POLITICAS MIGRATORIAS, SIN SIMPLISMOS NI FALACIAS (CTxT, nº 173, junio 2018)

Sobre los requisitos de una política migratoria de mínimos

El caso “Aquarius” ha tenido la virtud de sacar a la luz no pocas de las contradicciones en el supuesto modelo europeo de políticas migratorias y de asilo y, además, visibiliza las nefastas consecuencias de lo que un experto indiscutido como Sami Naïr ha denominado proceso de “renacionalización” en el que están embarcados desde 2015 buena parte de los Gobiernos europeos, que hace inviable lo imprescindible: un mínimo de política común  en los tres pilares de toda política migratoria: 

  1. El internacional: relaciones entre las sociedades –que no solo el aparato institucional, los Gobiernos– de origen y tránsito y las de destino, con especial atención al papel de los protagonistas, los propios inmigrantes, que son el vector de relación. Invertir en democracia, desarrollo y derechos humanos debe ser el nexo, para superar el viejo cliché de la ayuda o cooperación al desarrollo, entendida en términos groseramente economicistas y que en buena medida dan lugar a dos efectos perversos: el incremento de la corrupción de las élites de uno y otro lado y la manipulación de la ayuda que no llega a sus destinatarios, sino que se emplea en intereses ajenos, comenzando por la expansión empresarial sin escrúpulos de respeto a derechos, a base de dumping social, y continuando, por ejemplo, por el comercio de armas. En lugar de vincular las políticas de cooperación a cláusulas de policía de fronteras, como sucede hoy en buena parte de los Convenios bilaterales (Marruecos, Mauritania o Nigeria son sólo tres ejemplos), se debería vincular a cláusulas de buenas prácticas en standard de democracia y derechos humanos. 
  2.  El control de fronteras. Por supuesto, no se trata de proponer la abolición de las fronteras y de los controles. El objetivo es ordenar los movimientos migratorios, conforme a marcos legales acordados (negociados) por las dos partes –ni dictados unilateralmente en beneficio nuestro–, para que la inmigración sea en lo posible fruto de una decisión libre y no como sucede una decisión nacida del estado de necesidad y para que las rutas migratorias no sean viajes infernales en los que se pierden miles de vidas humanas en los desiertos o en el mar y son sometidas a todo tipo de violaciones de derechos por las mafias y por las fuerzas policiales o parapoliciales que en no pocos casos sostenemos con complicidad culpable los europeos (el caso de la guardia costera libia es paradigmático). Como vengo insistiendo desde hace meses, el Draft zerode febrero de 2018 del Global Compact on Safe regular and orderly migration, puesto en marcha desde la secretaría general de la ONU, con el Alto Comisionado para Refugiados y el Alto Comisionado de derechos humanos y que debe aprobarse este año (en la discusión que ha habido hasta ahora la participación activa oficial española ha brillado por su ausencia), al igual que el Global Compact on Refugees ofrecen no pocas pistas al respecto.
  3. Los programas de acogida, acomodación y permanencia. Este tercer pilar, como es bien sabido, afecta sobre todo a las administraciones locales y –en nuestro caso– autonómicas y exige algo en lo que insiste el informe de 2017 del Defensor del Pueblo de España en su apartado de Inmigración: la urgente necesidad de retomar la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración (creada en 2006 y suprimida en 2015) para optimizar la coordinación entre administraciones y entre estas y agentes sociales, condición sine qua non del éxito de las políticas sobre la presencia estable de inmigrantes. Ello exigiría, como señalaba el mismo informe, un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) con el que la agencia atendiera al cumplimiento de sus funciones y especialmente al refuerzo financiero de las comunidades en las que se registre una mayor presencia de personas extranjeras. O bien, como he propuesto reiteradamente, recuperar el Fondo de Acogida e integración creado por el Gobierno socialista bajo presidencia de Rodríguez Zapatero y que es capital para que las administraciones municipales (y también las autonómicas) puedan hacer frente a las necesidades que plantea la llegada de inmigrantes. Recuérdese que en 2011, con el propio Gobierno Zapatero, sufrió un recorte brutal y fue simplemente eliminado de un plumazo por el Gobierno Rajoy en 2012. 

Es decir, la globalidad del fenómeno migratorio que, como gusta de repetir el profesor Joan Romero, es un hecho de trascendencia geopolítica de primer orden, exige un tratamiento internacional. Es ilusorio pensar, por mucho que insistan en ello los Gobiernos europeos lanzados a la pendiente resbaladiza del populismo (que no son sólo los del grupo de Visegrad: se suman entusiastas Austria, Italia, Bélgica, Dinamarca y una parte del Gobierno alemán, con la hipócrita connivencia de Macron), ningún Estado europeo, menos aún los de la ribera norte, puede gestionarlo por sí solo, como es ilusorio pensar que hay fronteras sólo italianas, griegas o españolas, tal y como recordaba pertinentemente el ministro Borrell. 

 

10 Medidas a corto plazo.

Todo ello debería conducir a muy corto plazo, es decir, en este mismo mes,  a un conjunto de medidas entre las que podríamos destacar las siguientes:

  • Reelaborar un Plan de ciudadanía e integración para la inmigración, que contara con la experiencia –por ejemplo, de la Comisión parlamentaria para Inmigración y Ciudadanía con acreditada experiencia en Canadá- y que recuperara el papel del viejo Foro para la integración social como espacio de participación de ONGs y Asociaciones, en el que deben estar presentes los inmigrantes.
  • Recuperar ese Fondo de Acogida e integración al que me he referido ya.
  • Priorizar el interés del menor y con ello la consideración y trato a los MENAS (Menores inmigrantes no acompañados). Suspender las instrucciones de fiscalía y policía que exigen la prioridad de pruebas biométricas de establecimiento de edad, que carecen de fiabilidad científica.
  • Redefinir los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, principalmente en las ciudades de Melilla y Ceuta y revisar la existencia de los CIE, sustituyéndolos por instituciones acordes con la exigencia de la legalidad constitucional e internacional.
  • Desatascar los procesos de concesión de nacionalidad (en este momento, 400.000 expedientes.
  • Desatascar los procesos de solicitudes de asilo más de 40000 pendientes a día de hoy-  que dejó sin resolver el Gobierno Rajoy.
  • Suspender de inmediato las medidas ilegales de devolución en frontera, sin esperar a la derogación de la Ley Mordaza.
  • Derogar el RD 16/2012 que acabó con la sanidad universal y en particular redujo las prestaciones sanitarias a inmigrantes irregulares a mínimos inaceptables (sólo atención de urgencia y a mujeres embarazadas).
  • Es urgente asimismo establecer un plan coordinado y estable para la acogida en costas: desde enero de 2018 la situación en Andalucía está desbordada. En el momento de redactar estas líneas, mientras la mirada está puesta en los 629 ocupantes del Aquarius, en el Polideportivo de Tarifa a duras penas pueden acoger a las casi 800 personas a las que se ha rescatado del mar esta semana.
  • Considerar la oportunidad de un proceso de regularización que, probablemente, no involucraría a más de 80000 o quizá 100000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular (mal llamados ilegales) y los incorporaría a trabajos legales y a la Seguridad Social.

 

Evitar falacias y trampas simplistas

A mi juicio, detrás de todo ello está la necesidad de definir un modelo claro y coherente, que se aleje de la falaz alternativa entre buenismo moralista irresponsable de un lado y de otro, del crudo pragmatismo que, en aras de las dificultades políticas internas y europeas y de los riesgos del populismo y la supuesta incomprensión de la mayor parte de la población de una pedagogía de la complejidad, olvida la prioridad del cumplimiento de obligaciones jurídicas como condición sine qua non de legitimidad y aun de eficacia.

No, no es cierto que, como nos dicen en el abundante universo de simplistas politólogos armados de una lectura elemental –raquítica– de Weber (sé que hay politólogos muy cultos que hasta leen historia, filosofía política y jurídica y Derecho Constitucional), haya que optar entre la moral de responsabilidad, la del político, y la de moral de convicción, la del moralista, la de las ONGs o los académicos encerrados en sus torres de cristal y ajenos a las duras limitaciones reales.

Tampoco es cierto que exista una “tercera vía”, la del pragmatismo compasivo que, a la imagen de esa superchería del capitalismo compasivo predicado por Reagan y reeditado por Sarkozy (al que tantas veces parece acercarse su versión ilustrada actual, Macron) nos hacía regresar al paternalismo buenoide retratado por Dickens y estigmatizado por Brel en su inolvidable Les Dames patronneuses. No. Nada de la moralina narcotizante del rebaño que fustigara con acierto Nietzsche. Déjense de tratar de engrasar con retóricas llamadas a la “ética” su manifiesta voluntad de no cumplir con obligaciones jurídicas internas e internacionales. Salgamos del paternalismo bienpensante que entiende a los refugiados como pobres desgraciados a los que premiar con unas migajas de caridad y se empeña en utilizar a los inmigrantes como piezas de la próspera industria del desecho humano, en la durísima pero certera fórmula de Bauman. Salgamos de una vez de esa contradicción que supone vivir obsesionados por el cumplimiento del dogma de las décimas en el déficit, mientras violamos a gusto, día sí y otro también, deberes jurídicos elementales consagrados en Convenios y en leyes propias de nuestro ordenamiento, del Convenio de Derecho del mar de Montego Bay o el Convenio SOLAS a la Convención de los derechos del niño, o la ley orgánica de protección del menor.

Cumplir con los primeros deberes jurídicos, que nos obligan al respeto y garantía de derechos humanos, no es una opción. Es lo que nos permite sentirnos parte de una civilización o engrosar las filas de la barbarie que no queremos reconocer en el espejo.

EL EN VALENCIA. ¿DE LA EMOCIÓN A LA POLITICA, PASANDO POR LA ESPERANZA? (El País, Valencia, 18 de junio de 2018)

No es por chauvinismo si digo que ningún otro ciudadano europeo ha podido vivir la experiencia del buque Aquarius como los ciudadanos de la Comunidad valenciana. Es difícil que otros hayan experimentado el cúmulo de emociones que hemos vivido los valencianos durante esta semana, para culminar en el domingo, cuando de madrugada arribaba a nuestro puerto la primera de las tres naves de la flotilla, el Dattilus. En ese momento se ha hecho cierto que Valencia dejaba de ser conocida como sinónimo de corrupción rampante, para aparecer en los principales diarios y medios de comunicación de medio mundo como sinónimo de solidaridad efectiva. Menudo cambio!

Nadie que haya seguido de cerca el asunto puede negar que la iniciativa de cumplir con un deber jurídico elemental, el de conducir a un puerto seguro                                                                                                  a 620 náufragos rescatados de la muerte, nace de aquí: del Ayuntamiento de Valencia (Barcelona también se ofreció) y de la firme decisión del Govern del Botànic de asumir ese deber que, además, es una exigencia básica del principio de solidaridad y del respeto a la vida. Desde el primer momento, al menos hasta donde conozco el proceso que se vivió, el President Puig y la Vicepresidenta Oltra dejaron claro que mantenían el mismo empeño que les llevó a intentar en su día el rescate de refugiados en islas griegas, un ambicioso proyecto para el que la Vicepresidenta dispuso un completo operativo que fue frustrado por el Consejo interadministrativo que coordinaba la Señora Sáenz de Santamaría, la “señora no”. El empecinamiento del Gobierno Rajoy consiguió que España no cumpliera ni el 10% del compromiso de reubicación de refugiados que se había comprometido a aceptar (poco más de 17000), incumplimiento que produjo no poca vergüenza entre los ciudadanos.

Las gestiones del Govern del Botànic fueron bien acogidas por el gobierno Sánchez, que vió en ello una excelente oportunidad de enviar a Europa y al mundo un mensaje positivo de presentación del propio Gobierno y de nuestro país, en un momento de repliegue xenófobo de buena parte de las coaliciones de Gobierno en Europa en las que están presentes partidos de derecha y aun de extrema derecha (de Finlandia a Dinamarca, Bélgica, Austria o Italia, y ahora la difícil perspectiva interna de los demócratas cristiano alemanes, además de los países del grupo de Visegrad). Eso sí, con la advertencia de que se trataba de una medida excepcional, humanitaria, que no suponía un cambio en modelo de política migratoria y de asilo y en la aplicación tout court de la legislación de extranjería.

Con la ayuda de abogados en extranjería, profesores y expertos de ONGs dedicadas a la inmigración y asilo, el Govern del Botànic insistió en conceder a los naúfragos del Aquarius el mayor standard de protección posible (obviamente, no se podía reconocer a todos indiscriminadamente el derecho de asilo) y así corregir la evidente contradicción en la que incurrían algunos altos representantes ministeriales que admitían públicamente que una parte de los rescatados a los que el Gobierno de España invitaba a venir a Valencia, serían expulsados y transferidos a CIE. El Govern preparó un dispositivo que aprovechó la inmensa respuesta de solidaridad de agentes de la sociedad civil y simples ciudadanos y en una decisión que le honra, renunció a obtener rédito político inmediato mediante recepciones oficiales a los pasajeros del Aquarius, al transferir todo el protagonismo a los afectados y a los servicios multidimensionales de atención y acogida (traductores, personal sanitario, asistencia jurídica y psicosocial, étc).

Al mismo tiempo, vivíamos como una contradicción las noticias de la llegada a las costas de Tarifa y Cádiz de un millar de personas, en poco más de 24 horas, la mayoría de ellas rescatadas del mar, y la perdida de 40 vidas humanas en el Cabo de Gata: los puertos, los polideportivos, las comisarías, aparecen desbordadas, en un clima de cierta frustración que contrastaba con nuestro entusiasmo y aun orgullo.

Ahora es el momento de pasar de la emoción del rescate, a la adopción de medidas concretas que conviertan de verdad las políticas migratorias en un factor positivo para todas las partes implicadas. Es el momento de impulsar otro modelo de gestión de los desafíos y oportunidades que encierran las migraciones, cuando el FMI nos acaba de recordar, por ejemplo, que España necesita no menos de 5 millones de inmigrantes si quiere mantener su Estado de bienestar. Políticas de esperanza, mensajes que superen esa concepción de necropolítica que son ahora las medidas de los Gobiernos europeos. Dispositivos realmente europeos (ningún Estado puede gestionar por sí solo las migraciones), que inviertan en democracia, derechos humanos y desarrollo en los países de origen, que organicen un sistema coherente y suficiente de acogida en costas, que no abandonen a su suerte ni a los Ayuntamientos y comunidades a los que arriban inmigrantes y refugiados, ni tampoco a los países a los que la geografía nos ha situado en la condición de primer destino de esta movilidad. Pasemos del impulso espontáneo de compasión a la organización racional de deberes y derechos.

EL RESPETO AL DERECHO, LINEA ROJA ENTRE CIVILIZACIÓN Y BARBARIE (A propósito del caso “Aquarius”), Infolibre, 12 de junio de 2018

La trampa del paternalismo asistencialista, del “humanitarismo”

El Gobierno italiano, a impulsos del xenófobo ministro Salvini decidió ayer cerrar los puertos para impedir que atraque el buque Aquarius (fletado por MSF y SOS Mediterranée) con 620 naúfragos, que no son sólo inmigrantes, pues habrá quienes puedan y deban solicitar asilo. De ellos, más de cien menores.

Unos y otros, como tales naúfragos, están protegidos por los principios básicos del Derecho internacional del Mar reconocidos en el Convenio de Montego Bay, que impone deberes jurídicos a todos los Estados (todos los de la UE lo son), empezando por el de protección de la vida. Esos principios jurñidicos obligan a llevar a los naúfragos a puerto seguro, al más cercano: Malta e Italia violan es criterio básico de legalidad del Derecho internacional del mar. No hacerlo efectivo, como he denunciado reiteradamente basándome en las tesis que el filósofo Achille Mbembé ha elaborado a partir de la concepción de <biopolítica> de Foucault, es la demostración de que el espíritu de las políticas migratorias y de asilo de la UE y de sus Gobiernos es el de la <necropolítica.>.

