otra vez, sobre la lucha antirracista

Fue muy interesante ayer, 18 de marzo, en CaixaForum, asistir a una jornadaorganizada por Médicos del Mundo, con presentaciones muy plurales en torno a la estrategia de combate de la discriminación racial, étnica, cultural, del racismo.
Me alineo con posiciones como las expresadas por Paloma Favieres o Imana Martínez, y no con las que parece adoptar de un tiempo a esta parte Sos Racismo, que coincide en orientación con las tesis de quienes impulsan el proyecto de prioridad de las <personas racializadas>.
Colaboré en la lucha antirracista durante más de 20 años con SOS, pero creo que era otro SOS, aparentemente curado en salud por la experiencia vivida por SOS en Francia y por ello lejos de la tentación del <sarampión infantil> del comunitarismo (por parafrasear la conocida crítica de Lenin sobre el izquierdismo y el comunismo) que me parece advertir en la estrategia de protagonismo excluyente propia de buena parte del movimiento de las <personas racializadas>
Creo que, estratégicamente, esa corriente comporta más riesgos que ventajas. Me atrevo a decir que sus tesis aportan gasolina para los partidarios de Vox
Y en el fondo, es decir, conceptualmente, me parece que sostienen un error, porque construyen un antirracismo que parece cada vez más cercano a una ideología excluyente, pues sostiene que sólo puede ser antirracista quien ha vivido las lacras de la colonización y la esclavitud, como si no hubiera otras víctimas del racismo.
Creo que -sin negar las raíces del racismo en el colonialismo y el imperialismo, lo que constituye una obviedad- sólo puede ser fruto de la ignorancia y de la tergiversación esa especie de reduccionismo que reduce todo colonialismo e imperialismo al fobotipo del <hombre blanco>, el arquetipo reivindicado, sí, por el imperialista y racista Kypling en su famoso poema sobre la <carga del hombre blanco>.
En esos alegatos es frecuente encontrar ridiculizadas las tesis, los testimonios vivos de quienes ha sufrido racismo por ser gitanos, andaluces o murcianos (¡eso no es racismo!, claman), como si los europeos del sur no hubieran sufrido el racismo de los europeos del norte. En esos alegatos se omite, con demasiada frecuencia, el racismo específico sufrido por ejemplo por gitanos y judíos, como si las víctimas del Holocausto hubieran sido un accidente. Y se olvidan otros imperalismos y colonialismos, tremendamente destructivos, como los del <Imperio del Centro> y la etnia han en China o Tibet, los del Imperio del sol naciente, los de los reinos del sureste asiático, etc…
Me reafirmo: la condición de toda lucha antirracista es el universalismo. No el universalismo de sustitución, el glocalismo, una trampa bien conocida. Sino el universalismo que popone la inclusión igual de toda diferencia.
Seguiremos discutiendo, seguro…

TIBET: EL SILENCIO ANTE 60 AÑOS DE EXILIO Y GENOCIDIO (con J.Elías Esteve), Infolibre, 10.03.2019

El Tíbet, el techo del mundo, es un país que alberga una de las más antiguas culturas que conocemos y cuya historia como pueblo se remonta al siglo VII. En 1907, un Tratado entre China, Rusia y el Reino Unido atribuyó a China la soberanía del Tíbet. En 1911 y hasta 1950, el líder religioso del Tíbet lo declaró país independiente, con un régimen muy próximo a la teocracia, que contó con la firme adhesión del pueblo tibetano. En 1950, el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino ocupó el Tíbet, pero mantuvo un gobierno tibetano propio, hasta la rebelión de 10 de marzo de 1959, fecha clave para la historia reciente de este pueblo.

Se cumplen hoy 60 años de ese levantamiento nacional del pueblo tibetano frente a las fuerzas de ocupación chinas, que finalizó con una orden del Consejo de Estado Chino que ordenaba la disolución del gobierno tibetano, que había intentado coexistir con la presencia del Ejército de Liberación Popular en el país. Sofocado de modo brutal, el décimocuarto Dalai Lama y buena parte de sus fieles se vieron obligados a partir al exilio. Al pasar la frontera india, emitió la célebre Declaración de Tezpur, en la que acusaba a China de ocupar militarmente el Tíbet. De forma inmediata, el primer ministro de la India, Nehru, no sólo dispuso de todos los medios para acoger a los miles de refugiados tibetanos que escapaban por los altos pasos del Himalaya, sino que permitió el establecimiento en la localidad de Dharamsala, de un Gobierno Tibetano en el Exilio. Mao no perdonaría esta injerencia india en “sus asuntos internos” y, meses después, estallaría una guerra fronteriza entre las dos potencias asiáticas. Desde entonces, ni el Dalai Lama ni los tibetanos huidos han podido regresar a su país y reunirse con sus familias, ni mucho menos ha quedado resuelta la disputa fronteriza chino-india. Es más, esta enemistad a cuenta del Tíbet, años después, provocó que Pekín contribuyera a que Pakistán se convirtiera en una potencia nuclear. Todo lo cual no solo ha enconado más las ya deterioradas relaciones indo-pakistaníes, sino que todo enfrentamiento en Cachemira, como el que se vive estas últimas semanas, hace planear la sombra de la amenaza atómica.

Desde 1959, la única autoridad en el Tíbet pasó a ser la del EPL, con el establecimiento de Comités de Control Militar en todas las ciudades y aldeas. El resultado directo de la represión armada en el distrito central del Tíbet en los primeros meses de la nueva “administración” impuesta por una ley marcial fue la muerte de más de 87.000 tibetanos, según un informe del propio servicio de inteligencia del propio ejército chino. Pero, sobre todo, la represión desatada el 10 de marzo, al margen de transformar la geopolítica regional sembrando una permanente amenaza a la paz y seguridad internacionales, supuso el inicio de uno de los genocidios más olvidados del siglo XX. Bajo la supervisión directa del primer ministro, Zhou Enlai, se consideró que el levantamiento del pueblo tibetano constituía “crímenes monstruosos”, que amenazaban la unidad del país y que la tarea prioritaria en esos momentos en Tíbet era la de “limpiarlo de todos los rebeldes”, que engañan a la población con supersticiones religiosas. Para tal propósito se creó la Comandancia Militar para el Tíbet que, sólo en tres días, provocó la matanza de diez a quince mil tibetanos en la capital, Lhasa. Ese mismo año la Comisión Internacional de Juristas publicó un informe en el que argumentaba que se estaba cometiendo un genocidio nacional y religioso contra el pueblo tibetano. El problema no pasó desapercibido a la Asamblea General de la ONU, en cuyos debates por vez primera se acusó formalmente a un país de estar cometiendo este crimen. Aquella sesión finalizó con la resolución 1723 (XVI) de 20 de diciembre de 1961, que reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo tibetano, el cual continúa siendo papel mojado e ignorado por toda la comunidad internacional.

Pues bien, hoy, en este 60 aniversario de la masacre, por si alguien albergaba dudas, se ha publicado un informe de Freedom House que sitúa al Tíbet como el “territorio menos libre” entre 195 países examinados, sólo por delante de Siria, con una puntación de 1 sobre 100. La última medida, la nueva “muralla china”, es la prohibición de entrada al Tíbet para cualquier turista o periodista durante los meses de febrero y marzo.

Pese a la incesante propaganda del régimen de Pekín, lo cierto es que éste no puede acreditar los supuestos “avances sin precedentes” que han beneficiado al pueblo tibetano en este ya largo medio siglo. En efecto, desde hace décadas, otra realidad se sobrepone a la oficial con tanta resistencia e intensidad que debe silenciarse o, llegado el caso, reprimirse. Cada 10 de marzo los miembros del Politburó en Pekín temen que el pueblo tibetano vuelva a reivindicar los derechos que les son propios, como se manifestó de forma notable en el 2008.

Pero, claro está, la China maoísta a las puertas de su Revolución Cultural no es la China actual, en la que convive formalmente la ideología y el gobierno único del Partido Comunista con un sistema capitalista salvaje que interesa mantener y alimentar a los Estados occidentales y sobre todo a sus grandes corporaciones. Hoy, los postulados de la real-politik parecen imponer inexorables consecuencias que conducen al olvido de lo que tiene todos los elementos para ser considerada una causa justa.

En efecto, ese pragmatismo explica el crucial giro diplomático emprendido por el gobierno español de Rajoy que, en línea con lo ya adelantado por el Gobierno de Zapatero respecto a Israel, reformó la jurisdicción universal para archivar el caso del genocidio del pueblo tibetano ante las exigencias diplomáticas de Pekín. El Gobierno socialista del presidente Sánchez, con la firme decisión de la ministra de Justicia, pretendió recuperar esa jurisdicción universal pero finalmente volvió a imponerse la real-politik a través de la Asesoría Jurídica del ministerio de Asuntos Exteriores, que se opuso a recuperar esa misma justicia universal mientras desplegaba la alfombra roja en el Palacio Real al presidente Xi Jinping. Para cerrar el círculo, esta misma semana el Tribunal Constitucional ha acabado de sepultar la esperanza de justicia, denegando el amparo a las víctimas tibetanas y sellando así el círculo de la impunidad. Una vez más, las vías pacíficas ajustadas al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos han perdido una nueva partida ante la cada vez más indiscutible hegemonía de los mercados.

Y, sin embargo, la lucha por los derechos debe continuar: así lo manifestarán las protestas pacíficas del 10 de marzo que se despliegan en ciudades de todo el planeta. No olvidemos esta causa que arrastra masivas violaciones de derechos humanos y la imposición de genocidio y exilio. Ciertamente, como lo muestra la del pueblo palestino, no es el único ejemplo, pero sí parece el más olvidado. Free Tibet!

NIÑOS, SI . Revista Entre dos orillas, 2019

Los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) son niños, con todos los derechos del niño, comenzando por el carácter prioritario del interés del menor.

Hay cuestiones que desbordan el marco específico, sectorial, en el que se suelen plantear, para convertirse en cierto modo en símbolos, en referencias mucho más amplias. Es el caso, a mi juicio, del debate que afecta al trato que dispensamos a los menores -inmigrantes, solicitantes de asilo- que llegan a nuestros países, civilizados. Probablemente este asunto es la <prueba del nueve> de nuestra calidad como sociedades decentes.

Comencemos por el principio. Como ha explicado en diferentes trabajos Elena Arce, probablemente la investigadora española que más ha profundizado en el estudio jurídico del problema[1], no hay grupo más vulnerable a las violaciones de derechos humanos que los niños.

Si a (1) esa condición de menores, añadimos las de (2) extranjeros (inmigrantes o solicitantes de asilo) y (3) no acompañados, nos encontramos ante lo que, con una metáfora que el Derecho penal norteamericano ha tomado del béisbol, se conoce como la regla de <three strikes, and you’re out!>[2]. Se trata de la multiplicación de factores de vulnerabilidad, que convierte a los Menores Extranjeros no Acompañados, los que conocemos en el argot técnico de UNICEF como MENAS, en los sujetos más frágiles, más vulnerables[3].

En España, los datos de 2018 arrojan hasta octubre cifras relevantes, pero en modo alguno preocupantes en el sentido de inabordables. El número total de MENAS en España alcanzó la cifra de 11174, de los que casi 5000 llegaron en 2018, con una distribución territorial muy asimétrica, si se piensa que 4098 de ellos se encuentran en Andalucía y casi 1000 en Melilla. Es decir, hay una desproporción considerable entre las diferentes Comunidades Autónomas: manda la geografía y los responsables del Gobierno central y de esos diferentes territorios han fracasado hasta hoy en el establecimiento de una distribución equilibrada (como sucede en la UE).

El primer problema radica en que las diferentes comunidades autónomas se ofrecieron a acoger sólo a 199 menores extranjeros no acompañados, lo que representa apenas el 1,8% de los 11.174 niños registrados en España (poco más del 4% de los 4.835 que llegaron en este año pasado). El sistema de reparto ideado desde el Gobierno central, que bonificaba a las comunidades que se ofrecieran a acoger a los niños de otras regiones, atribuyéndoles un 25% adicional en la cuantía de la ayuda prevista (40 millones de euros en total) fracasó[4]. Es el pecado de la ausencia de planificación y coordinación; también, de la ausencia de solidaridad. Pero, sobre todo, de no tomar en serio el principio jurídico básico al que aludiré a lo largo de estas páginas, el deber de garantizar la prioridad del interés del menor.

Digámoslo claro desde el primer momento: por supuesto que la creación de categorías o taxonomías técnicas como esta de MENAS tiene una justificación funcional, en el ámbito del Derecho migratorio, de extranjería y asilo. Pero lo cierto es que, antes  de hablar de MENAS, deberíamos hablar de niños, de menores. Por tanto, toda consideración jurídica respecto a ellos debe encuadrarse en un marco normativo que tiene standards internacionales e internos muy bien definidos: la Convención de derechos del niño, de Naciones Unidas (1989) y, en el caso español, la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor.

De ese standard se desprende un principio jurídico prioritario, tanto desde el punto de vista sustantivo como en su dimensión interpretativa: el interés del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. También sobre elementos administrativos, como el carácter, regular o no, de la presencia de un menor extranjero en territorio de soberanía de otro país.

 

 

 

Las inequívocas Observaciones de los Comités de las Naciones Unidas son reiteradamente incumplidas por los Gobiernos europeos, que parecieran preferir el lema <antes extranjero, que menor>.

Ese criterio prioritario, el del respeto al interés del menor, ha sido reiterado por el Comité de derechos del niño de la ONU en reiteradas recomendaciones[5] y entre ellas revisten particular interés las dos Observaciones Generales emitidas conjuntamente en 2017 por dos Comités de la ONU con competencia en este ámbito (el Comité de derechos de los trabajadores inmigrantes y el propio Comité de derechos del niño). La primera, relativa a “los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional”, (Observación general conjunta nº 3 del Comité de derechos de los trabajadores inmigrantes y la Observación General conjunta nº 22 del Comité de derechos del niño). La segunda, sobre “las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno” (Observación general conjunta nº 4 del Comité de derechos de los trabajadores inmigrantes y Observación General conjunta nº 23 del Comité de derechos del niño).

