LA JUSTICIA UNIVERSAL, EN SERIO (CONTRA LA VERSIÓN 2.0 DE LA REFORMA DE 2009. JOSE ELIAS ESTEVE/JAVIER DE L UCAS

Hace veinte años, cuando la detención del general Pinochet en Londres abría el difícil camino hacia la justicia universal, el benemérito Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger la definía como “un movimiento consistente en someter la política internacional a procesos judiciales”. A quien había disfrutado del poder de mover como peones políticos en el escenario internacional a genocidas y torturadores, le debía parecer inadmisible, claro, el intento de someterlos a la “tiranía de los jueces”. Bajo el pretexto de la realpolitik, a duras penas se escondía el proyecto real: mantener el ámbito de la vieja razón de Estado fuera del alcance del funcionamiento de los principios básicos del Estado de Derecho, nacido precisamente para eso, para asegurar el control del ejercicio del poder y evitar su actuación impune.

La batalla por mantener ese ámbito de impunidad se hace más dura cuando no se trata sólo de someter al control judicial eso que eufemísticamente se llama cloacas del Estado, sino de reducir e incluso eliminar la existencia de zonas institucionales de alegalidad, el lado oscuro pero inevitable -al menos tendencialmente- del poder. La razón es obvia: el oxímoron de la alegalidad institucional, supuestamente exigido en aras del realismo político (en el colmo de la desfachatez, hay incluso quien lo considera el precio que ha de pagarse por mor de la ética de la responsabilidad) es un cáncer letal para el Estado de Derecho.  Por eso, no se trata sólo de hacer controlable a posteriori el ejercicio desviado, el abuso de poder.  El proyecto en el que encaja la justicia universal es más ambicioso y tiene que ver con una lógica jurídica, la que, entre otros, ha teorizado Luigi Ferrajoli como lógica expansiva del Estado constitucional, del constitucionalismo, que no puede dejar de instalarse en al ámbito del Derecho y de las relaciones internacionales, desarrollando tesis de raíz kelseniana.

El proceso recorrido en esa lucha del Derecho contra la impunidad que es la justicia universal, tiene etapas muy conocidas. Su línea argumental viene señalada en la propia sentencia del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores que, en el juicio sobre la extradición del dictador chileno advertía que “el Derecho Internacional estipula que los crímenes de ius cogens, entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución”. Con este mismo espíritu, en el verano del 2002, se ponía en marcha el Tribunal Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma asegura que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Y siendo así, el mismo tratado internacional -del cual España es parte- recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

Nuestros tribunales, apoyándose en el Derecho internacional y en la redacción original del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporaron esa lógica jurídica y convirtieron a nuestro país en una referencia internacional en la lucha contra la impunidad. Ahora bien, cuando los criminales perseguidos, en lugar de ser líderes genocidas ruandeses o guatemaltecos, como Efraín Ríos Montt, pasaron a ser gobernantes de grandes potencias, hicieron saltar las señales de alarma en los ejecutivos de turno. Así, a principios del año 2009, la entonces Ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, exigía al ejecutivo de Zapatero el archivo de la investigación abierta por los crímenes cometidos en una ofensiva militar en la Franja de Gaza y se permitía anunciar una reforma legal del marco jurídico español de la jurisdicción universal (de un tercer Estado, como España!!). Poco después, desde Beijing, los líderes del Partido Comunista Chino apremiaron a adoptar medidas “inmediatas y eficaces” para cerrar cuanto antes la “falsa querella” que acusaba a mandatarios del Politburó de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en el Tíbet. Simultáneamente, como hemos sabido también después, gracias a la difusión de los cables diplomáticos estadounidenses en el affaire Wikileaks, ministros españoles visitaban la Embajada de Estados Unidos en Madrid para tratar de atender las peticiones de Washington que protestaban sobre el avance de las instrucciones de la Audiencia Nacional en casos como los vuelos de la CIA, torturas en Guantánamo o el asesinato en Bagdad del periodista español José Couso. Por cierto, a la sede diplomática de la Calle Serrano también acudió en ese contexto el entonces Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, que adoptó una actitud beligerante en la exigencia de rebajar ese standard de justicia universal incorporado por los tribunales españoles.  

Ese baño de presiones diplomáticas, sumado a la argumentación realista esgrimida desde no pocos sectores de la política y la judicatura, condujo en mayo de 2009 al acuerdo de PSOE y PP que consensuaron la primera reforma del principio de la jurisdicción universal a través de la Ley Orgánica 1/2009, una reforma legal dirigida en principio a otro objetivo, pues venía referida a otra cuestión, la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. En aquel contexto, unos y otros aseguraban que la enmienda del artículo 23.4 LOPJ afianzaría de forma más sólida (por más realista) el compromiso con la justicia universal, y no provocaría un retroceso. Así lo manifestó públicamente  la eficaz Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que coordinaba los contactos del Gobierno español con la embajada norteamericana.

Más allá de estas declaraciones de intenciones, lo cierto es que como consecuencia de ese “compromiso”, la fiscalía solicitó con celeridad el archivo de las causas contra dirigentes israelíes, chinos o norteamericanos. En efecto, la reforma del 2009 de la jurisdicción universal imposibilitó continuar con las investigaciones en las que no concurriera -de forma subsidiaria- uno de los nuevos requisitos exigidos: existencia de víctima española, residencia en territorio nacional del querellado o “vínculo de conexión relevante con España”. Por cierto, a ese respecto, cuando se archivó el caso Tíbet, la representación jurídica de la demanda inquirió a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo si las relaciones comerciales y económicas con China podían constituir ese vínculo de conexión relevante con nuestro país. Los jueces guardaron silencio sobre este particular. Años después, el ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, García Margallo, admitió sin complejos que el 20% de la deuda pública en manos de China había provocado la segunda gran reforma de la jurisdicción universal, la de 2014: un cambio legislativo que supuso la derogación de facto de la justicia universal, ya que condiciona la persecución de los graves crímenes internacionales a “ que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”, circunstancias acumulativas de imposible concurrencia en la práctica.

Las informaciones disponibles permiten suponer que el PP de Casado, junto a Ciudadanos y el PSOE, pretenden llegar hoy a un consenso que nos devuelva una suerte de versión 2.0 de la justicia universal del 2009. Una versión que, por lo que se conoce, puede calificarse al menos de edulcorada y a la que no sería ajena la perspectiva realista que mantiene la asesoría jurídica del Ministro de Asuntos Exteriores, que sigue dirigida por quien nombró el PP en enero de 2018. A nuestro juicio, ese realismo esconde una vez más una posición conservadora, si no francamente retardataria.

