LA POLITICA DEL MIEDO, LA IGNORANCIA Y EL DESPRECIO (Reporters, febrero 2017)

http://losreporteros.info/la-politica-del-miedo/

 

Hay quien sostiene que, tras su inesperado e increíble triunfo, Trump hará olvidar con pragmatismo las continuas sobreactuaciones, insultos, despropósitos y exhibiciones de ignorancia durante la campaña. Estas serían atrezzo destinado a subrayar su carácter de alguien corriente, ajeno al estilo de los políticos de Washington, al stablishment contra el que quería aparecer como paladín. Pero los que hemos seguido durante estos meses sus declaraciones y sus intervenciones en los debates no podemos olvidar sus repugnantes tomas de posición sobre el medio ambiente, las armas, los inmigrantes y refugiados, sus despropósitos sobre la lucha contra el terrorismo, sus inaceptables declaraciones sobre las mujeres…Qué ha pasado? Se trata, como nos explican, del triunfo del antisistema frente a la poco empática Clinton, identificada con la vieja política? Es el triunfo del tópico del país de las oportunidades?

A mí me convence más el argumento de que, entre los muchos y complejos factores que han llevado a la presidencia de los Estados Unidos a alguien que tantos pensábamos inverosímil, hay uno en el que no se insiste lo suficiente y que no es privativo de ese país, ni siquiera de la crisis occidental de la democracia. Estamos creando a toda velocidad una máquina colectiva de humillación que, unida al cultivo del mensaje del miedo al otro, hace aparecer no sólo sociedades desiguales, sino excluyentes, xenófobas, cerradas a la diversidad.

En rigor, no es nada nuevo. Dostoievski describió muy bien el argumento en Humillados y ofendidos y Gorki en su relato Los exhombres.  Victor Hugo nos dejó Los Miserables. Nuestro Buñuel ilustró en varias de sus películas (Viridiana, Los olvidados) el mecanismo de reacción destructiva que así se crea y más recientemente, encontramos esa mirada en una película menor, pero fielmente agarrada a la misma idea, La Haine, de M.Kassowitz. Desde diferentes perspectivas, filósofos como Nietzsche y Scheller nos hicieron ver la capacidad del resentimiento, del odio, como motor moral y social característico de la moral burguesa; el mismo motor que la escolástica denominaba “odio retenido”. Pero es Honneth, tras las huellas de Charles Taylor y su revisión de la teoría del reconocimiento, quien nos ha presentado un muy convincente análisis de lo que denomina “La sociedad del menosprecio”. Es esa que construye una relación con los otros, cuya base no es sólo la desigualdad o la exclusión -temas clásicos y contrastados por la experiencia histórica-, porque hoy se añade algo más: una capacidad de negar reconocimiento al otro, que se muestra particularmente eficaz a la hora de expulsar a quienes a duras penas habían conseguido ser incluidos o estaban a las puertas de serlo, aunque fuera como mal menor, como manera de desactivar la peligrosidad de las clases peligrosas, de los que viven en los márgenes. En coincidencia con Sassen, Honneth muestra el proceso individual, social (económico y cultural) y político que lleva, desde la indiferencia ante la suerte de esos otros, acorde con el legado de Caín, al desprecio y aún al odio, por la vía de la ignorancia y del miedo.

Ahora bien, la semilla de la humillación no sale gratis. Las sociedades en las que ese proceso prolifera, se ven abocadas al engaño y al miedo y así, en tantos casos, asistimos a la involución de Estados que fueron del bienestar porque tuvieron una cierta capacidad inclusiva (aunque basada en no poca medida en esas malas razones de domesticar a las clases peligrosas), pero que hoy retroceden en nombre del agresor externo –no digamos si lo tenemos dentro: inmigrantes, refugiados-  hacia Estados policial penales. El margen de la disidencia aceptada  -seamos exactos, “tolerada”, en el genuino, paternalista e inaceptable sentido de la tolerancia como sucedáneo de los derechos en serio- se estrecha, casi al mismo tiempo en que, como destaca Honneth, se verifica el test de los derechos sociales: éstos vuelven a su lugar liberal, se tornan en mercancías, expectativas, aspiraciones que, sí, pueden recibir alguna satisfacción, y no para todos, en época de “vacas gordas”. Pero no, en ningún caso, derechos en sentido fuerte, que obliguen a los poderes públicos. Cuando llegan las “vacas flacas” y siempre llegan para los más vulnerables, a lo más que se aspira es a la limosna, a la beneficiencia.

Todo eso es el alma descarnada de lo que llaman “capitalismo compasivo” (otros hablan desvergonzadamente de la <ética de los negocios>, sobre todo para hacer negocios con la ética, algo siempre bien pagado) que tiene el premio del prestigio de la coartada <ética> y que de una u otra forma comporta que el perdedor, el que no triunfa, es culpable. Lo que desnuda la trampa argumentativa del supuesto capitalismo compasivo y lo revela como pura fachada es su propia lógica de beneficio insaciable, como ilustra Ken Loach en su I’m Daniel Blake: una amenaza que nos acecha a todos, porque ser trabajador, en esta sociedad del riesgo que produce la mayor <industria  de desechos humanos> (Bauman), no es ya salvoconducto frente a la pobreza o incluso la miseria. Aún peor cuando el punto de partida no es el de sociedades democráticas, sino el de dictaduras que tratan de engrasar la situación mediante el paternalismo y la corrupción. El hartazgo ante la humillación generalizada, como ha explicado Naïr mostrando cómo el suicidio del humillado Mohamed Bouazizi detonó la revolución tunecina (y que hoy podría revivir en Marruecos por la muerte del pescador Mohucine Fikri hace unos días) lleva a la ruptura, a la revuelta de quien no tiene ya nada que perder (por cierto, un argumento con el que Trump descaradamente pedía el voto de negros y latinos). Lleva a la búsqueda de caudillos o movimientos que capitalizan esa indignación al tiempo que hacen de ella una fe, una creencia que incluso puede encarnarse en una comunidad que no sólo es de fieles, sino de hermanos, de agraviados.

Amplias capas sociales se han visto afectadas en su estilo de vida –su confort en el mejor de los casos- por la ruptura de elementos básicos del vínculo social como consecuencia de la imposición de ese mercado global sin ley que nos ha impuesto el liberismo dominante. Y no sólo en los EEUU. Lo sabemos bien. La conciencia de ese desclasamiento, de la pérdida de status es fácil y demagógicamente (ahora se emplea más el calificativo <populista>) en dos sentidos coincidentes: la necesidad de revancha contra el chivo expiatorio y la adhesión al líder que se presenta como el paladín del combate al <sistema> que ha producido nuestra humillación, nuestro empobrecimiento. Añádase el rencor contra quien, siendo visiblemente otro, se convirtió en el Presidente y ¡Comandante en jefe! del país, un afroamericano educado –como su esposa- en la elite de las Universidades de la Ivy League, que no acepta el papel de Tío Tom y promete integrar a los inmigrantes, critica la posesión de armas y se distancia de la supremacía blanca, en un país en el que los afroamericanos tienen que seguir reclamando Blacks Lives Matter. El resentimiento por la conciencia de humillación se acrecienta con el rechazo a una veterana personalidad del stablishment de Washington, carente de campechanía, que diríamos aquí, y que comete el error de menospreciar no sólo a Trump, sino a quienes le dan apoyo porque ven en él un paladín de la lucha contra ese stablishment que les humilla.

