sobre todo, con una tesis básica de la democracia liberal, la que proscribe imponer una idea particular de bien.

A mi juicio, probablemente la vía más adecuada para construir, para hacer viable ese consenso necesario sobre valores, pasa por superar la identificación habitual de ese proyecto pedagógico exclusivamente con la enseñanza (sic) de “la ética” y (sic) los “valores cívicos y éticos”. Es una solución más sencilla, más civil, más laica y con referentes objetivables que van más allá de la sabiduría de nuevos clérigos, sabios o gurús que nos aleccionan sobre los verdaderos valores y principios.

La propuesta que sostendré arranca precisamente de recordar que, en una sociedad plural, la única ética pública que puede aspirar a un reconocimiento oficial y, por tanto, a ser enseñada y aun impuesta sin que ello plantee problemas de libertad, son los derechos humanos. No quiero decir que la tesis de su universalidad no sea criticable –desde luego, matizable-, pero en democracia imponer valores choca con el respeto al pluralismo y por tanto hay que ir con tiento. Y si debemos respeto a los diferentes y legítimos sistemas o representaciones del mundo y de los valores, los únicos valores y principios éticos que pueden y deben ser contenido educativo indiscutible, porque son los únicos que cabe reforzar con imposición exigible bajo sanción, están claros. Son los derechos humanos.

 

La única ética pública exigible es la que los ciudadanos acuerdan defender y proteger

Me parece que esa es la conclusión a la que conduce la acertada tesis habermasiana de la “emigración de la ética pública a la Constitución”. En una sociedad democrática, plural, deben poder tener derecho a expresión todas las diferentes ideas de bien, las propuestas éticas, las diferentes teorías de la virtud (sobre todo, de las virtudes que deben contar en el espacio público). Pero ¿cómo elegir entre ellas? ¿Cabe imponer una sobre otras? ¿Con qué criterio? La respuesta de Habermas me parece convincente: en la medida en que las Constituciones, en su parte programática, incluyen ese contenido de ética pública de aspiración universal y con fuerza de exigir que son los derechos humanos, no cabe discusión. Y, además, esta solución cuenta a su favor con la característica de certeza que otorgan unas fuentes positivizadas difícilmente discutibles. El ejemplo de la Constitución española de 1978 es claro: junto a un catálogo de derechos inspirado en la arquitectura universal del sistema de derechos que ha construido la ONU y en el sistema regional europeo de derechos humanos, hay una remisión interpretativa al propio sistema, que no es entendido como un catálogo cerrado, algo sobre lo que volveré después. Por tanto, a la pregunta ¿qué enseñar?, la respuesta es sencilla: los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de derechos humanos de Naciones Unidas de 1966, el sistema de Convenios de las propias Naciones Unidas, comenzando por el primero, el Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres (CEDAW). Y, tal y como resulta evidente, en un Estado europeo, cabe añadir para mayor precisión el Convenio europeo de derechos y la Carta Social europea.

Esta “solución” no es ningún descubrimiento copernicano. Se trata, por lo demás, de un mandato reiterado por la propia ONU, desde el propio artículo 26.2 de la Declaración de 1948, en el que se señala precisamente la enseñanza de los derechos humanos como contenido del derecho a la educación: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.   La Agencia especializada de la ONU para la educación, UNESCO, ha insistido en el enfoque de una educación para los derechos humanos.

Por eso propongo la introducción en la ESO de una asignatura obligatoria de derechos humanos, que ponga el foco de modo específico no sólo en la dimensión cognitiva (aprender una lista de derechos y su contenido), sino sobre todo en su verdadera razón de ser, en su utilidad: el empoderamiento en los derechos humanos desde niños. Se trata de hacer ver que los derechos humanos son un work in progress y que esa tarea nos concierne a todos. También a los niños. En otras palabras, los derechos humanos no han de ser vistos sólo como una cuestión a discutir en foros institucionales, sino como parte de las competencias que los niños deben adquirir para poderlos ejercer, para luchar por ellos, para poder ser ciudadanos activos y críticos. 

 

La cultura de los derechos humanos consiste en aprender a luchar por los derechos de todos

Algunos han podido argüir que esa enseñanza debe ser transversal y está implícita en el propio modelo de educación pública, en la medida en que los derechos humanos inspiran (deben inspirar) todos los contenidos curriculares y tienen (deben tener) reflejo en la práctica docente misma. Pero parece claro que eso es insuficiente a la hora de transmitir conocimiento y formación en la cultura de los derechos humanos.

Conviene insistir en ello. La cultura de los derechos humanos no consiste sólo en el conocimiento de declaraciones, convenios o textos constitucionales sobre derechos humanos. Se trata de entender por qué y para qué existen los derechos humanos. Para eso, hay que explicar la lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, comenzando por los derechos de los más vulnerables, la necesidad de la igual libertad en ese reconocimiento y garantía de los derechos, los instrumentos para luchar contra las violaciones más graves de los mismos. Hay que dar cuenta de cómo y para qué hablamos de derechos de los niños, derechos de las mujeres, de la lucha contra la explotación infantil y la violencia de género, por citar ámbitos prioritarios. Pero también contra las muy frecuentes manifestaciones de acoso, violencia y discriminación en la escuela. Esa es la manera de combatir la falta de respeto y reconocimiento a todo otro y, por tanto, amenazas como la xenofobia, el racismo, el machismo, el desprecio al otro. Prejuicio y discriminación se combaten con conocimiento práctico de los derechos humanos. Por eso su enseñanza debe constituir un instrumento prioritario de cualquier sistema público educativo.

Hablo de cultura de los derechos y, por definición, eso implica la oposición a cualquier fundamentalismo. También el fundamentalismo de los derechos humanos que pretende que existe un catálogo cerrado, que se ha formulado de una vez para siempre y por tanto no caben nuevos derechos ni nuevos sujetos de derechos. El fundamentalismo de quien sostiene que los derechos humanos –mis derechos– son verdaderos y absolutos y, por tanto, que no hay conflictos de derechos que no tengan solución objetiva en ese verdadero catálogo. No es así: no hay, por definición, ningún derecho absoluto. Ni siquiera lo es el sabio principio propuesto por John Stuart Mill en On Liberty (“evitar el daño a otro”), porque a veces hay que enfrentarse a decisiones que implican siempre un daño para alguien. Y a menudo nos encontramos ante conflictos de derechos que son verdaderos casos difíciles, en los que la solución, la prioridad de este o aquel derecho, no es para nada evidente. Sobre todo si, para poner un ejemplo, no tenemos claro que el primero de los derechos no es la vida, entendida como obligación, sino la libertad. Y si tenemos en cuenta también que, incluso en la declaración universal, hay matices culturales (entre otros, de la cultura patriarcal) que deben ser objeto de deliberación y revisión. No: la enseñanza de los derechos humanos no debe ser una especie de catecismo laico en el que los dogmas de esta o aquella iglesia son sustituidos por los dogmas de 1948. No es así porque, como siempre que entra en juego la razón práctica, tal y como enseñó Kant, esta no nos ofrece un contenido de verdad necesaria e intemporal, sino de razonabilidad, para decidir, juzgar, justificar nuestras acciones. Y la razonabilidad apela a la aceptabilidad de argumentos, es decir, al protagonismo del público en una discusión abierta a toda crítica.

Consiste en aprender a luchar por los derechos, que son nuestros, de todos: los señores de los derechos no son esta o aquella institución, este o aquel sabio (académicos, legisladores, jueces). Es de los seres humanos, organizados como ciudadanos, de donde nace la necesidad de ensanchar esa condición para que sea lo más plural e inclusiva posible.

Se trata, en fin, de aprender que las instituciones jurídicas y políticas (comenzando por leyes y tribunales) adquieren sentido si sirven a ese objetivo, la mejor garantía de la igual libertad de todos. Entender así los derechos no como barreras para el espléndido aislamiento de unos cuantos privilegiados (tal y como con toda justicia denunciara Marx en la Sobre la cuestión judía), sino como puentes que nos ayuden a convivir y construir una sociedad cada vez más decente, sin exclusiones.

