La doble tragedia de Val d’HIV en 2017 (Cartelera Turia, nº 2790)

En la política de gestos que practica el President Macron, tras el acercamiento al Trump para mostrarle la pompa republicana del 14 de julio (jueguecito de apretones de manos entre machos repetido), le tocó a Benjamin Netanyahu el honor de verse asociado a la conmemoración de la redada que llevó a más de 7000 franceses judíos a ser encerrados en el Velódromo de Invierno de Paris, el 16 de julio de 1942, dentro de la operación Viento primaveral que se puso en marcha a las 4 de la mañana, y en la que se arrestó a 12.884 personas (5.802 mujeres; 3.031 hombres y 4051 niños), paso previo a su deportación a los campos de concentración nazis. La detención de niños entre 2 y 12 años fue una iniciativa de la policía francesa, pues los responsables de la sección IVB4 de la Gestapo, que dirigía la operación, sólo habían previsto a adultos. Todos los niños acabaron finalmente en las cámaras de Auschwitz.

Soy de los que piensan que Macron acierta al remover esa página oscura de la historia de Francia, que durante decenios se ocultó o minusvaloró, al igual que se hizo con la mitificación de la Resistencia antinazi, o con el inhumano trato a los españoles que huían de la victoria franquista. Enfrentarse a la verdad, desmitificar, aceptar y ofrecer reparación por los delitos y faltas cometidos y por su ocultación en nombre de la grandeza de la patria, es el terreno más sólido para un proyecto republicano que se tome en serio. No digamos el ejemplo que eso significa para un país como el nuestro, en el que los Gobiernos pasan, mientras siguen en las cunetas y fosas miles de cadáveres sin identificar.

Por supuesto que Francia tiene una deuda con miles de sus ciudadanos que, a causa de su condición de judíos, fueron víctima del colaboracionismo practicado por el régimen de Vichy, pero también por una parte de la sociedad francesa. Libros como los de Maurice Rajsfus, Juana Salabert o Laurent Joly, documentales y películas sobre acontecimientos como éste son cada vez más claros a la hora de establecer su responsabilidad penal y política. Me permito recordar aquí la espléndida Mr. Klein (1976) de Joseph  Losey, infinitamente mejor, a mi juicio, que la reciente (2010) La Rafle, de Roselyne Bosch.

Y sin embargo…la invitación de Macron a Netanyahu me parece un error de inmenso calibre y una ofensa a las víctimas de Vel d’Hiv y a personalidades como la recién desaparecida Simone Veil. Ya sé que Netanyahu es invitado como primer ministro de Israel, pero es imposible olvidar que ese Netanyahu es el Jefe de un Gobierno que no sólo lleva el sionismo al extremo en su apoyo a los colonos fundamentalistas y a los nuevos asentamientos, sino que ha violado y viola continua e impunemente los derechos de los palestinos (incluidos niños) y se burla del Derecho internacional. Claro que nada habríamos arreglado si el invitado fuera el Jefe del Estado de Israel, Rauven Rivli quien, a diferencia de su antecesor Peres, es un político del ala extrema derecha del Likud, que sostiene que la única solución al conflicto es la anexión de Palestina por Israel. Hacer presente a alguien como Netanyahu en ese homenaje, es reincidir en la tragedia, no restañarla.Y temo que a Macron todo esto le da un poco igual, porque lo que busca es sostener sus epifanías como rey sol de este mundo en el que él mismo sería el Mesías.

Documento elaborado por el Ayuntamiento de Madrid sobre el CIE de Aluche, que pide su cierre y ofrece alternativas

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EL CIE DE ALUCHE

La ciudad de Madrid cuenta en su territorio con un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE de Aluche). Este tipo de Centros son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándoles de libertad durante un período máximo de 60 días. La opacidad que envuelve su gestión, sumada a las reiteradas denuncias relativas a la violación de derechos de las personas internas en el citado CIE provoca que este Ayuntamiento de Madrid muestre su preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran internados en el referido Centro.

La violación de derechos humanos en el interior de esa clase de Centros ha sido constatada por los informes de diferentes organismos internacionales.1

También el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto las deficiencias en las condiciones de vida de los internos e internas, tanto en el ejercicio de las funciones que le son propias, como en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España atribuido por las Cortes Generales2.

Las diferentes denuncias formuladas por distintos colectivos de la sociedad civil nos obligan a preguntarnos cuál es el verdadero objetivo de estos Centros, que según la legislación tienen como finalidad retener a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros a la espera de su expulsión. En la práctica, esa finalidad se revela como un mecanismo meramente retributivo, mediante el cual en la mayor parte de los casos se priva de libertad a una persona que no ha cometido ningún hecho constitutivo de delito. En otros casos, las personas allí internadas sí cometieron actos delictivos por los que fueron condenadas, produciéndose en estos casos una triple condena discriminatoria (prisión, CIE, deportación).

El internamiento administrativo de personas migrantes es cuestionado por un número importante de organizaciones internacionales. Incluso algún relator de Naciones Unidas ha expresado el alto coste humano que supone esa medida para las personas que salen de sus países buscando una vida digna y que por el simple hecho de cruzar una frontera son detenidas e internadas.

La política de internamiento en los CIE para asegurar la ejecución de una orden de expulsión -sanción administrativa dictada por la comisión de una infracción a la Ley de Extranjería- de personas que no han cometido delito alguno, es desproporcionada y discriminatoria y por tanto ese tipo de internamientos deberían ser abolidos.

1 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2015): Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España [CCPR/C/ESP/CO/6], pfo. 15 y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (2016): Observaciones finales sobre los informes periódicos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero de España [CERD/C/ESP/CO/21—23], pfos. 13 y 14.

2 Informe anual 2016 del Defensor del Pueblo, pág. 264 y ss e Informe anual 2016 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España pág. 53 y ss.

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Desde diversos organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han señalado medidas alternativas y menos gravosas que la detención de migrantes, como por ejemplo “la notificación periódica a las autoridades, la libertad bajo fianza o la permanencia en centros abiertos o en un lugar designado”3, o bien la imposición de “condiciones de comparecencia o vigilancia, el depósito de una garantía financiera”4. También se ha indicado la custodia por organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones religiosas, la entrega de documentos de viaje o la vigilancia electrónica5.

