“Los ciudadanos no nos merecemos ésto”, Cartelera Turia 2082, 12/10/2017

 

 

 

En democracia, los ciudadanos somos el soberano. Los políticos, empleados que nos deben dar cuenta. Para hurtar esa responsabilidad, con frecuencia, nos marean con retóricas vacías, cuando no tratan de engañarnos diciendo una cosa y la contraria a la vez. Peor, por supuesto, es que en lugar de gestionar los intereses de la mayoría dentro del respeto a los derechos básicos de las minorías, nos den gato por liebre y gestionen lo público a favor de intereses minoritarios o incluso particulares. Y el escenario se vuelve disparatado si ponen en peligro la paz social. En esta semana –desde luego, mucho antes también- ha habido, a mi juicio, numerosos ejemplos de esa amplia gama de fraudes por una parte de nuestros empleados.

El más grave, a mi entender, el que ejemplificó el martes10 el Sr Puigdemont. Vencido por la fuerte oposición de la clase empresarial y financiera, por la ausencia de apoyo internacional (el mazazo de Habermas en l’Express es durísimo), finge hacer la presentación de la Declaración de independencia ante el Parlament y proponer que se suspenda su entrada en vigor. Pero se impide que se vote, para no evidenciar la división interna. Luego se firma la declaración por los diputados, pero no en el hemiciclo del Parlament ni se somete a votación. Ergo no ha habido nada y se ha impedido al Parlament decidir nada. No hay nada que suspender o diferir, porque, que se sepa, no hay una declaración con fuerza normativa.

No es pequeña, no, la irresponsabilidad de Rajoy y sus ministros (SSS, Zoido y Catalá al frente), su negativa a plantear alternativas y reconocer la realidad de unamayoría de catalanes que quiere ser consultada y un tercio largo que desea la independencia. Ahora bien, no cabe negociación ni diálogo sin un marco común y si ese marco no es la Constitución, ¿cuál es? Porque según Puigdemont su marco legal es la Ley de Transitoriedad. En eso Rajoy no debe ceder: si el Govern no renuncia a su marco ilegal, no cabe negociación.

Lugar destacado merecen finalmente los que considero sobre todo caraduras que dicen sí y no, o se niegan a decir a los ciudadanos qué piensan y votan, y después de apoyar una posición minoritaria, se apartan del punto de partida común (el Estado de Derecho, la Constitución, reformable, pero siguiendo reglas) y encima se presentan como superiores a Govern y Gobierno y juegan a diálogo como mediadores, sabiendo que eso es una postura de parte. Sí: hablo de Ada Colau. Trepas que con tal de conservar el puesto están dispuestos a decir casi lo que sea, mirando siempre el provecho electoral, eso sí.

No nos los merecemos. Deben irse y dar paso a otros, mínimamente competentes y con sentido del bien común.

Fuése y no hubo nada (qué alivio! O no?), Infolibre, 11 10 2017

Creo que lo que sucedió ayer en el Parlament de Cataluña se puede resumir en media docena de reflexiones:

1. Puigdemont no ha dado el paso atrás que se le pedía. El paso atrás no es dejar en diferido la entrada en vigor de la independencia que él proclama desde un inexistente mandato democrático y que, por cierto, no le corresponde a él decidir, sino al Parlament. El verdadero paso atrás es no proclamar independencia y renunciar a la ilegalidad de las dos leyes votadas el 6 de septiembre: volver a aceptar que el marco vigente es la Constitución. En esto difiero de tesis como las de Colau, que nunca ha reconocido la vigencia de la Constitución y la ilegalidad de las dos leyes aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre.

 

2. Puigdemont pretende avalarse en una enorme falsedad que ha pretendido dar por aceptada, verdadera,  cuando es inaceptable: como le ha recordado Rabell, no hay un mandato democrático del pueblo de Cataluña para la independencia, ni es cierto el falaz eufemismo empleado: “el pueblo de Cataluña se ha ganado el derecho a ser reconocido como un estado”. Los más de 2 millones de votos supuestamente emitidos (que no han sido certificados por ninguna Sindicatura o autoridad válida) no son ni de lejos la mayoría de los ciudadanos catalanes. Decidir a partir de ello la declaración de una República, como ha hecho Puigdemont en su discurso, es una grosera falacia antidemocrática.

 

3. Aunque algunos periodistas se empeñen en decirlo, Puigdemont no tiene competencia para decidir la independencia, sino el Parlament. Hasta que no vote el Parlament, no hay decisión política con fuerza jurídica, incluso si es la de diferir su entrada en vigor, es decir, la entrada en vigor según lo previsto en la Ley de transitoriedad. Otra cosa es que el Parlament hubiera votado a favor de la suspensión de lo previsto en la ley de transitoriedad y por tanto se hubiera pasado de iure(contra ius) a la declaración de independencia diferida. Ayer en el Parlament, sin embargo, no se votó nada. Y la pregunta es para qué sigue este Govern y esta legislatura si ha fracasado en el punto único de su programa. En puridad, debería disolverse el Parlament y proceder a elecciones, que clarifiquen el apoyo real a programas que vayan algo más allá de la Ítaca por venir. Lo ha dicho el PSC, no sólo C’s.

4. Se olvida que tanto la Ley de transitoriedad, como la de referéndum, atención, son el único marco legal que aceptan Puigdemont y su mayoría parlamentaria. Y bien, esas leyes son ilegales y fruto de un fraude democrático vergonzoso en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que pasará a los anales del parlamentarismo.

5. La treta de Puigdemont es fácil de desvelar. Seguir con la DUI es suicida para él y, lo que es mucho más importante, para Cataluña. Así se lo han hecho ver el empresariado y la clase financiera. No cuenta con ningún apoyo institucional de la comunidad internacional, muy específicamente de la UE y sus Estados miembros (que se suicidarían si admitiesen una secesión unilateral en un Estado de la Unión), pese a los desesperados intentos de la propaganda independentista de contar lo contrario (véase la pintoresca interpretación de Josep Ramoneda sobre las declaraciones de Tusk, fragmentadas al efecto). Por no hablar del mazazo de las declaraciones de Habermas a L’express, comparando al Front National con el independentismo catalán.

6. Ergo Puigdemont debe renunciar a lo que esperaban las masas que aguardaban fuera del Parlament. Pero intenta una treta nada original, la del victimismo, para contentar a todos, aunque sospecho que sólo contentará a los inocentes acríticos o a los angustiados que avizoraban el enfrentamiento en la calle. Por tanto, hace un memorial de agravios, desde Franco hasta el clásico la culpa es de Madrid durante los 40 años de democracia, hasta llegar a los malvados policías españoles que “tenían como objetivo en el 1-O sembrar el terror”. Carga sobre el inmenso error del uso completamente desproporcionado de la fuerza el 1-o, que ofreció la mejor baza al independentismo. Luego, se disfraza con piel de cordero (amamos a España; sorprendente en quien ha insistido en confundir España con Rajoy) y somos dialogantes. Por tanto, proclama la independencia, pero propone la suspensión de los efectos de la Ley de transitoriedad, algo que por cierto no puede decidir él. Lo tendría que acordar el Parlament. Y con ello arroja sobre el Gobierno español la carga de probar que es dialogante, como el buen Puigdemont.

La sorprendente conclusión es que el Parlament de Cataluña no ha declarado ni acordado nada, porque eso era absolutamente necesario para la estrategia de Puigdemont y Junqueras, y también, a regañadientes, muy forzados, de la CUP. Si se hubiera votado, más que probablemente se habría escenificado la fractura en el seno del independentismo. Visto así, lo que sucedió ayer es, de nuevo, otra ofensa al Parlament: aquí no decide el Parlament. Deciden Puigdemont y su sanedrín, con el atribulado Mas, al que, pobre, le exigen una multa por haber presuntamente malversado recursos de los contribuyentes.

La prueba del nueve de que hemos asistido a un fraude al Parlament es que lo único que hay es un documento que han firmado con demasiada solemnidad los diputados de la mayoría parlamentaria, pero que carece de valor jurídico, porque no ha sido votado por el Parlament.

¿Y qué hacer? Indiscutiblemente, el Gobierno español no puede seguir enrocado en la ignorancia de un importante porcentaje de ciudadanos catalanes (no la mayoría) que no quieren seguir en España y de un mayoría de catalanes que quieren ser consultados sobre su lugar en España o fuera de ella. Claro que también se podría decir que el Gobierno bien podría consultar a todos los españoles para saber si los españoles quieren seguir pagando privilegios y derechos desiguales a una parte de los ciudadanos españoles (vascos, navarros, catalanes), con el argumento territorial como moneda de cambio. Se dice que se abre la puerta del diálogo y, por tanto, el Gobierno de Rajoy debe sentarse a negociar. Es una verdad a medias: ¿se puede dialogar y negociar, si no se acepta un marco común de negociación que, hoy por hoy, no puede ser otro –sin grave fraude democrático– que la Constitución vigente? La respuesta, a mi juicio, es no. Otra cosa es que, evidentemente, a día de hoy esta Constitución no sólo es reformable, sino que debe ser reformada y a fondo. Pero si el marco de negociación no es la Constitución ¿cuál es entonces el marco vigente? ¿uno diferente del que votaron todos los ciudadanos españoles? A mi juicio, Rajoy debe olvidar el 155, pero no debe negociar, mientras el Govern de la Generalitat no acepte expresamente renunciar a “su marco legal” (Ley de transitoriedad) y regrese a la vigencia de la Constitución. Para negociar y cambiarla, sí. Pero desde la Constitución.

Constitución, derechos humanos, migraciones (con Fernando Flores), AlrevesyalDerecho, 10 octubre 2017

No es muy conocida por los ciudadanos la aversión del Gobierno de España al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero existe, y es profunda y activa.