Unos y otros son titulares de derechos humanos y fundamentales reconocidos por el Derecho internacional de los derechos humanos a toda persona, y que obligan a los Estados bajo cuya soberanía territorial se encuentren

Los inmigrantes y solicitantes de asilo son titulares de derechos específicos reconocidos en los respectivos instrumentos internacionales que obligan todos los Estados parte en esos Convenios (Convención de derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias de 1990; Convención de Ginebra de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1976)

Los menores, son titulares de derechos de acuerdo con la Convención de derechos del niño de la ONU que impone deberes correlativos a los Estados parte (todos los de la UE lo son). En la mayor parte de los Estados, hay leyes como nuestra L.O. de protección del menor que dejan claro este principio jurídico prioritario: garantizar el interés del menor. Recientemente, en noviembre de 2017, los Comités ONU de derechos del niño y de derechos de los trabajadores inmigrantes han emitido dos observaciones generales que los Estados parte (todos los de la UE lo son) deben conocer y tener en cuenta.

No se trata, pues, de ser humanitarios o caritativos. No se trata de elegir entre el demagógico buenismo y el pragmatismo que nos impone la limitación de nuestras capacidades y recursos. Aquí está en juego la decisión de cumplir con deberes jurídicos elementales o saltárnoslos, cuando sus titulares no son considerados seres humanos iguales a los europeos, de acuerdo con la célebre sentencia del cerdo Napoleón en Rebelión en la granja: todos los animales son iguales, sí, pero unos más iguales que otros. ¿Cómo comparar a un finés, danés, belga o francés, incluso a un catalán o murciano, con una gente que viene de Nigeria, Mali, Eritrea o de dios sabe dónde?

Que quede claro: esta decisión es tan simple como la de cumplir o no con las obligaciones legales. Como la de pagar o no impuestos, pagar por una mercancía que nos gusta, o no comprarla, o robarla. Ayudar a una persona en peligro de muerte (si eso no comporta el mismo riesgo para uno mismo) o abandonarla a su suerte. Comprometerse a un pacto y decidir que ahora no queremos cumplirlo o arrostrarlo cuando nos es incómodo, porque sin la observancia del pacta sunt servanda no hay convivencia posible.

 

Principios claros para abordar problemas complejos

Por supuesto que, debido a la enorme complejidad de la gestión de los movimientos migratorios y de refugiados, cumplir con esos deberes no es un asunto fácil. No está al alcance de un solo país. Y los ribereños del Mediterráneo (Grecia, Italia y también España) nos encontramos en primera línea de la dificultad. A buenas horas nos enteramos! Pero de lo que se trata es de que los modelos, las políticas migratorias y de asilo, tienen una línea roja que no debemos traspasar. Y lamentablemente parece que no es ese el empeño de buena parte de los Estados de la UE. No sólo los “malos”, los más extremistas en sus posiciones xenófobas, esto es, los cuatro del Grupo de Visegrad, Polonía Hungría, Chequia y Eslovaquia. El número de los que apuestan por este giro es cada vez mayor: Italia, Austria, Dinamarca, los Países Bajos, la coalición de gobierno en Bélgica (por la presencia del ultraxenófobo N-VA, gran defensor, eso sí, de los derechos del Sr Puigdemont): Todos ellos se suman al intento de olvidar la línea roja, en aras del pragmatismo y parecen derivar hacia los extremos más rechazables del modelo australiano.

Volvamos a la historia del Aquarius. No es nueva. No evocaré aquí los casos de buques como el St Louis o el Stanbrook, en el contexto de la guerra mundial y de nuestra guerra civil.  Por hablar de precedentes más próximos recordaré un par de casos. En 2017 L’Espresso publicó una conversación telefónica ocurrida en 2013, en la que las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque Malta e Italia no se ponían de acuerdo (http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/01/news/naufragio-dei-bambini-una-telefonata-dimostra-che-la-marina-mente-1.303080 ). Pero hay que ir más atrás. Por si no lo recuerdan, en agosto de 2001 la prensa (https://elpais.com/diario/2001/08/29/internacional/999036015_850215.html ) contaba la historia del buque noruego Tampa, que cargó a más de cuatro centenares de refugiados afganos que habían naufragado cerca de un puerto indonesio. Ni Indonesia ni Australia querían hacerse cargo. Finalmente, en septiembre, la armada australiana los llevó hasta Nueva Zelanda y a las islas de Manus (Papúa) y, sobre todo, Nauru, una “república” bajo control australiano, a la que convirtió en isla-cárcel para refugiados y que tuvo que cerrar en 2009 ante las denuncias de a ONU, pero que ha reabierto y sigue funcionando como tal. La política australiana se orienta sobre todo a disuadir a los refugiados de intentar llegar a Australia (www.smh.com.au/politics/federal/no-advantage-will-test-labor-policy-20121112-298fx.html), pese a las críticas crecientes que denuncian que ese modelo incumple principios básicos de Derecho internacional de refugiados, como han señalado J.Hathaway y D. Ghezelbash (https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/31/theres-a-workable-alternative-to-australias-asylum-policy ).

Ese parece el modelo que una parte de los Gobiernos europeos quiere recuperar, hacer imposible que los solicitantes de asilo y los inmigrantes no queridos lleguen a suelo europeo. Para ello, se trata de externalizar los campos de retención de inmigrantes y solicitantes de asilo, llevarlos a países fronterizos con al UE (Albania, Macedonia: www.infolibre.es/noticias/lo_mejor_mediapart/2016/03/19/macedonia_centinela_las_fronteras_exteriores_ue_46621_1044.html) o, mejor, al sur del continente europeo (Marruecos, Mauritania, Libia…). Ya lo intentó el Gobierno Aznar en el Consejo extraordinario de Sevilla de 2002, aunque la oposición de Francia y Suecia lo frustró. Lo intentaron Berlusconi y el propio Sarkozy. Lo acaban de proponer algunos ministros de Justicia e Interior que han bloqueado la semana pasada en Sofia la iniciativa de la presidencia búlgara de la UE para relanzar la revisión del Reglamento de Dublín y así amenazan con vaciar de contenido el sistema común europeo de asilo (SECA).

Sin duda, organizar una respuesta eficaz que no renuncie a la condición sine qua non del respeto a los derechos humanos, requiere otras políticas migratorias y de asilo, que asocien a las sociedades civiles de todos los países implicados (más incluso que a sus Gobiernos, como ha explicado reiteradamente Sami Nair) en acuerdos focalizados en el desarrollo humano de los países que generan los flujos de movilidad migratoria, que reúnan desarrollo, democracia y derechos. El Global Compact for Safe, orderly and regular migration que impulsa la ONU https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf), junto al Global Compact on Refugees https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact ), ofrecen buenas pistas. El Gobierno Rajoy ha estado de perfil sobre este proceso. Espero que el Gobierno Sánchez haga más que gestos simbólicos y algún nombramiento mediático. Que empecemos por el compromiso claro y consecuente con el respeto de los derechos, del Derecho, que es la barrera que separa civilización y barbarie

Para empujar a tomar decisiones contamos con la reacción ciudadana, que ha comenzado por las autoridades municipales (Ayuntamientos de Nápoles, Palermo, Messina, Reggio Valencia, Barcelona) y autonómicas o regionales, las más próximas a los ciudadanos, para poner a salvo a esas personas. En el momento de redactar estas líneas recibo la buena noticia de que, de nuevo, el Gobierno del Botánic de la Comunidad Valenciana, a través de la iniciativa de su Vicepresidenta, la incansable Mónica Oltra, con la colaboración del Ayuntamiento que encabeza Joan Ribó (inequívoco en su apoyo a los refugiados), de Balearia, de la Autoridad del puerto de Valencia, y el acuerdo del Gobierno Sánchez, ha preparado todo para que esas 629 personas puedan encontrar refugio en Valencia. Mónica Oltra (con el respaldo del President Puig) ya propuso una solución a casos similares en los peores momentos de la llegada de refugiados sirios a Grecia. La Vicepresidenta Sáenz de Santamaría bloqueó esas iniciativas y sabemos el magro resultado de la política de reubicación de refugiados en España (no llegamos al 10%). Ahora, el espíritu del Botánic consigue la sintonía del Gobierno Sánchez en La Moncloa.

Esta vez, sí. Los ciudadanos –comenzando por los de Valencia- podemos sentirnos orgullosos de nuestros gobernantes. Es una solución particular para un problema urgente y concreto, pero demuestra que si se tienen claros los principios y una firme voluntad política, otras políticas migratorias y de asilo son posibles.

Pasión por el Derecho, Infolibre, Luces Rojas, 24 05 2108

Sobre Derecho y pasiones.

Vivimos tiempos de paradojas, de tensiones y contradicciones, a veces rayanas en lo incomprensible. El mundo del Derecho no escapa a ello. Creo que algunas de las que hemos conocido en los últimos meses en nuestro país, en el que día sí y día también se discute en los programas de máxima audiencia tal o cual sentencia, esta o aquella decisión publicada en el BOE y hasta los arcanos penales y procesales más abstrusos, pueden explicarse en términos de <pasión por el Derecho> o <pasión contra el Derecho>. Trataré de argumentarlo, inspirado en no poca medida por el análisis que proporciona un reciente y -como acostumbra- provocador librito de un buen colega y amigo belga, el profesor François Ost –Le droit, objet des Passions?, Académie Royale de Belgique, 2018-, subtitulado shakesperianamente I crave the Law, por las palabras con las que comienza el conocido alegato de Shylock en El mercader de Venecia: “My deeds upon my head! I crave the law, the penalty and forfeit of my bond!” 

Convendría comenzar por obviedades, como la que nos recuerda que el del Derecho no es ese mundo frío, artificial, desencarnado, que algunos pretenden. No lo es, porque el Derecho arraiga en los intereses, necesidades, sentimientos y pasiones humanas: lo comprendió muy bien Jhering al hablar del motor de la lucha por el Derecho. Han sabido mostrarlo la novela y el teatro, de Aristófanes y su juez Filocleón -quizá el primer justiciero, en el sentido de obseso por la justicia– a Sófocles y su Edipo, probablemente, como advirtió Foucault, el primer texto en que se plantea la relación entre verdad, poder, justicia y pasiones, núcleo de la biopolítica. En la lista de esos justicieros que viven la pasión por la justicia sin las riendas de la razón (tal el brocardo fiat iustitia et pereat mundus) se inscriben Shylock y el Michael Kohlhaas de Kleist. Patológicos obsesivos son también los extremos opuestos representados por el Raskolnikov de Dostoievski y, en la línea de la difícil cordura, la magistrada Fiona Maye de McEwan. Por no hablar de los testimonios de pasiones jurídicas que nos ofrece el cine, desde Charlot o Keaton a Buñuel, Ford, Zhang Yimou o Kore-Eda.

Sí. El Derecho, como producto humano, histórico, es una creación cultural que no se explica sin la existencia de pasiones: de la venganza y el despecho, a la codicia o los celos, de la envidia a la ira o al afán de gloria, al igual que sucede, sin ir más lejos, con la economía, según nos explicaron aquellos escoceses dieciochescos que, al tiempo que economistas, eran filósofos dedicados al estudio de los sentimientos y pasiones morales (Hume, Smith, Mandeville). El Derecho no se entiende sin ese pathos que, advirtámoslo, es complejo.

Al mismo tiempo, el Derecho encuentra su mejor sentido en el marco del proyecto civilizatorio sobre el que cavilaran Platón, Aristóteles y los estoicos: no trata de eliminar las pasiones –una tarea, por lo demás, imposible- sino de someterlas a la razón, mediante hábitos virtuosos. Ese proyecto, recuerdo, encuentra distintas vías civilizatorias. La de la paideia, la buena educación consiste en enseñarlas, aprenderlas y hacerlas propias. La del Derecho, más realista, consiste en proponerlas como normas, esto es, con el refuerzo de la fuerza, la coacción, que permite imponerlas. El peso de la fuerza que acompaña inexorablemente al Derecho, disminuirá en la medida en que el proceso civilizatorio alcanza lo que llamamos legitimidad democrática del Derecho: es decir, en la medida en que lo que se propone como pautas de comportamiento (hábitos virtuosos) se haya convertido en virtudes cívicas exigibles y aceptables. Eso sucede cuando esto se proponen como pauta a seguir comportamientos que la mayoría acepte, racionalmente, como virtuosos, en el sentido de imprescindibles e incuso deseables para los objetivos de convivencia que se han decidido por común (mayoritario) acuerdo. Pero no desaparece. E incluso puede retornar con mayor acuidad, haciéndonos sentir que ese Derecho es sólo pasión desbocada, violencia. No olvidemos que, frente a quienes sostienen una caricatura del Derecho y de los juristas, en particular de los jueces, como un mundo frío, ajeno a los sentimientos de la gente común y corriente, alejado de lo que preocupa en la calle, cabría apuntar que, en no pocos casos, podría ser más bien que esas normas y, sobre todo, esas interpretaciones de los juristas que nos chocan, fueran el fruto de intereses, sentimientos y pasiones propios, ajenos a los de la mayoría.

 

 

Las pasiones, ante el Derecho

Hay pasiones por el Derecho y pasiones contra el Derecho. Sin duda, la experiencia del terribile diritto, que dijera Rodotá, genera pasiones negativas frente al Derecho (miedo, desconfianza, e incluso ira antijurídica), aunque en no pocas ocasiones de forma contradictoria, como creo que sucede hoy, tal y como se ejemplifica sobre todo en las redes sociales pero también en no pocos medios de comunicación tradicionales: prensa, radio, televisión.

De un lado, hay que estar ciego para no detectar hoy el crecimiento exponencial de ese anhelo del Derecho que ejemplificaba Shylock: cómo crece sin medida la pasión litigante, cómo florece la pasión legiferante, reglamentista sobre los aspectos más nimios, hasta qué punto bordeamos esa otra pasión de monopolio del Derecho que lleva al extremo del RichterStaat, un gobierno de quienes en puridad no deben ser gobernantes sin guardianes, los jueces, o como la pasión vindicativa propia del justiciero, al que da alas el populismo penal, desarrolla una marea prohibicionista que, a 50 años de mayo del 68 y de su prohibido prohibir, parece querer prohibir y castigar sin descanso.

Al mismo tiempo, asistimos también a un aparente descrédito o desconfianza generalizada sobre el Derecho que generalmente se presenta como miedo ante la fuerza del Derecho, pero que a veces alcanza otro grado, otra pasión: la furia contra el Derecho, al menos contra quienes nos dicen qué es Derecho. Y, entre ellos, abogados y jueces, contra los que nuestro refranero nos previene (“tengas pleitos y los ganes”). Es lo que ejemplifica Shakespeare en boca del carnicero Dick de su Enrique VI: “Let’s skill all the lawyers!”.

Pues bien, creo que hoy abunda otra pasión que, a falta de mayores precisiones, describiría como menosprecio por el Derecho, desde trincheras ideológicas que no son las habituales (las tesis anarquistas, comunistas o libertarias) sino muy otras: por ejemplo, ciertas versiones del nacionalismo, ciertas versiones del feminismo. Pero también desde las alturas –o abismos, quizá- de la ciencia, en particular de parte de un tipo de científicos sociales al alza ( mediáticos, digámoslo), a los que no se les cae de la boca la advertencia sobre lo importante que es “la política” y la necesidad de superar el torpe recurso al Derecho y a sus instrumentos, algo secundario, claro. Una displicente actitud a la que no son ajenos no pocos periodistas y comunicadores.