Las detenciones preventivas de migrantes en condiciones administrativas irregulares constituyen un trato diferenciado que afecta a un grupo de personas (las extranjeras), con consecuencias que, atendiendo a un objetivo lícito y legítimo (principio de soberanía de los Estados), como es el derecho de los Estados a regular las migraciones, sin embargo resultan desproporcionadas. La relación entre el medio empleado (privación de libertad por un hecho ilícito administrativo) y el objetivo perseguido (regulación de las migraciones y control de fronteras), es claramente desproporcionada, pues existen medidas alternativas menos coercitivas, tal y como se ha señalado, para lograr el fin perseguido.

Así lo han reconocido diferentes organismos de Naciones Unidas. Concretamente el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria tras reconocer “el derecho soberano de los Estados a reglamentar la migración”, declaró que “la detención de inmigrantes debería suprimirse gradualmente”, toda vez que “los migrantes en situación irregular no han cometido ningún delito”.6

Por su parte el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes consideró que “los Estados no deberían privar a los inmigrantes de su derecho a la libertad en razón de su situación de inmigración”7 y les ha instado a “progresivamente abolir la detención administrativa de migrantes”8.

En el ámbito europeo, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa manifestó que “es imperativo que los Estados trabajen para lograr la abolición de la detención de migrantes. Esto no significa dejar de gestionar las fronteras de cada uno, incluyendo las decisiones sobre quién entra en un país o quién puede permanecer. Significa invertir en medidas alternativas para gestionar de manera eficaz las migraciones, que no sean tan gravosas ni dañinas como lo es la detención”9.

3 Doc. A/HRC/13/30, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 18 de enero de 2010, párrafo 65
4 Doc. A/65/222, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes — 3 de agosto de 2010, párrafo 94
5 Resolución 1707 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, párrafo 9.3.4
6 Doc. A/HRC/13/30, Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 18 de enero de 2010, párrafo 58
7 Doc. A/65/222, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes — 3 de agosto de 2010, párrafo 85
8 DOC. A/HRC/20/24, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 12 de abril de 2012, párrafo 72
9 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Human Rights Comments: “High time for states to invest in alternatives to migrant detention”, Strasbourg, 31 de enero de 2017. Disponible en: https://www.coe.int/en/web/commissioner/—/high—time—for—states—to—invest—in—alternatives—to—migrant- detention?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fthematic— work%2Fmigration Traducción propia y no oficial del inglés

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Es importante señalar, además, que las ONGs y otras organizaciones sociales han denunciado en repetidas ocasiones el incremento alarmante de deportaciones rápidas, conocidas como deportaciones exprés y producidas en menos de 24 horas, que pueden suponer también una vulneración de los derechos humanos de nuestros vecinos y vecinas y en las que se pueden estar conculcando las garantías mínimas. Estas deportaciones están muy relacionadas con el CIE, ya que en ocasiones se producen en el transcurso de un internamiento o cercanas al mismo.

La colaboración imprescindible de las organizaciones sociales y ONGs que llevan años trabajando por los derechos humanos en el ámbito del CIE de Aluche es reconocida por este Ayuntamiento tanto con su presencia en la mesa de trabajo sectorial como en la posibilidad de trabajar de manera conjunta en la elaboración y desarrollo de este mismo documento.

El Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, la mesa de trabajo específica del CIE de Aluche, contará con un plan de comunicación permanente que se ponga al servicio de la visibilización y sensibilización relacionadas con el propio centro de internamiento y la defensa de los derechos humanos de nuestros vecinos y vecinas.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid quiere expresar de forma clara su posición a favor del cierre del CIE de Aluche, si bien mientras se produce ese hecho, y dentro de las competencias que corresponden a esta Corporación, se proponen, teniendo en cuenta los estándares internacionales antes citados, los objetivos y las medidas de actuación que a continuación se indican, para garantizar y preservar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en el referido Centro y aminorar así la limitación de sus derechos que se produce cuando son internadas.

ANTES DE PRODUCIRSE EL INTERNAMIENTO (OBJETIVOS)

  • Intentar reducir el número de personas extranjeras que ingresen en el CIE de Madrid. Garantizando que las circunstancias personales y de vulnerabilidad sean valoradas antes de decretar el internamiento, reduciendo el elevado coste humano de esta medida y prestando especial atención a personas en situación de especial vulnerabilidad o de arraigo social o familiar en nuestro país, así como a aquellas personas que no podrán llegar a ser expulsadas.
  • El Ayuntamiento promoverá medidas para garantizar que, de acuerdo a la legislación internacional, el internamiento en el CIE de Madrid sólo se utilice en circunstancias excepcionales, como último recurso y una vez se haya descartado la adopción de medidas alternativas, dado que la legislación internacional de DDHH establece que existe una presunción contra el internamiento y obliga a que sea el último recurso y a que previamente se consideren otras opciones.

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  • Informar de la posibilidad de retornos voluntarios, para procurar que todos los sujetos intervinientes tengan esa información a los efectos de que la expulsión forzada, en consonancia con lo establecido en la legislación nacional y comunitaria, sea el último recurso, frente a otras medidas de carácter menos coactivo.
  • Facilitar la decisión judicial ofreciendo al Juez de Instrucción un informe social elaborado especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el arraigo u otras circunstancias personales que deben ser consideradas. Cuando no exista ese arraigo se ofrecerá como recurso una vivienda municipal o perteneciente a alguna Asociación con la que exista convenio, en la que la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva sobre su expulsión o no del territorio nacional.
  • Atención a personas en situaciones de especial vulnerabilidad (mujeres víctimas de violencia de género, trata, solicitantes de asilo, familias o mujeres con menores, con hijos en España, personas enfermas o con alguna discapacidad o problemas psicológicos…) que se encuentren incursas en un procedimiento de internamiento, garantizando su acceso a los servicios específicos existentes para su protección y asistencia.
  • Dado que más del 80 por 100 de las personas internadas en el CIE de Aluche proceden de fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que las iniciativas que se contienen en este documento puedan ser conocidas en aquellas ciudades en las que residen, abriéndose la posibilidad de que las acciones sean coordinadas entre las instituciones públicas y sociales de las distintas ciudades.

    ANTES DEL INTERNAMIENTO (PROPUESTAS CONCRETAS)

  • Divulgar todos los recursos y servicios que pueda ofrecer el Ayuntamiento entre Colegios de Abogados y Juzgados de Instrucción de aquellas ciudades de las que provengan habitualmente las personas internadas. Para ello se solicitará la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía Española y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Dotar al SAJIAD de un número de trabajadores sociales suficiente para que puedan realizar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. Dichos informes serán ofrecidos a los Juzgados de Instrucción que tienen que decidir sobre los internamientos, incluyendo posibles acuerdos con otras ciudades e instituciones a este respecto.

