UN TIRO EN EL PIE DE LA UE: EL NEGOCIO DE LOS MUROS (Saó, enero 2017)

Quiero aprovechar la invitación de la Revista Saó a participar en este monográfico sobre la Unión Europea, para proponer a los lectores una reflexión sobre uno los asuntos menos visibles en torno a las políticas europeas migratorias y de asilo de la UE. Me refiero a lo que Claire Rodier y otros[1] han denominado “el negocio de la xenofobia”, que puede cifrase en torno a los mil millones de euros entre 2005 y 2020 y cumple una triple función, económica, ideológica y geopolítica. Se trata de saber quiénes y cómo sacan provecho de la prioridad número uno de esas políticas: blindar las fronteras exteriores de la UE.

Lo primero que hay que preguntarse es el por qué de ese blindaje, el por qué de lao que los críticos llaman el proyecto de la Europa fortaleza. ¿Realmente está amenazado el territorio soberano de la UE? Asistimos ante un ataque a nuestras fronteras? De qué tipo? La respuesta, conforme a la posición oficial de la propia UE, animada desde buena parte de los Gobiernos de los Estados miembros (y no sólo los del grupo de Visegrad) es afirmativa: nuestras fronteras exteriores, cuya fortaleza sería la condición sine qua non del espacio de seguridad, libertad y justicia interior y muy claramente, de la libertad de circulación interna de personas y mercancías, están fuertemente amenazadas.  ¿Por quién? Por centenares de miles de inmigrantes irregulares y, más recientemente, de supuestos demandantes de asilo, que pugnan por alcanzar nuestro territorio. Que eso es así ha quedado acreditado, según nuestros gobernantes, en el último Consejo Europeo extraordinario celebrado en septiembre de este año en Bratislava. La consecuencia es muy clara: debemos elegir entre asegurar nuestras fronteras o presumir de una política altruista con todos esos centenares de miles de personas que llaman a nuestras puertas. Pero, primero, como se ha dicho, los europeos no podemos asumir “toda la miseria del mundo”. Segundo, en situaciones de crisis, la prioridad ha de ser atender las necesidades de nuestros ciudadanos y el pastel no da para todos. Finalmente, no todos los que alcanzan nuestras puertas son “trigo limpio”(cardenal Cañizares dixit), sino que hay un porcentaje significativo de delincuentes e incluso de peligrosísimos terroristas. Y, para nuestros gobernantes, está claro: uno y otro propósito son incompatibles. Eso nos obliga a reforzar los controles fronterizos y, por supuesto, a realizar un estricto control, un triage, para que puedan pasar sólo los que de verdad deben tener derecho a pasar y a quedarse,  los verdaderos refugiados y los inmigrantes legales. La consecuencia es que debemos amurallarnos: Vayas donde vayas, vallas, pareciera el nuevo lema de la UE.

Ese afán, que ha hecho resucitar los muros en un mundo teóricamente abierto, que relativiza la importancia de la soberanía territorial (y, por tanto, debería potenciar el reconocimiento del derecho a la libre circulación), es una añagaza.  Vivimos un proceso de refuerzo de las fronteras, entendidos como muros y, aún peor, como espacios en los que se relativizan si no incluso se niegan elementales derechos humanos. Lo muestra la evolución de la política de fronteras de la UE, que parece avanzar en sentido contrario, el de la prioridad de una respuesta que no es ya policial, sino estrictamente militar y en la que los derechos pasan a convertirse en privilegios altamente arbitrarios, por cuanto se violan derechos humanos fundamentales, se ha llegado a vaciar de contenido el derecho de asilo, dificultando hasta el extremo la posibilidad de llegar a salvo a territorio europeo, mercantilizándolo (como ha hecho en este año de 2016 una ley del Parlamento de Dinamarca que impone a los refugiados un copago de las prestaciones que, en realidad, son derechos) o relativizando el principio básico de non refoulement, como resulta del acuerdo de deportación entre la UE y Turquía, por no hablar de la inaceptable transformación de los centros de acogida y estancia de demandantes de asilo en centros de detención, como si esos demandantes, que huyen de la persecución, fueran más que presuntos delincuentes.. La UE incumple así principios básicos del Estado de Derecho, hasta llegar a la aberración jurídica de crear un estado de excepción permanente, esto es, un infra-Derecho aplicable a los protagonistas de buena parte de la movilidad forzada: inmigrantes irregulares y aquellos que ya denominamos como asylum seekers, para evitar el nombre de refugiados. Esta guerra contra el asilo se ha llevado a cabo recurriendo a dos instrumentos muy criticables, la externalización de la policía de fronteras, encomendada (previo pago) a países terceros que no garantizan el standard mínimo de derechos (el paradigma es Turquía) y su militarización, esto es el recurso a instrumentos militares, como lo prueban las características de la operación EUNAVFOR-MED (aunque se la haya rebautizado como “Sofía” para disimular ese carácter) y el recurso a la OTAN en el Egeo. Las políticas migratorias y de asilo entran así en el cesto de las políticas de seguridad y defensa. En el balance, a principios de diciembre, más de 4500 muertos en el Mediterráneo, a los que hay que añadir las penalidades de quienes de nuevo tienen que alcanzar la ruta del Mediterráneo central, de Libia a Italia y allí someterse a las vejaciones, malos tratos y exacciones de las mafias, además de las continuas violaciones para las mujeres.

Decía que el afán de marcar de nuevo fronteras, erigir muros supuestamente infranqueables, es una añagaza. Lo ha probado convincentemente la politóloga norteamericana Wendy Brown[2]: el recurrente propósito de los Estados de la UE (y no sólo: los EEUU, Australia, etc) por erigir muros, es sólo parangonable a su ineficacia para controlar o poner fin a los desplazamientos de las migraciones forzadas. En realidad, esa obsesión tiene una función básicamente simbólica  e interna.  Se trata de hacer creer a los propios ciudadanos que se les está defendiendo frente a una amenaza, un peligro, el que representan inmigrantes e incluso refugiados, mostrando así que los Estados (los gobiernos) les defienden eficazmente y gestionan impecablemente la soberanía territorial. Recordemos que ese fue un mantra repetido una y otra vez, por ejemplo, por el Gobierno Rajoy, especialmente por su ministro del Interior, en relación con las plazas africanas de soberanía española, Ceuta y Melilla, supuestamente sitiadas por millares de ilegales, subsaharianos, como llegó a titular en primera, a cinco columnas, el diario El País. Pues bien, además de un engaño, esa estrategia aleja a la UE del proyecto político de una democracia plural, inclusiva y garante de los derechos y de las reglas del Estado de Derecho.

Ese propósito de blindar las fronteras constituye, además, un negocio, con beneficiarios identificables: los lobbies y las industrias de seguridad y armamento. Todo ello es perfectamente funcional a esta evolución del capitalismo de mercado global que impone la privatización de funciones que antes constituían competencia exclusiva del estado, de los poderes públicos, como la seguridad y vigilancia de los espacios públicos y aun de las fronteras, de los dispositivos de control, informatización de los visados, construcción de muros, de centros de detención, vuelos colectivos de expulsión/deportación, etc. En relación con la UE, recomiendo, como decía, la lectura del apasionante trabajo de Claire Rodier[3], En el libro de Rodier se explica con detalle, con nombres y con cifras, quiénes son los beneficiarios de este enorme y floreciente negocio. Desde una empresa de Málaga, European Security Fencing, ESF, que fabrica y exporta las tristemente famosas “concertinas”[4], a la mayor empresa de seguridad del mundo, G4S, que cuenta con más de 650.000 empleados y que dedica una buena parte de su actividad a la “gestión “ de la inmigración, más las constructoras de los temibles CIE y centros análogos, en Europa pero en los EEUU, o los países que rentan su espacio para posibilitar <espacios al margen de la ley> como la isla de Nauru a Australia.  La evolución de los recursos de los que se sirve la UE en su obstinada impermeabilización de las fronteras ha devenido en una auténtica guerra de facto contra inmigrantes irregulares y demandantes de asilo, a los que se ha estigmatizado convirtiéndolos en sujetos de sospecha. Eso ha justificado un incremento acelerado del gasto en esas tareas de control. Desde 2013, señala Rodier, el instrumento principal es el sistema de 'fronteras inteligentes' (smart borders), compuesto por 3 instrumentos: un sistema de entrada/salida (SES), el programa para viajeros registrados (PVR) y la red de comunicaciones Eurosur, que se suman a los ya existentes (el SIVE y la red de CIE o CREA). La Comisión Europea ha cifrado el coste de EuroSur en 338 millones de euros, pero en el Informe Borderline de la Fundación Heinrich Böll se eleva a 847 millones. El coste de Smart Borders subiría a 400 millones de euros, con 190 millones anuales de costes operativos. Han de añadirse también la inversión en FRONTEX, en operaciones como la mencionada EUNAVFOR-Med, o el coste de la intervención de la OTAN en el Egeo (pues esa operación no sale gratis: la sufragamos los ciudadanos europeos) por no hablar de los contratos de externalización: 6000 millones de euros a Turquía y más de 1400 millones de euros a países de la Unión Africana. Si sólo una décima parte se invirtiera en hacer efectivas verdaderas operaciones de salvamento y rescate como las que llevan a cabo -sin subvención oficial alguna- los barcos de MSF, probablemente no tendríamos que lamentar ni la décima parte de muertes. Pero la UE prefiere darse un tiro en el pie –por utilizar una metáfora suave- en lugar de trabajar en cumplimiento de lo que es su razón de ser: una comunidad de Derecho, al servicio del  reconocimiento y garantía de los derechos humanos.


[1]  Véase por ejemplo, el estudio de Frost y Sullivan (2014) Global Border and Maritime Security Market Assessment. La versión online se puede descargar en: http://images.discover.frost.com/Web/FrostSullivan/GlobalBorderandMaritimeSecurity.pdf. [revisado el 27.11.2016]. También el libro editado por T. Gammeltoft-Hansen y N. N. Sorensen The Migration Industry and the Commercialization of International Migration, Routledge, N York, 2013.

[2]  Me refiero a su utilísimo libro Estados amurallados, soberanía declinante, Herder, Barcelona, 2015, con un estupendo y crítico prólogo de Etienne Balibar.

[3] Xenophobie Business. A quoi servent les contrôles migratoires, La Decouverte, Paris, 2015 (2ª). Pero hay también informaciones más sucintas pero no menos interesantes, en trabajos ad hoc como los de Periodismo humano: http://periodismohumano.com/migracion/el-negocio-de-cerrar-las-fronteras-de-europa.html ).

[4] A la que habría que añadir otras como ACS, Indra o Ferrovial, que se reparten 8 de cada 10 euros destinados a las vallas de Ceuta y Melilla: de los 79 millones de euros gastados por el Estado desde 2004 n esos dispositivos de seguridad, esas tres empresas han recaudado 59 millones.

DEMOCRACIA Y REFERENDUM : FALACIAS Y MEDIAS VERDADES (Tinta Libre, enero 2017)

Brexit y Trump. Basta con esos dos ejemplos para entender que 2016 ha ofrecido cumplida satisfacción a quienes denuncian el cúmulo de simplificaciones que hay detrás de la reducción del juego democrático a los sondeos. Pero identificar democracia y encuestas de opinión no es la única de esas reducciones. Probablemente es más discutible aún la tesis que se ha ido abriendo camino entre nosotros y que, sorprendentemente, vuelve a poner sobre el tapete la afirmación de que la democracia referendaria, en su versión de democracia directa e instantánea, es la quintaesencia de la democracia a la que hoy deberíamos regresar.

Hablo de sorpresa, porque los debates acerca de que ya G Bourdeau a comienzos de los 70  acuñara la distinción entre <democracia gobernante> y <democracia gobernada> y de que se asentara la  etiqueta de “democracia referendaria” (antes que Barber y, desde luego, antes que Mouffe y Laclau),, no es ninguna novedad. Es verdad que hoy se recurre a ella en el contexto de lo que Crouch (2004) dio en denominar “la era de las postdemocracias”, vinculadas, como se ha dicho, a la crisis y al “desempoderamiento” de las democracias representativas, que parecen exigir la necesidad de reconocer las consultas populares como los mecanismos idóneos de ejercicio de la verdadera democracia. Y conste que recurro a esa noción amplia de <consulta popular> sin entrar por el momento en sus diferentes manifestaciones, desde las iniciativas populares legislativas al referéndum simple, los referenda consultivos no vinculantes, los referenda vinculantes o los plebiscitos, un concepto, a su vez, susceptible de diferentes modalidades. Lo que pretendo es tratar de argumentar acerca de esa modalidad de lo que se ha dado en llamar “democracia manifestante”, que opone como campo de acción preferente la actuación constante del demos en la calle y, en todo caso, la sumisión de toda decisión de interés general al veredicto de las urnas, por encima de las instituciones propias de la democracia representativa

Creo que los ya conocidos argumentos de los principales críticos  (Burdeau, Sartori, Offe Wolff, Young, Merkel) de esa noción de <democracia referendaria> como el paso necesario para recuperar el papel del pueblo, o, como se dice con desparpajo, de la calle, entendida como el auténtico demos (suplantado por mediaciones casi mixtificadoras, las instancias de representación) siguen siendo más sólidos que el de tantos entusiastas apóstoles del recurso al referéndum –la voz de la calle- como verdadera, última e infalible instancia democrática. Y creo que eso tiene algunas consecuencias en torno al aparente callejón sin salida en que se encuentra la relación entre el Gobierno de Rajoy y el de la Genralitat y el Parlament de Catalunya acerca de la convocatoria de un referéndum como exigencia ineludible y vía exclusiva del ejercicio del “derecho a decidir” del pueblo de Catalunya.