Ese proyecto de resucitar la reforma de 2009 parece en abierto contraste con los objetivos proclamados por el Gobierno Sánchez y muy en concreto desde la cartera de Justicia, que consistían en recuperar e incluso ampliar el ejercicio efectivo de la Jurisdicción Universal conforme a su sentido en Derecho internacional. Así lo ha reclamado también públicamente la plataforma de la sociedad civil recién constituida, justiciauniversalya.com. Es más, resulta inadmisible que un dictamen de la Asesoría Jurídica de Exteriores, que supuestamente debe esgrimir motivaciones legales en sus razonamientos, fundamente su rechazo al borrador de Justicia esgrimiendo que éste, “introduce elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales de los Estados”. En otras palabras, el clásico argumento de la razón de Estado según el cual “una política exterior viable” está por encima de los derechos humanos. Afrente a esa posición, preguntamos si el Derecho penal internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, se han redactado para defender la razón de Estado o para proteger a los ciudadanos más desprotegidos de la comisión de horrendos crímenes internacionales. ¿Cuáles son los intereses que debe proteger en este ámbito ley internacional? ¿la del Estado soberano junto con su deuda pública y las inversiones de las grandes corporaciones o las de las víctimas de torturas, genocidios o crímenes de guerra? Kissinger lo tenía claro, y parece que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores también.

Con todo, debe asimismo ponerse de manifiesto que esta propuesta no sólo confunde el principio de jurisdicción universal con otros principios de extraterritorialidad de la ley penal, como es el de la legitimidad pasiva, sino que manipula los genuinos intereses de las víctimas. En efecto, el dictamen asegura que el pleno ejercicio de la jurisdicción universal, con los “serios problemas prácticos” que acarrea, conduce a una “decepción para las víctimas”. Nos preguntamos con cuántas víctimas palestinas, tibetanas o saharauis se ha reunido el gabinete jurídico de Exteriores para llegar a dicha conclusión. Al margen de haber convivido durante décadas con ellas, es fácil intuir sus sentimientos, cuando, por ejemplo, con ocasión de la reforma del 2009 se archiva el caso de los crímenes de guerra cometidos por militares israelíes o el de los crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo tibetano en plena celebración en 2008 de los Juegos Olímpicos en Beijing. No creemos que la decepción para las víctimas de la Franja de Gaza fuera continuar con la instrucción del asunto, a pesar de los innegables obstáculos legales que deben soportar y que fundamentalmente proceden de la fiscalía, sino más bien todo lo contrario. ¿Pueden imaginar el rostro de “decepción”, frustración y rabia de las madres de los palestinos asesinados cuando tras el archivo y publicación de esa reforma, Simon Peres le daba públicamente la enhorabuena a nuestro entonces Presidente Zapatero en su visita oficial a Israel por dicha reforma legal? ¿o los sentimientos de la joven tibetana Dolma Palkyi, superviviente en la travesía al exilio por los altos pasos del Himalaya, que fue testigo del asesinato a tiros por los guardias fronterizos del Ejército Popular de Liberación de su amiga Kelsang Namtso? Difícilmente pueden imaginar tanto dolor y sufrimiento infringido quienes desde sus mullidos sillones del Ministerio son ajenos a estas tragedias y pierden la perspectiva del propósito último y humanizador del Derecho de Gentes. Insistimos, un Ius Gentium en el sentido que hoy se trata de defender, no el de las viejas naciones, los Estados o las grandes corporaciones, sino de las personas, los ciudadanos. Una vez más debe remarcarse que el Derecho Internacional debe proteger la soberanía, “pero la soberanía del pueblo, y no la del soberano”, como precisa el internacionalista de la Universidad de Yale, W. Michael Reisman.

A nuestro juicio, un gobierno progresista no puede ni debe renunciar a situarse en una posición de firme defensa y garantía de los valores que sostiene la Unión Europea, en clara asunción de los principios y normas de la legalidad internacional. La coherencia más elemental exige el valor de rechazar convertirse en rehén de los chantajes de regímenes autoritarios, dictatoriales o de las grandes corporaciones. Por supuesto, somos conscientes de que aquí, como en otros escenarios que preocupan a la opinión pública, el difícil equilibrio entre valores jurídicos y políticos e intereses nacionales (sí, aceptamos que no se trata sólo de planteamientos espúreos) alcanza el máximo grado de tensión. Pero frente a la óptica del corto plazo que parece dominar entre los spin doctors y gabinetes de comunicación de nuestros responsables políticos, frente a los innegables costes que pueden significar decisiones coherentes con la legalidad internacional, sugerimos la mirada del medio y largo plazo, en la que el coste contrario, el de sacrificar la coherencia con esa legalidad, con nuestra condición de miembros del proyecto europeo, se muestra letal. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que no sólo nuestro país, sino la UE y occidente estamos pagando por la aventura en Iraq: una lección que, por cierto, se mide también en intereses contantes y sonantes.

 

UN BALANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 2018, PARA H25 (CADENA SER)

 
 
 
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Nos han pedido a los tertulianosde H25 que hagamos balance de algunos temas. A mí me ha tocado tratar de hacer balance de la situación de los derechos humanos. Y esto es lo que he respondido
¿Me preguntan por los Derechos humanos en 2018?
Déjenme que recuerde algunos datos
En España, en 2018,
• 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018; 972 desde enero de 2003,
• El 30% de niños es pobre
• Cada hora se producen 4 desahucios.
En el mundo, en 2018,
40 millones de personas se han visto obligadas a huir de su país debido a desastres climáticos
Más de 10000 rohingya masacrados y más de 800.000 han tenido que abandonar sus hogares.
La caravana migrante es rechazada y gaseada por Trump…

Todo eso es verdad, como nos recuerdan los realistas, sí. Pero ahora escuchen estos nombres
• Aquarius. Nuestra Señora del Loreto.
• MSF y Medicus Mundi.
• Los bomberos de Proemaid.
• El médico congoleño Denis Mukwege.
• La activista y superviviente iraquí Nadia Murad.
• El padre de tantos menores no acompañados y cabeza de PRODEIN, Pepe Palazón.
• Los periodistas que se dejan a veces la vida por el objetivo de una información libre y fidedigna.
• Tantos profesores y estudiantes que trabajan día a día por crear una cultura de los derechos.
• Y decenas, centenares de miles de personas anónimas: los voluntarios de CEAR, Cruz Roja, la red Acoge, Caritas…

Por esos nombres, por tanta gente, sigo pensando que el balance no puede ser negativo, que los derechos humanos no son palabrería, mientras, como ellos, cada uno de nosotros se comprometa a luchar por los derechos de los otros: cada uno, como pueda. Sin alharacas. Con esperanza.