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  • Organizativamente, asignar esa función al SAJIAD, dentro del convenio que existe entre el Área de Gobierno de Seguridad, Salud y Emergencias y la Asociación que gestiona el citado Servicio de Asesoramiento a los Juzgados de Instrucción.
  • Ofrecer los recursos necesarios (alojamiento y alimentación) para que los Jueces y Juezas puedan evitar el internamiento del ciudadano extranjero en el CIE de Madrid, y en su lugar acuerden, cuando proceda, que dicha persona pase a residir en una vivienda (recurso propio del Ayuntamiento o recurso convenido con alguna Asociación).
  • Firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid, para facilitar a los defensores de las personas que pueden ser internadas en el CIE y bajo obligación de confidencialidad, la información que obre en los servicios sociales municipales, sobre arraigo, empadronamiento, vivienda, acceso a ayudas, etc. En dicho convenio se incluirá también la posibilidad de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid para que el Servicio de Orientación Jurídica Municipal de Extranjería pueda prestarse en el interior del CIE.
  • Editar una pequeña guía con los recursos y servicios que ofrece el Ayuntamiento en esta materia, para que pueda ser distribuida entre Abogados, Jueces y Asociaciones que defiendan los derechos de los extranjeros.
  • Realizar cursos de formación para el personal de servicios sociales del Ayuntamiento, especialmente para los que trabajan en atención al ciudadano, con objeto de que conozcan las consecuencias de la irregularidad sobrevenida, que se produce cuando uno de los miembros de la familia no puede renovar su autorización de trabajo y residencia por falta de empleo, arrastrando a toda la familia a la irregularidad documental; o en aquellos casos en los que los menores están indocumentados por no haber sido traídos a España mediante reagrupación familiar. La ley de extranjería permite que se puedan minorar los medios económicos que se exigen para documentar a los menores o a los miembros dependientes de la familia. Los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento en estos casos son fundamentales.
  • Dentro de esa formación deberían incluirse herramientas para que el personal municipal sepa detectar situaciones de vulnerabilidad que impedirían que estas personas acabaran en el CIE: determinación incorrecta de la mayoría de edad, necesidades de protección internacional o indicios de trata de seres humanos. Igualmente se les facilitarán los siguientes protocolos para proteger los derechos de las personas más vulnerables:

    Protocolos para asegurar que las personas transexuales son internadas en los módulos que les corresponden según su identidad de género.

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  •  Protocolos para la detección de víctimas de trata y de violencia de género.
  •  Protocolos de actuación cuando se detecte que la persona interna tiene una enfermedad grave, como cáncer o SIDA.
  •  Mecanismos para respetar la libertad religiosa de las personas internas, incluyendo aquellas religiones consideradas como minoritarias en España.

    DURANTE EL INTERNAMIENTO (OBJETIVOS)

  • Procurar que el tiempo de internamiento en el CIE sea el menor posible. Para ello los trabajadores y trabajadoras sociales que informaron al Juez de Instrucción a través del SAJIAD realizarán un seguimiento a las personas que sean internadas e informarán a los órganos judiciales que acordaron el mismo de cualquier circunstancia no valorada en la autorización del internamiento que requiera la revisión judicial de la medida o pueda suponer la finalización de ese internamiento.
  • El Ayuntamiento (en especial desde Madrid-Salud y SAMUR-PC) contribuirá a garantizar el derecho a la protección de la salud (incluida la salud sexual y reproductiva) de las personas internas en el CIE, procurando y facilitando el acceso de las personas allí internadas a la asistencia sanitaria y psicológica. Se prestará especial atención a las víctimas de violencia de género, incluida trata y explotación sexual, todo ello según lo previsto en el artículo 62 bis de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • Velar por las condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad y seguridad del edificio que alberga al CIE, teniendo en cuenta la finalidad a la que se destina y conforme se establece en la normativa municipal que regula dichas materias.

    DURANTE EL INTERNAMIENTO (PROPUESTAS CONCRETAS)

  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid la presencia dentro del mismo de dos o tres trabajadores sociales, que puedan hacer un seguimiento de la situación personal y administrativa de las personas que allí se encuentran, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 62 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Los informes de dichos profesionales podrán ser remitidos al abogado o abogada defensores de la persona interna, al responsable del Cuerpo Nacional de Policía que instruya el expediente de

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internamiento y a los órganos judiciales competentes cuando su contenido resulte trascendente para su situación.

  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid puedan ofrecer a las personas internadas la asistencia social y cultural que previene el artículo 15 del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIES, facilitándoles al efecto el material de ocio, lectura y deportes que precisen. En todos los casos se respetará la diversidad cultural y las creencias de los internos.
  • Acordar con los responsables del CIE que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de lo previsto en el artículo 32.2 del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIES, puedan facilitar a la persona internada la ropa y el calzado necesarios, cuando carezcan de ello.
  • Los servicios sociales del Ayuntamiento deberán facilitar y asistir a las personas internadas en todas aquellas actuaciones que no puedan realizar al tener limitada su libertad.
  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid que los servicios sociales del Ayuntamiento puedan intervenir y realizar las actuaciones necesarias con las personas que están internadas para planificar y preparar su salida del CIE, atendiendo posibles derivaciones o las necesidades de las personas que sean liberadas para retornar a su ciudad de residencia cuando esta sea otra distinta y carezcan de medios para ello. A este fin se solicitará la instalación de un buzón en la zona destinada a ello, en el que las personas internadas puedan depositar las peticiones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid.
  • Acordar con los responsables del CIE de Madrid que Madrid-Salud y SAMUR- PC, cada uno de ellos con las competencias que tienen asignadas, puedan prestar dentro del CIE asistencia médica, incluida la relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, así como asistencia psicológica dada la situación de estrés que pueden sufrir las personas internadas, todo ello acompañado de los consiguientes informes.

    En caso de detectar la presencia de mujeres que han sido víctimas de violencia de género (incluida trata y explotación sexual), se solicitará la salida inmediata del CIE hacia un recurso alternativo y, hasta que ésta se produzca, se les ofrecerá directamente la asistencia psicológica precisa y la emisión de los informes necesarios para que su estado de salud y los posibles efectos de la detención consten en los procedimientos judiciales. Todo ello según lo previsto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

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  • Girar las visitas de inspección al CIE que correspondan, por los servicios municipales competentes para comprobar sus condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad.
  • Cuando los servicios sociales tengan noticias de cualquier hecho de violencia de género, racismo, homofobia, malos tratos y otros abusos contra las personas internadas o que vayan a serlo o de cualquier otra vulneración de los derechos humanos, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los jueces y de los abogados de las personas internadas.