 

 

De la eficacia de los pretendidos truísmos, que son en realidad medias verdades…

Advierte el sentido común que siempre que se adjetiva el sustantivo <democracia> debemos ponernos en guardia. Y, en efecto, creo que en esta discusión que ha vuelto hoy a primer plano, la de la relación entre democracia y consultas populares, democracia y referenda, sobran bastantes calificativos. En realidad, creo que deberíamos fijarnos en los aparentes truísmos que sirven para dar fundamentación a esa pretensión que un referéndum como el que Generalitat y la mayoría del Parlament presentan en términos de inexorabilidad, en tanto que genuina expresión de la voz del pueblo, el catalán, claro, no el español.

El primero de ellos es, a mi juicio, la media verdad que consiste en identificar la esencia de la democracia con el ejercicio de lo que hemos aceptado más o menos acríticamente entender por derecho a decidir, o, si se prefiere, según la fórmula al uso, con el ejercicio del derecho al voto como expresión genuina de la democracia. De donde se deduce que todo aquel que pretenda limitar o no digamos prohibir  poner las urnas  en la calle es un feroz antidemócrata.

No creo que merezca la pena dedicar mucho espacio a la necesidad de matizar lo que insisto en considerar media verdad, si no, al menos también en no poca medida (al menos en el uso habitual en la discusión hoy, en el contexto del <problema catalán>) como una falacia. Por supuesto que la democracia tiene que ver ante todo con la autonomía, con el proceso de emancipación de quienes alcanzan la condición de ciudadano y salen así de la de súbdito: recuperar la capacidad de decidir por uno mismo sobre el propio plan de vida es condición sine qua non de la libertad y por tanto, de la legitimidad democrática. Otra cosa es si podemos equiparar ese genuino derecho a decidir, entendido como expresión de la autonomía del sujeto moral y político que debe ser reconocida a todo ser humano,  con una condición constante de todo ciudadano a decidir directamente sobre todo lo que le pueda afectar, como individuo y como ciudadano. Y tomo aquí la noción de ciudadano sobre todo en la condición de sujeto del espacio público, es decir, como miembro de un grupo, del demos, que es quien debe definir el interés común.

 

 

…A las falacias e imprecisiones que se esconden tras ciertos simplismos referendarios

Cuando hablamos de referenda vinculantes, como el que exige que se celebre <sí o sí> la mayoría del Parlament de Catalunya y el actual Govern de la Generalitat, como es bien sabido, es preciso evitar el recurso a una primera falacia. Me refiero a la que afecta a la identificación de la democracia con el principio bruto de gobierno de la mayoría, reconducido en la práctica al dominio de la minoría más relevante. Algo que planteó y no resolvió bien Rousseau, como es más que sabido.

Habrá que recordar otro principio que, en teoría de la democracia es casi otro truísmo: el núcleo de la idea de democracia no es tanto el gobierno de la mayoría, cuyo riesgo es la no menos conocida hipótesis de “tiranía de la mayoría” (Tocqueville),, sino las condiciones de control y accountability de l gobierno de la mayoría, llo que nos remite a la separación de poderes y al establecimiento de límites a lo decidible, para garantizar los derechos individuales y los de las minorías. ¿Someteríamos hoy a referéndum vinculante un tema de naturaleza constitucional como la tortura o la cadena perpetua real a los terroristas o a los violadores de menores? Aceptaríamos la legitimidad de un referéndum vinculante sobre la reducción de los derechos de los refugiados a meras expectativas o recomendaciones, en Alemania en Austria, en el Reino Unido, o, no digamos, en Polonia, Chequia o Eslovaquia? ¿Aceptaríamos la pertinencia de la pretensión de Erdogan de “escuchar la voz del pueblo” sobre el retorno de la pena de muerte a la Constitución turca? ¿Podemos y debemos considerar legítimo que a una parte de la población, en función de sus características lingüísticas o religiosas se les reduzcan los derechos o se les prive de la ciudadanía? La respuesta es no, porque la legitimidad democrática reside en la garantía de esa barrera intocable incluso para una abrumadora mayoría, la de los derechos humanos individuales, la de la garantía de que esos derechos no pueden rebajarse so pretexto de la condición de pertenencia a una minoría. Sin la sumisión de la mayoría a lo que llamamos Estado de Derecho, y hoy denominaríamos, Estado constitucional, no hay democracia. Por eso, como se ha dicho, la vía del referéndum para resolver la independencia o no de Catalunya no es la más aconsejable, pues resulta inexorablemente en una exclusión de derechos  básicos y de ciudadanía (y también de plan de vida)  de una parte de la sociedad civil, la que pierde la consulta. Por eso, como hace notar Sartori, el tipo de referéndum como procedimiento de decisión que se plantea en Catalunya es un ejemplo de ejercicio democrático de suma cero: el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo: lo que gana uno es lo que pierde el otro. No hay lugar real para la negociación, en la que renuncias parciales de todos los sujetos que participan en la adopció de decisiones permiten ganancias parciales de todos ellos.

Por otra parte, es claro que cuando hablamos del sujeto, del pueblo como demos, no es posible aceptar subterfugios como el del recurso a la vaga noción de “sociedad civil”, porque sabemos bien de la capacidad de suplantación de ese pretendido equivalente del demos por grupos de presión con medios suficientes como para manipular la <opinión pública> al servicio de intereses particulares, alejados e incluso contrapuestos al interés de la voluntad general. Ante todo, porque, como sostiene Ferrajoli, para que hablemos de demos, para que hablemos de gobierno del pueblo, ha de haber Constitución, o, si se prefiere, legitimidad constitucional, que no existe sin el respeto a esos criterios de legitimidad que son los instrumentos jurídicos internacionales de  derechos humanos. La pretensión de enfrentamiento entre ley y democracia es un error de concepto. Como lo es la noción de soberanía en el original sentido formulado por Bodin: la no sujeción del sujeto soberano  a otra regla que su voluntad. Eso vale para el autócrata, pero también para el demos: una soberanía que pretende ignorar esas limitaciones no es legítima.

Eso no excluye, obviamente, la pertinencia de consultas referendarias si, además de respetar esos límites de principio, reúnen determinados requisitos que han de ser negociados y la clave, insisto,  es quién y cómo decide la agenda de la consulta. El primero de ellos es que, precisamente para que esas consultas populares no devengan en la suplantación del pueblo por parte de una minoría relevante, ese tipo de consultas vengan precedidas por elementos que despejen las imprecisiones relativas al sujeto. Así, se debe establecer previamente y de forma inequívoca quién es el pueblo a los efectos de la consulta: qué porcentaje de ciudadanos se entiende suficiente como quórum (votos emitidos) y cuántos para admitir que se ha pronunciado en este o aquel sentido la voz del pueblo: ¿basta en ambos casos con una mayoría simple, el 50,1%? Se ha de exigir una mayoría cualificada para lo primero, pero no para lo segundo?

El segundo de los requisitos es de carácter formal y tiene que ver con las condiciones de conocimiento que habilitan la competencia del sujeto consultado. A este respecto, no creo que sea pertinente en el caso del referéndum propuesto por el Parlament y la Generalitat  el argumento de la complejidad en los procesos de decisión que invalidaría la consulta porque el demos carece de la cultura y el conocimiento que le habilitaría como competente para la decisión. No me parece así, insisto, cuando se trata de referenda como el que aquí estaría en juego. Por so creo que  no vale la objeción  de lo que Sartori denomina enfáticamente “acantilados de la incapacidad cognitiva” en lo que se refiere al pueblo. No, si se avanza en este segundo tipo de requisitos: la formulación clara, inequívoca y suficiente, acerca de la opción y de las consecuencias de la misma. El probblema, precisamente, es que si se opta por una formulación plebiscitaria, como ya he recordado, la vía del referéndum se muestra excesivamente simplificadora y difícil (por no decir, imposible) de revertir, lo que va en contra del carácter relativo de los procesos democráticos, de la posibilidad de contraargumentar y convencer para volver atrás de la decisión.

SI HAY PROPUESTAS PARA GANAR EL DESAFIO DE LA INMIGRACIÓN (Blog alrevesyalderecho, Infolibre, 18.12.2016)

Qué decir, qué hacer para que el enésimo aniversario del día internacional de los migrantes no sea sólo la enésima denuncia del fracaso de nuestras políticas y de los sufrimientos que padecen tantos millones de seres humanos?

Desde luego, no renunciar a la crítica. No debemos dejar de denunciar lo intolerable, que es nuestra ceguera a la existencia de factores que obligan a emigrar a millones de seres humanos, a huir de sus hogares, donde no tienen las condiciones mínimas de desarrollo humano y por eso un porcentaje muy alto se juega la vida para alcanzar una vida digna. Se juegan la vida: en su viaje sufren violaciones de derechos y se enfrentan a fronteras que tantas veces se erigen como mecanismos de puesta en duda de derechos elementales. Esa crítica apunta a las causas, la desigualdad que no deja de acrecentarse y que los países que reciben y se benefician de la llegada de migrantes no quieren tener en cuenta. Gestionar los movimientos migratorios sin trabajar en los países de origen sobre las causas que hacen de las migraciones un destino forzoso, por estado de necesidad, es construir políticas migratorias destinadas al fracaso. Una lección elemental sobre la que ha insistido hasta la saciedad buena parte de quienes llevan de verdad años analizando y trabajando sobre estos fenómenos, como Sami Nair, a diferencia de tanto aprovechado que, a la luz de las subvenciones y las modas, se disfraza ahora de experto y repite cuatro tópicos mal entendidos, ilustrados con improvisadas encuestas que descubren mediterráneos.

Hay que seguir denunciando la obsesión policial/defensiva de las políticas migratorias de la  UE, que insiste en construir como archienemigo a los inmigrantes irregulares. Una categoría que ha experimentado un nuevo giro de tuerca, perverso, en el contexto de la falacia de la crisis de refugiados. Como ya he tratado de explicar, creo que la reciente toma de conciencia de que, frente a los refugiados, tenemos obligaciones jurídicas, pues quienes son reconocidos como tales son titulares de derechos exigibles, ha provocado el empeño de hacer una “limpieza”, para establecer de verdad quiénes son merecedores de ese título y quiénes no. En ese proceso, que tanto se asemeja a una <subasta>, como ejemplifica un estremecedor video difundido por CEAR (https://www.youtube.com/watch?v=cT52TbhAVzA), se ha ido a la baja, para reducir a lo imprescindible el peso a asumir. Porque los refugiados (no digamos los inmigrantes) no son vistos como personas con derechos, sino como lastres que hay que aceptar, pero de mala gana, hasta el punto de que nuestro esfuerzo se orienta a poner barreras, a dificultarles la posibilidad de plantear su demanda, esto es, negarles que puedan llegar a ser reconocidos como refugiados. Y aun así, ha habido Estados campeones en la no asunción de sus deberes, como el presidido por Rajoy y gestionado por ese halcón disfrazado de proba funcionaria, que es Soraya Sáez de Santamaría. Las cifras hablen por sí solas: todavía no se ha cerrado 2016, de forma que las estadísticas completas sólo se refieren a 2015 ( véase el Informe CEAR que se puede descargar aquí: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf ), pero ya sabemos que cumplida la mitad del mes de diciembre de 2016,  no llegaremos ni a 700 refugiados acogidos entre los que teníamos que aceptar en el reparto de reubicación y resentamiento. Y sobre todo, seguimos sin Reglamento de la ley de asilo de 2009, aunque las previsiones sobre el mismo, adelantadas por el nuevo ministro del Interior que ha anunciado su aprobación para primeros de 2017, hacen prever un régimen aún más duro.