Si uno piensa un poco, esa actitud no es de extrañar, pues para el Partido Popular el Título Primero de la Constitución (“De los Derechos y Deberes Fundamentales”) suele resultar un engorro por lo que se refiere a los derechos (los deberes, según de quién), y no digamos el artículo 10, que le obliga a considerar como propias las normas de Derecho internacional universal y europeo de los derechos humanos ratificadas por España.

Una vía, la del artículo 10 CE, por la que “se cuela” el Tribunal de Estrasburgo y otros órganos del Consejo de Europa, para enmendarle la plana en temas clave de su discurso político, como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la situación de los centros penitenciarios y los CIE, el tema vasco, la no investigación de casos de torturas… (ver, por ejemplo, aquíaquíaquíaquíaquíaquí y aquí). En coherencia con esa hostilidad, alguno de los episodios que sus representantes han protagonizado en la Asamblea del Consejo quedarán en los anales de la infamia y el ridículo… Pero eso queda para otro post.

Lo relevante ahora es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia recaída en el Asunto N.D.y N.T contra España, de 3 de octubre de 2017, acaba de ofrecer otro motivo al Partido Popular para alimentar aquella animadversión, esta vez condenando a España por su política migratoria. En concreto, por el comportamiento de sus agentes en la frontera sur de Ceuta y Melilla, un comportamiento que vulnera de forma flagrante los derechos humanos de los inmigrantes. Se trata de la ´devolución en caliente’ de dos ciudadanos, uno maliense y otro costamarfileño, que habían intentado entrar en España en agosto de 2014 saltando la valla de Melilla junto con otras personas de origen subsahariano, con el resultado de su devolución inmediata a Marruecos, sin que mediara decisión administrativa o judicial alguna, y sin que las autoridades españolas hubieran procedido a su identificación.

El Gobierno Popular no puede decir que no se esperaba la condena del TEDH. Debe recordarse que en febrero de 2014 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta murieron ahogadas a pocos metros de la playa, tras el acoso sufrido por la Guardia Civil mientras todavía estaban en el agua. Esta tragedia puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil quien, como protocolo habitual ordenado por el Ministerio del Interior, resolvía (y resuelve) por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente.

Ante el escándalo suscitado por los hechos de febrero, y para superar las exigencias del procedimiento legal, el Gobierno superó mediante una treta ténico-jurídica la prohibición de expulsiones de extranjeros sin expediente administratitvo individualizado, tal y como se establecía en la conocida como Ley de Extranjería. Lo hizo mediante la inclusión de una disposición adicional en la denominada Ley Mordaza, que reconocía el “régimen especial de Ceuta y Melilla“:

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

De este modo, el Gobierno pretendía legalizar las expulsiones automáticas de inmigrantes (las “expulsiones en caliente”) denominándolas ‘rechazo en frontera’. Sin embargo, ONG como CEAR, APDHA, Andalucía Acoge y PRODEIN, entre otras, varios Colegios de Abogados y el propio Defensor del Pueblo formularon su frontal rechazo a esta modificación legislativa, e incluso Nils Muižnieks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, denunció en un artículo en el Huffington Post que “España no podía legalizar lo que era ilegal”.

Ante la insistencia del Gobierno de que la actuación de los agentes era absolutamente legal, en junio de 2014, un nutrido grupo de profesores de Derecho presentó el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley, un documento que desmentía de forma categórica los argumentos del Gobierno de España que justificaban la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que habían accedido irregularmente al territorio español. El Informe mencionado denunciaba, entre otras cosas, que:

  • Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneraban la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.
  • El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) podía resultar práctico para la ejecución por la vía de hecho, pero era inadmisible jurídicamente. En este sentido, la Sentencia del TEDH deja claro que la delimitación territorial entre España y Marruecos es la que resulta de los tratados internacionales y rechaza que, como pretende España, pueda “moldearse” el territorio a iniciativa de un país como consecuencia de unos hechos concretos. Como ha destacado uno de los mejores especialistas en Derecho de extranjería, el letrado H.V Granero, en este punto la Sentencia del TEDH se apoya de modo evidente en la tesis sostenida por el Defensor del Pueblo de España en la que se subraya que “la jurisdicción española se ejerce también sobre el terreno entre las vallas de separación entre España y Marruecos”. Y por eso, como también subraya el mismo letrado, que el TEDH concluye que a partir del momento en que los demandantes descendieron de las vallas fronterizas ya se encontraban en territorio español y bajo el control, al menos de facto, de las autoridades españolas.
  • Los extranjeros que hubieran entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no podían ser devueltos, sino que debían ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.
  • Un acuerdo entre Estados no podía dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso podía ser un título jurídico que permitiese excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería.
  • Las “expulsiones en caliente” eran incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultaban contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, se consideraba inviable.

Ahora, tres años más tarde y quién sabe cuántas expulsiones ilegales después, esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por vulneración de la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros (art.4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), y por violación del derecho a un recurso efectivo (art.13 CEDH). Hay que subrayar, como ha hecho Rosa Ana Garijo en su análisis de la Sentencia, que el TEDH tuvo en cuenta las observaciones escritas presentadas por el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y varias ONG (el Centro AIRE, Amnistía Internacional, el ECRE y la Comisión Internacional de Juristas), observaciones que coincidían en la tesis clavela violación de derechos humanos por parte de España con su política de devoluciones en caliente.

Políticas migratorias y de asilo, emblemas de la necropolítica

Este no es un asunto español; ni siquiera europeo. Cuando una publicación como Jeune Afrique se hace eco de una Sentencia del TEDH, podemos maravillarnos de la existencia de un mundo interconectado, en el que la mayoría de las noticias son asequibles en cualquier parte y casi en directo. Pero sobre todo debemos preguntarnos por la razón de la selección de esa entre las mil noticias. Y ahí está la clave: esta sentencia afecta potencialmente a millones de personas en todo el mundo, comenzando por el continente africano.

Sucede que llueve sobre mojado. No es ésta la primera vez que se plantean actuaciones inaceptables frente a los movimientos migratorios (sobre todo si son forzados). La historia viene de muy atrás. Es una historia en la que, una vez más, se unen discurso bélico, negocios y desprecio por seres humanos. La historia narrada por Conrad en El Corazón de las tinieblas, la del monstruoso negocio genocida de Leopoldo, el rey de los belgas, que puede tener mil otros nombres y otros muchos millones de seres humanos sacrificados. No: no vean en esto otro pladoyer sobre el complejo de culpa occidental, tantas veces fustigado. Es algo mucho más concreto: entender por qué ese constante recurso a la inmigración e incluso a los refugiados como amenaza. Entender por qué nuestra respuesta primaria y abrumadoramente mayoritaria frente a millones de seres humanos consiste en elevar muros (para ellos vale el “vayas donde vayas, vallas”), interponer no ya policía, sino ejércitos, por tierra, mar y aire.

Ese empeño, ese síndrome de fortaleza asediada –que no es en absoluto nuevo–, es en el fondo una historia que muestra hasta qué punto vivimos el discurso y la práctica de la necropolítica, como ha explicado el filósofo Achille Mbembé, tras las huellas del clásico de Foucault en el que el francés inauguró la reflexión sobre la biopolítica. Mbmembé entiende por necropolítica una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y por tanto carece de valor intrínseco en la medida en que no resultan rentables o dejan de serlo. En rigor, coincide con las tesis de Sassen y de Bauman, sobre el advenimiento de una etapa del capitalismo en el que el proyecto de la democracia inclusiva queda orillado, reforzándose por el contrario los mecanismos no sólo de desigualdad, sino de exclusión y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento económico. Ese es el rasgo, la exigencia más notable del modelo de capitalismo neoliberal en esta etapa de la evolución del proyecto del mercado global, que trata de obtener una desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas como las que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como universales. La vida también: la condición del precariado es la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las mercancías. Por eso, el acierto de la fórmula de Bauman “industria del desecho humano”,

Pues bien, si hay un campo en el que esa necropolítica se ha desarrollado es el de las políticas migratorias y de asilo. La necesidad de burlar el Estado de Derecho, de arbitrar medidas ilegales que la mala conciencia intenta legalizar, nace de la confusión intencionada de lo que debiera ser gestión administrativa del tránsito de fronteras, con la estrategia necesaria para hacer frente a riesgos y amenazas para el orden público primero y enseguida para la seguridad y defensa básicas (nuestras fronteras, nuestro territorio, nuestro espacio de seguridad, libertad y justicia). De donde la necesidad de esos instrumentos de la necropolítica en el ámbito de la migración y el asilo, esas medidas de militarización de las fronteras, de sometimiento del régimen administrativo del tránsito de fronteras a una concepión de defensa que transmite el mensaje de que la soberanía territorial está amenazada por un “enemigo a la puertas (a las vallas”), los inmigrantes y refugiados. Una necesidad incentivada, claro, por el tintineo del business. Claire Rodierentre otros ha analizado y explicado al detalle cómo funciona y a quién beneficia este floreciente sector de seguridad de fronteras, con sus concertinas, detectores y, también armamento.

Afortunadamente, esta concepción y sus instrumentos ha sido combatida activamente desde su inicio. Lo han hecho ONG como Prodein Melilla, con el imprescindible Pepe Palazón, que documentó mediante fotografías y videos esas prácticas inaceptables (puede verse aquí el video de Prodein Melilla, de 13 de agosto de 2014). Insistimos, la sentencia que responde de modo directo a la eficaz representación legal de los dos demandantes desde el despacho de abogados Boye-Elbal, no puede entenderse sin el trabajo de denuncia de estas ONG, y de las secciones de extranjería de los Colegios de Abogados que no se cansaron de denunciar la perversión del Estado de Derecho que se han empeñado en cultivar, desde 2003, todos los Gobiernos españoles en la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla. Sí: el del melifluo y hoy aspirante a mediador internacional, Rodríguez Zapatero, también lleva a sus espaldas un registro de violaciones de derechos en frontera, con heridos y muertos. Ampliamente superado, por cierto, por el sexenio de Gobierno Rajoy, que rizó el rizo de la burla del Estado de Derecho, de la burla del respeto a la Constitución (ya hemos señalado que en el núcleo de la Constitución, por vía del artículo 10, se encuentran las normas de Derecho internacional universal y europeo de los derechos humanos ratificadas por España).