    DESPUÉS DEL INTERNAMIENTO (OBJETIVOS)

  • Tener conocimiento completo de la situación social de quienes están allí internados para poder ofrecerles los recursos adecuados en el momento de su salida del CIE, cuando carezcan de ayudas y de apoyos familiares.
  • Desde los servicios sociales municipales se ofrecerá colaboración con los afectados para documentar y regularizar su situación en nuestro país o, en su caso, facilitarles las gestiones que sean precisas para el retorno voluntario al suyo.

    DESPUES DEL INTERNAMIENTO (PROPUESTAS CONCRETAS)

  • Los servicios sociales municipales de la Junta de Distrito de Carabanchel deberán tener información completa de la situación personal y familiar en la que se encuentran las personas allí internadas para poder preparar los recursos que precisen en el momento de su salida del CIE. Deberán informar al SAMUR-SOCIAL cuando fuese necesaria su asistencia.
  • Caso de conocerse la fecha probable de ejecución de la orden de expulsión, los referidos trabajadores sociales deberán ofrecer a la persona internada la posibilidad de comunicar ese dato al Letrado o Letrada que le asista.
  • Los servicios municipales realizaran periódicamente los estudios necesarios para conocer los datos estadísticos desagregados por género, edad, nacionalidad de las personas internadas, tiempo que duró el internamiento y su trayectoria posterior, para valorar si realmente el internamiento fue necesario y guardó proporción con esa medida limitadora de la libertad.

    Madrid, julio de 2017.

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Premios (Cartelera Turia, 2778, 7 julio 2017)

Una fecha tan redonda como ésta, la del 7 del 7 de 2017, festividad de San Fermín de 2017, no podía dejar de llevar aparejada un premio. Bueno, muchos. Y muy especiales. Porque hay premios y premios y luego están los de la Turia. Que no son los Nobel, ni los feminizados Jaume I, pero han conseguido llegar a formar parte del paisaje del mes de julio en nuestra Valencia, que ya no se entiende sin ellos.

Conozco pocas frases que expliquen tan bien la dificultad de ser jurado de un premio como ésta con la que me advirtió un colega la primera vez que participé en un tribunal de oposiciones: <ganas varios enemigos y un desagradecido>. Los perdedores, claro, te guardan la herida de su orgullo, aunque haya algún ejemplo de fair play, sí. Pero el ganador, convencido de su valía, acaba reprochándote que no se lo dieras antes y que ese premio, que no es otra cosa que un acto de justicia del mundo con él, haya tenido que llegar a través de un grupo de mindundis….

Siempre que participo o asisto a este tipo de ceremonias recuerdo una anécdota atribuida a Unamuno que muchos lectores conocerán, pero que tengo que contar para no desmentir el enunciado. Pues verán. Entregaba el rey Alfonso XIII una medalla, recaída en esa ocasión en el rector de Salamanca. “Enhorabuena, Don Miguel!” dice el campechano Borbón. Y responde el adusto sabio: “Gracias, majestad; es verdad que me la merecía hace tiempo”. Sorprendido el monarca, cuando llega la hora de las copas le dice al filósofo: “Pero, Don Miguel, qué cosas tiene Vd! Siempre que entrego un premio a alguien, todos me dicen, <gracias, majestad; es un premio inmerecido>”. Y responde Unamuno: “Es que eso también es verdad, majestad; no se lo merecen”…

Los premios son regalos y, en ese sentido, no son frecuentemente el producto del mérito, menos aún si se entregan en competición con otros. Para eso sirven también, para alimentar la polémica y, de nuevo, para que los demás podamos criticar al jurado por su falta de criterio, que es el deporte preferido en estas ceremonias. No dudo de que nuestros queridos amigos de la Turia han actuado una vez más con su proverbial y caprichosa independencia de juicio, dejándose llevar por sus filias y fobias, como nosotros por las nuestras (mira que olvidar Comanchería, o Que Dios nos perdone!). Aunque su capricho haya coincidido con el mío en varios de los premios especiales (imprescindible R Sirera; como el reconocimiento al Sorolla) y en la obvia justicia de reconocer a los autores de La secesión de los ricos…Enhorabuena a todos y nos vemos en la gala!!

La anécdota y la categoría. Sobre los Borbones y la democracia en España

La primera reacción ante el debate organizado en torno a la ausencia del rey emérito en el “solemne” acto de conmemoración de 40 años de democracia es de incredulidad. ¿Cómo es posible que tantos finos analistas se dejen arrastrar por una nueva manifestación del egocentrismo de Juan Carlos de Borbón, como si eso fuera importante hoy, con la que está cayendo para millones de personas en España, en Europa, en el mundo? Se trata acaso de una nueva maniobra de diversión, de una cortina de humo para desviar la atención de lo importante?

Quizá tendríamos que empezar por ajustar cuentas on lo importante: la commemoración de 40 años del comienzo <efectivo> de la transición era una buena oportunidad: no para más fastos, sino para tratar de esclarecer en qué consistieron los acuerdos que dieron lugar a la transición; quiénes los condujeron y por qué se alcanzaron, más allá del cuento de hadas de un príncipe de formación fascista y agazapado a la espera de la herencia del dictador (incluso en disputa dinástica con el padre, versión borbónica del síndrome freudiano) que deviene en salvador de la democracia, vía golpe de Estado del 23 de febrero…Pero eso se frustró doblemente. Ante todo, por el empeño de la mayoría del Congreso en escenificar un ritual más de desmemoria so pretexto de celebrar la memoria. Además, por el discurso del monarca reinante, que eludió entrar a fondo en nada que moleste a lo políticamente correcto (más allá de una balbuceante mención a la dictadura). Además, por las omisiones en ese discurso de Felipe VI de las preocupaciones reales de los ciudadanos y de los temas candentes de la agenda política. Todo eso podría haber contribuido a discutir, por ejemplo, cuánto borboneo puede soportar una democracia y a evocar por ejemplo el error Berenguer y sus consecuencias. O a interrogarse sobre la compatibilidad entre un poder vitalicio y unipersonal (monarquía) que no se contenta con el rol simbólico y las exigencias de la democracia. O sobre la contradicción de que existan dos reyes a la vez, o dos papas, sobre todo si el emérito no se mantiene en silencio, como lo hace el hoy prudente Ratzinger.