Una política a la altura del desafío migratorio, no a ras de instintos primarios, Infolibre, 2 de agosto de 2018

La irrupción de un nuevo discurso sobre las migraciones, protagonizado por el recién electo presidente del PP, el señor Casado es, en realidad, la enésima repetición de lo que parece una tentación irresistible para una parte de la clase política, más allá incluso de supuestas ideologías: utilizar los movimientos migratorios como amenaza, un recurso seguro para obtener réditos políticos a corto plazo, el que llega hasta las siguientes elecciones, el único tiempo político que parecen conocer. Si quieres ganar votos, utiliza la inmigración como problema, como amenaza prioritaria. Y a eso lo llaman “modelo de política migratoria”, cuando en realidad consiste en conseguir más votos manipulando la realidad de las migraciones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es evidente que ha conseguido un primer objetivo, casi sin bajarse del autobús: el anuncio de que hay que tener la valentía de hacer frente a ese necesariodebate migratorio, es, en realidad, una manera de hurtar una vez más el verdadero debate, el de las condiciones de una política migratoria que sea global e integral, que vaya a las complejas causas y a las no menos complejas respuestas que nos plantean los movimientos migratorios. Una movilidad que, en gran medida, es movilidad forzada, aunque choque con el dogma liberal de movimientos de trabajadores que eligen mejor destino. Porque no sólo son desplazamientos forzados los de quienes denominamos refugiados; también son, en realidad, forzados buena parte de esos movimientos de población que llamamos “laborales”, por mal nombre “migraciones económicas”, ya que nacen de un estado de necesidad y de la creencia en la promesa (tantas veces propaganda) de que hay un El Dorado más allá.

 

En lugar de ese debate, sin duda complejo, el éxito de la provocación del Sr. Casado consiste en hacernos discutir de nuevo en torno a un fantasma, que hoy, sí, recorre Europa. Un fantasma que toma cuerpo gracias al instinto primario del miedo, a la apelación a la defensa frente a la invasión migratoria que está ahí, ante nuestras puertas, justo ahora cuando nos contaban que quienes han cargado con los sacrificios de la austeridad iban a poderse recuperar. Pero no: no podemos atender a reducir la desigualdad como primer objetivo, porque hay un imperativo mayor: defendernos, defenderles a Vds., los sacrificados, de la amenaza que representa esa avalanchamigratoria.

 

Un debate tramposo

Es difícil negar que el nuevo líder del PP ha situado el debate donde quiere, como lo muestra que el Sr. Rivera y Cs corran a tomar posiciones en la misma trinchera (la foto ante las vallas, al lado de la Guardia Civil), para no perder su parte en el botín, con la anuencia de Vox y demás compañeros de extrema derecha, jubilosos de verles venir a sus posiciones. Hasta el Gobierno ha tenido que enviar al director general de la Guardia Civil para mostrar su cuota de firmeza. Y lo consigue, digámoslo enseguida, porque buena parte de los interlocutores del debate público, comenzando por comunicadores y periodistas estrella o aspirantes al scoop y la fama, acceden gustosos a un enfoque que exige poco esfuerzo y proporciona mucha audiencia, el del debate circense. Porque, querido lector, esto es lo de siempre, la receta de pan y circo. Circo, sí. Un juego de titulares aptos para el fácil consumo, de mensajes que mantengan la atención del lector/espectador y por ello han de ser breves, simples e impactantes. Nada de dudas o frases subordinadas, que eso duerme a la audiencia. “Deme un titular”, exige el comunicador.

Un debate tramposo, porque, como decía, se centra en un fantasma, construido sobre una suma de mentiras, prejuicios y falacias que explotan el viejo y eficaz recurso, el del miedo. Se trata de enarbolar la amenaza migratoria, un recurso tan simplista como eficaz y, sobre todo, tan viejo como el mundo, como asegura el clásico (primus in orbe deos facit timor): quien promete orden frente al caos, frente a nuestros miedos, en buena medida imaginarios, nacidos de la ignorancia y el prejuicio, tiene las de ganar. En un escenario político en el que priman los eslóganes, los mensajes enunciados en términos simplistas, en lugar de los argumentos que presentan realidades complejas, difíciles de analizar y responder, el éxito del planteamiento maniqueo está asegurado.

Este debate tramposo es, sobre todo, un escenario de emociones, incluso contradictorias, y no un debate de ideas, de argumentos y razones. Es tramposo porque arranca y explota el leitmotiv del miedo y lo adereza con ingredientes de compasión, de “humanitarismo”. Nadie quiere renunciar a exhibir buena conciencia (ya se lo dijo Giscard a Mitterrand: “Vd. no tiene el monopolio del corazón” ). Eso sí, siempre que no se traduzca en cambios serios en los presupuestos y se pueda mantener a base de la apelación al voluntariado y a la generosidad de la sociedad civil, que a su vez, calma esa malheur ante la desgracia ajena mediante los correspondientes maratones benéficos, la limosna.

Un debate tramposo, salpicado de la apariencia de racionalidad de unas estadísticas manejadas sin el menor rigor, en aras de ese objetivo del miedo frente al que nos van a proteger: atención, que nos enfrentamos a la catástrofe inminente, provocada por la irresponsabilidad buenista de unos incompetentes que no se atreven a dar malas noticias y todo lo edulcoran. Pero aquí estamos nosotros, sin complejos, valientes, para decirles la verdad y aplicar la cirugía, aunque duela (sobre todo a los demás).

Sin complejos: vamos a contar mentiras y meter miedo

En este debate tramposo impera una primera falacia, o, mejor dicho, un dogma realista que esconde la primera mentiraNo es otra que la vieja cantinela que trata de hacernos tragar que la desigualdad es ley de vida. Que siempre habrá clases, siempre habrá pobres, sobre todo si no trabajan para nosotros y se someten a nuestras condiciones. “Digamos la verdad”, nos reconvienen. Nos gustaría que no fuera así, pero no hay recursos para todos. Desde luego, no para asumir toda la pobreza del mundo, la de esos pobres de fuera.

Por supuesto, ese dogma realista, esa verdad, se asienta en nuestra superior racionalidad, la racionalidad del mercado, claro. Es decir, es verdad lo que conviene a nuestros negocios, a ese cálculo racional de la maximalización de nuestro beneficio. Una buena muestra de ello es eso que seguimos llamando cooperación y que, como tantas veces hemos visto, es la primera mentira al uso, recurrentemente invocada a propósito de “políticas migratorias”. En buena medida eso que llamamos ayuda, cooperación, es –business as usual– explotación unilateral de los recursos de los países objeto de esa ayuda y cooperación, con la connivencia de élites que juegan así al viejo juego de la corrupción, a espaldas de sus poblaciones.

Una pequeña muestra de esa falacia de la cooperación es el negocio de venta de armamento excedente o caducado, o a punto de caducar. Y encima, el precio de esaayuda es otra verdad a medias, por no decir otra falacia: negar un derecho elemental a sus ciudadanos y a ciudadanos de países terceros. En eso consiste la tarea que le encargamos a cambio de la ayuda, cumplir funciones de policía para coartar el derecho a la libertad de circulación, para ordenar unilateralmente el tráfico migratorio según el dictado de nuestro beneficio y de esa metáfora hidráulica según la cual la inmigración ordenada consiste en que sólo lleguen los que necesitamos y en que se vayan (en echar, aunque lo llamemos “retorno”) los excedentes. Por eso no me parece demagógica la conclusión de Bauman: hemos desarrollado la “industria del desecho humano”.

El catálogo de medias verdades, falacias y mentira se completa con una clásica, la más vieja expresión del discurso simplista, maniqueo: la construcción del enemigo. Ese discurso tramposo pone a nuestro alcance una tentación irresistible. Sabemos quiénes son los malos en todo esto, esas mafias, esas organizaciones criminales que tratan de invadirnos, explotando a masas de pobres desgraciados, desesperados, que en realidad no son malos, sino gente que no sabe que no deben venir. Por eso, la prioridad de la política migratoria debe ser combatir esas mafias, eliminarlas y blindar nuestras fronteras para acabar con su negocio, aunque ese blindaje consista, paradójicamente, en devolver la “mercancía”, los excedentes, o directamente los rescatados de la muerte, a las mismas mafias o a sus cómplices, como vemos que sucede en aguas de Libia.