Frente la aversión de los Gobiernos, esos actores de la sociedad civil han tratado de desarrollar, por el contrario, una concepción garantista y comprometida. Esto es lo importante, que el TEDH da un espaldarazo al rechazo de esas criminales prácticas generalizadas en frontera –expulsiones colectivas, expulsiones en caliente– y las declara con toda claridad ilegales, porque violan derechos humanos y normas jurídicas vigentes. Una victoria del Derecho internacional de los derechos humanos que es indispensable vía crítica para evitar el anquilosamiento de la Constitución.

Fotos: 1. Tragedia del Tarajal. 2. Asalto a la valla fronteriza de Melilla en 2005. 3. Mariano Castillo: Muro-Playa-Tijuana. 4. Moises Yagüe: La valla.

De huevos y adjetivos (Cartelera Turia nº 2800, 29.09.2107)

En uso del proverbial fair play de los respetados responsables de nuestra Cartelera Turia, utilizaré esta primera columna de la temporada para discrepar, sin acritud, claro.

Me he sentido incluido entre los sentenciados en la imprescindible sección Los huevos de Colón (nº 2796) como ejemplo de la conspiración de los periódicos de Madrid contra todo lo que suena a catalán, o, lo que es incluso peor, como indocumentado, ya que comparto declaraciones que han merecido esos calificativos en los famosos huevos por discutir la actuación de los Mossos. Quizá sea mi ascendencia mesetaria (Soria, por parte de madre), o el rasgo frívolo y connatural a la condición (provisional, protesto) de tertuliano, pero soy de esos que han criticado algo de la actuación de las tropas de Trapero. Aún peor, soy reo de la condena enunciada por Colón, en el nº 2798, frente a declaraciones de algunos cargos municipales de las CUP, que han hablado de “ejecuciones extrajudiciales” por parte de los Mossos de Esquadra, declaraciones que habrían puesto como escarpias los pelos de los huevos. Yo he hablado, mea culpa, de esclarecer que no se haya producido eso. Menos mal que no he “meado fuera del tiesto”, a diferencia de la misma representante, pues no he atribuido a los Mossos ser un “cuerpo represivo que ejerce violencia sobre la clase trabajadora”.

Sobre la importancia de las palabras y también, aunque a veces resulte casi contradictorio, sobre la necesidad de no tomarse a uno mismo ni a nadie demasiado en serio, nadie puede dar, creo, lecciones a la Turia, cuya línea editorial no cree en nada, salvo en la prioridad casi absoluta de la libertad de expresión. Y sin embargo…

Sin embargo: someter a crítica la actuación de los Mossos no necesariamente significa estar comprometido en el complot de los media madrileños (la <meseta>) contra todo lo que suene a catalán. Sólo en un estado de excepción las actuaciones policiales son dogma de fe. Cuando se escribe “un solo agente se cepilló a cuatro terroristas, recibiendo cada uno un solo disparo” no se está haciendo sólo información, sino apología. Y no parece información neutral calificar de “indocumentados” a quienes sugieren que se pudiera disparar contra órganos no vitales, porque eso contradeciría las instrucciones generales frente a terroristas que puedan llevar explosivos, lo que resulta especialmente llamativo en el acto de que 50 Mossos se vieran obligados a abatir (he escrito sobre el uso perverso de ese término) a Younes Abouyaacoub.

No abundaré sobre el viejo contencioso entre las CUP y los Mossos: lo explican mejor en el Polònia. Pero no hace falta ser un conspirador madrileño para encontrar actuaciones extremadamente criticables por su violencia y falta de justificación. Denunciarlas acarrea la carga de la prueba. Pero no impide la denuncia, más necesaria hoy que nunca. Dicho sea sin acritud.

SOBRE EL PRESTIGIO DE LA DESOBEDIENCIA (Infolibre, 27.09.2017)

TIEMPOS DE DESOBEDIENCIA

No descubro nada si recuerdo que vivimos en tiempos de desobediencia. Tampoco añado nada nuevo si pongo en relación este “estado de rebelión” con lo que se conviene en denominar la era de los indignados, que designa el proceso de globalización de un movimiento que se extendió desde las plazas de ciudades árabes a Madrid, Génova, Nueva York o Hong Kong y que hunde sus raíces en la concepción altermundialista, en el lema otro mundo es posible, que es sobre todo una propuesta de rechazo de un (des)orden social percibido como insoportable, por injusto y aun suicida, en términos de la sostenibilidad de la vida (la de los seres humanos y la del propio planeta). Pero no pretendo una disquisición sobre cuestiones que han sido ya muy tratadas, sino más bien apuntar a una pregunta y ofrecer algunas pistas para el debate a quien interese la cuestión.

La pregunta es por qué hoy el prestigio social está del lado de la desobediencia, mientras que la actitud de obediencia parece sometida a sospecha. Debo precisar de inmediato que no me refiero a esa constante en toda sociedad que viene simbolizada por el atractivo de la negación, vinculada a una necesidad generacional, biológica, la que todos experimentamos al constatar que nos encontramos en un mundo que hemos recibido y que percibimos como ajeno e incluso impuesto. En definitiva, un mundo que no es nuestro, de donde la necesidad de crear el propio. Prácticamente en todas las culturas y en todos los momentos históricos encontramos testimonios de ese rechazo, de esa desobediencia, que es sobre todo una actitud vital de “los jóvenes” hacia las pautas y valores imperantes, testimonios enunciados generalmente en tono de lamentación por la decadencia que ello supone para el orden social existente, cuyos valores son impugnados. No. Hablo de algo más, de un fenómeno que, por su generalización, parece nuevo: se trata de reconocer que se ha producido una inversión de la comprensión de la desobediencia, que pasa de ser una actitud sospechosa y reprobable para la mayoría, en cuanto incompatible con las condiciones de una convivencia civil, a convertirse en la vía necesaria para construir una sociedad que de verdad merezca ese calificativo. Una sociedad decente, en el sentido de Péguy o Margalit o, digámoslo abiertamente, una sociedad justa.
 

DESOBEDIENCIA, SÍ, PERO CIVIL

Mi propuesta es que la desobediencia, si es civil, constituye la expresión genuina del espíritu de la democracia y del derecho, por paradójica que pueda parecer esta expresión que, en punto al Derecho, parece rozar el oxímoron. Y advierto sobre la necesidad del adjetivo, que matiza de forma muy importante la tesis inicial, la del prestigio de la desobediencia. No hablo de la desobediencia, sin más, hablo de desobediencia civil.

Quizá nadie como Howard Zinn haya planteado mejor, más provocadoramente la razón de ser de esta desobediencia, desde que lo hiciera Sófocles, en el diálogo entre Antígona y Creonte, donde, claro está, no se habla de desobediencia civil, sino de la obligación de obedecer el mandato de leyes superiores, no escritas, cuando la ley no es justa. En un debate de 1970 sobre desobediencia civil, Zinn comenzó su intervención señalando que toda la discusión estaba planteada al revés, porque –afirma– “nos dicen que el problema es la desobediencia civil,  cuando en realidad el problema es la obediencia civil” (puede verse aquí la lectura que hizo Matt Demon de ese texto de Zinn). Zinn es probablemente el más prolífico defensor de la desobediencia civil, el concepto teorizado por Thoreau en una conferencia escrita en 1848, que lleva ese título y en la que propuso los elementos conceptuales desarrollados luego entre otros por Bedau, Russell, Rawls o Habermas y, sobre todo, llevados a la práctica por los movimientos de defensa de los derechos civiles (Martin Luther King) y por los ecopacifistas, movimientos en los que jugaron un papel fundamental los críticos con el desarrollo del armamento nuclear y la generación de resistencia a la guerra del Vietnam.

Para Thoreau, la desobediencia civil expresa el desacuerdo político de quien no halla justificado el imperativo concreto de una ley, porque choca con los fundamentos del pacto social al que se ha prestado consentimiento, el de los founding fathers en el caso de Thoreau, es decir, la Constitución, en términos de la teoría contemporánea de la desobediencia civil. Para Thoreau, la desobediencia civil es una conducta exigente, lo que significa que ha de ser pública y pacífica y, además, debe aceptar la sanción para probar su coherencia. Sin duda hay en Thoreau un impulso de moral crítica, un fundamento ético de la desobediencia civil, pero la clave está en la dimensión política: Thoreau no trata de cambiar el régimen político, pero tampoco salvar la aplicación de una ley a su caso concreto (la excepción personal o suspensión personal de la ley, propia de la objeción de conciencia). Por eso, su propuesta no es la de la revolución. Es una rebelión para preservar los valores del pacto político que comparte y defiende. De paso, diré que a mi juicio, aunque resulta indiscutible la importancia que tuvo para Gandhi la lectura de Thoreau, el movimiento que éste impulsó y que será decisivo en la independencia de la India no es en realidad desobediencia civil, sino rebelión inspirada en una concepción religiosa, la doctrina de la satyagraha y que adquiere la dimensión de una revolución política. Porque obviamente Gandhi no comparte ni los valores ni las reglas del sistema político del virreinato, la dominación inglesa en la joya de la corona que es la India,no se rebela apelando a esa legitimidad, sino que la impugna. Aunque alguna de las convicciones de Thoreau están muy vivas en el Mahatma,comenzando por aquella que asegura que en un régimen injusto el único lugar para un hombre justo es la cárcel, tesis que llevó a Thoreau a la cárcel de Concord, al negarse a pagar los impuestos con los que se pagaba una aventura colonial, imperialista, la del gobierno de los EEUU de la época en México.

