SIN DEMAGOGIAS: ES NECROPOLITICA, El Periódico de Catalunya, Más Domingo, 10.02.2019

Hace tiempo que tomé prestada la noción de necropolítica, acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé (con raíces obvias en Foucault), para tratar de explicar la sin razón del modelo de políticas migratorias y de asilo que practican buena parte de los Gobiernos de los países del norte (del centro, si lo prefieren), destinatarios de movimientos masivos de personas. Políticas que, a mi juicio, en el caso europeo están inevitablemente vinculadas con esa consecuencia terrible de la que se habla en este monográfico, con motivo del proyecto artístico de Bannu Cenetoglu, The List: la transformación del Mediterráneo (antes, mar común) en la frontera más peligrosa del mundo, un auténtico cementerio de niños, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, en su inmensa mayoría anónimos.

Mbembé habla de necropolítica para referirse a una concepción de la política en la que la vida de los otros es objeto de cálculo y, por tanto, carece de valor intrínseco. Sólo cuentan esas vidas en la medida en que cuentan, esto es, que resultan rentables o dejan de serlo. A mi juicio, esta concepción ha de ser relacionada con lo que nos han explicado, entre otros, Sassen y Bauman sobre el advenimiento de una etapa del capitalismo en la que el proyecto de la democracia inclusiva queda orillado, reforzándose por el contrario los mecanismos no sólo de desigualdad, sino de exclusión y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento económico. Ese es el rasgo más notable del modelo de capitalismo neoliberal en la etapa actual de la evolución del proyecto del mercado global, cuya idea-fuerza es obtener una desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas, como las que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como universales. El derecho a la vida también. Así, la condición del precariado es crecientemente la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las mercancías: no afecta sólo al tipo de trabajo, sino al propio trabajador. Por eso, el acierto de la fórmula de Bauman, “industria del desecho humano”, que se puede aplicar a las políticas migratorias (incluso a las de asilo) y justifican su definición como emblemas de la necropolítica.

Ya sé que cuando se dice esto los más piensan en Trump y su obsesión por el muro y algunos otros señalan con el dedo a Australia, con su lema <No Way>, dirigido a los inmigrantes irregulares para disuadirles y con su empeño en recluir a los demandantes de asilo en islas alquiladas al efecto, como la de Nauru. Pero lo cierto es que buena parte de los Gobiernos europeos practican de modo descarado o vergonzante esta misma respuesta, a mi juicio ignominiosa. Una respuesta a la que aludía el anterior Comisionado de la ONU para derechos humanos, el jordano Said Ra’ad al Hussein, cuando definía así a los refugiados: “These are people with death at their back and a wall in their face”. No somos ajenos a esa amenaza de muerte que tratan de dejar atrás, porque nuestras políticas ignoran (y a veces colaboran incluso activamente, y no por omisión) las causas de las que huyen los demandantes de asilo; las mismas, por cierto, en muchos caos, que imponen el viaje migratorio como única opción para escapar de la miseria, la pobreza, la falta de expectativas. Por no hablar de esas otras causas, ligadas al cambio climático, que ya empujan desplazamientos masivos y que todos los pronósticos aseguran que multiplicarán exponencialmente las diásporas, si no actuamos ya. Y tampoco les ofrecemos esa acogida que necesitan, porque nos empeñamos en poner delante de ellos muros, vallas, fosos que les impidan llegar. Sí: nuestras políticas para imponer unilateralmente el control migratorio, han llegado a la perversión de incluir como objetivo prioritario dificultar que quienes necesitan la protección internacional puedan llegar a presentarla. De ahí la falacia de seguir denominándolos refugiados, cuando gran parte de nuestro empeño está puesto en obstaculizar que puedan llegar a serlo. Por eso erigimos muros, creamos campos de internamiento, abandonamos a su suerte a menores, pagamos a terceros países sin importarnos su standard de garantía de los derechos humanos, incluso entrenamos a fuerzas que se asemejan más a mafias que a funcionarios públicos (como sucede en el caso de Libia), para externalizar ese control: tratamos por todos los medios de reducir al mínimo el número de solicitudes de asilo que nos veamos obligados a reconocer.

Y lo mismo practicamos con los inmigrantes, para asegurarnos de que sólo lleguen los que sean estrictamente necesarios para las exigencias de nuestro mercado de trabajo y sólo mientras su presencia incrementa la cuenta de beneficios. En este último caso, en el de los inmigrantes irregulares, hemos alcanzado el punto de cinismo de sostener que la pérdida de vidas, el riesgo que afrontan en el desesperado proyecto migratorio y que llena de cadáveres las arenas del Sáhara y las aguas del Mediterráneo, no nos incumbe porque sólo desde una posición <buenista>, frívolamente irresponsable desde el punto de vista político, se puede pedir que asumamos su protección: no podemos hacernos cargo de toda la miseria del mundo, se repite invocando el viejo aserto de Rocard. Bastante hacemos ya patrullando en el Estrecho o en la zona SAR del mediterráneo central. Hay que conseguir que no vengan.

No seré yo quien niegue que, en efecto, el servicio de salvamento marítimo español y las fuerzas armadas que componen la operación UNAVFOR MED (Sophia) han salvado muchos miles de vidas humanas, como recordaba pertinentemente hace unos días el ministro de Interior, el magistrado Grande Marlaska. Eso es muy cierto. Pero no entiendo que se alegue como mérito, cuando se trata del cumplimiento estricto de deberes jurídicos elementales (deber de socorro) y de los específicos propios el Derecho internacional del mar. Sólo faltaría que no se cumplieran. Por eso me parece un ejercicio de cinismo inaceptable contrapesar esa obligación con su teórico <efecto llamada>: de verdad, ¿alguien en su sano juicio sería capaz de decidir no salvar a náufragos para evitar que haya otros náufragos? No lo creo: ni las personas que patrullan en lanchas de la Guardia Civil, ni las que lo hacen en los buques de la Armada ni, desde luego, los pescadores que faenan en esas aguas. Saben que es su obligación, aunque sepan también que esos que rescatan, casi con toda seguridad, no serán los últimos. Habrá más.

Pero parece que nuestros gobiernos europeos han asumido que esos cadáveres anónimos son <efectos colaterales>, cuya responsabilidad exclusiva remitiría, de un lado, a la inconsciencia (la desesperación) de esa pobre gente y, de otro, a la criminal avaricia de las mafias. Habría que recordarles que si las mafias hacen negocio es porque hay un mercado. La primera causa de este peculiar mercado es el conjunto de factores que crean el efecto salida y contra los cuales no luchamos decididamente con la mal llamada política de cooperación, encaminada más bien, muchas veces, a incrementar nuestra cuota de negocio en esos países. Pero es que, además, no luchamos eficazmente contra los contratantes e intermediarios que se benefician de ese mercado clandestino. Por ejemplo, cuando nos negamos a ampliar las vías legales y seguras para llegar a trabajar y a buscar trabajo. Es ese trapicheo el que asegura la precariedad de la condición de los trabajadores extranjeros y por tanto garantiza el beneficio desmedido de quienes trafican con ellos y les explotan.

Vidas humanas, como la mía o la suya, lector. Porque respetar el derecho a la vida es sobre todo respetar la vida de esos otros, que son igualmente dignos que nosotros. Y no lo son si los reducimos a números, sepultados por las arenas o las aguas, o a siglas anónimas (N.N.), mal inscritas en precarias tumbas. Por eso la importancia de campañas como #UnsereToten (#OurDead, en inglés) de la ONG alemana Sea Watch, para recopilar los nombres de los muertos, el trabajo de forenses como Cristina Cattaneo o Jose Pablo Baraybar o, ahora, este proyecto artístico de Bannu Cenetoglu. Porque cada uno de los seres humanos tiene un nombre. Y lo que no se nombra por su nombre, no existe.  

“CORAJE CÍVICO, FRENTE A LA LÓGICA DE LA CONTAMINACIÓN”, Luces Rojas, Infolibre, 04/02/2019

La ONG alemana Sea Watch lanzó a comienzos de diciembre la campaña #UnsereToten (#OurDead, en inglés) para denunciar que, como consecuencia de la política migratoria de cierre de fronteras de los Gobiernos de la UE, se priva a quienes perecen en el intento de llegar a Europa “ no sólo la vida, sino también su identidad”. La campaña, de la que dio cuenta Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2018/12/10/una_ong_alemana_publica_una_esquela_por_cada_una_las_800_personas_ahogadas_mediterraneo_desde_junio_89706_1022.html) consistió en difundir una esquela por cada uno de las personas ahogadas en el Mediterráneo, con el siguiente mensaje: “No son números y cifras lo que Europa está dejando que se ahogue en el Mediterráneo, son personas. Tienen amigos y familiares, miedos y sueños. Son personas como tú y yo. Ellos son #ourdead también”.

Personas, no inmigrantes, ni demandantes de asilo. Personas, adultos, mujeres embarazadas, niños, como ese niño maliense de 14 años que llevaba cosidas sus notas como certificado de buena conducta y que se hundió en el pozo marino sin atención mediática alguna, salvo para la forense italiana Cristina Cattaneo que nos ha contado su historia en su libro Naufraghi senza volto (cfr. la entrevista a la profesora Cattaneo en Libero: http://247.libero.it/rfocus/37533678/1/il-medico-legale-cristina-cattaneo-tra-cold-case-e-migranti-senza-nome/).