Es sencillo ser riguroso

En estos días, afortunadamente, no ha faltado la respuesta a ese aluvión de medias verdades, falacias y mentiras. Frente a las ” tesis”de Casado sobre el desbordamiento de nuestra capacidad de acogida, se han acumulado las pruebas de que esos “argumentos” son una suma de inexactitudes, cuando no de falsedades, vean lo que señaló infoLibre sobre las mentiras de Casado a propósito de la crisis de los cayucos o los contundentes desmentidos de los pretendidos “datos” exhibidos con singular desenvoltura sobre la presión migratoria. Por no hablar sobre las falacias acerca del negativo impacto económico de la presencia de los inmigrantes. Los gráficos siguientes, extraídos de los informes de Acnur, CEAR, y del INE, ilustran las medias verdades y falacias sobre la supuesta presión migratoria, en particular desde África, o sobre la “avalancha” de refugiados y sobre las verdaderas crisis, aquellas que no nos afectan directamente a europeos ni en particular a los españoles.
 

 

Hay elementos para otra política migratoria

Lo primero que necesita una política migratoria a la altura de los complejos desafíos (que son riesgos, sí, pero también oportunidades), es un cambio en la narrativa, por decirlo en términos hoy frecuentemente invocados. Una política que pase, como se ha escrito, “de la obsesión por los riesgos a aprovechar las oportunidades que ofrecen los movimientos migratorios”.

Se trata, como explicaba muy bien hace unas semanas Gemma Pinyol, de “un cambio de paradigma que supere la mirada securitizada de las migraciones y plantee las mismas como un fenómeno transversal y complejo, que no por ello problemático. Hablamos de un fenómeno que requiere de una mayor corresponsabilidad entre territorios de origen, tránsito y destino, y de una mejor gobernanza multinivel”.

Ese cambio, a mi juicio, se está produciendo ya, tal y como lo ejemplifican algunos de los pasos que considero positivos, encaminados a lo que es la condición básica de la política migratoria en serio: una gobernanza global de las migraciones, que trata de gestionar la movilidad migratoria en beneficio de todas las partes implicadas. Un pacto que desarrolla el objetivo 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 y que se ajusta a cuatro principios, tal y como ha explicado el documento de la OIM sobre el mismo: 1) la protección de los derechos de los migrantes; 2) la facilitación de la migración segura, ordenada y regular; 3) la reducción de la incidencia y las repercusiones de la migración forzosa e irregular; y 4) la gestión de las consecuencias inherentes a la movilidad en contextos de desastres naturales y provocados por el hombre. Un pacto global que no excluye acciones regionales (como las que están al alcance de la UE, sin ir más lejos, si hubiera voluntad política real, aunque ese es otro tema), y que sume el máximo de adhesión, aunque ya los EEUU de Trump y la Hungría de Orban se han autoexcluido del mismo.

Ese pacto global se basa en la Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2016, conocida como Declaración de Nueva York para refugiados e inmigrantes, que puso en marcha el proceso para obtener dos acuerdos globales, el Pacto Global sobre Refugiados y el Pacto Global para migraciones seguras, ordenadas y legales cuyo documento de acuerdo se aprobó el pasado 11 de julio de 2018 y que establece 23 objetivos orientados a asegurar ese modelo de las migraciones como oportunidad.

Un modelo que, en lo que se refiere a la gestión que afronta la UE y España acerca de las migraciones que provienen del continente africano, cuenta con algunos sólidos puntos de partida, como el informe de la Unctad, Economic Development in Africa. Report 2018. Migration for Structural Transformation. Ese informe ha servido de base para un documento elaborado a su vez en el seno de la Subdirección General de Asuntos Migratorios del MAEC, titulado Las migraciones en África y que dio a conocer su titular, el ministro Borrell, el pasado 24 de julio. El documento se puede consultar aquí.

Esa reorientación es más necesaria, si cabe, ante la evidencia de un nuevo reto, el de la movilidad forzada ligada al cambio climático que protagonizará los más importantes desafíos que afrontaremos en los próximos 25 años. Los desastres climáticos obligaron a migrar a un promedio de 26.4 millones de personas por año entre 2008 y 2015, según las Naciones Unidas. El Banco Mundial ha advertido que más de 140 millones de personas en África, Asia meridional y América Latina podrían verse obligadas a dejar sus lugares de residencia debido al cambio climático, a menos que todos los países tomen las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero necesarias. El Global Compact acordado el pasado 11 de julio concreta esa prioridad en su Objetivo Número 3, que hace un llamado a los países miembros firmantes para “minimizar los factores adversos y los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”. También se pide coordinar a nivel regional y subregional en cada continente para garantizar que se satisfacen las necesidades y los derechos de los migrantes climáticos y que además se desarrollan estrategias para responder a los desafíos planteados por los movimientos migratorios climáticos.

Estas propuestas que nacen del Ministerio de Exteriores del nuevo Gobierno pueden suponer, a mi juicio, un notable y considerable giro positivo en la orientación de la política migratoria hacia una perspectiva no sólo europea, sino global.Esta es la condición, insisto, de toda política migratoria que se tome en serio, en contraste con las posiciones hasta ahora conocidas del Ministerio del Interior y de la propia Secretaría de Estado de Migraciones, que no parecen tener en cuenta suficientemente –hasta ahora– esa condición de globalidad. Una condición que, por cierto, a mi juicio aconsejaría una reorientación en el modelo organizativo de gestión de la política migratoria, en torno probablemente a una suerte de Delegación interministerial. Dicha delegación debería permitir conectar –por arriba con la acción regional que corresponde a la UE, que actuara de modo conjunto –transversal– respecto a las competencias de los diferentes Ministerios –Exteriores, Interior, Trabajo, Educación, Sanidad, al menos–, y que se coordinara –por abajo– con las competencias de Ayuntamientos y CCAA. Por ejemplo, desarrollando el extinto Fondo de Ayuda para la Acogida, Educación e Integración de los Migrantes, y el también extinto Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, PECI. Pero eso es tema para otro día.

entrevista en diari Jornada, nº 43 julio 2018 https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180707/encara-estem-molt-lluny-daconseguir-justicia-siga-igual-tothom

Entrevista de Pilar Almenar…

 

 

Javier de Lucas (Múrcia, 1952) és catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat de València i és fundador i director de l’Institut dels Drets Humans de la UV. Expresident de CEAR i membre de la Unesco, del consell de ‘Le Monde Diplomatique’ i del consell d’ATTAC, fa més de vint anys que estudia les polítiques d’immigració i els problemes de la democràcia amb la globalització

El 2018 se celebra el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i encara ens estem barallant perquè es complisquen els drets humans. Podem fer un balanç de com està la situació set dècades després? 
Hi ha un catastrofisme i escepticisme general respecte a l’Organització de les Nacions Unides i és comprensible veient les violacions terribles, sistemàtiques i continuades dels drets humans. No es pot estar mai satisfet respecte als drets humans, perquè per definició el seu compliment és una tasca inacabada i inacabable, però seria absurd no reconéixer avanços. Un exemple és la lluita contra tota forma de discriminació sobre la dona, la primera convenció important que van fer les Nacions Unides. La tasca del moviment feminista és precisament subratllar el que queda per fer, esclar, però, tot i reconéixer que queda moltíssim per fer, és indiscutible l’avanç que s’ha produït en els darrers 70 anys, sobretot en la presa de consciència que els drets tenien sexe i era masculí. Un altre terreny en el qual queda molta feina per fer és en els drets dels xiquets; fins fa 30 anys, els xiquets no eren subjectes de dret sinó possessió de sos pares, i era impensable parlar de l’interés dels menors o de la possibilitat que un xiquet exercira els seus drets independentment dels pares o fins i tot davant d’ells. Un altre terreny on s’ha avançat és en la lluita contra el racisme i la xenofòbia. S’ha atacat una tara que tenia la Declaració Universal dels Drets Humans: aquells drets estaven fets per als homes i la cultura occidentals. La tasca de l’ONU a favor del reconeixement de la diversitat cultural, en la qual ha estat clau la Unesco, és un fet positiu. Per tant, cal posar-se en context, situar-se al 1948 i veure el camí recorregut, que ha estat bo. 