Hablo, por ejemplo, de esos escenarios que dominan escribidores y locutores (me cuesta llamarles periodistas) que jalean el linchamiento de jueces machistas, prevaricadores, corruptos y demás despreciable ralea y que nos explican –desde su contacto privilegiado con la realidad y, al parecer, de su dominio sobre los más recónditos arcanos del Derecho- cuándo tal o cuál comportamiento es ilícito, cuándo es justa o abominable una sentencia (que no acostumbran a leer, ya no digo estudiar, sino que critican en el momento mismo en que se anuncia), todo ello adornado con insólitos conocimientos procesales, que deben sobre todo a gargantas profundas de los pasillos de tribunales, más que a las aburridas y nada glamourosas horas de estudio. Y lo hacen porque saben lo que piensa y quiere como justo la calle, que es algo muy distinto de lo que han secuestrado como justo los clérigos que administran (usurpan) el (verdadero) Derecho.

Aún más preocupante me parece el caso de admirados politólogos que, desde la tribuna de la ciencia (que muchas veces parece más bien púlpito de predicador) nos aleccionan sobre cuándo hay un delito de rebelión, sedición o simplemente una manifestación cívica con algún toque gamberro, a base de lecturas de wikipedia sobre el Código Penal, como si el Derecho no mereciera mayor atención. Lo hemos visto recientemente en artículos que argumentan sobre la menudencia o aun irrelevancia jurídica y política de las actuaciones del Govern nacionalista de la Generalitat de Catalunya y de su Parlament, frente a la que proclaman única amenaza real para la democracia, la del monstruo del nacionalismo español: todo ello sin haber leído aparentemente una página de las que Kelsen dedica a los coup d’Etat jurídicos en su Teoría pura del Derecho. Parece como si quisieran instruirnos: dejemos esto del Derecho, que al fin y al cabo lo podemos cambiar cuando queramos y vayamos a lo importante.

No me resisto a apuntar, por cierto, que aún estamos esperando que esos gurus nos expliquen cómo se puede hacer política, no ya excelsa sino simplemente civilizada –es decir, algo mejor que la nuda imposición de la voluntad del que más puede-, sin el recurso al Derecho. Y que nos expliquen también dónde quedarían los intereses del común –no digamos de los más vulnerables- si todo fuera negociación (“pónganse a hablar”, conminan esos iluminados), olvidando que, si se trata de negociar sin más, como pregonan, más allá de los tediosas y estériles normas, instituciones, procedimientos y sanciones del artefacto jurídico, la palabra quedaría como atributo exclusivo de los que están de facto en condiciones de hacer o dictar el negocio. Monopolio de una élite que ya no son reyezuelos perezosos y viciosos, ni tampoco juristas entogados, sino elegantes CEO y ejecutivos con más desprecio e ignorancia por las necesidades y preocupaciones del común de los mortales que la que exhibían aquellos déspotas con los que aún quieren asustarnos.

Claro, lo de negociar adquiere un tinte distinto si se trata de negociar bajo el imperio del Derecho (hablo del Estado de Derecho), lo que, por cierto, no tiene nada que ver con esa pretensión –a mi juicio, inaceptable- de “negociemos sin condiciones previas” como, por ejemplo, ha vuelto a enunciar por enésima vez el Sr Torra en nombre de una Catalunya que dice representar (cuando está enfrentado a la mitad de los catalanes). Eso, a mi juicio, es incitar al enfrentamiento de pasiones, a ver quién resiste y puede más, reafirmándose en las suyas.

Al cabo, sabemos que la pregunta sobre la desaparición de las pasiones, convertidas en normas que sirven para racionalizarlas y obtener acuerdos respetables, tiene una respuesta negativa. Las pasiones siguen ahí, presentes en todos los ciudadanos y más difíciles de someter cuando se trata de quienes tienen poder. También, evidentemente, en los propios juristas, por más que a ellos les exigimos un plus, que está implícito en la iconografía de la justicia: la balanza, el equilibrio, nos habla de esa racionalización de las pasiones, como también la venda que cubre los ojos de la justicia. En caso contrario, la espada con que se adorna nos parecería una exacción y, como planteara San Agustín, no habría al cabo distinción entre el mandato del Derecho y el de una banda de ladrones. La consecuencia es clara: hay que vigilar con mayor atención las pasiones de quienes tienen el poder. No hace falta haber leído a Foucault para llegar a esa conclusión, pero su lectura ayuda a entender de qué poder y de qué justicia debemos hablar.

 

MARIO RUIZ SANZ: UN OBITUARIO NOTA NECROLÓGICA PARA EL ANUARIO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO)

El profesor Mario Ruiz, director del Anuario de Filosofía del Derecho, revista oficial de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, falleció el pasado 29 de abril en Valencia. Cumplo el encargo que me encomendó la Junta Directiva de la Sociedad, un triste onus (nunca tuvo mayor sentido el término), de redactar su obituario. Y parece obligado comenzar por recordar esta vinculación: antes de ejercer la dirección de la revista, había sido, desde 2001, miembro del Consejo de Redacción y luego secretario (2005), cargo que ejerció hasta que sucedió a la profesora María José Añón en la dirección, en el año 2015. Por tanto, la historia del Anuario casi en sus últimos veinte años, no se puede entender sin el trabajo de Mario Ruiz, que le dedicó lo mejor de su esfuerzo, hasta que hace unas semanas, obligado por el agravamiento de una enfermedad contra la que luchó durante años con la ironía y sentido del humor que todos le conocimos, presentó su dimisión. No podíamos imaginar que sólo viviría unos pocos días después de esa carta.

Esta nota está escrita desde una desolación que no puedo ni quiero ocultar y por eso incurrirá inevitablemente en un tono personal, que probablemente no casará bien con lo que debe ser una evocación académica. Es un sentimiento de conmoción que comparto, en primer lugar, con compañeros y amigos suyos de la Universidad de Valencia, su alma mater universitaria, a la que había regresado en comisión de servicios en octubre de 2017. Un regreso obligado, por razones relacionadas con su estado de salud, obvias para cualquiera, salvo para la mezquindad de algún alto cargo académico que no tuvo la dignidad de ofrecérselo, pese a la lealtad y buen hacer de Mario para con él y con la institución. Un sentimiento de conmoción que comparto también con muchos de sus muy buenos compañeros y amigos de la Universitat Rovira i Virgili. Y, me atrevo a decir, con los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad y con un gran número de compañeros y amigos de los Departamentos de Filosofía del Derecho de casi toda España. Porque Mario Ruiz era un profesor respetado y una persona querida y admirada cordialmente por todos aquellos a quienes la vida nos deparó la suerte de coincidir con él, tal y como recordó la profesora Añón, en la ceremonia fúnebre celebrada el 30 de abril.

Mario Ruiz nació en Montesa (Valencia), el 27 de marzo de 1967. Tenía, pues, 51 años. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Valencia en 1990, cursó el programa de Doctorado interuniversitario “Racionalidad y Derecho”, un proyecto que tuve el privilegio de impulsar desde este Departamento, con el apoyo del Centro de Estudios Constitucionales que dirigía el profesor Francisco Laporta, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de los Departamentos de Filosofía del Derecho de las Universidades de Alicante, Autónoma de Madrid, Castilla La Mancha, Pompeu Fabra y Sevilla. Fue una experiencia en muchos sentidos excepcional, que marcó a una generación de jóvenes investigadores y creó fuertes vínculos que aún hoy permanecen entre la mayoría de ellos. En el año 1995 obtuvo el título de doctor con una tesis sólida y bien trabajada sobre la obra de Enrique Tierno Galván, que tuve la fortuna y el honor de dirigir. Una elección de tesis, por cierto, en la que fue decisiva la influencia de Elías Díaz. Ya por entonces, tras unos cursos como profesor en el Departamento de Valencia, llevaba tres años incorporado a la Universitat Rovira i Virgili, gracias a la confianza que le otorgaron los profesores Jaume Vernet i Llobet y Antoni Pigrau, que fueron siempre dos de sus mejores y constantes amigos de esa Universidad de Tarragona, en la que ha dejado no sólo muchos amigos sino también discípulos excelentes como Angels Galiana, Victor Merino y Juan Ramón Fallada. En la URV obtuvo por concurso la plaza de profesor titular de Filosofía del Derecho en 1997. Y en esa su Universidad, desempeñó los cargos de Vicedecano de ordenación académica y Jefe de Estudios de le Facultad de Derecho (1997-2001), Delegado del Rector para la mejora de la calidad docente y Secretario General de la Universidad (2014-2016). En el año 2013 –el mismo en que le operaron de un doble transplante de páncreas y riñón- fue acreditado a catedrático de Universidad por la ANECA y desde ese año tenía también la condición de investigador con grado de recerca avançada por la AQU, la Agencia de Evaluación universitaria de la Generalitat de Catalunya. Se le habían reconocido asimismo 4 tramos de docencia y 3 tramos de investigación por la CNEAI y los tramos adicionales por parte de la AQU. Añadiré que dirigió cuatro tesis doctorales, las de Angels Galiana, (con J de Lucas como codirector), María Olivé (con G.Gilberti como codirector), Maria Fernanda López Portillo y Juan Ramón Fallada, que obtuvieron la máxima calificación. Creo que ha de constar asimismo su trabajo al frente de la revista electrónica Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, que fue iniciativa de quien suscribe siendo aún director del Anuario, en 1998 y que editamos desde la Universitat de València. Desde 2015 la dirigió Mario Ruiz y consiguió para ella el sello de la FECYT en 2016.

Cinco campos centraron, a mi juicio, su interés en el ámbito de la investigación: problemas de racionalidad y argumentación jurídicas, algunos temas conceptuales y metodológicos básicos de Teoría del Derecho, cuestiones de reconocimiento y garantía de los derechos de quienes pertenecen a grupos vulnerables (en especial, aunque no sólo, de los inmigrantes), con particular atención a la protección contra la discriminación, y los aspectos filosófico-jurídicos de la justicia ambiental, pues Mario fue uno de los impulsores del grupo de investigación multidisciplinar sobre la materia en la URV que cristalizó en un buen número de publicaciones y en diferentes iniciativas docentes de especialización y posgrado. A ellos se añade el de la docencia del Derecho a través del cine, a la que dedicó una gran parte de su trabajo y un buen número de publicaciones que considero de obligada referencia en ese campo.

En torno a esos ejes se pueden distribuir sus publicaciones e intervenciones en jornadas, congresos y seminarios, buena parte de los cuales contribuyó a organizar. Así, sus cuatro libros: el primero tuvo su origen en su ya mencionada tesis doctoral Enrique Tierno Galván. Aproximación a su vida, obra y pensamiento (1997). Tras él, destacaría otros dos en los que se reflejaba la influencia del programa de doctorado, que marcó uno de los intereses prioritarios en su investigación ya mencionados, los problemas, conflictos y déficit de la racionalidad jurídica: Sistemas jurídicos y conflictos normativos, (2002) y La construcción coherente del Derecho, (2009). El cuarto fue precisamente el libro con el que inauguramos hace 15 años, en 2003, la colección Cine y Derecho (editorial Tirant lo Blanch). Me refiero a El verdugo: un retrato satírico del asesino legal. Todavía recuerdo (y algunos también lo atesorarán en la memoria, seguro) el divertido asombro que le provocó a Luis García Berlanga ese libro de Mario y cómo discutieron sobre él, en Santander, donde coincidimos –en dos cursos distintos- con el gran maestro valenciano. Una conversación en la que Mario se atrevía a precisar o discutir con él sobre este o aquel detalle de su película.

A nadie extrañará que dedique un poco más de atención al papel de Mario Ruiz en esa iniciativa, que forma parte de un proyecto de más amplio alcance sobre la docencia del Derecho a través del cine y que compartimos con compañeros de otras Universidades españolas y extranjeras. Cuando inicié ese proyecto editorial, Mario me acompañó sin dudarlo, y hasta ayer mismo supo coordinar con generosidad todo el trabajo, suplió mis ausencias y multiplicó las iniciativas y propuestas que condujeron a establecer dos series y a superar el medio centenar de títulos. Pero también impulsó y colaboró generosamente en las iniciativas de docencia e investigación relacionadas con cine, literatura y Derecho que desarrollaron colegas de otras Universidades: el grupo de la Universidad de Oviedo, los grupos de la Carlos III, Santander, Barcelona, Pompeu Fabra, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Vigo/Ourense, la UNED… Fue este un proyecto que también contribuyó, creo, a estrechar lazos de docencia, investigación y, sobre todo, de amistad entre Mario y todos los que teníamos la oportunidad de pasar horas discutiendo con él –muchas veces con Isabel, su mujer, la persona que la suerte puso en su camino en 2008 para fortuna de Mario- sobre problemas jurídicos y cinematográficos, sin que dejara nunca de causarnos admiración su conocimiento y, por qué no decirlo, su gusto por provocar y desconcertar a los interlocutores con ingeniosas argumentaciones –a veces al límite de lo verosímil- sobre ignotas y heterodoxas novedades o curiosidades cinematográficas que podían servir para ilustrar este o aquel problema de doctrina o jurisprudencia. La profesora Cristina García Pascual, que compartió tantas horas de trabajo y también de cine y conversación con él lo sabe muy bien. Como lo hizo su buen amigo y compañero José García Añón. Otros lamentamos ahora no haber sabido acompañarle como merecía.

Nunca le abandonó esa voluntad de provocación inteligente que, tras una capa aparente de frivolidad que él mismo gustaba de cultivar, enseguida dejaba advertir una capacidad para tratar de modo tan novedoso como en profundidad problemas de trascendencia jurídica. No puedo, como es lógico, detallar todas las publicaciones e intervenciones en las que consiguió plasmarlo. Me limitaré a señalar como ejemplo un artículo que publicó en el año 2009 en el número 5 de la revista Teoría y Derecho, sobre un caso en el que se ponía en juego uno de esos ejes prioritarios de su investigación que he mencionado, el estudio de las manifestaciones de discriminación y del alcance del Derecho en la lucha por su eliminación. Me refiero a su bien conocido trabajo de 2009 “A propósito de lo digno y no discriminatorio: comentario al caso Wakenheim v. Francia sobre el ̈<lanzamiento del enano>”.

No despedimos a Mario Ruiz. Ni queremos, ni debemos, ni sabemos, ni podemos hacerlo. Seguiremos dialogando con él, porque nos queda su obra y la memoria de tanto que con él hemos querido y compartido.

Javier de Lucas

Valencia, 10 de mayo de 2018.

 

 

 

 

MARIO RUIZ. UNA BIBLIOGRAFÍA

 

LIBROS (monografías)

 

Enrique Tierno Galván. Aproximación a su vida, obra y pensamiento, Universidad Carlos III-ed. Dykinson, Madrid, 1997.

Sistemas jurídicos y conflictos normativos, Universidad Carlos III-ed. Dykinson, Madrid, 2002..

 

El verdugo: un retrato satírico del asesino legal, colección Cine y Derecho núm. 1, Tirant lo Blanch, València, 2003.

 

La construcción coherente del Derecho, ed. Dykinson, Madrid, 2009.

 

 

LIBROS (ediciones)

 

El Derecho en el cine español contemporáneo (García Manrique, R.; y Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo Blanch (colección Cine y Derecho), Valencia, 2009.

 

Discriminación racial y étnica: balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas (García Añón J.; Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo Blanch (colección Derechos Humanos), Valencia, 2013.