Historias de personas. Como las que, según relataba en este mes de enero un artículo del periodista Nicolás Castellano (https://cadenaser.com/ser/2019/01/23/sociedad/1548270430_098181.html), trata de identificar un grupo de forenses que encabeza José Pablo Baraybar para el Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de tratar de identificar a los 1.050 víctimas del mayor naufragio documentado hasta ahora en las rutas migratorias hacia Europa, en abril de 2015).

Uno de los barcos de esta ONG, el Sea Watch 3 (con bandera holandesa), tras  rescatar a 47 náufragos, ha pasado casi dos semanas pidiendo un puerto seguro a las autoridades de Malta e Italia y, en su caso, a los Gobiernos europeos. El Gobierno italiano rechazó esa peticióny añadió el escarnio: por boca del progresista Di Maio, que no del xenófobo Salvini,  lanzó un órdago al Gobierno holandés para que acepte un “corredor humanitario” que llevara a Holanda a los 47 personas rescatadas y amenazó con llevar el caso ante el Tribunal Europeo de derechos humanos de Estrasburgo (cfr. https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/28/news/sea_watch_salvini_sui_migranti_entro_l_anno_chiudiamo_il_cara_di_mineo_-217649754/?fbclid=IwAR05G-UmT4FhdjnrLRrhr0aAbK3U670TF-e-KFQRjfHeTI6vsJw41H-OnUs), por la responsabilidad de Holanda en el  ¡incumplimiento de los derechos humanos! Finalmente, admitió la llegada del barco al puerto de Catania, pero a continuación lo ha retenido en puerto, de forma que, a comienzos de febrero de 2019 ya no hay ningún barco de ONGs en la zona SAR  (Salvamento y rescate) junto a Libia y en el “canal del mediterráneo central”. El gobierno italiano ha conseguido su propósito, ayudado, por cierto, por las decisiones del Gobierno español de retener en puerto a otros dos barcos de salvamento, el Open Arms y el Aita Mari.

Esto es l más grave de todo, que Salvini va ganando. Sí, esa política está consiguiendo contaminar a sus socios europeos, en un fenómeno que va más allá de las políticas migratorias y de asilo aunque se sirve de ellas como mascarón de proa y abarca cuestiones más amplias de políticas públicas, hasta tocar el meollo de los principios en los que se asienta el modelo europeo, la defensa del Estado de Derecho y de los principios y valores democráticos, que tienen como emblema tomar en serio los derechos humanos, lo que quiere decir los derechos de los otros, y no sólo los de nuestros compatriotas.

Esta es la verdadera amenaza. La contaminación de los partidos conservadores, liberales y socialdemócratas por la lógica de exclusión, de repliegue frente al otro, que amenaza mucho más que este o aquel modelo de política migratoria. Porque frente al giro que propician los movimientos sociales y los partidos políticos de extrema derecha, la peor opción para combatirlas es adoptar sus posiciones, por miedo a perder votos, esto es, por falta de coraje cívico para esa batalla de ciudadanía, de paideia, que quienes se afirman como defensores del Estado de Derecho -en nuestro caso, los partidos soi-dissants constitucionalistas- no deben, no pueden dejar de dar. En otro caso, como en el cuento de Pedro y el lobo, esa profecía cumplida acabará estallando ante nuestros ojos en el mes de mayo, en las elecciones europeas, en las que esas formaciones de corte xenófobo, racista, aislacionistas, parecen caminar con el viento a favor.

Insisto. Lo grave no es ya que existan esas formaciones, que aparezcan ahí donde no existían como tales (nuestro caso Vox). Lo peor es esa contaminación de la lógica que exhiben sin complejos, políticos como Salvini. Claro que algunos de los gobiernos europeos, como el gobierno holandés, parecen dispuestos a dejarse contaminar sin poner mucha resistencia. Y por eso me parece preocupante una deriva en la toma de posición del Gobierno Sánchez que, tras haberse erigido en el mayor contrapeso del modelo Salvini, ahora se diría nada reluctante a sus tesis.

Seguramente influye en este giro la conciencia de que su primera toma de posición sobre la necesidad de organizar un sistema coordinado y seguro por parte de los Gobiernos europeos para el rescate y desembarco para las personas que se encuentran en peligro en su arriesgado viaje hacia Europa (una posición humanitaria, no lo olvidemos, pues nunca fue una alternativa de política migratoria y de asilo) es hoy una opción aislada: ya no cuenta con el más o menos tibio apoyo que había obtenido inicialmente por parte de los gobiernos de Macron y Merkel, significativamente de perfil en los últimos casos de rescate de náufragos por barcos humanitarios.  

Influye también, probablemente, la arremetida de la derecha, que huele sangre gracias a la manipulación habitual de la cuestión migratoria ante las inminentes citas electorales. Es decir, parece haberse impuesto entre una parte de los spins doctors del Gobierno el tópico asentado, la profecía del miedo, que pronostica una segura pérdida de votos si se defiende una política migratoria no ya de puertas abiertas (que nunca fue ese el propósito del Gobierno Sánchez, pese a los malintencionados rumores), sino simplemente basada en la prioridad de los derechos y en la tentativa de medidas europeas, es decir, de la existencia de un plan si no obligatorio, conjunto, multilateral, por parte de los Gobiernos de la UE.

Ciertamente, resulta difícil aceptar esta inflexión en la política migratoria y de asilo del gobierno, que se manifiesta ahora en tres líneas de acción.

La primera, la negativa a entrar en repartos multilaterales de las personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central, tal y como se concreta palmariamente en el caso del Sea Watch-3. La segunda, en los obstáculos a las ONGs que organizan acciones de rescate en el Mediterráneo: véase las excusas de leguleyo exhibidas por el Ministerio de Fomento para impedir la salida de puerto de los barcos Open Arms y Aita Mari, que pretenden trabajar en las tareas de rescate de náufragos en esas aguas, próximas a las costas libias (cfr. https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/01/18/el_gobierno_deniega_permiso_otro_buque_deja_mediterraneo_vacio_barcos_espanoles_que_rescatan_migrantes_90924_1012.html). Un trabajo aún más necesario hoy, precisamente porque ya no quedan barcos de Organizaciones humanitarias en esas aguas, salvo el mencionado Sea Watch-3. Y, en tercer lugar, de la mano del ministro del Interior, el magistrado Grande-Marlaska, en la adopción como objetivo prioritario de una batalla por conseguir que Bruselas dote de más fondos al Gobierno marroquí, de acuerdo con la más vieja lógica de externalización del control migratorio. Ello, hasta el punto de cinismo que exhibió la Secretaria de Estado de migración en Bruselas, la Sra Rumi, que, interrogada por los periodistas acerca de las denuncias de ONGs a Marruecos por violaciones de los derechos humanos, respondió, sin complejos: “¿quién dice que Marruecos no cumple los derechos humanos? Eso lo dirá Vd” (https://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion/Gobierno-vulneracion-Marruecos-Bruselas-Rabat_0_859864300.html).


El Gobierno español debe reaccionar, si no quiere que se le pueda aplicar el duro diagnostico sobre la izquierda italiana que hacía en 2018 el jurista italiano especializado en migraciones, Gianfranco Schiavone: “la inerte corriente de centroizquierda italiana apoyó y asumió un enfoque político-cultural que no correspondía siquiera a la política de los partidos de derecha, sino de la extrema derecha…La izquierda italiana, que durante años ha sido incapaz de producir su propia idea política acerca de la migración, ha terminado por canibalizarse a sí misma, ofreciendo un horrible espectáculo. No es un error táctico ni estratégico: se trata de algo más serio y profundo, que podría tener nefastas consecuencias a largo plazo”. Ojalá reaccionen. Aún están a tiempo.

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 23.01.2019

Gracias, querido José Manuel Rodríguez Uribes, coeditor, por la deferencia de cederme la intervención en nombre de los coordinadores y de los autores del libro que presentamos esta tarde.

Quiero agradecer a la Directora del CEPC, la profesora Yolanda Gómez, su cordial hospitalidad. Difícilmente podíamos aspirar a un lugar más adecuado para presentar un libro como éste, Derechos humanos y Constitución, y eso vale todo nuestro reconocimiento.

Por supuesto, reitero también nuestro agradecimiento a la Dra Camen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, constitucionalista de acreditada trayectoria y de quien depende orgánicamente el Centro, por haber aceptado clausurarlo.

Desde luego, no sería justo que dejara de expresar el reconocimiento de los autores del libro a D Salvador Vives, director general de Tirant lo Blanch. Y ello porque, si pudimos plantearnos esta obra, fue por la iniciativa que nos planteó personalmente Salvador Vives a los dos directores de Institutos de derechos humanos de Universidades públicas, la Universitat de València y la Universidad Carlos III de Madrid, que éramos entonces (estoy hablando de finales de octubre de 2017) Jose Manuel Rodríguez Uribes y yo mismo. La editorial ha hecho un esfuerzo específico para una línea de publicaciones con motivo del 40 aniversario de la Constitución, con títulos de gran prestigio. Es de agradecer, no ya sólo como profesores e investigadores que hemos encontrado la oportunidad de publicar nuestras reflexiones con motivo de esta conmemoración, sino simple y llanamente como ciudadanos.

Eso no quiere decir que el libro sea una <apología constitucionalista>, si me permiten la expresión. No podía serlo, ante todo, por respeto a la libertad académica y de crítica de los cuarenta autores. Pero es que tampoco ese fue nunca nuestro propósito.