M’agradaria entrar també en el tema de l’Aquarius i de les migracions. Quin és repte que té ara Pedro Sánchez en el context en el qual estem després d’haver acceptat l’Aquarius? 
Sánchez té un repte inabordable. Pensar que la migració, la fam o el medi ambient els podem gestionar des d’un estat nacional o amb relacions bilaterals és completament ridícul. Salvar aquestes 630 vides humanes ha posat sobre la taula d’Europa que hi ha responsabilitats compartides, però la migració abasta totes les dimensions socials i no es pot resoldre sols en termes de quotes de llocs de treball. El Mediterrani és la falla demogràfica més important del món. S’inverteix la relació entre riquesa i demografia: al nord tenim taxes demogràfiques de subsistència, mentre que al sud la gran majoria de gent és menor de 40 anys i viu amb un PIB 10 o 15 vegades menor que el nostre. No hi ha cap efecte crida. Per a aquestes persones, migrar no és un acte de llibertat, sinó de necessitat, i Europa no vol reconéixer el primer dret que tenen els immigrants: el dret de no ser-ho. 
És mentida que tots intenten arribar a Europa. La migració més important amb diferència és sud-sud, entre els països més propers. Uganda ha rebut enguany un milió de desplaçats. «A Europa en vindran sis milions!», deien. On són? Per aquest ordre: dos milions en Turquia, 1,8 milions en el Líban, 800.000 en Jordània… En el Líban, 1 de cada 3,5 habitants és un refugiat; l’equivalent d’això seria que Espanya tinguera deu milions de refugiats. Rajoy ha deixat com a regal 40.000 peticions d’asil sense resoldre i no hem arribat ni a la desena part dels 17.000 que havíem de reubicar. 

«Deixem de clavar-nos amb Trump, que ací estem fent coses tan dolentes o més»

 

La perspectiva ha de ser d’intervenció sobre les causes; si hi actuem, molta gent que no té més expectativa que fugir es quedarà. Encara hi haurà gent que vindrà, però serà una immigració ordenada, regular i segura; a més, aquestes persones tindran estímuls per tornar. I per això haurem d’establir acords que no siguen només policials, que és l’únic que fem. I per lluitar contra les màfies el que s’ha de fer és establir vies legals per vindre i assegurar que en Europa no hi haja empreses que facen negoci explotant persones i tractant-les com a esclaves.

Cal dir que Sánchez no té ajuda. França diu que sí amb la boca xicoteta. Per la seua banda, Merkel està assetjada per la situació política pròpia. I pel que fa a Àustria, que ara prendrà la presidència de la Unió Europea, el primer document que ha emés el país és un informe que relaciona immigració amb terrorisme. El Banc Mundial, que no és una ONG, diu que si Espanya no recluta cinc milions d’immigrants en els pròxims cinc anys no podrem sostenir ni el sistema de pensions actual. Però la immigració és molt rendible en el clàssic discurs polític de la por i és contra això que s’ha de lluitar. Però n’hi haurà prou amb això per a compensar l’eix conservador de l’est d’Europa, més Àustria, més ara Itàlia, més Bèlgica —amb el secretari d’estat d’Immigració que és xenòfob—, més Dinamarca, amb la coalició liberal amb un partit d’ultradreta? Soc molt pessimista. 

I, per arrodonir-ho, ara sabem que els Estats Units no només claven xiquets en gàbies, sinó que han eixit del Consell de Drets Humans de l’ONU i han eixit de la Unesco. La realitat no té gaire bona pinta. 

Deixem de clavar-nos amb Trump, que ací estem fent coses tan dolentes o més. Ell està clavant xiquets en gàbies separats dels pares, cosa que és una abominació, però nosaltres vam perdre la pista l’any passat a 10.000 xiquets que van arribar sols a Europa i ningú no sap on són. Què s’està fent per buscar-los? On són? 

I parlant de gàbies, nosaltres també tenim el sistema dels CIE. 
Els CIE són una realitat insuportable. Afortunadament s’ha tancat el de Fuerteventura, però si algú pensa que es tancaran, amb la política europea actual, està molt equivocat. Però hi ha un factor d’optimisme molt important: la societat civil i les institucions polítiques de l’escala més propera als ciutadans han fet un gir molt important en sensibilitat i en enfocament. Hi ha un esperit d’acollida, de generositat i d’invertir temps en immigrants i refugiats, que és més difícil que només donar diners. Acollir els refugiats és un deure legal, no és una qüestió de ser bona gent. La pressió de la societat civil em permet ser optimista enmig d’un clima on tens ganes de dir «Que pare el món, que baixe». Soc optimista en la força amb la qual açò pot espentar el sistema cap a unes altres formes de democràcia més participatives, a escala local, on estiguen a prop dels ciutadans, no com al Congrés, ni a Brussel·les. 

Parlant d’un altre tema: la Manada. En les darreres setmanes ha estat molt crític amb la manera en què la societat i el moviment feminista han criticat la llibertat condicional dels agressors. 
És una posició poc popular, però crec que hi ha parets davant les quals t’has de fer fort i no cedir, una de les quals és l’estat de dret. El poder judicial funciona de forma deficient, però té uns recursos ridículs comparats amb la gent que actua criminalment, que treballa amb enginyeries financeres de grans bufets. I d’això no se’n recorda ningú, esclar. Per descomptat, s’ha de criticar el poder judicial tantes vegades com ens semble necessari, però el que ha dit una part del moviment feminista des de la indignació és diferent. És possible que els homes no arribem a comprendre la desprotecció que senten i pateixen les dones, però dir que la judicatura en general està en contra de les dones és un destrellat. «Les sentències han estat adoptades per deixar en impunitat aquests salvatges»: això és una altra barbaritat. Pot ser que la percepció del bé jurídic i de la gravetat de la violació del bé jurídic no siga la mateixa que la que tenen les dones, val, ho discutim, però no estic d’acord a unificar en un sol tipus totes les agressions sexuals perquè va contra el garantisme jurídic. Tampoc no estic d’acord a eliminar la prescripció del delicte; es pot ser més exigent i allargar fins al màxim el termini per a arribar a la prescripció en delictes especialment greus, com delictes contra els xiquets, però no es pot defendre que, com diu la Constitució, tenim un sistema que pretén que el delinqüent es recuperi i al mateix temps dir que no volem la prescripció, perquè és incompatible. 

«No s’ha de confondre la contundència de la justícia amb la venjança»

 

Si l’argument «Germana, jo et crec» és veritat, per què volem fer processos? No els clavem ni en presó, com que és gent irrecuperable, se’ls elimina i ja està… Mire, no. La presumpció d’innocència s’ha de prendre més seriosament com més fot. El jutge es pot equivocar, però la sentència és revisable fins a tres vegades. Des del punt de vista del garantisme, que parla de reduir al màxim la presó preventiva, és discutible que diguem que aquests homes no han d’eixir de la presó preventiva. I no és falta de fermesa: vull tota la contundència de la llei des del dret, però no vull la venjança. I açò no vol dir que als agressors se’ls haja d’entrevistar en televisió: és preocupant que hi haja programes que vulguen tindre aquestes persones allí. 

Tenim la percepció social que hi ha una certa impunitat selectiva. És a dir, que depén de qui sigues la justícia et tractarà de manera diferent. Vosté què n’opina, d’això? 
Doncs que desgraciadament és així: crec que està molt lluny encara que la justícia i la llei siguen iguals per a tothom. I la frase del rei, «La justícia és igual per a tothom», és mentida. La manera en què s’ha tractat Urdangarin no té res a veure amb qui ha furtat dues gallines. No és per reivindicar el marxisme, però és cert que Marx ja denunciava precisament això: que la justícia no és igual per al pobre que per al ric, que els codis penals i els codis civils estan fets contra els pobres i que es castiguen durament delictes insignificants però es deixen sense castigar els de coll blanc, dels quals la gent s’escapa. Encara hi ha lleis que són privilegis de classe, i no cal més que pensar en els règims laborals de dones com les kellys. Però sent així, el que hem de fer és lluitar perquè no hi haja més situacions Urdangarins, infantes, o banquers que s’escapen i estan voltant frescos com una rosa després d’haver estafat milions d’euros. Però cal dir que hem avançat des que la llei era només «la voluntat del Senyor». No m’agrada dir «Tinga paciència» perquè no és veritat. El lema d’aquest institut és La lluita pels drets. A ningú no li regalen els drets, i moltes vegades han costat milers de vides humanes. Però s’ha de lluitar pels drets dins del dret, perquè és aquesta la barrera entre civilització i barbàrie. 