 

 

ARTICULOS (en revistas especializadas e indexadas)

 

“El cambio de paradigma en las funciones de la dogmática jurídica. Algunos apuntes sobre la teoría de la argumentación jurídica de R. Alexy”, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XI (nueva época), Madrid, 1994, pp. 347-366.

 

“Objetores e insumisos. Comentario al libro Ley y conciencia. Moral legalizada y moral crítica en la aplicación del Derecho (G. Peces-Barba, ed.)”, Derechos y libertades, núm. 3, Universidad Carlos III de Madrid-Instituto Bartolomé de las Casas, diciembre de 1994, pp. 625-636.

 

“Argumentación y consecuencialismo en la decisión judicial”, Jueces para la Democracia, núm. 25, marzo de 1996, pp. 100-105. (ISSN: 1133-0627).

 

“De la ciencia de la legislación hacia la técnica legislativa”, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XIV (nueva época), Madrid, 1997, pp. 637-650.

 

“Dialogando sobre lo fáctico en el Derecho. A propósito del modelo cognoscitivista en la prueba”, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XIX (nueva época), Madrid, 2002, pp. 475-488.

 

“Análisis socio-jurídico de la integración de los inmigrantes en las comarcas de Tarragona”, (coautoría con A. Galiana), en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 6, noviembre de 2002.

“El mito de la justicia: entre dioses y humanos”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (revista electrónica), núm. 11, octubre de 2005.

 

“A propósito de lo digno y no discriminatorio: comentario al caso Wakenheim v. Francia sobre el ¨lanzamiento de enano´”, en Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, núm. 5, junio de 2009, pp. 182-201.

 

“La enseñanza del Derecho a través del cine: implicaciones epistemológicas y metodológicas”, en Revista de Educación y Derecho (Education and Law Revieww), Bosch ed., núm. 2, abril-septiembre de 2010, pp. 155-170.

 

“¿Es conveniente enseñar derecho a través del cine?”, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXVI, 2010, pp. 257-264.

 

“El caso del matrimonio celebrado por el rito gitano: la discriminación étnica y racial a debate”, en Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, núm. 8, diciembre de 2010

 

“Instruir en Derecho y Cine: una apuestas entre elecciones y pasiones”, Revista de Educación y Derecho (Education and Law Review), número 9, marzo 2014.

 

“Cine documental y derechos humanos: de esquimales a militares”, Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, núm. 15, junio de 2014, pp. 218-240.

 

“Sociedades multiculturales y sistemas jurídicos: intersecciones y confrontaciones”, Derechos y Libertades, nº 32, 2015, pp 79-106

 

“El derecho al medio ambiente: alertas y urgencias”, Papeles El tiempo de los derechos, núm. 11.

 

La indefinición semántica de la expresión “justicia ambiental” y sus comprensibles circunstancias estratégicas” | The Semantic Lack of Definition of The Expression “Environmental Justice” and his Understandable Strategic Circumstances, Cuadernos electrónicos de filosofía del derechoNº. 34, 2016

 

 

CAPÍTULOS DE LIBRO:

 

“Justicia y racionalidad en las decisiones jurídicas. Breves consideraciones acerca de la teoría de la argumentación jurídica de N. MacCormick”, en VV.AA., (Ballesteros, J.; Ruiz-Gávez, E., coords.), Justicia, solidaridad y paz (homenaje al profesor J. Mª Rojo), Facultad de Derecho, Universitat de València, 1995, pp. 403-418.

 

“Creación del Derecho y necesidades sociales” (coautoría con Mª.J. Añón), en VV.AA., Derecho y Sociedad (Añón, Mª.J. y otros, coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 157-180.

 

“El mite de la justícia”, en VV.AA., Mites i Llegendes (J. Zaragoza, coord.), ed. Cossetània, Tarragona, 2001, pp. 147-160 –

 

“Principios y valores como límites sustanciales de la condición de ciudadano para el garante constitucional”, en VV.AA., El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo (J. de Lucas, coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 181-200

 

“El Derecho ambiental y la calidad de vida. Lluvia Negra (Kuroi Ame)”, en VV.AA., Una introducción cinematográfica al Derecho (Fresno, J.M., Ribaya, B., coords.), Tirant lo Blanch (colección Cine y Derecho), Valencia, 2006, pp. 134-156

 

“Coherencia lógica y sistema jurídico”, en VV.AA. (García Figueroa, A., coord.), Racionalidad y Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pp. 23-44.

 

“El Lute I: camina o revienta y El Lute II: mañana seré libre: un rebelde con causa”, en VV:AA., El Derecho en el cine español contemporáneo (García Manrique, R.; y Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo Blanch (colección Cine y Derecho), Valencia, 2009, pp. 203-220.

 

“El Derecho ambiental: una disciplina jurídica emergente”, en VV.AA., El derecho al medio ambiente y sus implicaciones (Rey Pérez, J.L.; Rodríguez Palop. M.E.; Campoy Cerevera I.; eds.), Dykinson – Instituto de derechos humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 2010, pp. 33-61

 

“Contradicciones argumentales sobre la discriminación étnica y racial: el caso de la pensión de viudedad ante la boda gitana”, en Discriminación racial y étnica: balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas (García Añón J.; Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo Blanch (colección Derechos Humanos), Valencia, 2013, pp. 317-351

 

“Ver, oir, pensar los derechos humanos a través de los documentales”, en Educar la mirada. Documentales para una enseñanza crítica de los derechos humanos (J.A. García Sáez-R.Vanyo vicedo eds.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp.17-36.

 

“Cine multicultural (pero…¿hay algo así?”, en Diversidad cultural y conflictos en la Unión Europea (A.Solanes, coord..,), Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp.223-260.

 

“Narraciones, mundos posibles y estrategias judiciales”, en Pensar el tiempo presente. Homenaje al profesor Jesús Ballesteros (J de Lucas, E.Vidal, E. Fernández Ruiz y V.Bellver, eds.), vol.1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp.329-358.

 

 

OTRAS PUBLICACIONES

 

* Prólogos e introducciones a libros:

 

-Prólogo al libro: La Ley: entre la razón y la experimentación, de A. Galiana Saura, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 11-14.

 

-Introducción (coautoría con R. García Manrique), al libro El Derecho en el cine español contemporáneo (García Manrique, R.; y Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo Blanch (colección Cine y Derecho), Valencia, 2009, pp. 9-21.

 

-Introducción (coautoría con J. García Añón), al libro Discriminación racial y étnica: : balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas (García Añón J.; Ruiz Sanz, M., eds.), Tirant lo Blanch (colección Derechos Humanos), Valencia, 2013, pp. 17-21.

 

 

*Informes (en coautoría):

 

Evaluating the impact of existing legislation in Europe with regard FGM. Spanish National Reporta, Dahpne Programme (Directorate General of Justice and Home Affarirs. European Commission), VV.AA., Grupo de estudios sobre Ciudadanía, Inmigración y Minorías de la Universidad de Valencia (J. De Lucas, dir.), 2004, publicado en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 11, octubre de 2005, pp. 1-111. (ISSN: 1138-9877).

 

Los derechos de participación como elemento de integración de los inmigrantes, en VV.AA. (de Lucas, J., y otros), Fundación BBVA, Madrid, 2008. (ISBN: 978-84-96515-68-0).

 

 

* Actas

 

-“La docencia del Derecho a través del cine: una apuesta innovadora”. Actas del Quinto Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas sobre Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del Derecho, Valencia 11-13 de septiembre de 2013, Facultat de Dret, Universitat de València, pp. 688-695. (ISBN: 978-84-695-8300-5).

 

 

* Textos para manuales docentes:

 

“El acto jurídico”, en VV.AA. (J. de Lucas, coord.), Curso de Introducción al Derecho, Tirant lo Blanch, València, 1994, pp. 142-146.

 

“El acto jurídico” y “El negocio jurídico”, en Tirant lo Blanch, València, 1994, pp. 221-226, y 229-231, en VV.AA. (J. de Lucas, coord.), Introducción a la Teoría del Derecho (2ª ed.), respectivamente.

* De este libro existe una edición en lengua catalana: Introducció a la Teoria del Dret, publicada por la misma editorial en 1995.

 

“Estructura y clases de normas jurídicas” y “Sobre reglas y otros enunciados. Especial atención a los principios jurídicos” (del capítulo 5: La norma jurídica); “La noción de ordenamiento jurídico” y “La noción de validez” (del capítulo 6. El Derecho como ordenamiento jurídico); y “El acto jurídico” y “La sanción jurídica” (del capítulo 8. Conceptos jurídicos fundamentales), en VV.AA. (J. de Lucas, coord.), Introducción a la Teoría del Derecho (3ª ed.), Tirant lo Blanch, València, 1997, pp. 127-129, 142-146, 147-151, 152-153, 227-233, 236-240, respectivamente.

 

VV.AA. (Añón, Mª.J., y otros), Materiales y ejercicios de Teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, València, 1995.

 

VV.AA. (Añón, Mª.J., y otros), Derechos humanos. Textos y casos prácticos, Tirant lo Blanch, València, 1995.

 

VV.AA., (Añón, Mª.J., García. J., coords.). Lecciones de derechos sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002 (1 ª ed.).

 

VV.AA., (Añón, Mª.J., García. J., coords.), “El derecho al medio ambiente y la calidad de vida”, en Lecciones de derechos sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004 (2ª ed.)

 

 

* Crítica bibliográfica:

 

  1. Como colaborador de la sección de crítica de libros en Le Monde Diplomatique (edición española):

– Recensión al libro Reflexiones sobre veinticinco años de democracia, de Manuel Ramírez, Trotta, Madrid, 2003, en Le Monde Diplomatique (edición española), núm. 105, julio de 2004, pág. 31.

– Recensión al libro El Estado moderno en Europa. Instituciones y Derecho (Maurizio Fioravanti:, ed.), Trotta. Madrid, 2004, en Le Monde Diplomatique (edición española), núm. 106, agosto de 2004, pág. 30.

– Recensión al libro Torturas en el cine (García Amado, J.A., y Paredes Castañón, J.M.), en Le Monde Diplomatique (edición española), núm. 115, mayo de 2005, pp 30-31.

– Recensión al libro Derechos, justicia y estado constitucional. Un tributo a Miguel C. Miravet (M. J. Añón y P., Miravet, eds.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, en Le Monde Diplomatique (edición española), núm. 117, julio de 2005, pág. 31.

 

  1. En el Anuario de Filosofía del Derecho:

– Recensión al libro El concepto de solidaridad, de Javier de Lucas, Fontamara, México, 1993, Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XI (nueva época), Madrid, 1994, pp. 642-645.

– Recensión al libro Star Trek y los derechos humanos, de R. Alexy y A. García Figueroa, Tirant lo Blanch (colección cine y derecho), Valencia, 2007, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXV, 2008/09, pp. 539-542.

– Recensión al libro Revisión de Elías Díaz. Sus libros y sus críticos, de L. Hierro; F.J. Laporta; A. Ruiz Miguel (eds.) Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXV, 2008/09, pp. 591-594.

– Recensión al libro La doble naturaleza del Derecho, de R.Alexy, Trotta, Madrid, 2016, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXXIII, 2017. pp.297-300.

 

  1. En Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho:

– Recensión al libro: La enseñanza del Derecho en la encrucijada. Derecho académico, docencia universitaria y mundo profesional, de Gonzalo Quintero Olivares, Cuadernos Civitas, Thomson Reuters. Madrid, 2010, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, pp. 168-170.

 

  1. En Derechos y Libertades

– “Objetores e insumisos. Comentario al libro Ley y conciencia. Moral legalizada y moral crítica en la aplicación del Derecho (G. Peces-Barba, ed.)”, Derechos y libertades, núm. 3, diciembre de 1994, pp. 625-636.

 

 

 

 

NI MANADA,NI REBAÑO. GARANTISMO Y ESTADO DE DERECHO

NI MANADA, NI REBAÑO

 Es imposible ignorar el alcance social -una conmoción- de la Sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el denominado “caso manada”, en el que se ha condenado a 9 años de prisión por “abusos sexuales” a los autores de lo que Según el relato de hechos de la propia Sentencia podría ser interpretado como una agresión sexual por parte de cinco hombres a una joven de 18 años, que incluía múltiples violaciones, en circunstancias que ponen en duda muy seriamente que no haya habido intimidación (incluso violencia física) y desde luego, parecen evidenciar ausencia de consentimiento.  Recordaré que se habla de “manada”, por el apelativo con el que se presentaba a sí mismos en las redes sociales los autores,  cinco amigos que presumían de “hazañas sexuales” documentadas mediante videos y fotos y por las que están aún pendientes de otras imputaciones.

Se ha podido comprobar la magnitud de la reacción en la calle: manifestaciones en la principales ciudades españolas bajo lemas como “no es abuso, es violación”, “no es no”, “sólo sí es sí”, “Hermana, Yo te creo”, “No sufras hermana, aquí está tu manada”, “nosotras somos la manada”.

Frente a quienes ponían el foco en la falta de coherencia entre el relato de hechos y el fallo, esto es, en la incomprensible interpretación llevada a cabo por el tribunal (n mayoría: hay un voto particular que justifica la absolución al entender que los hechos prueban que hubo consentimiento y que no había ningún tipo de intimidación o violencia), pronto se multiplicaron las tomas de posición sobre la necesidad de revisar el fundamento normativo, esto es, la tipificación en el código penal vigente (desde la reforma de 1995) de los delitos sobre abusos y agresiones sexuales: los criterios que permiten interpretaciones dispares de los hechos, para calificarlos como abusos o como agresiones sexuales (en función de la existencia de consentimiento y de intimidación o violencia) y no pocos han exigido la revisión de esa tipificación establecida en 1995. Así se han manifestado algunos jueces, fiscales, partidos políticos…y miembros de ejecutivos locales, autonómicos y aun del propio Gobierno del Estado.

Tampoco se puede dejar de llamar la atención sobre una escalada de descalificaciones que pasó desde  los jueces del tribunal,  a los jueces en general y aun a la justicia. Los argumentos utilizados abarcan desde la crítica a la falta de formación en género y en violencia de género entre los jueces y magistrados, a las tesis que entienden que ésta es una sentencia  “del patriarcado judicial “, del “patriarcado juridico”, o, sin más “del patriarcado” (nótese la gradación), contra las mujeres (en general), porque exige una resistencia cuasi heroica (un riesgo de muerte, en definitiva) para entender que hay violación, y que supone una inversión del principio de inocencia respecto a las mujeres víctimas de agresiones sexuales o más allá, y de ahí deducen que es inválido un sistema de justicia basado en el patriarcado y que no sirve para defender a las mujeres. Se ha llegado a decir que los jueces no deben poder interpretar este tipo de hechos y parece que para esos manifestantes y para algunos periodistas que jalean la exposición  en la picota pública de los nombres de esos magistrados (así, M.Domínguez, C.Francino, I.Lafuente que, a mi juicio, han quedado descalificados como profesionales y no sé si son conscientes de su gravísima irresponsabilidad), resultaría preferible la <justicia de la calle>, eufemísticamente denominada “el pueblo” o “las mujeres”, a la justicia de los tribunales. Así, no pocos periodistas y políticos han sostenido que “la calle estaba dando una lección a una justicia machista y obsoleta”. Se ha lanzado una iniciativa popular de firmas para cesar y sancionar a los jueces, una iniciativa respaldada en menos de 48 horas por más de un millón de firmas, iniciativa que parece ignorar la existencia de recursos contra la sentencia (la fiscalía, la defensa y la acusación han anunciado esos recursos) y lo que establece la legalidad vigente, sobre las condiciones de las sanciones disciplinarias a los jueces.