Pero la peor perversión es la que afecta a los inmigrantes. En ese proceso de limpieza, de ampliar la ganga de la que librarse, los verdaderos desechos de los que habla Bauman cuando critica que Europa esté contribuyendo con sus políticas de inmigración y asilo a una nueva “industria del desecho humano”, son ellos. Parece que los gobernantes europeos nos envíen este mensaje: <refugiados? bueno, sí, tienen derechos y no podemos rechazarlos a todos. Pero, inmigrantes económicos? Quiá! A esos los expulsamos, porque no tienen derecho a venir y, menos, a estar aquí>. Véase, por ejemplo, el deslizamiento del calificativo. Antes eran <ilegales>, un estigma para demonizar a quienes se encontraban en situación administrativa irregular: sin papeles, o al menos sin todos los papeles. Ahora ya basta con decir “económicos” (o sea, trabajadores, ¡qué osadía: quieren ser trabajadores cuando no los hemos llamado!) para hacer entender que son de una clase inferior, que están en primera fila del disparadero, que serán los primeros de los que nos podemos librar. Es preciso denunciar ese lenguaje y, sobre todo, lo que nos trata de transmitir, que los inmigrantes, en particular los irregulares, son personas sin derechos.

No hay propuestas positivas? Sí, y nada abstractas. Hoy quiero llamar la atención del lector sobre dos tipos de propuestas: las primeras, reformas para mejorar el éxito real de lo que -retórica y muy a menudo hipócritamente- se llama “proceso de integración”: por ejemplo, dos que acaba de sugerir Cáritas española en su mensaje con motivo de este aniversario de 2016 (puede descargarse aquí: http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/NdeP_18Dic.pdf ). El ejemplo del segundo tipo de propuestas es una reforma legal, adoptada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Cáritas, a propósito de lo que llamamos inmigrantes irregulares sobrevenidos, una situación que resulta de la férrea vinculación normativa entre permiso de residencia y contrato de trabajo, ha propuesto reformar esa norma porque, como se dice  en el comunicado, “creemos que, en un contexto como el actual, la exigencia de esa vinculación supone romper un proceso de integración ya en marcha, arrojar a las personas a un proceso de exclusión y malgastar una inversión social que sería mucho más útil bien situada”. En segundo lugar, Cáritas ha exigido que vuelva a dotarse con una partida presupuestaria suficiente el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, anulado en la práctica en los 3 últimos años del gobierno ZP y reducido a cero desde que gobierna Rajoy, aunque se vuelve a contemplar, insuficientemente, para 2017. Municipios y regiones han de afrontar solos, recuerda Cáritas, “las necesidades reales de educación, sanidad, servicios sociales o empleo…para evitar situaciones de vulnerabilidad o exclusión, e impulsar acciones que aprovechen la diversidad cultural de los inmigrantes en la sociedad”. Parece lógico que la administración central del estado contribuya a esas dotacione.

Por su parte, me parece un ejemplo estupendo de una nueva comprensión del proceso de integración, en el que las diferentes administraciones de una comunidad autónoma colaboran de forma coordinada, lo que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba esta semana: la aprobación por el denominado Consell del Botánic (como se sabe, Podemos acordó y apoya ese programa de Gobierno aunque no forma parte de lo que es un bipartito) de una nueva ley que  establece un modelo integral de renta de inclusión (ver aquí el análisis que hace FX Uceda, Delegado del Consell para el <modelo social valenciano>: http://www.eldiario.es/cv/politica/Ley-Renta-Valenciana-Inclusion_0_591441215.html ). Y lo traigo como ejemplo porque en esa ley se contemplan como beneficiarios inmigrantes a los que se les exige sólo un período de empadronamiento de 12 meses (la mitad que en el régimen legal anterior). Una ayuda que no necesita ser renovada y que se prorrogará mientras no haya modificaciones al alza de la situación económica y social de quien la haya demandado.

A mi modo de ver, este es un buen ejemplo de lo que debe entenderse por proceso de integración, pues el mensaje consiste en mostrar a quien quiere vivir con nosotros que un primer paso legal, el empadronamiento, le puede permitir una respuesta de inserción en forma de ayuda que contribuya a garantizar necesidades básicas y así a seguir en el camino de la visibilidad y presencia legal, para formalizar un proceso de inserción legal que no sólo consiste en ir superando pruebas, sino también en beneficiarse de su condición de miembro de esa comunidad a la que quiere pertenecer y  a la que de hecho contribuye. Un mensaje positivo para los que llegan, pero también para que nosotros, los de aquí,  aprendamos a verlos como vecinos, como ciudadanos.

No celebro la Constitución Española, pero la fiesta de la Inmaculada, que ni la toquen!

Acabamos de salir de un <superpuente>, de esos que no se ven por ahí. Pero esta vez ha habido alguna peculiaridad. En la primera de las fiestas, el pasado día 6, un buen número de Ayuntamientos en toda Catalunya abrieron sus puertas o, al menos, sus alcaldes y concejales independentistas, decidieron trabajar (aunque no obligaron a los funcionarios a acudir, pues sería ilegal, claro). El argumento era que no tenían nada que celebrar ese día y que la Constitución española les resulta ajena. Hasta el estudioso profesor, primer teniente de alcalde de Barcelona y buen amigo (con personaje en Polonia), Gerardo Pisarello, declaró que haría fiesta el día 6 pero que veía poco que celebrar. La postura de esos alcaldes y concejales está -a mi juicio- amparada por la libertad de expresión y, sobre todo, es coherente con su ideario independentista. En suma, no querían tomarse fiesta ese día de fiesta nacional española, aunque esté en el calendario laboral.

En la mañana del 8 de diciembre traté de consultar por teléfono a 12 de esos Ayuntamientos: Argentona, Benissanet, Berga, Celra, L’Ametlla del Mar, Igualada, Sant Juliá de Ramis, Sant Marti Sarroca, Solsona, Verges, Vic, Viladamat. También llamé a los de Barcelona y Girona. En ninguno de ellos fue a trabajar ningún alcalde ni concejal. En algunos funcionaba un contestador automático. En el de Barcelona me atendió una persona desde la centralita, que me indicó que no podía pasarme con nadie, porque era festivo y no había nadie de entre los que yo preguntaba.

La cuestión es, entonces, ¿por qué quienes trabajan el día 6 aceptan como festivo el día de la Inmaculada?  ¿Acaso no son defensores de la República laica de Catalunya? (bueno, los exCiU, un poco menos lo de laica). Ya sé que me dirán que no es esa la cuestión, que aunque incluso no se sepa qué significa eso de la Inmaculada Concepción, se trata de aprovechar cualquier oportunidad que ofrezca el calendario laboral para hacer fiesta. Pero no me parece de recibo. Veamos. Ese pragmatismo que aconseja hacer fiestas y puentes tiene un límite cuando choca con firmes convicciones en principios patrióticos e irrenunciables como el de tener una fiesta propia del propio Estado (que está en procés) y no celebrar el día de la inaceptable Constitución española, que es la de un Estado invasor, colonial, expoliador y étc. Sin embargo, el pragmatismo sí se impone el día 8, aunque sea al precio de celebrar una fiesta religiosa que encima no es la de su Virgen (la Moreneta), que commemora un dogma muy reciente y discutido incluso en el seno de la Iglesia católica, porque eso de una concepción inmaculada a través del Espíritu santo, es muy milagroso, desde luego, pero se antoja difícil de aceptar, salvo para los que sean fieles, ortodoxos y muy militantes católicos. Y, sobre todo, ¿son conscientes de que sin laicidad no puede existir una república incluyente, igualitaria y abierta a la pluralidad?¿Será, una vez más, que hay principios y principios, y eso de la laicidad les parece menos importante que la catalanidad?

RECEPCIÓN DE LA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES

6 de diciembre de 2016

Bon dia a tothom. Estic molt emocionat i agrahit pel fet de rebre aquesta important distinció de la Generalitat Valenciana.

En ocasiones como esta, un amigo de alguno de nosotros al que es de justicia mencionar en un día como este, en que celebramos el aniversario de la Constitución, Gregorio Peces Barba, al que no dejo de echar en falta, gustaba contar una anécdota de Unamuno…Parece ser que recibía D. Miguel un premio, de manos de Alfonso XIII y en la entrega dijo el filósofo: “gracias, majestad. Es un premio que esperaba y me merezco”. Queda el rey sorprendido y en la copa subsiguiente le pregunta a quien fue rector de Salamanca: “D. Miguel, ¿cómo es que me ha dicho que se merecía el premio?”. “Es que es verdad, majestad; me lo merezco”. “Pero, D. Miguel, cuando doy un premio todo el mundo me dice que muchas gracias, que es un premio inmerecido”. “Es que eso también es verdad, majestad”….

Los voluntarios y el movimiento de la CRUZ ROJA reciben una distinción muy merecida. En mi caso, me limito a decir que la acepto honrado y agradecido, sabiendo que el mío es en gran medida un trabajo de muchos otros…para empezar, de los compañeros del IDHUV, pero también de los compañeros de tantas organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de los más vulnerables y con las que tengo el orgullo de haber colaborado y colaboro. De tantos amigos, algunos de ellos, profesionales dela política que llevan a cabo si tarea con un compromiso por los derechos humanos de los más vulnerables. Ese es para mí el rasgo distintivo del pacte del Botanic que ha dado lugar a este Govern de la Generalitat que ha sabido tomar iniciativas concretas y dotadas de presupuesto, a favor de los derechos de personas que pertenecen a muchos de esos grupos. Algunos de ellos soportan con elegancia y estoicismo mis críticas, más o menos acertadas. La razón de esas críticas no es negar el reconocimiento por su trabajo, sino pedirles más. Porque nuestra tarea, la de los que estamos en el otro lado, en de los administrados, los justiciables, los ciudadanos, ha de ser siempre pedir más, decir que siempre es posible un esfuerzo más, sin negar el reconocimiento a cuanto se hace bien, o muy bien. Empujar a nuestros gobernantes para que avancen más y mejor en esa tarea.

 

Verán: al fin y al cabo, soy un profesor de filosofía del derecho. No puedo concluir sin un par de citas. Una es de Heráclito, que dejó escrito en un fragmento poco conocido “un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas”. Las murallas, las fronteras, sin leyes, sin sujeción al Derecho, son instrumento de desigualdad, de exclusión, de negación de los derechos. Pero es cierto que la defensa de los derechos exige instrumentos de coacción. Es un equilibrio difícil. Pero los derechos deben tener primacía.

 

El otro es Jhering, un jurista del XIX que enseñó que el Derecho es sobre todo lucha por el Derecho, por los derechos diríamos nosotros. Trato de ajustar mi trabajo, como docente, como investigador, y también en mi modesta medida de intervención social, a ese lema que es la única posibilidad de que el Derecho sirva para algo digno y no se convierta en herramienta de desigualdad, de discriminación, de dominación injusta.

 

Para luchar por los derechos hay que trabajar con los demás, crear redes  y no necesaria ni primordialmente esas en las que algunos navegamos. Crear redes no es posible sin contar con nudos, con personas que nos anudan. Todos tenemos la suerte de conocer a algunos. Me permito evocar a Sami Nair, al que debo mucho de mi trabajo y a quien con la ayuda de la Generalitat, esperamos poder incorporar como profesor visitante en nuestro Insituto de derechos Humanos de la Universitat de València, a lo largo de 2017

 

Pero hoy es también un día de fiesta. Un día para hacer algo de lo que nos gusta. A mí, lo que más me gusta es el cine y por eso me voy a atreverá hacerles una sugerencia: vayan a ver Arrival, de Denis Villeneuve. Es a mi juicio una película maravillosa, que nos ayuda sobre todo a entendernos a nosotros mismos, nuestra necesidad de escuchar y entender, comunicarnos con los demás. Para poder negociar nuestros intereses, hay que entender los del otro aprender a escucharles, para saber qué quieren qué queremos, cómo mejorar el entendimiento sin perjudicar los intereses de los demás si ello es posible. Y hay que entendernos a nosotros mismos, que no es poca tarea…

 

Muchas gracias.

La calidad democrática en los EEUU, tras el (Revista de El Temps, 24 11 16, monográfico sobre Trump)

Tras el susto, los pragmáticos nos aleccionan acerca de la necesidad de apartar “prejuicios ideológicos” sobre alguien como Trump, pues al fin y al cabo su administración representa a los EEUU, un socio insoslayable, necesario en todos los órdenes. Pero incluso si, más que nunca, parece imponerse el business as usual y el viejo lema atribuido al Foreign Office (el Reino Unido no tiene línea política; sólo intereses), como consignas de la nueva política, ese <realismo> bismarckiano no permite resolver la inquietud. Porque no hay política sin ideología y el más vacío de los programas electorales alberga inevitablemente un proyecto, incluso si se pretende no hacer nada, mantener el statu quo. No digamos quien persigue desregular o desmontar cuanto se ha hecho mal en aras de una supuesta ideología sectaria y revanchista, incluso antiamericana (Obama), para restaurar el orden eficaz (natural, objetivo) del mercado, presentado como el verdadero american way of life y recuperar una América fuerte, dominadora, según el destino manifiesto, traicionado por los <corruptas administraciones demócratas>.