Creo que, en cierto modo, esta recuperación de la desobediencia como virtud, como motor de la vida política, tiene que ver con la percepción de que la desobediencia es la genuina expresión del espíritu de la democracia, de la reapropiación del poder por parte de we, the people (apelación que, más que a las nociones de pueblo y, desde luego, más que a la de nación, hace referencia a todos y cada uno de los ciudadanos como sujeto político constituyente, como poder político originario). En cierto modo, es un desarrollo coherente de la concepción que desde el humanismo a la Ilustración reivindicará en profundidad el valor de la autonomía como principio sine qua non de la moral, la política y el derecho y que se refleja en la noción de contrato social como única justificación del poder. Una concepción presente en el agudo ensayo de Etienne de La Boétie, El discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contrauno, escrito en 1548, pero que se publicó en 1571 (por Montaigne, su amigo, hay fundadas sospechas de que éste fuera su verdadero autor) y en el que La Boétie impugna la obediencia propia de las monarquías absolutas, que es la obediencia de quien, en lugar de ciudadano, es tratado como súbdito o, como dirá Nietzsche, como rebaño. Una obediencia que es un hábito generado por el miedo, por la amenaza del monopolio de la violencia que detenta el rey. Impugnación de la obediencia como servidumbre voluntaria que encontramos también en la advertencia prudente que se recoge en las Mémoires del que fuera rival de Mazarino, el cardenal de Retz (1675): “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, y despiertan de su letargo, pero de forma violenta”. Sí: en ese régimen no cabe la desobediencia civil, sino sólo la revolucionaria.

Cuando la desobediencia es civil, aparece, además, a mi juicio, como expresión indefectible de lo que constituye el alma del derecho, que no es otra cosa sino la idea de lucha por los derechos, parafraseando el famoso lema de Jhering. Sí: para que el derecho sea instrumento de satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos, y no instrumento de dominación y discriminación, expresión de violencia, ley del más fuerte, ha de estar al servicio de los derechos como intereses legítimamente dominantes. En una sociedad democrática esa lucha está institucionalizada, a priori, a través de los mecanismos institucionales de representación y de participación. Pero la democracia representativa ha evidenciado sus límites a la hora de garantizar esa lucha genuina por los derechos, de donde la necesidad de encauzarla a través de otros mecanismos y ahí es donde aparece la legitimidad del recurso a la desobediencia civil, que incluso puede ser entendida como una obligación política: porque esta desobediencia es el recurso para apelar a que la mayoría recupere el principio de legitimidad expresado en el pacto político original, esto es, en nuestros sistemas políticos, en la Constitución.

 

 

EL LÍMITE DE LA LEGITIMIDAD DE LA DESOBEDIENCIA. UNA CODA CATALANA

 

Todo lo anterior no significa que no pueda ser legítima la desobediencia revolucionaria, las más de las veces violenta: no es ahí ilegítima donde no ha existido un pacto social democrático (ilegitimidad de origen) o donde éste ha degenerado (ilegitimidad sobrevenida, nacida de una práctica no respetuosa con los principios de legitimidad) y ha practicado, por ejemplo, violaciones generalizadas de esos principios de legitimidad, como sucede cuando un régimen democrático en su origen viola de forma masiva los derechos humanos.

De esta forma, debemos matizar la tesis del prestigio de la desobediencia. Porque desobediencia, sin más, es lo que calificamos de conducta criminal o delictiva, que en teoría nadie podría proponer como ejemplo a seguir, aunque tenemos testimonios constantes de lo contrario cuando, por ejemplo, se ofrece el modelo de los tiburones financieros, los especuladores, los depredadores de cuello blanco que saben desobedecer a la ley, poniendo su inteligencia en escapar, en disimular esa desobediencia, es decir, en lo contrario del carácter público de la desobediencia civil. Pero parece claro que una sociedad en la que el modelo sea el desobediente, sin más, es la expresión de la ley del más fuerte, el más astuto. La desobediencia, sin más, es inviable como propuesta decente.

Antes de terminar estas pistas, me permito sugerir una coda que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país, en este momento. Se ha asegurado que en Catalunya se vive hoy un ejemplo masivo de desobediencia civil encaminada a una   (el referéndum ilegal), que se realizaría a través de actos individuales de desobediencia civil. No lo creo así. Que se recurra a las técnicas pacíficas de desobediencia civil (sobre todo de desobediencia civil indirecta: ocupaciones, sitting on, etc.) no significa que se practique desobediencia civil. Y hablar de desobediencia institucional me parece confuso. No, cuando no se impugnan normas, conductas, decisiones, actos y procedimientos, en nombre del marco de legitimidad que es el pacto político, y este, aquí y ahora, es la Constitución, no hay ni desobediencia civil, ni institucional. Cuando se reclama derecho a votar y se trata de ejercerlo al margen de las reglas y procedimientos propios del marco de legitimidad (etablecios en la Constitución y en las leyes) y además se reivindica el voto para decidir la secesión, la independencia, se reclama ejercer un derecho y hacerlo mediante un procedimiento que la Constitución, el marco de legitimidad, no contempla. Situarse fuera de él, evidentemente, Impugnarlo o darlo por no vigente. De esa forma, se rechaza el marco de legitimidad y se sustituye por otro que se presenta como mejor, en la medida en que es propio, de sus ciudadanos, el pueblo catalán. Esto no es desobediencia civil, sino otra cosa, que podemos llamar desobediencia revolucionaria, revolución. Sin duda cívica, sin duda ampliamente pacífica, pero persigue un cambio de régimen y por consiguiente tiene un alcance, sí, revolucionario. Pacifico, insisto, pero revolucionario, porque no hay que tener miedo a las palabras.

Se puede y se debe discutir si los argumentos con los que se justifica este proceso revolucionario están bien justificados. Personalmente estoy convencido de que los que se alegan por los partidos independentistas no lo están: en Catalunya hoy es absolutamente impropio invocar el derecho de autodeterminación reconocido en el Derecho internacional. Tampoco cabe hablar de pérdida de la legitimidad de origen.  No niego que el régimen constitucional se ha degradado, ante todo como consecuencia de las actuaciones y decisiones de gobiernos que, a mi juicio, han violado principios constitucionales (pienso, por ejemplo, en los derechos sociales), pero no de forma tan generalizada que se haya perdido la legitimidad democrática. Concretamente, estoy convencido de que el Gobierno Rajoy ha recortado indebidamente libertades y derechos, y de forma particularmente grosera en la falta de respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y muy recientemente a las libertades de reunión y manifestación. Como me resulta imposible dejar de señalar que esos recortes fueron multiplicados por el Govern de Artur Mas y que el Parlament y el Govern de Junts pel Sí se ha apartado de reglas elementales de respeto a los procedimientos democráticos en la trayectoria acelerada del procés.

Pero todo lo anterior no invalida, también a mi juicio, la legitimidad democrática de la Constitución del 78, sino que exige desplazar del poder al Gobierno Rajoy, que no ha respetado principios básicos de esa legitimidad constitucional y ha bloqueado toda posibilidad de reformarla ahí donde, a todas luces, lo necesita. La divisoria es ésta: hay millones de catalanes y partidos políticos democráticos que creen imposible continuar con ese pacto constitucional, incluso con reformas y por eso están siguiendo la vía de la rebelión revolucionaria. A mi juicio, es un error, porque no hay un déficit de legitimidad democrática que obligue a apartarse de la reforma constitucional, incluido el recurso a la desobediencia civil. Recordaré que la Constitución que así se impugna no es en absoluto una ley sagrada y se puede, y a mi juicio se debe, modificar, porque hoy ese pacto político originario no responde en muchos puntos a lo que queremos los ciudadanos, y en particular los ciudadanos de algunos territorios. Y por eso creo que se equivocan de raíz quienes quieren abandonar ese marco de legitimidad y hacerlo mediante la vía revolucionaria. Conste que hablo de error, porque parto de su buena fe y reconozco la legitimidad de la pretensión independentista. Pero a mi juicio darlo por inservible es un error. Me parece preferible reformarlo,  incluso a fondo, para seguir con un marco común de legitimidad. Porque ese pacto político del 78, reformado en aspectos muy importantes, entre los cuales se encuentra un modelo federal, es una solución mejor para todos, para los catalanes y para todos aquellos que no se sienten representados en aspectos importantes de ese acuerdo, de los derechos sociales a la cláusula del déficit, pasando por la desigualdad entre hombres y mujeres o la laicidad. Eso implica que todos puedan participar en la decisión, lo que significa votar, claro. La solución a la indiscutible insatisfacción ciudadana (y no sólo de millones de ciudadanos en Catalunya) consiste en volver a un acuerdo constituyente que dé la oportunidad de que se vote realmente qué pacto social se quiere, también, para introducir las reformas que permitan que, si fuera el caso de la decisión de la mayoría de los catalanes, decidan apartarse del pacto político del Estado español.

 

Texto completo entrevista en El Correo

-De los 182.504 refugiados que la UE se comprometió a acoger en dos años desde septiembre de 2015, lleva 43.948. Es decir, un 24%. España, a la que asignaron un cupo de 17.337, ha recibido a 1.888. Esto es un 11%. ¿Qué revelan, a su juicio, estos datos?

– Podemos interpretarlos de dos maneras. La más obvia, como la constatación de un fracaso, achacable a la ausencia de voluntad política por parte de Gobiernos europeos como el español, para asumir un compromiso que, por otra parte, visto en el contexto global, es ridículo. Revela, desde luego, que no han funcionado los dispositivos de coordinación de los procesos de reubicación (ni los de reasentamiento). Puede revelar también la ausencia de compromiso por parte de la Comisión para presionar eficazmente y en su caso sancionar a los Estados fuertes (no a los del grupo de Visegrad) que incumplen sus compromisos. Hay, claro, otra interpretación: nunca hubo una voluntad política, ni de la Comisión, ni de los Gobiernos europeos, por asumir este compromiso: fue todo un espectáculo cara a la galería, motivado por la situación de dificultad que vivían dos socios (Grecia, Italia) y no por una verdadera comprensión de la dimensión del problema que viven los refugiados.