Por mucho que discrepe del fallo del tribunal navarro, me asusta lo que considero demagógica irresponsabilidad de esos periodistas (incluso de algunos/as de los que siempre he considerado periodistas de referencia) que llevan 2 días animando al linchamiento de jueces.

Por mucho que discrepe del fallo del tribunal navarro, me espanta el espectáculo de masas enardecidas.  Al principio, me repugnaba que se autodenominasen “manada”, pero cada vez más me parece que sí, que actúan como manada, porque se comportan como auténtico rebaño, enardecido por consignas simplistas y, a mi juicio, las más de las veces, demagógicas.

Lo que niego es que alguien pueda reivindicar como idónea la presentación de seres humanos como manada

Lo que niego son los apriorismos, “la víctima siempre tiene razón”, “las mujeres siempre son víctimas”, etc, que harían innecesarios los juicios, los jueces y los tribunales

Lo que niego es que sea preferible la justicia de masas, o la justicia de la calle, de rebaño, a la justicia de tribunales

A ver si queda claro: nunca, nunca, nunca hay que dar la razón a ciegas. Ni a jueces, ni a fiscales, ni a víctimas, ni a profesores, ni a nadie, porque eso no es razón. Y si renunciamos a la razón volvemos a la selva, en la que gana el más fuerte o el que consigue manipular a las masas.

Por supuesto, las sentencias y decisiones judiciales pueden y deben ser criticadas: es un derecho, el de libertad de expresión, como el de manifestación, que no pueden negarse sin grave detrimento de la legitimidad. Todos los que entienden que la sentencia es equivocada deben poder expresarlo y manifestarse en contra si quieren.

Por supuesto, entiendo, como me ha hecho ver una colega y amiga antropóloga, que este no es un debate que deba ser monopolizado por criterios técnicojurídicos, porque su fondo es de carácter político radical: el modelo de relaciones entre hombres y mujeres, el modelo de igualdad y respeto, la necesidad de revisar  sí, tradiciones, prácticas, normas e instituciones que trasladan la ideología del patriarcado, un debate ciudadano, pues.

Pero ese debate no puede llevarnos a arrojar con el agua sucia los principios básicos del garantismo y del Estado de Derecho que supusieron y suponen un enorme avance civilizatorio. Y creo que en una parte de la reacción popular y de algunos profesionales de la comunicación se ha alcanzado este riesgo.

Y déjenme que añada: yo no quiero que me juzguen manadas ni rebaños guiados por fe ciega.

 

Como me parece importante el debate, he reunido tres post que me parece que hacen posible una discusión con buenos argumentos:

Sexo, violencia y cintas de video, del iusfilósofo Pablo de Lora (Univ Autónoma Madrid)
http://almacendederecho.org/sexo-violencias-cintas-video-p…/

Violación en manada, del penalista Joan Carles Carbonell (Univ. de Valencia)
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5396

Sobre el consentimiento sexual (y algo más), de la constitucionalista y especialista en estudios de género Concepción Torrres (Univ Alicante)
http://agendapublica.elperiodico.com/consentimiento-sexual…/

TRES ENTIERROS DE MARTIN LUTHER KING. EL RACISMO EN EEUU, 50 AÑOS DESPUÉS DE SU ASESINATO (CTxT, nº 166, 25 04 2018)

 

https://ctxt.es/es/20180425/Politica/19242/Luther-King-asesinato-aniversario-racismo-derechos-civiles.htm

 

En este mes de abril de 2018 se cumplen 50 años del asesinato de Martin Luther King, premio Nobel de la paz (1964) y figura imprescindible de la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los afroamericanos en los EEUU y, por extensión, de la lucha por la igualdad de derechos, condición de legitimidad de la democracia. Es también un referente de los movimientos pacifistas, de resistencia no violenta y de desobediencia civil, que han recuperado importancia en este primer cuarto de siglo XXI, ante quiebras graves y manifiestas de las claves de legitimidad de la democracia representativa.

Lo habitual en estos casos es sumarse al panegírico, para glosar los méritos de quien, además, tiene para muchos la cualidad añadida de un mártir, incluso en su sentido trascendente -si es que se tiene en cuenta su condición de clérigo que inspira a millones de cristianos que comparten su fe-. Sin embargo, creo que un elemental respeto a la realidad nos obliga a abandonar ese tono que, en el fondo, esconde a duras penas una cierta autocomplacencia (es decir, <cómo hemos mejorado>, <qué buenos somos al haber desarrollado la herencia del buen pastor King>). Y me parece difícil negar que estamos en buen medida ante la constatación de un fracaso. Para parafrasear el film de T. L. Jones de 2005 (Los tres entierros de Melquiades Estrada, coescrito con G.Arriaga), podríamos hablar de los tres entierros de M.L.King, los tres entierros de su legado.

 

Un legado que está lejos del éxito

El primer y multitudinario entierro, como corresponde, parecía atestiguar el triunfo del trabajo de King. En el momento de su asesinato (1968) se valoraba sobre todo su contribución al reconocimiento de los derechos civiles y políticos a los afroamericanos, plasmada en sus escritos y discursos. Basta pensar, por ejemplo, en su Letter from the Jail of Birmingham, escrita el 14 de abril de 1963, poco después del discurso How long, so long, pronunciado en Montgomery el 25 de marzo de 1963 tras la “marcha sobre Selma” y unos meses antes del inmortal I Have a Dream, pronunciado en la Marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963. Sin el esfuerzo y la firmeza de King (probablemente también, sin la llamada de atención que suponían las acciones de los Black Panters y de la Nación del Islam, del activista también asesinado, Malcom X), el presidente Johnson no habría logrado aprobar la Civil Rights Act (1964), ni la Voting Act (1965), dos leyes que culminaron el proceso que comenzó con las tres Enmiendas a la Constitución que, un siglo antes, habían tratado de rebajar la peor de las manchas que marcaban el proyecto de los EEUU, la esclavitud y el racismo institucionalizados[1].

Nadie puede ignorar que, para llegar a esas dos leyes, casi cien años después de que se iniciara ese proceso, fue decisivo el trabajo de organizaciones como la MIA (Montgomery Improvement Association), creada en respuesta al caso Rose Parks y cuya dirección se encomendó a M.L.King, el Student NonViolent Coordinating Committee (SNVCC), que también llegó a liderar el Dr. King o la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP[2]), que hicieron posible la Marcha desde Selma a Montgmomery[3], después de la masacre del puente de Selma (narradas en la película de 2014 de Ava du Vernay, Selma), y sobre todo, el enorme éxito de la Marcha sobre Washington, pese a la oposición del ala radical del movimiento de defensa de los derechos de los afroamericanos (Malcom X la llegó a denominar “farsa” sobre Washington).

Las dos leyes que el presidente tejano consiguió que se aprobasen parecían cerrar la historia de esclavismo y discriminación contra los negros en los EEUU, haciendo realidad los piadosos deseos que el Dr. King soñaba para sus cuatro hijos en su extraordinario I Have a Dream y las tres principales demandas de la marcha[4], que King supo formular con eficaz retórica en términos del cheque que la justicia debía al hombre negro en los EEUU, desde su fundación[5].

 

 La paradoja Obama: el Black Lives Matter

Sin embargo, esos indiscutibles triunfos no han tenido una continuidad que permita hablar de consolidación de la igualdad de derechos. Por supuesto, habría mucho que decir acerca de la racialización de otros grupos (básicamente, latinos y asiáticos) en el marco de lo que se considera un verdadero giro neocolonial[6], pero incluso respecto a los afroamericanos los indicadores de progreso de las políticas antidiscriminatorias muestran evidentes retrocesos que llegan y aun se incrementan en este primer cuarto de siglo XXI. Retrocesos, injusticias palmarias que encuentran expresión en la literatura y el cine y también en ese producto que alcanza una enorme relevancia mediática y simbólica, las nuevas series de TV. El prototipo de todo ello es el tratamiento que ofrecen David Simon y Ed Burns en la aclamada serie de HBO The Wire, situada en Baltimore, Maryland.

Aún peor: en el momento en que parecía haberse obtenido el máximo triunfo del legado de King, con la elección del primer presidente afroamericano, Barack Obama, y en los años de su doble mandato, ese legado fue sepultado, es decir, sufrió un segundo y cruel entierro.

En una cruel paradoja, bien podría decirse que este esperanzador comienzo del siglo XXI para los afroamericanos se ha tornado en una realidad que hace parecer actual el duro juicio enunciado por el Dr. King en su discurso en Washington: ciento cincuenta años después, “la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación”. Ciento cincuenta años después, “el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material”. Ciento cincuenta años después “el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra”. Así lo testimonia el incremento de agresiones policiales, asesinatos, el renacimiento de una feroz ola racista, que provocó en 2013 la aparición del movimiento Black Lives Matter (BLM), que surge como denuncia de la brutalidad policial y el racismo del sistema penal y penitenciario de los EEUU contra los negros. Como se recordará, la expresión irrumpe como hahstag en las redes sociales (2013), a raíz del asesinato del adolescente afroamericano Trayvon Martin (<podría ser yo mismo>, denunció Obama) por un disparo de un adulto blanco, George Zimmerman, que fue absuelto. La indignación subió en 2014, con motivo de las muertes a manos de la policía, en Ferguson y Staten Island, de otros dos afroamericanos, Michael Brown y Eric Garner. Como veremos enseguida, los enfrentamientos en Charlottesville, en 2017, ya bajo la presidencia de Trump, encendieron aún más la reacción.

Desde entonces, el BLM se extendió por todos los EEUU y se ha hecho global, aunque mantiene el espíritu que, de acuerdo con una de sus tres fundadores, Alicia Garza, le dio origen:

“Cuando decimos Black Lives Matter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad. Es un reconocimiento de la pobreza negra y el genocidio, es un estado de violencia. Es un reconocimiento de que un millón de personas negras están encerrados en jaulas en este país – la mitad de las personas en las prisiones o cárceles son negras- y esto es un acto de violencia estatal. Es un reconocimiento de que las mujeres negras siguen soportando la posibilidad de un asalto implacable a sus hijos, y sus familias: esos asaltos son un acto de violencia de Estado…Negros homosexuales y personas transgénero llevan una carga única en una sociedad hetero-patriarcal que dispone de nosotros como basura y al mismo tiempo nos fetichiza, nos resta valor: esa es la violencia del Estado. El hecho de que 500.000 personas negras en los EE.UU. son inmigrantes indocumentados y relegados a las sombras, es la violencia del Estado; el hecho de que las niñas negras son utilizados como moneda de negociación durante los conflictos y la guerra, es la violencia del Estado; Los negros que viven con discapacidades y diferentes capacidades, soportan el ser víctimas de experimentos darwinianos patrocinados por el Estado, que tratan de acomodarnos en cajas de normalidad definida por la supremacía blanca, es la violencia del Estado. Y el hecho es que la vida de las personas negras -no todas – sucede dentro de estas condiciones, y es consecuencia de la violencia del Estado” [7].

Este importante retroceso en la situación de los afroamericanos ha sido analizado lúcidamente en libros como El color de la justicia: la nueva segregación racial en los EEUU, de la jurista afroamericana Michelle Alexander, o Race Matters de Cornell West[8].También en el cine, en dos excelentes documentales de 2017: Enmienda XIII de Ava du Vernay, y I’M not your Negro de Raoul Peck, basado en la obra homónima de James Baldwin. Y, por supuesto, en la cinematografía de ficción de carácter antirracista, entre la que coincido con Ricardo Sanín en destacar la hábil ironía de Tarantino: tras el brutal envoltorio de Django unchained, su mensaje resulta mucho más corrosivo que las bienintencionadas, previsibles y multipremiadas películas oficialmente antirracistas, como 12 years a slave[9].

 

 Trump y el supremacismo que nunca desapareció

El tercer entierro del legado de King, que parece retrotraernos aún más al comienzo de los 60, es el que ha causado la presidencia de Trump, en la que es patente el peso del supremacismo blanco, como lo representa por ejemplo el movimiento extremista y racista Alt Right, comandado por Steve Bannon[10].

Lo significativo de este viaje atrás en el tiempo no son, evidentemente, los ofensivos tuits o las expresiones groseras del Presidente contra <shitholes countries, como Haiti, El Salvador o “esos países africanos”>, afirmaciones consideradas expresamente racistas por el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, sino sus decisiones políticas, que traducen una visión supremacista y, como mínimo, una alarmante ausencia de compromiso a la hora de combatir comportamientos y manifestaciones de carácter racista y xenófobo.

La envergadura de este tercer entierro del legado de King, de este paso atrás que supone la administración Trump, reside en el hecho de que es la misma presidencia la que contribuye a lo que se puede considerar <racismo y xenofobia institucionales>, como se pone de manifiesto en su cerrado propósito de impulsar leyes migratorias que destilan la peor ideología supremacista contra latinos, mejicanos o musulmanes. El mismo juicio merece el compromiso personal de Trump de ignorar la gravedad de comportamientos discriminatorios o incluso equiparar movimientos racistas con los movimientos de defensa de los derechos.

El debate sobre la seria posibilidad de que Trump fuera un racista y un xenófobo se abrió paso con las decisiones del presidente de impulsar una legislación migratoria claramente restrictiva –discriminatoria- en razón de origen geográfico y creencias (islámicas), lo que se conoce como Muslim Ban. Puede decirse que Trump recuperó las peores leyes antimigratorias que haya conocido los EEUU, las que se dictaron contra los inmigrantes chinos entre 1840 y 1850. Ya en su campaña electoral utilizó el argumento del <peligro migratorio>, básicamente en tres frentes: (a) la necesidad de impedir la llegada de inmigrantes irregulares, asociados al incremento de la criminalidad, a su condición de gorrones (free riders) y a la pérdida de empleos de los <buenos trabajadores americanos>; (b) la necesidad de levantar un muro para impedir la llegada de inmigrantes mejicanos (y de <esos otros países>); así como (c) el esfuerzo por expulsar de los EEUU a todos los inmigrantes sin papeles que se han establecido en el país, con especial atención a los denominados dreamers[11].

Apenas llegado a la Presidencia se empeñó en una batalla legal por impedir la llegada de inmigrantes provenientes de países que generan terrorismo, asociados por él a países musulmanes y puso bajo el foco de sospecha, en realidad, a todo inmigrante de confesión islámica. La firme reacción de los tribunales de justicia y de las asociaciones de derechos civiles –como la potente ACLU- le ocasionaron importantes derrotas en su propósito, que se niega a abandonar.

El caso del indulto al sheriff Joe Arpaio, considerado la cara más visible del racismo antiinmigrante yanqui, en agosto de 2017, incrementó la percepción de complicidad de Trump con el racismo para una parte de los estadounidenses. Arpaio, sheriff del condado de Maricopa (Arkansas) durante 24 años, perdió las elecciones gracias al voto del electorado latino que castigó sus tiránicos usos frente a los inmigrantes irregulares, sus prácticas de detención basadas en el color de la piel y las constantes violaciones de derechos civiles de quienes pertenecieran a etnia latina. Para Arpaio, la inmigración irregular es el origen de buena parte de los males que afectan los EEUU, un mensaje en el que coincide con Trump. Demandado por discriminación racial, un juez federal le condenó en 2012 y le ordenó que cesara en estas prácticas. Arpaio ignoró la orden, y en julio de 2016 fue condenado por desacato, aunque se trataba de una condena menor. El indulto fue entendido también como un gesto simbólico, muestra de la obsesión de Trump por borrar toda huella del mandato de Obama. Añadamos que Arpaio y Trump coincidieron en divulgar el bulo de que Obama no había nacido en los EEUU. De hecho, Arpaio utilizó un tuit para agradecer a Trump el indulto, con el siguiente texto: “Gracias Donald Trump por ver mi condena como lo que es: una caza de brujas política de los restos de Obama en el Departamento de Justicia”.