Un dels aspectes que més el preocupa és el medi ambient. En els pròxims 70 anys, l’accés a un medi ambient sa acabarà sent un dret humà? 
La resposta és molt senzilla: la lluita per la defensa del medi ambient és tan important que sense ella no hi haurà persones que demanen drets. Així de simple. Tendim a pensar que quan una cosa és de tothom, no és de ningú i ningú no se la pren seriosament. Comencem a prendre consciència que si no cuidem l’aire, l’aigua, les muntanyes o la mar, que aparentment són gratis, no només els perdem, sinó que ens perdem a nosaltres mateixos. I jo crec molt en la ciència perquè és l’única que dona bones notícies darrerament [riu]. A més, em preocupa molt el dret dels animals no humans; sense ser afí al moviment de la deep ecology ni tindre una visió vegana radical, estic convençut que s’ha de protegir la vida en majúscules. I en això done la raó als pessimistes: som la pitjor espècie que ha conegut el planeta, perquè ningú no respecta menys la vida que nosaltres. I si no protegim el medi ambient, es justificaria que ens extingirem. Té raó qui diu que la batalla fonamental dels drets en el futur serà la protecció de la vida perquè cap altra batalla pels drets tindrà sentit sense la mateixa vida. I a més, probablement respectarem la igualtat entre homes i dones, les llibertats de la resta i entendrem que ser ric a costa de la merda de vida de centenars de milers de persones és una merda. La lluita per la vida és una lluita primordial, perquè sense ella no hi haurà drets pels quals lluitar. No hi haurà res.

 

La République, nuestra segunda patria (Infolibre, 14 de julio de 2018)

Es 14 de julio. La fiesta nacional de Francia que, más incluso que una fiesta nacional, es la de ese ideal que muchos llevamos en el corazón, el de una República bajo el lema libertad, igualdad, fraternidad.

Contra el lugar común, la fiesta nacional de Francia no conmemora tanto la toma de La Bastille, cuanto la “Fiesta de la Federación”, celebrada en presencia del rey, el 14 de julio de 1790, con un protagonismo especial del marqués de Lafayette, ya entonces comandante de la recién constituida Guardia Nacional de Paris. Fue a propuesta de Lafayette como la Asamblea Nacional acordó que en el aniversario de la toma de la Bastilla se celebrase la unión de una “nación federada”, una fiesta de reconciliación y afirmación de todos los franceses. Sólo más tarde, en 1880, y precisamente para rememorar anualmente esa fiesta de ”federación nacional”, fue cuando la Asamblea, en este caso a propuesta del diputado Benjamin Raspail, escogió ese día como fiesta nacional de Francia.

Decía que es una fiesta en cierto modo universal, con vocación de convocar a todos los seres humanos, como a todos los seres humanos convocaba, vocacionalmente, la declaración de derechos del 89. Y por eso, con ocasión de esta fiesta del 14 de julio se suele recordar la cita atribuida a Jefferson, “todo hombre tiene dos patrias: la suya y Francia”, afirmación que, según se asegura, habría pronunciado tras la batalla de Yorktown, en homenaje a la ayuda francesa a la revolución americana. Es cierto que Jefferson es conocido como el más francés de todos los presidentes americanos y que quedó profundamente marcado por su estancia como Embajador en Paris, donde cultivó entre otras, la amistad con Condorcet y su mujer. Una amistad que no privó al matrimonio, en especial a Madame de Condorcet, activísima militante contra la esclavitud, de reprocharle al gran patriota norteamericano que fuera dueño de más esclavos que los que le legó su padre en la posesión familiar de Monticello. Incluida, por cierto, su concubina, a la que llevó a Paris y que dio a Jefferson descendientes que llegan hasta hoy y que –justicia poética- son afroamericanos. Sin embargo, no hay testimonio fidedigno de que esa frase fuera suya, más allá de la paráfrasis de un testimonio que se encuentra en su autobiografía, donde escribió: “So ask the travelled inhabitant of any nation, In what country on earth would you rather live?—Certainly in my own, where are all my friends, my relations, and the earliest & sweetest affections and recollections of my life. Which would be your second choice? France”. Hasta donde podemos saber, la afirmación literal se encuentra en una obra del dramaturgo Henri de Bornier, La Fille de Roland (Drame en quatre acts en vers)(1875), en la que Carlomagno afirma: “Tout homme a deux pays, le sien et puis la France.”

Creo que en este 14 de julio de 2018 hay más motivos que nunca para reivindicar nuestra afección a la République, en un contexto de desánimo por las perspectivas del proyecto europeo, sacudido por la embestida xenófoba y reaccionaria que recorre no sólo al Este, sino al corazón mismo de Europa (Austria, Italia y en una parte importante la propia Alemania). Sacudida, por supuesto, por la enésima embestida del peligroso Trump, a quien no debemos infravalora, por despreciables que resulten sus modos y maneras. Y conste que el mío no es un alegato a favor del supuesto proyecto europeo del presidente Macron, en el que no pongo mi esperanza, aunque lógicamente me parezca un mal menor comparado con la alternativa de los Salvini, Orban, van Francken, Kurz, o Seehofer. No. Quiero aprovechar este 14 de julio para echar un cuarto a espadas por el ideal de la République, como modelo para Europa. Porque este 14 de julio se presenta bajo el impulso de una nueva celebración de la <francitud>, del espíritu republicano de la fraternité, recuperado tras la decisión del Conseil Constitutionnel (www.afp.com/es/noticias/24/el-consejo-constitucional-frances-reconoce-el-principio-de-fraternidad-con-los-migrantes-doc-1779ym2 ), que ha negado fundamento a los delitos de solidaridad por ayuda a los inmigrantes, precisamente desde la convicción de que esa solidaridad es expresión del principio republicano de fraternité, que adquiriría así su dimensión universal, pasando de los citoyens de la Republique, a los seres humanos a los que se refiere la declaración de derechos del 89.

Es cierto también que ene ste 14 de julio de 2018 puede colarse de rondón un paradójico <chauvinismo cosmopolita>, como el que estalló en 1990 frente a Le Pen cuando la selección nacional de fútbol de Francia ganó su copa del mundo con un equipo <multirracial> que aún se decía entonces, un equipo black, blanc, beur (BBB) que desmentía la Francia de los Dupont y los galos, sustituyéndola por la Francia de todas las procedencias, de los italianos, españoles y polacos a los antillanos, y de diveross países africanos…Hoy mismo, L.Joffrin lo celebraba así en su lettre politique, en Libération, bajo el título <L’Equipe du 14 juillet> (http://www.liberation.fr/politiques/2018/07/13/l-equipe-du-14-juillet_1666311), contraponiéndola un tanto tramposamente a Croacia, aunque celebrando al fin que la vieja tradición ustachi haya dado paso a la vocación abierta –europea- de la nueva Croacia, que ya no es la de Franjo Tudjman, sino la de su presidenta, la europeísta y demócrata Kolinda Grabar-Kitarovic. Dos equipos que han llegado por sus propios méritos a la final de la copa del mundo de fútbol. Dos países que se quieren europeos, defensores de la sociedad abierta, la del ideal de iguales derechos para todos los seres humanos, una Europa que no necesita de muros ni, desde luego, de muertes, para construir un espacio de libertad, justicia y seguridad.