 

-¿Qué ha fallado, en su opinión, para que el nivel de cumplimiento de España sea de los más bajos? ¿Es una mera cuestión de voluntad política?

– A mi juicio, no hay otra explicación posible. Cuando tres comunidades religiosas italianas han conseguido crear corredores humanitarios para traer a los refugiados, en mayor número que el Gobierno de nuestro país, no cabe escudarse en la dificultad burocrática. A mi juicio, existe una muy grave responsabilidad de quien tenía a su cargo la presidencia de la comisión de coordinación con CCAA, Ayuntamientos y sociedad civil. La Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha actuado mucho más como un obstáculo que como dinamizadora de la coordinación de recursos e iniciativas en las que la sociedad civil, los Ayuntamientos y buena parte de las CCAA habían puesto no poco esfuerzo y han quedado frustradas. Hablo de responsabilidad política. La responsabilidad moral me parece gravísima. No quisiera estar en su lugar.

 

 

-Según el Alto Comisionado de las UN para los refugiados, Filippo Grandi los gobiernos, incluso los moderados, temen que la opinión pública se les eche encima al abrir sus fronteras a los refugiados y eso le pase factura en las urnas. Sin embargo, en España miles de personas han salido a la calle para proclamar que ‘Los refugiados son bienvenidos’ y han hecho que ACNUR batieran récords de recogida de aportaciones económicas en 2016. ¿Un error de cálculo del Gabinete Rajoy?

– Déjeme ante todo que exprese mi decepción por la falta de firmeza del ACNUR en la reciente y muy negativa evolución de los acontecimientos en el Mediterráneo, en especial por lo que se refiere a los vergonzosos intentos de la UE (y sobre todo del Gobierno italiano) para externalizar la labor de policía de fronteras nada menos que a Libia -un Estado fallido, inexistente- y confiarle la suerte de los derechos de miles de personas, empezando por su vida y su libertad. Por el contrario, el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein ha sido mucho menos complaciente.

Dicho esto, me parece claro que la sociedad civil –una buena parte de ella- ha reaccionado de forma más responsable y adecuada que los propios Gobiernos: no sólo el de Rajoy. En ese sentido, cabe hablar de un grave error de cálculo, que creo que se inspira en un mantra de los gabinetes de sociología electoral de la mayoría d los Gobiernos, del que Vd se hacía eco. En el fondo, esa actitud de los Gobiernos comporta un doble desprecio de la ciudadanía: hay una visión paternalista de la ciudadanía y, al mismo tiempo, dan por buena la hipótesis de la volatilidad de la ciudadanía, de la opinión pública: <ya se cansarán>

 

-Hay quien habla de un “fracaso deliberado”, por parte de Europa, ante la que ha sido catalogada como la mayor crisis migratoria tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo más podremos retener a los miles de refugiados que se hacinan en los campos de Grecia, Italia, Líbano, Turquía o Jordania?

Lo de la mayor crisis de refugiados, o la mayor crisis migratoria, debe relativizarse. Sí: la guerra en Siria ha provocado un número de desplazamientos forzosos muy importante, pero esas personas no llegan a Europa, en su inmensa mayoría. Y si hablamos de números, piense por ejemplo en los 900.000 sudaneses del sur que han llegado en un solo año a Uganda…

En lo que se refiere al tiempo que podemos retener a esos refugiados en Jordania, Turquía, Líbano, etc es muy diferente de lo que va a suceder en Grecia e Italia. Estos dos países europeos no van a aguantar mucho más la presión y está claro que se van a deshacer de los miles de personas que aún están en su territorio. Y lo harán con la complicidad de los socios europeos, deportándolos a Libia y a otros países a cuyos líderes corromperemos a base de millones de euros para que se hagan cargo del <marrón> y desaparezcan de nuestra vista.

 

-¿Qué futuro les aguarda a esas personas después del 26 de septiembre, el plazo marcado por la UE para el cumplimiento de los cupos?

Temo que nada bueno. Creo que se va a proceder a expulsarlos a terceros países no europeos.

 

 

-Ha publicado un libro con un título muy elocuente: ‘Mediterráneo, el naufragio de Europa’. ¿Hablamos de un naufragio moral ose hundirá algo más?

– El naufragio <moral> es evidente. Pero digamos que la exigencia de moralidad en la vida pública tiene un presupuesto, que no garantiza el standard moral máximo, pero es a mi juicio el mínimo exigible: eso es lo que proporciona (debe proporcionar) el Derecho, por encima de las religiones, las ideologías, las étnicas, las creencias. Por eso he escrito que me parece en cierto modo más grave el naufragio del Derecho, porque lo que da sentido al proyecto europeo es su carácter de <comunidad de Derecho>, esto es, de proyecto basado en el imperio de la ley, igual para todos; un proyecto basado en el Estado de Derecho (como acaba de recordar a mi juicio cínicamente el Presidente Juncker en su discurso sobre el “estado de la UE 2017” en el Europarlamento). El primer objetivo del Estado de Derecho propio de la UE es la garantía de los derechos y libertades que proclamamos cuando hablamos de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia. La pregunta es si ese objetivo vale para todos los que se encuentren en territorio europeo, bajo soberanía europea, o sólo para los privilegiados ciudadanos europeos.

 

-En ese trabajo denuncia las “groseras violaciones” del derecho de asilo que cometen muchos países europeos, como España, omitiendo las obligaciones jurídicas más elementales. Y todo ello, con total impunidad. Cuándo el legislador se hace trampa y ello no tiene ninguna consecuencia, ¿qué cabe esperar?

-Poco. Pero es que hay que recordar el viejo y certero lema de un jurista alemán del XIX, Jhering. El Derecho es ante todo <lucha por el Derecho>; hoy diríamos, lucha por los derechos. Ninguno de eso derechos ha sido regalado, y cuando así se ha hecho, esos derechos no han estado suficientemente garantizados. Los derechos se conquistan gracias a procesos de luchas sociales en los que interviene también un pequeño grupo de vanguardia, que muchas veces se ha sacrificado. Por lo demás, aunque hemos conseguido garantías institucionales (el Estado de Derecho, la división de poderes lo son), hemos aprendido de la historia que se puede retroceder en esa conquista si los ciudadanos no permanecen vigilantes. Lo estamos viviendo hoy. Eso exige una ciudadanía activa, participativa, que supere la tentación de vivir como consumidores pasivos y privilegiados en medio de la miseria de los demás. Siempre cito a este respecto la acertada metáfora que es el film de animación Wall-E.

 

 

-¿De qué sirvió la imagen de Aylan, sin vida en una playa de Turquía, hace ahora dos años, cuando intentaba huir de la guerra con su familia?

– Fue un revulsivo, como la foto de Javier Bauluz que le valió el Pulitzer. Pero en cierto modo, un revulsivo engañoso. Primero porque si Aylán nos conmovía era porque, además de ser un niño ahogado, parecía un niño nuestro, podía ser un niño nuestro, no eso que tenemos en mente casi siempre cuando imaginamos un niño refugiado. La muerte de un niño, de cualquier niño, es un fracaso de todos nosotros, algo que interpela la creencia en un mundo con sentido, en un Dios que no sea un monstruo. Pero ¿cuántas mujeres y hombres, jóvenes, adultos, ancianos, han muerto y mueren y morirán en el Mediterráneo, huyendo de infiernos que ni siquiera imaginamos, sin que eso nos conmueva?

 

 

¿Abatir? Revista Contexto, 31 agosto 2017

Abatir: la lógica de la guerra

Creo que una de las peores consecuencias de la conmoción causada por los atentados terroristas es la facilidad con la que casi todos, comenzando por los medios de comunicación, hemos asumido acríticamente un punto de vista supuestamente técnico y en realidad ajeno al que es propio de una sociedad democrática –aun diría, de un Estado de Derecho- sobre la respuesta eficaz frente a ese tipo de criminales que son los terroristas. El botón de muestra es, me parece, la utilización generalizada del término “abatir” cada vez que se ha hecho referencia a la muerte de uno de los terroristas de Barcelona y Cambrils a manos de la policía. Porque no puede dejar de sorprender que se acepte como algo normal, si no incluso elogiable, que los terroristas sean abatidos. En efecto, salvo algunas brillantes excepciones, como los artículos de Gonzalo Velasco (“Eran 12 de los nuestros”, http://www.huffingtonpost.es/amp/gonzalo-velasco/eran-doce-de-los-nuestros_a_23159814/# ), Martín Caparrós “Otro triunfo del terrorismo”, https://www.nytimes.com/es/2017/08/25/otro-triunfo-del-terrorismo/amp/ ) y Carlos Yarnoz (“Tirar a matar”, https://politica.elpais.com/politica/2017/08/25/actualidad/1503682916_683784.html?id_externo_rsoc=TW_CC ), apenas se ha alzado la voz frente a ese giro lingüístico y, sobre todo, frente a lo que, a mi juicio, subyace a esa lógica de respuesta policial. Hablo de un modus operandi, de un protocolo de respuesta policial que, sin duda, no es en absoluto ni original ni infrecuente, pero que -a mi juicio- constituye la expresión de una lógica que deberíamos vigilar, porque me parece peligroso, contaminante.

Decía que no es nueva esta lógica. Como se ha recordado, en efecto, la instrucción de “tirar a matar” en los enfrentamientos con terroristas fue expresamente formulada por el Presidente F. Hollande, quien, tras los atentados de noviembre de 2015 en Paris, afirmó: “Lo que se produjo ayer es un acto de guerra y, ante la guerra, el país tiene que tomar las decisiones adecuadas”. A continuación, en una reunión extraordinaria de las dos Cámaras en Versailles, declaró el “estado de urgencia” que ha estado vigente en Francia hasta que Macron lo ha convertido en ley ordinaria. Y, lo que parece una consecuencia inevitable de lo anterior, justificó de facto las ejecuciones extrajudiciales a terroristas, con la orden “tirar a matar”.