Un episodio particularmente significativo lo constituyó la actitud del Presidente ante los disturbios en Charlottesville, en agosto de 2017, a propósito de la retirada de una estatua del general Lee, donde los enfrentamientos entre grupos racistas (vinculados a la ideología de Alt Right e incluso el Ku Kux Klan) y movimientos antirracistas y de defensa de los derechos provocaron la muerte de una mujer que apoyaba la retirada de los símbolos confederados y más de 30 heridos. Trump se negó inicialmente a condenar la presencia de grupos nazis, racistas y vinculados al KKK, habló de la necesidad de evitar “la violencia de uno y otro grupo”, equiparando al BLM con el KKK y aunque a los pocos días hizo una declaración afirmando “el racismo es el mal”, casi de inmediato, en una nueva rueda de prensa, condenó la ideología de lo que denominó “Alt Left”, en contraposición a los grupos inspirados en el movimiento Alt Right, y se negó a considerar a los racistas como terroristas domésticos, tal y como les calificó el entonces fiscal general Sessions.

Resulta, pues, difícil no coincidir con el editor asociado del New York Times en su artículo publicado en enero de 2018 y titulado “Just say it: Trump is a racist”[12], en el que recorre el historial de Trump como empresario inmobiliario desde 1970, donde llevó a cabo todo tipo de prácticas discriminatorias contra posibles inquilinos afroamericanos y los meses de ejercicio de presidencia, para concluir en sentido afirmativo: sí. Trump es un racista. Peor: con Trump parece reaparecer el más grosero racismo, como si formara parte de un pecado original de los EEUU del que no parece que se consigan desprender, tal y como señalara el ya mencionado escritor afroamericano y redactor de la revista The Atlantic, Ta-Nasehi Coates, que califica a Trump como “el primer presidente explícitamente blanco”, en su libro We were eight Years in power: An American Tragedy, al tratar de hacer balance de lo que significa pasar de los ocho años del mandato de Obama, pese a las frustraciones evidentes, a esta perspectiva de al menos cuatro años con Trump. En efecto, Trump fue elegido desde la base de promesas ligadas a la ideología supremacista y racista: prometió a la clase obrera blanca que mejoraría sus condiciones porque solucionaría la raíz de sus problemas, la presencia de latinos, musulmanes y negros que les roban sus trabajos y, además, son la mayor fuente de criminalidad. No parece que su presidencia sea propicia al legado del Nobel de la paz.

¿Tendría que resucitar M.L King? Quizá lo haya hecho ya: las mujeres y los hombres del Black Lives Matter, por ejemplo, encarnan su espíritu y ofrecen un motivo de esperanza para la resistencia en la lucha por los derechos, aunque haya que volver a empezar casi desde el principio.

 

NOTAS

[1] Recordemos, en efecto, que la esclavitud era una práctica legal en todo el territorio de los EEUU aunque fuera más generalizada en los estados del Sur, cuya economía dependía directamente de esa institución. La XIII Enmienda, ratificada en 1865, al poco de acabar la guerra civil, prohibió la esclavitud en los EEUU y otorgó un cierto grado de ciudadanía a los antiguos esclavos. Luego, la XIV Enmienda completó el reconocimiento de la condición de ciudadanos a todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU e incluyó el derecho al debido proceso y las cláusulas de igualdad de protección. Finalmente, en 1870, la XV Enmienda prohibió la discriminación por motivos raciales en el derecho a voto.

[2] No me resisto a indicar que en Go, set a Watchman, la novela de Harper Lee que ha dado la vuelta a la figura de Atticus Finch (el protagonista de su archifamosa Matar un ruiseñor), la hija de Atticus, Jean-Louise, más conocida como Scout, aparece enrolada en la NAACP durante sus estudios en Nueva York.

[3] Los dos líderes del SNCC (Stokely Carmichael y Willy Ricks) acuñan esa noción con motivo de esta marcha (“personas negras uniéndose para formar una fuerza política que elige representantes u obliga a sus representantes a defender sus intereses”), aunque la expresión había sido utilizada por primera vez como título de un libro de Richard Wright, en 1954, Black Power. La noción de Black Power es utilizada en otro sentido por grupos como Black Panters Party (inicialmente Black Panters Party for self-Defence) fundado por Bobby Seale y Huey Newton en 1966 y al que perteneció, antes de decantarse por el Partido Comunista, la filósofa y activista Angela Davis. Además del recurso a la violencia, los Black Panters se diferencian de las organizaciones del Movimiento de derechos civiles porque, como explicaba Seale en su libro Seize Time, subrayan que la opresión de los negros era el resultado de un sistema político basado sobre todo en la explotación económica, más que en el racismo.

[4] La marcha proponía cinco objetivos. Los tres principales: el fin de la segregación racial en las escuelas públicas; una legislación significativa sobre los derechos civiles -incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo- y una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial

[5] Así lo formuló en ese discurso: “En un sentido llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero. Esta nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de “Vida, Libertad y la búsqueda de la Felicidad”. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto marcado “fondos insuficientes”. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Entonces hemos venido a cobrar este cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia”.

[6] Dejando aparte los clásicos, como A.Césaire, F.Fanon o más recientemente, E.Said, vale la pena remitir a los trabajos de D. Cole (Engines of Liberty. How Citizen Mouvements Suceeded), B. Santos (Descolonizar el poder, reinventar el poder), o A. Mbembé (Crítica de la razón negra).

[7] Cfr. «A Herstory of the #BlackLivesMatter Movement»The Feminist Wire

[8] Este, en polémica con el diagnóstico del mandato de Obama ofrecido por otra figura de referencia del periodismo y la literatura afroamericana actual, Ta-Nehisi Coates, en su We Were Eight Years in Power: a American Tragedy (2017). Ta-Nehisi Coates es también autor de un libro extraordinariamente crítico, dedicado a su hijo adolescente, en el que denunciaba la condición racista casi como un elemento inserto en el ADN de los EEUU: Between the World and Me (2015).

[9] Cfr. Ricardo Sanín, “Lincoln unchained: is Obama the global Uncle Tom?”, http://criticallegalthinking.com/2013/03/08/lincoln-unchained-is-obama-the-global-uncle-tom/

[10] El movimiento Alt Right está vinculado a la revista Radix Journal, dirigida por el creador del término, Richard B. Spencer, quien se autodefinió durante un tiempo en su cuenta de Twitter como “el Karl Marx de la Alt Right”. La revista Radix se vincula también con un think tank supremacista blanco, el National Policy Institute (NPI), dirigido asimismo por Spencer. Con todo, la figura más conocida de los Alt Right es Stephen Bannon, director de la web de noticias Breitbart News, considerada altavoz de Alt Right, que llegó a ser consejero de Trump y estratega jefe de la Casa Blanca y participaba en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, hasta que fue cesado por Trump.

[11] Aunque inicialmente Trump se proponía expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, a comienzos de 2018 ha propuesto al Congreso un cierto giro a este respecto, una reforma migratoria que permitiría legalizar a 1,8 millones de inmigrantes indocumentados, que llegaron a EEUU de niños, los dreamers, a cambio de 25.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza. Entre los legalizados se incluiría a los 690.000 actualmente protegidos por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) creado en 2012 por el presidente Obama, cuya vigencia acabó recientemente, a finales de marzo. Para acceder a DACA, esos jóvenes tuvieron que probar que habían llegado a EEUU antes de los 16 años y que tenían menos de 31 años en 2012.

[12] Cfr. https://www.nytimes.com/2018/01/12/opinion/trump-racist.html

 

 

“Otros Ulises, Otros nostoi”, Capítulo en el libro homenaje, , Madrid, Istituto Europeo di design, 2018

RESUMEN: A partir de los trabajos del profesor Jarauta sobre la figura de Ulises y el concepto de nóstos -la idea del viaje, de regreso al hogar, a la patria- se propone una reflexión crítica sobre el sentido mismo de los viajes obligados –las migraciones forzadas que incluyen los desplazamientos de los demandantes de asilo- como escenario histórico de esas constantes civilizatorias, sólo que en su dimensión negativa, la que permite al filósofo camerunés Achille Mbembé denunciar la existencia de una verdadera necropolítica.

 

PALABRAS CLAVE: Ulises, viaje, migraciones, asilo, derechos.

 

Introducción

Pocos temas han sido tan queridos para nuestro Francisco Jarauta como el de Ulises y el nóstos (νόστος), el viaje por antonomasia, que tiene por objetivo el regreso a la patria, al hogar, pero en el que lo importante es el viaje en sí, porque en él, en ese mientras tanto, se vive todo lo demás[1]. A lo largo de su obra, en su magisterio y también, creo, en su compromiso político, esas son dos metáforas centrales, de profundo contenido.

En lo que sigue, me permitiré apuntar, de la mano de esos dos conceptos y con esa guía del maestro Jarauta, un recorrido por uno de los senderos del laberinto de sentido en el que tantos de nosotros vivimos bajo el signo del desconcierto, del extravío o quizá sería más correcto decir, sencillamente frustrados por impotentes. Más todavía cuando la barahúnda de espurios alegatos sobre la patria a la que regresar, (re)construir o defender, apenas nos deja respiro.

Parecerá quizá banal que recuerde que vivimos, sí, bajo el signo de esa incertidumbre que sucedió a la apariencia de certeza celebrada por tantos que aplaudieron el fin de la historia con el final del siglo corto. No, ya sabemos que en esos treinta años (antes, una generación) transcurridos desde el 1989 e interrumpidos por la brutal cesura en 2001, no ha hecho sino confirmarse el dictamen que, entre otros, nos propusiera Bauman: la incertidumbre, ausencia de asideros nos conmociona y nos desconcierta. Seguimos hoy buscando, por decirlo con sus palabras,

“el pliegue, el momento en el que el proceso condensa su complejidad… ese cambio cualitativo que transforma lo moderno y da lugar a algo nuevo, arrastrando en el proceso de transformaciones todas aquellas desestructuraciones específicas que hoy podemos identificar a niveles económicos, políticos, sociales y culturales”.

Y esa búsqueda no es sólo el ansia de alguna certeza, el afán de conocimiento. Es sobre todo un quehacer marcado por el profundo déficit -si no contradicción- que Kant supiera advertir como constitutivo de la razón práctica: nuestra necesidad de actuar es hoy, quizá más que nunca, superior a la posibilidad de conocer.

Algunos de los que de un modo u otro tratamos de arar en ese mar de la filosofía práctica que, por lo demás está en los orígenes mismos del quehacer filosófico clásico, griego, acudimos con frecuencia a ese dictum según el cual toda la filosofía moderna es un diálogo con, contra Hegel. Y me sirve para recordar que en Hegel encontramos esa descripción de la tarea filosófica como la aprehensión del propio tiempo por el pensamiento. Ya sé que nadie reivindicará a estas alturas la pretensión de construcción de un sistema, la capacidad de expresión racional de la realidad, precisamente en un mundo que ha abandonado la pertinencia de la búsqueda de sentido. Pero en la tarea de identificación al menos de ese pliegue al que antes de me refería, creo que debemos prestar atención a la posibilidad de distinguir entre lo que importa y lo que no lo es, que es como entiendo que se puede responder hoy a la segunda de las grandes preguntas de Kant: ¿qué es lo que hoy debemos hacer?

Esa respuesta, que obliga a remitir ante todo a una ética entendida como moral crítica (y sabemos que no lo será si no es ilustrada, sin el esfuerzo del conocimiento crítico) y presidida por el irrenunciable ideal de emancipación como autonomía, tiene un plano más modesto de respuesta, que nos refiere a su vez al Derecho. Uno y otro, claro está, se ordenan asimismo al objetivo de la vida buena, que no puede ser otro que el de la sociedad decente -en el sentido de Péguy, antes que el de Margalit-, siempre, claro, que abandonamos toda pretensión de atomismo individualista como la que hoy es hegemónica a lomos del fundamentalismo liberista triunfante. ¿Cuál es nuestra contribución, qué es lo exigible, lo que se debe esperar de nosotros en punto a ese objetivo? Es ahí donde me parece que la pista que ofrece la reflexión sobre el Derecho y la democracia son imprescindibles. Porque, por mucho que se menosprecien esas herramientas que son el Estado de Derecho, el estado constitucional, la democracia, siguen siendo condiciones insuficientes pero imprescindibles. Y lo son en la medida en que se pongan al servicio del ideal expresado por Jhering -el Derecho no es otra cosa sino la lucha por el Derecho, por establecer cuál debe ser el interés dominante, protegido por esa armadura que es el Derecho- y concretado por quienes, desde Arendt a Ferrajoli han sabido formularlo en términos de lucha por los derechos de todos los seres humanos, comenzando por los de los más vulnerables. Ese es a mi juicio el sentido de la respuesta que encontramos en quienes, desde Taylor a Bouchard, han insistido en la política del reconocimiento como horizonte de la razón práctica, de la respuesta a la segunda pregunta kantiana y en particular creo que son muy útiles las reflexiones de quienes, como Naïr o Honneth, han analizado su negativo, la sociedad del menosprecio, de la humillación. La tarea, entendida en términos de un deber republicano, un deber de la ciudadanía, es contribuir a crear y reforzar los mecanismos institucionales (políticos, jurídicos) y las prácticas sociales que permitan avanzar hacia sociedades tan plurales como inclusivas y equitativas, al igual reconocimiento de derechos desde la diferencia.

 

 

Argucias del reconocimiento. Ulises y los nuevos Nadie

¿Qué es lo más importante en la concreción de esa política del reconocimiento? Reconozco mi limitación a la hora de proponer con seguridad las prioridades de esa tarea que, sin embargo, tengo clara en su definición, siguiendo -como decía- a Péguy: una sociedad sin exilio. Y es por esa razón por lo que me parece que nos sirve y mucho, ese largo tejer de Francisco Jarauta en torno a la figura de Ulises y al viaje[2]. Vuelvo a un conocido párrafo escrito por nuestro amigo, a propósito de las notas de Adorno sobre sus discusiones con Horkheimer que darían lugar a la Dialéctica de la Ilustración, rescatada con el título “Qué pasó con Ulises?” (Was ist passiert mit Odysseus[3]) y que ilumina con la sabiduría de Broch:

“…La figura de Ulises es compartida no sólo por Adorno, sino también por los compañeros de generación. Para unos y otros la historia de Occidente podría ahora representarse por la elipse de un tiempo que discurre del Ulises clásico a otro moderno, el Ulysses de Joyce, el Leopold Bloom errante y extraviado que en el breve e inabarcable tiempo de dieciséis horas es capaz de representar la disolución de todos los códigos establecidos, una vez que su aparente naturalidad se convierte en pura ficción, esa manera de la apariencia con la que vienen a justificarse los asuntos de la vida y de la sociedad. Ese largo viaje que va del Ulises homérico al de Joyce representa para Broch el tiempo de la disolución. El viaje clásico se transforma ahora en errancia infinita: un ir y venir, recorrer mil veces los mismos lugares de un supuesto laberinto, fuera del cual paradójicamente sólo existe lo innombrable. Los monólogos de Molly o la ironía de Stephen Dedalus ya no protegen del abismo ni aseguran nuevas evidencias. Son sólo modos retóricos que sostienen como si de una levísima sombra se tratara el juego arriesgado del sentido. Saben bien Molly y Stephen que el último límite es el de las palabras y quizá el de los gestos”[4].