Los coordinadores de este libro teníamos un claro punto de partida: jamás en nuestra historia hemos contado con un período semejante de reconocimiento de derechos humanos y constitucionales. Sí. Está justificada la dimensión de celebración del aniversario de la Constitución de 1978, que abrió el período más amplio de convivencia plural, desde un marco de garantía básica de derechos y libertades como jamás hemos conocido en la historia de España. ¿Significa eso que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Por supuesto que no. Ante todo, porque a lo largo de estos cuarenta años es evidente la existencia de déficits, incluso importantes, a la hora de garantizar de forma efectiva y equitativa estos derechos a todos los ciudadanos. Además, porque nunca se puede dar por acabada, por asentada, la lucha por este reconocimiento y garantía.

Los juristas y, si se nos permite decirlo, aquellos que tienen, tenemos como campo de trabajo –de docencia y de investigación- los derechos humanos y fundamentales, llevamos bien aprendida la lección de Ihering y sabemos que los avances en derechos se consiguen siempre mediante la lucha constante por ellos.

En ese sentido permítanme que reconozca cuán inspiradora me pareció la intervención de la congresista norteamericana Alejandra Ocasio-Cortez, en la reciente edición de la Marcha de Mujeres, en Nueva York, el sábado pasado; manifestaciones que no son sólo marchas anti Trump, sino mucho más: un impulso social, jurídico y político que enlaza y renueva el movimiento de derechos civiles. Creo que representa bien las convicciones de muchos de nosotros sobre cómo entender esa encarnación histórica de la justicia que son los derechos humanos y cuáles son hoy las prioridades. Así lo proclamaba Acasio-Cortez, quizá con ingenuidad, aunque yo prefiero pensar que con el genuino sentimiento de justicia que es el alma de la lucha por los derechos (incluso cuando yerran, como nos recuerda el Michael Koolhas de von Kleist, al que tanto recuerdo en estos momentos de gilets jaunes y taxistas…):

“Justice is not a concept we read about in a book.

Justice is about the water we drink.

Justice is about the air we breathe.

Justice is about how easy it is to vote. Justice is about how much ladies get paid,” 

“Justice is about making sure that being polite is not the same thing as being quiet. In fact, oftentimes the most righteous thing you can do is shake the table.”

Claro que esa lucha no es sólo confrontación social. Porque también se lucha por los derechos aplicándose en su pedagogía, en el debate abierto y en la investigación.

Reivindicamos precisamente esa dimensión de docencia e investigación, que va más allá de la información, de la formación básica y especializada y de la transferencia de conocimientos en lo que nos gusta llamar cultura de los derechos y que consideramos base imprescindible para la tarea política por excelencia, esa permanente paideia que es la formación crítica de la ciudadanía. Sin el conocimiento de los derechos de los que son titulares, sin la conciencia de que su condición de señores del Derecho, de señores de los derechos, compromete a los ciudadanos en una actitud de vigilancia, de control y de ejercicio que va más allá del mero uso y disfrute de los mismos, no hay ni Estado de Derecho ni democracia que no se degraden. La cuestión, pues, es mantener despierta esa disposición.

En este sentido, instrumentos como los Planes nacionales de derechos humanos pueden ser usados para fomentar la cultura y la conciencia de los derechos, de la necesidad de luchar por ellos. Saludamos como una magnífica noticia la decisión del Gobierno, que acabamos de conocer, de poner en marcha un segundo Plan de Derechos humanos, desde el marco de la Agenda 2030. Y pediremos que entre los objetivos de ese plan se encuentre la docencia, desde secundaria, de los derechos humanos, un instrumento de docencia no sólo acorde con los requerimientos de UNESCO, de la ONU, sino mucho más asequible y concreto, más útil a nuestro juicio para desarrollar una conciencia ciudadana crítica, que el de introducir asignaturas sobre valores o principios éticos, siempre difíciles de concretar en una sociedad plural. La ética pública común son los derechos humanos. El respeto al otro, a la pluralidad, desde la igual libertad, se aprende mejor con esa enseñanza de los derechos: estamos convencidos. Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito en las propuestas dirigidas a la ministra de Educación a este respecto, pero no cejaremos.

Los autores, insisto, estamos convencidos de que mantener despierta esa disposición significa, en nuestro caso, seguir investigando para comprender y hacer progresar el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos humanos y fundamentales. No buscamos “la verdad”, las leyes necesarias de la experiencia o de la lógica, que no existen en este terreno. Tratamos de mejorar la satisfacción de necesidades a través de los derechos y también buscamos cómo responder a los desafíos que comporta la aparición de nuevas necesidades y de nuevas amenazas o riesgos para su satisfacción.

Por eso, propusimos a un nutrido grupo de investigadores la elaboración de un estudio que planteara no sólo la situación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución sino sobre todo sus perspectivas de futuro. En el libro colaboran también destacados constitucionalistas y iuspublicistas. El objetivo es contribuir al debate sobre las prioridades a reconocer y proteger, incluso, a incluir desde la Constitución española que cumple 40 años y que requiere un impulso que, probablemente, exige reformas, que no sólo responden a profundos cambios en el contexto social, sino sobre todo para atender a necesidades sociales, a nuevos problemas y a perspectivas ideológicas que difícilmente tenían cabida en 1978.

Todo esto explica la metodología que seguimos para responder a la propuesta de Salvador Vives. Era perfectamente posible seguir el camino de la exégesis jurídica, esto es, un comentario de todos y cada uno de los artículos del título primero de la Constitución, consagrado a los <derechos y deberes fundamentales>. Sin embargo, preferimos otro planteamiento que diera cuenta de los derechos sobre todo en clave de futuro, como programa a desarrollar, como propuesta inacabada, en permanente construcción y adaptación al contexto, a las necesidades concretas.

Antes de hablar de los derechos, desde luego, era necesario situar (I) El modelo constitucional. Esa es la razón de los capítulos que firman los reconocidos constitucionalistas el profesor Javier García Fernández y el profesor Guillermo Escobar, que realizan ese análisis no sólo en clave de balance de lo realizado sino también, como se verá en el resto del libro, con la mira puesta en su evolución, en las posibilidades de que sigan siendo critrios de solución en el futuro. Pero también es necesario explicar la relación entre la prioridad de los derechos y el modelo de democracia participativa propio de nuestra Constitución, algo de lo que se ocupa otro prestigioso constitucionalista, el profesor Miguel Presno.

El modelo constitucional de derechos implica asimismo una apuesta por (II) Los valores y principios constitucionales, cuya garantía y desarrollo no es una cuestión neutra –<técnica>, como dirían algunos- sino que nos comprometen a todos, a los poderes públicos y a los ciudadanos. Se trata de la igualdad, la libertad, la seguridad, la justicia y la solidaridad. Encargamos su examen a nuestros colegas María José Añón, Rafael Escudero, Jesús Ignacio Martínez García y Fernando Llano. Además de esos principios, a nuestro juicio, hay otro que inspira y -bien entendido y desarrollado- ofrecería un fundamento coherente con la universalidad para la acción de reconocimiento de los derechos, el de laicidad, del que se ocupa el propio profesor Rodríguez Uribes. Y también consideramos vinculado al principio de libertad el análisis de la función de la pena en un Estado garantista de Derecho, algo que es analizado por la profesora Vicenta Cervelló.

La cuestión de (III) Los sujetos de los derechos contemplados en la Constitución exige tener en cuenta algo que no podían contemplar los constituyentes, esto es, la dimensión europea presente en el reconocimiento y garantía de los derechos, tal y como explica el profesor Félix Vacas y, asimismo, una cuestión clave en el modelo de democracia inclusiva: la extensión de la condición de sujeto de derechos a los extranjeros hasta la posible plena equiparación, un problema que es estudiado por la profesora Angeles Solanes. Hay otros dos aspectos relacionados con este bloque, la aparición de nuevos sujetos de derechos, cuestión que es abordada por el profesor Oscar Pérez de la Fuente. Además, los niños no son, no deberían ser una nueva categoría de derechos, pero sería ingenuo dejar de reconocer que su consideración como tales, la prioridad de la defensa del interés del menor, es una conquista reciente que no se contemplaba suficientemente en el texto constitucional: de ello se ocupa un especialista como es el profesor Ignacio Campoy. Por ultimo, en este tercer apartado, prestamos atención a la emergencia de un principio que se erige como contrapeso al límite del principio de igual soberanía de los Estados y su correlato de no intervención, cuando nos encontramos ante algunas grave violaciones de derechos humanos, tal y como ha definido la Convención de Roma. Nos referimos al novedoso instituto de la jurisdicción universal, que es estudiado por un especialista no sólo teórico, sino en su práctica ante los tribunales, el profesor Jose Elías Esteve.

En lo que se refiere al estudio de algunos de los derechos que nos han parecido particularmente relevantes desde el punto de vista de la evolución de su reconocimiento y protección, -insisto, también como programa de futuro-, encontramos en un primer grupo los trabajos de los profesores Cristina García Pascual, Angel Pelayo, Juan Carlos Carbonell y Silvina Ribotta sobre diferentes aspectos del (IV) derecho a la vida y a la integridad física: del aborto y los derechos reproductivos, a la pena de muerte, la eutanasia o la tortura. Por su parte, los profesores Oscar Celador, Javier Ansuátegui, José Martínez de Pisón, Teresa Picontó y Rosario Serra abordan problemas relacionados con derechos emblemáticos desde el punto de vista de (V) Derechos indicadores de calidad democrática: la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión (y la vexata quaestio de los delitos de odio), el derecho a la educación, el derecho al matrimonio y a la familia, y los derechos de las minorías en la democracia parlamentaria.