Lo que pretendo señalar en lo que sigue es que en la respuesta policial y de la opinión pública y publicada frente a los terribles atentados terroristas de Barcelona y Cambrils existe el riesgo de que aceptemos como ordinarios elementos propios de una situación de guerra (no necesariamente de un modelo militar strictu sensu), o, al menos, de lo que constitucionalmente sería un estado de excepción (artículo 106 Constitución, desarrollado por la L.O. 4/1981), con el agravante de que, obviamente, no ha sido declarado. Una concepción en todo caso ajena a lo que a mi juicio debería imperar como criterio de actuación propio de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, esto es, de la respuesta ordinaria del Estado de Derecho ante el desafío terrorista. Este es, en efecto, un primer punctum dolens de la cuestión, sobre el que es evidente que asisten razones a quienes mantienen posturas opuestas. Para algunos, los medios ordinarios propios del estado de Derecho, serían inuficientes ante el desafío terrorista porque al menos de facto estaríamos (y debiéramos ser conscientes de ello) en guerra contra el terrorismo yihadista. Ergo tenemos que recurrir a medidas excepcionales, también por lo que se refiere a los derechos y garantías de los terroristas, y aun de los sospechosos de serlo. El terrorismo yihadista aparece así como el terrible adversario, el enemigo que nos obliga a enfrentarnos en el último de los conflictos bélicos, una guerra de civilizaciones, una especie de última guerra como la que trae a las tierras de Westeros el rey de la noche en la <guerra de todas las guerras> a la que aboca la última temporada de Game of Thrones.

Frente a quienes así lo sostienen, ya desde los atentados del 11S, los que justificaron y justifican de ese modo la Patriot Act, que es un ejemplo de legislación excepcional, de guerra y defienden así la estrategia de guerra dondequiera que se manifieste el eje del mal que está detrás de la hidra terrorista, muchos entendemos que esa respuesta es un grave error, porque concede un primer y enorme triunfo al terrorismo. Sin duda, su desafío es de una gravedad enorme y su alcance es global, a la par que socava la noción misma de seguridad, porque frente al terrorista nadie es inocente. Aún más, los inocentes se convierten en blanco directo porque con ello el terrorista consigue el efecto que busca, aterrorizar. Su victoria es esa, la generalización del miedo. Pero, en realidad, no debiéramos sorprendernos por este mensaje, ni caer en el error de considerarlo en sentido estricto, una anomalía, una negación de la política. No es verdad. Y no sólo porque conocemos el terrorismo de Estado. Es que ese recurso al miedo es tan viejo como la política misma, sobre todo cuando no se dispone de programas políticos que ofrecer. Incluso cabría apuntar que el discurso del miedo es quizá la forma más primitiva de lo político, el recurso para generar la dominación sin paliativos, la adhesión ciega, la obediencia acrítica, conforme a la alternativa que nos propone: sumisión al poder o muerte. Recordemos que ese es el fundamento de la propuesta del hobbesiano Leviathan, la concepción teorizada por Schmitt al explicarnos la política en términos del juego amigo-enemigo que ni siquiera es dialéctico, porque no hay superación del enfrentamiento, sino aniquilación de uno de los contendientes. Por eso, la construcción del otro como enemigo, como el extraño terrible, la bestia a abatir a cualquier precio y por cualquier medio, por excepcional y doloroso que fuere. Esa es, por tanto, una vieja historia.

 

 

De los <caníbales> a los <replicantes>: deshumanizar para discriminar y dominar.

Poca novedad, pues, me permito recordar. La creación del agresor externo, al que se atribuyen todos los rasgos que le configuren no sólo como terrible amenaza, sino como absolutamente ajeno a nuestra condición, es un lugar común. Se trata de la premisa de deshumanización del otro, de la negación de su condición de persona, de humano, para subrayar su ajenidad y para justificar así el destino que le asignamos: desaparecer, eliminarlo o hacerlo nuestro esclavo. La historia nos ofrece un cargado catálogo de ese enfrentamiento entre civilizados y salvajes, de la creación de la figura del bárbaro. Porque bárbaro es aquel que no comparte lo que nos hace humanos, el lenguaje, nuestra lengua. Lo que los otros balbucean no es lengua, porque no son capaces de cultura ni de razón, de arte ni de valores, salvo que acepten los verdaderos, los nuestros. Esa reflexión sobre el otro como bárbaro, que ocupa alguna de las mejores páginas de la obra de Todorov (por ejemplo en Nosotros y los otros, o en El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de civilizaciones), no es, desde luego, algo reciente. Al contrario, ocupa un lugar clave y recurrente en la literatura universal. Baste con pensar en el Ensayo sobre los caníbales de Montaigne, el Robinson de Defoe, Los viajes de Gulliver de Swift o, más cerca de nosotros, el Informe para la Academia de Kafka o el cuento de Philip K Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, magistralmente llevado al cine por R.Scott en su Blade Runner.

Déjenme que les recuerde en qué consiste el trabajo de un Blade Runner, ese cuerpo especial de policía que impone su ley en el Los Angeles distópico imaginado por Dick. Se trata de un cuerpo cuya función es, primero, detectar a esos cyborgs tan parecidos a nosotros –réplicas, replicantes– que se ha salido de su lugar y quieren vivir como humanos. Los blade runners los identifican (y para ello han de saber que es lo que hace humano a un humano; su memoria, sus recuerdos, es la primera respuesta., base del test Voigt-Kampf que aplican) y a continuación llevan a cabo su segunda función, los matan, o, como dice su reglamento, los retiran. Y el eufemismo se emplea precisamente por eso, porque a un no humano no se le mata, se le retira. El problema es que, como el mismo Dick exploró en otros relatos, lo que nos hace humanos no son nuestros recuerdos (que se nos pueden implantar), sino algo muy diferente, que Deckard, el protagonista encarnado por H.Ford, aprende con un alto coste.

Abatir es un eufemismo cuya función tiene mucho de lo que Blade Runner ejemplifica. No es, por cierto, el único eufemismo que aparece cuando tenemos el problema de referirnos a realidades para las que nuestro lenguaje no sirve, o no debe servir, porque nos son ajenas. Esta cuestión de la condición misma del lenguaje, es también un problema conceptual básico de la lingüística general, tal y como plantea hábilmente el relato corto de Ted Chiang, Story of your Life, magníficamente trasladado al cine con el título Arrival, por el director canadiense D. Villeneuve, experto en esas traducciones, como mostró en su adaptación de otro texto capital sobre las diferentes caras del otro, Incendies, la primera de las piezas de la conocida tetralogía de Wajdi Mouawad.

En un pequeño texto publicado hace años en la colección Cine y Derecho, con la que tratamos de ofrecer otro tipo de material pedagógico, Blade Runner: el Derecho, guardián de la diferencia, intenté explicar que no hay que esperar a esos desarrollos de la robótica, de la bioingeniería, para asistir al drama de las réplicas o replicantes y a los eufemismos de nuestra respuesta a su existencia, que, en ´si, parece constituir una amenaza. No esperemos a extraterrestres ni a robots terminator. Los tenemos aquí: son los nuevos bárbaros, inmigrantes y refugiados. Y nuestra respuesta jurídica ha seguido el manual de instrucciones: deshumanizarlos, o, para decirlo más sencillamente, construirlos jurídicamente como irremisiblemente extranjeros, gentes que es imposible que se conviertan en ciudadanos, de los nuestros. Sus marcadores de identidad, sus diferencias religiosas, lingüísticas, nacionales, son esgrimidos para justificar su incompatibilidad. En una palabra, para construirlos como otros inasimilables, que no pueden ser iguales a nosotros ni tener los mismos derechos. Ergo está justificada la discriminación y la dominación, salvo que se sometan al proceso extremo de vaciamiento de sí mismos que es la asimilación impuesta, cuyo prototipo sería el Tío Tom o, mejor, el taimado mayordomo Stephen, encarnado por Samuel L.Jackson en el estupendo alegato antirracista de Q.Tarantino, Django desencadenado. La mentalidad colonial y esclavista del Calvin J Candie que representa Di Caprio, exige no sólo el esclavo, sino el esclavo domesticado, que acepta su condición de inferior para ganar así su territorio de dominación. Pero su virus, el de la humillación y el desprecio que inflige a todos esos otros, se vuelve contra esa sociedad. Lo advirtió Condorcet en el período 10º de su Esquisse: “los pueblos aprenderán que no pueden convertirse en conquistadores sin perder su propia libertad”. Mientras tanto, los europeos venimos dando lecciones de cómo humillar a los otros, de cómo considerarlos infrasujetos, con menos derechos que nosotros. Pobres salvajes, a los que debemos tratar con indulgencia y conseguir que no nos molesten aquí.

En realidad, ese ejercicio de <subordiscriminación>, como han explicado algunas representantes de la teoría feminista del Derecho, no se aplica solo desde la mentalidad colonial. Es un mecanismo que la cultura patriarcal ha aplicado a las mujeres desde que estas son imaginadas como subproducto del hombre (costilla de Adán), destinadas a su servicio, algo que encontramos ya en Aristóteles. Eva, imagen de Adán, le niega por su diferencia y por el peligro de seducción que encarna y por eso su destino, como el de Viernes para Robinson, no puede ser otro que la servidumbre, la desigualdad.

 

 

A quién abatir? No hay que esperar a los bárbaros

Pero volvamos al eufemismo que nos ocupaba. Según informa la FUNDEU, el uso de “abatir” en el sentido de <matar> estaba admitido metafóricamente, pero no es hasta la vigésimotercera edición del Diccionario de la Real Academia Española cuando se incorpora una cuarta acepción de abatir, que equivale a “hacer caer sin vida a una persona o animal”. La misma FUNDEU insiste en que esa acepción, <abatir>, <abatido>, se vincula sobre todo a un contexto policial o militar, para evitar el uso de <matar> o <muerto>. Así, “los Mossos abaten a un terrorista en un enfrentamiento”, se utiliza en lugar de <matan a un terrorista en un enfrentamiento>.