Pero no. Aquí nos quedamos con la supuesta ofensa al rey emérito por parte de la Casa Real (eufemismo para referirse a su hijo reinante y a su consorte, de indiscutible influencia sobre el reinante). Puestos a eso, hablemos de quién ofende a quién. Y yo creo que lo evidente es que Juan Carlos de Borbón nos ofende a todos los ciudadanos. Juan Carlos de Borbón, un rey cada vez menos ajustado a su papel simbólico y cada vez más incapaz de contener sus excesos que no tienen nada que envidiar a los de Trump. Un rey cuya conducta ajena al más mínimo criterio de honradez, austeridad y ejemplaridad y su ausencia de la menor empatía con los problemas de los ciudadanos españoles en los últimos años, estuvo a punto de echar a pique la monarquía. Un rey jubilado que cobra por no hacer otra cosa que comer y divertirse a tutiplén, y cobra un sueldo que mantendría a cien familias, mientras deja intacto el enorme patrimonio adquirido en su reinado. Un rey al que nadie ha visto leer un libro, pero sí disfrutar matando o viendo matar animales. Una vez más, ese rey sigue conjugando la única persona del verbo que conoce: yo, yo y después yo
Qué gran sentido de lealtad a la corona y al régimen que le regala su dorada jubilación exhibe el rey emérito, aireando mediante cortesanos afines su protocolario cabreo con su hijo y nuera…e
Pero aún peor es que encima hay políticos de diferentes partidos devanándose los sesos para desagraviarle y organizarle más comidas, francachelas y homenajes, como si no hubiéramos tenido bastante con la hagiografía imperante hasta casi ayer.
y ahora, de verdad, ¿acaso es éste el problema prioritario de los ciudadanos, del país? En qué están pensando cuando gastan horas de TV y radio y páginas en los medios, dedicadas a esta estupidez?

No hay otra respuesta: en seguir tratándonos como menores de edad.

Sin palabra, ni honor: la base del Derecho (Cartelera Turia, 2786)

La mayoría de nosotros somos conscientes de algunos de los cambios de uso de lo que eran expresiones casi obligadas en lenguaje ordinario y que llegan a desaparecer. Una de ellas, el empeño de la <palabra de honor>, lo más parecido a un compromiso sin juramento para toda una generación, a la que pertenezco. Dar la palabra de honor equivalía a poner en juego el máximo de fiabilidad del que uno disponía. Y por eso se debía reservar para compromisos importantes.

Dejo al lector la interpretación del por qué del desuso. Pero quería proponer una breve reflexión sobre el sentido del compromiso. Los profesores de Derecho estamos acostumbrados a explicar que, tal y como sostiene Kelsen (aunque haya ignorantes empeñados en repetir el lugar común de que para el jurista austríaco la norma fundamental-Grundnorm- , el presupuesto mismo de la idea de Derecho, es la Constitución, que ocuparía así la cúspide de la pirámide normativa, una imagen que no es de Kelsen, sino de sus discípulos), la base del Derecho es un viejo brocardo romano: <pacta sunt servanda>. Como hemos perdido el rastro de esa nuestra lengua materna, habrá que explicitar que eso quiere decir que hay que mantener la palabra dada, cumplir lo prometido. Sin esa claúsula, el Derecho no existe, es pura retórica.

Muchos entienden que, como las promesas electorales (Tierno dixit) son pura retórica, es decir, se hacen sabiendo que se incumplirán -algo que no aceptó Lluis Llach cuando demandó a Felipe González por incumplimiento de su promesa respecto a la salida de la OTAN; qué tiempos!-, el Derecho también es, son, poco más que parole, parole.

Pero no: si algo vale como Derecho es porque resiste incluso el voluble designio de quienes gobiernan. Es la ventaja del Gobierno de leyes, del Estado de Derecho. Por eso, si nos comprometimos como Estados-parte en el Convenio de Ginebra sobre refugiados, tenemos deberes que cumplir, le guste o no al Gobierno de turno. Al no hacerlo, nos convertimos en socios que no son fiables para nadie.

Conviene recordarlo en esta semana en que se celebra (20 de junio) el día internacional de los refugiados, mientras al Gobierno español (Rajoy, Saénz de Santamaría, Dastis, Catalá, Zoilo), le importa una higa haber cumplido sólo con apenas el 7% de su compromiso de reubicación de refugiados, a falta de tres meses. Claro que siempre habrá quien se consuele recordando que, sobre este particular, casi ninguno de los socios europeos es fiable.

No podemos callar (En el día mundial de los refugiados, Infolibre, Plaza Pública)

Cumplir con el ritual de los días dedicados a las diferentes causas produce, inevitablemente, tedio. La información reiterada sobre un mismo fenómeno o un aspecto de él, también. En esas circunstancias, ¿vale la pena pedir a los lectores que lean un nuevo texto sobre los refugiados?

Según es obvio, soy de los que creen que sí. Primero, porque estoy convencido de que nos hace falta más información, más análisis, más propuestas, que sirvan para darnos cuenta, para empezar, de que la inmensa mayoría de las personas a las que los europeos nos referimos como <refugiados>, no llegarán a serlo nunca.

No lo harán, de un lado, porque hemos puesto tal cantidad de obstáculos en el camino para que lleguen a presentar su solicitud (cerramos las vías legales y seguras), que la mayoría de ellos no lo conseguirán jamás. En España, sin ir más lejos, se acumulan 22000 solicitudes sin resolver, según acaba de denunciar CEAR.

No lo harán, además, porque una parte muy importante de quienes se ven obligados a huir de sus hogares y cruzar fronteras (y esto va a suceder cada vez más), no pueden ser considerados refugiados, porque les falta el elemento normativo de la persecución. Pero ¿cómo llamar entonces a las 900.000 sudaneses del sur que han llegado a otros países –a Uganda, por ejemplo- porque la vida es imposible en su país? Seguiremos llamándolos emigrantes, aunque añadamos el calificativo de forzados? Seremos impasibles ante la ausencia de protección específica?