Lamentablemente, como veremos, estas Observaciones generales están siendo ignoradas por buena parte de los Gobiernos europeos en su deriva obsesiva hacia el control unilateral de los movimientos migratorios, marcada por el tratamiento en términos de orden público y la supeditación a las exigencias coyunturales del mercado formal de trabajo interno. Los MENAS son un problema, pues no pueden ser considerados inmigrantes irregulares y los Estados están obligados a cumplir con los standards normativos ya referidos, es decir, a acogerlos y garantizar todos sus derechos hasta que cumplan la mayoría de edad, lo que resulta antieconómico. No resulta extraño, pues, que los partidos y los gobiernos que aceptan la lógica jurídica perversa que identifica al inmigrante aceptable como aquel que es funcional a las necesidades coyunturales del mercado de trabajo, esto es, supedita la noción de emigrante a la condición de trabajador útil y que produce beneficios y mientras los aporte, tenga problemas con la llegada de los MENAS: son niños antes que inmigrantes y eso rompe con toda la construcción jurídica de la que se sirven los instrumentos de políticas migratorias. De ahí el empeño, insisto, obsesivo, en tratar de poner en duda la condición de menores o incluso, como se ha propuesto recientemente, en subvertir el principio de que los menores inmigrantes son niños antes que inmigrantes.

 

 

Los niños inmigrantes, instrumento de una política electoralista y cortoplacista

Todo ello viene particularmente a cuento por cuanto, en estas primeras semanas de 2019 y más aún, al calor de las inminentes citas electorales, buena parte de los partidos que participan en la contienda aceptan utilizar el tema migratorio como elemento de discusión partidaria, si es que no hacen de él (de su versión, tendríamos que añadir) el principal caballo de batalla, junto a la denominada cuestión catalana.  

En ese contexto, se producen iniciativas que afectan directamente al estatuto jurídico de los menores extranjeros no acompañados, convertidos, como se ha asegurado, en el espejo de “los intrusos en la fortaleza europea” (https://www.elsaltodiario.com/migracion/los-menores-que-migran-solos-son-los-intrusos-en-la-fortaleza-europa). Como se ha denunciado en numerosas ocasiones, el problema es que, en muchos casos, su situación en centros de menores es incluso peor que en la calle (https://mundoenmovimiento.org/articulo/por-que-la-calle-es-mejor-que-el-centro-de-menores/).

 

 

 

Tres ejemplos de malas prácticas respecto a los niños inmigrantes

Me limitaré a citar tres ejemplos de esta deriva política reaccionaria, propia  de quienes, en aras de un populismo demagógico, no dudan en destruir principios básicos del reconocimiento jurídico de los niños.

El primero, de ya larga trayectoria, es el intento de borrar la condición de menor para anteponer la de inmigrante. Ya en su momento, tras la denominada <crisis de los cayucos>, el Gobierno autónomo de Canarias exigió reiteradamente poder acogerse a la condición prioritaria de inmigrante ilegal para expulsar (para enviar a territorio de la península como paso previo) a los menores inmigrantes no acompañados., pese a que ellos infringía directamente, como hemos visto el standard internacional de derechos de los niños y la propia ordenación española sobre protección jurídica del menor.

En los últimos meses, los Gobiernos de Ceuta y Melilla, alegando una situación de crisis excepcional por el número de menores extranjeros no acompañados que, según alegan, “desbordan” las instalaciones de las ciudades autónomas y crearían una situación de emergencia en las calles, volvió a proponer la consideración de estos menores ante todo como inmigrantes. Aunque esta propuesta viene de lejos y, por ejemplo, se trató de poner en práctica en el denominado “verano de los cayucos” y con gobiernos de distinto signo (tanto del PP como del PSOE), en enero de 2019 recuperó actualidad. El nuevo líder del PP, Pablo Casado, anunció en Melilla una iniciativa parlamentaria que vuelve sobre la disyuntiva <menor> y <extranjero> intentado revertir el principio básico de interés del menor. En efecto, en coherencia con tesis ya mantenidas por políticos del mismo partido en esas dos ciudades, Casado planteó la necesidad de superar lo que denominó “perspectiva social” sobre los menores inmigrantes, para abordar de una vez, sin complejos, la situación de los MENA “desde una perspectiva de inmigración económica”. Se trata de un eufemismo para plantear una estrategia prioritaria de “devolución” o “retorno” de los menores a sus familias y países de origen que, en la práctica, se traduce en agilizar los procedimientos para su expulsión, puesto que los menores, de acuerdo con el standard normativo al que ya he hecho referencia, no pueden ser expulsados (salvo que sean reclamados por sus familias).  Por supuesto, además de violar el standard normativo en materia de derecho de menores, se introduciría así una discriminación por razón de nacionalidad, de todo punto inaceptable.                        

Cabría señalar que, sin tanta gravedad expresa, otras iniciativas de distinto signo político contribuyen a rebajar la aplicación del principio básico de interés del menor. Así, desde octubre de 2018 el Gobierno Sánchez ha negociado con Marruecos la repatriación de menores sobre todo marroquíes (se calcula que el 70% de los MENAS que se encuentran en España pertenecen a esa nacionalidad), “en aras del reagrupamiento familiar” y en aplicación del acuerdo bilateral de 2007, que entró en vigor en 2013. Como se denunciaba en un reportaje periodístico[6], el Gobierno asegura que las autoridades marroquíes “están dispuestas a empezar con las labores de identificación” en los centros de acogida andaluces para “proceder a la localización de sus familiares” y resolver  los datos de identificación “en un plazo de tres meses, desde que las autoridades españolas envíen los datos obtenidos de los recién llegados”. Es justo añadir que el Ministeriod el Interior español expresó en todo momento que nada en este procedimiento alteraría el principio de interés superior del menor y expresamente garantizaba “condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”, y la creación de una comisión de seguimiento. 

 

El segundo es el intento de los gobernantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por revisar las reglas consagradas en nuestro Derecho vigente, concretamente en los artículos 17 y 22 del Código Civil,  sobre el acceso a la nacionalidad de niños nacidos en esos territorios de soberanía española.

Así, el Gobierno de Melilla consiguió que la Asamblea de la ciudad autónoma (con los votos en contra de PSOE y Coalición por Melilla y la abstención de C’s) aprobase el pasado 18 de febrero una propuesta para pedir cambios en el Código Civil que permitan endurecer los requisitos para el acceso a la nacionalidad española a los hijos de mujeres marroquíes no residentes en España que nacen en Melilla y Ceuta. Esta iniciativa había obtenido el apoyo del Partido popular, pues en su visita en enero a la ciudad, el Sr Casado adelantó esta posición. La propuesta se justifica, según el gobierno melillense, como “un arma defensiva del estatus político, jurídico y constitucional” de Melilla para “poner freno al desmadre de nacimientos” que se están dando en el hospital de la ciudad, pues el 63,63% de las parturientas son extranjeras y más del 90% de ellas marroquíes. Todo ello, teniendo en cuenta que solo se requiere un año de residencia a los extranjeros nacidos en España para concederles la nacionalidad. Lo cierto es que ya se produjeron medidas de refuerzo de las condiciones de acceso a la nacionalidad en 2012 y 2015.

La propuesta del gobierno melillense consiste en ampliar hasta diez años el requisito de un año de residencia y, a esos efectos, se pide la reforma de lo dispuesto en los artículos 17.1b y 22.2 del Código Civil. Así, donde el primero enuncia “son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España”, se añadiría otra excepción: “se exceptúan los hijos de los extranjeros no residentes nacidos en las ciudades de Ceuta y Melilla”. Por lo que se refiere al artículo 22.2, que establece un año  como plazo de residencia para adquirir la nacionalidad, se propone una consideración específica para las ciudades de Ceuta y Melilla:  “En el caso de hijos de extranjeros no residentes nacidos en Ceuta y Melilla, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en ambas ciudades, para acceder a la nacionalidad española por nacimiento se deberá acreditar la vinculación con España mediante la residencia legal continuada en territorio español de 10 años”.

 

El  tercero, el caso más reciente y al que prestaré mayor atención por su trascendencia, es el que ha dado lugar a una seria llamada de atención a España por parte del Comité de derechos del niño de la ONU, el 1 de febrero de 2019, con motivo de la aplicación de la práctica de las <devoluciones en caliente> (que en realidad deberíamos llamar deportaciones o expulsiones sumarias, pues se realizan sin procedimiento administrativo y, obviamente, sin decisión judicial) a un menor de nacionalidad maliense[7] el 2 de diciembre de 2014 (cfr. https://cadenaser.com/ser/2019/02/18/sociedad/1550510829_311777.html?ssm=tw, consultado el 21 de febrero de 2019).

El Comité, recuerda inequívocamente “la obligación de los Estados de proveer protección y asistencia especiales a niños no acompañados”, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención, “incluso con respecto a los menores que queden sometidos a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional”.

Asimismo, censura que el Gobierno español no consideró el interés superior del niño (artículo 3). Y no lo hizo, pese a que “tiene la obligación de realizar una evaluación previa sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable para el menor y de violaciones graves de sus derechos en el país al que será trasladado o devuelto” o “las consecuencias particularmente graves para los menores que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios”. 

Es muy importante la concreción que apunta el Comité de los derechos que comporta el interés superior del menor. Así, el Comité señala que “en el contexto de la evaluación de su interés superior y en los procedimientos de determinación de este interés superior, debe garantizarse a los niños el derecho de acceder al territorio, cualquiera que sea la documentación que posean o de la que carezcan, y ser remitidos a las autoridades encargadas de evaluar las necesidades de protección de sus derechos, sin merma de las garantías procesales”.

El Comité denuncia la violación de un buen número de preceptos de la Declaración de los derechos del niño de la ONU y exige al Estado español “una reparación adecuada, incluida una indemnización financiera y rehabilitación por el daño sufrido”. Expresamente se advierte que las autoridades españolas no brindaron al menor  la protección y asistencia especiales en su condición de niño no acompañado (artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño); no respetaron el principio de no devolución y expusieron al menor a correr el riesgo de sufrir actos de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Marruecos (artículo 37).  

Como señaló la representante del joven maliense y abogado cooperante de ECCHR, Carsten Gericke, “La decisión tiene una importancia fundamental para la protección de los menores no acompañados, no sólo en la frontera hispano-marroquí, sino en las fronteras terrestres en general”. Lourdes Reyzábal, Presidenta de Fundación Raíces, la ONG que lo ha representado, insiste en que “este caso, una vez más, pone en evidencia que, en España, en el caso de los niños extranjeros, las políticas de protección a la infancia están sometidas a las políticas de extranjería y del control de los flujos migratorios y las fronteras siguen siendo espacios donde no se respetan los derechos de las personas y donde no existen las garantías jurídicas básicas”.

Es importante, desde luego, la advertencia del Comité en el sentido de que España tiene asimismo la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro y la exigencia al Gobierno español de reformar disposición adicional décima de la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana que fue la que habilitó la práctica indiscriminada del Estado parte de deportaciones automáticas en su frontera. Esto significa que para este Comité de la ONU no hay ninguna duda de la ilegalidad de las llamadas devoluciones en caliente.

 

[1] Cfr. su tesis doctoral Menor y extranjero: dos lógicas enfrentadas (Universidad de Málaga, 2016). Cfr. asimismo su artículo “El derecho del menor extranjero a ser escuchado y su interés superior en los procedimientos de repatriación”, CEFD, nº 38/2019.

[2] La analogía con esa regla de juego se encuentra en la Violent Crime Control and Law Enforcement Act (1994), conocida como Three Strikes Law y que pronto fue considerada una manifestación de lo que se denomina Racial Justice, porque parece claramente orientada a procesos relacionados con la inmigración. Sobre la crítica a esa ley puede verse la oposición manifestada por la American Civil Liberties Union () https://www.aclu.org/other/10-reasons-oppose-3-strikes-youre-out. En un reciente artículo, exponente de la, a mi juicio, tan frecuente como rala aproximación positivista, tan rica en erudición técnicojurídica como pobre en análisis crítico, N.Alonso y D. Carrizo emplean a mi juicio desafortunadamente la metáfora futbolística “hat Trick”. Cfr. “La problemática situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados: entre la desesperación y la protección”, The Age of Human Rights Journal, vol.13/2019.

[3] Sobre los rasgos de los MENAS que multiplican el efecto discriminatorio puede verse el artículo de Angelidou y Agauded, (2016), “Los derechos de los menores extranjeros no acompañados en los Centros de Menores”, Revista internacional de Didáctica y Organización educativa, diciembre 2016, pp. 4 y ss y también Aguaded-Ramírez, E. y Angelidou, A. (2017) “Menores Extranjeros no Acompañados. Un fenómeno relevante en la sociedad española. La perspectiva de los trabajadores en los centros de acogida”. Revista de Educación de la Universidad de Granada, 24/2017, pp. 47-63.