A la hora de desentrañar el éxito de Trump hay quien ha evocado la fábula de Jerzy Kosinski, Being there (1971, Desde el jardín), llevada al cine  por H.Ashby en 1979 con el mismo título (en España se tradujo como Bienvenido, Mr Chance) y genialmente interpretada por Peter Sellers. Es sólo una verdad a medias. El multimillonario, frente al tópico nacido de su estrepitosa campaña y, a diferencia del Mr.Chance del film, no es ningún imbécil. Pero es cierto que su presentación como adalid antisistema, paladín de quienes quieren barrer la corrupta telaraña de los “políticos” de Washington (con quienes todo el mundo identifica a los Clinton) y encarnación del sueño americano del self-made man, parece remitir a las bambalinas que nos muestra la película. Ese aparente discurso del solitario campeón antisistema que se enfrenta incluso con su propio partido, bien pudiera ser un extraordinario MacGuffin del sistema mismo, al menos de los intereses que guían desde Wall Street la política institucional de Washington, como en la película.

La primera nota preocupante, a mi juicio, es la evidente, intencionada confusión entre lo público y lo privado que marca la presidencia Trump. Su familia, sus negocios, sus pares en la empresa (ejecutivos de J.P Morgan o de Goldman Sachs, millonarios como Harold Hamm o Wilbur Ross) , van a estar muy presentes en la administración. El gesto demagógico de la renuncia al sueldo (“cobraré 1 dólar, que es lo mínimo que exige la ley”), no puede impedir la sospecha de que el entramado de empresas del venal multimillonario –su ingeniería contable, orientada a escapar de sus obligaciones ante la hacienda norteamericana, es más que una sospecha- va a beneficiarse de su mandato. Y si bien los fervientes neoliberales aplaudirán la presencia de esos capitanes de la empresa –más que de la industria- en la nueva Casa Blanca, el papel de sus hijos y parientes siembra la sospecha del nepotismo y la incompetencia.

Pero como ha señalado inteligentemente Bauman en una espléndida entrevista en el monográfico del dominical de L’Espresso, titulado Lezioni Americane,  la habilidad de Trump y sus estrategas ha consistido en saber jugar acertadamente, a la vez, el papel de outsider y el de hombre fuerte, para rellenar oportunamente el vacío creciente entre poder y política que crea incertidumbre, inseguridad, miedo. Ha combinado inteligentemente la pulsión de rechazo de los abandonados y humillados por el sistema y la pulsión identitaria de la antigua mayoría blanca, junto con la esperanza de recuperar la América rica y fuerte, el viejo nivel de bienestar (del que, por cierto, sólo disfrutaban los de siempre, no todos los americanos).

Trump no es un Quijote: es el supuesto hombre de la calle revestido del carisma, del halo del individuo que vence al sistema y que, desde su fortaleza y seguridad en sí mismo, consecuencia de su éxito (el test del triunfo en los negocios, de la riqueza, como prueba de la capacidad para guiar a los demás) rompe con la vieja política y llevará al país de nuevo a la fortaleza y al éxito material. Las mentiras y falacias del planteamiento (Trump es hijo de un multimillonario, un privilegiado desde su cuna y nada tiene de altruista ni de filántropo, y menos aún de solitario luchador que se enfrenta a los poderes oscuros) no pueden ocultar una realidad que hemos visto en Grecia, Roma, en los propios EEUU (se ha invocado la parábola de Kane) y muy recientemente en la Italia de Berlusconi. Por no hablar de las puertas giratorias en la política europea que llevan a los hombres de Goldman Sachs a los gobiernos y a la Comisión, y vuelta…Nada nuevo, pues.

Y sin embargo…parece que el invierno haya llegado a la arquitectura democrática de los EEUU y con ella, puede contaminar a las democracias liberales en todo el mundo. La victoria de Trump, por mucho que se diga, no sólo es la derrota de Clinton, sino también del aparato del partido republicano y amenaza con socavar el viejo juego institucional de pesos y contrapesos. Trump tiene en su mano decantar por decenios al Tribunal Supremo. Al haber vencido al propio partido, podrá manejar a su favor las mayorías en Senado y en la Cámara de representantes. Y su condición y vocación de líder fuerte hace temer la peor versión del presidencialismo. Algunas de las primeras designaciones de responsables de su administración son muy elocuentes a este respecto. El justiciero Giuliani, que se batió como fiscal inflexible contra el crimen y representa la férrea voluntad de N.York de imponerse frente a la herida del terrorismo. El ultraconservador representante del Tea Party, Newt Gingrich. Por no hablar del xenófobo supremacista blanco, Stephen K.Bannon.

Podrá sobrevivir el modelo político de los founding fathers? A mi juicio, la compleja estructura institucional creada por Madison (también por Jefferson y aunque en controversia mutua, por Hamilton) tiene fuertes cimientos. Como dejara escrito Ramón Maiz en un penetrante artículo de 2013 (Dividing Sovereignity), la happy combination presente en The Federalist (nº10), que conjuga republicanismo –con primacía de la labor de control dominio del legislativo pese a las atribuciones presidenciales- y un cierto modelo de federalismo, “parcialmente nacional, parcialmente federal”,  ofrece un antídoto a los previsibles excesos de Trump.  Pero está por ver, a mi juicio, si puede recuperarse la idea madisoniana del protagonismo de  “the people themselves”, la implicación de los ciudadanos en el espacio público (que no necesariamente en las instituciones políticas tout court) que tanto admirase Tocqueville o si, más bien, el verdadero sueño revolucionario americano, la vieja vía revolucionaria, fue ya abortada en los 60 y 70 por el complejo militar industrial denunciado por Eisenhower en su discurso de 1961, tal y como señalara Richard Yates, en su espléndida novela (mediocremente adaptada al cine por Sam Mendes), intitulada precisamente Revolutionnary Road.

SOMOS LENGUAJE Y TIEMPO (Cartelera Turia, nº 2756)

Que nadie se asuste. Esta es la columna quincenal que los amigos de la Turia han brindado a quien suscribe, sí. Y vamos a hablar de cine y del bueno. Porque quiero invitarles a que vean Arrival (La llegada), la última película dirigida por Denis Villeneuve, que a buen seguro será objeto de críticas y comentarios muy diferentes y aun encontrados. A mi juicio, es un film destinado a convertirse en un clásico de la ciencia ficción, casi a la altura de Blade Runner, con la que tiene no pocos elementos en común. Su mérito reside, ante todo, en la forma en la que el director canadiense ha sabido llevar al cine el excepcional relato corto Story of your Life, de Ted Chiang, gracias al sobresaliente guión adaptado por Eric Heisserer. Villeneuve realiza además un sobrio trabajo de dirección de actores, con una destacadísima Amy Adams, un sobrio Jeremy Renner, bien apoyados por Forrest Whitaker. Y no se puede dejar de destacar la banda sonora de Johann Johannsson, completada por una pieza magnífica de Max Richter.

Dos diálogos me llaman poderosamente la atención, sin que suponga hacer spoiler a quien aún no haya ido a verla. En el primero, la protagonista, lingüista a la que se ofrece un insólito trabajo como intérprete, recomienda a su posible empleador que, si va a sondear a otro candidato al mismo puesto, le pregunte cómo se dice <guerra> en sánscrito. En la segunda, un físico teórico y la misma lingüista discuten sobre la base de la civilización. “El lenguaje”, sostiene ella. “La ciencia”, afirma contundentemente el físico. Y debaten sobre la hipótesis Sapir-Whorf, una versión extrema del condicionamiento de nuestro cerebro, de nuestra representación del mundo, por el lenguaje.

Que la hipótesis Sapir-Whorf explore una clave de la identidad humana, como el test Voight-Kampff, o que ambas películas se basen en relatos cortos de dos grandes de la SF, Ph.K.Dick y T. Chiang (éste todavía a cierta distancia del primero) no son, como decía los únicos paralelismos posibles con el clásico de la SF, Blade Runner. También lo es la atención a la memoria y, sobre todo, al modo en que percibimos o, para decirlo mejor, vivimos el tiempo, quizá uno de los más apasionantes enigmas filosóficos y científicos, explorado en esta película de una forma mucho más interesante, a mi juicio, que en Interstellar, el pretencioso film del a mi juicio sobrevalorado Nolan.

La belleza y la inteligencia con la que Villeneuve  interpreta el relato permiten que cada espectador lo recree de muy diferentes maneras, porque la película no nos habla de ellos, sino sobre todo de nosotros: algunos se centrarán en la circularidad de la vida, al modo que encontramos en la Bhagavad Gita y, por ejemplo, en Nietzsche. Otros encontrarán pretexto para reinterpretar nuestra propia situación y recordar que necesitamos más pontífices, en su sentido original (mediadores, incentivadores de cooperación), que caudillos o guerreros, por heroicos que sean. Y no faltarán quienes recuperen la nostalgia de ese período anterior a Babel en el que era posible un lenguaje universal. Todo eso y más, de la mano de Villeneuve.

"Inmigrantes: del estado de excepción al Estado de Derecho", Oñati Socio-Legal Series, vol.1, nº 3 2011

Este es un trabajo publicado en 2011. Cinco años después, desgraciadamente, lo que aquí se analizaba y denunciaba, sigue siendo actual...

 

 

 

1. El momento de elegir

Cuando se habla de políticas de inmigración surge por doquier el concepto de integración. Las mayoría de las veces, en su acepción social más amplia, que incide sobre todo en la dimensión laboral y en la cultural. Pero es todavía poco frecuente que se plantee lo que, a mi juicio, es el núcleo de una política democrática de inmigración, una política respetuosa del Estado de Derecho: la integración política de los inmigrantes. Porque el propósito de estas páginas es añadir algunos argumentos sobre el carácter central que debe tener ese objetivo de la integración política al diseñar políticas de inmigración. Y hacerlo ahora, cuando comienza a arreciar el mensaje de que los inmigrantes sobran. Cuando, paradójicamente, ahora que, en efecto, llegan menos y podríamos –deberíamos– dedicar el mayor esfuerzo a desarrollar las políticas de presencia, de integración mutua y plena, también este objetivo parece desaparecer de la agenda. Aún peor, a lo más que se llega es a la retórica de la tan cacareada interculturalidad que, como tantas otras veces, se utiliza sobre todo como coartada o como cortina de humo para ocultar los fenómenos de discriminación y dominación porque en realidad se queda en un maquillaje al gusto del lenguaje políticamente correcto y no se habla de las condiciones económicas, jurídicas y políticas del proyecto intercultural.

Sabemos que, si tomamos como punto de referencia la política de inmigración de la Unión Europea (UE) y de la mayoría de sus Estados miembros, al menos a tenor de sus últimos instrumentos en el 2008 (directiva “de retorno”, Pacto europeo de asilo e inmigración, directiva “Blue Card”), es difícil dejar de reconocer que se trata de una política de migraciones que ahonda en una perspectiva progresivamente reductiva, instrumental y, si me lo permiten, miope, bajo el prejuicio doblemente dogmático del control unilateral de los movimientos migratorios, obsesivamente centrado en la lucha contra la inmigración irregular (en filtrar al máximo las entradas para aceptar sólo la inmigration choisie, y en asegurar al máximo las expulsiones, eufemísticamente denominadas retornos o repatriaciones), a la que se destinan más recursos económicos y más iniciativas administrativas, jurídicas y políticas que al resto de objetivos juntos. Un prejuicio que justifica o incluso postula la caracterización de la política de la UE en términos de esquizofrenia democrática de la que habla Ph. Colle, que permite hoy una construcción del lugar público de la inmigración, de los inmigrantes como infrasujetos, que es estrictamente colonial: es la compresencia de la lógica liberal válida para sus ciudadanos nacionales y la lógica colonial aplicada a los no ciudadanos que están dentro, la compresencia de la lógica del Estado de Derecho y la del estado de sitio de la que habla la jurista Daniele Lochak, con la excrecencia incluso de la aplicación del concepto del “derecho penal del enemigo” a los inmigrantes irregulares, que se caracterizan por ser representantes de la diferencia visible pero a los que ofrecemos, como dijera Sayad, la “presencia ausente”, olvidando que existir es existir políticamente.

Decía que el prejuicio que nos impide afrontar en esos términos el verdadero desafío, el reto radicalmente político de la inmigración, es doblemente dogmático. Es dogmático porque ese principio se presenta como un postulado, que constituye un punto de partida a la vez que el objetivo no sólo prioritario sino en realidad excluyente, porque en la práctica se muestra incompatible con otros, y en particular con el de integración, que se proclama simultáneamente al menos desde Tampere, pese al tenaz desmentido de los hechos, es decir, de las decisiones que traicionan ese espíritu: no hablo ya de las críticas que se formulan en informes como el rapport Niessen o el ultimo informe de 2008 del Foro para la Integración; pienso por ejemplo en el tratamiento del derecho al reagrupamiento familiar, en la negativa insistente al reconocimiento de acceso a derechos políticos (a fortiori, a la ciudadanía), por no decir la ausencia de voluntad firme de políticas de igualdad en serio, que son el requisito, la condición sine qua non de políticas de ciudadanía y, por cierto, condición asimismo necesaria aunque no suficiente para hablar de políticas de justicia en este ámbito. Comparto en ese punto las críticas enunciadas

 

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por C.Withol der Wenden en su rapport de octubre de 2008 para la Fundación Schumann.