No sé si, como ha apuntado alguien con agudeza, para eso que llamamos <sistema>, Trump es en realidad una oportunidad de mantener el statu quo, porque se asemeja al protagonista de la novela de Jerzy Kocinsky, Being there (Desde el jardín), cuya versión cinematográfica, con un soberbio Peter Sellers, se llamó aquí Bienvenido Mr Chance: una marioneta manipulable y que crea la ilusión de que el hombre corriente –la mujer sería, según parece, pedir demasiado- puede triunfar aún enfrentándose al sistema, de donde el apoyo más o menos subterráneo a Trump, aun en detrimento de su representante “natural”, Clinton. Lo que sí sé es que la igualdad de los derechos, empezando por los de las mujeres, el reconocimiento a los inmigrantes y refugiados como sujetos que deben ser reconocidos como justiciables, las prestaciones sociales por parte de los poderes públicos a los más vulnerables (ancianos, enfermos, parados), por no hablar del cierre de Guantánamo, el imperio de la ley y del Derecho en el orden internacional, el sometimiento a reglas no bélicas de los conflictos, la respuesta ajustada a Derecho ante el terrorismo internacional, no son las prioridades del programa de Trump. Y no me gustaría que, frente a eso, se imponga el ralo pragmatismo que parece encarnar en algunos gobiernos europeos y aun en la propia UE. No sé si Trump, como dice agudamente Ramón Lobo, será a la postre fiel a la condición de <político> (de la que ha abominado como clave de su estrategia electoral) e incumplirá sus promesas o si se empeñará en una suerte de berrea frente a Putin y, sobre todo, frente a los perdedores. Vigilar a su administración debiera ser la prioridad. El veterano periódico The Nation lo ha resumido bien: es la hora del duelo, la resistencia, la organización.

TARAJAL (Cartelera Turia, 2767, 10.02.2017)

Esta es una semana en la que, más allá de las terroríficas medidas diarias tuiteadas por Trump, el balance de los premios propios del cine español, en particular los Goya, ocupa lógicamente la mayor parte del espacio en las carteleras. A mí me habría gustado que hubiera podido ser seleccionado para los Goya y premiado, el documental <Tarajal. Desmuntant l’impunitat a la frontera Sur>, producido por Metromuster y el Observatori DESC y del que son autores Xavier Artigas y Xapo Ortega. Pero fue estrenado en TV3 en enero de este mismo año, lo que imposibilitaba que se tuviera en cuenta para esta edición de los premios.

El documental, como es sabido, desmonta, sin alharacas ni excesos, la versión oficial sobre la muerte de 15 personas muertes en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, hace ahora tres años. Un caso de manual que muestra la violencia en las fronteras. Peor: la violencia en que se han convertido nuestras fronteras, blindadas cuasimilitarmente por un Instituto armado. El mando del destacamento que actuó ese día, no dudó en utilizar la máxima capacidad de disuasión frente a 15 personas que desesperadamente trataban de no ahogarse, en lugar de socorrerlos (la primera obligación) y luego, sí, conducirlos para ser internados. Se acumularon las mentiras, pese a la evidencia de videos que mostraban el lanzamiento de las pelotas de goma para impedir que 15 personas alcanzaran la playa y no murieran. Versiones falsas, enunciadas con tanta arrogancia como falta de argumentos, por el embustero e incompetente Sr Fernández Mesa, exdirector general de la Guardia Civil (antes implicado en la chapuza de la gestión del Prestige). El mismo que ahora ha sido encumbrado al correspondiente sillón en el Consejo de Administración de la red eléctrica de la que el Estado –nosotros- es importante accionista. Vamos, que le pagaremos los 170.000 euros que va a levantar al año. Ni me molesto en glosar su incompetencia para el puesto.

Se intentó hacer justicia. Pero el 15 de octubre de 2014, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Ceuta, acordó mediante Auto de sobreimiento, el archivo del procedimiento, lo que produjo a partes iguales indignación y decepción. Sin embargo, la resistencia y el buen hacer de tres ONGs y de sus abogados consiguió que hace apenas un mes, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenara la reapertura de la instrucción penal, por considerarla insuficiente, recordando la necesidad de una especial diligencia en la investigación criminal cuando los implicados son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, el hecho de que los 15 muertos (y sus familias) eran, son, personas particularmente vulnerables vulnerables.

Este video, como la foto que le ganó el Pulitzer a nuestro Javier Bauluz, es la prueba de que, antes que mirar a Trump y señalarle la paja en su muro y sus decisiones ejecutivas, en su ignorancia del principio elemental de división de poderes y sus insultos y disparatadas atribuciones de responsabilidad a la justicia, debemos mirar la viga en el nuestro. Y seguir luchando por los derechos de los más vulnerables, ante los tribunales, en el Parlamento y en la calle.

Los solitarios solidarios: la solidaridad sin fronteras, tomada en serio

La solidaridad y los derechos, en serio

Posted on 9 febrero, 2017

Javier de Lucas

Desde el 17 de enero de este año, hasta el 2 de abril, se puede visitar en el Centro Conde Duque, en Madrid, la exposición “Bethune, la huella solidaria. El legado del Dr Bethune y la ayuda de los voluntarios canadienses a la segunda República”, organizada por la Embajada de Canadá, la Fundación Canadá, la Asociación de Amigos de las Brigadas internacionales y el Centro Andaluz de la Fotografía (Junta de Andalucía).  Jesús Majada, el mejor conocedor de la peripecia española de Bethune, es el comisario de la exposición.

No se trata de la primera que se haya realizado en nuestro país en torno a la figura del legendario Bethune, un héroe nacional en China (donde murió, después de haber contribuido a crear un servicio médico de alcance, desde las filas de los revolucionarios de Mao), pero menos presente en su propio país y, desde luego, poco conocido en España. Si lo traigo a colación es porque ahora coinciden dos aniversarios particularmente interesantes y porque la figura de Bethune sigue pareciéndome ejemplar en el contexto de la lucha por los derechos, el viejo lema que Jhering recupera de Heráclito y que inspiró buena parte de la obra de Arendt.

Decía que concurren dos aniversarios: por antigüedad, hay que hablar primero de los 150 años de la aparición de la confederación del Canadá (fue en 1867 cuando se confederaron las 4 primeras provincias, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia). Es un país amigo con el que, más que nunca, conviene estrechar lazos y reconocer su papel de valiente liderazgo moral en la defensa de los derechos de los más vulnerables (como los refugiados), en la afirmación de la necesidad de una democracia plural e inclusiva. No ignoro que Canadá tiene problemas y que sus políticas pueden y deben ser objeto de críticas en algunos temas relevantes, porque la democracia y los derechos humanos exigen un control continuo y es lógico pedir más a quienes demuestran la voluntad política de hacer más. Pero en la era de Trump, el Gobierno Trudeau es un importante foco de esperanza. Me permito destacar el trabajo constante de la Fundación Canadá para acercar en particular la colaboración en el ámbito académico, artístico y científico (entre otros), una obra que debe ser reconocida. Esperamos que la administración Trudeau recupere el vigor de los programas que promocionaban los intercambios en esos campos y que sepamos responder. Este año es una buena oportunidad.