[4] Estas son las cifras, a octubre de 2018: Castilla y León, que había registrado en 2018 un incremento de 23 menores y se ofreció a hacerse cargo de otros 40 procedentes de otras regiones, por los que recibiría 545.660 euros. Extremadura, que no registró ninguna entrada de niños entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 atendería a 34 niños. La ayuda del Gobierno sería de 317.678 euros. Asturias  tenía un incremento de 11 menores y acogería 31, por los que recibiría 371.871 euros. Castilla-La Mancha habilitaría plazas adicionales para 24, Aragón y Galicia para 20 y BalearesNavarra y Cantabria para 10.  Ni Madrid, ni La Rioja, se ofrecieron; tampoco Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, País Vasco, Andalucía, Ceuta ni Melilla. El Gobierno atribuyó un total de 38 millones de euros, comenzando por las Comunidades que habían recibido el mayor número. Así, a Andalucía, la comunidad que recibió más del 50% de los menas llegados a España entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018 se le atribuía la mayor cuantía: 25,5 millones de euros, que suponen dos tercios de las ayudas. Le seguían Cataluña, con dos millones; el País Vasco, con 2,05; y la Comunidad Valenciana, con 2,003 millones. Melilla recibía 1,2 millones, mientras que en el caso de Ceuta se atribuían. 1,09.

[5] Cfr. por ejemplo Observación  General  Nº 5  (párrafos  18 a  23): Trato  de  los  menores no  acompañados  y  separados de  su  familia fuera de su país de origen; Observación General Nº 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de Origen; Observación General Nº 12 (2009) El derecho del niño a ser escuchado; Observación  General  Nº  14  (2013)  sobre  el  derecho  del  niño  a  que  su  interés  superior  sea  una  consideración primordial; Observaciones Finales a España 55º período de sesiones 13 de septiembre a 1º de octubre de 2010.

 

[6] Cfr. https://www.eldiario.es/desalambre/PP-defiende-menores-migrantes-adultos_0_853565138.html, (consultado el 20 de febrero de 2019). Pueden leerse las declaraciones del Consejero de Bienestar social de Melilla el Sr. Ventura, en https://www.eldiario.es/desalambre/Daniel-Ventura-Asuntos-Sociales-legislacion_0_537197079.html , o en https://elfarodemelilla.es/gobierno-melilla-anuncia-subira-muros-centro-menores-la-purisima/ (ambos consultados el 21 de febrero 2019).

 

[7] El menor, conocido por las siglas D.D., huyó de la guerra de Mali. Pasó casi un año en el Monte Gurugú y logró entrar a España con 15 años, pero nadie le ofreció pedir asilo o protección. Nadie le preguntó cómo se llamaba, o si era un niño. La Guardia Civil lo bajó de la valla de Melilla, lo esposó y lo “expulsó por el procedimiento sumario. Pero el menor, 28 días después, consiguió saltar y quedarse en España. Fue el 30 de diciembre de 2014.  Después de pasar dos meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en febrero de 2015, fue trasladado a la península y aAfinales de julio de 2015, gracias a la asistencia de la ONG Fundación Raíces y a la tarjeta de registro consular expedida por el consulado de Mali en Madrid, donde constaba su fecha de nacimiento el 10 de marzo de 1999, obtuvo protección como niño no acompañado y fue alojado en una residencia de menores bajo la guarda de autoridades españolas. Cinco años después, el Comité ha emitido el primer dictamen de la ONU que constata la “deportación sumaria de un niño no acompañado de España a Marruecos” y que certifica la ilegalidad de estas llamadas “devoluciones en caliente” lo que lo convierte en un caso de referencia en la lucha por los derechos de los niños migrantes.

 

“Vayas donde vayas, vallas”, Prólogo al libro “Fronteras”, libros.com, 2019

Es legítimo suponer que una parte importante de los lectores que acuden al encuentro de este libro, buscan reflexiones que le ayuden a analizar, a entender y -por qué no- a actuar, frente a un asunto tan capital como contradictorio y controvertido, la realidad de las fronteras, hoy. Una realidad que no es sólo un elemento de la concepción clásica de la geopolítica, sino también y sobre todo -quizá hoy como nunca- una de las claves de desarrollo de ese instinto presente en cada uno de nosotros, la incomprensión, el miedo y finalmente el odio al otro. En otras palabras, una manifestación de esa enfermedad moral que es la xenofobia, que rebrota con fuerza entre los europeos. Sí: en buena medida, el propósito de los cuatro autores de este libro es ese combate cívico, moral y político contra el mal de la xenofobia, que encarna en una concepción ideológica que se sirve de las fronteras.

Fronteras. El nuestro, se suponía, era el escenario de desterritorialización, propio de la fase avanzada del proceso de globalización en que vivimos y que habría acabado con los restos del orden interestatal heredero del modelo westfaliano. Digo interestatal, para subrayar lo que nos han enseñado maestros del Derecho y las relaciones internacionales como Antonio Remiro: todavía a finales del siglo XX, era impropio utilizar el adjetivo internacional en sentido estricto. El Derecho al que intentaron dar cuerpo los teólogos y juristas españoles del XVI (Vitoria, Suárez, Las Casas) era y sigue siendo hoy sobre todo un Derecho entre Estados, protagonizado por ellos o, a lo sumo, por potencias de ambición imperial. La dimensión de internacionalidad en sentido estricto, la proporcionan otro tipo de agentes, no estatales, pero tampoco públicos: las empresas y corporaciones transnacionales y, en menor medida, las Organizaciones No Gubernamentales que aspiran a una proyección, si no internacional, al menos regional. Lo cierto es que la noción de frontera está preñada de ambigüedad incluso si, como es el caso, parece traducir una barrera natural. Porque la noción dominante hoy de frontera es una reducción que no hace justicia al papel histórico.

Pero, ¿qué es hoy una frontera? Creo que la notable politóloga y feminista nor- teamericana Wendy Brown ha explicado muy bien en su imprescindible Walled States, walling Sovereignity (del que hay traducción castellana, Estados amurallados, soberanía declinante, Herder, Barcelona, 2015) las contradicciones que nos depara el proceso de globalización que, como decía, identificábamos ingenuamente con la progresiva desterritorialización del mundo. Pensábamos que la lógica de ese proceso llevaría antes o después a la caída (a la abolición) de las fronteras, al menos entendidas como instrumento de afirmación de soberanía territorial respecto a quien se la disputa (es decir, otros estados o bien «hordas» invasoras). Una desaparición de las fronteras entendidas como limite geográfico fortificado frente al enemigo exterior, ese que criticara Buzzatti en su novela El desierto de los tártaros, como también lo hicieron Kavafis –en su poema Esperando a los bár- baros– y Coetzee –en su novela homónima Waiting for the Barbarians–. Pero la realidad inmediata nos demuestra que no sólo no desaparecen (aun cuando sea con una función simbólica que, en todo caso, mantiene la carga represiva, violenta), sino que se incrementan. Nos faltaba por ver el refuerzo de muros y vallas al que asistimos aceleradamente desde 2015 en buena parte de la UE, que parece redescubrir el mito de la Europa fortaleza, desde Polonia y Hungría a Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países bajos, Francia y España. La UE no es la única en mantener esa noción de frontera que más que policial deviene en militar. Baste pensar en lo que sucede entre México y EEUU, en la política que practica Australia o en la que sufren los rohingyas, ese grupo etno-religioso (musulmán) de aproximadamente un millón de personas, que habita en el Estado de Rajine (o Rakain), en Myanmar, perseguidos por el Gobierno de Aung San Su Kyi y rechazados por todos los estados del sureste asiático. Ese mundo sin fronteras que nos prometían el modelo hegemónico de mercado global y sus agentes y apologetas y al que aspiraban en su denominación una pléyade de organizaciones que tomaban la expresión como apellido (…Sin Fronteras), se ha revelado, en gran medida, una ilusión. Peor, una cruel contradicción. No vivimos en un mundo ancho y de todos. Más bien, como escribiera el peruano Ciro Alegría, para la mayoría de la población, el mundo sigue siendo ancho y ajeno. Para ellos valdría este lema: vayas donde vayas, vallas.

Pero adentrémonos un poco más en el uso del término <fronteras> y a su repercusión en lo que más importa, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.

Es necesario insistir en que la noción de frontera, históricamente, no es equivalente de forma exclusiva a la de muro defensivo, ni al confín de soberanía. Incluso en términos clásicos, la distinción entre los términos romanos de limes, confines o vallum es muy compleja. Resumiendo, casi al riesgo de la simplificación, diría que si bien ha quedado en nuestra concepción de frontera la idea de confín, de límite y barrera del Estado, esto es, de instrumento de delimitación de la soberanía territorial, al modo que ejemplifica el famoso <muro de Adriano>, no es menos cierto que en el origen mismo de este concepto, la frontera es sobre todo una zona de contacto, de tensión, pero de intercambio. Y es que, más allá de las delimitaciones artificiales que los estados convienen (o imponen), es decir, construyen, a efectos de gesto ostensible de soberanía (y por tanto de lógica militar o al menos de policía y defensa), hay pueblos, culturas, intereses y necesidades sociales y económicas que se relacionan a través de la frontera como zona o espacio de contacto. Insisto: frente a la noción de frontera como limes, esto es, una línea fortificada que sirve para separar civilización de barbarie, hemos de recuperar la dimensión de frontera como espacio de interacción económica y social que paulatinamente puede propiciar el intercambio, la negociación y el mestizaje: cultural, económica, social, política. Eso habría sido el Mediterráneo como frontera, escenario de conflictos, pero inevitablemente de conflictos que nos han constituido, que han construido lo que somos. Y, precisamente por eso, Mar común, Mar nuestro. Precisamente por esto el cierre, el bloqueo, el alzamiento de continuas y enormes dificultades que reducen hasta casi eliminar ese espacio de contacto —insisto, no arcádico— les o que a mi juicio constituye el error más grave de nuestras políticas de inmigración y asilo. Un error que, por lo demás, constituye una gravísima contradicción con todos los intentos de optimizar los beneficios que ambas partes (la UE, desde luego) podrían obtener de la existencia de un espacio común.

La realidad es que la fuerza de la noción de <frontera> va mucho más allá de su acepción como marcador espacial, territorial. Lo había advertido Foucault en su premonitoria conferencia de 1967 “De los espacios otros”, donde sostenía: “Nuestra vida está controlada aún por un cierto número de oposiciones que no se pueden modificar, contra las cuales la institución y la práctica aún no se han atrevido a rozar oposiciones que admitimos como dadas: por ejemplo, entre el espacio privado y el espacio público, entre el espacio de la familia y el espacio social, entre el espacio cultural y el espacio útil, entre el espacio del ocio y el espacio del trabajo, todas dominadas por una sorda sacralización”. Para Foucault, la primera frontera, la que delimita lo público y lo privado, se alimenta de esa otra frontera que es la construcción del sexo como género y que apreciamos en Aristóteles: la mujer ocupa el núcleo de lo privado, la procreación, la casa; sólo el hombre es dueño de lo público, lo que exige, obviamente, que sea el cazador y el guardián de la frontera.

Y en ese sentido es en el que Balibar hablaba de fronteras, en su clarividente libro de 1992 Las fronteras internas de la democracia y en dos ensayos de 1997,  “Qu’est-ce-qu’une frontiére” y  “Les frontiéres de l’Europe”: esas líneas divisorias son ante todo interiores y siguen una vez más la lógica terrible de la actio finium regundorum característica del derecho de propiedad erigido en paradigma del Derecho y de los derechos, esa acción en la que Rousseau veía el origen de toda desigualdad. Las fronteras no son sólo ni fundamentalmente líneas físicas que siguen accidentes geográficos, sino las barreras que marcan las diferencias de status, de clase, de derechos.

Pues bien, parece un hecho incontrovertible que en los últimos treinta años han aumentado las fronteras. en una y otra acepción: sobre todo, se ha multiplicado su utilización funcional al proceso de construcción social, de delimitación del otro como diferente y, por consiguiente (pese a que se trata de un non sequitur, de una inferencia lógica ilegítima) como desigual. Las nuevas fronteras, los muros y las vallas son instrumentos que sirven para el rechazo, el miedo y el odio al otro, que se han apoderado de nuestro universo simbólico, incentivados por el uso partidario de esa construcción social del otro como enemigo, propia de la concepción maniquea, schmittiana de la política. No es nuevo, insisto: es el viejo recurso de quienes no tienen propuestas políticas que ofrecer y, conscientes de la pérdida de adhesión social, recurren al viejo argumento del miedo al otro como mecanismo centrípeto, de adhesión social, que exige siempre un enemigo o, al menos, un chivo expiatorio para el que nadie mejor que el que es definido como ajeno a nosotros. Es en ese sentido en el que, según creo, se ha acrecentado en buen aparte de las democracias europeas la frontera interna de la desigualdad (jurídica y política) en línea con lo que denunciara Balibar, forzando así los límites admisibles del Estado de Derecho y de la democracia que difícilmente pueden soportar sin degradarse inaceptablemente el grado de exclusión que esto comporta.

Junto a ese proceso de repliegue, de reacción social, que alimenta la actual ola xenófoba, hay que destacar esa segunda acepción (nada novedosa) de las fronteras  en su peor concepción espacial, la que las entiende como barreras que separan, que exhiben de forma contundente (tendencialmente bélica, aunque sea en su acepción defensiva) el atributo por excelencia del Estado nacional, que es una concepción de soberanía ligada a un territorio y a una comunidad etnocultural las más de las veces definida como nación homogénea. Las fronteras son así entendidas como ámbitos del ejercicio de la policía administrativa, de orden y control de la circulación hacia o desde ese territorio soberano. Pero fácilmente se deslizan hacia esa otra noción de seguridad y defensa que es, inevitablemente, prevención frente a una amenaza, contra un enemigo. De donde el deslizamiento hacia el énfasis en esa función defensiva (insisto, bélica) como mensaje que pretende reafirmar una vieja noción de soberanía en un mundo en el que se desvanece. Se trata de una paradoja que ha explicado muy convincentemente la politóloga y ensayista feminista Wendy Brown. Es la lógica que despliega Trump cuando aduce un problema de emergencia nacional (el peligro inmigrante, identificado con la amenaza que significarían miles de <criminales> extranjeros que esperan pasar la frontera) para justificar la necesidad de financiar incluso de modo excepcional -de más que dudosa legalidad-su proyecto estrella, el muro. Pero no queda tan lejos de esa lógica que exige amurallar, vallar con elementos agresivos (las concertinas) las fronteras de Ceuta y Melilla.