La errancia infinita. ¿Cómo describir mejor esa característica crucial de nuestra época, las grandes migraciones, el desplazamiento del mundo, el viaje soñado como un viaje de muchas etapas que permitirá finalmente el retorno a la patria[5], cuando se haya alcanzado el objetivo de acopio de medios para la vida digna y que tantas veces queda congelado por la muerte en el camino o por el reconocimiento de que la verdadera patria no es la que se dejó, sino aquella posible en esa etapa en la que se ha conseguido reconstruir el mínimo de dignidad? ¿Y qué decir de esos viajes que no son escogidos sino fruto de una alternativa de vida o muerte, como consecuencia de la amenaza de persecución, de la imposibilidad de vivir dignamente en la patria, en el hogar que se ven obligados a abandonar?

Aunque pueda parecer obvio, sigue siendo necesario insistir en la centralidad del fenómeno de las migraciones humanas y, en particular, la problematicidad de las que, de un modo u otro, aparecen como movimientos migratorios forzados, es un rasgo característico definitorio de nuestras sociedades. No una circunstancia aleatoria, pasajera, secundaria. Los movimientos migratorios no sólo están ahí. Van a continuar y, pese a todos los intentos de poner barreras (centrados en la errada concepción de dominación unilateral de las migraciones, al servicio exclusivo de los intereses de los países receptores, común a la mayoría de los Estados del UE, pero también a los EEUU o Australia, por ejemplo), pese a la extensión por doquier de ese principio que he propuesto formular con la aliteración “vayas donde vayas, vallas”, van a incrementarse. No hay muros, mares, armadas o ejércitos que puedan anular lo que, al fin y al cabo, está en nuestra herencia genética: somos animales viajeros desde que tenemos testimonio por la antropología científica, en consonancia por cierto con el relato bíblico pues Adán y Eva, nuestros primeros padres fueron también los primeros inmigrantes o los primeros refugiados o desplazados, según se mire.

Insistiré, una vez más. El error más común en el mundo jurídico y político ha consistido, a mi juicio, en la ausencia de reconocimiento de la profunda dimensión política de esta realidad. Amparándose en la indiscutible faceta económico laboral de una parte importante de los procesos migratorios, se ha minusvalorado si no, pura y simplemente ocultado, que las migraciones desvelan déficits profundos en la configuración de las relaciones internacionales y también en el modelo de democracia liberal, en nuestras respuestas a las preguntas quién debe ser ciudadano, quién debe ser soberano, quién debe tener garantizados derechos y cuáles.

Por esa razón, creo que es necesario hablar de las migraciones forzadas como campo de lucha por los derechos de los más vulnerables, como parte de esa tarea prioritaria. Hablar de esos Ulises que, forzados por los nuevos Polifemos, se ven obligados a la invisibilidad de los nadie, nuevos ουτις («Ningún hombre», «Nadie»), pero en un sentido que queda muy lejos de la inteligente argucia del astuto Ulises narrada por Homero en el IX canto de La Odisea. Ahora no es Ulises quien se oculta en esa invisibilidad que es una muestra de la superior fuerza performativa de la palabra, de la razón. No. Es Polifemo quien impone a esos otros, los otros por antonomasia, su condición de invisibilidad, de no sujetos o, al máximo, de infrasujetos: titulares de un reconocimiento demediado en derechos, precisamente porque su diferencia es la coartada del mantenimiento de la desigualdad y la dominación[6]. Son esos nadie que en todo el mundo se ven representados en los versos que escribiera para otro propósito Bob Dylan en 1965, en su Like a Rolling Stone: ¿cómo sienta sentirse completamente sólo, ser un don nadie, sin saber cómo volver a casa? [7]

Todo ello se agrava en un contexto internacional en el que cada vez resulta más cuestionable un tópico que juristas, políticos y opinión pública habían aceptado como uno de los raros asideros firmes en el debate: la distinción entre inmigrantes y refugiados. Aún peor, la categoría jurídico internacional de refugiados parece hoy cada vez más cuestionable ante la consolidación de un fenómeno que no es nuevo, pero que parece alcanzar proporciones bíblicas. Me refiero a los desplazamientos masivos de población que se ve constreñida, en términos de vida o muerte, a huir de sus hogares buscando seguridad (¿refugio?) en otro país, habitualmente el más próximo. No lo hacen sólo por desastres naturales -cada vez más frecuentes- como terremotos o tsunamis, hambrunas o sequías, que cada vez resulta más difícil aceptar en su adjetivación de naturales. ¿Diría el Cándido de Voltaire hoy, en 2017, lo mismo que en su Poème sur le désastre de Lisbonne (“O malheureux mortels! ô terre déplorable! /O de tous les mortels assemblage effroyable!/D’inutiles douleurs éternel entretien!”) en 1755? ¿Si, como escribiera Adorno, este terremoto curó a Voltaire de la teodicea de Leibniz, de la creencia en el mejor de los mundos posibles, podemos nosotros hoy mantener que es la sola naturaleza, sin intermediación de la mano del hombre, la causante de estos desastres? ¿Podemos repetir que esos desplazamientos masivos son ajenos a las sobreexplotaciones mineras, al cambio masivo de cultivos por intereses de empresas transnacionales, a la contaminación irrefrenable de los recursos naturales y en especial de los ríos, del océano?

No. Ya no podemos descalificar como mera demagogia lo que con tonos proféticos denunciara Zygmunt Bauman como “industria del desecho humano”, refiriéndose a las políticas migratorias y de asilo, lo que el filósofo Achille Mbembé, siguiendo a Foucault ha denominado necropolítica. Ya no podemos desentendernos, desde la indiferencia, de la obligación de dar respuesta a las necesidades de esos millones de seres humanos, que serán cada vez más en muy pocos años, y cuya suerte, incluso pensando de forma egoísta y no desde parámetros de solidaridad, no va a dejar de incidir en la nuestra.

 

 

La igual libertad de quienes deben recuperar su rostro

No es exagerado sostener que las políticas migratorias y de asilo de los principales países receptores de inmigración[8] -con alguna notable excepción como el caso de Canadá, muy matizable por otra parte- nos muestran ese modelo que jurídica y políticamente se puede simbolizar en la superchería que fue la ideología oficial alemana hasta casi ayer, la teoría de que en Alemania no había inmigrantes sino Gastarbeiter, extranjeros invitados a trabajar durante un período de tiempo, pero de los que no se esperaba (no se deseaba, quiero decir) nada parecido a integración, porque se rechazaba cualquier posibilidad de un proceso social semejante. El inmigrante no debe modificar la sociedad que le recibe, no debe dejar huella. Obviamente, eso significa que, en el mejor de los casos, se le reconocerá un status de derechos que, por definición, no aspirará a la igualdad con los derechos de los trabajadores nacionales, ni, menos aún, de los verdaderos titulares de derechos, los ciudadanos. Esa es la guía de subordiscriminación[9] que preside las legislaciones migratorias, definidas en no pocos casos con el eufemismo no inocente de legislaciones de extranjería, pues la condición de extranjería es la que se trata de imponer como primera definición al inmigrante. Eso quiere decir que nunca será, nunca puede aspirar a ser un ciudadano. Exactamente igual que lo que advirtiera Arendt en su día respecto a los refugiados, que nunca dejarían de ser extranjeros, esos otros a los que se acoge, con el acento puesto más bien en el humanitarismo (en la calidad moral superior) de quienes abren sus puertas a esos desgraciados necesitados de asilo que no, en modo alguno, en el reconocimiento de que los que piden refugio tienen un derecho, son titulares de derechos reconocidos por la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 y, por tanto, todos los Estados-parte en esos Convenios reconocen que tienen obligaciones jurídicas, deberes exigibles, respecto a quienes acrediten esa condición de refugiados.

Invisibles. Ese es el status deseado para inmigrantes y refugiados, como lo ha sido durante siglos para esos otros que simbolizan la diferencia (étnica –racial-, cultural, religiosa, nacional, lingüística). Por eso, se han ensayado diferentes medios de gestión de la llegada y de la presencia, o de la existencia previa de los diferentes, de la segregación (ghetto) a la expulsión o a la eliminación. Como antes con las mujeres y los esclavos -y ahí está el testimonio de Aristóteles en una de las piedras fundacionales de nuestra cultura[10]– así hacemos hoy con los inmigrantes e incluso, retorciendo el concepto hasta el extremo, vaciándolo de contenido, con los refugiados que, según ha quedado claro en la gestión que han hecho los Estados miembros de la UE y la propia UE de la mal llamada “crisis de refugiados”, desde 2013 hasta hoy, no son otra cosa que aspirantes a refugiados, viajeros congelados en su viaje de vida o muerte porque no queremos que lleguen hasta nuestra tierra. No queremos que sea una etapa en el viaje de reencuentro con su patria. Como los inmigrantes, a los que hemos destinado a esa terrible condición descrita agudamente por Abdelmalek Sayad como presencia ausente[11]. Son las figuras del extranjero, del otro cuya sola existencia nos niega, como han ejemplificado nuestros clásicos (de Shakespeare a Defoe, pasando por Swift) y al que, precisamente por eso no podemos reconocerlo como igual, ignorando así la lección de Platón en su Alcibiades: “También el alma si se quiere reconocer tendrá que mirarse en otra alma”[12].

Hay que atreverse a la osadía de ir al otro lado de lo invisible, aunque ello encierre el riesgo de acabar en el ámbito de lo terrible, peor aún que lo desconocido, como ha escrito Francisco Jarauta en otro de sus maravillosos textos, a propósito de Rothko:

“Como Turner en Venezia, Rothko quería ir siempre más allá de lo visible de las cosas. Aunque esta decisión lo precipite en el corazón de las tinieblas y lo haga ciego. Allí está la muerte, pero también el límite transfigurado”[13].

En ese aparente oxímoron que me hace evocar la afirmación del Patmos de Hölderlin, “donde está el peligro, crece también lo que salva”[14]. En el reconocimiento de ese corazón de las tinieblas, el genial descenso de Conrad al infierno creado por el colonialismo y simbolizado por la depredación llevada a cabo en el corazón de África por el rey Leopoldo de los belgas, ese espejo de la civilización europea, recreado por Ford Coppola en esa brillante metáfora que es Apocalypse Now, está la posibilidad misma de la redención. Reencontrar al otro, rehacer su viaje, hacer nuestra la experiencia de su nostalgia, de la frustración por la pérdida del hogar. Esa es la primera condición de todo proyecto serio de integración, como criterio de gestión de la diversidad cultural exógena que procede de las migraciones, incluso si hablamos del más prosaico acomodo razonable, el modelo realista propuesto por la política canadiense. Creo que lo explican mucho mejor no pocas novelas y películas a las que remitiría con gusto. Me limitaré a mencionar aquí la de Laurence Gaudé, Eldorado[15], la historia de la redención del capitán Salvatore Piracci comandante de un guardacostas con base en Catania, que ha de hacer frente diariamente a la tragedia de los barcos de inmigrantes que tratan de llegar a Europa y el joven sudanés Soleimán, uno de esos centenares de miles de africanos que tratan de encontrar el paraíso europeo. Son los dos protagonistas de una enésima recreación de la idea de viaje de retorno que está en la entraña misma de la noción misma del Mediterráneo, que antes de frontera es mar común.

 

NOTAS

[1] Cfr. por ejemplo, entre otros, “Qué pasó con Ulises”, Claves de Razón práctica, nº 96/1999, “Las metamorfosis de Ulises”, La Página, nº 36, 1999 y también “Política y poéticas de la identidad”, Azafea, Revista de Filosofía, 4/2002.

[2] Recuerdo otra obviedad, ese legado que nos deja la antropología más elemental y que formulara así Caro Baroja: el viaje, desde la antigüedad, es modelo y metáfora de la vida humana. Me permito recomendar el audiolibro de Carla Fibla y Nicolás Castellano (con fotografías de Javier Medina), Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo, Barcelona, Icaria, 2009, con artículos de S. Naïr y J. de Lucas entre otros.

[3] Que luego se verá reflejada en el Excursus I de la Dialéctica de la Ilustración, <Ulises, o Mito e Ilustración>, en el que desarrollan la sentencia “El mito es ya Ilustración, la Ilustración recae en mitología”.

[4] Cfr. el texto en su “Política y poéticas de la identidad”, Azafea, Revista de Filosofía, 4/2002, pp, 189

[5] No en balde, como se ha hecho ver, el término nostalgia tiene su origen en el mismo vocablo, nóstos.

[6] Sobre ello remito a mi “Nada para los Nadie”, Sin Permiso, abril 2012.

[7] “When you ain’t got nothing, you got nothing to lose/You’re invisible now, you’ve got no secrets to conceal/How does it feel, ah how does it feel?/To be on your own, with no direction home/Like a complete unknown, like a rolling Stone”

 

[8] Es obvio que me refiero ante todo a los Estados de la UE y a la propia UE, como he tratado de analizar en Mediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016 (2ª) y en otros trabajos. Pero esta afirmación vale también, a mi juicio, para países como los EEUU, Australia o México.

[9] Tomo el término de la expresión acuñada en el seno de la crítica jurídica feminista primero en los EEUU (I.M. Young, K. Crenshaw o CE.Mackinnon), que proponen tanto el concepto de “subordiscriminación” como el de “discriminación interseccional”. En nuestro país, en el ámbito de la iusfilosofía, autoras como Añón, Barrére, Gil, Morondo, Mestre, Rubio y otras han contribuido a esta conceptualización. Cfr. por ejemplo el colectivo (R. Mestre, coord.), Mujeres, derechos, ciudadanía, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008

[10] Política, Libro I, capítulo 1, 1-3: “lo primero para el hombre, casa, mujer y buey para el arado”. También, Política, Libro I, capítulo 2: “siendo las partes primitivas y simples de la familia el señor y el esclavo, el esposo y la mujer, el padre y los hijos, deberán estudiarse separadamente estos tres órdenes de individuos, para ver lo que es cada uno de ellos y lo que debe ser”.

[11] Cfr. A. Sayad, La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a lospadecimientos del inmigrado, (Prefacio de P.Bourdieu), Barcelona, Anthropos, 2010.

[12] Que, por cierto, abre el film de T. Angelopoulos, La mirada de Ulises.

[13] F. Jarauta, “Variaciones sobre el silencio. Resplandor”, Circo, 2016, p.6.

[14] “Wo aber Gefahrt ist, wächst/das rettende auch”, Hölderlin, Patmos, Hölderlin, Poesía Completa (edición bilingüe), Edicions 29, Barcelona, 1995 (5ª edición), p.394.

 

[15] Eldorado, Salamandra, 2007 (original, Eldorado, Actes Sud, 2006). Me permito sugerir dos lecturas más acerca de la percepción de ese viaje: Camella, de Marc Durin-Valois, Tropismos, 2005 (original, Chamelle, Lattés, 2002) y el extraordinario relato de Maylis de Kerangal, Lampedusa, Anagrama, 2016 (original, À ce stade de la nuit, Guerin, 2014).

El tribunal de la razón: de la Universidad a la política (y vuelta). Releer a Kant, Pensamiento Crítico, abril 2018

 


 

  1. Sobre transparencia, Estado de Derecho y legitimidad democrática.

 

Hasta los más neófitos en filosofía política deben guardar el eco de un conocido pasaje de Kant en el que éste condensó la exigencia de transparencia (qué él enuncia como principio de publicidad) como condición de legitimidad de las decisiones de los gobernantes, o, por mejor decir, de un modelo <republicano> de Gobierno, tal y como lo concebía el propio Kant: “son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”. Norberto Bobbio,  al comentar esta tesis kantiana, aseguraba que la obligación de publicidad no sólo era un instrumento para el control del poder y, por consiguiente, una herramienta imprescindible para hablar de Estado de Derecho y aun de democracia, sino, en efecto, un criterio básico de licitud en politica. Veámoslo.