 
 
 
 

Felicitación de año nuevo 2019 Imagen Two Girls Lying in the Grass, John Singer Sargent, 1889

Two Girls Lying in the Grass (1889), John Singer Sargent (MOMA, N.York)

 

 

El padre de la moderna poesía norteamericana, Walt Whitman, nació el 31 de mayo de 1819. En 2019 se cumple, pues, su segundo centenario. Es una buena ocasión para abrir el año con los versos del Canto I de Song for Myself (Canto a mí mismo), de la inmortal Leaves of Grass (Hojas de hierba), edición de 1892), en la original y magnifica versión castellana de León Felipe

 


I celebrate myself, and sing myself,

And what I assume you shall assume,

For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loafe and invite my soul,

I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

 

Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Vago… e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío


 

Mis mejores deseos para 2019

Javier de Lucas

LAUDATIO EN LA ENTREGA A SAMI NAIR DEL IV PREMIO INTERNACIONAL HUMANISMO SOLIDARIO “ERASMO DE ROTTERDAM”, Madrid, Casa Arabe, 14 de diciembre de 2018

 

SAMI NAIR: LA SOLIDARIDAD CRITICA

 

Sr Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Dr. Josep Borrell

Sr. D. Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe;

Sr. D. Francisco Morales Lomas, Presidente de Humanismo Solidario;

Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, Consejero de honor de Humanismo

   Solidario;

Profesor Emilio Lledó, Premio Humanismo Solidario

Doña Eva Lucas, en nombre de Jose Luis Sampedro, Premio Humanismo Solidario

Profesor Sami Naïr, querido amigo

Autoridades,

Amigas y amigos,

Estamos aquí para celebrar a uno de los más prestigiosos intelectuales franceses y europeos, que es también, probablemente, el más español de los intelectuales franceses y europeos, como trataré de mostrar: nuestro admirado Sami Nair, ganador de la IV edición del prestigioso Premio internacional Humanismo Solidario, que lleva el nombre de uno de los grandes humanistas europeos y universales, Erasmo de Rotterdam. Se trata de un premio concebido para distinguir a las personalidades o instituciones que se han destacado por la defensa de los principios de solidaridad, interculturalidad, humanidad, dignidad y valores del ser humano en su obra de pensamiento, intelectual, creativa o literaria.

 

El jurado quiso hacer constar en el fallo su reconocimiento a “la labor creativa de D. Sami Naïr, su incansable trabajo como investigador, enseñante y divulgador en el ámbito de las actividades humanísticas, defendiendo en todo momento los valores éticos y de solidaridad, capaces de contribuir a la necesaria construcción del desarrollo y la dignidad de los pueblos y, muy especialmente, su compromiso para con los derechos de los inmigrantes. Todo ello, así como su fecunda aportación intelectual, desarrollada al margen de las corrientes coyunturales y marcada por su postura vital de contribuir, desde la educación, la cultura y la transmisión del saber, a la consecución de un mundo mejor y a la consolidación de los valores de solidaridad, interculturalidad, humanidad y dignidad que propugna y reivindica la Asociación Internacional Humanismo Solidario, le ha convertido en merecedor de este galardón”. 

 

Me corresponde la tarea de desgranar la argumentación de esos méritos, pues he sido invitado a pronunciar la laudatio.

 

Recordaré que, tras la Licenciatura en filosofía y sociología, estudió también Derecho y Economía. Se diplomó en la Ecole des Hautes Etudes, y obtuvo posteriormente el Doctorado en filosofía política y el Doctorado en letras y ciencias humanas.

Ha sido Profesor en la Wesleyan University, Estados Unidos (1971-1985), Profesor Titular Catedra Relaciones Norte-Sur, Université Lausanne (1992-94), Profesor visitante en la universidad Libre de Berlin y en la Humboldt, y en Paris VIII, donde obtuvo la cátedra de Ciencia Política. También, como recordaré luego, en un buen número de Universidades españolas.

 

Sami Naïr se formó en buena medida en una escuela que aportó nuevos elementos al significado de la noción de intelectual. Primero bajo el magisterio de filósofos como su maestro Lucien Goldmann, en La Sorbonne y luego Michel Foucault, que le llevó a trabajar con él en Paris VIII. Pero hay que añadir de inmediato que le influye  muy notablemente su relación con Jean-Paul Sartre y, sobre todo, con Simone de Beauvoir, quienes le reclutan como redactor de Temps Modernes, desde finales de los 70 hasta comienzos de los 90 (a partir de 1982 y hasta 1991 fue, además, codirector de la revista)

 

Fue precisamente un encargo de su gran amiga, Simone de Beauvoir, a Sami Naïr, para que elaborara un número monográfico de esa revista lo que, según el testimonio personal de Sami Nair, le condujo a los estudios sobre las migraciones, un campo en el que hoy es un referente obligado a escala mundial.

 

 

Sami Nair es un humanista solidario, de ambición universal y de talante crítico

Sin adscribirse a ningún <nosotros>, al menos en el sentido etno-cultural, Sami Naïr es un ejemplo de solidaridad activa con los más vulnerables. Es bien conocido su compromiso de más de cuarenta años con inmigrantes y con refugiados, su defensa de sus derechos, de su causa, a la que ha dedicado lo mejor de su inteligencia y capacidad de trabajo. Y mucho, muchísimo tiempo. Una dedicación que le ha llevado del terreno académico al político y que está salpicada de gestos de generosidad que se niega a hacer públicos; algo que no traicionaré, aunque me gustaría que se conociesen.

Sami conoce los problemas reales de inmigrantes y refugiados porque no los ha estudiado desde la comodidad del despacho, sino sobre el terreno, lo que incluye estudiarlos en origen.  

Este solidario universal está muy lejos del cosmopaleto y del ombliguista. Sin duda, Nair es un cosmopolita porque tiene el alma grande y su mirada no conoce las fronteras. Pero también es alguien, como explicare en seguida, con los pies en las tierras, bien arraigado.

Ombliguistas son aquellos que piensan que, habiendo tenido el privilegio de haber nacido en este o aquel país, en esta o aquella región del mundo, tienen el encargo de hacer de ello motivo de orgullo, de exhibición e incluso utilizarlo para señalar con el dedo a quienes, pobres desgraciados, no cuentan con lo que aquellos (contra toda evidencia racional) consideran una condición propia que les otorga un valor superior, una cierta supremacía. No practican la solidaridad, sino la limosna o, en todo caso, la compasión en su acepción más paternalista y degradada. Llamo cosmopaletos a esa otra categoría que, recuperando probablemente sin conocerlo el viejo elogio de corte menosprecio de aldea, nos martillea con sus elogios a cuanto provenga de la metrópolis de moda (antes, Paris; luego, Londres, N York, Toki, etc) sin detenerse a pensar su escasa trascendencia y su nula aplicabilidad fuera de aquel contexto.

Otros, como Sami Naïr quizá más realistas, pero sobre todo más ambiciosos, no sacan a pasear ese azar de la naturaleza que es el nacimiento como criterio de mérito y valor que les distingue frente a los menos afortunados (a su juicio, claro). Prefieren partir de ese su lugar en el mundo al que, por supuesto, no hay por qué renunciar, para abrirse al conocimiento de todo lo que hay más allá. Para conocer y entender que el mundo es ancho y ajeno y también un tesoro a compartir, si nos empeñamos en escuchar, ver, entender a cuantos, siendo otros, nos ayudan a entendernos mejor.