El bloque (VI) Sobre los derechos sociales, particularmente castigados en la gran depresión a la que ha tenido que hacer frente de forma particularmente dolorosa nuestro país en los últimos diez años, comienza con dos estudios que tratan de encuadrar el contexto social, político e ideológico del actual debate sobre los derechos sociales: el estudio de la profesora Belén Cardona sobre el futuro del derecho al trabajo y de los derechos sociales y el de la profesora Maria José Fariñas sobre la economía de mercado y el modelo constitucional. Los profesores Carlos Lema, Maria José González Ordovás y José Calvo abordan la discusión de tres derechos emblemáticos a este respecto, el derecho a la salud, a la vivienda y a la cultura.

La última parte del libro aborda (VII) Nuevos problemas, nuevos derechos. Comienza con dos estudios relacionados con el parteaguas que ha supuesto el 8 de marzo de 2018, no sólo en nuestro país, pero desde luego en él.

El primero, la apertura de la concepción de los derechos a la visión ecofeminista, que es planteada por la profesora Eugenia Rodríguez Palop. El ecofeminismo es una perspectiva nueva, que no existía en 1978 en nuestro país y apenas en el mundo, y que debemos a avances doctrinales en el seno del feminismo académico y político (no del feminismo como concepción de la igualdad, una concepción sin la que son imposibles la democracia y los derechos) y del ecologismo y la toma de conciencia de la prioridad del objetivo de desarrollo sostenible sin el que no tiene sentido la lucha por los derechos porque simplemente no habrá vida que defender. Eso es la Agenda 2030, en definitiva.

Además, la discusión de un auténtico problema social y de Estado, que muestra la brecha que afecta a la igualdad de derechos de las mujeres, la protección frente a la lacra de la violencia de género, estudiada por el profesor Manuel Calvo. Los déficits en el reconocimiento de derechos en situaciones de discapacidad y dependencia y la necesidad de respuestas específicas son objeto de estudio por las profesoras Patricia Cuenca y Maria del Carmen Barranco. Los derechos de las víctimas, en particular desde el punto de vista de un hecho que marca la historia de nuestro país, la represión que desató el franquismo ya desde el final de la guerra, son abordados por el profesor Javier Dorado. La nueva y vieja discusión acerca del derecho a la objeción de conciencia y de la desobediencia civil como derecho o como estrategia política es analizada por un filósofo del Derecho que ha reflexionado de forma continuada sobre diferentes aspectos de la cuestión, el profesor Eusebio Fernández. El debate sobre el impacto de la robótica y de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de reconocimiento de los derechos constituye la contribución de uno de los iusfilósofos que ha dedicado en los últimos años mayor atención a estas cuestiones, el profesor Rafael de Asís. Finalmente, la profesora Ramón Chornet, que fue pionera en las Facultades de Derecho de nuestro país en la introducción de cursos sobre los derechos de los animales no humanos ofrece una reflexión sobre esta cuestión, que se afirma progresivamente como una frontera a superar en la lucha por el reconocimiento de los derechos.

Decíamos al comienzo de esta presentación que nuestro propósito no era sólo ni aun primordialmente el de la celebración, sino también y sobre todo el de ofrecer pistas sobre las tareas que debemos afrontar la etapa que se abre ahora en la lucha por los derechos desde esa referencia que es la Constitución española de 1978. Un texto que, sin duda, deberá experimentar transformaciones en los aspectos señalados y en otros que no hemos podido examinar aquí. Un marco normativo que, con las necesarias revisiones, debe seguir siendo útil para el desarrollo de una convivencia plural e inclusiva, para gestionar la egalibertad de todos.

 

 

 

ESTRATEGIA FRENTE A LA NARRATIVA TÓXICA: EL EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS, Pensamiento Crítico, enero 2019

Mojar las palabras en veneno El Diccionario Oxford ha elegido “tóxico” como palabra del año 2018. Bastaría un repaso a lo que se ha escrito en estas últimas semanas acerca de la degradación del teatro político para darle la razón. Y eso si concedemos, que ya es mucho tragar, la entronización de la dimensión espectáculo sobre la de argumentación, como expresión prioritaria en lo público. En realidad, esa extensión de la ponzoña es una perversión del lenguaje que va mucho más allá de los escenarios de la política profesional y que venimos aceptando sin reacción suficiente, entre la resignación ante lo inevitable y la indiferencia de las élites que se creen a salvo de esos excesos y la consideran una moda pasajera, un sarampión como el de tantos otros adanismos. Recomiendo a quien quiera un análisis en profundidad la lectura de un ensayo reciente de mi compañera de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo-Paúl, Tiempos de hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político. Como explicaba el mismo Oxford Dictionary en la justificación de la elección de la palabra del año, tóxico tiene su raíz en el griego τοξικον φαρµακον (tóxikon pharmakon), veneno para las flechas. Pues bien, creo que es en eso en lo que estamos, en envenenar los dardos que son los mensajes, las palabras. Pareciera, por ejemplo, que las redes sociales llevaran consigo esa tentación irresistible de la pérdida del respeto como condición de toda conversación, una consecuencia que no puede ser atribuida sólo al anonimato de tantos de sus protagonistas, puesto que la observamos a menudo entre quienes actúan a cara descubierta. En cualquier caso, lo cierto es que el veneno circula con rapidez y se extiende en todos los ámbitos. La 2 no, como era el caso, para una buena parte de la población, reducida a la vieja condición de siervos. Es una falacia que se repite hasta ser aceptada: confundir el hecho de la diferencia con la respuesta normativa que consiste en la desigualdad. Es decir, utilizar la diferencia como coartada para justificar que esos diferentes, esos otros, no son ni pueden ser tratados como iguales en derechos, ni tampoco son ni pueden ser sujetos de las decisiones políticas, ciudadanos, soberanos. Para vencer el discurso tóxico sobre las migraciones: una estrategia en tres etapas Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro. Hablo, claro, de políticas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Hablo de ese discurso sobre los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público. Para erigir la barrera del respeto frente a esta narrativa tóxica, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes. Propongo tres etapas en esa estrategia El primer paso es una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas cinco concreciones: a) Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur. b) Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o la red antirumores frente a estereotipos de migraciones, organizada por la Junta de Andalucía ( https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politica s-migratorias/redantirumores.html). 3 c) Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación. d) Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad de non refoulement, de vías de acceso seguras y legales e) Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio. Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas racializadas pueden y deben tener voz. Que los blancos debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo. En segundo lugar, necesitamos iniciativas concertadas entre las sociedades de origen, de tránsito y destino y los propios inmigrantes, y basadas en la prioridad que es la garantía de los derechos. Es decir, medidas que desarrollen el vínculo entre democracia, derechos y desarrollo sostenible como punto de partida del pilar internacional de toda política de migraciones. Un vínculo que, a mi juicio, ha de evitar tres riesgos que guardan una estrecha relación. El primero, el del paternalismo que ha caracterizado a buena parte de los instrumentos de políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, herramientas diseñadas apriorísticamente por los donantes, como si los países receptores vivieran en un estadio de minoría de edad. El segundo, el del neocolonialismo que concibe las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo como un medio para la expansión de los intereses económicos y geoestratégicos, tanto los del Estado, como los de sus empresarios; por ejemplo, cuando se condiciona la ayuda al cumplimiento de cuotas de policía en relación con prácticas de externalización de fronteras. El tercero, el de la complicidad -si no la incentivación- del circuito de corrupción que involucra a las élites de los países a los que se compra y corrompe so capa de prestar la cooperación: porque esas élites corruptas de los países destinatarios de tales políticas de ayuda y contra las que claman no pocas veces, con razón (basta ver el caso de Guinea ecuatorial o incluso el de Palestina) las críticas de derecha contra ese modelo de políticas solidarias, se corrompen también porque hay corruptores, y nosotros, tristemente, desempeñamos ese papel. Si se trabaja bien esas etapas, podremos pisar terreno seguro para el tercer y necesario paso: el de reconocer a quienes ya están aquí asentados la misma capacidad de decisión a la hora de adoptar las decisiones políticas que la obligación que les exigimos, cumplir con el deber de sufragarlas con los impuestos que pagan. Una vez 4 más, no a los neocolonialismos, a las fronteras interiores sobre las que ya advirtiera Balibar: no taxation whitout representation. Ese objetivo es el que describía la fórmula Inmigration for Citizenship, al que se encaminaba con carácter prioritario el modelo de políticas de migración canadiense anterior a la administración Harper, pero que no ha sido suficientemente recogido, a mi juicio, en la actual administración Trudeau (cuya política de refugiados es incontestablemente un referente mundial). A esos efectos, necesitamos recuperar o, mejor, volver a definir políticas de acogida y gestión de la presencia estable de los inmigrantes, que tengan en cuenta ante todo la exigencia de darles voz, escuchar sus necesidades, sus expectativas y propuestas, en términos de igual libertad con la que se reconoce a los nacionales. Y eso supone, por ejemplo, recuperar dos medidas en las que vengo insistiendo desde que en junio llegó al Gobierno el Presidente Sánchez. La primera, recuperar la dotación presupuestaria del Fondo de acogida e integración dirigido a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (creado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y luego reducido a mínimos al socaire de la crisis y anulado desde el primer momento por el Gobierno Rajoy), que son las administraciones más próximas a los inmigrantes con presencia en nuestro país y por tanto las que deben afrontar en primer lugar las tareas de servicios sociales y de ayuda para derechos sociales básicos, incluida la formación en el empleo, en la lengua y la ayuda a la vivienda, por ejemplo. La segunda, la reformulación de lo que se denominó Plan de Ciudadanía e integración y que vivió el mismo proceso de desaparición que el Fondo. Porque ese es el objetivo que permitiría gestionar la movilidad migratoria en beneficio mutuo de todos los actores implicados. Se trata de hacer posible reconocer como nuevos ciudadanos a los inmigrantes que tienen la voluntad de asentarse establemente en nuestro país, sin condicionar ese reconocimiento a exigencias de asimilación cultural y de costumbres, a peregrinos test de conocimiento que muchos nacionales no superarían. A mi juicio, debe bastar con dos requisitos, la voluntad acreditada por el hecho de residir y trabajar de modo estable, en un plazo a determinar (tres, cinco años), y la voluntad manifiesta de adquirir una competencia lingüística que les permita comunicarse en la lengua de uso común en nuestro país. Todo ello se resume en la fórmula por la que vengo, venimos, luchando desde hace decenios: hacer accesible la ciudadanía por vecindad y no por nacionalidad. Porque, a mi juicio, a esos aspirantes a ser nuevos ciudadanos debemos atribuirles la misma presunción favorable que a los nacionales, esto es su disposición a cumplir las leyes, los deberes, como todos los ciudadanos, una presunción que sólo se desvirtúa si hay una sentencia firme que establezca que las han infringido. Porque, en mi opinión, no hay nada que justifique imponerles un plus de lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico, respecto a los nacidos aquí. Nadie lo lleva en sus cromosomas. Todos aprendemos a conocer el principio de respeto al Derecho y a adquirir la disposición de ajustar nuestra vida a esas reglas comunes de juego, que nos reconocen una presunción favorable de libertad, que no se destruye por un prejuicio repetido, sino sólo por una decisión judicial firme, tras un proceso con garantías.