En todo caso, conviene recordar que un examen objetivo de lo que está sucediendo en el contexto de la actual etapa del proceso de globalización impone el reconocimiento de la porosidad de las fronteras y el fracaso de todo intento de cerrar las fronteras como fortaleza, un intento que la UE trata de resucitar de tanto en tanto, desde una miope visión económica (centrada en la obtención del ejército de reserva, ni más ni menos) que daña exigencias elementales del Estado de Derecho respecto a los inmigrantes y aún peor, obligaciones internacionales de los estados miembros en materia de derechos de los refugiados. En efecto, aunque algunos puedan pensar que esa situación resulta de utilidad para el mantenimiento de un abundante contingente laboral o, en los términos acuñados por Karl Marx en El Capital, de un copioso ejército industrial de reserva, siempre disponible para cubrir las demandas de la economía (ya sea formal o sumergida), incurre en el error de reducir un fenómeno social global (en el sentido de Mauss) a su dimensión económico laboral y aun así de forma dudosamente eficaz, por su conjugación (si no supeditación) a la dimensión de orden público, exigencia/coartada de la política de miedo que trata de paliar la pérdida de agregación de las clases convertidas en precariado y produce un efecto de estratificación social que propicia una situación estructural de violación de los derechos humanos muy poco acorde con los presupuestos normativos mínimos del Estado de Derecho. 

En realidad, pese al mensaje continuado de la necesidad de control absoluto de las fronteras en términos de filtro que no deje pasar al no deseado, al que seguimos denominando «ilegal» (no tanto porque sea un delincuente peligroso sino porque se trata de un inmigrante «excedente»), es casi imposible ofrecer ejemplos de Estados cuyo territorio esté completamente sellado, incluso pese al continuo perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia de las fronteras. La porosidad de las mismas es una señal más del fenómeno señalado por W. Brown, la progresiva erosión de la soberanía estatal, aún más escandalosamente visible en el caso de la UE, con una geometría variable de definición de su territorio y sus fronteras, que acaba impactando sobre la movilidad de sus propios ciudadanos, como estamos viendo ahora en los casos de Bélgica, Alemania o Reino Unido: el nexo político y jurídico entre soberanía y territorio se ha visto cuestionado por la multiplicación de poderes y ordenamientos supranacionales, el rápido crecimiento e intensificación de los vínculos transnacionales, así como el afianzamiento de los nuevos circuitos globales de producción e intercambio de capitales.

 

Vayamos a la cuestión. Hemos llegado a un punto en el que se hace verosímil plantear la pregunta: ¿son las fronteras un daño y, por tanto, violencia? Aún más, ¿son violencia estructural? Parece indiscutible reconocer que, hoy, para muchos millones de seres humanos, las fronteras son sobre todo la evidencia de un riesgo serio de muerte o de daños importantes en la integridad física, una restricción a la libertad de circulación que resulta difícil justificar en su alcance, por discriminatoria e inaceptable. ¿Debemos abolirlas porque son un daño? ¿son simplemente una más de las reglas que hacen posible la libertad?

A la vista de las estadísticas de muerte, de violación de derechos en los campos externalizados, como los de Libia y en esa perversión en que hemos convertido los campos de acogida de refugiados, transformados en campos de concentración donde no son excepcionales los suicidios de niños,  es imposible negar que el resultado del empeño de los gobiernos europeos es construir la frontera y en particular el Mediterráneo como frontera, desde la playa del Tarajal a las islas de Kos y Lesbos, como emblema de la necropolítica, según he propuesto en otros trabajos. Un apolítica para la que el bien jurídico elemental, el derecho a la vida, no cuenta. Las aguas del Mediterráneo nos arrojan cadáveres, que son solo la punta del iceberg respecto a los cadáveres que sepultan. Por cada Aylan, cuya foto conmueve a la opinión pública, son centenares los cuerpos de niños que yacen ocultos en el suelo

La legalidad que hace y define hoy las fronteras de los Estados europeos parece, en no pocos ámbitos, incompatible con principios básicos del Estado de Derecho y muy concretamente con el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos fundamentales. Esta política de fronteras que insisto en recordar que se empeña en la anacrónica lógica territorial estatal, está sobre todo al servicio de una noción de mercado y de poder caducas: las fronteras violan la lógica universalista de la globalización jurídica y política, que sigue la vía del cosmopolitismo jurídico al menos en lo relativo al igual reconocimiento de los derechos humanos universales y de sus garantías. en el caso de la UE y como consecuencia del proceso de renacionalización de las políticas migratorias y de asilo, el régimen jurídico de las fronteras parece convertirlas en <instrumento de guerra contra inmigrantes y refugiados>, tal y como viene sosteniendo Migreurop: una guerra en la que el Derecho es instrumento básico, lo que supone la destrucción del Estado de Derecho y de aquello que da sentido al Derecho mismo, la lucha por los derechos. Insisto, ese modelo de política de las fronteras viola la lógica propia del Estado de Derecho, sus principios y valores, sus reglas: la primacía de los derechos, los bienes jurídicos e intereses prioritarios porque están al servicio de las necesidades básicas. Cuando todo el empeño de la política migratoria es conceptualizar la inmigración en tiempos de crisis como una amenaza de orden público y aun de seguridad, de defensa, se construye una lógica jurídica de estado de excepción permanente para algunos grupos sociales y se multiplican sus instrumentos, como los campos de internamiento, la utilización de fuerzas armadas o análogas y la criminalización de inmigrantes y aun de refugiados.

 

En las páginas que siguen, el lector encontrará cuatro ensayos escritos por periodistas y escritores especializados en el análisis de la movilidad humana forzada, puesto que no sólo los que huyen de la persecución, los que ansían la protección el asilo son desplazados forzados; también lo son la mayor parte de los que denominamos inmigrantes laborales o económicos, que huyen de un estado de necesidad. Javier Bauluz, Nicolás Castellano, Daniela Pastrana y Juan José Téllez, a lo largo de cuatro capítulos, nos traen a la vista ante todo lo más necesario, la historia de personas que, lejos de ser anónimas, meras cifras de una estadística implacable, tienen rostro, nombre, identidad. Son los protagonistas concretos de una condición estructural y trágica impuesta por el modelo de globalización de un negocio del que se lucran no sólo las mafias, sino las empresas transnacionales que se sirven de ese tráfico y explotación de seres humanos, y las que engrosan su cuenta de beneficios con el negocio de la seguridad, como ha analizado Claire Rodier.

Los relatos de este libro recorren las diferentes fronteras, desde las más próximas para los españoles y europeos, las del Mediterráneo, Ceuta y Melilla, hasta aquellas otras que llevan desde la América Central hasta el muro de Trump. Fronteras que acumulan no sólo violaciones de derechos, sino un insoportable número de pérdidas de vidas humanas. Son ensayos que analizan diferentes aspectos de las historias de inmigrantes y refugiados que protagonizan estos nuevos éxodos, el signo de nuestro siglo XXI. Son ensayos, también, de militantes por los derechos humanos, porque los cuatro autores de estas páginas tienen en común, a mi juicio, saber hacer de su trabajo un ejemplo de la lucha por los derechos. Un compromiso que no quita un ápice de rigor e interés en sus escritos.

Los verdaderos protagonistas del libro, como decía, son seres humanos, que merecen ser reconocidos pero que, desgraciadamente, en tantas ocasiones son sólo cadáveres anónimos. Cadáveres como el que fotografió Javier Bauluz, fotografía que le valió el premio Conde de Godó a quien luego sería el primer premio Pulittzer español. Antes, había cubierto las guerras de Centroamérica de finales de los años ochenta, los últimos años de Pinochet en el poder, la Primera Intifada palestina, la guerra de Bosnia, o la crisis de Ruanda. Afrontar esas realidades le espoleó al fundar en 2010 el proyecto <Periodismo Humano> y a documentar, como lo hace en este libro, uno de esos viajes desesperados, acompañando personalmente a quienes desde las islas griegas tratan de alcanzar territorio europeo a través de fronteras que se convierten en obstáculos terribles como las de Macedonia y Hungría. Bauluz narra su viaje acompañando a aquellos que buscan refugio para sus hijos y que protagonizan estas historias de amor y muerte desde Lesbos, pasando por Atenas, recorriendo a pie los viejos raíles del Orient Express, acampando precariamente en parques de Belgrado, hasta esa última (¿) etapa que comienza en Horgos, cerca de la frontera Serbia con la fortificada Hungría que niega brutalmente cualquier esperanza a estos errantes que perseveran en la esperanza contra toda esperanza y les obligará a intentarlo en Austria. Un viaje en el que, como en la paradoja cargada de brutal ironía que narra Swift en el último de los viajes protagonizado por su Gulliver, Bauluz encuentra la solidaridad, el humor, la humanidad, no entre esos países civilizados a los que aspiran a llegar, sino entre los propios desesperados.

Fronteras de muerte que, como explica Nicolás Castellano en las páginas de este libro en las que hace un análisis tan documentado como crítico de la mal llamada <crisis de refugiados>, encarnan los cadáveres que nos devuelven constantemente las aguas del Mediterráneo que se han cobrado la vida de más de 35597 personas desde 1988. Personas, niños, mujeres, adultos, como ese primer cadáver de un inmigrante, descubierto en las costas de Cádiz, hace ya treinta años, tal y como ilustra el documental El naufragio, de cuyo guión es autor. Castellano, que ha recibido numerosos premios en reconocimiento de su trabajo constante en torno a la inmigración desde hace más de 16 años, ha descrito con rigor y detalle y ha puesto rostro, nombre a los protagonistas de esos viajes, como ya lo hizo con el niño de la maleta, Adou, protagonista de su libro Me llamo Adou. Y nos invita a hacerlo arrancando con el testimonio de una exposición de la artista colombiana Doris Salcedo, Palimpsesto, un minucioso trabajo de investigación en equipo, instalación que se pudo ver y recorrer entre 2017 y 2018 en el Museo Reina Sofía de Madrid, para llorar los nombres de esos muertos anónimos con algunas de cuyas familias conversó Salcedo antes de presentar ese suelo que era también la lápida que no vemos, una lápida a la que llegaban las lágrimas que tantas veces no derramamos. En un mundo más amurallado que nunca, desde la Edad Media, nos enseña Castellano, el muro europeo simbolizado en el Mediterráneo causa diez veces más muertes que el muro de Trump. Un muro que atrapa a los que consiguen llegar, que son sólo una parte mínima de los que vagan errantes desde tantas crisis reales que quedan muy lejos de nosotros.

Violaciones de derechos, laberintos administrativos, limbos legales, han sido estudiados y denunciados de forma incansable, constante, por el periodista, escritor, poeta y activista cultural comprometido que es Juan José Téllez. Téllez formó parte desde su inicio del proyecto <Periodismo Humano>, ha sido director del diario Europa Sur y hoy trabaja como periodista independiente para varios medios. Forma parte del Foro Andaluz de la Inmigración en representación de las asociaciones de prensa de Andalucía y coordinó el grupo de trabajo sobre interculturalidad para la redacción del Plan Estratégico Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En su capitulo encontrarán los lectores, entre otras cosas, un análisis contundente de esa variante de la xenofobia que es la islamofobia, del feroz instrumento del durísimo proceso de exclusión social que ha sido la denominada <ley de extranjería> (sin que descuide por ello el estudio de otros colectivos duramente golpeados por la eufemísticamente denominada <crisis>. Aprenderán los nombres y apellidos de tantos santos <laicos en un mundo de demonios> que prohíbe las bienaventuranzas. Santos laicos que son muchas veces los propios inmigrantes, los <refugiados sin refugio> y tantas personas, muchas veces anónimas, que en nombre del lo mejor del ser humano, la solidaridad, el reconocimiento de todo otro como igual, tratan de ayudarles para hacer menos incierta, menos letal, su odisea. Una tragedia que ha dado lugar a otro cementerio marino, que incluye muertes, en Ceuta y Melilla, en Cádiz y Motril, nichos y ataúdes blancos, anónimos. Que incluye prisiones para inocentes, para personas que no ha cometido delito, como los CIE.

Evidentemente, los desafíos de esta política de fronteras no se limitan al ámbito europeo. De ahí el interés de la contribución de la periodista y escritora mexicana Daniela Pastrana, especializada en el análisis de las violaciones de derechos humanos que afectan a los sectores de población más desfavorecidos. Pastrana es la directora ejecutiva de <Periodistas de a Pie>, desde 2010 y escribe para la agencia Inter Press Service (IPS).  En su capítulo, <la ruta del sueño americano>, relata ese viaje de proporciones no ya bíblicas sino casi míticas, que tantos miles de personas emprenden cada año para tratar de alcanzar territorio de los EEUU, desde diferentes países de América Central y que les obliga a transitar México.  Un viaje al que pone música o al menos ritmo el <trum trum> de La Bestia, el tren que tantos deben abordar. Una historia de familias rotas, de desaparecidos, entre dos fronteras, el norte (el <limbo de la espera>) y el Sur (un caminar entre rieles). Una odisea, desde luego, que es también en gran medida el tránsito por limbos legales, y en la que apreciamos, por tanto, rasgos comunes con esos otros viajes forzados descritos por los otros tres autores, comenzando por la condición de anonimato, esos <sin nadie> mucho más trágicos que el <nadie> de la treta de Ulises ante Polifemo. Una empresa desesperada, para la que no parecen suficientes los apelativos del <epicentro del horror>, ese <infierno> donde a, decir de Pastrana, gobierna el diablo.

 

Para que la historia no nos acabe juzgando con la dureza que ahora merecemos, para no quedar indiferentes, para reaccionar ante el espanto, es preciso mirarlo a los ojos, conocer su realidad, su verdadera dimensión. Y ese, creo, es un propósito que logran nuestros cuatro autores. Porque nadie que lea estas páginas saldrá de ellas igual.