Dogmático además porque rechaza toda crítica, toda discusión y descalifica como irresponsable, o en el mejor de los casos utópica, toda propuesta alternativa para pensar de otro modo la inmigración y nuestras respuestas a ese fenómeno capital, global, condición estructural del mundo en que vivimos.

En lo que sigue trataré de mostrar cómo ese prejuicio dogmático precariza el estatus jurídico y político de los inmigrantes, incluso de los asentados establemente, los extranjeriza y por ello los somete a una lógica jurídica que, por evocar de nuevo a D. Lochak, apuesta por la excepcionalidad como lugar natural, quiero decir, jurídico, de los inmigrantes, a diferencia del Estado de Derecho que es el lugar propio de los ciudadanos. Porque esta alternativa entre lógica del estado de sitio, del estado de excepción, frente a la extensión universal, a todos, de la lógica del Estado de Derecho es la opción fundamental por la que han de decidirse nuestros Estados, nuestros ordenamientos, cuando se trata de elegir un modelo de política de inmigración. Una visión, una mirada que se desvela o desnuda en situaciones de crisis como las que vivimos. Una mirada que encierra a los inmigrantes en el círculo vicioso de la invisibilidad y la desigualdad. Un círculo vicioso, porque pareciera que la invisibilidad (política, pública; al menos, un estatus de sumisión, una suerte de compromiso de no luchar por sus derechos) es la condición para acceder a la igualdad. Pero esa invisibilidad les precariza y hace inviable el objetivo de igualdad. Y cuando optan por la visibilidad, aparece límpidamente el discurso no sólo discriminatorio sino desigualitario, que utiliza la técnica jurídica de la fragmentación o multiplicación de estatus, que conllevan derechos muy diferentes, como se advierte nítidamente en la vía de la reciprocidad emprendida en nuestro país para el pacato reconocimiento del derecho al voto, en aras de una interpretación tan literal como a mi juicio mezquina del artículo 13 de la Constitución. Una técnica de fragmentación que ha multiplicado la tipología ideada por Hammar para explicar los estatus públicos en relación con la ciudadanía: de los tres estatus (ciudadanos/nacionales, extranjeros y denizens), hemos pasado hasta ocho estatus, como recuerda Withol der Wenden en el mismo informe antes citado (nacionales, ciudadanos de la UE residentes, ciudadanos de la UE no residentes, no UE residentes –los sujetos de la directiva 2003–, no UE temporales, demandantes de asilo, sin papeles no expulsables y sin papeles expulsables) y ello además sin tener en cuenta la estratificación entre no-UE trabajadores cualificados –los más deseables– y no cualificados y, además, la pendiente resbaladiza, la vulnerabilidad que amenaza a todos los no-UE residentes.

Y además, para rizar el rizo, todo ello se produce en un contexto marcado por una notable paradoja. Me refiero al uso creciente en el discurso político y en los medios de comunicación de la noción de ciudadanía (ciudadanos) cuando se habla de inmigración. Esa sobreabundancia del término, esa retórica omnipresente de la ciudadanía, que ha llegado incluso al plano normativo (PECI 2007, Planes autonómicos), no supera, sino que oculta la presencia ausente de los inmigrantes y daña la noción de ciudadanía. Y aquí podemos hablar de detrimento de la ciudadanía en dos sentidos: en primer lugar, el daño que se hace a una noción de ciudadanía activa y crítica con los discursos, los mensajes del miedo y de la pasividad que lanzan a los ciudadanos europeos las políticas migratorias, verdadero instrumento de disuasión del juego democrático, recuperación del modelo de súbdito sobre el que se basa una concepción hobbessiana de la política. Y, de otro lado, la inexistencia de reconocimiento del papel de los inmigrantes como sujetos del espacio público, como ciudadanos, un déficit que, como he apuntado, lleva a hablar de esquizofrenia democrática (Cole) y que cortocircuita la coherencia de los corolarios del ius migrandi que deberíamos reconocer hoy, en el contexto de la globalización, esto es que no puede existir ese derecho sin el derecho a asentarse como sujeto, no como instrumento, el derecho a existir que debe ser derecho a existir políticamente. No es un derecho absoluto, claro: se puede y debe regular,

 

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pero es que esa es la condición común de todos los derechos. Y regulación, insisto, no significa vaciamiento de contenido, que en eso consiste, desgraciadamente, la respuesta jurídica vigente, nuestro modo de entender tal derecho.

2. Las miradas sobre el otro inmigrante: crear la invisibilidad

Son diversas las miradas desde las que construimos al otro inmigrante. Y hablo de construcción del otro porque la política de inmigración, el derecho de inmigración (de extranjería) es ante todo un mensaje, una mirada sobre el otro que no refleja la realidad, sino que trata de modelarla. Si examinamos la mayor parte de los instrumentos de esa política comprobaremos que de eso se trata, de un proceso de construcción del otro a partir de lo que nosotros percibimos de él, o, mejor, lo que queremos ver, reinterpretando así el dictum de Berkeley, esse est percipi.

Como nos ha enseñado certeramente Sayad (tras las huellas de Bourdieu) a propósito de la inmigración, nuestra mirada es un instrumento de la teogonía social, de la forma que construimos y organizamos el mundo (y a esos otros) por referencia a nuestra propia imagen. Es la lección del mito de Procusto, el primer intento de fijar el canon que la norma ofrece, proyectando así la propia pretensión como exigencia ineludible (natural primero, racional después, y a su vez de acuerdo a diferentes patrones de racionalidad que vienen a sustituir la pretensión de necesidad natural: hoy sería el económico). Es la misma lección que, más allá de la filosofía del otro, de páginas como las que nos lega Hegel sobre la Anerkennung, la dialéctica del reconocimiento, encontramos en la literatura, por ejemplo, en algunos de los textos clásicos de Shakespeare (Otelo, El mercader de Venecia), de los ensayos de Montaigne (La costumbre, Los caníbales), de Daniel Defoe (Robinson Crusoe) y, sobre todo, de forma mucho más irónicamente crítica, de Jonathan Swift cuando nos enseña cómo Los viajes de Gulliver, la historia de su encuentro con sucesivos otros cada vez más diferentes, transforman la noción que Gulliver tiene acerca del ser humano, que es la de su imagen1: una construcción del otro que hemos visto descrita también en películas como Alien o Blade Runner, en particular esta última que, más que el relato original de Ph.K.Dick, puede ser entendida como una parábola sobre cómo y por qué reaccionamos frente a esos otros, los réplicas, que pueden ser vistos hoy como una metáfora de los sin papeles2.

Pero como decía, aquí, ya que hablamos de justicia y de ciudadanía a propósito de la inmigración, nos interesa en particular una de esas miradas. Me refiero a la mirada jurídica y política sobre el otro inmigrante o, por mejor decir, la mirada con la que se construye al inmigrante como otro desde los instrumentos jurídicos de las políticas de inmigración, lo que obliga a plantear el porqué y para qué de ese mensaje que nos propone el discurso jurídico de inmigración, que es a mi juicio una parte muy importante (aunque seguramente menos valorada) del proceso de construcción social de esa alteridad diferente en la que hemos tratado de fijar, de instalar a los inmigrantes: una suerte de presencia ausente según la fórmula de Sayad y Bourdieu. Lo que, en definitiva, es una manera de justificar nuestra respuesta reductiva a las preguntas básicas sobre nuestro modo de entender el vínculo social y político y el papel del otro en ese vínculo, ¿qué es lo que define el nosotros? ¿quién y por qué tiene derecho a pertenecer a nuestra sociedad? ¿cuándo y por qué se tiene derecho a la distribución de los bienes, en primer lugar, a tener derechos y cuáles? ¿quiénes y en qué condiciones deben tener derecho a decidir, a formar parte de la soberanía, a ser ciudadano?

1 Baste recordar que Lemuel Gulliver, al comienzo del libro, es en realidad el arquetipo de ser humano conforme al mito del explorador/colonizador: hombre, sabio, cirujano, inglés y, por añadidura, capitán de barco. Termina apestado, como un loco que prefiere la compañía de los caballos a la de los seres humanos.

2 Eso es es lo que acaba comprendiendo ese policía de frontera que en el fondo es Decker, el personaje encarnado por Harrison Ford. Lo que Decker aprende es que los replicantes, más que invasores o amenazas, son inmigrantes sin papeles, a la búsqueda de una vida mejor

 

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Creo que es un grave error ignorar que la fuerza de interpelación política que entraña el fenómeno migratorio, en los términos de Sayad/Bourdieu, en los de Favell es de enorme calado: la presencia del inmigrante cuestiona profundamente el fundamento de la unidad nacional (del Estado nacional o de los procesos de formación de Estados nacionales, una tendencia hoy muy relevante en Europa y en España) y a la vez, el fundamento del vínculo social en un contexto de desagregación y fragmentación del mismo, de debilitamiento del estatuto del trabajador, de vulnerabilidad/debilidad de todas las formas de agregación, pertenencia y vinculación. Dicho de otra forma, el no lugar –la presencia ausente– de los derechos políticos y de la ciudadanía en las políticas de inmigración son la muestra de la voluntad de taxonomía y segmentación social: el rol del inmigrante, su función a partir de la topología jurídica que se establece (en el eje legal/ilegal, ciudadano/extranjero, asimilable/incompatible), que se basa en el eje de su consideración reductiva (del desiderátum) como instrumento util y poco costoso. Por mi parte, me parece evidente que la imposibilidad del acceso de los inmigrantes a alguno de los elementos distintivos de la ciudadanía y, a fortiori, a la ciudadanía misma, es un dogma que envenena la posibilidad misma de transformarnos en democracias inclusivas y plurales.

3. La mirada que refleja (e impone) el derecho

No olvidemos que el derecho es en buena medida un instrumento de gestión de la alteridad. Pero es más: también de construcción de la alteridad. Lejos del espejismo de describir la inmigración como un fenómeno que el derecho gestiona y del que da cuenta, una respuesta a la presencia de ese otro, se trata de reconocer cómo el derecho de inmigración –que es (con excepciones) sobre todo un derecho de extranjería o por mejor decir de extranjerización– contribuye a crear al inmigrante como otro (y a la otra: el derecho crea género, también en materia de inmigración), esto es, contribuye a los procesos que hacen de la inmigración sobre todo un objeto de regulación, de control y dominación, como parte de un proceso de taxonomía (de teogonía) social, en un contexto muy preciso, el de la fragmentación y precarización del vínculo social, del que es emblema la degradación a escala global del estatuto del trabajador, del asalariado. Y precisamente por eso la convierten en problema a gestionar, para obtener cohesión y legitimidad, renta electoral y obediencia.

Se trata de señalar el papel del derecho de extranjería e inmigración en la construcción de ese tertium genus (en cierto modo, un lugar de no-derecho o de infraDerecho, un limbo como el de Guantánamo) el espacio cuasi invisible, pretendidamente no público, apolítico, que es el lugar “natural” del inmigrante entre nosotros. Porque esa pretensión ha exigido a su vez crear al inmigrante como un tipo especial de otro, que ha recorrido diferentes etapas y que aún está lejos de ser reconstruido (conocido, reconocido) como lo que es, uno más de los otros, un otro cualquiera, en el que se debe confiar/temer como con el resto de nuestros vecinos.

Esa –la simbólica, la transmisión de mensajes a la propia ciudadanía como destinatario de las normas jurídicas– es una función básica del derecho y a fe que en esa tarea se han aplicado a fondo (tanto o más que los medios de comunicación) los instrumentos jurídicos de la política de inmigración, cuyo lenguaje (pensemos en la fuerza de la noción de ilegales, más incluso que la de sin papeles) nos enseña mucho acerca de nuestra representación de los inmigrantes y también acerca del porqué de esa representación, es decir, acerca de nosotros mismos.

Esos instrumentos, ese lenguaje, han jugado un papel protagonista en la evolución de la mirada sobre la inmigración, que ha pasado de representar al inmigrante como rara avis, como rara ave de paso para ser más preciso, a concebirlo como ave migratoria que transita e incluso se instala de forma habitual entre nosotros, pero siempre desde esa condición de fauna ajena. Un proceso que tiene como rubrum,

 

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como hilo conductor, el empeño en definir –en congelar– al otro como extranjero tout court, conforme a los rasgos más rancios de la vieja dicotomía ciudadano (nacional)/extranjero, que permite un proceso de justificación de la exclusión (y de dominación) del otro precisamente qua extranjero (qua diferente y por ello incompatible). El inmigrante es construido como un extraño integral, y con ello se refuerza su condición de prescindibilidad (como señala Baumann, siguiendo a Arendt y Castel), pues forma parte del grupo de los superfluos, de los prescindibles o incluso desechables: es siempre reemplazable.