Necesitamos más información, análisis, propuestas, que consigan movilizar a la opinión pública y presionen a los gobernantes para actuar. Y no hablo de fotos de Aylan. No pienso sólo en provocar la reacción emotiva ante el horror, aunque eso también es importante. Hablo de cómo ofrecer medios a quienes trabajan y se esfuerzan en la ayuda a los refugiados, para que consigan que se produzca la movilización sostenible, que exige una toma de conciencia de que este es un asunto que no puede, que no debe pasar de moda. Sé que no estamos igual que hace dos años. Hemos mejorado y hay que decirlo. Me consta que hay medios como éste en el que escribo, Infolibre, que dedican atención constante, por encima de las modas. Que hay profesionales de la información, empeñados en que no se deje de hablar de inmigrantes y refugiados. Y merecen nuestro reconocimiento. Como lo merecen las personas –cada vez más- que dedican su tiempo a trabajar en la ayuda a los que buscan refugio, en ONGs especializadas o simplemente como ciudadanos. Y hay que mencionarles. CEAR, Cruz Roja, ACCEM, Cáritas, MSF, Medicus Mundi, Abriendo Fronteras, campañas como las que impulsó el movimiento #personasquesemueven, con la ayuda de Patricia Simón…gracias a todos ellos.

Hay que conseguir que se lean y difundan las informaciones veraces. Por ejemplo, dos Informes anuales que, de nuevo en 2017, han visto la luz.

El primero, el Global Trends 2016 de ACNUR, que ofrece una visión actualizada y universal de la situación de los 65.6 millones de refugiados y desplazados (se puede descargar aquí: http://www.unhcr.org/5943e8a34); también se pueden ver los 5 datos principales en este video: https://twitter.com/Refugees/status/876671374881894401, o el rapport del Bureau para Europa de ACNUR, Desperate Journeys (http://www.unhcr.org/news/updates/2017/2/58b449f54/desperate-journeys-refugees-migrants-entering-crossing-europe-via-mediterranean.html ).

El segundo, con atención más específica al ámbito español y europeo, el Informe CEAR 2017, Las personas refugiadas en España y en Europa (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf ), cuyo resumen ejecutivo también se puede descargar (https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Resumen-Ejecutivo-Informe-Anual-2017.pdf ). Se trata de la Organización con mayor tradición de atención específica a refugiados y desplazados y colaborar con ella, o con alguna otra de las ya mencionadas, que tienen competencia y experiencia en la compleja tarea de la acogida, como voluntarios o contribuyendo económicamente, es un buen primer paso.

Pero este año me parece importante insistir en un aspecto que subraya la urgencia y universalidad de la lucha por la protección de los refugiados. Hace una semana, dos directivos de agencias de Naciones Unidas, Amin Awad (director para Oriente Medio y Africa del norte del ACNUR) y Mohammed Abdiker (director de operaciones y Emergencias de la OIM), dieron cuenta de la sofisticación que se ha alcanzado por parte de quienes explotan la necesidad y escasez de esta nueva y floreciente mercancía, llegar a Europa como lugar seguro, a la hora de desarrollar su cruel negocio. Algunas de esas mafias, que controlan la ruta central del Mediterráneo desde las costas occidentales de Libia, difunden en FaceBook videos y fotos (o las hacen llegar a las familias de las personas en su poder) en las que se exponen los malos tratos a los que se exponen los refugiados que no cumplan sus condiciones: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56998#.WUVehxPyhmM.

Ya conocíamos, por ejemplo a través de los trabajadores de los barcos de MSF que operan en esa zona, testimonios fiables acerca de las violaciones, torturas y malos tratos que padecen miles de personas en lo que es la etapa final de su viaje. Ahora sabemos con certeza que la lucha por el asilo y contra la tortura, dos objetivos universales básicos, incondicionados, en la lucha por los derechos humanos, se hallan fuertemente entrelazados, como ha explicado magníficamente el profesor García Cívico en un recientísimo artículo, de imprescindible consulta, “Two-Lanes backstop: Refugees&Torture” ( http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/3461/2799 ).

La lucha por el reconocimiento efectivo y universal del derecho de asilo a todos los que necesitan del refugio, es un objetivo que debe estar por encima de concepciones de partido, de coyunturas socioeconómicas, de conveniencias. Porque si fracasamos en esta causa, si, cansados de la reiteración de sus horribles imágenes, dejamos de denunciar el irresponsable y criminal incumplimiento de nuestros deberes para con los refugiados, tal y como practican nuestros gobernantes, dejamos de presionarles y recordarles que ese incumplimiento les priva de la más elemental legitimidad, socavaremos nuestra propia democracia, como socavamos cuando abrimos un resquicio a la tortura, so pretexto, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo. Y eso sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos.

 

LA LEY DEL MENOR (Cartelera Turia, nº 2784, 9 de junio de 2017)

Aunque no fue aclamada por la crítica, que vió en ella un correcto ejercicio de estilo sin el afán provocador de antaño, suelo regalar a mis amigos La ley del menor, un relato breve de Ian McEwan (Anagrama, 2015), que he utilizado también en los cursos de filosofía del Derecho, derechos humanos y argumentación jurídica. Cierto que el hilo argumental -la peripecia vital de su protagonista, la juez Fiona Maye- va más allá de sus dudas acerca de cómo afrontar el problema de un adolescente testigo de Jehová que se niega a recibir transfusiones y su compleja peripecia posterior. Pero quería tomar la novela como pretexto para referirme a un debate que no afecta sólo a la muy activa y comprometida vicepresidenta del Consell, sino a todos nosotros: hablo de los casi 4000 niños bajo tutela de la GVA.

El atomismo paleoliberal dominante, haciendo buenos los diagnósticos del gran Bacon (magna civitas, magna solitudo), o del Riesman de los años 50 (la muchedumbre solitaria), en su capacidad desintegradora del vínculo social, del mínimo de inclusión y solidaridad, refuerza exponencialmente la desigualdad entre los privilegiados que pueden vivir como mónadas (ricas) y los desechables, los que engrosan las filas del precariado y también quienes ni siquiera valen como consumidores. Que en esas categorías de desecho humano se encuentran los menores de edad no acompañados, resulta difícil de discutir.