LA JUSTICIA UNIVERSAL, EN SERIO (CONTRA LA VERSIÓN 2.0 DE LA REFORMA DE 2009. JOSE ELIAS ESTEVE/JAVIER DE L UCAS

Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.

La batalla por mantener ese ámbito de impunidad se hace más dura cuando no se trata sólo de someter al control judicial eso que eufemísticamente se llama cloacas del Estado, sino de reducir e incluso eliminar la existencia de zonas institucionales de alegalidad, el lado oscuro pero inevitable -al menos tendencialmente- del poder. La razón es obvia: el oxímoron de la alegalidad institucional, supuestamente exigido en aras del realismo político (en el colmo de la desfachatez, hay incluso quien lo considera el precio que ha de pagarse por mor de la ética de la responsabilidad) es un cáncer letal para el Estado de Derecho.  Por eso, no se trata sólo de hacer controlable a posteriori el ejercicio desviado, el abuso de poder.  El proyecto en el que encaja la justicia universal es más ambicioso y tiene que ver con una lógica jurídica, la que, entre otros, ha teorizado Luigi Ferrajoli como lógica expansiva del Estado constitucional, del constitucionalismo, que no puede dejar de instalarse en al ámbito del Derecho y de las relaciones internacionales, desarrollando tesis de raíz kelseniana.

El proceso recorrido en esa lucha del Derecho contra la impunidad que es la justicia universal, tiene etapas muy conocidas. Su línea argumental viene señalada en la propia sentencia del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores que, en el juicio sobre la extradición del dictador chileno advertía que “el Derecho Internacional estipula que los crímenes de ius cogens, entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución”. Con este mismo espíritu, en el verano del 2002, se ponía en marcha el Tribunal Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma asegura que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Y siendo así, el mismo tratado internacional -del cual España es parte- recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

Nuestros tribunales, apoyándose en el Derecho internacional y en la redacción original del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporaron esa lógica jurídica y convirtieron a nuestro país en una referencia internacional en la lucha contra la impunidad. Ahora bien, cuando los criminales perseguidos, en lugar de ser líderes genocidas ruandeses o guatemaltecos, como Efraín Ríos Montt, pasaron a ser gobernantes de grandes potencias, hicieron saltar las señales de alarma en los ejecutivos de turno. Así, a principios del año 2009, la entonces Ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, exigía al ejecutivo de Zapatero el archivo de la investigación abierta por los crímenes cometidos en una ofensiva militar en la Franja de Gaza y se permitía anunciar una reforma legal del marco jurídico español de la jurisdicción universal (de un tercer Estado, como España!!). Poco después, desde Beijing, los líderes del Partido Comunista Chino apremiaron a adoptar medidas “inmediatas y eficaces” para cerrar cuanto antes la “falsa querella” que acusaba a mandatarios del Politburó de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en el Tíbet. Simultáneamente, como hemos sabido también después, gracias a la difusión de los cables diplomáticos estadounidenses en el affaire Wikileaks, ministros españoles visitaban la Embajada de Estados Unidos en Madrid para tratar de atender las peticiones de Washington que protestaban sobre el avance de las instrucciones de la Audiencia Nacional en casos como los vuelos de la CIA, torturas en Guantánamo o el asesinato en Bagdad del periodista español José Couso. Por cierto, a la sede diplomática de la Calle Serrano también acudió en ese contexto el entonces Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, que adoptó una actitud beligerante en la exigencia de rebajar ese standard de justicia universal incorporado por los tribunales españoles.  

Ese baño de presiones diplomáticas, sumado a la argumentación realista esgrimida desde no pocos sectores de la política y la judicatura, condujo en mayo de 2009 al acuerdo de PSOE y PP que consensuaron la primera reforma del principio de la jurisdicción universal a través de la Ley Orgánica 1/2009, una reforma legal dirigida en principio a otro objetivo, pues venía referida a otra cuestión, la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. En aquel contexto, unos y otros aseguraban que la enmienda del artículo 23.4 LOPJ afianzaría de forma más sólida (por más realista) el compromiso con la justicia universal, y no provocaría un retroceso. Así lo manifestó públicamente  la eficaz Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que coordinaba los contactos del Gobierno español con la embajada norteamericana.

Más allá de estas declaraciones de intenciones, lo cierto es que como consecuencia de ese “compromiso”, la fiscalía solicitó con celeridad el archivo de las causas contra dirigentes israelíes, chinos o norteamericanos. En efecto, la reforma del 2009 de la jurisdicción universal imposibilitó continuar con las investigaciones en las que no concurriera -de forma subsidiaria- uno de los nuevos requisitos exigidos: existencia de víctima española, residencia en territorio nacional del querellado o “vínculo de conexión relevante con España”. Por cierto, a ese respecto, cuando se archivó el caso Tíbet, la representación jurídica de la demanda inquirió a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo si las relaciones comerciales y económicas con China podían constituir ese vínculo de conexión relevante con nuestro país. Los jueces guardaron silencio sobre este particular. Años después, el ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, García Margallo, admitió sin complejos que el 20% de la deuda pública en manos de China había provocado la segunda gran reforma de la jurisdicción universal, la de 2014: un cambio legislativo que supuso la derogación de facto de la justicia universal, ya que condiciona la persecución de los graves crímenes internacionales a “ que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”, circunstancias acumulativas de imposible concurrencia en la práctica.

Las informaciones disponibles permiten suponer que el PP de Casado, junto a Ciudadanos y el PSOE, pretenden llegar hoy a un consenso que nos devuelva una suerte de versión 2.0 de la justicia universal del 2009. Una versión que, por lo que se conoce, puede calificarse al menos de edulcorada y a la que no sería ajena la perspectiva realista que mantiene la asesoría jurídica del Ministro de Asuntos Exteriores, que sigue dirigida por quien nombró el PP en enero de 2018. A nuestro juicio, ese realismo esconde una vez más una posición conservadora, si no francamente retardataria.

Ese proyecto de resucitar la reforma de 2009 parece en abierto contraste con los objetivos proclamados por el Gobierno Sánchez y muy en concreto desde la cartera de Justicia, que consistían en recuperar e incluso ampliar el ejercicio efectivo de la Jurisdicción Universal conforme a su sentido en Derecho internacional. Así lo ha reclamado también públicamente la plataforma de la sociedad civil recién constituida, justiciauniversalya.com. Es más, resulta inadmisible que un dictamen de la Asesoría Jurídica de Exteriores, que supuestamente debe esgrimir motivaciones legales en sus razonamientos, fundamente su rechazo al borrador de Justicia esgrimiendo que éste, “introduce elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales de los Estados”. En otras palabras, el clásico argumento de la razón de Estado según el cual “una política exterior viable” está por encima de los derechos humanos. Afrente a esa posición, preguntamos si el Derecho penal internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, se han redactado para defender la razón de Estado o para proteger a los ciudadanos más desprotegidos de la comisión de horrendos crímenes internacionales. ¿Cuáles son los intereses que debe proteger en este ámbito ley internacional? ¿la del Estado soberano junto con su deuda pública y las inversiones de las grandes corporaciones o las de las víctimas de torturas, genocidios o crímenes de guerra? Kissinger lo tenía claro, y parece que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores también.