De ahí que la desigualdad, la subordinación, aparezcan como rasgos definitorios del estatus justificado y propio del otro inmigrante. Primero, porque la inmigración aparece como una función social (trabajador necesario aunque supuestamente de forma coyuntural) que justifica un rol. Luego, cuando esa función produce lo que se creía inconcebible, es decir, la presencia estable –lo que se llama inmigración de poblamiento o familiar, aunque esa distinción es más que cuestionable– se reacciona con el alibi del diferencialismo culturalista y con la incompatibilidad (Sartori, Hungtinton), o con la condición (como ha denunciado Beck) de grupo de riesgo, incluso criminógeno y ahora con el añadido de que se trata del ejército de reserva de la peor delincuencia, el terrorismo. Esa es, por ejemplo, la fuerza del concepto de ilegal, asociado a la inmigración como primer elemento de definición por vía de prioridad de la política de inmigración. Y es que en el discurso del otro como amenaza y riesgo para la seguridad, el derecho es el instrumento más eficaz.

La consecuencia, pero en realidad también el procedimiento que refuerza esta imagen construida, es un estatus jurídico del inmigrante definido por unas condiciones que son muy distintas de las del sujeto de derecho: la precariedad, la inseguridad, la desigualdad, la relativización del principio de favor libertatis y de la presunción de inocencia, el laberinto administrativo en lugar de la garantía judicial. El inmigrante es un invisible a quien se regatea sus derechos porque la legitimidad de esa presencia ausente es el desempeño de una función con el más bajo coste: como señala S. Gil, desarrollando una idea de Arendt, es un Zelig perpetuamente obligado a camuflarse, a no hacerse notar.

Por eso, el concepto normativo de inmigrante que nos ofrece el derecho de inmigración (es decir, el buen inmigrante, el inmigrante deseable, frente al cual los demás son inmigrantes ilegales) pasa de la noción laboral/económica de trabajador extranjero necesario por demanda del mercado formal de trabajo, a una noción culturalista/identitaria, la del trabajador extranjero asimilable, que llega a propiciar, frente a quienes no lo son, la extensión de las tesis de una condición jurídica y política diferente a la del Estado de derecho, la del derecho penal del enemigo. Pasamos así de la necesidad de expulsar a quienes no son trabajadores necesarios y reclamados formalmente, a la necesidad de castigar a quienes son una amenaza para nuestra supervivencia, la de quienes amenazan nuestro modelo de bienestar y de derechos, la civilización de la que somos defensores.

Eso es lo que ha sucedido en el caso español, en el que en apenas veinte años hemos pasado de percibir a ese otro como exótico e insólito extranjero frente al extranjero normal (el turista), a tratar de definirlo como una presencia necesaria aunque sólo provisional, funcional, instrumental, hasta llegar al momento actual, en el que se acepta que hay que afrontar su presencia estable, y por eso tratarle en los términos del ocupa con el que habrá que negociar un estatus, un ten con ten, porque no podemos librarnos de él. Pero ahora le temenos más si cabe, precisamente porque se ha instalado entre nosotros y no se avizora posibilidad de que vuelva a ser invisible ni, menos aún, a desaparecer de regreso a su origen. Y por eso hemos alcanzado el momento en el que, como subrayan Favel o Sayad, aparece el debate de la integración, con todas sus argucias (Gil), sus falacias, sus verdades a medias. Dicho esto, no niego que haya otras miradas, como las que parecen desprenderse de discursos políticos como el de ciertos planes autonómicos

 

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de inmigración o el recientemente aprobado plan estatal, un plan estratégico de ciudadanía e inmigración.

4. La ausencia de la mirada política

Pero lo que más me interesa subrayar es que, con esas recientes y destacables excepciones, todavía hoy continúa obstinadamente una omisión constitutiva, o al menos presente como un rasgo constante –y llamativo en su ausencia– en buena parte de las miradas jurídicas sobre el otro inmigrante. Esa ausencia es la de la dimensión política de la inmigración, que exige no sólo la visibilidad del otro inmigrante, sino el reconocimiento pleno de su presencia, de su derecho a estar, pertenecer y decidir, a ser sujeto del espacio público y ello sin el precio de desaparecer como otro, un precio que no se nos exige a ninguno de esos otros que somos todos nosotros, cada uno de los que, qua nacionales, somos ciudadanos. Por eso la condición del reconocimiento del inmigrante como otro más –además de su visibilidad– es el reconocimiento de su carta de naturaleza como vecino, como ciudadano, lo que quiere decir ante todo miembro de la ciudad, algo perfectamente posible desde la condición de residente estable.

Por eso podemos decir que la presencia del otro inmigrante plantea sobre todo un doble desafío de carácter político, o, si se quiere, democrático: (1) el de la inclusión de la pluralidad y (2) el de la igualdad en la distribución de bienes, en la participación y adopción de la agenda política, de las decisiones que rigen lo público.

En efecto, la inmigración es un test respecto a los dos desafíos más importantes que afronta hoy la democracia en el marco estatal. Esos son, a mi juicio, el desafío de la democracia plural, esto es, la conjugación de cohesión, pluralidad e inclusión, y el desafío de la recuperación de lo público, que es el reto de la participación, porque, como advirtiera Tocqueville, esa es la clave de la calidad democrática: “si los hombres han de seguir siendo civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse unos con otros debe crecer y mejorarse en la misma proporción en que se incremente la igualdad de condiciones”. Una y otra empresa nos proponen la necesidad de redefinir la democracia en términos de inclusión política y en sentido activo.

Definir la inmigración como cuestión política supone primero comprenderla en términos de justicia, entendida no como pretensión abstracta sino en términos de igualdad en la distribución, como una exigencia de la definición de lo justo concreto. Pero hay más. Hay que ensanchar nuestra mirada. Para alcanzar la dimensión más profunda que entraña el fenómeno migratorio que, tanto en el orden internacional como quizá aún más claramente en el estatal, es una cuestión de inclusión política, de empowerment, en la que se dirime la posibilidad misma de lo que podríamos denominar una sociedad decente conforme a la expresión que utiliza Margalit. Añadamos a eso, para dar cuenta de su relevancia política profunda, la consideración de que del hecho de que lo reconozcamos así depende en buena medida la posibilidad de asegurar una necesidad social y política elemental, lo que entendemos por cohesión, el tipo de cohesión que ya no es el de sociedades homogéneas, las que presuntamente subyacían a los Estados nacionales, sino una modalidad compleja de cohesión, la que es propia de sociedades plurales. Y por ende, es también una cuestión que afecta a la gobernanza. Todo ello significa otra respuesta a los procesos que han sido bien descritos como luchas por el reconocimiento, que son luchas por la inclusión y la igualdad.

5. Para cambiar la mirada (1) Igualdad en la titularidad de derechos

Aunque resulta difícil negar el planteamiento realista que nos muestra que toda comunidad política institucionaliza en mayor o menor grado la exclusión, no es menos cierto que lo que caracteriza a las democracias es que tratan de eliminar o

 

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reducir la exclusión que se apoya en malas razones, que vulnera su principio de legitimidad. La primera esfera de exclusión afecta a lo que Arendt describiera en una fórmula difícilmente superable como el primero de los derechos, el derecho a tener derechos. Para eso, hay que ser visible, hay que ser algo más que instrumento. Sólo así se alcanza la dignidad. Mientras tanto, sólo se tiene precio. Ese es nuestro déficit. Que nuestra mirada sobre la inmigración es sobre todo una historia de precios y medidas, donde hay poco sitio para la dignidad. Y aunque admitamos que hoy, en la mayor parte de nuestras sociedades, esa exclusión está superada porque se ha producido el mínimo de reconocimiento jurídico de igualdad en derechos humanos (positivizados como fundamentales), lo cierto es que con ello no hemos alcanzado a resolver el verdadero reto de la inmigración.

La cuestión es si podemos seguir manteniendo un modelo de contrato de inmigración que se concreta en una forma de exclusión en la medida en que construye para los inmigrantes un estatuto parcial, sectorial, provisional, en su contenido de derechos (y deberes). Es cierto que, en términos de reconocimiento de derechos, hay algunos déficits previos que sería importante tratar de superar. Me refiero a la constatación de que los Estados receptores de inmigración (todos los de la UE, también España) aún se muestran reticentes a consagrar el estándar jurídico internacional mínimo en materia de derechos de los inmigrantes y sus familias (la Convención de 1990, que no hemos ratificado aún). Pero no podemos contentarnos con ello. Lo que hoy se plantea cada vez más agudamente es la necesidad de revisar el acceso de los inmigrantes a la ciudadanía: las condiciones y contenido de ese acceso, algo que va mucho más allá del reconocimiento del derecho al sufragio en el ámbito municipal.

Es necesario, pues, afirmar como principio básico el de la igualdad en derechos. La primera consecuencia es un compromiso decidido por la no discriminación. En particular, en el trabajo. Eso significa adoptar medidas para eliminar las condiciones de explotación y precariedad que sufren buena parte de los trabajadores inmigrantes y que la doctrina ha sintentizado en la tesis de la descripción de esos trabajos por tres características –las 3D (Dirty, Dangerous, Difficult)–. Además, es preciso garantizar la no vulnerabilidad o, si se prefiere en positivo, la tutela judicial efectiva de los derechos.

6. Para cambiar la mirada (2) Igualdad como empowerment

Lo contrario de exclusión es integración. Pero ese es un término vago, salvo que lo concretemos: integración es igualdad. Lo que sucede es que no hay igualdad si nos limitamos a la lucha contra la discriminación y olvidamos la inclusión, que es reconocimiento como sujetos, respeto y participación, es decir, integración política. Por decirlo con palabras de Hannah Arendt, “Nadie puede ser feliz sin participar en la vida pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político”. Es lo que resumió el sociólogo Abdelmalek Sayad en una fórmula que sintetiza el déficit denunciado: “existir es existir políticamente”.

Las lecciones que nos ofrecen los problemas que acaban de experimentar los dos modelos aparentemente más consolidados de gestión de sociedades que cuentan con generaciones de inmigrantes asentados, es decir, con presencia estable de la inmigración, el del Reino Unido y el de Francia, modelos construidos desde principios por cierto diferentes, deben hacernos reflexionar. Uno y otro modelo de gestión de la presencia de la inmigración parecen quebrarse precisamente cuando la democracia plural debe hacer frente a los desafíos más graves, el del terrorismo internacional si no global, y el de la fractura social, la desintegración de la cohesión. ¿Qué es lo que falla cuando ciudadanos británicos abrazan la opción de la lucha terrorista contra la sociedad y contra los principios políticos en la que han crecido y se han educado? ¿Qué es lo que impulsa a los jóvenes de la banlieue, que han

 

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nacido y crecido como franceses, en la identidad republicana, a rebelarse y rechazar (incluso a incendiar) símbolos claves de esa identidad, como la escuela?

Quizá habría que recuperar la sabiduría de Polibio (y antes de Herodoto) cuando nos advierte acerca de la necesidad de isegoría, es decir, de igual libertad de palabra, para el florecimiento de la libertad. La isegoría, asegura Polibio, es tan importante como la isonomía (igualdad jurídica) o la isocracia (igualdad de poder), porque si no se asegura a todos por igual la libertad de crítica, se pone la semilla para la pérdida de libertad. Pero esa libertad de palabra no se garantiza si no se tiene acceso en condiciones de igualdad a la plaza pública, a la asamblea.

Es decir, que necesitamos otro pacto político, un pacto de ciudadanía, que, por fuerza, ha de ser de nueva ciudadanía. No sólo porque el objetivo fundamental es cómo dar presencia –y no sólo visibilidad– a esos recién llegados que llaman a las puertas del cuerpo social y político, a los new comers que son los inmigrantes, sino porque no es posible llevarlo a cabo sin reconocer capacidad de negociación a otros sujetos y ello exige transformar la categoría de ciudadanía.

La primera parte de este cometido nos obliga a afrontar una tarea de considerable dificultad: ¿cómo definir lo que es el mínimo común denominador en estas sociedades plurales con fuerte presencia de inmigración? En sociedades plurales, ¿cómo se define lo que es común sin atentar al respeto a la libertad y al pluralismo? ¿Basta con la idea del consenso social expresado en la Constitución y que se ha formulado en las diferentes variantes del patriotismo constitucional? ¿Qué peso han de tener las tradiciones culturales? Porque es cierto que la cohesión fría que proporciona la dimensión constitucional no puede suplir el calor de la identidad, como saben bien los nacionalismos y como llevan a su extremo los fundamentalismos, pero ¿podemos hablar de identidad cultural en términos singulares, idiosincráticos, sin contradecir el pluralismo? ¿No habría que reconocer más bien que vivimos en sociedades en las que no sólo coexisten identidades plurales, sino que cada uno de nosotros nos construimos –nos perfeccionamos– en clave de esa múltiple adscripción, de la polifonía y tenemos una identidad asimismo plural?