La vicepresidenta Oltra nos descubría commocionada, hace un mes, que una parte significativa de los centros de acogida de menores gestionados bajo tutela del PP, se encuentran en condiciones infrahumanas e incluso hay indicios de que se hayan producido en ellos hechos tipificables penalmente, también por la falta del ejercicio obligado de control por parte de la administración competente, en los años de Gobierno del PP: empresas quebradas a las que se prorroga la gestión, menores que sobreviven en condiciones de hacinamiento e insalubridad, imágenes dickensianas (por ejemplo, las de la workhouse a la que se ve conducido Oliver Twist, que tendrá que lidiar con odiosos personajes como Fagin, Sikes o Monks). Por cierto, un abandono que en el caso de menores inmigrantes no acompañados (MENAS), se multiplica en el caso europeo, ante la indiferencia de nuestros Gobiernos. Y que llega al disparate denunciado en el Informe del SJM sobre los CIES: este año 2016 se descubrió la presencia de 51 MENAS internos en esos centros, el triple que en 2015.

No dudo de la implicación de la Consellera en la lucha por la protección de los derechos de esos niños, pero tras dos años de gobierno, ya no puede seguir sólo denunciando la evidente y horrible herencia que dejó en esta materia el desgobierno del PP: lo que hay ahora, tras dos años de su gobierno, es también responsabilidad suya. Claro que el PP parece más atento al beneficio político de la erosión de Oltra que no al interés de los menores y, en su estrategia de tinta de calamar, están dispuestos a impulsar comisiones de investigación sobre cuya viabilidad y pertinencia (entre otras razones, por interés de los propios menores) ya se expresó con claridad y buenos argumentos el sindic M.Mata. La propuesta de desinstitucionalización (que los niños vivan en familias de acogida y no en esos centros) parece la más razonable y en todo caso es inexcusable por lo que se refiere a los menores de 3 años cuya presencia en esos centros carece de justificación. Pongan los medios. En interés de los menores.

Archipiélagos de la desesperanza (Prólogo al Informe CIES 2016 SJM)

El Informe que el lector tiene en sus manos es un contundente y coherente alegato sobre la necesidad de acabar con una institución tan inútil como injusta, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y además en un aniversario tan importante como el que recordaba recientemente el Defensor del Pueblo en la presentación de su informe correspondiente a 2016: se cumplen treinta años de una sentencia del TC sobre los CIE que, al decir de esta Alta Institución “no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias”, lo que justificaría “una revisión profunda” del modelo de los CIE.

Hay que agradecer a quienes lo han preparado su trabajo paciente y riguroso, que huye de toda demagogia para exponer datos, contrastar denuncias, examinar argumentos y así posibilitar propuestas constructivas. Un primer dato me parece digno de subrayar: dos de cada tres extranjeros que han sido internados en los CIE acaban siendo puestos en libertad, lo que acredita empíricamente el fracaso de la finalidad que supuestamente justificaría la existencia de este inicuo tertium genus (no son cárceles, como dejó claro el TC en la sentencia de 1987 ya aludida, pero tampoco Centros de acogida, ni Centros de Estancia Temporal), esto es, asegurar la expulsión de nuestro país de todos aquellos a los que jurídicamente se debe considerar expulsables. Hay en el fondo de la opción por su mantenimiento una lógica jurídica que a muchos de nosotros nos repugna, por muchos y fuertes argumentos. El primero de ellos, la suspensión de derechos, de iure y de facto. El segundo, la noción misma de expulsables, que evoca la de desechables, tal y como argumentara el desaparecido Zygmunt Bauman, al que recordaré de inmediato y de quien tomo prestada la fórmula que da título a eta introducción. El tercero, importante para quien al cabo es, como yo, un profesor de Derecho, es el detrimento que estas instituciones suponen para la noción de Estado de Derecho, para el proyecto de una democracia constitucional que ha de ser necesariamente inclusiva y plural.

La primera razón por la que considero que, hoy, este informe es más que oportuno, necesario, es que en los meses que hemos vivido de este 2017, tenemos suficientes indicios de que vivimos un momento de acusado repliegue de la garantía de los derechos humanos y fundamentales de personas que, en su inmensa mayoría, no son delincuentes condenados por sentencia firme en virtud de la cual haya quedado acreditado que cometieron un delito de tal gravedad que les hace merecedores de la máxima sanción que un ordenamiento jurídico puede disponer, que es la privación de libertad. Por supuesto, hablo de Ordenamientos jurídicos que hayan incorporado esa exigencia civilizadora que es la abolición de la pena de muerte, lo que, por cierto, está lejos de ser todavía hoy una conquista unánime en la comunidad internacional. Las excepciones son bien conocidas. Pues bien, en el pasado mes de marzo, dos instituciones de la Unión Europea ha asestado un duro golpe a la legitimidad de sus políticas de inmigración y asilo: de un lado, la Comisión, que impulsa un plan de retorno en el que cuenta nada menos que con un Estado fallido como Libia, para insistir en la externalización de su política de expulsiones. De otro, la atrabiliaria Sentencia del pasado 4 de marzo de la Corte de Luxemburgo a favor de Bélgica en el asunto de visados humanitarios, por no hablar, evidentemente del malhadado Convenio entre la UE y Turquía, del uso de la noción de país seguro y de otros mecanismos del sistema de Dublín, etc. Eso significa insistir en la lógica orwelliana (la del cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja) de que no todos los seres humanos son titulares iguales de derechos, algo inaceptable para cualquier persona con el más mínimo sentimiento de lo jurídico del que hablara el gran jurista alemán Jhering.

Pero hay otra razón más profunda, la que explicaba Bauman en su imprescindible Archipiélagos de exclusión: los CIE son una pieza de una concepción que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables de un sistema sometido a la más radical concepción de un mercado global desregulado que se autodirige por el principio del máximo beneficio y en el que los trabajadores son cada vez más concebidos y tratados como coste a reducir, no como sujetos de derechos y desde luego no, de derechos económicos y sociales. Los Centros de Internamientos de Extranjeros, la transformación de los centros de acogida de refugiados n otros tantos centros de internamiento (el ejemplo más terrible es la política australiana), los barrios periféricos de nuestras ciudades en los que viven inmigrantes a los que no se trata de integrar sino de contener, y de los que el Estado deserta, son, al decir de Bauman, los escenarios de esa nueva industria del desecho humano en la que parecemos empeñados. Suprimirlos es una exigencia de dignidad.

 

 

 

 

Cuestionario de El Temps: valoración de 2 años de Gobierno en la GVA

El número de El Temps de 30 de mayo de 2017 incluye un dossier con valoraciones de la ejecutoria del Gobierno de la GVA basado en el “Pacto del Botánic”, en el ecuador de su mandato. Comoquiera que lo publicado es un extracto, prefiero dejar constancia de lo que respondí al cuestionario…

––Després de dues dècades ininterrompudes amb governs del PPCV, el juny del 2015, la Generalitat Valenciana va experimentar un canvi de color polític. De manera breu, quin balanç fa dels primers dos anys del Govern del Botànic? Quines coses li han semblat més positives i quines més negatives?