La segunda conmemoración, ochenta años (que se cumplieron el día 6 de febrero) de lo que en Málaga se conoce como “la Desbandá. Es el primer crimen de guerra contemporáneode carácter masivo y cometido contra la población civil, del que tenemos testimonio. El ejército sublevado (en particular, la marina y la aviación franquista) sometió a feroces ataques a un importante número de mujeres, niños y hombres –se llega a hablar de 150.000- que trataban de alcanzar refugio en Almería huyendo de Málaga y de poblaciones cercanas, ante la inminencia de la entrada de las tropas de Franco en la ciudad. Se trata sin duda de un importante precedente (más grave aún que el bombardeo de Gernika) de lo que se desarrolló de inmediato en la segunda guerra mundial y cuya extensión, hoy, desgraciadamente conocemos hasta tal punto que la hemos incorporado a nuestra rutina informativa: baste pensar en la destrucción sistemática de Alepo y en los crímenes cometidos contra su población civil, sin necesidad de remontarse a lo sucedido en los Balcanes. La población civil, insisto, como objetivo directo de los más crueles ataques, como pieza clave de la estrategia bélica.

Bethune era un médico canadiense con una profunda exigencia de solidaridad, acrecentada por su experiencia con sectores sociales desfavorecidos de la población de Montréal, durante la Gran Depresión. Ese mismo espíritu de solidaridad y sus convicciones claramente izquierdistas (era militante comunista) le llevaron a acudir a España como un voluntario más (aunque no formalmente encuadrado en las Brigadas Internacionales, sino en la Unidad Médica de Canadá en Madrid y en el Batallón Mackenzie-Papineau) en ayuda de la IIª República. Creó un servicio móvil de transfusión de sangre –que desarrollo luego durante su posterior experiencia en China y que está en el origen de las famosas Mobile Army Surgical Hospital (M.A.S.H.)-, con el que recorrió diversos frentes y ciudades. Se encontraba en Valencia cuando tuvo noticia de la situación en Málaga y se desplazó hasta Almería para tratar de ayudar. Hizo varias veces el recorrido desde Almería a la caravana de los huidos, llevándose consigo a todos los que podía acoger. El mismo y su colaborador, Hazen Sisé, tomaron abundante testimonio gráfico (depositado hoy en el Centro Andaluz de la Fotografía) y describió con detalle la masacre en su pequeño ensayo El crimen del camino Málaga-Almería, que caracterizó como “esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos”. Conviene leer también su magnífico Las heridas, del que hay una estupenda edición en castellano (Pepitas de Calabaza).

Bethune, como Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, fue adelantado del espíritu que ha permitido desarrollar contemporáneamente el Derecho internacional humanitario, al servicio de la primacía de los derechos humanos aun en contextos de conflictos bélicos. Un ejemplo de esa increíble tenacidad propia de algunos solitarios solidarios, esos sujetos que no predican moralina pero que arriesgan su vida a fondo por los demás y saben crear instrumentos y redes de solidaridad. Toman en serio el deber de solidaridad en su sentido fuerte, no como mera recomendación heroica. Y lo trasladan más allá de las fronteras, porque saben que el sujeto de la solidaridad es la humanidad: todos los seres humanos que viven amenazados... Bethune, como Camus, es uno de esos solitarios solidarios y merecería un hueco en el elenco de lo que el recién desaparecido Todorov ha llamado en su penúltimo libro, los insumisos, aquellos que saben decir <no> cuando la inmensa mayoría se pliega al <sí> y, además, como decía Germaine Taillon, hacen de su no, un sí.

Imágenes: 1. Ilustración conmemorativa. 2. Refugiados republicanos huyendo de Málaga. Fuente- culturaandalucia.com 3. Norman Bethune.

Respeto y Resistencia. A propósito de la Women's March Global (CTuria, 27 enero 2017)

Son tantos los riesgos y amenazas que han quedado abiertos con la toma de posesión de Donald J Trump como 45º Presidente de los EEUU, que hay quienes toman a broma algunos aspectos “menores”. Por ejemplo, su profundo y constante sexismo, su desprecio hacia la mayoría de las mujeres, en la más rancia tradición del machismo.

La extraordinaria respuesta que ofrecieron centenares de miles de personas (mujeres y hombres) al día siguiente, la Women’s March Global, es una magnífica llamada de atención sobre ese inmenso error. Una vez más, el mensaje es tan sencillo como contundente: los derechos de las mujeres son derechos humanos, derechos que nos importan a todos, que son de todos. La violación de esos derechos, su ridiculización, su menosprecio, es una ofensa mayor e inaceptable, que debe tener respuesta inmediata: ninguna sombra de tolerancia a ese respecto. Ningún daño a esos derechos sin sanción.

Desde luego, hay aspectos de la ideología machista que no pueden ser objeto de sanción directa, aunque sí de reprensión social. Una vez más (lo recordaba Almudena Grandes en su columna el pasado lunes) los comentarios en torno a la presencia de la Sra Trump en la ceremonia de la jura del 45º Presidente de los EEUU se centraron en la estética “Jackie” de su atuendo. Una lógica de mujer florero, la misma que se exhibe reiteradamente -por razones procesales- cuando se saca a pasear el modelo ama de casa ignorante y sumisa y por tanto, inimputable: desde una ministra a una infanta, pasando por la esposa del Sr, Bárcenas. Y no: frente a esa tradición machista, tan frecuente en medios de comunicación, hay que reivindicar la necesidad de insistir en la educación no sexista, en la transmisión de valores y pautas de conducta de igualdad y respeto, desde la primera edad.

Todavía hay quien no ha caído en la cuenta de que la discriminación más presente en la historia de la humanidad (desde el propio relato bíblico de la creación de la mujer) es la que afecta a las mujeres. Pero conviene no hablar en abstracto. VVeamos un ejemplo que se ha conocido esta semana: un informe de UGT publicado el 23 de enero, ha puesto de relieve uno de los aspectos más duros, la diferencia de trato de las mujeres pensionistas en España. Más de 2,4 millones de personas sobreviven en España con pensiones de menos de 700 euros. Un 72%, 1,5 millones, son mujeres. La cuantía media de sus pensiones, es 37.8% inferior  a la de los hombres y si hablamos de pensiones de jubilación, 38%. El importe medio de las pensiones de las mujeres es 742,8 euros/mes, mientras el de los hombres es de casi 1200 euros. Una brecha mayor que la que se da en los salarios (23,2%). Y conforme hablamos de tramos más bajos de pensiones (p.ej, las que se sitúan entre 150 y 500 euros/mes) el número de mujeres es 4 veces más que el de hombres.

Dejémonos de retóricas paternalistas y reivindiquemos de forma concreta esa igualdad. Y hagámoslo con las armas al alcance de todos, como las 10 iniciativas para los primeros días (pueden verse en el sitio web, www.womensmarch.com/100/), nacidas de la Women’s March Global y que ejemplifican ese inteligente slogan de la manifestación de Washington: “respect Existence or expect Resistance”.

UN TIRO EN EL PIE DE LA UE: EL NEGOCIO DE LOS MUROS (Saó, enero 2017)

Quiero aprovechar la invitación de la Revista Saó a participar en este monográfico sobre la Unión Europea, para proponer a los lectores una reflexión sobre uno los asuntos menos visibles en torno a las políticas europeas migratorias y de asilo de la UE. Me refiero a lo que Claire Rodier y otros[1] han denominado “el negocio de la xenofobia”, que puede cifrase en torno a los mil millones de euros entre 2005 y 2020 y cumple una triple función, económica, ideológica y geopolítica. Se trata de saber quiénes y cómo sacan provecho de la prioridad número uno de esas políticas: blindar las fronteras exteriores de la UE.