Probablemente, como me recordaba Berna G. Harbour en una discusión radiofònica sobre el particular, este uso constituiria un galicismo, pues el verbo francès abattre, que en su primera acepción significa lo mismo que en el DRAE (<echar abajo, derribar>), tiene una segunda acepción de uso en veterinaria con el significado específico de <abatir a un animal> (recordemos el término para matadero, abattoir) y, sobre todo, una tercera en la que el sentido es específicamente “matar a un hombre con un arma de fuego”, lo que en inglés se expresa como “to shoot”.

Me parece evidente que ese es el origen del uso que se ha impuesto en nuestro contexto y que hemos visto utilizar por representantes policiales y políticos y por los medios de comunicación. La pregunta es si ese uso, en lugar del verbo matar, está justificado. Y es donde advierto el problema o, al menos, el riesgo. Quiero decir que <abatir a un hombre>, en esta acepción militar o policial, puede ser aceptado como expresión de argot profesional. Pero ello no excusa de preguntarnos por las razones, por la proporcionalidad de algo tan definitivo como quitar la vida a alguien. Es más, en un Estado de Derecho, se supone que cuando se produce la muerte de un delincuente, en un acto absolutamente legítimo por parte de un policía, un acto de legítima defensa, se abre una investigación. Creo que con la expresión abatir, en cierto modo, se trata de invitarnos a pasar a lo siguiente, dar por hecho que el caso está cerrado y bien cerrado. Basta con usar esa palabras: fueron abatidos. Y nadie preguntará nada más, porque esas muertes están suficientemente justificadas.

La utilidad del uso de abatir se revela así: de un lado, es coherente e incluso reafirma la construcción del terrorista como alguien que nos es completamente ajeno, un loco, una bestia, un monstruo (insisto, el proceso de deshumanización) cuya excepcionalidad justifica que no tenemos que atenernos a las reglas comunes, que prohíben matar o sitúan esa acción en el límite de lo excepcional, que exige poderosas razones. Conocemos esa particular lógica jurídica que sirve para crear el derecho penal del enemigo: seres tan ajenos nuestra visión del mundo que es imposible hablar con ellos el mismo lenguaje, ni siquiera el que hemos creado con respecto al criminal ordinario. No comparten nada con nosotros y por eso deben ser tratados con una lógica de excepción, en la que no valen las reglas comunes, los derechos y las garantías comunes. Ya sabemos que incluso ha habido responsables políticos que ponen en duda que un abogado (en concreto, Jaume Asens, en quien concurriría la sospechosa condición de ser teniente de alcalde de Barcelona y ccnmilitón de la Sra Colau) ejerza algo tan imprescindible como el derecho de defensa –parte de tutela judicial efectiva, un derecho fundamental- cuando se trata de un terrorista y llegan al disparate de considerarlo cómplice del terrorista por ejercer esa función constitucionalmente imprescindible de defensa. Hemos construido al terrorista como alguien abatible, porque no sólo es un enemigo, sino alguien que niega nuestra civilización y nuestros valores, un auténtico hostes humani generis, como lo fueron los piratas, aunque debemos recordar que quienes recibían ese enorme calificativo, pasaban a ser corsarios si un Estado les daba bula para ejercer la piratería en beneficio de la bandera del país en cuestión.

Lo anterior me lleva precisamente a una tesis sobre la que ya he discrepado públicamente, el lugar común que asegura que los terroristas son monstruos que no comparten los valores de nuestra civilización, de nuestra cultura, de la democracia y de los derechos humanos. Que estamos en guerra con ellos porque debemos defender nuestros valores, nuestros principios, nuestro estilo de vida, que ellos niegan y quieren destruir. Una tesis que exigiría por nuestra parte el consecuente respeto urrbi et orbe a esos derechos, cuando se trata de países y seres humanos lejanos, o que no nos interesan: de los rohingyas, a los sudaneses del sur, o los centroafricanos. Por no hablar de nuestro consideración de socios y amigos a regímenes que violan esos derechos de continuo y masivamente: ¿nos importan igual los muertos en los atentados en Europa, que no son ni la diezmilésima parte de los muertos en Siria, Afganistán, Iraq, Sudán, Mali o la república centroafricana? Si no somos consecuentes con esos valores, con el valor de la vida de cualquier ser humano, ¿podemos moralizar sobre la abyección moral de los terroristas yihadistas? Probablemente no. Pero es igual: ya hemos construido al terrorista como un objetivo a neutralizar, u enemigo no humano a quien hay que abatir.

Insisto, el riesgo, entiendo, es que no sólo se trata de evitar la palabra <matar>, sino que lo que nos transmite es que esa acción de matar , en estos casos, es una actuación técnica, racional, o al menos propia de las actuaciones de esos cuerpos. Los civiles no tenemos nada que decir, porque, primero, no podemos poner en entredicho su propia seguridad (si lo han abatido es porque suponía una amenaza letal para los agentes), ya que se juegan la vida por nosotros y, segundo, ellos saben lo que hacer. Y, sin embargo, el vídeo de la muerte del quinto de los terroristas abatidos en Cambrils da que pensar, como lo da el informe de los Mossos acerca de cómo fue abatido el enemigo público número uno, Younes Abouyaaqoub. Ya sé que supuestamente portaba un cinturón de explosivos (que se reveló tan falso como el que llevaban sus compañeros) y eso supone un riesgo mortal. Pero su abatimiento, a ojos de un lego, evoca algo parecido a una ejecución. El hecho de que, salvo el terrorista que, herido, quedó internado en un hospital, todos los demás fueran abatidos y este resultado haya sido glosado casi unánimemente, sin fisuras, como un éxito, o como algo merecido, al tratarse de sanguinarios terroristas, no deja de sorprenderme. Insisto en que comprendo y defiendo la prioridad de la vida de los agentes de policía en esos enfrentamientos. Pero, ¿de verdad era inevitable, por ejemplo, abatir al quinto de los terroristas de Cambrils, o incluso al terrorista más buscado, Younes Abouyaaqoub, a quien desde luego, no podemos recordar como ese “niño” evocado por su educadora de Ripoll, sino como autor material de la masacre y del asesinato a sangre fría del cooperante Pau Pérez? Sí: era el enemigo público número uno. Aún así, completamente rodeado por los Mossos, ¿realmente no fue posible abatirlo, ahora en el sentido de dejarlo en el suelo, herido e incapaz de hacer daño?

La victoria del terrorismo no es sólo crear estado de terror. Un resultado que, slogans comprensibles aunque poco realistas (“no tinc por”), han logrado. Porque tenemos miedo. Pero lo importante no es no tener miedo: lo que necesitamos es no rendirnos a él, no actuar guiados por el miedo. Y sobre todo, la victoria mayor a evitar es que los terroristas consigan hacernos actuar al margen de la normalidad del Estado de Derecho, que incluya, por ejemplo, criminalizar a una parte de la población por razón de sus creencias o de su perfil étnico. Su triunfo sería lograr que nos entreguemos a una respuesta ad hoc que se desentienda de las exigencias del imperio de la ley y de las garantías de los derechos. Porque en ese momento nos habrán vencido, pues, como advirtiera Todorov, los bárbaros seríamos nosotros.

 

 

Sobre derechos, desobediencia y tribunales de justicia. tres notas sobre el caso Juana Rivas (Blog AlrevesyalDerecho, Infolibre, 24 08 2017)

El debate en torno al caso Juana Rivas y digo bien, a su caso, que es sólo la cara visible del caso jurídico importante, el de sus hijos, ha alcanzado a mi juicio tal ruido mediático, que resulta difícil poner orden en lo que es, debe ser, un asunto de derechos y de Derecho. La reciente decisión del juez de guardia, una vez que la Sra Rivas se personó y fue detenida, es el penúltimo ejemplo de polémica: frente a la petición del fiscal, el juez decide dejarla en libertad y, de momento sus hijos siguen con ella, con algunas medidas cautelares. Contra lo que proclamó la interesada con su conocido (y quizá comprensible) dramatismo, no le dio la razón. Simplemente adoptó una decisión provisional.

En una discusión pública con mi respetada amiga Cristina Fallarás, me echaba en cara que cuando sostengo que la prioridad en esta caso no son los intereses de Juana Rivas, ni siquiera como víctima de violencia de género, sino los de sus hijos, no sé lo que siente una madre (lo que es verdad) ni tengo la experiencia de las mujeres en su lucha contra la subordiscriminación. También es cierto, aunque creo que no poder tener esa experiencia no es óbice para analizar e incluso defender, como trato de hacerlo desde tiempo. También me recordaba Cristina Fallarás el déficit jurídico de las resoluciones españolas desfavorables a la Sra Rivas: el primero, no tener en cuenta que la otra parte en el litigio, su exmarido, tiene condena por mal trato; el segundo, la lentitud en la traducción y comunicación de esa condena a la jurisdicción italiana. Ambos argumentos han de ser tenidos en cuenta, sin duda (cfr su argumentada posición en http://ctxt.es/es/20170816/Politica/14465/Juana-Rivas-hijos-maltrato-indefension-Cristina-Fallaras.htm ). Y sin embargo, en mi opinión, el asunto, jurídicamente, tiene tres claves que creo que no acaban de entender ni los asesores legales de la Sra Rivas (en particular la peculiar asesora mediática) ni buena parte de quienes la defienden de buena fe, a capa y espada, con el argumento poderoso de ser víctima de violencia de género.