Positivo: ante todo, en términos del alivio que supone toda renovación después de un período tan largo sin alternancia. Positivo también porque esta administración, al ser fruto de un pacto entre tres fuerzas políticas y en segundo lugar, al haber dado paso a un Gobierno bipartito, no parte de una lógica monocolor, monopartidista, la de las mayorías absolutas, y, por tanto, no trata de colonizar la sociedad civil como lo hizo el PP durante 20 años en la comunidad valenciana, no practica el expolio de lo público que llevaron a cabo los Gobiernos del PP en el Consell, en las Diputaciones, en los Ayuntamientos. Positivo finalmente por lo que se refiere al balance general del cumplimiento del contenido del acuerdo programático que es el Pacte del Botánic (como también, en el caso de la ciudad de València, el Pacte de la Nau), sobre todo porque me parece que se ha avanzado decididamente en las medidas y propuestas contenidas en los apartados de <rescate de las personas>, <gobernar para las personas> y <regeneración democrática y lucha contra la corrupción>, es decir, en términos de derechos. Otra cosa son los objetivos de <nuevo modelo productivo> y <financiación justa y auditoría ciudadana>, donde el grado de cumplimiento me parece manifiestamente insuficiente, aunque claro, el peso de la injusta y descompensada financiación impuesta desde el Gobierno Rajoy es un obstáculo muy difícil de salvar..

 

 

––Una de les matèries que més ha preocupat el nou Consell és la transparència. Considera que el nivell que s’ha assolit és suficient?

Aceptemos que siempre se puede avanzar en transparencia, como en casi todo. Pero creo que se puede decir que el esfuerzo ha sido notable, tanto en lo que se refiere a la exigencia de visibilidad y acceso de la información institucional para los ciudadanos, cuanto en la mejora de la capacidad de control y las medidas institucionales, aunque en este segundo plano, en el de la accountability, queda mucho por hacer, sobre todo si no nos limitamos al Consell y pensamos en instituciones como las Diputaciones.. Ese balance positivo me parece que justifica lo que a algunos les parecía un despropósito o una cortina de humo o simplemente fruto de la peculiar versión del Pacte del Botánic como nuevo >pacto del pollo>, crear una Consellería con semejante objetivo. Se puede mejorar: mencionaré solo un ejemplo reciente: el propio Consejo de Transparencia acaba de formular una declaración en la que reclama una reforma para obtener un estatuto propio, que le de la suficiente autonomía y eficacia de funcionamiento. Aún no tiene una respuesta.

 

––Percep que els valencians van desempallegant-se de l’estigma de la corrupció o, per contra, aquest procés requereix de molt més temps?

No: creo que aún no existe ese sentimiento generalizado de haber pasado página del peso asfixiante de la corrupción, porque mientras continúen pendientes los procedimientos jurisdiccionales por asuntos de corrupción que demuestran que el Gobierno del PP mantuvo un modelo de monopolio de poder en todos los ámbitos y con una ausencia de control tal que era casi inevitable que se generalizaran prácticas de corrupción (con la ayuda inestimable de los corruptores, por supuesto), esa mancha continuará contaminando la discusión y el espacio público. Pero me parece imposible dejar de reconocer que hay una sensación generalizada de alivio por el hecho de que el comportamiento de los responsables de la actual administración autonómica ya no da hoy para noticia diaria en términos de denuncias de corrupción y que se actúa bastante rápidamente cuando aparece una sombra al respecto.

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––Podem, com a força que dóna suport des de fora del Govern, reclama més participació de la societat civil. A través de quins mecanismes podria incrementar-se la influència de les diverses associacions ciutadanes en la governança pública?

Que la sociedad civil participe más, sobre todo si por sociedad civil no se entiende sólo empresarios y celebrities afines (como en la famosa foto del acto impulsado por el honorable Fabra, es una reivindicación de la más elemental concepción democrática y por tanto se puede avanzar siempre más. Creo que desde el Consell (y desde el Ayuntamiento de Valencia) se ha impulsado esa lógica de participación. Otra cosa es que se sostenga que toda decisión administrativa debe ser fruto de la deliberación de representantes de la sociedad civil, algo que a mi juicio significaría la parálisis. Me parece más importante que se impulse el control efectivo y a posteriori de las decisiones, por parte de los representantes de la sociedad civil (además, obviamente del control institucional –Corts- y jurisdiccional, y del control básico que significa la libertad de prensa), que no multiplicar consejos de participación de representantes de la sociedad civil para cualquier tipo de gestión administrativa.

 

––En temes de cooperació, quins canvis ha notat?

Ante todo, la voluntad de transparencia, de seguir reglas claras y previas y de control de las decisiones y proyectos adoptados en ese marco. Hay también, me parece, una mayor participación de los agentes de las acciones de desarrollo y codesarrollo, aunque quizá todavía no se ha implementado suficientemente lo que un buen colega (Sami Naïr) considera la clave de toda política en esta materia: la descentralización, el protagonismo de los agentes -públicos pero no institucionales- de uno y otro lado de la relación y los mecanismos de control público de las decisiones.

 

Quines qüestions considera irrenunciables amb vista als dos propers anys, quan s’haurà esgotat la legislatura? Quins deures haurien d’estar resolts el maig del 2019?

Ya las he señalado en mi respuesta a algunas de las cuestiones: la contribución de la GVA para que esta comunidad, los agentes sociales, los ciudadanos, puedan abordar la radical transformación que se nos viene encima en términos de cambio del modelo de trabajo y del modelo productivo. Me parece prioritario ayudar a recuperar el talento que se nos ha ido fuera. Invertir –invertir, no gastar- en el tejido de Ciencia e Investigación, sin supeditar el modelo público de enseñanza superior únicamente a los intereses de una parte del empresariado. Desarrollar instrumentos de control y participación (alguna de las iniciativas propuestas por Podemos en el Pacte del Botánic) van en ese sentido. No hablo,porque no tengo competencia, de la necesidad de infraestructuras que sitúen a la CV en la red estatal y europea (el corredor Mediterráneo es la más evidente, incluso para un lego como yo). Y, por supuesto, todo ello significar conseguir un cambio en el modelo de financiación que impera en el Estado. Lo que no se conseguirá, me temo, mientras al frente de España haya un Gobierno como el de Rajoy.