 

 

Javier de Lucas

 

 

LA CULTURA DE LOS DERECHOS, El País, 22 de febrero de 2019

Parece de moda sostener que vivimos una nueva etapa de la democracia, caracterizada por la presencia de la indignación como motor primario, incluso por el predominio de los sentimientos, emociones o pasiones, frente a la razón. Abundan las etiquetas: democracia o política de indignados, democracia reivindicativa o reactiva, o, con la conocida fórmula de Rosanvallon, <democracia de la desconfianza> o <contrademocracia>.

Sin embargo, como se ha podido comprobar sin demasiada dificultad ante fenómenos aparentemente locales como la revuelta de los gilets jaunes o el conflicto entre taxi y VTC, el fenómeno es mucho más viejo. Lo saben los estudiantes de primero de Derecho a quienes aún se les habla en clase de la importancia del sentimiento de lo jurídico, en su variante del sentimiento de lo injusto: el “¡no hay derecho!” como urphenomenon del Derecho y aun de la política.

El papel de los cahiers de doléances, esos cuadernos de quejas ciudadanas en los que encarnó el sentimiento de revuelta que llevó a la revolución de 1789, es sólo un antecedente próximo. Las primeras manifestaciones, como la arquetípica de Antígona frente a Creonte, vienen de esa conciencia de humillación, de falta de reconocimiento de lo que es -de lo que creemos que es- nuestro derecho. En el fondo es el mismo leit motiv que expresara el brocardo summum ius, summa iniuria, que conocen bien los lectores del Michael Kohlhaas, de  H.von Kleist, o, más prosaicamente, los espectadores de tantos films de Ch Bronson o, con un poco más de sofisticación, de la serie de films de Clint Eastwood sobre su Dirty Harry. Desde el punto de vista académico, lo han explicado las teorías contemporáneas del reconocimiento, de Taylor a Honneth. Es el orgullo herido que reivindica la dignidad propia, aun a costa de sacrificios importantes, como en el caso del suicidio del vendedor ambulante Mohamed Benazizi, tal y como explicó bien Sami Naïr en su libro La lección tunecina.

Esa clave de <lucha por mi derecho>, es la que aplicó el gran maestro Jhering para explicar su versión del alma del Derecho. Y lo concretó en el lema “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha”. En el bien entendido de que esa lucha no consiste sólo, aunque desde luego resulta imprescindible, en la confrontación social. Porque también se lucha por los derechos aplicándose en su conocimiento, esto es, en la pedagogía sobre la mejor forma de satisfacerlos y garantizarlos, de conjugar los derechos inevitablemente enfrentados. Por eso, la educación básica y especializada y la transferencia de conocimientos sobre los derechos humanos, un mandato de la ONU y la UNESCO, forma parte de lo que nos gusta llamar cultura de los derechos, que muchos consideramos la base imprescindible para la tarea política por excelencia, esa permanente paideia que es la formación crítica de la ciudadanía.

Las sociedades democráticas, las sociedades que tratan de hacer y vivir más y mejor democracia, no son sostenibles sin el conocimiento de los derechos de los que son titulares los ciudadanos, sin la toma de conciencia de su condición de verdaderos señores del Derecho, de señores de los derechos. Pero en unas sociedades como las nuestras, en las que impera el atomismo individualista, es preciso educar en la distinción entre deseos, expectativa, intereses y derechos. Aprender que, incluso los que podemos considerar como nuestros derechos, entrarán muchas veces en conflicto con derechos de otros. Porque el verdadero test de los derechos es aprender a conocer, respetar y tomar en serio los derechos de los otros. De donde la prioridad política de educar en la necesidad de conjugarlos, desde el principio básico de evitar el daño a bienes jurídicos prioritarios, ya sean de los otros, ya sean comunes. Una y otra apreciación exigen educar en la igualdad y en la solidaridad, por encima de la pulsión infantil que hace creer que todo lo que está a mi alcance o incluso imagino, debe ser mío, sea cual fuere el coste. Además, hay que aprender que los derechos no se adquieren de una vez para siempre, sino que la lucha por su garantía es una tarea permanente, lo que compromete a todos los ciudadanos -no sólo a los poderes públicos y a los funcionarios-, a una actitud de vigilancia, de control que va más allá del mero uso y disfrute de los mismos. La cuestión, pues, es cómo formar y mantener despierta esa disposición.

Esta es la propuesta: fortalecer los instrumentos para que arraigue en nuestras sociedades la cultura de los derechos. Educar específicamente en derechos, como exigió en sus Observaciones finales (en marzo de 2018) al Gobierno español el Comité de la ONU para la eliminación de las formas de discriminación de la mujer (CEDAW), Comité que mostró su preocupación por <la sustitución de la materia obligatoria de enseñanza en secundaria “educación en la ciudadanía y los derechos humanos” por materias optativas sobre “valores cívicos y sociales”, o valores éticos” >. Esa educación en los derechos, desde la enseñanza secundaria es una necesidad básica y como tal debe ser una prioridad para los poderes públicos, pero también para los agentes sociales, sobre todo para todos los implicados en el proceso educativo. Para tomarnos en serio los derechos y aprender a actuar con y por ellos.

SIN DEMAGOGIAS: ES NECROPOLITICA, El Periódico de Catalunya, Más Domingo, 10.02.2019

Hace tiempo que tomé prestada la noción de necropolítica, acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé (con raíces obvias en Foucault), para tratar de explicar la sin razón del modelo de políticas migratorias y de asilo que practican buena parte de los Gobiernos de los países del norte (del centro, si lo prefieren), destinatarios de movimientos masivos de personas. Políticas que, a mi juicio, en el caso europeo están inevitablemente vinculadas con esa consecuencia terrible de la que se habla en este monográfico, con motivo del proyecto artístico de Bannu Cenetoglu, The List: la transformación del Mediterráneo (antes, mar común) en la frontera más peligrosa del mundo, un auténtico cementerio de niños, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, en su inmensa mayoría anónimos.

Mbembé habla de necropolítica para referirse a una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y, por tanto, carece de valor intrínseco. Sólo cuentan esas vidas en la medida en que cuentan, esto es, que resultan rentables o dejan de serlo. A mi juicio, esta concepción ha de ser relacionada con lo que nos han explicado, entre otros, Sassen y Bauman sobre el advenimiento de una etapa del capitalismo en la que el proyecto de la democracia inclusiva queda orillado, reforzándose por el contrario los mecanismos no sólo de desigualdad, sino de exclusión y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento económico. Ese es el rasgo más notable del modelo de capitalismo neoliberal en la etapa actual de la evolución del proyecto del mercado global, cuya idea-fuerza es obtener una desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas, como las que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como universales. El derecho a la vida también. Así, la condición del precariado es crecientemente la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las mercancías: no afecta sólo al tipo de trabajo, sino al propio trabajador. Por eso, el acierto de la fórmula de Bauman, “industria del desecho humano”, que se puede aplicar a las políticas migratorias (incluso a las de asilo) y justifican su definición como emblemas de la necropolítica.

Ya sé que cuando se dice esto los más piensan en Trump y su obsesión por el muro y algunos otros señalan con el dedo a Australia, con su lema <No Way>, dirigido a los inmigrantes irregulares para disuadirles y con su empeño en recluir a los demandantes de asilo en islas alquiladas al efecto, como la de Nauru. Pero lo cierto es que buena parte de los Gobiernos europeos practican de modo descarado o vergonzante esta misma respuesta, a mi juicio ignominiosa. Una respuesta a la que aludía el anterior Comisionado de la ONU para derechos humanos, el jordano Said Ra’ad al Hussein, cuando definía así a los refugiados: “These are people with death at their back and a wall in their face”. No somos ajenos a esa amenaza de muerte que tratan de dejar atrás, porque nuestras políticas ignoran (y a veces colaboran incluso activamente, y no por omisión) las causas de las que huyen los demandantes de asilo; las mismas, por cierto, en muchos caos, que imponen el viaje migratorio como única opción para escapar de la miseria, la pobreza, la falta de expectativas. Por no hablar de esas otras causas, ligadas al cambio climático, que ya empujan desplazamientos masivos y que todos los pronósticos aseguran que multiplicarán exponencialmente las diásporas, si no actuamos ya. Y tampoco les ofrecemos esa acogida que necesitan, porque nos empeñamos en poner delante de ellos muros, vallas, fosos que les impidan llegar. Sí: nuestras políticas para imponer unilateralmente el control migratorio, han llegado a la perversión de incluir como objetivo prioritario dificultar que quienes necesitan la protección internacional puedan llegar a presentarla. De ahí la falacia de seguir denominándolos refugiados, cuando gran parte de nuestro empeño está puesto en obstaculizar que puedan llegar a serlo. Por eso erigimos muros, creamos campos de internamiento, abandonamos a su suerte a menores, pagamos a terceros países sin importarnos su standard de garantía de los derechos humanos, incluso entrenamos a fuerzas que se asemejan más a mafias que a funcionarios públicos (como sucede en el caso de Libia), para externalizar ese control: tratamos por todos los medios de reducir al mínimo el número de solicitudes de asilo que nos veamos obligados a reconocer.

Y lo mismo practicamos con los inmigrantes, para asegurarnos de que sólo lleguen los que sean estrictamente necesarios para las exigencias de nuestro mercado de trabajo y sólo mientras su presencia incrementa la cuenta de beneficios. En este último caso, en el de los inmigrantes irregulares, hemos alcanzado el punto de cinismo de sostener que la pérdida de vidas, el riesgo que afrontan en el desesperado proyecto migratorio y que llena de cadáveres las arenas del Sáhara y las aguas del Mediterráneo, no nos incumbe porque sólo desde una posición <buenista>, frívolamente irresponsable desde el punto de vista político, se puede pedir que asumamos su protección: no podemos hacernos cargo de toda la miseria del mundo, se repite invocando el viejo aserto de Rocard. Bastante hacemos ya patrullando en el Estrecho o en la zona SAR del mediterráneo central. Hay que conseguir que no vengan.

No seré yo quien niegue que, en efecto, el servicio de salvamento marítimo español y las fuerzas armadas que componen la operación UNAVFOR MED (Sophia) han salvado muchos miles de vidas humanas, como recordaba pertinentemente hace unos días el ministro de Interior, el magistrado Grande Marlaska. Eso es muy cierto. Pero no entiendo que se alegue como mérito, cuando se trata del cumplimiento estricto de deberes jurídicos elementales (deber de socorro) y de los específicos propios el Derecho internacional del mar. Sólo faltaría que no se cumplieran. Por eso me parece un ejercicio de cinismo inaceptable contrapesar esa obligación con su teórico <efecto llamada>: de verdad, ¿alguien en su sano juicio sería capaz de decidir no salvar a náufragos para evitar que haya otros náufragos? No lo creo: ni las personas que patrullan en lanchas de la Guardia Civil, ni las que lo hacen en los buques de la Armada ni, desde luego, los pescadores que faenan en esas aguas. Saben que es su obligación, aunque sepan también que esos que rescatan, casi con toda seguridad, no serán los últimos. Habrá más.

Pero parece que nuestros gobiernos europeos han asumido que esos cadáveres anónimos son <efectos colaterales>, cuya responsabilidad exclusiva remitiría, de un lado, a la inconsciencia (la desesperación) de esa pobre gente y, de otro, a la criminal avaricia de las mafias. Habría que recordarles que si las mafias hacen negocio es porque hay un mercado. La primera causa de este peculiar mercado es el conjunto de factores que crean el efecto salida y contra los cuales no luchamos decididamente con la mal llamada política de cooperación, encaminada más bien, muchas veces, a incrementar nuestra cuota de negocio en esos países. Pero es que, además, no luchamos eficazmente contra los contratantes e intermediarios que se benefician de ese mercado clandestino. Por ejemplo, cuando nos negamos a ampliar las vías legales y seguras para llegar a trabajar y a buscar trabajo. Es ese trapicheo el que asegura la precariedad de la condición de los trabajadores extranjeros y por tanto garantiza el beneficio desmedido de quienes trafican con ellos y les explotan.

Vidas humanas, como la mía o la suya, lector. Porque respetar el derecho a la vida es sobre todo respetar la vida de esos otros, que son igualmente dignos que nosotros. Y no lo son si los reducimos a números, sepultados por las arenas o las aguas, o a siglas anónimas (N.N.), mal inscritas en precarias tumbas. Por eso la importancia de campañas como #UnsereToten (#OurDead, en inglés) de la ONG alemana Sea Watch, para recopilar los nombres de los muertos, el trabajo de forenses como Cristina Cattaneo o Jose Pablo Baraybar o, ahora, este proyecto artístico de Bannu Cenetoglu. Porque cada uno de los seres humanos tiene un nombre. Y lo que no se nombra por su nombre, no existe.  

“CORAJE CÍVICO, FRENTE A LA LÓGICA DE LA CONTAMINACIÓN”, Luces Rojas, Infolibre, 04/02/2019

La ONG alemana Sea Watch lanzó a comienzos de diciembre la campaña #UnsereToten (#OurDead, en inglés) para denunciar que, como consecuencia de la política migratoria de cierre de fronteras de los Gobiernos de la UE, se priva a quienes perecen en el intento de llegar a Europa “ no sólo la vida, sino también su identidad”. La campaña, de la que dio cuenta Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2018/12/10/una_ong_alemana_publica_una_esquela_por_cada_una_las_800_personas_ahogadas_mediterraneo_desde_junio_89706_1022.html) consistió en difundir una esquela por cada uno de las personas ahogadas en el Mediterráneo, con el siguiente mensaje: “No son números y cifras lo que Europa está dejando que se ahogue en el Mediterráneo, son personas. Tienen amigos y familiares, miedos y sueños. Son personas como tú y yo. Ellos son #ourdead también”.