Es evidente que hoy no hace falta el viaje físico para abrirse al mundo, como ya sabían Montaigne o Kant, que no se movieron de Burdeos ni de la hoy ingrata Kaliningrado (antes Könnigsberg) y sin embargo estaban al día de todo lo importante. Aunque advierto que, pese a esa constatación, soy de lo que creen que, en la medida de las posibilidades de cada uno, viajar, sobre todo si no se trata de turistear, sino de desplazarse con los ojos y los oídos abiertos, viajar, insisto, ayuda.

Sami Nair es solidario y universalista también porque es un viajero, en el profundo sentido de ese buen modelo. Aunque pudiera parecer, examinado su inverosímil agenda, que es un personaje virtual, casi próximo a la ubicuidad, en realidad tiene sus pies en las tierras (sí, en plural) que ama: la Belfort de su infancia; la Lucy-sur-Yonne de la Borgoña feraz, la de Auxerre y la joya de Vézelay; los paisajes de Níjar y Cabo de Gata de la Almería de cegadora luz de sus queridos Juan Goytisolo y Angel Valente, y tantas otras tierras españolas, su patria de elección. Por cierto, ese fogonazo de luz del mediterráneo español me recuerda siempre el impacto que causan los chispazos de inteligencia con los que Sami Nair salpica cualquier conversación, y por eso creo que se le podría aplicar el estupendo verso de su querido René Char, “un relámpago que dura”.

Este arraigo plural en las tierras que ama convive en Nair con su afección incondicionalmente republicana por esa Francia que para muchos de nosotros es y será <nuestra segunda patria>, un aserto atribuido a Jefferson. El Presidente más francés de los EEUU, en efecto, podría haberlo dicho, pero como sabe Sami Nair que conoce a fondo la literatura, la poesía y el teatro franceses es el dramaturgo Henri de Bornier, quien pone en boca de Carlomagno “Tout homme a deux pays, le sien et puis la France”, en su drama La Fille de Roland –Drame en quatre acts en vers– (1875).

 

 

Sami Nair: la interculturalidad para la universalidad

Cualquier lector de la obra de Sami Nair y pongo por ejemplo la recopilación de una parte de sus ensayos en su monumental Europa mestiza, sabe que toma muy en serio el desafío de la interculturalidad. Desafío complejo porque la interculturalidad no es un hecho, sino una respuesta normativa, un proyecto político que tiene dimensiones sociales, educativas, jurídicas y políticas, que no se deben banalizar. Es hora de recordar la lección de Cassirer. El proyecto intercultural, como modelo de gestión de la diversidad, no es el apocalipsis al que nos acostumbró la parábola de la torre de Babel, que estigmatiza la diversidad lingüística (y con ella, la cultural) como una patología incompatible con la conservación y el progreso social. Asi lo ejemplifica, insisto, la lección de Yahweh al proyecto del rey Nemrod concretada en lo que el relato bíblico llama la “confusión de lenguas”, identificando así la experiencia de Babel, la diversidad lingüística, como un mal, sólo en su dimensión negativa.

Banalización a mi juicio es también la generalización de la genial intuición de Freud sobre el <narcisismo de las pequeñas diferencias>, que tanto se aproxima al pronóstico de Tagore, acerca de un mundo por llegar en el que the few are more than the many….

Pero banalización es también la versión de la interculturalidad como un fenómeno, natural, espontáneo, una arcadia feliz fruto de la espontánea y armoniosa convivencia de todas las culturas.

Sami sabe bien que la coexistencia (no digamos la convivencia) de individuos y grupos que se reclaman de universos culturales muy distintos y exigen el reconocimiento de esos universos simbólicos y de sus consecuencias prácticas, institucionales, normativas, no es tarea sencilla. Porque el respeto a la pluralidad, también a la pluralidad cultural, no puede ser incompatible con el mínimo de cohesión social que exige el consenso en torno a unos valores y principios que identificamos con los derechos humanos, concretados en la DUDH cuyo 70 aniversario acabamos de celebrar, aunque eso está lejos de resolver la cuestión definitivamente.

 

Sami Nair, Premio Erasmo de Rotterdam

Creo que se pueden encontrar en Sami Naïr no pocos de los rasgos que definieron al gran humanista Erasmo. Para empezar, a Sami se le puede aplicar la habitual caracterización de Erasmo, descrito como un hombre de naturaleza inquieta y viajera y de espíritu curioso, unidos, cito, a un incontrolable rechazo a todo lo que significara rutina, así como a cuanto significara autoritarismo.

Erasmo se rebela, solidariamente, contra el  tipo de disciplina aplicada a los jóvenes estudiantes que busca, en opinión de Erasmo, <quebrar su voluntad>, un rechazo frente al cual se solidariza con quienes así verán frustrados las posibilidades de desarrollar su propios ser, conforme al modelo socrático.  Son rasgos que nos explican no pocas de sus decisiones poco comprensibles, como la de declinar buena parte de los cargos que le ofrecieron; por ejemplo, pese al empeño de sus amigos Cole, Fisher y Thomas Moro, no quiso aceptar una cátedra vitalicia en el Queen’s College que le hubiera convertido en preceptor de príncipes. Porque lo que nadie consiguió fue quebrar la voluntad de Erasmo. Y bien, prueben a quebrar la de Sami Nair.

Sami es heredero de Erasmo, como europeo de fuste. Si Erasmo es uno de los “padres fundadores” de esa extraordinaria simiente del humanismo, del espíritu crítico, de la libertad y de la fuerza de la razón, que es el mejor patrimonio de Europa, Sami ha contribuido a defender y sostener en el debate académico, intelectual, político, esa Europa abierta, crítica consigo misma y por ello capaz de proyectar ideales universales, incluso en estas horas sombrías que vivimos hoy. Y ello pese a que haya quien leyendo superficialmente a Sami o a lo que se le atribuye (que es la carga de la fama), pueda espetarle lo que dicen que lanzaron contra Erasmo, como supuesto padre de Lutero: “Usted puso el huevo y Lutero lo empolló”. Seguro que Sami, con su ironía habitual, respondería lo que Erasmo: “Sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase”.

A mi juicio, cualquiera con un mínimo de formación y un dedo de frente sabe que Sami Nair es uno de los referentes mundiales de la lucha contra el racismo, contra el eurocentrismo, a favor de la gestión universalista de la diversidad cultural (Europa mestiza), comprometido con la causa del pueblo palestino, un pueblo que, como escribiera el gran poeta Mahmud Darwish, tiene un mapa de ausencia.