1.1. Es difícil, en efecto, hablar de Estado de Derecho si no se da una efectiva separación de poderes que, a su vez, sólo funciona si es posible el control de cada uno de ellos y, en particular, el del ejecutivo por el legislativo y por el judicial, aunque no sólo. En realidad, es un sistema complejo de pesos y contrapesos, según el tópico norteamericano (checks and balances) que ha ido desarrollándose desde el planteamiento inicial que formulara Montesquieu. En efecto, el legislativo también ha de ser controlado, básicamente por el judicial. Pero éste, que a Montesquieu le parecía que debía ser un poder mudo (el juez, boca muda de la ley), e incluso un no-poder, requiere a su vez un control. Comoquiera que los jueces en realidad quedan dotados de un gran –un terrible- poder, es necesario controlar sus decisiones. Ese control, en principio, es interno (el sistema jurisdiccional de recursos), aunque hoy, en un Estado constitucional de Derecho, tiene tres complementos: el primero, una instancia interna, de carácter mixto (judicial pero también político, vía constitucional), esto es, el Tribunal Constitucional. El segundo, externo pero también de naturaleza jurisdiccional, en el caso europeo, es el control por dos tribunales, el de justicia de la UE y el de derechos humanos propio del Consejo de Europa pero aceptado como vinculante por la propia UE. El tercer control es radicalmente externo, y lo ejerce lo que llamamos cuarto poder, la prensa, que también lleva su control sobre el ejecutivo y el legislativo, en términos sobre todo de publicidad, de transparencia de los actos de uno y otro. Hoy, más que la prensa, hablamos de los media, e incluimos a las redes sociales, por donde aparece la posibilidad de un reforzamiento democrático del sistema de controles, en la medida en que la opinión pública parece aproximarse a la real opinión de los ciudadanos. Pero sabemos también de las posibilidades de manipular y aun pervertir esa aparente acercamiento radical al principio democrático.

1.2. Decía que no sólo hablamos de la publicidad como requisito del Estado de Derecho, sino también de la democracia, concebida conforme a la fórmula que –entre otros- ofrece Ranciére, esto es, no tanto un sistema institucional sino como la forma misma de entender la política: acción del pueblo. Recuperar al sujeto <pueblo> –los ciudadanos, no una entidad metafísica o etnocultural- y superar las diversas formas y grados de demofobia en la que caen buena parte de los sistemas políticos reales. En otras palabras, la publicidad como requisito de la democratización de la política, en la medida en que ésta, las acciones y decisiones que tocan a lo que es común, al objetivo de una vida buena en común, deben tener como sujeto, como titular,  al pueblo,  a los ciudadanos.

Porque la democracia se basa en la experiencia de que hay que sospechar de todo aquel que ejerce el poder y así, la necesidad de someterlo a control. La democracia -lo explicó Aristóteles- no se basa en la pregunta ¿quién debe gobernar? sino en la pregunta ¿cómo se debe gobernar?, es decir, en la institucionalización de medios que permitan exigir responsabilidad a quien gobierna, lo que requiere poder controlarlo. Cuanto más, mejor. Por eso, en política se invierte la carga de la prueba: es el político quien debe demostrar que no ha actuado mal. Recojo aquí algo que sugería Máximo Pradera y que considero importante subrayar para denunciar una de las confusiones más habituales en la discusión. Una falacia argumentativa tan básica como comúnmente ignorada: la confusión entre presunción de inocencia, principio jurídico básico en el ámbito penal y aun administrativo,  y la exigencia de respeto a la “presunción de inocencia” en política, que no sólo no es un derecho, sino es un grave error. Como recuerda Max Pradera, siguiendo el infalible leit-motiv de lord Acton (el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente) pedir presunción de inocencia en política destruye el principio básico de la democracia, ejercer control continuo y no superficial. Y ese control debe ser accesible a los ciudadanos, deben poder visibilizarlo.

1.3. En realidad, la exigencia de publicidad entronca con el leit motiv de la obra de Kant y los ilustrados, esto es, la defensa de la libertad de crítica como expresión de la razón y como principio de legitimidad de un orden político, de las actuaciones y decisiones de los gobernantes. Es sabido que Kant insistía en la prioridad del “tribunal de la crítica”. De nuevo apelo incluso a los neófitos en filosofía y en filosofía política, que recordarán el dictamen recogido en la Crítica de la razón pura a propósito del “tribunal de la razón”: “todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la raz6n s6lo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre”.

Añadiré que esa exigencia de la razón lo es también del respeto debido a los ciudadanos como sujetos del poder originario. Y, como he sugerido en alguna otra ocasión, a ese propósito viene bien recordar el dictum que encontramos en las Mémoires (1675) de Jean-François-Paul de Gondi, cardenal de Retz y rival de Mazarino, tantas veces mal atribuido a Lichtenberg: “cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”. Es decir, esa desvergüenza de quien gobierna ocultando o engañando sobre sus decisiones al pueblo, a los ciudadanos, tiene como inevitable resultado, antes o después, el descrédito de las instituciones de poder y, en algunos casos, el descrédito del sistema mismo, lo que empuja a la vía de la violencia, en el momento en el que <los que obedecen>, pero son los verdaderos titulares del poder, caen en la cuenta de que están siendo engañados y que no es posible salir de ese engaño sin salir del sistema mismo.

 

  1. La Universidad y el tribunal de la libre crítica

 

Si he recordado todo lo anterior –como habrá intuido a estas horas la mayoría de los lectores- es porque el denominado “caso Cifuentes” –que para algunos es también “caso Universidad Rey Juan Carlos” (URJC), me parece un escenario de prueba de ese test de legitimidad en política.

Desde luego, tras el “caso Cifuentes” hay todos los indicios de un entramado de irregularidades, de incumplimiento de normativas de master, de reglamentos sobre plazos y formalidades de matrícula y asistencia a master presenciales, de depósito y publicidad de trabajos de fin de master y de los requisitos de constitución y actuación y calificación por parte de los tribunales para juzgarlos, de custodia y rectificación de actas, etcétera, que, a la hora de redactar estas páginas, no sólo no han sido esclarecidas, sino que cada vez parecen más necesitadas de una investigación que desborda los límites de lo estrictamente universitario para alcanzar el ámbito de lo político, de lo público y quizá también de lo judicial.

Primero, porque la protagonista de los hechos, la Sra. Cifuentes, es un importante cargo público –Presidenta de la Comunidad de Madrid, aspirante a ocupar la Presidencia de su partido, el PP-. Además, porque esas irregularidades que hemos conocido gracias a la investigación periodística que ha llevado a cabo una redactora de eldiario.es,  la Sra Ejerique, sostenida por el director de este medio digital, Ignacio Escolar, afectan a una Universidad pública, costeada por los contribuyentes. Hay una apariencia de mal uso o incluso abuso de poder por parte de la Sra Cifuentes, con la aparente complicidad de funcionarios y/o personal laboral de esa Universidad, en un escenario además de aparente tráfico de influencias y de puertas giratorias que vincularía a algunos  políticos del PP con esta Universidad y que se suma a un grave episodio de desprestigio, protagonizado por un rector anterior, a todas luces plagiario. Frente a esa apariencia, políticamente hablando (otra cosa serán las eventuales responsabilidades jurídicas, de prosperar las denuncias que ya se han formulado ante la fiscalía), el responsable político debe dar cuentas y, como ya he apuntado, no debe excusarse en la presunción de inocencia.

Pero hay más. Estamos hablando de una Universidad pública. La Sra Cifuentes habida cuenta de su condición de funcionaria de la administración universitaria, no puede ignorar (sería ignorancia culpable) que, si hay una comunidad que no puede existir sin la máxima apertura y libertad de crítica, esa es la Universidad. Por eso es tan destructiva del ideal de Universidad una práctica como la que parece haber sido suya, tratar de sortear la exigencia de transparencia, de máxima publicidad.

En efecto, a mi juicio y más allá de este “caso Cifuentes” o “caso URJC”, una parte de los males de nuestras Universidades resultan del estrechamiento de eso que es, que debe ser,  nuestro hábitat natural, la máxima apertura al tribunal de la razón. Porque las finalidades de la Universidad –investigación, formación especializada a través de la docencia, difusión y transferencia del conocimiento- exigen la máxima publicidad, en el sentido de la mayor transparencia, de la máxima libertad de crítica. Y sobre todo porque la Universidad pública es un elemento clave del mantenimiento de ese tribunal de la razón, del espacio público como espacio de libre deliberación y crítica, junto a la prensa, a los medios de comunicación y hoy, las redes sociales, sin desconocer los riesgos de manipulación en todas y cada una de ellas..

Insisto. Si la Universidad (la comunidad científica) no puede existir sin transparencia, sin publicidad, es -ante todo- porque lo mejor que tratamos de hacer en la Universidad lo hacemos para que pueda ser discutido y criticado. Ninguno de nosotros en la Universidad organiza seminarios, escribe artículos, libros, tesis de grado o doctorales, para que queden enterrados y nadie los lea y discuta. Y si alguien acude al subterfugio de la protección de la privacidad es que no ha entendido dónde, ni para qué está. Salvo que, obviamente, se trate de descubrimientos de tal importancia que hayan de ser protegidos hasta que quede garantizada su autoría. A mi entender, no parece que fuera el caso, por ejemplo, de la tesis doctoral del Sr. Camps, que pretendió ser hurtada a la publicidad y que, cuando por fin se pudo conocer, no supuso (que yo sepa) ninguna revolución en los modelos electorales. Sinceramente, tampoco creo que sea el caso de ese trabajo fin de master de la Sra Cifuentes, si es que aparece o cuando aparezca: no hay motivo para proteger hasta tal punto la propiedad intelectual cuando choca con un bien jurídico superior.

El daño a la Universidad pública es más grave cuando este caso contribuye a echar sombras sobre las puertas giratorias entre el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y la URJC y sobre la laxitud de algunos dirigentes de esta URJC a la hora de aplicar la normativa universitaria cuando se trata de políticos y profesores vinculados al PP, como los profesores Alvarez Conde o Chico, cuyos modos y maneras recuerdan a los de los viejos mandarines universitarios que se creían impunes, por encima de la norma, a la hora de distribuir notas o cargos.

De paso, por supuesto, habrá que convenir en que el ideal que debería caracterizar a la comunidad universitaria es eso, un modelo, una idea-guía. Ergo los universitarios somos los primeros comprometidos por esa exigencia, lo que quiere decir que no cabe esconderse bajo el alegato gremial y negar que existen situaciones poco compatibles con el modelo. No: no todo funciona bien, ni todo es igual en las universidades públicas (y no les digo de las privadas). Hay que reconocer que no todos los estudiantes, los PAS, los profesores e investigadores y los equipos de gobierno, con sus rectores, están -estamos- a la altura de lo exigible y por eso la atención crítica debe ser constante para corregir y mejorar. Eso exige la máxima transparencia. Aunque conviene añadir, para quien no lo sepa, que los universitarios somos probablemente los profesionales más sometidos a evaluaciones y controles. Otra cosa es que el sistema de evaluación y control no sea a su vez, manifiestamente mejorable. Pero habrá que decir a la opinión pública, por ejemplo, que los master y programas de doctorado deben pasar por la revisión de comisiones externas de evaluación y de las agencias de evaluación de las CCAA y la estatal. Y reciben calificaciones, de las que depende no ya su prestigio, sino su supervivencia.

Si aún así se producen anomalías, como las que verosímilmente acabamos de conocer, es evidente que hay que trabajar más y con más transparencia en el control. Porque quizá estos comportamientos tan poco elogiables sean sólo la punta del iceberg y sea mayor de lo que pensamos la presencia de malos usos derivados, por ejemplo, de esas puertas giratorias: me refiero a malas puertas giratorias entre la Universidad y centros de poder, los partidos políticos, las empresas, los bancos, los medios de comunicación. Insisto: malas puertas, porque el contacto y la transferencia entre la Universidad y esos ámbitos no sólo es conveniente, sino necesario. Pero bajo la máxima transparencia posible. Como también hay que corregir -a mi juicio- ese riesgo de contaminación que significa la adopción prioritaria y cada vez más extendida de criterios economicistas en la Universidad. No digo que no nos importen la eficiencia ni la rentabilidad en la Universidad, pero –a mi juicio- la docencia, la investigación, la creación y difusión de conocimiento no deberían regirse sólo ni aun prioritariamente por ese rasero.

Temo que la Sra Cifuentes no comparta nada de lo dicho si tenemos en cuenta, por ejemplo, que desde su gobierno emprendió un modelo de regulación de las Universidades en su Comunidad que está en el fondo de todo el asunto; una ley para domesticar la Universidad pública y facilitar que pueda ser longa manus del poder partidista, pervirtiendo así su carácter de pieza básica (no única, claro) de constitución del espacio público, del tribunal de la razón. Los universitarios, pero también cualquier ciudadano preocupado por lo público, debemos reaccionar. Y llevar nuestras críticas ante el tribunal de la libre discusión, que en última instancia esclarezca los hechos ante los afectados, que somos todos los ciudadanos. Hayan o no leído a Kant.

Otra vez, sobre el dictum del cardenal de Retz

En estos días, ante comportamientos desvergonzados, inaceptables, de algunos de nuestros gobernantes, he recordado el viejo dictum del cardenal de Retz,  quien fuera rival de Mazarino, en sus Mémoires (1675), que dice así:

Je choisis cette remarque entre douze ou quinze que je vous pourrais faire de même nature, pour vous donner à entendre l’extrémité du mal, qui n’est jamais à sa période que quand ceux qui commandent ont perdu la honte, parce que c’est justement le moment dans lequel ceux qui obéissent perdent le respect; et c’est dans ce même moment où l’on revient de la léthargie, mais par des convulsions». Cfr. Jean-François-Paul de Gondi, Cardinal de Retz, Mémoires, 1675, tomo 1 p.66. Tomo la referencia de Massimo Ciavolella y Patrik Coleman, en su Culture and Athority in the Baroque, University of Toronto Press, 2005, pp 69 y 219.

La frase que he destacado en letra normal, dentro de la cursiva, podría traducirse libremente así: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”.

Pues bien, esa última parte de la frase es la que me parece particularmente relevante hoy. Vivimos un proceso acelerado de desgaste de instituciones clave (TC, TS), de las reglas de juego (la división de poderes, la independencia del poder judicial) y de bienes constitucionales de primer orden no sale gratis. Si a ello sumamos la parálisis en las necesarias reformas que pudieran contrapesar ese desgaste y ofrecer cauces institucionales efectivos de participación ciudadana, el resultado es el que previó el prudente cardenal: no parece quedar otra alternativa que la de la violencia, es decir, la desobediencia sin respeto alguno a las reglas, sino impugnándolas en su totalidad, lo que no puede denominarse de ninguna manera desobediencia civil, sino rebelión o, quizá, revolución.

Dicho de otra manera, contra lo que oímos habitualmente en los media, los verdaderos antisistema son quienes contribuyen a la tesis de que el sistema no tiene otra alternativa que destruirlo, los que arrojan a los ciudadanos a actuar fuera del sistema, fuera de las vías del Derecho, la negociación, la actuación pacífica, como única opción…

Añadiré que, a mi juicio, eso no da la razón a quienes violan la ley, desobedecen a los tribunales y se saltan las normas cuando les parece, recurriendo a vías que de una u otra forma suponen violencia. La razón es incompatible con el insulto, la violencia, el imponer a los demás el propio criterio de justicia. Pero es que estamos estrechando el campo de la razón, de la igual libertad en derechos, del reconocimiento de los ciudadanos como sujeto político más allá de lo aceptable.