Personas, no inmigrantes, ni demandantes de asilo. Personas, adultos, mujeres embarazadas, niños, como ese niño maliense de 14 años que llevaba cosidas sus notas como certificado de buena conducta y que se hundió en el pozo marino sin atención mediática alguna, salvo para la forense italiana Cristina Cattaneo que nos ha contado su historia en su libro Naufraghi senza volto (cfr. la entrevista a la profesora Cattaneo en Libero: http://247.libero.it/rfocus/37533678/1/il-medico-legale-cristina-cattaneo-tra-cold-case-e-migranti-senza-nome/).

Historias de personas. Como las que, según relataba en este mes de enero un artículo del periodista Nicolás Castellano (https://cadenaser.com/ser/2019/01/23/sociedad/1548270430_098181.html), trata de identificar un grupo de forenses que encabeza José Pablo Baraybar para el Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de tratar de identificar a los 1.050 víctimas del mayor naufragio documentado hasta ahora en las rutas migratorias hacia Europa, en abril de 2015).

Uno de los barcos de esta ONG, el Sea Watch 3 (con bandera holandesa), tras  rescatar a 47 náufragos, ha pasado casi dos semanas pidiendo un puerto seguro a las autoridades de Malta e Italia y, en su caso, a los Gobiernos europeos. El Gobierno italiano rechazó esa peticióny añadió el escarnio: por boca del progresista Di Maio, que no del xenófobo Salvini,  lanzó un órdago al Gobierno holandés para que acepte un “corredor humanitario” que llevara a Holanda a los 47 personas rescatadas y amenazó con llevar el caso ante el Tribunal Europeo de derechos humanos de Estrasburgo (cfr. https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/28/news/sea_watch_salvini_sui_migranti_entro_l_anno_chiudiamo_il_cara_di_mineo_-217649754/?fbclid=IwAR05G-UmT4FhdjnrLRrhr0aAbK3U670TF-e-KFQRjfHeTI6vsJw41H-OnUs), por la responsabilidad de Holanda en el  ¡incumplimiento de los derechos humanos! Finalmente, admitió la llegada del barco al puerto de Catania, pero a continuación lo ha retenido en puerto, de forma que, a comienzos de febrero de 2019 ya no hay ningún barco de ONGs en la zona SAR  (Salvamento y rescate) junto a Libia y en el “canal del mediterráneo central”. El gobierno italiano ha conseguido su propósito, ayudado, por cierto, por las decisiones del Gobierno español de retener en puerto a otros dos barcos de salvamento, el Open Arms y el Aita Mari.

Esto es l más grave de todo, que Salvini va ganando. Sí, esa política está consiguiendo contaminar a sus socios europeos, en un fenómeno que va más allá de las políticas migratorias y de asilo aunque se sirve de ellas como mascarón de proa y abarca cuestiones más amplias de políticas públicas, hasta tocar el meollo de los principios en los que se asienta el modelo europeo, la defensa del Estado de Derecho y de los principios y valores democráticos, que tienen como emblema tomar en serio los derechos humanos, lo que quiere decir los derechos de los otros, y no sólo los de nuestros compatriotas.

Esta es la verdadera amenaza. La contaminación de los partidos conservadores, liberales y socialdemócratas por la lógica de exclusión, de repliegue frente al otro, que amenaza mucho más que este o aquel modelo de política migratoria. Porque frente al giro que propician los movimientos sociales y los partidos políticos de extrema derecha, la peor opción para combatirlas es adoptar sus posiciones, por miedo a perder votos, esto es, por falta de coraje cívico para esa batalla de ciudadanía, de paideia, que quienes se afirman como defensores del Estado de Derecho -en nuestro caso, los partidos soi-dissants constitucionalistas- no deben, no pueden dejar de dar. En otro caso, como en el cuento de Pedro y el lobo, esa profecía cumplida acabará estallando ante nuestros ojos en el mes de mayo, en las elecciones europeas, en las que esas formaciones de corte xenófobo, racista, aislacionistas, parecen caminar con el viento a favor.

Insisto. Lo grave no es ya que existan esas formaciones, que aparezcan ahí donde no existían como tales (nuestro caso Vox). Lo peor es esa contaminación de la lógica que exhiben sin complejos, políticos como Salvini. Claro que algunos de los gobiernos europeos, como el gobierno holandés, parecen dispuestos a dejarse contaminar sin poner mucha resistencia. Y por eso me parece preocupante una deriva en la toma de posición del Gobierno Sánchez que, tras haberse erigido en el mayor contrapeso del modelo Salvini, ahora se diría nada reluctante a sus tesis.

Seguramente influye en este giro la conciencia de que su primera toma de posición sobre la necesidad de organizar un sistema coordinado y seguro por parte de los Gobiernos europeos para el rescate y desembarco para las personas que se encuentran en peligro en su arriesgado viaje hacia Europa (una posición humanitaria, no lo olvidemos, pues nunca fue una alternativa de política migratoria y de asilo) es hoy una opción aislada: ya no cuenta con el más o menos tibio apoyo que había obtenido inicialmente por parte de los gobiernos de Macron y Merkel, significativamente de perfil en los últimos casos de rescate de náufragos por barcos humanitarios.  

Influye también, probablemente, la arremetida de la derecha, que huele sangre gracias a la manipulación habitual de la cuestión migratoria ante las inminentes citas electorales. Es decir, parece haberse impuesto entre una parte de los spins doctors del Gobierno el tópico asentado, la profecía del miedo, que pronostica una segura pérdida de votos si se defiende una política migratoria no ya de puertas abiertas (que nunca fue ese el propósito del Gobierno Sánchez, pese a los malintencionados rumores), sino simplemente basada en la prioridad de los derechos y en la tentativa de medidas europeas, es decir, de la existencia de un plan si no obligatorio, conjunto, multilateral, por parte de los Gobiernos de la UE.

Ciertamente, resulta difícil aceptar esta inflexión en la política migratoria y de asilo del gobierno, que se manifiesta ahora en tres líneas de acción.

La primera, la negativa a entrar en repartos multilaterales de las personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central, tal y como se concreta palmariamente en el caso del Sea Watch-3. La segunda, en los obstáculos a las ONGs que organizan acciones de rescate en el Mediterráneo: véase las excusas de leguleyo exhibidas por el Ministerio de Fomento para impedir la salida de puerto de los barcos Open Arms y Aita Mari, que pretenden trabajar en las tareas de rescate de náufragos en esas aguas, próximas a las costas libias (cfr. https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/01/18/el_gobierno_deniega_permiso_otro_buque_deja_mediterraneo_vacio_barcos_espanoles_que_rescatan_migrantes_90924_1012.html). Un trabajo aún más necesario hoy, precisamente porque ya no quedan barcos de Organizaciones humanitarias en esas aguas, salvo el mencionado Sea Watch-3. Y, en tercer lugar, de la mano del ministro del Interior, el magistrado Grande-Marlaska, en la adopción como objetivo prioritario de una batalla por conseguir que Bruselas dote de más fondos al Gobierno marroquí, de acuerdo con la más vieja lógica de externalización del control migratorio. Ello, hasta el punto de cinismo que exhibió la Secretaria de Estado de migración en Bruselas, la Sra Rumi, que, interrogada por los periodistas acerca de las denuncias de ONGs a Marruecos por violaciones de los derechos humanos, respondió, sin complejos: “¿quién dice que Marruecos no cumple los derechos humanos? Eso lo dirá Vd” (https://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion/Gobierno-vulneracion-Marruecos-Bruselas-Rabat_0_859864300.html).


El Gobierno español debe reaccionar, si no quiere que se le pueda aplicar el duro diagnostico sobre la izquierda italiana que hacía en 2018 el jurista italiano especializado en migraciones, Gianfranco Schiavone: “la inerte corriente de centroizquierda italiana apoyó y asumió un enfoque político-cultural que no correspondía siquiera a la política de los partidos de derecha, sino de la extrema derecha…La izquierda italiana, que durante años ha sido incapaz de producir su propia idea política acerca de la migración, ha terminado por canibalizarse a sí misma, ofreciendo un horrible espectáculo. No es un error táctico ni estratégico: se trata de algo más serio y profundo, que podría tener nefastas consecuencias a largo plazo”. Ojalá reaccionen. Aún están a tiempo.

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 23.01.2019

Gracias, querido José Manuel Rodríguez Uribes, coeditor, por la deferencia de cederme la intervención en nombre de los coordinadores y de los autores del libro que presentamos esta tarde.

Quiero agradecer a la Directora del CEPC, la profesora Yolanda Gómez, su cordial hospitalidad. Difícilmente podíamos aspirar a un lugar más adecuado para presentar un libro como éste, Derechos humanos y Constitución, y eso vale todo nuestro reconocimiento.

Por supuesto, reitero también nuestro agradecimiento a la Dra Camen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, constitucionalista de acreditada trayectoria y de quien depende orgánicamente el Centro, por haber aceptado clausurarlo.

Desde luego, no sería justo que dejara de expresar el reconocimiento de los autores del libro a D Salvador Vives, director general de Tirant lo Blanch. Y ello porque, si pudimos plantearnos esta obra, fue por la iniciativa que nos planteó personalmente Salvador Vives a los dos directores de Institutos de derechos humanos de Universidades públicas, la Universitat de València y la Universidad Carlos III de Madrid, que éramos entonces (estoy hablando de finales de octubre de 2017) Jose Manuel Rodríguez Uribes y yo mismo. La editorial ha hecho un esfuerzo específico para una línea de publicaciones con motivo del 40 aniversario de la Constitución, con títulos de gran prestigio. Es de agradecer, no ya sólo como profesores e investigadores que hemos encontrado la oportunidad de publicar nuestras reflexiones con motivo de esta conmemoración, sino simple y llanamente como ciudadanos.

Eso no quiere decir que el libro sea una <apología constitucionalista>, si me permiten la expresión. No podía serlo, ante todo, por respeto a la libertad académica y de crítica de los cuarenta autores. Pero es que tampoco ese fue nunca nuestro propósito.

Los coordinadores de este libro teníamos un claro punto de partida: jamás en nuestra historia hemos contado con un período semejante de reconocimiento de derechos humanos y constitucionales. Sí. Está justificada la dimensión de celebración del aniversario de la Constitución de 1978, que abrió el período más amplio de convivencia plural, desde un marco de garantía básica de derechos y libertades como jamás hemos conocido en la historia de España. ¿Significa eso que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Por supuesto que no. Ante todo, porque a lo largo de estos cuarenta años es evidente la existencia de déficits, incluso importantes, a la hora de garantizar de forma efectiva y equitativa estos derechos a todos los ciudadanos. Además, porque nunca se puede dar por acabada, por asentada, la lucha por este reconocimiento y garantía.

Los juristas y, si se nos permite decirlo, aquellos que tienen, tenemos como campo de trabajo –de docencia y de investigación- los derechos humanos y fundamentales, llevamos bien aprendida la lección de Ihering y sabemos que los avances en derechos se consiguen siempre mediante la lucha constante por ellos.

En ese sentido permítanme que reconozca cuán inspiradora me pareció la intervención de la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez, en la reciente edición de la Marcha de Mujeres, en Nueva York, el sábado pasado; manifestaciones que no son sólo marchas anti Trump, sino mucho más: un impulso social, jurídico y político que enlaza y renueva el movimiento de derechos civiles. Creo que representa bien las convicciones de muchos de nosotros sobre cómo entender esa encarnación histórica de la justicia que son los derechos humanos y cuáles son hoy las prioridades. Así lo proclamaba Acasio-Cortez, quizá con ingenuidad, aunque yo prefiero pensar que con el genuino sentimiento de justicia que es el alma de la lucha por los derechos (incluso cuando yerran, como nos recuerda el Michael Koolhas de von Kleist, al que tanto recuerdo en estos momentos de gilets jaunes y taxistas…):

“Justice is not a concept we read about in a book.

Justice is about the water we drink.

Justice is about the air we breathe.

Justice is about how easy it is to vote. Justice is about how much ladies get paid,” 

“Justice is about making sure that being polite is not the same thing as being quiet. In fact, oftentimes the most righteous thing you can do is shake the table.”

Claro que esa lucha no es sólo confrontación social. Porque también se lucha por los derechos aplicándose en su pedagogía, en el debate abierto y en la investigación.

Reivindicamos precisamente esa dimensión de docencia e investigación, que va más allá de la información, de la formación básica y especializada y de la transferencia de conocimientos en lo que nos gusta llamar cultura de los derechos y que consideramos base imprescindible para la tarea política por excelencia, esa permanente paideia que es la formación crítica de la ciudadanía. Sin el conocimiento de los derechos de los que son titulares, sin la conciencia de que su condición de señores del Derecho, de señores de los derechos, compromete a los ciudadanos en una actitud de vigilancia, de control y de ejercicio que va más allá del mero uso y disfrute de los mismos, no hay ni Estado de Derecho ni democracia que no se degraden. La cuestión, pues, es mantener despierta esa disposición.

En este sentido, instrumentos como los Planes nacionales de derechos humanos pueden ser usados para fomentar la cultura y la conciencia de los derechos, de la necesidad de luchar por ellos. Saludamos como una magnífica noticia la decisión del Gobierno, que acabamos de conocer, de poner en marcha un segundo Plan de Derechos humanos, desde el marco de la Agenda 2030. Y pediremos que entre los objetivos de ese plan se encuentre la docencia, desde secundaria, de los derechos humanos, un instrumento de docencia no sólo acorde con los requerimientos de UNESCO, de la ONU, sino mucho más asequible y concreto, más útil a nuestro juicio para desarrollar una conciencia ciudadana crítica, que el de introducir asignaturas sobre valores o principios éticos, siempre difíciles de concretar en una sociedad plural. La ética pública común son los derechos humanos. El respeto al otro, a la pluralidad, desde la igual libertad, se aprende mejor con esa enseñanza de los derechos: estamos convencidos. Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito en las propuestas dirigidas a la ministra de Educación a este respecto, pero no cejaremos.