Se atribuye a Erasmo el aserto “la felicidad consiste en contentarse con la propia suerte, en querer ser lo que uno es”. Claro, me dirán, contentarse con querer ser Sami Nair, no está nada mal como suerte en la vida, aunque lo cierto es que Sami se ha labrado esa suerte con un esfuerzo tenaz, no la encontró como regalo.

 Yo, salvando las distancias y permítanme la inmodestia, me contento pensando que me puedo aplicar esto otro de Erasmo: “No hay posesión más valiosa que el verdadero amigo”. Erasmo tuvo al valenciano Juan Luis Vives. Sami, doctor honoris causa de la Universitat que lo fue de Vives, tiene buenos amigos en el claustro de profesores de Valencia: los represento con mucho gusto en este acto y agradezco muy sinceramente a la fundación que me haya ofrecido el regalo de pronunciar esta laudatio.

ESTRATEGIAS FRENTE A LA “NARRATIVA TÓXICA”. EL EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS, LUCES ROJAS, INFOLIBRE, 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Mojar las palabras en veneno

El Diccionario Oxford ha elegido “tóxico” como palabra del año 2018. Bastaría un repaso a lo que se ha escrito en estas últimas semanas acerca de la degradación del <teatro> político para darle la razón. Y eso si concedemos, que ya es mucho tragar, la entronización de la dimensión <espectáculo> sobre la de argumentación, como expresión prioritaria en lo público.

En realidad, esa extensión de la ponzoña es una perversión del lenguaje que va mucho más allá de los escenarios de la política profesional y que venimos aceptando sin reacción suficiente, entre la resignación ante lo inevitable y la indiferencia de las élites que se creen a salvo de esos excesos y la consideran una moda pasajera, un sarampión como el de tantos otros adanismos. Recomiendo a quien quiera un análisis en profundidad la lectura de un ensayo reciente de mi compañera de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo-Paúl, Tiempos de hipérbole. Inestabilidad e interferencias en el discurso político.

Como explicaba el mismo Oxford Dictionary en la justificación de la elección de la palabra del año, tóxico tiene su raíz en el griego τοξικον φαρμακον (tóxikon pharmakon), veneno para las flechas. Pues bien, creo que es en eso en lo que estamos, en envenenar los dardos que son los mensajes, las palabras. Pareciera, por ejemplo, que las redes sociales llevaran consigo esa tentación irresistible de la pérdida del respeto como condición de toda conversación, una consecuencia que no puede ser atribuida sólo al anonimato de tantos de sus protagonistas, puesto que la observamos a menudo entre quienes actúan a cara descubierta. En cualquier caso, lo cierto es que el veneno circula con rapidez y se extiende en todos los ámbitos.

 

 

La barrera del Derecho frente al desprecio y la humillación

Frente a ello, necesitamos una barrera consistente, la misma que a mi juicio es la base del Derecho: el respeto. No hablo de respeto como cortesía o manifestación de educación, sino en el sentido fuerte del término, como exigencia de trato igualitario. Creo que es la respuesta que encontramos en el desarrollo filosófico jurídico más exigente que es, a mi juicio, el que ofrece la moderna teoría del reconocimiento que arranca del filósofo canadiense Charles Taylor y que ha sabido concretar quien fuera sucesor de Habermas al frente del Instituto para la investigación social de la Universidad J-W Goethe (Frankfurt), Axel Honneth. Sobre todo, en sus análisis sobre el riesgo de generalización de la antítesis del respeto: el menosprecio, la humillación, que llevan a lo que él llama la sociedad del menosprecio.

Sus advertencias coinciden con la vieja lección de Montaigne en su Ensayo sobre los caníbales, que entendió bien Todorov al identificar la línea que separa civilización y barbarie: la deshumanización del otro. Y con la lección política que supo advertir Sami Naïr en sus ensayos sobre la revolución de los jazmines y sobre otros escenarios de la indignación. Esas pistas nos conducen a identificar una línea roja que el Derecho no puede dejar traspasar: lo inaceptable de un discurso y una práctica políticas que institucionalizan la humillación, al generalizar el status de subordiscriminación atribuido a grupos de seres humanos identificados como diferentes y vulnerables (y, por tanto, a los individuos que sean identificados por su pertenencia a esos grupos) cuando no, como era el caso, para una buena parte de la población, reducida a la vieja condición de siervos. Es una falacia que se repite hasta ser aceptada: confundir el hecho de la diferencia con la respuesta normativa que consiste en la desigualdad. Es decir, utilizar la diferencia como coartada para justificar que esos diferentes, esos otros, no son ni pueden ser tratados como iguales en derechos, ni tampoco son ni pueden ser sujetos de las decisiones políticas, ciudadanos, soberanos.

 

 

Para vencer el discurso tóxico sobre las migraciones: una estrategia en tres etapas.

Hay quien trata de encontrar los antídotos frente al resentimiento y al odio como motores sociales, en las posibilidades de educar y aun de institucionalizar la empatía y de la cooperación, también de noble tradición filosófica. Por supuesto que me sumo a esos proyectos de garantía de una educación y de prácticas cívicas. Pero querría un paso más. Y para eso, me referiré a un ejemplo particularmente claro de la narrativa tóxica como estrategia política, sobre el que ya llamó la atención Gemma Pinyol en un excelente artículo a propósito de las migraciones (https://elpais.com/elpais/2018/07/05/opinion/1530814645_466534.html) y que estamos viendo crecer no ya en otros países europeos, sino aquí y ahora, en Cataluña y Andalucía y en el resto del nuestro.

 Hablo, claro, de políticas migratorias y de asilo, de mensajes electorales que no sólo envenenan sus propias flechas, sino que consiguen contagiar a otros que creen que también deben hacerlo, para no perder la delantera electoral. Hablo de ese discurso sobre los inmigrantes como otros que ni pueden, ni deben ser tratados como iguales. De esa narrativa forma parte un tipo de “información” presente en los medios de comunicación, pero también, a mi juicio, la difusión de esos mensajes tóxicos a través de instrumentos jurídicos de políticas de migración y asilo y de la perversión de su debate público.