Lo primero que hay que preguntarse es el por qué de ese blindaje, el por qué de lao que los críticos llaman el proyecto de la Europa fortaleza. ¿Realmente está amenazado el territorio soberano de la UE? Asistimos ante un ataque a nuestras fronteras? De qué tipo? La respuesta, conforme a la posición oficial de la propia UE, animada desde buena parte de los Gobiernos de los Estados miembros (y no sólo los del grupo de Visegrad) es afirmativa: nuestras fronteras exteriores, cuya fortaleza sería la condición sine qua non del espacio de seguridad, libertad y justicia interior y muy claramente, de la libertad de circulación interna de personas y mercancías, están fuertemente amenazadas.  ¿Por quién? Por centenares de miles de inmigrantes irregulares y, más recientemente, de supuestos demandantes de asilo, que pugnan por alcanzar nuestro territorio. Que eso es así ha quedado acreditado, según nuestros gobernantes, en el último Consejo Europeo extraordinario celebrado en septiembre de este año en Bratislava. La consecuencia es muy clara: debemos elegir entre asegurar nuestras fronteras o presumir de una política altruista con todos esos centenares de miles de personas que llaman a nuestras puertas. Pero, primero, como se ha dicho, los europeos no podemos asumir “toda la miseria del mundo”. Segundo, en situaciones de crisis, la prioridad ha de ser atender las necesidades de nuestros ciudadanos y el pastel no da para todos. Finalmente, no todos los que alcanzan nuestras puertas son “trigo limpio”(cardenal Cañizares dixit), sino que hay un porcentaje significativo de delincuentes e incluso de peligrosísimos terroristas. Y, para nuestros gobernantes, está claro: uno y otro propósito son incompatibles. Eso nos obliga a reforzar los controles fronterizos y, por supuesto, a realizar un estricto control, un triage, para que puedan pasar sólo los que de verdad deben tener derecho a pasar y a quedarse,  los verdaderos refugiados y los inmigrantes legales. La consecuencia es que debemos amurallarnos: Vayas donde vayas, vallas, pareciera el nuevo lema de la UE.

Ese afán, que ha hecho resucitar los muros en un mundo teóricamente abierto, que relativiza la importancia de la soberanía territorial (y, por tanto, debería potenciar el reconocimiento del derecho a la libre circulación), es una añagaza.  Vivimos un proceso de refuerzo de las fronteras, entendidos como muros y, aún peor, como espacios en los que se relativizan si no incluso se niegan elementales derechos humanos. Lo muestra la evolución de la política de fronteras de la UE, que parece avanzar en sentido contrario, el de la prioridad de una respuesta que no es ya policial, sino estrictamente militar y en la que los derechos pasan a convertirse en privilegios altamente arbitrarios, por cuanto se violan derechos humanos fundamentales, se ha llegado a vaciar de contenido el derecho de asilo, dificultando hasta el extremo la posibilidad de llegar a salvo a territorio europeo, mercantilizándolo (como ha hecho en este año de 2016 una ley del Parlamento de Dinamarca que impone a los refugiados un copago de las prestaciones que, en realidad, son derechos) o relativizando el principio básico de non refoulement, como resulta del acuerdo de deportación entre la UE y Turquía, por no hablar de la inaceptable transformación de los centros de acogida y estancia de demandantes de asilo en centros de detención, como si esos demandantes, que huyen de la persecución, fueran más que presuntos delincuentes.. La UE incumple así principios básicos del Estado de Derecho, hasta llegar a la aberración jurídica de crear un estado de excepción permanente, esto es, un infra-Derecho aplicable a los protagonistas de buena parte de la movilidad forzada: inmigrantes irregulares y aquellos que ya denominamos como asylum seekers, para evitar el nombre de refugiados. Esta guerra contra el asilo se ha llevado a cabo recurriendo a dos instrumentos muy criticables, la externalización de la policía de fronteras, encomendada (previo pago) a países terceros que no garantizan el standard mínimo de derechos (el paradigma es Turquía) y su militarización, esto es el recurso a instrumentos militares, como lo prueban las características de la operación EUNAVFOR-MED (aunque se la haya rebautizado como “Sofía” para disimular ese carácter) y el recurso a la OTAN en el Egeo. Las políticas migratorias y de asilo entran así en el cesto de las políticas de seguridad y defensa. En el balance, a principios de diciembre, más de 4500 muertos en el Mediterráneo, a los que hay que añadir las penalidades de quienes de nuevo tienen que alcanzar la ruta del Mediterráneo central, de Libia a Italia y allí someterse a las vejaciones, malos tratos y exacciones de las mafias, además de las continuas violaciones para las mujeres.

Decía que el afán de marcar de nuevo fronteras, erigir muros supuestamente infranqueables, es una añagaza. Lo ha probado convincentemente la politóloga norteamericana Wendy Brown[2]: el recurrente propósito de los Estados de la UE (y no sólo: los EEUU, Australia, etc) por erigir muros, es sólo parangonable a su ineficacia para controlar o poner fin a los desplazamientos de las migraciones forzadas. En realidad, esa obsesión tiene una función básicamente simbólica  e interna.  Se trata de hacer creer a los propios ciudadanos que se les está defendiendo frente a una amenaza, un peligro, el que representan inmigrantes e incluso refugiados, mostrando así que los Estados (los gobiernos) les defienden eficazmente y gestionan impecablemente la soberanía territorial. Recordemos que ese fue un mantra repetido una y otra vez, por ejemplo, por el Gobierno Rajoy, especialmente por su ministro del Interior, en relación con las plazas africanas de soberanía española, Ceuta y Melilla, supuestamente sitiadas por millares de ilegales, subsaharianos, como llegó a titular en primera, a cinco columnas, el diario El País. Pues bien, además de un engaño, esa estrategia aleja a la UE del proyecto político de una democracia plural, inclusiva y garante de los derechos y de las reglas del Estado de Derecho.