POLITICAS MIGRATORIAS, SIN SIMPLISMOS NI FALACIAS (CTxT, nº 173, junio 2018)

Sobre los requisitos de una política migratoria de mínimos

El caso “Aquarius” ha tenido la virtud de sacar a la luz no pocas de las contradicciones en el supuesto modelo europeo de políticas migratorias y de asilo y, además, visibiliza las nefastas consecuencias de lo que un experto indiscutido como Sami Naïr ha denominado proceso de “renacionalización” en el que están embarcados desde 2015 buena parte de los Gobiernos europeos, que hace inviable lo imprescindible: un mínimo de política común  en los tres pilares de toda política migratoria: 

  1. El internacional: relaciones entre las sociedades –que no solo el aparato institucional, los Gobiernos– de origen y tránsito y las de destino, con especial atención al papel de los protagonistas, los propios inmigrantes, que son el vector de relación. Invertir en democracia, desarrollo y derechos humanos debe ser el nexo, para superar el viejo cliché de la ayuda o cooperación al desarrollo, entendida en términos groseramente economicistas y que en buena medida dan lugar a dos efectos perversos: el incremento de la corrupción de las élites de uno y otro lado y la manipulación de la ayuda que no llega a sus destinatarios, sino que se emplea en intereses ajenos, comenzando por la expansión empresarial sin escrúpulos de respeto a derechos, a base de dumping social, y continuando, por ejemplo, por el comercio de armas. En lugar de vincular las políticas de cooperación a cláusulas de policía de fronteras, como sucede hoy en buena parte de los Convenios bilaterales (Marruecos, Mauritania o Nigeria son sólo tres ejemplos), se debería vincular a cláusulas de buenas prácticas en standard de democracia y derechos humanos. 
  2.  El control de fronteras. Por supuesto, no se trata de proponer la abolición de las fronteras y de los controles. El objetivo es ordenar los movimientos migratorios, conforme a marcos legales acordados (negociados) por las dos partes –ni dictados unilateralmente en beneficio nuestro–, para que la inmigración sea en lo posible fruto de una decisión libre y no como sucede una decisión nacida del estado de necesidad y para que las rutas migratorias no sean viajes infernales en los que se pierden miles de vidas humanas en los desiertos o en el mar y son sometidas a todo tipo de violaciones de derechos por las mafias y por las fuerzas policiales o parapoliciales que en no pocos casos sostenemos con complicidad culpable los europeos (el caso de la guardia costera libia es paradigmático). Como vengo insistiendo desde hace meses, el Draft zerode febrero de 2018 del Global Compact on Safe regular and orderly migration, puesto en marcha desde la secretaría general de la ONU, con el Alto Comisionado para Refugiados y el Alto Comisionado de derechos humanos y que debe aprobarse este año (en la discusión que ha habido hasta ahora la participación activa oficial española ha brillado por su ausencia), al igual que el Global Compact on Refugees ofrecen no pocas pistas al respecto.
  3. Los programas de acogida, acomodación y permanencia. Este tercer pilar, como es bien sabido, afecta sobre todo a las administraciones locales y –en nuestro caso– autonómicas y exige algo en lo que insiste el informe de 2017 del Defensor del Pueblo de España en su apartado de Inmigración: la urgente necesidad de retomar la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración (creada en 2006 y suprimida en 2015) para optimizar la coordinación entre administraciones y entre estas y agentes sociales, condición sine qua non del éxito de las políticas sobre la presencia estable de inmigrantes. Ello exigiría, como señalaba el mismo informe, un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) con el que la agencia atendiera al cumplimiento de sus funciones y especialmente al refuerzo financiero de las comunidades en las que se registre una mayor presencia de personas extranjeras. O bien, como he propuesto reiteradamente, recuperar el Fondo de Acogida e integración creado por el Gobierno socialista bajo presidencia de Rodríguez Zapatero y que es capital para que las administraciones municipales (y también las autonómicas) puedan hacer frente a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes. Recuérdese que en 2011, con el propio Gobierno Zapatero, sufrió un recorte brutal y fue simplemente eliminado de un plumazo por el Gobierno Rajoy en 2012. 

Es decir, la globalidad del fenómeno migratorio que, como gusta de repetir el profesor Joan Romero, es un hecho de trascendencia geopolítica de primer orden, exige un tratamiento internacional. Es ilusorio pensar, por mucho que insistan en ello los Gobiernos europeos lanzados a la pendiente resbaladiza del populismo (que no son sólo los del grupo de Visegrad: se suman entusiastas Austria, Italia, Bélgica, Dinamarca y una parte del Gobierno alemán, con la hipócrita connivencia de Macron), ningún Estado europeo, menos aún los de la ribera norte, puede gestionarlo por sí solo, como es ilusorio pensar que hay fronteras sólo italianas, griegas o españolas, tal y como recordaba pertinentemente el ministro Borrell. 

 

10 Medidas a corto plazo.

Todo ello debería conducir a muy corto plazo, es decir, en este mismo mes,  a un conjunto de medidas entre las que podríamos destacar las siguientes:

  • Reelaborar un Plan de ciudadanía e integración para la inmigración, que contara con la experiencia –por ejemplo, de la Comisión parlamentaria para Inmigración y Ciudadanía con acreditada experiencia en Canadá- y que recuperara el papel del viejo Foro para la integración social como espacio de participación de ONGs y Asociaciones, en el que deben estar presentes los inmigrantes.
  • Recuperar ese Fondo de Acogida e integración al que me he referido ya.
  • Priorizar el interés del menor y con ello la consideración y trato a los MENAS (Menores inmigrantes no acompañados). Suspender las instrucciones de fiscalía y policía que exigen la prioridad de pruebas biométricas de establecimiento de edad, que carecen de fiabilidad científica.
  • Redefinir los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, principalmente en las ciudades de Melilla y Ceuta y revisar la existencia de los CIE, sustituyéndolos por instituciones acordes con la exigencia de la legalidad constitucional e internacional.
  • Desatascar los procesos de concesión de nacionalidad (en este momento, 400.000 expedientes.
  • Desatascar los procesos de solicitudes de asilo más de 40000 pendientes a día de hoy-  que dejó sin resolver el Gobierno Rajoy.
  • Suspender de inmediato las medidas ilegales de devolución en frontera, sin esperar a la derogación de la Ley Mordaza.
  • Derogar el RD 16/2012 que acabó con la sanidad universal y en particular redujo las prestaciones sanitarias a inmigrantes irregulares a mínimos inaceptables (sólo atención de urgencia y a mujeres embarazadas).
  • Es urgente asimismo establecer un plan coordinado y estable para la acogida en costas: desde enero de 2018 la situación en Andalucía está desbordada. En el momento de redactar estas líneas, mientras la mirada está puesta en los 629 ocupantes del Aquarius, en el Polideportivo de Tarifa a duras penas pueden acoger a las casi 800 personas a las que se ha rescatado del mar esta semana.
  • Considerar la oportunidad de un proceso de regularización que, probablemente, no involucraría a más de 80000 o quizá 100000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular (mal llamados ilegales) y los incorporaría a trabajos legales y a la Seguridad Social.

 

Evitar falacias y trampas simplistas

A mi juicio, detrás de todo ello está la necesidad de definir un modelo claro y coherente, que se aleje de la falaz alternativa entre buenismo moralista irresponsable de un lado y de otro, del crudo pragmatismo que, en aras de las dificultades políticas internas y europeas y de los riesgos del populismo y la supuesta incomprensión de la mayor parte de la población de una pedagogía de la complejidad, olvida la prioridad del cumplimiento de obligaciones jurídicas como condición sine qua non de legitimidad y aun de eficacia.

No, no es cierto que, como nos dicen en el abundante universo de simplistas politólogos armados de una lectura elemental –raquítica– de Weber (sé que hay politólogos muy cultos que hasta leen historia, filosofía política y jurídica y Derecho Constitucional), haya que optar entre la moral de responsabilidad, la del político, y la de moral de convicción, la del moralista, la de las ONGs o los académicos encerrados en sus torres de cristal y ajenos a las duras limitaciones reales.