Con todo, debe asimismo ponerse de manifiesto que esta propuesta no sólo confunde el principio de jurisdicción universal con otros principios de extraterritorialidad de la ley penal, como es el de la legitimidad pasiva, sino que manipula los genuinos intereses de las víctimas. En efecto, el dictamen asegura que el pleno ejercicio de la jurisdicción universal, con los “serios problemas prácticos” que acarrea, conduce a una “decepción para las víctimas”. Nos preguntamos con cuántas víctimas palestinas, tibetanas o saharauis se ha reunido el gabinete jurídico de Exteriores para llegar a dicha conclusión. Al margen de haber convivido durante décadas con ellas, es fácil intuir sus sentimientos, cuando, por ejemplo, con ocasión de la reforma del 2009 se archiva el caso de los crímenes de guerra cometidos por militares israelíes o el de los crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo tibetano en plena celebración en 2008 de los Juegos Olímpicos en Beijing. No creemos que la decepción para las víctimas de la Franja de Gaza fuera continuar con la instrucción del asunto, a pesar de los innegables obstáculos legales que deben soportar y que fundamentalmente proceden de la fiscalía, sino más bien todo lo contrario. ¿Pueden imaginar el rostro de “decepción”, frustración y rabia de las madres de los palestinos asesinados cuando tras el archivo y publicación de esa reforma, Simon Peres le daba públicamente la enhorabuena a nuestro entonces Presidente Zapatero en su visita oficial a Israel por dicha reforma legal? ¿o los sentimientos de la joven tibetana Dolma Palkyi, superviviente en la travesía al exilio por los altos pasos del Himalaya, que fue testigo del asesinato a tiros por los guardias fronterizos del Ejército Popular de Liberación de su amiga Kelsang Namtso? Difícilmente pueden imaginar tanto dolor y sufrimiento infringido quienes desde sus mullidos sillones del Ministerio son ajenos a estas tragedias y pierden la perspectiva del propósito último y humanizador del Derecho de Gentes. Insistimos, un Ius Gentium en el sentido que hoy se trata de defender, no el de las viejas naciones, los Estados o las grandes corporaciones, sino de las personas, los ciudadanos. Una vez más debe remarcarse que el Derecho Internacional debe proteger la soberanía, “pero la soberanía del pueblo, y no la del soberano”, como precisa el internacionalista de la Universidad de Yale, W. Michael Reisman.

A nuestro juicio, un gobierno progresista no puede ni debe renunciar a situarse en una posición de firme defensa y garantía de los valores que sostiene la Unión Europea, en clara asunción de los principios y normas de la legalidad internacional. La coherencia más elemental exige el valor de rechazar convertirse en rehén de los chantajes de regímenes autoritarios, dictatoriales o de las grandes corporaciones. Por supuesto, somos conscientes de que aquí, como en otros escenarios que preocupan a la opinión pública, el difícil equilibrio entre valores jurídicos y políticos e intereses nacionales (sí, aceptamos que no se trata sólo de planteamientos espúreos) alcanza el máximo grado de tensión. Pero frente a la óptica del corto plazo que parece dominar entre los spin doctors y gabinetes de comunicación de nuestros responsables políticos, frente a los innegables costes que pueden significar decisiones coherentes con la legalidad internacional, sugerimos la mirada del medio y largo plazo, en la que el coste contrario, el de sacrificar la coherencia con esa legalidad, con nuestra condición de miembros del proyecto europeo, se muestra letal. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que no sólo nuestro país, sino la UE y occidente estamos pagando por la aventura en Iraq: una lección que, por cierto, se mide también en intereses contantes y sonantes.

 

UN BALANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 2018, PARA H25 (CADENA SER)

 
 
 
    •  
     
     

 

Nos han pedido a los tertulianosde H25 que hagamos balance de algunos temas. A mí me ha tocado tratar de hacer balance de la situación de los derechos humanos. Y esto es lo que he respondido
¿Me preguntan por los Derechos humanos en 2018?
Déjenme que recuerde algunos datos
En España, en 2018,
• 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018; 972 desde enero de 2003,
• El 30% de niños es pobre
• Cada hora se producen 4 desahucios.
En el mundo, en 2018,
40 millones de personas se han visto obligadas a huir de su país debido a desastres climáticos
Más de 10000 rohingya masacrados y más de 800.000 han tenido que abandonar sus hogares.
La caravana migrante es rechazada y gaseada por Trump…

Todo eso es verdad, como nos recuerdan los realistas, sí. Pero ahora escuchen estos nombres
• Aquarius. Nuestra Señora del Loreto.
• MSF y Medicus Mundi.
• Los bomberos de Proemaid.
• El médico congoleño Denis Mukwege.
• La activista y superviviente iraquí Nadia Murad.
• El padre de tantos menores no acompañados y cabeza de PRODEIN, Pepe Palazón.
• Los periodistas que se dejan a veces la vida por el objetivo de una información libre y fidedigna.
• Tantos profesores y estudiantes que trabajan día a día por crear una cultura de los derechos.
• Y decenas, centenares de miles de personas anónimas: los voluntarios de CEAR, Cruz Roja, la red Acoge, Caritas…

Por esos nombres, por tanta gente, sigo pensando que el balance no puede ser negativo, que los derechos humanos no son palabrería, mientras, como ellos, cada uno de nosotros se comprometa a luchar por los derechos de los otros: cada uno, como pueda. Sin alharacas. Con esperanza.

 
 
 
 

Felicitación de año nuevo 2019 Imagen Two Girls Lying in the Grass, John Singer Sargent, 1889

Two Girls Lying in the Grass (1889), John Singer Sargent (MOMA, N.York)

 

 

El padre de la moderna poesía norteamericana, Walt Whitman, nació el 31 de mayo de 1819. En 2019 se cumple, pues, su segundo centenario. Es una buena ocasión para abrir el año con los versos del Canto I de Song for Myself (Canto a mí mismo), de la inmortal Leaves of Grass (Hojas de hierba), edición de 1892), en la original y magnifica versión castellana de León Felipe

 


I celebrate myself, and sing myself,

And what I assume you shall assume,

For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loafe and invite my soul,

I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

 

Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago… e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío


 

Mis mejores deseos para 2019

Javier de Lucas

LAUDATIO EN LA ENTREGA A SAMI NAIR DEL IV PREMIO INTERNACIONAL HUMANISMO SOLIDARIO “ERASMO DE ROTTERDAM”, Madrid, Casa Arabe, 14 de diciembre de 2018

 

SAMI NAIR: LA SOLIDARIDAD CRITICA

 

Sr Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Dr. Josep Borrell

Sr. D. Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe;

Sr. D. Francisco Morales Lomas, Presidente de Humanismo Solidario;

Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, Consejero de honor de Humanismo

   Solidario;

Profesor Emilio Lledó, Premio Humanismo Solidario

Doña Eva Lucas, en nombre de Jose Luis Sampedro, Premio Humanismo Solidario

Profesor Sami Naïr, querido amigo

Autoridades,

Amigas y amigos,

Estamos aquí para celebrar a uno de los más prestigiosos intelectuales franceses y europeos, que es también, probablemente, el más español de los intelectuales franceses y europeos, como trataré de mostrar: nuestro admirado Sami Nair, ganador de la IV edición del prestigioso Premio internacional Humanismo Solidario, que lleva el nombre de uno de los grandes humanistas europeos y universales, Erasmo de Rotterdam. Se trata de un premio concebido para distinguir a las personalidades o instituciones que se han destacado por la defensa de los principios de solidaridad, interculturalidad, humanidad, dignidad y valores del ser humano en su obra de pensamiento, intelectual, creativa o literaria.

 

El jurado quiso hacer constar en el fallo su reconocimiento a “la labor creativa de D. Sami Naïr, su incansable trabajo como investigador, enseñante y divulgador en el ámbito de las actividades humanísticas, defendiendo en todo momento los valores éticos y de solidaridad, capaces de contribuir a la necesaria construcción del desarrollo y la dignidad de los pueblos y, muy especialmente, su compromiso para con los derechos de los inmigrantes. Todo ello, así como su fecunda aportación intelectual, desarrollada al margen de las corrientes coyunturales y marcada por su postura vital de contribuir, desde la educación, la cultura y la transmisión del saber, a la consecución de un mundo mejor y a la consolidación de los valores de solidaridad, interculturalidad, humanidad y dignidad que propugna y reivindica la Asociación Internacional Humanismo Solidario, le ha convertido en merecedor de este galardón”. 

 

Me corresponde la tarea de desgranar la argumentación de esos méritos, pues he sido invitado a pronunciar la laudatio.

 

Recordaré que, tras la Licenciatura en filosofía y sociología, estudió también Derecho y Economía. Se diplomó en la Ecole des Hautes Etudes, y obtuvo posteriormente el Doctorado en filosofía política y el Doctorado en letras y ciencias humanas.

Ha sido Profesor en la Wesleyan University, Estados Unidos (1971-1985), Profesor Titular Catedra Relaciones Norte-Sur, Université Lausanne (1992-94), Profesor visitante en la universidad Libre de Berlin y en la Humboldt, y en Paris VIII, donde obtuvo la cátedra de Ciencia Política. También, como recordaré luego, en un buen número de Universidades españolas.

 

Sami Naïr se formó en buena medida en una escuela que aportó nuevos elementos al significado de la noción de intelectual. Primero bajo el magisterio de filósofos como su maestro Lucien Goldmann, en La Sorbonne y luego Michel Foucault, que le llevó a trabajar con él en Paris VIII. Pero hay que añadir de inmediato que le influye  muy notablemente su relación con Jean-Paul Sartre y, sobre todo, con Simone de Beauvoir, quienes le reclutan como redactor de Temps Modernes, desde finales de los 70 hasta comienzos de los 90 (a partir de 1982 y hasta 1991 fue, además, codirector de la revista)

 

Fue precisamente un encargo de su gran amiga, Simone de Beauvoir, a Sami Naïr, para que elaborara un número monográfico de esa revista lo que, según el testimonio personal de Sami Nair, le condujo a los estudios sobre las migraciones, un campo en el que hoy es un referente obligado a escala mundial.