Los autores, insisto, estamos convencidos de que mantener despierta esa disposición significa, en nuestro caso, seguir investigando para comprender y hacer progresar el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos humanos y fundamentales. No buscamos “la verdad”, las leyes necesarias de la experiencia o de la lógica, que no existen en este terreno. Tratamos de mejorar la satisfacción de necesidades a través de los derechos y también buscamos cómo responder a los desafíos que comporta la aparición de nuevas necesidades y de nuevas amenazas o riesgos para su satisfacción.

Por eso, propusimos a un nutrido grupo de investigadores la elaboración de un estudio que planteara no sólo la situación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución sino sobre todo sus perspectivas de futuro. En el libro colaboran también destacados constitucionalistas y iuspublicistas. El objetivo es contribuir al debate sobre las prioridades a reconocer y proteger, incluso, a incluir desde la Constitución española que cumple 40 años y que requiere un impulso que, probablemente, exige reformas, que no sólo responden a profundos cambios en el contexto social, sino sobre todo para atender a necesidades sociales, a nuevos problemas y a perspectivas ideológicas que difícilmente tenían cabida en 1978.

Todo esto explica la metodología que seguimos para responder a la propuesta de Salvador Vives. Era perfectamente posible seguir el camino de la exégesis jurídica, esto es, un comentario de todos y cada uno de los artículos del título primero de la Constitución, consagrado a los <derechos y deberes fundamentales>. Sin embargo, preferimos otro planteamiento que diera cuenta de los derechos sobre todo en clave de futuro, como programa a desarrollar, como propuesta inacabada, en permanente construcción y adaptación al contexto, a las necesidades concretas.

Antes de hablar de los derechos, desde luego, era necesario situar (I) El modelo constitucional. Esa es la razón de los capítulos que firman los reconocidos constitucionalistas el profesor Javier García Fernández y el profesor Guillermo Escobar, que realizan ese análisis no sólo en clave de balance de lo realizado sino también, como se verá en el resto del libro, con la mira puesta en su evolución, en las posibilidades de que sigan siendo critrios de solución en el futuro. Pero también es necesario explicar la relación entre la prioridad de los derechos y el modelo de democracia participativa propio de nuestra Constitución, algo de lo que se ocupa otro prestigioso constitucionalista, el profesor Miguel Presno.

El modelo constitucional de derechos implica asimismo una apuesta por (II) Los valores y principios constitucionales, cuya garantía y desarrollo no es una cuestión neutra –<técnica>, como dirían algunos- sino que nos comprometen a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos. Se trata de la igualdad, la libertad, la seguridad, la justicia y la solidaridad. Encargamos su examen a nuestros colegas María José Añón, Rafael Escudero, Jesús Ignacio Martínez García y Fernando Llano. Además de esos principios, a nuestro juicio, hay otro que inspira y -bien entendido y desarrollado- ofrecería un fundamento coherente con la universalidad para la acción de reconocimiento de los derechos, el de laicidad, del que se ocupa el propio profesor Rodríguez Uribes. Y también consideramos vinculado al principio de libertad el análisis de la función de la pena en un Estado garantista de Derecho, algo que es analizado por la profesora Vicenta Cervelló.

La cuestión de (III) Los sujetos de los derechos contemplados en la Constitución exige tener en cuenta algo que no podían contemplar los constituyentes, esto es, la dimensión europea presente en el reconocimiento y garantía de los derechos, tal y como explica el profesor Félix Vacas y, asimismo, una cuestión clave en el modelo de democracia inclusiva: la extensión de la condición de sujeto de derechos a los extranjeros hasta la posible plena equiparación, un problema que es estudiado por la profesora Angeles Solanes. Hay otros dos aspectos relacionados con este bloque, la aparición de nuevos sujetos de derechos, cuestión que es abordada por el profesor Oscar Pérez de la Fuente. Además, los niños no son, no deberían ser una nueva categoría de derechos, pero sería ingenuo dejar de reconocer que su consideración como tales, la prioridad de la defensa del interés del menor, es una conquista reciente que no se contemplaba suficientemente en el texto constitucional: de ello se ocupa un especialista como es el profesor Ignacio Campoy. Por ultimo, en este tercer apartado, prestamos atención a la emergencia de un principio que se erige como contrapeso al límite del principio de igual soberanía de los Estados y su correlato de no intervención, cuando nos encontramos ante algunas grave violaciones de derechos humanos, tal y como ha definido la Convención de Roma. Nos referimos al novedoso instituto de la jurisdicción universal, que es estudiado por un especialista no sólo teórico, sino en su práctica ante los tribunales, el profesor Jose Elías Esteve.

En lo que se refiere al estudio de algunos de los derechos que nos han parecido particularmente relevantes desde el punto de vista de la evolución de su reconocimiento y protección, -insisto, también como programa de futuro-, encontramos en un primer grupo los trabajos de los profesores Cristina García Pascual, Angel Pelayo, Juan Carlos Carbonell y Silvina Ribotta sobre diferentes aspectos del (IV) derecho a la vida y a la integridad física: del aborto y los derechos reproductivos, a la pena de muerte, la eutanasia o la tortura. Por su parte, los profesores Oscar Celador, Javier Ansuátegui, José Martínez de Pisón, Teresa Picontó y Rosario Serra abordan problemas relacionados con derechos emblemáticos desde el punto de vista de (V) Derechos indicadores de calidad democrática: la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión (y la vexata quaestio de los delitos de odio), el derecho a la educación, el derecho al matrimonio y a la familia, y los derechos de las minorías en la democracia parlamentaria.

El bloque (VI) Sobre los derechos sociales, particularmente castigados en la gran depresión a la que ha tenido que hacer frente de forma particularmente dolorosa nuestro país en los últimos diez años, comienza con dos estudios que tratan de encuadrar el contexto social, político e ideológico del actual debate sobre los derechos sociales: el estudio de la profesora Belén Cardona sobre el futuro del derecho al trabajo y de los derechos sociales y el de la profesora Maria José Fariñas sobre la economía de mercado y el modelo constitucional. Los profesores Carlos Lema, Maria José González Ordovás y José Calvo abordan la discusión de tres derechos emblemáticos a este respecto, el derecho a la salud, a la vivienda y a la cultura.

La última parte del libro aborda (VII) Nuevos problemas, nuevos derechos. Comienza con dos estudios relacionados con el parteaguas que ha supuesto el 8 de marzo de 2018, no sólo en nuestro país, pero desde luego en él.

El primero, la apertura de la concepción de los derechos a la visión ecofeminista, que es planteada por la profesora Eugenia Rodríguez Palop. El ecofeminismo es una perspectiva nueva, que no existía en 1978 en nuestro país y apenas en el mundo, y que debemos a avances doctrinales en el seno del feminismo académico y político (no del feminismo como concepción de la igualdad, una concepción sin la que son imposibles la democracia y los derechos) y del ecologismo y la toma de conciencia de la prioridad del objetivo de desarrollo sostenible sin el que no tiene sentido la lucha por los derechos porque simplemente no habrá vida que defender. Eso es la Agenda 2030, en definitiva.

Además, la discusión de un auténtico problema social y de Estado, que muestra la brecha que afecta a la igualdad de derechos de las mujeres, la protección frente a la lacra de la violencia de género, estudiada por el profesor Manuel Calvo. Los déficits en el reconocimiento de derechos en situaciones de discapacidad y dependencia y la necesidad de respuestas específicas son objeto de estudio por las profesoras Patricia Cuenca y Maria del Carmen Barranco. Los derechos de las víctimas, en particular desde el punto de vista de un hecho que marca la historia de nuestro país, la represión que desató el franquismo ya desde el final de la guerra, son abordados por el profesor Javier Dorado. La nueva y vieja discusión acerca del derecho a la objeción de conciencia y de la desobediencia civil como derecho o como estrategia política es analizada por un filósofo del Derecho que ha reflexionado de forma continuada sobre diferentes aspectos de la cuestión, el profesor Eusebio Fernández. El debate sobre el impacto de la robótica y de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de reconocimiento de los derechos constituye la contribución de uno de los iusfilósofos que ha dedicado en los últimos años mayor atención a estas cuestiones, el profesor Rafael de Asís. Finalmente, la profesora Ramón Chornet, que fue pionera en las Facultades de Derecho de nuestro país en la introducción de cursos sobre los derechos de los animales no humanos ofrece una reflexión sobre esta cuestión, que se afirma progresivamente como una frontera a superar en la lucha por el reconocimiento de los derechos.

Decíamos al comienzo de esta presentación que nuestro propósito no era sólo ni aun primordialmente el de la celebración, sino también y sobre todo el de ofrecer pistas sobre las tareas que debemos afrontar la etapa que se abre ahora en la lucha por los derechos desde esa referencia que es la Constitución española de 1978. Un texto que, sin duda, deberá experimentar transformaciones en los aspectos señalados y en otros que no hemos podido examinar aquí. Un marco normativo que, con las necesarias revisiones, debe seguir siendo útil para el desarrollo de una convivencia plural e inclusiva, para gestionar la egalibertad de todos.

 

 

 

ESTRATEGIA FRENTE A LA NARRATIVA TÓXICA: EL EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS, Pensamiento Crítico, enero 2019

Mojar las palabras en veneno El Diccionario Oxford ha elegido “tóxico” como palabra del año 2018. Bastaría un repaso a lo que se ha escrito en estas últimas semanas acerca de la degradación del teatro político para darle la razón. Y eso si concedemos, que ya es mucho tragar, la entronización de la dimensión espectáculo sobre la de argumentación, como expresión prioritaria en lo público. En realidad, esa extensión de la ponzoña es una perversión del lenguaje que va mucho más allá de los escenarios de la política profesional y que venimos aceptando sin reacción suficiente, entre la resignación ante lo inevitable y la indiferencia de las élites que se creen a salvo de esos excesos y la consideran una moda pasajera, un sarampión como el de tantos otros adanismos. Recomiendo a quien quiera un análisis en profundidad la lectura de un ensayo reciente de mi compañera de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo-Paúl, Tiempos de hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político. Como explicaba el mismo Oxford Dictionary en la justificación de la elección de la palabra del año, tóxico tiene su raíz en el griego τοξικον φαρµακον (tóxikon pharmakon), veneno para las flechas. Pues bien, creo que es en eso en lo que estamos, en envenenar los dardos que son los mensajes, las palabras. Pareciera, por ejemplo, que las redes sociales llevaran consigo esa tentación irresistible de la pérdida del respeto como condición de toda conversación, una consecuencia que no puede ser atribuida sólo al anonimato de tantos de sus protagonistas, puesto que la observamos a menudo entre quienes actúan a cara descubierta. En cualquier caso, lo cierto es que el veneno circula con rapidez y se extiende en todos los ámbitos. La 2 no, como era el caso, para una buena parte de la población, reducida a la vieja condición de siervos. Es una falacia que se repite hasta ser aceptada: confundir el hecho de la diferencia con la respuesta normativa que consiste en la desigualdad. Es decir, utilizar la diferencia como coartada para justificar que esos diferentes, esos otros, no son ni pueden ser tratados como iguales en derechos, ni tampoco son ni pueden ser sujetos de las decisiones políticas, ciudadanos, soberanos. Para vencer el discurso tóxico sobre las migraciones: una estrategia en tres etapas Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro. Hablo, claro, de políticas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Hablo de ese discurso sobre los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público. Para erigir la barrera del respeto frente a esta narrativa tóxica, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes. Propongo tres etapas en esa estrategia El primer paso es una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas cinco concreciones: a) Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur. b) Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o la red antirumores frente a estereotipos de migraciones, organizada por la Junta de Andalucía ( https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politica s-migratorias/redantirumores.html). 3 c) Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación. d) Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad de non refoulement, de vías de acceso seguras y legales e) Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio. Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas racializadas pueden y deben tener voz. Que los blancos debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo. En segundo lugar, necesitamos iniciativas concertadas entre las sociedades de origen, de tránsito y destino y los propios inmigrantes, y basadas en la prioridad que es la garantía de los derechos. Es decir, medidas que desarrollen el vínculo entre democracia, derechos y desarrollo sostenible como punto de partida del pilar internacional de toda política de migraciones. Un vínculo que, a mi juicio, ha de evitar tres riesgos que guardan una estrecha relación. El primero, el del paternalismo que ha caracterizado a buena parte de los instrumentos de políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, herramientas diseñadas apriorísticamente por los donantes, como si los países receptores vivieran en un estadio de minoría de edad. El segundo, el del neocolonialismo que concibe las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo como un medio para la expansión de los intereses económicos y geoestratégicos, tanto los del Estado, como los de sus empresarios; por ejemplo, cuando se condiciona la ayuda al cumplimiento de cuotas de policía en relación con prácticas de externalización de fronteras. El tercero, el de la complicidad -si no la incentivación- del circuito de corrupción que involucra a las élites de los países a los que se compra y corrompe so capa de prestar la cooperación: porque esas élites corruptas de los países destinatarios de tales políticas de ayuda y contra las que claman no pocas veces, con razón (basta ver el caso de Guinea ecuatorial o incluso el de Palestina) las críticas de derecha contra ese modelo de políticas solidarias, se corrompen también porque hay corruptores, y nosotros, tristemente, desempeñamos ese papel. Si se trabaja bien esas etapas, podremos pisar terreno seguro para el tercer y necesario paso: el de reconocer a quienes ya están aquí asentados la misma capacidad de decisión a la hora de adoptar las decisiones políticas que la obligación que les exigimos, cumplir con el deber de sufragarlas con los impuestos que pagan. Una vez 4 más, no a los neocolonialismos, a las fronteras interiores sobre las que ya advirtiera Balibar: no taxation whitout representation. Ese objetivo es el que describía la fórmula Inmigration for Citizenship, al que se encaminaba con carácter prioritario el modelo de políticas de migración canadiense anterior a la administración Harper, pero que no ha sido suficientemente recogido, a mi juicio, en la actual administración Trudeau (cuya política de refugiados es incontestablemente un referente mundial). A esos efectos, necesitamos recuperar o, mejor, volver a definir políticas de acogida y gestión de la presencia estable de los inmigrantes, que tengan en cuenta ante todo la exigencia de darles voz, escuchar sus necesidades, sus expectativas y propuestas, en términos de igual libertad con la que se reconoce a los nacionales. Y eso supone, por ejemplo, recuperar dos medidas en las que vengo insistiendo desde que en junio llegó al Gobierno el Presidente Sánchez. La primera, recuperar la dotación presupuestaria del Fondo de acogida e integración dirigido a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (creado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y luego reducido a mínimos al socaire de la crisis y anulado desde el primer momento por el Gobierno Rajoy), que son las administraciones más próximas a los inmigrantes con presencia en nuestro país y por tanto las que deben afrontar en primer lugar las tareas de servicios sociales y de ayuda para derechos sociales básicos, incluida la formación en el empleo, en la lengua y la ayuda a la vivienda, por ejemplo. La segunda, la reformulación de lo que se denominó Plan de Ciudadanía e integración y que vivió el mismo proceso de desaparición que el Fondo. Porque ese es el objetivo que permitiría gestionar la movilidad migratoria en beneficio mutuo de todos los actores implicados. Se trata de hacer posible reconocer como nuevos ciudadanos a los inmigrantes que tienen la voluntad de asentarse establemente en nuestro país, sin condicionar ese reconocimiento a exigencias de asimilación cultural y de costumbres, a peregrinos test de conocimiento que muchos nacionales no superarían. A mi juicio, debe bastar con dos requisitos, la voluntad acreditada por el hecho de residir y trabajar de modo estable, en un plazo a determinar (tres, cinco años), y la voluntad manifiesta de adquirir una competencia lingüística que les permita comunicarse en la lengua de uso común en nuestro país. Todo ello se resume en la fórmula por la que vengo, venimos, luchando desde hace decenios: hacer accesible la ciudadanía por vecindad y no por nacionalidad. Porque, a mi juicio, a esos aspirantes a ser nuevos ciudadanos debemos atribuirles la misma presunción favorable que a los nacionales, esto es su disposición a cumplir las leyes, los deberes, como todos los ciudadanos, una presunción que sólo se desvirtúa si hay una sentencia firme que establezca que las han infringido. Porque, en mi opinión, no hay nada que justifique imponerles un plus de lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico, respecto a los nacidos aquí. Nadie lo lleva en sus cromosomas. Todos aprendemos a conocer el principio de respeto al Derecho y a adquirir la disposición de ajustar nuestra vida a esas reglas comunes de juego, que nos reconocen una presunción favorable de libertad, que no se destruye por un prejuicio repetido, sino sólo por una decisión judicial firme, tras un proceso con garantías.