Tampoco es cierto que exista una “tercera vía”, la del pragmatismo compasivo que, a la imagen de esa superchería del capitalismo compasivo predicado por Reagan y reeditado por Sarkozy (al que tantas veces parece acercarse su versión ilustrada actual, Macron) nos hacía regresar al paternalismo buenoide retratado por Dickens y estigmatizado por Brel en su inolvidable Les Dames patronneuses. No. Nada de la moralina narcotizante del rebaño que fustigara con acierto Nietzsche. Déjense de tratar de engrasar con retóricas llamadas a la “ética” su manifiesta voluntad de no cumplir con obligaciones jurídicas internas e internacionales. Salgamos del paternalismo bienpensante que entiende a los refugiados como pobres desgraciados a los que premiar con unas migajas de caridad y se empeña en utilizar a los inmigrantes como piezas de la próspera industria del desecho humano, en la durísima pero certera fórmula de Bauman. Salgamos de una vez de esa contradicción que supone vivir obsesionados por el cumplimiento del dogma de las décimas en el déficit, mientras violamos a gusto, día sí y otro también, deberes jurídicos elementales consagrados en Convenios y en leyes propias de nuestro ordenamiento, del Convenio de Derecho del mar de Montego Bay o el Convenio SOLAS a la Convención de los derechos del niño, o la ley orgánica de protección del menor.

Cumplir con los primeros deberes jurídicos, que nos obligan al respeto y garantía de derechos humanos, no es una opción. Es lo que nos permite sentirnos parte de una civilización o engrosar las filas de la barbarie que no queremos reconocer en el espejo.

EL EN VALENCIA. ¿DE LA EMOCIÓN A LA POLITICA, PASANDO POR LA ESPERANZA? (El País, Valencia, 18 de junio de 2018)

No es por chauvinismo si digo que ningún otro ciudadano europeo ha podido vivir la experiencia del buque Aquarius como los ciudadanos de la Comunidad valenciana. Es difícil que otros hayan experimentado el cúmulo de emociones que hemos vivido los valencianos durante esta semana, para culminar en el domingo, cuando de madrugada arribaba a nuestro puerto la primera de las tres naves de la flotilla, el Dattilus. En ese momento se ha hecho cierto que Valencia dejaba de ser conocida como sinónimo de corrupción rampante, para aparecer en los principales diarios y medios de comunicación de medio mundo como sinónimo de solidaridad efectiva. Menudo cambio!

Nadie que haya seguido de cerca el asunto puede negar que la iniciativa de cumplir con un deber jurídico elemental, el de conducir a un puerto seguro                                                                                                  a 620 náufragos rescatados de la muerte, nace de aquí: del Ayuntamiento de Valencia (Barcelona también se ofreció) y de la firme decisión del Govern del Botànic de asumir ese deber que, además, es una exigencia básica del principio de solidaridad y del respeto a la vida. Desde el primer momento, al menos hasta donde conozco el proceso que se vivió, el President Puig y la Vicepresidenta Oltra dejaron claro que mantenían el mismo empeño que les llevó a intentar en su día el rescate de refugiados en islas griegas, un ambicioso proyecto para el que la Vicepresidenta dispuso un completo operativo que fue frustrado por el Consejo interadministrativo que coordinaba la Señora Sáenz de Santamaría, la “señora no”. El empecinamiento del Gobierno Rajoy consiguió que España no cumpliera ni el 10% del compromiso de reubicación de refugiados que se había comprometido a aceptar (poco más de 17000), incumplimiento que produjo no poca vergüenza entre los ciudadanos.

Las gestiones del Govern del Botànic fueron bien acogidas por el gobierno Sánchez, que vió en ello una excelente oportunidad de enviar a Europa y al mundo un mensaje positivo de presentación del propio Gobierno y de nuestro país, en un momento de repliegue xenófobo de buena parte de las coaliciones de Gobierno en Europa en las que están presentes partidos de derecha y aun de extrema derecha (de Finlandia a Dinamarca, Bélgica, Austria o Italia, y ahora la difícil perspectiva interna de los demócratas cristiano alemanes, además de los países del grupo de Visegrad). Eso sí, con la advertencia de que se trataba de una medida excepcional, humanitaria, que no suponía un cambio en modelo de política migratoria y de asilo y en la aplicación tout court de la legislación de extranjería.

Con la ayuda de abogados en extranjería, profesores y expertos de ONGs dedicadas a la inmigración y asilo, el Govern del Botànic insistió en conceder a los naúfragos del Aquarius el mayor standard de protección posible (obviamente, no se podía reconocer a todos indiscriminadamente el derecho de asilo) y así corregir la evidente contradicción en la que incurrían algunos altos representantes ministeriales que admitían públicamente que una parte de los rescatados a los que el Gobierno de España invitaba a venir a Valencia, serían expulsados y transferidos a CIE. El Govern preparó un dispositivo que aprovechó la inmensa respuesta de solidaridad de agentes de la sociedad civil y simples ciudadanos y en una decisión que le honra, renunció a obtener rédito político inmediato mediante recepciones oficiales a los pasajeros del Aquarius, al transferir todo el protagonismo a los afectados y a los servicios multidimensionales de atención y acogida (traductores, personal sanitario, asistencia jurídica y psicosocial, étc).

Al mismo tiempo, vivíamos como una contradicción las noticias de la llegada a las costas de Tarifa y Cádiz de un millar de personas, en poco más de 24 horas, la mayoría de ellas rescatadas del mar, y la perdida de 40 vidas humanas en el Cabo de Gata: los puertos, los polideportivos, las comisarías, aparecen desbordadas, en un clima de cierta frustración que contrastaba con nuestro entusiasmo y aun orgullo.

Ahora es el momento de pasar de la emoción del rescate, a la adopción de medidas concretas que conviertan de verdad las políticas migratorias en un factor positivo para todas las partes implicadas. Es el momento de impulsar otro modelo de gestión de los desafíos y oportunidades que encierran las migraciones, cuando el FMI nos acaba de recordar, por ejemplo, que España necesita no menos de 5 millones de inmigrantes si quiere mantener su Estado de bienestar. Políticas de esperanza, mensajes que superen esa concepción de necropolítica que son ahora las medidas de los Gobiernos europeos. Dispositivos realmente europeos (ningún Estado puede gestionar por sí solo las migraciones), que inviertan en democracia, derechos humanos y desarrollo en los países de origen, que organicen un sistema coherente y suficiente de acogida en costas, que no abandonen a su suerte ni a los Ayuntamientos y comunidades a los que arriban inmigrantes y refugiados, ni tampoco a los países a los que la geografía nos ha situado en la condición de primer destino de esta movilidad. Pasemos del impulso espontáneo de compasión a la organización racional de deberes y derechos.

EL RESPETO AL DERECHO, LINEA ROJA ENTRE CIVILIZACIÓN Y BARBARIE (A propósito del caso “Aquarius”), Infolibre, 12 de junio de 2018

La trampa del paternalismo asistencialista, del “humanitarismo”

El Gobierno italiano, a impulsos del xenófobo ministro Salvini decidió ayer cerrar los puertos para impedir que atraque el buque Aquarius (fletado por MSF y SOS Mediterranée) con 620 naúfragos, que no son sólo inmigrantes, pues habrá quienes puedan y deban solicitar asilo. De ellos, más de cien menores.

Unos y otros, como tales naúfragos, están protegidos por los principios básicos del Derecho internacional del Mar reconocidos en el Convenio de Montego Bay, que impone deberes jurídicos a todos los Estados (todos los de la UE lo son), empezando por el de protección de la vida. Esos principios jurñidicos obligan a llevar a los naúfragos a puerto seguro, al más cercano: Malta e Italia violan es criterio básico de legalidad del Derecho internacional del mar. No hacerlo efectivo, como he denunciado reiteradamente basándome en las tesis que el filósofo Achille Mbembé ha elaborado a partir de la concepción de <biopolítica> de Foucault, es la demostración de que el espíritu de las políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Gobiernos es el de la <necropolítica.>.