 

 

Sami Nair es un humanista solidario, de ambición universal y de talante crítico

Sin adscribirse a ningún <nosotros>, al menos en el sentido etno-cultural, Sami Naïr es un ejemplo de solidaridad activa con los más vulnerables. Es bien conocido su compromiso de más de cuarenta años con inmigrantes y con refugiados, su defensa de sus derechos, de su causa, a la que ha dedicado lo mejor de su inteligencia y capacidad de trabajo. Y mucho, muchísimo tiempo. Una dedicación que le ha llevado del terreno académico al político y que está salpicada de gestos de generosidad que se niega a hacer públicos; algo que no traicionaré, aunque me gustaría que se conociesen.

Sami conoce los problemas reales de inmigrantes y refugiados porque no los ha estudiado desde la comodidad del despacho, sino sobre el terreno, lo que incluye estudiarlos en origen.  

Este solidario universal está muy lejos del cosmopaleto y del ombliguista. Sin duda, Nair es un cosmopolita porque tiene el alma grande y su mirada no conoce las fronteras. Pero también es alguien, como explicare en seguida, con los pies en las tierras, bien arraigado.

Ombliguistas son aquellos que piensan que, habiendo tenido el privilegio de haber nacido en este o aquel país, en esta o aquella región del mundo, tienen el encargo de hacer de ello motivo de orgullo, de exhibición e incluso utilizarlo para señalar con el dedo a quienes, pobres desgraciados, no cuentan con lo que aquellos (contra toda evidencia racional) consideran una condición propia que les otorga un valor superior, una cierta supremacía. No practican la solidaridad, sino la limosna o, en todo caso, la compasión en su acepción más paternalista y degradada. Llamo cosmopaletos a esa otra categoría que, recuperando probablemente sin conocerlo el viejo elogio de corte menosprecio de aldea, nos martillea con sus elogios a cuanto provenga de la metrópolis de moda (antes, Paris; luego, Londres, N York, Toki, etc) sin detenerse a pensar su escasa trascendencia y su nula aplicabilidad fuera de aquel contexto.

Otros, como Sami Naïr quizá más realistas, pero sobre todo más ambiciosos, no sacan a pasear ese azar de la naturaleza que es el nacimiento como criterio de mérito y valor que les distingue frente a los menos afortunados (a su juicio, claro). Prefieren partir de ese su lugar en el mundo al que, por supuesto, no hay por qué renunciar, para abrirse al conocimiento de todo lo que hay más allá. Para conocer y entender que el mundo es ancho y ajeno y también un tesoro a compartir, si nos empeñamos en escuchar, ver, entender a cuantos, siendo otros, nos ayudan a entendernos mejor.

Es evidente que hoy no hace falta el viaje físico para abrirse al mundo, como ya sabían Montaigne o Kant, que no se movieron de Burdeos ni de la hoy ingrata Kaliningrado (antes Könnigsberg) y sin embargo estaban al día de todo lo importante. Aunque advierto que, pese a esa constatación, soy de lo que creen que, en la medida de las posibilidades de cada uno, viajar, sobre todo si no se trata de turistear, sino de desplazarse con los ojos y los oídos abiertos, viajar, insisto, ayuda.

Sami Nair es solidario y universalista también porque es un viajero, en el profundo sentido de ese buen modelo. Aunque pudiera parecer, examinado su inverosímil agenda, que es un personaje virtual, casi próximo a la ubicuidad, en realidad tiene sus pies en las tierras (sí, en plural) que ama: la Belfort de su infancia; la Lucy-sur-Yonne de la Borgoña feraz, la de Auxerre y la joya de Vézelay; los paisajes de Níjar y Cabo de Gata de la Almería de cegadora luz de sus queridos Juan Goytisolo y Angel Valente, y tantas otras tierras españolas, su patria de elección. Por cierto, ese fogonazo de luz del mediterráneo español me recuerda siempre el impacto que causan los chispazos de inteligencia con los que Sami Nair salpica cualquier conversación, y por eso creo que se le podría aplicar el estupendo verso de su querido René Char, “un relámpago que dura”.

Este arraigo plural en las tierras que ama convive en Nair con su afección incondicionalmente republicana por esa Francia que para muchos de nosotros es y será <nuestra segunda patria>, un aserto atribuido a Jefferson. El Presidente más francés de los EEUU, en efecto, podría haberlo dicho, pero como sabe Sami Nair que conoce a fondo la literatura, la poesía y el teatro franceses es el dramaturgo Henri de Bornier, quien pone en boca de Carlomagno “Tout homme a deux pays, le sien et puis la France”, en su drama La Fille de Roland –Drame en quatre acts en vers– (1875).

 

 

Sami Nair: la interculturalidad para la universalidad

Cualquier lector de la obra de Sami Nair y pongo por ejemplo la recopilación de una parte de sus ensayos en su monumental Europa mestiza, sabe que toma muy en serio el desafío de la interculturalidad. Desafío complejo porque la interculturalidad no es un hecho, sino una respuesta normativa, un proyecto político que tiene dimensiones sociales, educativas, jurídicas y políticas, que no se deben banalizar. Es hora de recordar la lección de Cassirer. El proyecto intercultural, como modelo de gestión de la diversidad, no es el apocalipsis al que nos acostumbró la parábola de la torre de Babel, que estigmatiza la diversidad lingüística (y con ella, la cultural) como una patología incompatible con la conservación y el progreso social. Asi lo ejemplifica, insisto, la lección de Yahweh al proyecto del rey Nemrod concretada en lo que el relato bíblico llama la “confusión de lenguas”, identificando así la experiencia de Babel, la diversidad lingüística, como un mal, sólo en su dimensión negativa.

Banalización a mi juicio es también la generalización de la genial intuición de Freud sobre el <narcisismo de las pequeñas diferencias>, que tanto se aproxima al pronóstico de Tagore, acerca de un mundo por llegar en el que the few are more than the many….

Pero banalización es también la versión de la interculturalidad como un fenómeno, natural, espontáneo, una arcadia feliz fruto de la espontánea y armoniosa convivencia de todas las culturas.

Sami sabe bien que la coexistencia (no digamos la convivencia) de individuos y grupos que se reclaman de universos culturales muy distintos y exigen el reconocimiento de esos universos simbólicos y de sus consecuencias prácticas, institucionales, normativas, no es tarea sencilla. Porque el respeto a la pluralidad, también a la pluralidad cultural, no puede ser incompatible con el mínimo de cohesión social que exige el consenso en torno a unos valores y principios que identificamos con los derechos humanos, concretados en la DUDH cuyo 70 aniversario acabamos de celebrar, aunque eso está lejos de resolver la cuestión definitivamente.

 

Sami Nair, Premio Erasmo de Rotterdam

Creo que se pueden encontrar en Sami Naïr no pocos de los rasgos que definieron al gran humanista Erasmo. Para empezar, a Sami se le puede aplicar la habitual caracterización de Erasmo, descrito como un hombre de naturaleza inquieta y viajera y de espíritu curioso, unidos, cito, a un incontrolable rechazo a todo lo que significara rutina, así como a cuanto significara autoritarismo.

Erasmo se rebela, solidariamente, contra el  tipo de disciplina aplicada a los jóvenes estudiantes que busca, en opinión de Erasmo, <quebrar su voluntad>, un rechazo frente al cual se solidariza con quienes así verán frustrados las posibilidades de desarrollar su propios ser, conforme al modelo socrático.  Son rasgos que nos explican no pocas de sus decisiones poco comprensibles, como la de declinar buena parte de los cargos que le ofrecieron; por ejemplo, pese al empeño de sus amigos Cole, Fisher y Thomas Moro, no quiso aceptar una cátedra vitalicia en el Queen’s College que le hubiera convertido en preceptor de príncipes. Porque lo que nadie consiguió fue quebrar la voluntad de Erasmo. Y bien, prueben a quebrar la de Sami Nair.

Sami es heredero de Erasmo, como europeo de fuste. Si Erasmo es uno de los “padres fundadores” de esa extraordinaria simiente del humanismo, del espíritu crítico, de la libertad y de la fuerza de la razón, que es el mejor patrimonio de Europa, Sami ha contribuido a defender y sostener en el debate académico, intelectual, político, esa Europa abierta, crítica consigo misma y por ello capaz de proyectar ideales universales, incluso en estas horas sombrías que vivimos hoy. Y ello pese a que haya quien leyendo superficialmente a Sami o a lo que se le atribuye (que es la carga de la fama), pueda espetarle lo que dicen que lanzaron contra Erasmo, como supuesto padre de Lutero: “Usted puso el huevo y Lutero lo empolló”. Seguro que Sami, con su ironía habitual, respondería lo que Erasmo: “Sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase”.

A mi juicio, cualquiera con un mínimo de formación y un dedo de frente sabe que Sami Nair es uno de los referentes mundiales de la lucha contra el racismo, contra el eurocentrismo, a favor de la gestión universalista de la diversidad cultural (Europa mestiza), comprometido con la causa del pueblo palestino, un pueblo que, como escribiera el gran poeta Mahmud Darwish, tiene un mapa de ausencia.

Se atribuye a Erasmo el aserto “la felicidad consiste en contentarse con la propia suerte, en querer ser lo que uno es”. Claro, me dirán, contentarse con querer ser Sami Nair, no está nada mal como suerte en la vida, aunque lo cierto es que Sami se ha labrado esa suerte con un esfuerzo tenaz, no la encontró como regalo.

 Yo, salvando las distancias y permítanme la inmodestia, me contento pensando que me puedo aplicar esto otro de Erasmo: “No hay posesión más valiosa que el verdadero amigo”. Erasmo tuvo al valenciano Juan Luis Vives. Sami, doctor honoris causa de la Universitat que lo fue de Vives, tiene buenos amigos en el claustro de profesores de Valencia: los represento con mucho gusto en este acto y agradezco muy sinceramente a la fundación que me haya ofrecido el regalo de pronunciar esta laudatio.