La segunda es el debate sobre el acceso de los inmigrantes a lo que podríamos llamar la nueva ciudadanía. En realidad, es un debate complejo, que obliga a considerar dos cuestiones de primordial interés.

  1. Primero, la remodelación de la ciudadanía en sentido estricto, es decir, la necesaria revisión de la concepción de la ciudadanía, cuya versión clásica, la propia de los Estados nación de los siglos XIX y XX, se encuentra cuestionada por la globalización, por la creciente heterogeneidad que caracteriza a nuestras sociedades y por una lectura consecuente con la hegemonía proclamada de los derechos humanos. Esta remodelación tiene dos dimensiones: la desnacionalización o desvinculación del demos respecto al etnos, y además la superación de la dimensión tecnicojurídica y estatalista de la ciudadanía. La clave es la noción de ciudadanía social y efectiva, que obliga a una concepción multilateral y gradual, en la que el vínculo de residencia estable es la razón de pertenencia y de reconocimiento como sujeto. Y por eso, cambia el enfoque sobre el acceso de los inmigrantes a la ciudadanía. El motor para ese cambio es el anclaje de la ciudadanía en la residencia, en lugar de la nacionalidad. Creo que hay que comenzar por el carácter de comunidad política que tienen crecientemente las ciudades y recuperar entonces la dimensión política de la condición de vecinos, algo que muy difícilmente se puede negar a los inmigrantes.
  2. En segundo lugar, un debate sobre la participación e integración política de los inmigrantes. Desde una concepción de este tipo, la participación es un elemento clave y básico del proceso de integración de los inmigrantes que, en ese sentido, podemos definir como el desarrollo de la participación de los

 

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nuevos ciudadanos en las diferentes esferas de la vida social, en igualdad de derechos y obligaciones y sin que se les impongan el precio de la renuncia a su cultura de origen.

Uno y otro debate, en el caso europeo, remitirían a la posibilidad de configurar una ciudadanía europea de carácter plural e inclusivo. Para tratar de proporcionar pistas que nos sirvan, conviene examinar los argumentos más relevantes que se enfrentan en la discusión sobre las condiciones de integración política de los inmigrantes (de su acceso a los derechos políticos, a la ciudadanía), teniendo en cuenta no sólo el debate científico doctrinal, sino en particular el marco normativo europeo, que nos proporciona interesantes elementos de referencia, y el español, en el que contamos con otros instrumentos que permiten concretar la discusión.

Del análisis de esos marcos de referencia cabe extraer algunas propuestas. Resumiré cinco de las más debatidas hoy. (1) La necesidad de anclar la ciudadanía en la residencia estable, comenzando por el ámbito municipal, en el que en España el sistema de padrón, pese al debate existente, puede constituir una ayuda notable. (2) El reconocimiento del principio de gradualidad y multilateralidad (más que transnacionalidad) de la nueva ciudadanía que debería abrirse a los inmigrantes. (3) El establecimiento con claridad e imparcialidad de las condiciones del referido acceso a la misma, que no cabe formular en términos de identidad etnocultural sin traicionar la lógica de la democracia liberal y que no pueden confundirse con las condiciones de reconocimiento de la titularidad y garantía de los derechos. (4) la necesidad de desarrollar instrumentos que promuevan la participación política de los inmigrantes, comenzando por el ámbito municipal y autonómico, lo que exige el reconocimiento de su condición de agentes de ese espacio público en el que son ya vecinos. (5) Por eso, muy concretamente, debe reconocerse el derecho de los inmigrantes al sufragio municipal activo y pasivo, sin condicionamiento de reciprocidad.

¿Es esto lo que se ofrece a quienes preferimos seguir considerando invisibles? No hace falta dar demasiadas vueltas para concluir que no. Y a modo de test me referiré a la experiencia del debate electoral más reciente en España.

7. Del “contrato de integración” a la integración política

Se aproximan tiempos difíciles para la integración política, para la consideración de que el inmigrante debe tener acceso a la ciudadanía y a los derechos políticos. La previsión de la crisis económica –que golpeará directamente a los inmigrantes (el paro, las crecientes dificultades de cobertura de servicios sociales)– tendrá consecuencias profundas, pero en cierto modo ya ha producido sus efectos sobre el proyecto de integración. Y uno de ellos, a mi juicio, es la propuesta –nada novedosa– de someter a los inmigrantes a un “contrato de integración”, la iniciativa enunciada por el PP en España a la imagen de la propuesta de Sarkozy y que no está tan lejos de otras avanzadas no hace mucho por Convergencia i Unió.

Aparentemente (se nos decía) se trata de una propuesta en línea con lo que vienen haciendo buena parte de nuestros socios europeos para asegurar la cohesión social y la lealtad. Se trataría de suscribir un compromiso cuyos elementos serían cumplir las leyes, respetar las costumbres españolas, aprender la lengua, pagar sus impuestos, trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo (lo que no deja de constituir una contradicción bajo la rúbrica “integración”). Como ironizaba la profesora Rubio, se trata de exigir una especie de promesa de que “van a ser buenos y cumplir con sus obligaciones, y convertirse en buenos españoles”. Lo primero no es exigible. Lo segundo es superfluo y ya existe todo el rigor legal reforzadas por las condiciones de precariedad y vulnerabilidad a la que están sometidos los inmigrantes. Y lo tercero, además de difícil de concretar, para los inmigrantes pero también para los propios españoles (¿en qué consiste ser “buen español”? ¿cuáles son las prácticas sociales, las costumbres en que se concreta?), además de dar pie a bromas sin

 

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límite sobre el elenco de costumbres que deberían ser adoptadas –de la gastronomía a la superstición pasando por la blasfemia– no es exigible sin violar el pluralismo y los derechos humanos. Esta propuesta, contra lo que se pretendía hacernos creer, no tiene nada que ver con el modelo de interculturalidad, ni tampoco con las condiciones de la lealtad política, que, en todo caso, pueden aconsejar que se facilite la adquisición de competencia lingüística y de cultura cívica (modelo canadiense), que es algo muy distinto de esa propuesta. Detrás de la insistencia en la asimilación cultural se encuentra una concepción no sólo paternalista y etnocéntrica, sino difícilmente compatible con el respeto al pluralismo y a la libertades individuales. En realidad, como traté de apuntar antes, esa propuesta obedece a una sustitución de las condiciones jurídico-políticas legítimamente exigibles por la prioridad de la dimensión sociocultural. De esa forma se propicia lo que entiendo como un riesgo, y es que el debate, en lugar de conducirse a la dimensión realmente importante, la política profunda, la condición de igualdad en derechos y deberes, se culturaliza, en el peor sentido de la expresión, y como se entiende que la clave de la cohesión social, de la convivencia, es la armonización de las diferencias, de la creciente pluralidad (es decir, sobre todo de la que viene de fuera a través de la inmigración), la discusión sobre integración se centra casi exclusivamente en reducir las diferencias culturales, en un planteamiento centrípeto, defensivo, reaccionario.

Pues bien, en lugar de ello, creo que debería reconocerse de una vez la necesidad de otra condición del proceso de integración social como proceso de mutua acomodación. Me refiero a la dimensión política de la integración. Y a una dimensión política que no entiendo como un corolario del proceso de integración social que exige la presencia de los flujos migratorios, sino como una exigencia básica, coherentemente con la tesis de que la inmigración es sobre todo una cuestión política, incluso el escenario privilegiado del debate político en la actualidad. Porque la exclusión del cuerpo político, del pueblo, de una parte de los que de facto lo constituyen, los inmigrantes que residen de forma estable entre nosotros, como vecinos, es un cáncer.

Por eso, seguir insistiendo en el imposible acceso de las personas inmigrantes a alguno de los elementos distintivos de la ciudadanía, condiciona la posibilidad misma de transformarnos en democracias inclusivas y plurales. Plantear el objetivo de la plena ciudadanía, más allá de las miopes miradas que la circunscriben a una estricta idea de pertenencia e identidad, sigue siendo necesario en la medida en que son inseparables las tres dimensiones que dicha categoría aglutina: ser titular de la soberanía es el resultado de la pertenencia al cuerpo social y al contrato político que permite el reconocimiento de la titularidad en derechos. La plena ciudadanía ha de incluir la total igualdad en derechos políticos, sin renunciar a la misma en el ámbito de los derechos sociales y civiles. En esta línea, los derechos políticos han de ser concebidos desde una noción amplia que aglutina derechos de participación, de intervención en la vida pública. Dentro de los mismos se ubican, entre otros, los derechos políticos en sentido estricto (principalmente el sufragio activo y pasivo); los derechos relativos a la libre expresión e información, las medidas promocionales orientadas a facilitar el acceso de las personas inmigrantes a los medios de comunicación y la creación de plataformas propias de expresión; y las facultades de intervención en órganos, foros, consejos consultivos u otros dispositivos de participación y consulta.

La clave está en aceptar que la igualdad no es una concesión, sino un proceso de conquista que siempre supone conflicto social y político. Así no podrá hablarse de igualdad mientras no haya reconocimiento de la plena condición de sujeto del espacio público que al inmigrante le corresponde. No hay igualdad si nos limitamos a la lucha contra la discriminación, sin incidir en la integración política, que no es más que reconocimiento como sujetos, respeto y participación. Ciudadanía es igualdad, pero no sólo igualdad jurídica (isonomía), ni igualdad de palabra (isegoría), sino también isocracia.

 

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Como botón de muestra de la justificación de esta exigencia, basta pensar en un ejemplo traído también de las últimas elecciones municipales de 2007 y de las legislativas de 2008: al mismo tiempo que en no pocas circunscripciones se ha incrementado el número de representantes debido al aumento de la población residente (los inmigrantes empadronados), en flagrante contradicción, hemos podido comprobar que quienes originaron ese crecimiento se veían excluidos de la condición de representados. Esto es lo que, como señalé al principio, permite que se hable (Ph. Colle) de esquizofrenia democrática entre la lógica liberal válida sólo para los propios ciudadanos y la lógica colonial aplicada a los no ciudadanos que están dentro.

El derecho al sufragio municipal (activo y pasivo) no agota los derechos de participación política, pero es un primer paso efectivo y de fuerza simbólica. Pero sucede que, cuando se plantea en serio adoptar esa decisión, todos los grupos parlamentarios (salvo IU-els Verds) apuntan casi ad calendas graecas o insisten en mecanismos que lo vacían de contenido, como la supeditación al principio de reciprocidad. Como he recordado en otras ocasiones, olvidamos que no está sólo en juego el bienestar de los inmigrantes, sino un modelo de sociedad decente, conforme a la advertencia de Tocqueville: “si los hombres han de seguir siendo civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse unos con otros debe crecer y mejorarse en la misma proporción en que se incremente la igualdad de condiciones”. Por eso, a mi juicio, y tal y como he tratado de explciar con más detenimiento en otros trabajos, la mejor vía es la de una somera reforma del texto del artículo 13 que elimine la cláusula de reciprocidad. Poco más que lo que se hizo en la única reforma constitucional que ha vivido el texto de 1978, en aras de las exigencias del Tratado de Maastricht para reconocer derechos a esos extranjeros particulares que son los ciudadanos de la UE. Demos el paso de extender la igualdad a los demás.

8. Mientras llega el cosmopolitismo...

Pues bien, habida cuenta de que frente a toda esperanza, el espacio público cosmopolita que constituiría la versión más aceptable de lo transnacional, condición de la democracia multicultural en un contexto de globalización (incluso si se quiere en ese sueño que se encuentra en la fórmula utilizada por Pablo en su epístola a los Romanos a propósito de Abraham (contra spem in spe credidit: ut fieret pater multarum gentium), ni hoy por hoy está, ni aun siquiera se le espera, y que sus sucedáneos, como los espacios regionales entre los que quizá sólo la UE podría aspirar a que se aceptara esa identificación, no atraviesan su mejor momento y aun se diría que su dimensión política se diluye ante nuestros ojos como azucarillo, hay quien podría sugerir que volvamos al buen camino del Estado nacional, a sus modelos de soberanía y ciudadanía, que, en definitiva, son los más considerados con quienes más pueden necesitar de reconocimiento político, los sujetos vulnerables. Incluso en el bando progresista, hay quienes como Danilo Zolo, separándose de la posición cosmopolita sostenida por los Ferrajoli, Held, Soysal y tuttiquanti, postulan lisa y llanamente abandonar la trampa del cosmopolitismo vacío. Aunque siempre nos quedará Zizek para rizar el rizo.