LA JUSTICIA UNIVERSAL, EN SERIO (CONTRA LA VERSIÓN 2.0 DE LA REFORMA DE 2009. JOSE ELIAS ESTEVE/JAVIER DE L UCAS

Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.

La batalla por mantener ese ámbito de impunidad se hace más dura cuando no se trata sólo de someter al control judicial eso que eufemísticamente se llama cloacas del Estado, sino de reducir e incluso eliminar la existencia de zonas institucionales de alegalidad, el lado oscuro pero inevitable -al menos tendencialmente- del poder. La razón es obvia: el oxímoron de la alegalidad institucional, supuestamente exigido en aras del realismo político (en el colmo de la desfachatez, hay incluso quien lo considera el precio que ha de pagarse por mor de la ética de la responsabilidad) es un cáncer letal para el Estado de Derecho.  Por eso, no se trata sólo de hacer controlable a posteriori el ejercicio desviado, el abuso de poder.  El proyecto en el que encaja la justicia universal es más ambicioso y tiene que ver con una lógica jurídica, la que, entre otros, ha teorizado Luigi Ferrajoli como lógica expansiva del Estado constitucional, del constitucionalismo, que no puede dejar de instalarse en al ámbito del Derecho y de las relaciones internacionales, desarrollando tesis de raíz kelseniana.

El proceso recorrido en esa lucha del Derecho contra la impunidad que es la justicia universal, tiene etapas muy conocidas. Su línea argumental viene señalada en la propia sentencia del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores que, en el juicio sobre la extradición del dictador chileno advertía que “el Derecho Internacional estipula que los crímenes de ius cogens, entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución”. Con este mismo espíritu, en el verano del 2002, se ponía en marcha el Tribunal Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma asegura que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Y siendo así, el mismo tratado internacional -del cual España es parte- recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

Nuestros tribunales, apoyándose en el Derecho internacional y en la redacción original del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporaron esa lógica jurídica y convirtieron a nuestro país en una referencia internacional en la lucha contra la impunidad. Ahora bien, cuando los criminales perseguidos, en lugar de ser líderes genocidas ruandeses o guatemaltecos, como Efraín Ríos Montt, pasaron a ser gobernantes de grandes potencias, hicieron saltar las señales de alarma en los ejecutivos de turno. Así, a principios del año 2009, la entonces Ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, exigía al ejecutivo de Zapatero el archivo de la investigación abierta por los crímenes cometidos en una ofensiva militar en la Franja de Gaza y se permitía anunciar una reforma legal del marco jurídico español de la jurisdicción universal (de un tercer Estado, como España!!). Poco después, desde Beijing, los líderes del Partido Comunista Chino apremiaron a adoptar medidas “inmediatas y eficaces” para cerrar cuanto antes la “falsa querella” que acusaba a mandatarios del Politburó de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en el Tíbet. Simultáneamente, como hemos sabido también después, gracias a la difusión de los cables diplomáticos estadounidenses en el affaire Wikileaks, ministros españoles visitaban la Embajada de Estados Unidos en Madrid para tratar de atender las peticiones de Washington que protestaban sobre el avance de las instrucciones de la Audiencia Nacional en casos como los vuelos de la CIA, torturas en Guantánamo o el asesinato en Bagdad del periodista español José Couso. Por cierto, a la sede diplomática de la Calle Serrano también acudió en ese contexto el entonces Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, que adoptó una actitud beligerante en la exigencia de rebajar ese standard de justicia universal incorporado por los tribunales españoles.  

Ese baño de presiones diplomáticas, sumado a la argumentación realista esgrimida desde no pocos sectores de la política y la judicatura, condujo en mayo de 2009 al acuerdo de PSOE y PP que consensuaron la primera reforma del principio de la jurisdicción universal a través de la Ley Orgánica 1/2009, una reforma legal dirigida en principio a otro objetivo, pues venía referida a otra cuestión, la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. En aquel contexto, unos y otros aseguraban que la enmienda del artículo 23.4 LOPJ afianzaría de forma más sólida (por más realista) el compromiso con la justicia universal, y no provocaría un retroceso. Así lo manifestó públicamente  la eficaz Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que coordinaba los contactos del Gobierno español con la embajada norteamericana.

Más allá de estas declaraciones de intenciones, lo cierto es que como consecuencia de ese “compromiso”, la fiscalía solicitó con celeridad el archivo de las causas contra dirigentes israelíes, chinos o norteamericanos. En efecto, la reforma del 2009 de la jurisdicción universal imposibilitó continuar con las investigaciones en las que no concurriera -de forma subsidiaria- uno de los nuevos requisitos exigidos: existencia de víctima española, residencia en territorio nacional del querellado o “vínculo de conexión relevante con España”. Por cierto, a ese respecto, cuando se archivó el caso Tíbet, la representación jurídica de la demanda inquirió a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo si las relaciones comerciales y económicas con China podían constituir ese vínculo de conexión relevante con nuestro país. Los jueces guardaron silencio sobre este particular. Años después, el ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, García Margallo, admitió sin complejos que el 20% de la deuda pública en manos de China había provocado la segunda gran reforma de la jurisdicción universal, la de 2014: un cambio legislativo que supuso la derogación de facto de la justicia universal, ya que condiciona la persecución de los graves crímenes internacionales a “ que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”, circunstancias acumulativas de imposible concurrencia en la práctica.

Las informaciones disponibles permiten suponer que el PP de Casado, junto a Ciudadanos y el PSOE, pretenden llegar hoy a un consenso que nos devuelva una suerte de versión 2.0 de la justicia universal del 2009. Una versión que, por lo que se conoce, puede calificarse al menos de edulcorada y a la que no sería ajena la perspectiva realista que mantiene la asesoría jurídica del Ministro de Asuntos Exteriores, que sigue dirigida por quien nombró el PP en enero de 2018. A nuestro juicio, ese realismo esconde una vez más una posición conservadora, si no francamente retardataria.

Ese proyecto de resucitar la reforma de 2009 parece en abierto contraste con los objetivos proclamados por el Gobierno Sánchez y muy en concreto desde la cartera de Justicia, que consistían en recuperar e incluso ampliar el ejercicio efectivo de la Jurisdicción Universal conforme a su sentido en Derecho internacional. Así lo ha reclamado también públicamente la plataforma de la sociedad civil recién constituida, justiciauniversalya.com. Es más, resulta inadmisible que un dictamen de la Asesoría Jurídica de Exteriores, que supuestamente debe esgrimir motivaciones legales en sus razonamientos, fundamente su rechazo al borrador de Justicia esgrimiendo que éste, “introduce elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales de los Estados”. En otras palabras, el clásico argumento de la razón de Estado según el cual “una política exterior viable” está por encima de los derechos humanos. Afrente a esa posición, preguntamos si el Derecho penal internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, se han redactado para defender la razón de Estado o para proteger a los ciudadanos más desprotegidos de la comisión de horrendos crímenes internacionales. ¿Cuáles son los intereses que debe proteger en este ámbito ley internacional? ¿la del Estado soberano junto con su deuda pública y las inversiones de las grandes corporaciones o las de las víctimas de torturas, genocidios o crímenes de guerra? Kissinger lo tenía claro, y parece que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores también.

Con todo, debe asimismo ponerse de manifiesto que esta propuesta no sólo confunde el principio de jurisdicción universal con otros principios de extraterritorialidad de la ley penal, como es el de la legitimidad pasiva, sino que manipula los genuinos intereses de las víctimas. En efecto, el dictamen asegura que el pleno ejercicio de la jurisdicción universal, con los “serios problemas prácticos” que acarrea, conduce a una “decepción para las víctimas”. Nos preguntamos con cuántas víctimas palestinas, tibetanas o saharauis se ha reunido el gabinete jurídico de Exteriores para llegar a dicha conclusión. Al margen de haber convivido durante décadas con ellas, es fácil intuir sus sentimientos, cuando, por ejemplo, con ocasión de la reforma del 2009 se archiva el caso de los crímenes de guerra cometidos por militares israelíes o el de los crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo tibetano en plena celebración en 2008 de los Juegos Olímpicos en Beijing. No creemos que la decepción para las víctimas de la Franja de Gaza fuera continuar con la instrucción del asunto, a pesar de los innegables obstáculos legales que deben soportar y que fundamentalmente proceden de la fiscalía, sino más bien todo lo contrario. ¿Pueden imaginar el rostro de “decepción”, frustración y rabia de las madres de los palestinos asesinados cuando tras el archivo y publicación de esa reforma, Simon Peres le daba públicamente la enhorabuena a nuestro entonces Presidente Zapatero en su visita oficial a Israel por dicha reforma legal? ¿o los sentimientos de la joven tibetana Dolma Palkyi, superviviente en la travesía al exilio por los altos pasos del Himalaya, que fue testigo del asesinato a tiros por los guardias fronterizos del Ejército Popular de Liberación de su amiga Kelsang Namtso? Difícilmente pueden imaginar tanto dolor y sufrimiento infringido quienes desde sus mullidos sillones del Ministerio son ajenos a estas tragedias y pierden la perspectiva del propósito último y humanizador del Derecho de Gentes. Insistimos, un Ius Gentium en el sentido que hoy se trata de defender, no el de las viejas naciones, los Estados o las grandes corporaciones, sino de las personas, los ciudadanos. Una vez más debe remarcarse que el Derecho Internacional debe proteger la soberanía, “pero la soberanía del pueblo, y no la del soberano”, como precisa el internacionalista de la Universidad de Yale, W. Michael Reisman.

A nuestro juicio, un gobierno progresista no puede ni debe renunciar a situarse en una posición de firme defensa y garantía de los valores que sostiene la Unión Europea, en clara asunción de los principios y normas de la legalidad internacional. La coherencia más elemental exige el valor de rechazar convertirse en rehén de los chantajes de regímenes autoritarios, dictatoriales o de las grandes corporaciones. Por supuesto, somos conscientes de que aquí, como en otros escenarios que preocupan a la opinión pública, el difícil equilibrio entre valores jurídicos y políticos e intereses nacionales (sí, aceptamos que no se trata sólo de planteamientos espúreos) alcanza el máximo grado de tensión. Pero frente a la óptica del corto plazo que parece dominar entre los spin doctors y gabinetes de comunicación de nuestros responsables políticos, frente a los innegables costes que pueden significar decisiones coherentes con la legalidad internacional, sugerimos la mirada del medio y largo plazo, en la que el coste contrario, el de sacrificar la coherencia con esa legalidad, con nuestra condición de miembros del proyecto europeo, se muestra letal. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que no sólo nuestro país, sino la UE y occidente estamos pagando por la aventura en Iraq: una lección que, por cierto, se mide también en intereses contantes y sonantes.