Para erigir la barrera del respeto frente a esta <narrativa tóxica>, para cambiar la mirada y el discurso hoy hegemónicos en la opinión pública a propósito de esos otros, inmigrantes y demandantes de asilo, es necesario diseñar y planificar una estrategia que incluya siempre tests de verificación de resultados, realizados por instancias independientes. Propongo tres etapas en esa estrategia

El primer paso es una tarea de información y educación de la opinión pública y los agentes sociales. Porque necesitamos conocer a esos otros. Y para eso es imprescindible contar con análisis fiables, datos contrastados. Creo que esa necesidad es una de las aportaciones del GCM impulsado por la ONU y aprobado en Marrakesh precisamente en el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y diría que necesitamos al menos estas cinco concreciones:

  1. Necesitamos una estrategia de recuperación y análisis de datos fiables sobre los movimientos migratorios y de refugiados que, ante todo, siguen la dirección que marca la necesidad: son Sur-sur.
  2. Necesitamos una estrategia eficaz contra ese proceso de difusión de rumores, medias verdades, fake news, sobre todo en las redes sociales. Por cierto, ya contamos con iniciativas muy positivas a ese respecto, como la estrategia antirumores para prevenir racismo (http://www.antirumores.com/proyecto.html.) o la red antirumores frente a estereotipos de migraciones, organizada por la Junta de Andalucía ( https://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicas-migratorias/redantirumores.html).
  3. Necesitamos revertir el tratamiento sectorial de las migraciones (como fenómeno sólo laboral, o económico-laboral) y analizarlas como fenómeno global que sólo puede ser abordado desde el multilateralismo y la cooperación.
  4. Necesitamos entender que aumentan las causas de la necesidad de demanda de asilo mientras se estrechan las soluciones, lo que es evidente respeto al cambio climático. Entender la necesidad de non refoulement, de vías de acceso seguras y legales
  5. Necesitamos, en suma, revertir el discurso sobre las verdaderas realidades, los desafíos reales y los medios con los que contamos: revertir el discurso de la inmigración como factor de enfrentamiento social y con ello la prioridad del discurso sobre defensa y aun guerra contra las amenazas, para construir el de cooperación internacional, de responsabilidad compartida y mutuo beneficio.

 

Por supuesto, esa voluntad de mutuo conocimiento debe concretarse prioritariamente en el sentido de desmontar la gran asimetría, la del desconocimiento que tenemos nosotros hacia esos otros. Pero esa es una tarea de sumas, no de restas. Por eso, aunque se trate de un movimiento minoritario que llega a nuestro país con retraso respecto a la discusión que se ha vivido, por ejemplo, en los EEUU o en Francia, me parece peligroso que esté  cobrando eco entre nosotros un movimiento que, en lugar de sumar en la lucha antirracista, divide. Me refiero a la reivindicación de quienes sostienen que sólo las personas <racializadas> pueden y deben tener voz. Que <los blancos> debemos callar y abstenernos de tomar parte en ese proceso de mutuo reconocimiento y de combate contra la ignorancia y los prejuicios. Me parece un grave error, porque a mi juicio, insisto, en este primer paso (y en los sucesivos) se trata de sumar, no de dividir, de imponer una suerte de revancha que podría acabar por constituir otro racialismo.

En segundo lugar, necesitamos iniciativas concertadas entre las sociedades de origen, de tránsito y destino y los propios inmigrantes, y basadas en la prioridad que es la garantía de los derechos. Es decir, medidas que desarrollen el vínculo entre democracia, derechos y desarrollo sostenible como punto de partida del pilar internacional de toda política de migraciones. Un vínculo que, a mi juicio, ha de evitar tres riesgos que guardan una estrecha relación. El primero, el del paternalismo que ha caracterizado a buena parte de los instrumentos de políticas de cooperación y ayuda al desarrollo, herramientas diseñadas apriorísticamente por los donantes, como si los países receptores vivieran en un estadio de minoría de edad. El segundo, el del neocolonialismo que concibe las políticas de ayuda y cooperación al desarrollo como un medio para la expansión de los intereses económicos y geoestratégicos, tanto los del Estado, como los de sus empresarios; por ejemplo, cuando se condiciona la ayuda al cumplimiento de cuotas de policía en relación con prácticas de externalización de fronteras.  El tercero, el de la complicidad -si no la incentivación- del circuito de corrupción que involucra a las élites de los países a los que se compra y corrompe so capa de prestar la cooperación: porque esas élites corruptas de los países destinatarios de tales políticas de ayuda y contra las que claman no pocas veces, con razón (basta ver el caso de Guinea ecuatorial o incluso el de Palestina) las críticas de derecha contra ese modelo de políticas solidarias, se corrompen también porque hay corruptores, y nosotros, tristemente, desempeñamos ese papel.

Si se trabaja bien esas etapas, podremos pisar terreno seguro para el tercer y necesario paso: el de reconocer a quienes ya están aquí asentados la misma capacidad de decisión a la hora de adoptar las decisiones políticas que la obligación que les exigimos, cumplir con el deber de sufragarlas con los impuestos que pagan. Una vez más, no a los neocolonialismos, a las fronteras interiores sobre las que ya advirtiera Balibar: no taxation whitout representation.

Ese objetivo es el que describía la fórmula Inmigration for Citizenship, al que se encaminaba con carácter prioritario el modelo de políticas de migración canadiense anterior a la administración Harper, pero que no ha sido suficientemente recogido, a mi juicio, en la actual administración Trudeau (cuya política de refugiados es incontestablemente un referente mundial). A esos efectos, necesitamos recuperar o, mejor, volver a definir políticas de acogida y gestión de la presencia estable de los inmigrantes, que tengan en cuenta ante todo la exigencia de darles voz, escuchar sus necesidades, sus expectativas y propuestas, en términos de igual libertad con la que se reconoce a los nacionales. Y eso supone, por ejemplo, recuperar dos medidas en las que vengo insistiendo desde que en junio llegó al Gobierno el Presidente Sánchez. La primera, recuperar la dotación presupuestaria del Fondo de acogida e integración dirigido a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (creado por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero y luego reducido a mínimos al socaire de la crisis y anulado desde el primer momento por el Gobierno Rajoy), que son las administraciones más próximas a los inmigrantes con presencia en nuestro país y por tanto las que deben afrontar en primer lugar las tareas de servicios sociales y de ayuda para derechos sociales básicos, incluida la formación en el empleo, en la lengua y la ayuda a la vivienda, por ejemplo. La segunda, la reformulación de lo que se denominó Plan de Ciudadanía e integración y que vivió el mismo proceso de desaparición que el Fondo.

Porque ese es el objetivo que permitiría gestionar la movilidad migratoria en beneficio mutuo de todos los actores implicados. Se trata de hacer posible reconocer como nuevos ciudadanos a los inmigrantes que tienen la voluntad de asentarse establemente en nuestro país, sin condicionar ese reconocimiento a exigencias de asimilación cultural y de costumbres, a peregrinos test de conocimiento que muchos nacionales no superarían. A mi juicio, debe bastar con dos requisitos, la voluntad acreditada por el hecho de residir y trabajar de modo estable, en un plazo a determinar (tres, cinco años), y la voluntad manifiesta de adquirir una competencia lingüística que les permita comunicarse en la lengua de uso común en nuestro país. Todo ello se resume en la fórmula por la que vengo, venimos luchando desde hace decenios: hacer accesible la ciudadanía por vecindad y no por nacionalidad. Porque, a mi juicio, a esos aspirantes a ser nuevos ciudadanos debemos atribuirles la misma presunción favorable que a los nacionales, esto es su disposición a cumplir las leyes, los deberes, como todos los ciudadanos, una presunción que sólo se desvirtúa si hay una sentencia firme que establezca que las han infringido. Porque, en mi opinión, no hay nada que justifique imponerles un plus de lealtad a la ley, al ordenamiento jurídico, respecto a los nacidos aquí. Nadie lo lleva en sus cromosomas. Todos aprendemos   a conocer el principio de respeto al Derecho y a adquirir la disposición de ajustar nuestra vida a esas reglas comunes de juego, que nos reconocen una presunción favorable de libertad, que no se destruye por un prejuicio repetido, sino sólo por una decisión judicial firme, tras un proceso con garantías.