Se abre así una discusión, por otra parte conocida y nada novedosa, entre quienes proponen alternativas en el mientras tanto a esa nueva soberanía y ciudadanía. Una de las más debatidas es la noción de ciudadanía transnacional, aunque algunos sucedáneos parecen haberle ganado la mano, por ejemplo, la ciudadanía multicultural, o la sustitución pura y simple de la ciudadanía por una equiparación de derechos sin exigencia de nacionalización para quienes aparecen como extranjeros y sólo pueden aspirar al estatus de denizens.

Quizá el test más interesante siga siendo el de las condiciones del reconocimiento del derecho a sufragio a los inmigrantes, porque en ese terreno se revelan todos los

 

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prejuicios y comprensiones previas no explicitadas en el modelo liberal del sujeto político, de su teoría de la ciudadanía. Al menos por dos tipos de consideraciones.

De un lado, porque se advierte con claridad que la cuestión es la igualdad, no sólo como no discriminación de derechos sino como empowerment, como emancipación, lo que exige equiparación en derechos económicos, sociales y culturales, y no sólo en libertades públicas. De otro, porque se desnuda el non dictum liberal sobre los presupuestos identitarios del reconocimiento como sujeto público, como titular de los derechos políticos. La lección de la construcción social de clase y género como requisitos para ese reconocimiento sigue siendo útil.

Y ahí es donde topamos con la cuestión del voto, del derecho al sufragio. Sé que desde una parte de la izquierda se insiste en que se trata de una huida hacia adelante, de un espejismo que nos despista de las verdaderas prioridades. Con todos los matices, el argumento me recuerda las tesis de algunas feministas y sufragistas que, en la segunda República, recomendaban esperar en el reconocimiento del sufragio femenino para evitar un voto cautivo de la Iglesia católica. No nos distraigamos con el derecho al sufragio cuando hay asuntos más urgentes para trabajar en torno a los inmigrantes. Una vez más, el argumento es el mismo que se utiliza por ejemplo para rechazar ahora la prioridad de la ratificación de la Convención de la ONU de 1990 sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias: no es lo urgente, lo urgente es satisfacer necesidades, ocuparse de la inmigración, porque, además, las formalidades jurídicas y políticas no resuelven los verdaderos problemas y a veces sólo sirven para distraer.

Me niego a aceptar esas prudentes argumentaciones del primum vivere deinde filosofare, deinde otium, res publica. Es justo al revés, y quien no lo entienda no comprende ni la filosofia republicana, ni la democracia de mercado, ni la transnacionalidad. Sólo quien es reconocido como agente en el mercado global puede exigir que se reconozcan sus demandas, puede esperar que los agentes que deciden tomen en su agenda tales reivindicaciones. Volvamos al grito revolucionario: no taxation whitout representation, no a la presencia ausente, no a la reivindicación de infrasujetos y menos con esa lógica tan propia de los tiempos de crisis: estado de sitio en lugar de Estado de derecho. Recuperemos las ciudades como cosmopolis, como espacios mestizos (Obama...) de la política en su sentido original, y devolvamos la soberanía de ese espacio a sus dueños: los vecinos.

 

Refugiados: una propuesta realista. A propósito del último libro de Sami Nair (Los diablos azules, Infolibre, 19.11.16),

Si queremos salir del marasmo en que se encuentra la gestión de la mal llamada crisis de los refugiados, tendremos que aprender a ser realistas. Pero en un sentido muy diferente del descarnado pragmatismo que domina en las cancillerías europeas y en Bruselas. Realismo para ofrecer soluciones factibles, inmediatas y adecuadas. Realismo para entender qué es lo que sucede. Una y otra manera de entender el realismo, creo, es lo que ofrece Sami Nair en su último libro, Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria, una solución real (Crítica, 2016).

Sí: realismo significa, para empezar, entender que esta crisis es sobre todo un síntoma de otra crisis más profunda y que nos afecta a todos, no sólo a ellos. Se trata de reconocer que la tragedia que ha cobrado protagonismo ante los ojos de los europeos desde hace tan sólo dos años y que los pragmáticos gobiernos tratan de racionalizar a su modo, no es solo ni aun primordialmente, un problema de millones de seres humanos desgraciados que han tenido la mala suerte de nacer mal, de encontrarse en el lado salvaje. No. Se trata de algo mucho más grave. Vivimos en un momento particularmente duro del desmentido del proyecto del Estado de derecho y aun del Estado democrático de derecho. Podríamos añadir que vivimos el desmentido de la posibilidad de lo que Kant llamaría el "derecho cosmopolita", o, en términos más recientes, los de Ferrajoli, el desmentido de la posibilidad de universalización del "Estado constitucional de derecho".

Realismo. Empecemos por entender que si nos encontramos en esa situación es como consecuencia del avance de esa lógica brutal y compleja de expulsión de la que habla Saskia Sassen en su último libro (Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Katz, 2015) y que caracterizaría nuestro momento histórico. Sassen sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil entre la lógica de lo público y la lógica del mercado, o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los derechos y la expansión del Estado de derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands­off del derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desregulado) el mercado.

Esa es la cuestión; la mal denominada por los europeos crisis de refugiados es sólo un escenario más de ese proceso de regateo, fragmentación y aun vaciamiento de los derechos, comenzando por el derecho de asilo, tal y como se ha hecho evidente en las inexistentes políticas de asilo de buena parte de los países de la Unión Europea y aun de la propia Unión Europea. Otro escenario de una disputa feroz por las migajas de los derechos humanos, por la respuesta a la pregunta ¿quién tiene derecho y por qué al reconocimiento y garantía eficaz de los derechos?

Se trata de algo tan evidente que, como en el juego que describió Poe en La carta robada, no somos capaces de distinguirl,o precisamente porque nos deslumbra ese foco que hemos puesto sobre la tragedia, que destaca los resultados, las muertes, las violaciones, los niños desaparecidos, pero no de las causas. Aún peor, hablamos de refugiados pero, en realidad, nuestro designio es impedirles o, al menos, dificultarles enormemente que se les reconozca como tales. Cuando nos referimos a esos 65 millones de personas incluidos en las estadísticas del ACNUR, tendríamos que reconocer que no son refugiados, no lo son aún. La mayoría de ellos se quedarán en aspirantes o solicitantes de refugio, personas que se ven obligados a huir de su país y vagan por el mundo queriendo solicitar refugio, sin que se les deje ni eso. Algo que no es nuevo. La Unión Europea, sus Estados miembros, con alguna tan honrosa como rarísima excepción, lo han venido practicado con los inmigrantes a los que hemos negado tal condición, imponiendo una construcción normativa (jurídica), de inmigrante que estrecha esa realidad y la niega. No queremos refugiados, ni siquiera demandantes de refugio y asilo. Lo explica muy bien el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein: "These are people with death at their back and a wall in their face", "Son personas que llevan la muerte a su espalda y se encuentran de frente con un muro". Esos muros los construimos nosotros para que no lleguen. Y, en buena medida, también nosotros somos responsables por acción y/o por omisión.

Todo esto no es nuevo, y si alguien ha trabajado para hacernos reflexionar sobre ello, es posiblemente Sami Nair, que viene a dar otro aldabonazo con este último libro. Pero no es este un libro solo ni prioritariamente de denuncia. El propósito del reconocido politólogo es sobre todo dar un paso que nos permita concebir esperanza sobre lo que es la vía de salvación. Esa que, según los versos de Hölderlin que abren el último capítulo, aparece cuando estamos ante el abismo. Se trata de mostrar que podemos y debemos tomar en serio los derechos de esos millones de seres humanos que buscan ser reconocidos como refugiados. El profesor Nair invoca una solución asequible, inmediata, elemental. Porque ante todo se trata de ofrecer vías para que esas personas que necesitan encontrar un lugar seguro puedan plantear su demanda de la manera más segura y rápida posible, para evitar esos viajes de la muerte, en los que se ponen en manos de despiadados traficantes que, desgraciadamente, son su única esperanza de llegar a países seguros, a ese paraíso que en su imaginario es Europa. Porque nosotros los europeos nos obsesionamos en ponérselo difícil,

http://www.infolibre.es/noticias/los_diablos_azules/2016/11/18/una_propuesta_realista_57741_1821.html 2/5

18/11/2016

Refugiados | Una propuesta realista | InfoLibre.es

supuestamente en aras de nuestra seguridad, de la impermeabilidad de nuestra fortaleza Schengen. Un planteamiento falaz, porque nuestra seguridad no se puede comprar al precio de los derechos de tantos seres humanos. Y, sobre todo, porque nuestra seguridad no existe si ellos no están seguros.

Por eso, la de Nair es básicamente una propuesta realista y digna, que es la de la civilización y la solidaridad, frente a la barbarie y el odio que nos ofrecen los movimientos xenófobos y racistas a los que no sólo no saben combatir sino que en no poca medida están alimentando las políticas europeas de inmigración y asilo. Es además una propuesta factible, porque arranca de una experiencia contrastada y conocida, la iniciativa de Una propuesta realista, basada en los Principios Nansen. Se trata de poner en marcha lo que el gran explorador noruego Fridtjof Nansen creó en 1922 para atender a los centenares de miles de desplazados tras la primera guerra mundial y que le valió ser nombrado alto comisionado de refugiados y, después, el premio Nobel de la paz. Se trata de otorgarles un moderno salvoconducto, un documento de tránsito que les permita solucionar sus problemas esenciales, en vez de quedarse varados en los campos en los que se va escurriendo su dignidad y en los que sus necesidades no quedan suficientemente atendidas. Una garantía para poder plantear su necesidad de asilo de forma segura, legal, rápida y eficaz. poder pedir asilo en todo el mundo; circular por todos los países que les acepten.

Actuar. Pero no con la lógica torticera que vienen aplicando los Gobiernos europeos, sino desde

los principios de solidaridad y respeto al Estado de Derecho. Abandonar la herencia de Caín y entender que conseguir la efectiva protección de esos millones de seres humanos es un deber que nos concierne a todos.

Malinallis desconocidas (Cartelera Turia, 11.11.2016)

Malinalli Tenépatl (Malintzin, Malinche) es el doble nombre náhuatl de un personaje polémico, que ha sido tratado de muy diversas formas a lo largo de la historia. De sus dos nombres, el primero se refiere a la diosa de la hierba utilizada para cordeles y el segundo, añadido posteriormente por su familia, habla de una persona con gran capacidad de palabra.

Si vamos a los hechos, parece corresponder a una mujer de cierto linaje, indígena de una región fronteriza entre aztecas y olmecas, que capturada por traficantes de esclavos, fue venida a un negociante de Tabasco que a su vez la entregó, junto a otras mujeres, como esclava/tributo a Cortés. Este, tras bautizarla como Marina, hizo de ella su concubina pero, sobre todo, su traductora para relacionarse con los pueblos indígenas en su conquista de México, ya que hablaba náhuatl y maya y aprendió con facilidad el castellano. Tenemos testimonios de su presencia al lado de Cortés en un período que abarca entre 1520 y 1527, tanto en las crónicas de Bernal Diez del Castillo como en los testimonios aztecas (por ejemplo, el denominado Lienzo de Tlaxcala) Malinalli tuvo un hijo con Cortés, Martín Cortés, simbólicamente considerado el primer mestizo.

El personaje, novelado por Octavio Paz y Laura Esquivel, entre otros grandes de la literatura (también por otros menores, como Falconer o Jennings)  ha sido objeto de polémica durante siglos. Desde la independencia y casi hasta hoy, ha predominado la versión de la Malinche como la gran Iscariote, que diría el ocurrente faltón de turno. La Malintzin, en efecto, facilitó en gran medida el proyecto de conquista de Cortés y sería así una hipócrita capaz de vender a su pueblo por salvar la vida. “Malinchismo” ha sido multisecularmente el término despectivo para designar a quienes se considera traidores a su propia patria, vendidos al invasor extranjero que destruyó el mundo indígena. Algo mucho peor que nuestro casi aséptico –por comparación- “afrancesados”.

Y sin embargo, hoy, aparece un doble rostro de Malintzin, más en la línea de Paz, que la ve como la madre fundadora de la nueva nación, un México entendido como nación mestiza. Su condición de mujer excepcional, protagonista real de trascendencia histórica indiscutible, es glosada también desde una perspectiva feminista: la madre que engendra un mundo nuevo y al tiempo es la víctima de los agresores.

Pensaba en todo eso evocando la tragedia que viven en el Mediterráneo tantas nuevas Malinallis, que arriesgan sus vidas por sus hijos, muchas veces víctimas de violaciones que son al tiempo arma de guerra y/o precio de su aventura desesperadamente esperanzada. Madres capaces, como Malinalli, de abrazar dos mundos para dar a luz a uno nuevo, que es nuestra mejor oportunidad. Por eso deberíamos escucharlas, atender su mensaje, que nos propone  sabernos reconocer como lo que ya somos, mestizos y  aceptar esa savia nueva, en lugar de empeñarnos en sepultar a quienes son, sobre todo, portadoras de vida, del futuro de todos nosotros.