Unos y otros son titulares de derechos humanos y fundamentales reconocidos por el Derecho internacional de los derechos humanos a toda persona, y que obligan a los Estados bajo cuya soberanía territorial se encuentren

Los inmigrantes y solicitantes de asilo son titulares de derechos específicos reconocidos en los respectivos instrumentos internacionales que obligan todos los Estados parte en esos Convenios (Convención de derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias de 1990; Convención de Ginebra de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1976)

Los menores, son titulares de derechos de acuerdo con la Convención de derechos del niño de la ONU que impone deberes correlativos a los Estados parte (todos los de la UE lo son). En la mayor parte de los Estados, hay leyes como nuestra L.O. de protección del menor que dejan claro este principio jurídico prioritario: garantizar el interés del menor. Recientemente, en noviembre de 2017, los Comités ONU de derechos del niño y de derechos de los trabajadores inmigrantes han emitido dos observaciones generales que los Estados parte (todos los de la UE lo son) deben conocer y tener en cuenta.

No se trata, pues, de ser humanitarios o caritativos. No se trata de elegir entre el demagógico buenismo y el pragmatismo que nos impone la limitación de nuestras capacidades y recursos. Aquí está en juego la decisión de cumplir con deberes jurídicos elementales o saltárnoslos, cuando sus titulares no son considerados seres humanos iguales a los europeos, de acuerdo con la célebre sentencia del cerdo Napoleón en Rebelión en la granja: todos los animales son iguales, sí, pero unos más iguales que otros. ¿Cómo comparar a un finés, danés, belga o francés, incluso a un catalán o murciano, con una gente que viene de Nigeria, Mali, Eritrea o de dios sabe dónde?

Que quede claro: esta decisión es tan simple como la de cumplir o no con las obligaciones legales. Como la de pagar o no impuestos, pagar por una mercancía que nos gusta, o no comprarla, o robarla. Ayudar a una persona en peligro de muerte (si eso no comporta el mismo riesgo para uno mismo) o abandonarla a su suerte. Comprometerse a un pacto y decidir que ahora no queremos cumplirlo o arrostrarlo cuando nos es incómodo, porque sin la observancia del pacta sunt servanda no hay convivencia posible.

 

Principios claros para abordar problemas complejos

Por supuesto que, debido a la enorme complejidad de la gestión de los movimientos migratorios y de refugiados, cumplir con esos deberes no es un asunto fácil. No está al alcance de un solo país. Y los ribereños del Mediterráneo (Grecia, Italia y también España) nos encontramos en primera línea de la dificultad. A buenas horas nos enteramos! Pero de lo que se trata es de que los modelos, las políticas migratorias y de asilo, tienen una línea roja que no debemos traspasar. Y lamentablemente parece que no es ese el empeño de buena parte de los Estados de la UE. No sólo los “malos”, los más extremistas en sus posiciones xenófobas, esto es, los cuatro del Grupo de Visegrad, Polonía Hungría, Chequia y Eslovaquia. El número de los que apuestan por este giro es cada vez mayor: Italia, Austria, Dinamarca, los Países Bajos, la coalición de gobierno en Bélgica (por la presencia del ultraxenófobo N-VA, gran defensor, eso sí, de los derechos del Sr Puigdemont): Todos ellos se suman al intento de olvidar la línea roja, en aras del pragmatismo y parecen derivar hacia los extremos más rechazables del modelo australiano.

Volvamos a la historia del Aquarius. No es nueva. No evocaré aquí los casos de buques como el St Louis o el Stanbrook, en el contexto de la guerra mundial y de nuestra guerra civil.  Por hablar de precedentes más próximos recordaré un par de casos. En 2017 L’Espresso publicó una conversación telefónica ocurrida en 2013, en la que las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque Malta e Italia no se ponían de acuerdo (http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/01/news/naufragio-dei-bambini-una-telefonata-dimostra-che-la-marina-mente-1.303080 ). Pero hay que ir más atrás. Por si no lo recuerdan, en agosto de 2001 la prensa (https://elpais.com/diario/2001/08/29/internacional/999036015_850215.html ) contaba la historia del buque noruego Tampa, que cargó a más de cuatro centenares de refugiados afganos que habían naufragado cerca de un puerto indonesio. Ni Indonesia ni Australia querían hacerse cargo. Finalmente, en septiembre, la armada australiana los llevó hasta Nueva Zelanda y a las islas de Manus (Papúa) y, sobre todo, Nauru, una “república” bajo control australiano, a la que convirtió en isla-cárcel para refugiados y que tuvo que cerrar en 2009 ante las denuncias de a ONU, pero que ha reabierto y sigue funcionando como tal. La política australiana se orienta sobre todo a disuadir a los refugiados de intentar llegar a Australia (www.smh.com.au/politics/federal/no-advantage-will-test-labor-policy-20121112-298fx.html), pese a las críticas crecientes que denuncian que ese modelo incumple principios básicos de Derecho internacional de refugiados, como han señalado J.Hathaway y D. Ghezelbash (https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/31/theres-a-workable-alternative-to-australias-asylum-policy ).

Ese parece el modelo que una parte de los Gobiernos europeos quiere recuperar, hacer imposible que los solicitantes de asilo y los inmigrantes no queridos lleguen a suelo europeo. Para ello, se trata de externalizar los campos de retención de inmigrantes y solicitantes de asilo, llevarlos a países fronterizos con al UE (Albania, Macedonia: www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2016/03/19/macedonia_centinela_las_fronteras_exteriores_ue_46621_1044.html) o, mejor, al sur del continente europeo (Marruecos, Mauritania, Libia…). Ya lo intentó el Gobierno Aznar en el Consejo extraordinario de Sevilla de 2002, aunque la oposición de Francia y Suecia lo frustró. Lo intentaron Berlusconi y el propio Sarkozy. Lo acaban de proponer algunos ministros de Justicia e Interior que han bloqueado la semana pasada en Sofia la iniciativa de la presidencia búlgara de la UE para relanzar la revisión del Reglamento de Dublín y así amenazan con vaciar de contenido el sistema común europeo de asilo (SECA).

Sin duda, organizar una respuesta eficaz que no renuncie a la condición sine qua non del respeto a los derechos humanos, requiere otras políticas migratorias y de asilo, que asocien a las sociedades civiles de todos los países implicados (más incluso que a sus Gobiernos, como ha explicado reiteradamente Sami Nair) en acuerdos focalizados en el desarrollo humano de los países que generan los flujos de movilidad migratoria, que reúnan desarrollo, democracia y derechos. El Global Compact for Safe, orderly and regular migration que impulsa la ONU https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf), junto al Global Compact on Refugees https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact ), ofrecen buenas pistas. El Gobierno Rajoy ha estado de perfil sobre este proceso. Espero que el Gobierno Sánchez haga más que gestos simbólicos y algún nombramiento mediático. Que empecemos por el compromiso claro y consecuente con el respeto de los derechos, del Derecho, que es la barrera que separa civilización y barbarie

Para empujar a tomar decisiones contamos con la reacción ciudadana, que ha comenzado por las autoridades municipales (Ayuntamientos de Nápoles, Palermo, Messina, Reggio Valencia, Barcelona) y autonómicas o regionales, las más próximas a los ciudadanos, para poner a salvo a esas personas. En el momento de redactar estas líneas recibo la buena noticia de que, de nuevo, el Gobierno del Botánic de la Comunidad Valenciana, a través de la iniciativa de su Vicepresidenta, la incansable Mónica Oltra, con la colaboración del Ayuntamiento que encabeza Joan Ribó (inequívoco en su apoyo a los refugiados), de Balearia, de la Autoridad del puerto de Valencia, y el acuerdo del Gobierno Sánchez, ha preparado todo para que esas 629 personas puedan encontrar refugio en Valencia. Mónica Oltra (con el respaldo del President Puig) ya propuso una solución a casos similares en los peores momentos de la llegada de refugiados sirios a Grecia. La Vicepresidenta Sáenz de Santamaría bloqueó esas iniciativas y sabemos el magro resultado de la política de reubicación de refugiados en España (no llegamos al 10%). Ahora, el espíritu del Botánic consigue la sintonía del Gobierno Sánchez en La Moncloa.

Esta vez, sí. Los ciudadanos –comenzando por los de Valencia- podemos sentirnos orgullosos de nuestros gobernantes. Es una solución particular para un problema urgente y concreto, pero demuestra que si se tienen claros los principios y una firme voluntad política, otras políticas migratorias y de asilo son posibles.