 

 

70 AÑOS DE ESPERANZA El País, 11 diciembre 2018

La Declaración universal de derechos humanos (DUDH) cumple setenta años. La pregunta es si hay motivo suficiente para celebrarla, cuando somos conscientes de que las violaciones de derechos en ella proclamados han sido cotidianas y masivas desde el mismo día de su aprobación y, sobre todo, cuando sabemos que, para muchos miles de millones de seres humanos, ese documento es poco más que retórica ajena a su vida real.  

 

A mi juicio, sucede con esto lo que con otras conmemoraciones de hitos en la historia de ese instrumento civilizatorio que puede ser el Derecho, pero que es percibido más bien como herramienta de dominación y discriminación para una amplia mayoría de la población que se ve ajena a sus supuestos beneficios, cuando no directamente excluida de ellos. Es decir, debemos evitar generalizaciones también en este caso indebidas. Y, sobre todo, creo que debiéramos evitar dos posiciones extremas, que hemos visto también con ocasión del 40 aniversario de la Constitución española de 1978.

 

De un lado, los exegetas que nos proponen una ceremonia cuasi religiosa, en torno a un dogma (la universalidad de los derechos humanos) recogido en un catecismo (Declaración universal), que tiene su iglesia (la ONU), sus sacerdotes (los bien remunerados funcionarios de la ONU y sus agencias) y también sacrificados misioneros (las ONGs). Como tal iglesia, dan por definitivo lo proclamado en la DUDH y, sin negar el contraste brutal de esos principios y objetivos con los hechos, destacan sólo los indiscutibles logros mientras se muestran incapaces de afrontar las imprescindibles medidas en torno a los grandes riesgos comunes, buena parte de ellos inéditos o incluso impensables en 1948: el desafío ecológico, el energético, el que supone el evidente incremento de los desplazamientos forzosos de poblaciones, étc.

 

De otro, la legión no ya de críticos, sino de los descreídos, adornados con el ropaje científico del <realismo>. Son quienes esgrimen la tópica distinción entre la perspectiva normativa (estigmatizada por idealista, ingenua, si no pura y simplemente, opio para los pobres excluidos, los humillados y ofendidos de turno) y la dura lección de la realpolitik, de unas relaciones internacionales en las que lo único que importa es la correlación de fuerzas en el tablero geoestratégico mundial, y no la defensa de estos o aquellos ideales. Además de ese tan manido como irreal abismo entre el punto de vista normativo y el “científico”, estos elegantes pesimistas -ser optimista no es cool– suelen adornarse con la versión más tópica y superficial de la distinción weberiana entre la responsabilidad como ética política adecuada, y la ética de la convicción, reducida a una sonrojante versión fundamentalista, como si mantener principios fuera sinónimo del pensamiento único o de la incapacidad para el diálogo y la crítica.

Paradójicamente, este tipo de élite insatisfecha, con su tan brillante como estéril pesimismo del mantra “no hay nada que hacer”, “falta voluntad política”, “no se dan las condiciones”. constituye el mejor baluarte para el inmovilismo reaccionario, o incluso para el dictum lampedusiano. Se diría que para ellos no existiría el progreso moral, sino sólo un incremento de la comodidad o bienestar que goza una parte reducida de la humanidad. “Es el mercado, amigos, no los derechos”, podemos escuchar en alguna grosera versión del dictamen de Adam Ferguson en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil (1767) en el que apuntó la línea de colisión entre la lógica del mercado y la lógica de lo público, la que estaría guiada por la democracia, por los derechos.

 

Frente a unos y otros, creo que conserva su pertinencia la sabiduría del motto del gran jurista alemán del XIX, Rudolf Ihering, “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha”. El Derecho en su mejor acepción, es lucha por los derechos. Sólo así puede dejar de ser un instrumento de explotación, de discriminación, de dominación ilegítima, para convertirse en una herramienta digna, que ayude a la emancipación de todas las mujeres y los hombres, a la igual libertad de todos los seres humanos, que ese es, en definitiva, el sentido de la tesis de la universalidad de los derechos. Eso exige garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, comenzando por la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Y afrontar el reto de la inclusión de la pluralidad, que ya no puede anclarse sobre el mito del ascensor social y palanca de integración que sería el trabajo, núcleo del vínculo social, en un mundo en el que la noción de trabajo estable, la misma categoría de <jornada de trabajo> y de trabajador, deja de tener sentido ante la transformación tecnológica.

 

Ni autocomplacencia, ni ocasión para la frustración o el cinismo, sino para la esperanza. Es el momento de reconocer la capacidad de quienes trabajaron para hacer posible la Declaración, como Eleanore Rooselvelt, John P.Humphrey o René Cassin, y mujeres como la india Hansa Metha, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah o la dominicana Minerva Bernardino, a quienes ha querido rendir homenaje el Secretario General ONU (https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-06/un-secretary-generals-remarks-opening-exhibit-70th-anniversary). Todos ellos eran perfectamente conscientes de que la mayoría de esos derechos que querían proclamar, para la gran mayoría de los seres humanos, eran poco más que utopía en ese momento, en la mitad de un siglo XX que apenas salía de lo que quizá haya sido la página más sombría de la historia de la Humanidad. Entre las cenizas de la guerra y en un mundo enfrentado en dos bloques, podrían haber dicho que no se daban las condiciones, Pero todos ellos tenían la convicción y la decidida voluntad política de proclamar como imprescindibles esos principios, esa encarnación histórica del ideal de justicia que son los derechos humanos, y dejar así claro que ningún régimen político, ningún orden jurídico podría aspirar a presentarse como legítimo sin reconocerlos, primero, y sin tratar de garantizarlos a continuación. Y tenían el compromiso, la voluntad, de trabajar por lo que siempre será una tarea inacabada. Porque nunca podremos declararnos satisfechos con el estado de los derechos, aunque eso no nos impida reconocer los progresos conseguidos en estos 70 años.