Ese propósito de blindar las fronteras constituye, además, un negocio, con beneficiarios identificables: los lobbies y las industrias de seguridad y armamento. Todo ello es perfectamente funcional a esta evolución del capitalismo de mercado global que impone la privatización de funciones que antes constituían competencia exclusiva del estado, de los poderes públicos, como la seguridad y vigilancia de los espacios públicos y aun de las fronteras, de los dispositivos de control, informatización de los visados, construcción de muros, de centros de detención, vuelos colectivos de expulsión/deportación, etc. En relación con la UE, recomiendo, como decía, la lectura del apasionante trabajo de Claire Rodier[3], En el libro de Rodier se explica con detalle, con nombres y con cifras, quiénes son los beneficiarios de este enorme y floreciente negocio. Desde una empresa de Málaga, European Security Fencing, ESF, que fabrica y exporta las tristemente famosas “concertinas”[4], a la mayor empresa de seguridad del mundo, G4S, que cuenta con más de 650.000 empleados y que dedica una buena parte de su actividad a la “gestión “ de la inmigración, más las constructoras de los temibles CIE y centros análogos, en Europa pero en los EEUU, o los países que rentan su espacio para posibilitar <espacios al margen de la ley> como la isla de Nauru a Australia.  La evolución de los recursos de los que se sirve la UE en su obstinada impermeabilización de las fronteras ha devenido en una auténtica guerra de facto contra inmigrantes irregulares y demandantes de asilo, a los que se ha estigmatizado convirtiéndolos en sujetos de sospecha. Eso ha justificado un incremento acelerado del gasto en esas tareas de control. Desde 2013, señala Rodier, el instrumento principal es el sistema de 'fronteras inteligentes' (smart borders), compuesto por 3 instrumentos: un sistema de entrada/salida (SES), el programa para viajeros registrados (PVR) y la red de comunicaciones Eurosur, que se suman a los ya existentes (el SIVE y la red de CIE o CREA). La Comisión Europea ha cifrado el coste de EuroSur en 338 millones de euros, pero en el Informe Borderline de la Fundación Heinrich Böll se eleva a 847 millones. El coste de Smart Borders subiría a 400 millones de euros, con 190 millones anuales de costes operativos. Han de añadirse también la inversión en FRONTEX, en operaciones como la mencionada EUNAVFOR-Med, o el coste de la intervención de la OTAN en el Egeo (pues esa operación no sale gratis: la sufragamos los ciudadanos europeos) por no hablar de los contratos de externalización: 6000 millones de euros a Turquía y más de 1400 millones de euros a países de la Unión Africana. Si sólo una décima parte se invirtiera en hacer efectivas verdaderas operaciones de salvamento y rescate como las que llevan a cabo -sin subvención oficial alguna- los barcos de MSF, probablemente no tendríamos que lamentar ni la décima parte de muertes. Pero la UE prefiere darse un tiro en el pie –por utilizar una metáfora suave- en lugar de trabajar en cumplimiento de lo que es su razón de ser: una comunidad de Derecho, al servicio del  reconocimiento y garantía de los derechos humanos.


[1]  Véase por ejemplo, el estudio de Frost y Sullivan (2014) Global Border and Maritime Security Market Assessment. La versión online se puede descargar en: http://images.discover.frost.com/Web/FrostSullivan/GlobalBorderandMaritimeSecurity.pdf. [revisado el 27.11.2016]. También el libro editado por T. Gammeltoft-Hansen y N. N. Sorensen The Migration Industry and the Commercialization of International Migration, Routledge, N York, 2013.

[2]  Me refiero a su utilísimo libro Estados amurallados, soberanía declinante, Herder, Barcelona, 2015, con un estupendo y crítico prólogo de Etienne Balibar.

[3] Xenophobie Business. A quoi servent les contrôles migratoires, La Decouverte, Paris, 2015 (2ª). Pero hay también informaciones más sucintas pero no menos interesantes, en trabajos ad hoc como los de Periodismo humano: http://periodismohumano.com/migracion/el-negocio-de-cerrar-las-fronteras-de-europa.html ).

[4] A la que habría que añadir otras como ACS, Indra o Ferrovial, que se reparten 8 de cada 10 euros destinados a las vallas de Ceuta y Melilla: de los 79 millones de euros gastados por el Estado desde 2004 n esos dispositivos de seguridad, esas tres empresas han recaudado 59 millones.

DEMOCRACIA Y REFERENDUM : FALACIAS Y MEDIAS VERDADES (Tinta Libre, enero 2017)

Brexit y Trump. Basta con esos dos ejemplos para entender que 2016 ha ofrecido cumplida satisfacción a quienes denuncian el cúmulo de simplificaciones que hay detrás de la reducción del juego democrático a los sondeos. Pero identificar democracia y encuestas de opinión no es la única de esas reducciones. Probablemente es más discutible aún la tesis que se ha ido abriendo camino entre nosotros y que, sorprendentemente, vuelve a poner sobre el tapete la afirmación de que la democracia referendaria, en su versión de democracia directa e instantánea, es la quintaesencia de la democracia a la que hoy deberíamos regresar.

Hablo de sorpresa, porque los debates acerca de que ya G Bourdeau a comienzos de los 70  acuñara la distinción entre <democracia gobernante> y <democracia gobernada> y de que se asentara la  etiqueta de “democracia referendaria” (antes que Barber y, desde luego, antes que Mouffe y Laclau),, no es ninguna novedad. Es verdad que hoy se recurre a ella en el contexto de lo que Crouch (2004) dio en denominar “la era de las postdemocracias”, vinculadas, como se ha dicho, a la crisis y al “desempoderamiento” de las democracias representativas, que parecen exigir la necesidad de reconocer las consultas populares como los mecanismos idóneos de ejercicio de la verdadera democracia. Y conste que recurro a esa noción amplia de <consulta popular> sin entrar por el momento en sus diferentes manifestaciones, desde las iniciativas populares legislativas al referéndum simple, los referenda consultivos no vinculantes, los referenda vinculantes o los plebiscitos, un concepto, a su vez, susceptible de diferentes modalidades. Lo que pretendo es tratar de argumentar acerca de esa modalidad de lo que se ha dado en llamar “democracia manifestante”, que opone como campo de acción preferente la actuación constante del demos en la calle y, en todo caso, la sumisión de toda decisión de interés general al veredicto de las urnas, por encima de las instituciones propias de la democracia representativa

Creo que los ya conocidos argumentos de los principales críticos  (Burdeau, Sartori, Offe Wolff, Young, Merkel) de esa noción de <democracia referendaria> como el paso necesario para recuperar el papel del pueblo, o, como se dice con desparpajo, de la calle, entendida como el auténtico demos (suplantado por mediaciones casi mixtificadoras, las instancias de representación) siguen siendo más sólidos que el de tantos entusiastas apóstoles del recurso al referéndum –la voz de la calle- como verdadera, última e infalible instancia democrática. Y creo que eso tiene algunas consecuencias en torno al aparente callejón sin salida en que se encuentra la relación entre el Gobierno de Rajoy y el de la Genralitat y el Parlament de Catalunya acerca de la convocatoria de un referéndum como exigencia ineludible y vía exclusiva del ejercicio del “derecho a decidir” del pueblo de Catalunya.

 

 

De la eficacia de los pretendidos truísmos, que son en realidad medias verdades…

Advierte el sentido común que siempre que se adjetiva el sustantivo <democracia> debemos ponernos en guardia. Y, en efecto, creo que en esta discusión que ha vuelto hoy a primer plano, la de la relación entre democracia y consultas populares, democracia y referenda, sobran bastantes calificativos. En realidad, creo que deberíamos fijarnos en los aparentes truísmos que sirven para dar fundamentación a esa pretensión que un referéndum como el que Generalitat y la mayoría del Parlament presentan en términos de inexorabilidad, en tanto que genuina expresión de la voz del pueblo, el catalán, claro, no el español.

El primero de ellos es, a mi juicio, la media verdad que consiste en identificar la esencia de la democracia con el ejercicio de lo que hemos aceptado más o menos acríticamente entender por derecho a decidir, o, si se prefiere, según la fórmula al uso, con el ejercicio del derecho al voto como expresión genuina de la democracia. De donde se deduce que todo aquel que pretenda limitar o no digamos prohibir  poner las urnas  en la calle es un feroz antidemócrata.

No creo que merezca la pena dedicar mucho espacio a la necesidad de matizar lo que insisto en considerar media verdad, si no, al menos también en no poca medida (al menos en el uso habitual en la discusión hoy, en el contexto del <problema catalán>) como una falacia. Por supuesto que la democracia tiene que ver ante todo con la autonomía, con el proceso de emancipación de quienes alcanzan la condición de ciudadano y salen así de la de súbdito: recuperar la capacidad de decidir por uno mismo sobre el propio plan de vida es condición sine qua non de la libertad y por tanto, de la legitimidad democrática. Otra cosa es si podemos equiparar ese genuino derecho a decidir, entendido como expresión de la autonomía del sujeto moral y político que debe ser reconocida a todo ser humano,  con una condición constante de todo ciudadano a decidir directamente sobre todo lo que le pueda afectar, como individuo y como ciudadano. Y tomo aquí la noción de ciudadano sobre todo en la condición de sujeto del espacio público, es decir, como miembro de un grupo, del demos, que es quien debe definir el interés común.