 

La primera consideración que debiera imponerse, a mi juicio, es que la cuestión jurídica prioritaria en este caso es el interés de los menores, los dos hijos de la Sra Rivas y el Sr Arcori. Y a propósito de ello, cuando hay conflicto, no veo solución menos mala que entregar esa decisión a los tribunales. ¿Que se pueden equivocar? Sí, como en cualquier otro contencioso jurídico: para eso están los recursos jurídicos ante los diferentes tribunales y la capacidad de argumentación procesal de los abogados que, en este caso, como mostraba un reciente artículo de mi compañero José Calvo en el diario El Sur, a propósito de sus recursos ante el Tribunal Constitucional, ha sido más que manifiestamente mejorable. Alega la Asociación de mujeres juezas de España (http://www.mujeresjuezas.es/?p=736 ) que la condición transversal de violencia de género debe imponerse como perspectiva básica y ofrecen razones jurídicas. No las impugnaré. Pero en mi opinión la cuestión decisiva aquí, como me ha hecho notar mi colega Toni Durán, no es la de víctima de violencia de género que concurre en al Sra Rivas, sino el interés de los dos menores. Como hay conflicto a ese respecto entre la Sra Rivas y su exmarido (condenado ciertamente por maltrato, lo que un juez debe tener en cuenta, sí o sí), no veo otra que confiar en que un tribunal decida cómo tutelar mejor el interés de los dos hijos.

 

El segundo error, en mi opinión, es la hoy cada vez más frecuente apelación a la desobediencia frente a la injusticia. A la desobediencia, así, sin más. A mi juicio, hay que decir que no, que la desobediencia sin más, como reacción a lo que uno cree injusto conduce directamente a la ley de la selva. Para que la desobediencia esté justificada no basta con que yo/ella/él diga que es una injusticia lo que me han hecho. Todos los que reciben una decisión desfavorable pueden alegar que se ha sido injusto con ellos. A veces tienen razón. No siempre. He dedicado mucho tiempo a estudiar la desobediencia a la ley. Y he escrito en defensa de la objeción de conciencia y de esa desobediencia que llamamos civil. También sé que hay contextos en los que no cabe ni una ni otra y la única alternativa es la impugnación directa del orden jurídico y político establecido, incluso armada: la revolución. No es el caso, claro. Insisto. La pregunta es: ¿está justificada la desobediencia a los tribunales que ha llevado a cabo la Sra Rivas? Es un ejemplo de desobediencia amparada en buenas razones y practicada de forma que deba ser reconocida?

Alegan quienes así lo sostienen que es evidente que la tutela de los niños en caso de mujeres víctimas de mal trato no está suficientemente garantizada por el marco legal vigente. Pues bien, refórmese. Pero, a mi juicio, eso no autoriza a la Sra Rivas ni a nadie a saltarse según le parezca oportuno las decisiones de los tribunales, ni justifica sin más que el interés de los menores esté mejor garantizado manteniéndolos bajo su tutela en condición de clandestinidad. Se equivocan –también a mi juicio- quienes sostienen que la mejor defensa del interés del menor es proclamar que “Juana (y sus hijos, claro) está(n) en mi casa”. Me sorprende más todavía que una institución como la Junta de Andalucía apoye esa posición. No. Eso lo debe decidir un tribunal. Si pudiera hacerlo con una ley reformada, desde un marco legal más adecuado, seguramente la decisión tendría mejor fundamento. Por el momento la alternativa es ésta: o la decisión de un tribunal, o la justicia que la madre se toma por sí misma. Sé que mi venerado Camus dejó escrito aquello de “entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre”. Es comprensible. Pero no vale como regla general si queremos convivir en paz. No por formalismo jurídico ni por rigorismos del tipo “fiat iustitia et pereat mundus”. Mientras no inventemos una solución menos mala, hay que atenerse a la que tenemos, la decisión vinculante de un tercero independiente de los intereses de las partes y guiado por lo que la mayoría entiende que es mejor: eso es la ley en un sistema democrático y esos son los tribunales en un Estado de Derecho.

 

Y esto me lleva a una tercera consideración que probablemente me aboque a la hoguera que atizarán los defensores de lo políticamente correcto. Una víctima de violencia de género debe ser ayudada y tiene todo el derecho a ello, a que se tenga en cuenta su condición, pero no por ello lleva razón en todo lo que haga. Estamos hartos de ver adónde nos conduce pensar que la condición de víctima es un pasaporte para validar cualquier pretensión y/o actuación. Pasa con las víctimas del terrorismo, cuya condición debe ser atendida, respetada, pero no les autoriza a erigirse en legisladores, ni jueces, ni a desobedecer a los tribunales ni a las leyes. Creo que aquí sucede también. No todo lo que haga Juana Rivas está justificado y es aceptable por el hecho de haber sido víctima de mal trato. Eso no le da el monopolio de la razón, ni de la justicia.

Entrevista en Diario Levante, 21 08 2017

Maria Bonillo València 21.08.2017
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la UV. Foto: Levante-EMV.
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la UV. Foto: Levante-EMV.
El peor atentado yihadista en España después del 11M deja muchos interrogantes, algunos de los cuales trata de responder el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas.

P ¿Qué ha fallado?
R La pregunta es esa. Es lógica la reacción de autoafirmación que estamos viendo, más de 48 horas poniendo por las nubes el trabajo de los Mossos, pero hay que decir que los Mossos tienen un agujero enorme. Parece increíble que una célula tan importante por su número, por su diversidad territorial y esa capacidad de movimientos haya pasado desapercibida. Los Mossos han tenido que reconocer que algo ha fallado y que no los tenían fichados. Dicho sea de paso, tampoco los tenían ni el CNI ni la Guardia Civil. Yo no quiero decir que sea fácil, pero da la razón a una demanda de los Mossos de un incremento de número de efectivos bloqueado por Hacienda y la participación en estructuras de comunicación de inteligencia como el Centro de Inteligencia de la lucha antiterrorista, que se acordó el pasado julio.

P ¿La pugna política entre Cataluña y España ha influido?
R El tema político ha jugado un papel importante. Insisto en destacar la responsabilidad no solo de la Generalitat sino del enfrentamiento político con Rajoy.

P ¿Por qué en Cataluña?
R Hay dos niveles y dos tipos de respuesta. El superficial es bastante autocomplaciente pero no le falta fundamento, según el cual España y también Cataluña serían un modelo de integración pacífico sobre todo en la inmigración porque no hay movimientos xenófobo fuertes. Pero detrás de esa autocomplaciencia, hay elementos que requieren una autocrítica. Cataluña se autorepresenta como una sociedad particularmente excelente en el sentido de acogida, pluralidad y civismo, pero tiene bastante que examinar. Sin dejar de reconocer la excelente labor que ha llevado la secretaria de Inmigración en el Govern, hay que reconocer que Cataluña es el vivero más importante del movimietno yihadista en España, más que Ceuta y Melilla. A nivel europeo Cataluña aparece como un territorio de riesgo.
Siempre hablamos de Molenbeck o suburbios franceses.

P ¿Cómo surgen estos elementos radicalizados?
R Esas células no vienen de fuera. Como mucho lo que ha habido es gente que ha salido de nuestros países a adiestrarse con grupos radicales vinculados al Estado Islámico en el conflicto de Siria y en la guerra de Irak. Pero en el caso español es un procentaje mínimo. Los cálculos exagerados hablan de 300. Comparado con la gente que ha salido y ha vuelto en Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido es irrelevante. La radicalizaión se produce por una vía muy difícil de trabajar, que es un chaval delante de internet: se imbuye de la propaganda radical wahabistas salafista que proporciona el Estado Islámico y otros grupos. Contra ese proceso individual de esa gente sin vínculos sociales es difícil luchar.

P No son, por tanto, inmigrantes y refugiados.
R Pensar que se trata de parar a inmigrantes y refugiados porque son los que traen el peligro terrorista es una estupidez resultado de una ignorancia supina. No es la frontera, lo que hay que controlar es la fractura social interna y la incoherencia en nuestro discurso que habla de derechos humanos y luego los derechos de estas poblaciones nos importam un comino. En Barcelona han muerto 14 personas y 100 heridos, eso es una mínima gota de lo que sucede cada día en Afganistán o Siria. Por supuesto la responsabilidad siempre la tiene el terrorista. Pero nuestra estrategia es fallida mientras pensemos que todo se reduce la respuesta militar y el cierre de fronteras es la solución. La inmigración y los refugiados no son el factor relevante en esto. Al contrario. Precisamente, la población que vive en Cataluña de confesión musulamana es la que más sufre con todo esto.

P ¿Qué consecuencias podría haber en política migratoria y con los refugiados?
R Lo del cierre de las fronteras es una estupidez. El problema no está en el control de la gente que venga, está en el fracaso de las políticas de integración, por lo menos parcial. Sin dejar de reconocer que hay una cuota importante en los procesos de integración, que deben ser bidireccionales, es evidente que falta mucho en ese proceso. Y pongo un ejemplo del que presume mucho Cataluña, el movimiento Esplai. Hay razones para admirar esa inicativa social. Sin embargo, si miras bien, la presencia de personas de barrios de dificultad de integración es mínima. Hay que ser menos autocomplacientes y más exigentes.

P ¿Y qué papel juega la política exterior?
R Es un tercer factor que incide en los procesos de radicalización. Nuestra política y la de la UE facilita la propaganda que consume esta gente individualmente o a través de imanes radicalizados. Nuestro país es el tercero que más armas vende a Arabia Saudí y habla de ese país como el mejor socio, y es un régimen incompatible con las exigencias básicas de derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres. Es un régimen que fomenta la exclavitud de trabajadores extranjeros, como lo fomentan buena parte de las petromonarquías del golfo; es un régimen que lleva a cabo una política de agresión en Yemen de la que no decimos nada.

P ¿Teme un aumento de la islamofobia?
R En términos significativos, no. En España no hay ningún partido organizado y poderoso como el AfD en Alemania. No existe un Frente Nacional y no existe una propaganda de la bajeza moral como la del Ukip. Puede haber un cierto incremento de reacción islamófobo, es inevitable, sobre todo porque no se hace un buen trabajo desde los medios de comunicación social. Hay mucho amarillismo, hace falta más análisis.

P ¿El pacto antiterrorista podría ir en detrimento de los derechos básicos?
R Es un riesgo. Espero que la mesa no se plantee un endurecimiento legislativo que suponga un recorte de las libertades porque no debe ser la vía, sino la de contemplar la cooperación de los servicios de inteligencia y las teareas de integración.