ESTRATEGIAS FRENTE A LA “NARRATIVA TÓXICA”. EL EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS, LUCES ROJAS, INFOLIBRE, 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Mojar las palabras en veneno

El Diccionario Oxford ha elegido “tóxico” como palabra del año 2018. Bastaría un repaso a lo que se ha escrito en estas últimas semanas acerca de la degradación del <teatro> político para darle la razón. Y eso si concedemos, que ya es mucho tragar, la entronización de la dimensión <espectáculo> sobre la de argumentación, como expresión prioritaria en lo público.

En realidad, esa extensión de la ponzoña es una perversión del lenguaje que va mucho más allá de los escenarios de la política profesional y que venimos aceptando sin reacción suficiente, entre la resignación ante lo inevitable y la indiferencia de las élites que se creen a salvo de esos excesos y la consideran una moda pasajera, un sarampión como el de tantos otros adanismos. Recomiendo a quien quiera un análisis en profundidad la lectura de un ensayo reciente de mi compañera de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo-Paúl, Tiempos de hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político.

Como explicaba el mismo Oxford Dictionary en la justificación de la elección de la palabra del año, tóxico tiene su raíz en el griego τοξικον φαρμακον (tóxikon pharmakon), veneno para las flechas. Pues bien, creo que es en eso en lo que estamos, en envenenar los dardos que son los mensajes, las palabras. Pareciera, por ejemplo, que las redes sociales llevaran consigo esa tentación irresistible de la pérdida del respeto como condición de toda conversación, una consecuencia que no puede ser atribuida sólo al anonimato de tantos de sus protagonistas, puesto que la observamos a menudo entre quienes actúan a cara descubierta. En cualquier caso, lo cierto es que el veneno circula con rapidez y se extiende en todos los ámbitos.

 

 

La barrera del Derecho frente al desprecio y la humillación

Frente a ello, necesitamos una barrera consistente, la misma que a mi juicio es la base del Derecho: el respeto. No hablo de respeto como cortesía o manifestación de educación, sino en el sentido fuerte del término, como exigencia de trato igualitario. Creo que es la respuesta que encontramos en el desarrollo filosófico jurídico más exigente que es, a mi juicio, el que ofrece la moderna teoría del reconocimiento que arranca del filósofo canadiense Charles Taylor y que ha sabido concretar quien fuera sucesor de Habermas al frente del Instituto para la investigación social de la Universidad J-W Goethe (Frankfurt), Axel Honneth. Sobre todo, en sus análisis sobre el riesgo de generalización de la antítesis del respeto: el menosprecio, la humillación, que llevan a lo que él llama la sociedad del menosprecio.

Sus advertencias coinciden con la vieja lección de Montaigne en su Ensayo sobre los caníbales, que entendió bien Todorov al identificar la línea que separa civilización y barbarie: la deshumanización del otro. Y con la lección política que supo advertir Sami Naïr en sus ensayos sobre la revolución de los jazmines y sobre otros escenarios de la indignación. Esas pistas nos conducen a identificar una línea roja que el Derecho no puede dejar traspasar: lo inaceptable de un discurso y una práctica políticas que institucionalizan la humillación, al generalizar el status de subordiscriminación atribuido a grupos de seres humanos identificados como diferentes y vulnerables (y, por tanto, a los individuos que sean identificados por su pertenencia a esos grupos) cuando no, como era el caso, para una buena parte de la población, reducida a la vieja condición de siervos. Es una falacia que se repite hasta ser aceptada: confundir el hecho de la diferencia con la respuesta normativa que consiste en la desigualdad. Es decir, utilizar la diferencia como coartada para justificar que esos diferentes, esos otros, no son ni pueden ser tratados como iguales en derechos, ni tampoco son ni pueden ser sujetos de las decisiones políticas, ciudadanos, soberanos.

 

 

Para vencer el discurso tóxico sobre las migraciones: una estrategia en tres etapas.

Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro.

 Hablo, claro, de políticas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Hablo de ese discurso sobre los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público.

Para erigir la barrera del respeto frente a esta <narrativa tóxica>, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes. Propongo tres etapas en esa estrategia

El primer paso es una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas cinco concreciones:

  1. Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur.
  2. Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o la red antirumores frente a estereotipos de migraciones, organizada por la Junta de Andalucía ( https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/redantirumores.html).
  3. Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación.
  4. Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad de non refoulement, de vías de acceso seguras y legales
  5. Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio.

 

Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté  cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas <racializadas> pueden y deben tener voz. Que <los blancos> debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo.

En segundo lugar, necesitamos iniciativas concertadas entre las sociedades de origen, de tránsito y destino y los propios inmigrantes, y basadas en la prioridad que es la garantía de los derechos. Es decir, medidas que desarrollen el vínculo entre democracia, derechos y desarrollo sostenible como punto de partida del pilar internacional de toda política de migraciones. Un vínculo que, a mi juicio, ha de evitar tres riesgos que guardan una estrecha relación. El primero, el del paternalismo que ha caracterizado a buena parte de los instrumentos de políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, herramientas diseñadas apriorísticamente por los donantes, como si los países receptores vivieran en un estadio de minoría de edad. El segundo, el del neocolonialismo que concibe las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo como un medio para la expansión de los intereses económicos y geoestratégicos, tanto los del Estado, como los de sus empresarios; por ejemplo, cuando se condiciona la ayuda al cumplimiento de cuotas de policía en relación con prácticas de externalización de fronteras.  El tercero, el de la complicidad -si no la incentivación- del circuito de corrupción que involucra a las élites de los países a los que se compra y corrompe so capa de prestar la cooperación: porque esas élites corruptas de los países destinatarios de tales políticas de ayuda y contra las que claman no pocas veces, con razón (basta ver el caso de Guinea ecuatorial o incluso el de Palestina) las críticas de derecha contra ese modelo de políticas solidarias, se corrompen también porque hay corruptores, y nosotros, tristemente, desempeñamos ese papel.

Si se trabaja bien esas etapas, podremos pisar terreno seguro para el tercer y necesario paso: el de reconocer a quienes ya están aquí asentados la misma capacidad de decisión a la hora de adoptar las decisiones políticas que la obligación que les exigimos, cumplir con el deber de sufragarlas con los impuestos que pagan. Una vez más, no a los neocolonialismos, a las fronteras interiores sobre las que ya advirtiera Balibar: no taxation whitout representation.

Ese objetivo es el que describía la fórmula Inmigration for Citizenship, al que se encaminaba con carácter prioritario el modelo de políticas de migración canadiense anterior a la administración Harper, pero que no ha sido suficientemente recogido, a mi juicio, en la actual administración Trudeau (cuya política de refugiados es incontestablemente un referente mundial). A esos efectos, necesitamos recuperar o, mejor, volver a definir políticas de acogida y gestión de la presencia estable de los inmigrantes, que tengan en cuenta ante todo la exigencia de darles voz, escuchar sus necesidades, sus expectativas y propuestas, en términos de igual libertad con la que se reconoce a los nacionales. Y eso supone, por ejemplo, recuperar dos medidas en las que vengo insistiendo desde que en junio llegó al Gobierno el Presidente Sánchez. La primera, recuperar la dotación presupuestaria del Fondo de acogida e integración dirigido a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (creado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y luego reducido a mínimos al socaire de la crisis y anulado desde el primer momento por el Gobierno Rajoy), que son las administraciones más próximas a los inmigrantes con presencia en nuestro país y por tanto las que deben afrontar en primer lugar las tareas de servicios sociales y de ayuda para derechos sociales básicos, incluida la formación en el empleo, en la lengua y la ayuda a la vivienda, por ejemplo. La segunda, la reformulación de lo que se denominó Plan de Ciudadanía e integración y que vivió el mismo proceso de desaparición que el Fondo.

Porque ese es el objetivo que permitiría gestionar la movilidad migratoria en beneficio mutuo de todos los actores implicados. Se trata de hacer posible reconocer como nuevos ciudadanos a los inmigrantes que tienen la voluntad de asentarse establemente en nuestro país, sin condicionar ese reconocimiento a exigencias de asimilación cultural y de costumbres, a peregrinos test de conocimiento que muchos nacionales no superarían. A mi juicio, debe bastar con dos requisitos, la voluntad acreditada por el hecho de residir y trabajar de modo estable, en un plazo a determinar (tres, cinco años), y la voluntad manifiesta de adquirir una competencia lingüística que les permita comunicarse en la lengua de uso común en nuestro país. Todo ello se resume en la fórmula por la que vengo, venimos luchando desde hace decenios: hacer accesible la ciudadanía por vecindad y no por nacionalidad. Porque, a mi juicio, a esos aspirantes a ser nuevos ciudadanos debemos atribuirles la misma presunción favorable que a los nacionales, esto es su disposición a cumplir las leyes, los deberes, como todos los ciudadanos, una presunción que sólo se desvirtúa si hay una sentencia firme que establezca que las han infringido. Porque, en mi opinión, no hay nada que justifique imponerles un plus de lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico, respecto a los nacidos aquí. Nadie lo lleva en sus cromosomas. Todos aprendemos   a conocer el principio de respeto al Derecho y a adquirir la disposición de ajustar nuestra vida a esas reglas comunes de juego, que nos reconocen una presunción favorable de libertad, que no se destruye por un prejuicio repetido, sino sólo por una decisión judicial firme, tras un proceso con garantías.