 

 

…A las falacias e imprecisiones que se esconden tras ciertos simplismos referendarios

Cuando hablamos de referenda vinculantes, como el que exige que se celebre <sí o sí> la mayoría del Parlament de Catalunya y el actual Govern de la Generalitat, como es bien sabido, es preciso evitar el recurso a una primera falacia. Me refiero a la que afecta a la identificación de la democracia con el principio bruto de gobierno de la mayoría, reconducido en la práctica al dominio de la minoría más relevante. Algo que planteó y no resolvió bien Rousseau, como es más que sabido.

Habrá que recordar otro principio que, en teoría de la democracia es casi otro truísmo: el núcleo de la idea de democracia no es tanto el gobierno de la mayoría, cuyo riesgo es la no menos conocida hipótesis de “tiranía de la mayoría” (Tocqueville),, sino las condiciones de control y accountability de l gobierno de la mayoría, llo que nos remite a la separación de poderes y al establecimiento de límites a lo decidible, para garantizar los derechos individuales y los de las minorías. ¿Someteríamos hoy a referéndum vinculante un tema de naturaleza constitucional como la tortura o la cadena perpetua real a los terroristas o a los violadores de menores? Aceptaríamos la legitimidad de un referéndum vinculante sobre la reducción de los derechos de los refugiados a meras expectativas o recomendaciones, en Alemania en Austria, en el Reino Unido, o, no digamos, en Polonia, Chequia o Eslovaquia? ¿Aceptaríamos la pertinencia de la pretensión de Erdogan de “escuchar la voz del pueblo” sobre el retorno de la pena de muerte a la Constitución turca? ¿Podemos y debemos considerar legítimo que a una parte de la población, en función de sus características lingüísticas o religiosas se les reduzcan los derechos o se les prive de la ciudadanía? La respuesta es no, porque la legitimidad democrática reside en la garantía de esa barrera intocable incluso para una abrumadora mayoría, la de los derechos humanos individuales, la de la garantía de que esos derechos no pueden rebajarse so pretexto de la condición de pertenencia a una minoría. Sin la sumisión de la mayoría a lo que llamamos Estado de Derecho, y hoy denominaríamos, Estado constitucional, no hay democracia. Por eso, como se ha dicho, la vía del referéndum para resolver la independencia o no de Catalunya no es la más aconsejable, pues resulta inexorablemente en una exclusión de derechos  básicos y de ciudadanía (y también de plan de vida)  de una parte de la sociedad civil, la que pierde la consulta. Por eso, como hace notar Sartori, el tipo de referéndum como procedimiento de decisión que se plantea en Catalunya es un ejemplo de ejercicio democrático de suma cero: el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo: lo que gana uno es lo que pierde el otro. No hay lugar real para la negociación, en la que renuncias parciales de todos los sujetos que participan en la adopció de decisiones permiten ganancias parciales de todos ellos.

Por otra parte, es claro que cuando hablamos del sujeto, del pueblo como demos, no es posible aceptar subterfugios como el del recurso a la vaga noción de “sociedad civil”, porque sabemos bien de la capacidad de suplantación de ese pretendido equivalente del demos por grupos de presión con medios suficientes como para manipular la <opinión pública> al servicio de intereses particulares, alejados e incluso contrapuestos al interés de la voluntad general. Ante todo, porque, como sostiene Ferrajoli, para que hablemos de demos, para que hablemos de gobierno del pueblo, ha de haber Constitución, o, si se prefiere, legitimidad constitucional, que no existe sin el respeto a esos criterios de legitimidad que son los instrumentos jurídicos internacionales de  derechos humanos. La pretensión de enfrentamiento entre ley y democracia es un error de concepto. Como lo es la noción de soberanía en el original sentido formulado por Bodin: la no sujeción del sujeto soberano  a otra regla que su voluntad. Eso vale para el autócrata, pero también para el demos: una soberanía que pretende ignorar esas limitaciones no es legítima.

Eso no excluye, obviamente, la pertinencia de consultas referendarias si, además de respetar esos límites de principio, reúnen determinados requisitos que han de ser negociados y la clave, insisto,  es quién y cómo decide la agenda de la consulta. El primero de ellos es que, precisamente para que esas consultas populares no devengan en la suplantación del pueblo por parte de una minoría relevante, ese tipo de consultas vengan precedidas por elementos que despejen las imprecisiones relativas al sujeto. Así, se debe establecer previamente y de forma inequívoca quién es el pueblo a los efectos de la consulta: qué porcentaje de ciudadanos se entiende suficiente como quórum (votos emitidos) y cuántos para admitir que se ha pronunciado en este o aquel sentido la voz del pueblo: ¿basta en ambos casos con una mayoría simple, el 50,1%? Se ha de exigir una mayoría cualificada para lo primero, pero no para lo segundo?

El segundo de los requisitos es de carácter formal y tiene que ver con las condiciones de conocimiento que habilitan la competencia del sujeto consultado. A este respecto, no creo que sea pertinente en el caso del referéndum propuesto por el Parlament y la Generalitat  el argumento de la complejidad en los procesos de decisión que invalidaría la consulta porque el demos carece de la cultura y el conocimiento que le habilitaría como competente para la decisión. No me parece así, insisto, cuando se trata de referenda como el que aquí estaría en juego. Por so creo que  no vale la objeción  de lo que Sartori denomina enfáticamente “acantilados de la incapacidad cognitiva” en lo que se refiere al pueblo. No, si se avanza en este segundo tipo de requisitos: la formulación clara, inequívoca y suficiente, acerca de la opción y de las consecuencias de la misma. El probblema, precisamente, es que si se opta por una formulación plebiscitaria, como ya he recordado, la vía del referéndum se muestra excesivamente simplificadora y difícil (por no decir, imposible) de revertir, lo que va en contra del carácter relativo de los procesos democráticos, de la posibilidad de contraargumentar y convencer para volver atrás de la decisión.

SI HAY PROPUESTAS PARA GANAR EL DESAFIO DE LA INMIGRACIÓN (Blog alrevesyalderecho, Infolibre, 18.12.2016)

Qué decir, qué hacer para que el enésimo aniversario del día internacional de los migrantes no sea sólo la enésima denuncia del fracaso de nuestras políticas y de los sufrimientos que padecen tantos millones de seres humanos?

Desde luego, no renunciar a la crítica. No debemos dejar de denunciar lo intolerable, que es nuestra ceguera a la existencia de factores que obligan a emigrar a millones de seres humanos, a huir de sus hogares, donde no tienen las condiciones mínimas de desarrollo humano y por eso un porcentaje muy alto se juega la vida para alcanzar una vida digna. Se juegan la vida: en su viaje sufren violaciones de derechos y se enfrentan a fronteras que tantas veces se erigen como mecanismos de puesta en duda de derechos elementales. Esa crítica apunta a las causas, la desigualdad que no deja de acrecentarse y que los países que reciben y se benefician de la llegada de migrantes no quieren tener en cuenta. Gestionar los movimientos migratorios sin trabajar en los países de origen sobre las causas que hacen de las migraciones un destino forzoso, por estado de necesidad, es construir políticas migratorias destinadas al fracaso. Una lección elemental sobre la que ha insistido hasta la saciedad buena parte de quienes llevan de verdad años analizando y trabajando sobre estos fenómenos, como Sami Nair, a diferencia de tanto aprovechado que, a la luz de las subvenciones y las modas, se disfraza ahora de experto y repite cuatro tópicos mal entendidos, ilustrados con improvisadas encuestas que descubren mediterráneos.

Hay que seguir denunciando la obsesión policial/defensiva de las políticas migratorias de la  UE, que insiste en construir como archienemigo a los inmigrantes irregulares. Una categoría que ha experimentado un nuevo giro de tuerca, perverso, en el contexto de la falacia de la crisis de refugiados. Como ya he tratado de explicar, creo que la reciente toma de conciencia de que, frente a los refugiados, tenemos obligaciones jurídicas, pues quienes son reconocidos como tales son titulares de derechos exigibles, ha provocado el empeño de hacer una “limpieza”, para establecer de verdad quiénes son merecedores de ese título y quiénes no. En ese proceso, que tanto se asemeja a una <subasta>, como ejemplifica un estremecedor video difundido por CEAR (https://www.youtube.com/watch?v=cT52TbhAVzA), se ha ido a la baja, para reducir a lo imprescindible el peso a asumir. Porque los refugiados (no digamos los inmigrantes) no son vistos como personas con derechos, sino como lastres que hay que aceptar, pero de mala gana, hasta el punto de que nuestro esfuerzo se orienta a poner barreras, a dificultarles la posibilidad de plantear su demanda, esto es, negarles que puedan llegar a ser reconocidos como refugiados. Y aun así, ha habido Estados campeones en la no asunción de sus deberes, como el presidido por Rajoy y gestionado por ese halcón disfrazado de proba funcionaria, que es Soraya Sáez de Santamaría. Las cifras hablen por sí solas: todavía no se ha cerrado 2016, de forma que las estadísticas completas sólo se refieren a 2015 ( véase el Informe CEAR que se puede descargar aquí: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf ), pero ya sabemos que cumplida la mitad del mes de diciembre de 2016,  no llegaremos ni a 700 refugiados acogidos entre los que teníamos que aceptar en el reparto de reubicación y resentamiento. Y sobre todo, seguimos sin Reglamento de la ley de asilo de 2009, aunque las previsiones sobre el mismo, adelantadas por el nuevo ministro del Interior que ha anunciado su aprobación para primeros de 2017, hacen prever un régimen aún más duro.

Pero la peor perversión es la que afecta a los inmigrantes. En ese proceso de limpieza, de ampliar la ganga de la que librarse, los verdaderos desechos de los que habla Bauman cuando critica que Europa esté contribuyendo con sus políticas de inmigración y asilo a una nueva “industria del desecho humano”, son ellos. Parece que los gobernantes europeos nos envíen este mensaje: <refugiados? bueno, sí, tienen derechos y no podemos rechazarlos a todos. Pero, inmigrantes económicos? Quiá! A esos los expulsamos, porque no tienen derecho a venir y, menos, a estar aquí>. Véase, por ejemplo, el deslizamiento del calificativo. Antes eran <ilegales>, un estigma para demonizar a quienes se encontraban en situación administrativa irregular: sin papeles, o al menos sin todos los papeles. Ahora ya basta con decir “económicos” (o sea, trabajadores, ¡qué osadía: quieren ser trabajadores cuando no los hemos llamado!) para hacer entender que son de una clase inferior, que están en primera fila del disparadero, que serán los primeros de los que nos podemos librar. Es preciso denunciar ese lenguaje y, sobre todo, lo que nos trata de transmitir, que los inmigrantes, en particular los irregulares, son personas sin derechos.

No hay propuestas positivas? Sí, y nada abstractas. Hoy quiero llamar la atención del lector sobre dos tipos de propuestas: las primeras, reformas para mejorar el éxito real de lo que -retórica y muy a menudo hipócritamente- se llama “proceso de integración”: por ejemplo, dos que acaba de sugerir Cáritas española en su mensaje con motivo de este aniversario de 2016 (puede descargarse aquí: http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/NdeP_18Dic.pdf ). El ejemplo del segundo tipo de propuestas es una reforma legal, adoptada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Cáritas, a propósito de lo que llamamos inmigrantes irregulares sobrevenidos, una situación que resulta de la férrea vinculación normativa entre permiso de residencia y contrato de trabajo, ha propuesto reformar esa norma porque, como se dice  en el comunicado, “creemos que, en un contexto como el actual, la exigencia de esa vinculación supone romper un proceso de integración ya en marcha, arrojar a las personas a un proceso de exclusión y malgastar una inversión social que sería mucho más útil bien situada”. En segundo lugar, Cáritas ha exigido que vuelva a dotarse con una partida presupuestaria suficiente el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, anulado en la práctica en los 3 últimos años del gobierno ZP y reducido a cero desde que gobierna Rajoy, aunque se vuelve a contemplar, insuficientemente, para 2017. Municipios y regiones han de afrontar solos, recuerda Cáritas, “las necesidades reales de educación, sanidad, servicios sociales o empleo…para evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar acciones que aprovechen la diversidad cultural de los inmigrantes en la sociedad”. Parece lógico que la administración central del estado contribuya a esas dotacione.

Por su parte, me parece un ejemplo estupendo de una nueva comprensión del proceso de integración, en el que las diferentes administraciones de una comunidad autónoma colaboran de forma coordinada, lo que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba esta semana: la aprobación por el denominado Consell del Botánic (como se sabe, Podemos acordó y apoya ese programa de Gobierno aunque no forma parte de lo que es un bipartito) de una nueva ley que  establece un modelo integral de renta de inclusión (ver aquí el análisis que hace FX Uceda, Delegado del Consell para el <modelo social valenciano>: http://www.eldiario.es/cv/politica/Ley-Renta-Valenciana-Inclusion_0_591441215.html ). Y lo traigo como ejemplo porque en esa ley se contemplan como beneficiarios inmigrantes a los que se les exige sólo un período de empadronamiento de 12 meses (la mitad que en el régimen legal anterior). Una ayuda que no necesita ser renovada y que se prorrogará mientras no haya modificaciones al alza de la situación económica y social de quien la haya demandado.

A mi modo de ver, este es un buen ejemplo de lo que debe entenderse por proceso de integración, pues el mensaje consiste en mostrar a quien quiere vivir con nosotros que un primer paso legal, el empadronamiento, le puede permitir una respuesta de inserción en forma de ayuda que contribuya a garantizar necesidades básicas y así a seguir en el camino de la visibilidad y presencia legal, para formalizar un proceso de inserción legal que no sólo consiste en ir superando pruebas, sino también en beneficiarse de su condición de miembro de esa comunidad a la que quiere pertenecer y  a la que de hecho contribuye. Un mensaje positivo para los que llegan, pero también para que nosotros, los de aquí,  aprendamos a verlos como vecinos, como ciudadanos.

No celebro la Constitución Española, pero la fiesta de la Inmaculada, que ni la toquen!

Acabamos de salir de un <superpuente>, de esos que no se ven por ahí. Pero esta vez ha habido alguna peculiaridad. En la primera de las fiestas, el pasado día 6, un buen número de Ayuntamientos en toda Catalunya abrieron sus puertas o, al menos, sus alcaldes y concejales independentistas, decidieron trabajar (aunque no obligaron a los funcionarios a acudir, pues sería ilegal, claro). El argumento era que no tenían nada que celebrar ese día y que la Constitución española les resulta ajena. Hasta el estudioso profesor, primer teniente de alcalde de Barcelona y buen amigo (con personaje en Polonia), Gerardo Pisarello, declaró que haría fiesta el día 6 pero que veía poco que celebrar. La postura de esos alcaldes y concejales está -a mi juicio- amparada por la libertad de expresión y, sobre todo, es coherente con su ideario independentista. En suma, no querían tomarse fiesta ese día de fiesta nacional española, aunque esté en el calendario laboral.

En la mañana del 8 de diciembre traté de consultar por teléfono a 12 de esos Ayuntamientos: Argentona, Benissanet, Berga, Celra, L’Ametlla del Mar, Igualada, Sant Juliá de Ramis, Sant Marti Sarroca, Solsona, Verges, Vic, Viladamat. También llamé a los de Barcelona y Girona. En ninguno de ellos fue a trabajar ningún alcalde ni concejal. En algunos funcionaba un contestador automático. En el de Barcelona me atendió una persona desde la centralita, que me indicó que no podía pasarme con nadie, porque era festivo y no había nadie de entre los que yo preguntaba.

La cuestión es, entonces, ¿por qué quienes trabajan el día 6 aceptan como festivo el día de la Inmaculada?  ¿Acaso no son defensores de la República laica de Catalunya? (bueno, los exCiU, un poco menos lo de laica). Ya sé que me dirán que no es esa la cuestión, que aunque incluso no se sepa qué significa eso de la Inmaculada Concepción, se trata de aprovechar cualquier oportunidad que ofrezca el calendario laboral para hacer fiesta. Pero no me parece de recibo. Veamos. Ese pragmatismo que aconseja hacer fiestas y puentes tiene un límite cuando choca con firmes convicciones en principios patrióticos e irrenunciables como el de tener una fiesta propia del propio Estado (que está en procés) y no celebrar el día de la inaceptable Constitución española, que es la de un Estado invasor, colonial, expoliador y étc. Sin embargo, el pragmatismo sí se impone el día 8, aunque sea al precio de celebrar una fiesta religiosa que encima no es la de su Virgen (la Moreneta), que commemora un dogma muy reciente y discutido incluso en el seno de la Iglesia católica, porque eso de una concepción inmaculada a través del Espíritu santo, es muy milagroso, desde luego, pero se antoja difícil de aceptar, salvo para los que sean fieles, ortodoxos y muy militantes católicos. Y, sobre todo, ¿son conscientes de que sin laicidad no puede existir una república incluyente, igualitaria y abierta a la pluralidad?¿Será, una vez más, que hay principios y principios, y eso de la laicidad les parece menos importante que la catalanidad?

RECEPCIÓN DE LA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES

6 de diciembre de 2016

Bon dia a tothom. Estic molt emocionat i agrahit pel fet de rebre aquesta important distinció de la Generalitat Valenciana.

En ocasiones como esta, un amigo de alguno de nosotros al que es de justicia mencionar en un día como este, en que celebramos el aniversario de la Constitución, Gregorio Peces Barba, al que no dejo de echar en falta, gustaba contar una anécdota de Unamuno…Parece ser que recibía D. Miguel un premio, de manos de Alfonso XIII y en la entrega dijo el filósofo: “gracias, majestad. Es un premio que esperaba y me merezco”. Queda el rey sorprendido y en la copa subsiguiente le pregunta a quien fue rector de Salamanca: “D. Miguel, ¿cómo es que me ha dicho que se merecía el premio?”. “Es que es verdad, majestad; me lo merezco”. “Pero, D. Miguel, cuando doy un premio todo el mundo me dice que muchas gracias, que es un premio inmerecido”. “Es que eso también es verdad, majestad”….

Los voluntarios y el movimiento de la CRUZ ROJA reciben una distinción muy merecida. En mi caso, me limito a decir que la acepto honrado y agradecido, sabiendo que el mío es en gran medida un trabajo de muchos otros…para empezar, de los compañeros del IDHUV, pero también de los compañeros de tantas organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de los más vulnerables y con las que tengo el orgullo de haber colaborado y colaboro. De tantos amigos, algunos de ellos, profesionales dela política que llevan a cabo si tarea con un compromiso por los derechos humanos de los más vulnerables. Ese es para mí el rasgo distintivo del pacte del Botanic que ha dado lugar a este Govern de la Generalitat que ha sabido tomar iniciativas concretas y dotadas de presupuesto, a favor de los derechos de personas que pertenecen a muchos de esos grupos. Algunos de ellos soportan con elegancia y estoicismo mis críticas, más o menos acertadas. La razón de esas críticas no es negar el reconocimiento por su trabajo, sino pedirles más. Porque nuestra tarea, la de los que estamos en el otro lado, en de los administrados, los justiciables, los ciudadanos, ha de ser siempre pedir más, decir que siempre es posible un esfuerzo más, sin negar el reconocimiento a cuanto se hace bien, o muy bien. Empujar a nuestros gobernantes para que avancen más y mejor en esa tarea.

 

Verán: al fin y al cabo, soy un profesor de filosofía del derecho. No puedo concluir sin un par de citas. Una es de Heráclito, que dejó escrito en un fragmento poco conocido “un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas”. Las murallas, las fronteras, sin leyes, sin sujeción al Derecho, son instrumento de desigualdad, de exclusión, de negación de los derechos. Pero es cierto que la defensa de los derechos exige instrumentos de coacción. Es un equilibrio difícil. Pero los derechos deben tener primacía.

 

El otro es Jhering, un jurista del XIX que enseñó que el Derecho es sobre todo lucha por el Derecho, por los derechos diríamos nosotros. Trato de ajustar mi trabajo, como docente, como investigador, y también en mi modesta medida de intervención social, a ese lema que es la única posibilidad de que el Derecho sirva para algo digno y no se convierta en herramienta de desigualdad, de discriminación, de dominación injusta.

 

Para luchar por los derechos hay que trabajar con los demás, crear redes  y no necesaria ni primordialmente esas en las que algunos navegamos. Crear redes no es posible sin contar con nudos, con personas que nos anudan. Todos tenemos la suerte de conocer a algunos. Me permito evocar a Sami Nair, al que debo mucho de mi trabajo y a quien con la ayuda de la Generalitat, esperamos poder incorporar como profesor visitante en nuestro Insituto de derechos Humanos de la Universitat de València, a lo largo de 2017

 

Pero hoy es también un día de fiesta. Un día para hacer algo de lo que nos gusta. A mí, lo que más me gusta es el cine y por eso me voy a atreverá hacerles una sugerencia: vayan a ver Arrival, de Denis Villeneuve. Es a mi juicio una película maravillosa, que nos ayuda sobre todo a entendernos a nosotros mismos, nuestra necesidad de escuchar y entender, comunicarnos con los demás. Para poder negociar nuestros intereses, hay que entender los del otro aprender a escucharles, para saber qué quieren qué queremos, cómo mejorar el entendimiento sin perjudicar los intereses de los demás si ello es posible. Y hay que entendernos a nosotros mismos, que no es poca tarea…

 

Muchas gracias.