 

La Declaración es el umbral mínimo de esperanza. Se ha convertido en menos de un siglo en el rasero indispensable al que tienen que rendir homenaje, aunque sea hipócritamente, todos los que aspiran a la condición de autoridad. Y al hacerlo, malgré soi tantas veces, dan la oportunidad para que podamos criticarlos, rechazarlos e incluso juzgarlos, como sucede hoy a través de ese fruto de la Declaración que son la Convención de Roma y la jurisdicción universal. Un fruto aún no maduro, pero ya florecido. Como fruto de la Declaración es la Convención para la eliminación de las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, la primera pieza de la arquitectura jurídico institucional desplegada desde la Declaración y los Pactos del 66. Y es un fruto legítimo de la Declaración el programa global de la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se complementa con 169 metas asociadas a ellos y que arrancan de la prioridad de prioridades, la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Porque si no hay vida, no ha lugar la discusión sobre los derechos.

 

La verdadera esperanza no es, no puede ser nunca confundida con la satisfacción ingenua de quien se acomoda al primer logro. La esperanza es siempre exigente: contra spem in spem credidit, escribió Pablo de Tarso refiriéndose a Abraham: tuvo esperanza, contra toda esperanza. La esperanza no se diluye ante la constatación de lo mucho que hay por ganar en esa lucha por los derechos. Si retomamos la advertencia de Gramsci, desde el pesimismo de su inteligencia, pero con el optimismo de su voluntad, podemos ser capaces de ver en ello su verdadera razón de ser.

 

Conviene ser conscientes de que ésta es una tarea inacabada e inacabable, la de luchar por la universalidad de los derechos, que es luchar por los derechos del otro, de los otros. Y siempre hay otros en peor situación, seres humanos que sufren violaciones inaceptables en sus derechos por el hecho de ser otros. Por eso, me parece que la manera más adecuada de conmemorar este aniversario de la DUDH es el compromiso con los ODS de la Agenda 2030. Y para eso, conviene seguir la propuesta de Honneth: nunca como hoy, quizá fue tan cierto que no podemos permitirnos el lujo del pesimismo. El optimismo, en particular el que sostiene la lucha por los derechos, lejos de la ingenuidad, es un imperativo moral.

 

 

VALENCIA CELEBRA LOS DERECHOS HUMANOS. CONGRESO INTERNACIONAL 70 ANIVERSARIO DUDH, El País, Comunidad Valenciana, 8 diciembre 2018

El Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia (IDHUV) organiza entre los días 10 y 12 de diciembre un Congreso internacional para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración universal de derechos humanos (DUDH). Reuniremos en 6 conferencias y 8 paneles a medio centenar de académicos, expertos en organizaciones internacionales y en instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, así como a representantes de ONGs y también periodistas, para conversar sobre un eje común: cómo mejorar la lucha por los derechos de todos los seres humanos. Porque el IDHUV tiene como lema el del gran jurista alemán Rudolf Ihering, “todo derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha”. Se trata de entender que todos debemos comprometernos en el objetivo de emancipación de todos los seres humanos, cada uno desde su particular inserción en el mundo, que le hace insustituible.

 

Eleanore Rooselvelt fue la gran responsable de impulsar la DUDH, al frente de personalidades como René Cassin, John P.Humphrey y con la destacada contribución de mujeres como la india Hansa Metha, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah o la dominicana Minerva Bernardino, a quienes ha querido rendir homenaje el Secretario General ONU (https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-06/un-secretary-generals-remarks-opening-exhibit-70th-anniversary). Todos ellos eran perfectamente conscientes de que, en 1948, la mayoría de esos derechos que querían proclamar eran poco más que utopía, si no retórica vacía, para cientos de millones de seres humanos. Pero tenían la convicción y la decidida voluntad política de proclamarlos como imprescindibles y trabajar por lo que siempre será una tarea inacabada. Nunca podremos declararnos satisfechos.

 

Porque es una tarea inacabada e inacabable, he escrito y repetido que la DUDH es un punto de partida, el umbral mínimo de esperanza. En estos 70 años ha permitido poner en pie una arquitectura institucional de defensa global de los derechos humano, Hoy, la esperanza está puesta sobre todo en la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se complementan con 169 metas asociadas a ellos y que arrancan de la prioridad de prioridades, la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta.

 

Con esa convicción invitamos a todos a asistir, a participar, a conversar en y a partir de este foro y de otros muchos, por supuesto. Es la tarea que da sentido a nuestro IDHUV, que es resultado del compromiso de nuestra Universitat. Quiero agradecer en particular la contribución de la Embajada de Canadá y de la Fundación Canadá, que se refleja también en la exposición de fotografías cedidas por el Museo Canadiense de Derechos Humanos que se podrá ver en Valencia, antes que en Madrid y Bilbao. Y nuestro agradecimiento al compromiso con los derechos de las personas, lema del Gobierno de la Generalitat Valenciana que quiere hacer de Valencia lo que la mayoría de nosotros deseamos, una tierra de inclusión de la pluralidad, de igual libertad en los derechos de todos, para todos.

 

 

HARTOS DE LA , AlrevesyalDerecho, Infolibre, 6 diciembre 2018

Este 6 de diciembre de 2018, en España, soportaremos hasta el paroxismo la exaltación oficial de la Constitución española de 1978, con motivo de su 40 aniversario. No seré yo quien niegue -todo lo contrario- el valor de esta Constitución, que ha servido de marco para el más importante periodo de estabilidad y progreso que ha conocido nuestro país.

No me cuento entre los debeladores de la ‘cultura de la transición’ y tampoco entre quienes carecen del más mínimo sentido histórico y olvidan que las Constituciones son un producto jurídico y político, herramientas que sirven para acuerdos, que nacen de un contexto y de unas necesidades concretas, por mucha voluntad de durar que las presida. Sus fortalezas y debilidades son, por así decirlo, inevitables, porque no es mejor Constitución la que diseñan genios inmarcesibles del Derecho, la filosofía, la ciencia política, la ética pública y la economía, sino la que sirve para expresar un conjunto de reglas de juego ampliamente compartido por quienes tienen que jugar y un programa de convivencia no menos ampliamente acordado, que se trata de desarrollar.

Lo que me parece inadecuado es aproximar esta conmemoración a una fiesta religiosa, más que ciudadana, por aquello de no tocarla ni mancharla, como si la Constitución fuera un dogma caído del cielo o los diez mandamientos. Y es que este tipo de conmemoración desvela de nuevo una dolorosa paradoja. ¿Cómo vamos a creer a las autoridades que pronunciarán discursos una y otra vez sobre lo importante que es la Constitución, cuando en buena medida (hay excepciones, es cierto) son los mismos cuya falta de voluntad política para reformarla origina esa paradoja de que conviva la conciencia mayoritaria de la necesidad de reforma con la conciencia de su evidente imposibilidad, habida cuenta del bloqueo impuesto por las propias fuerzas políticas? Esa paradoja es, por cierto, la raíz de una importante y creciente brecha entre ese texto y las necesidades reales de los ciudadanos, empezando por las nuevas generaciones…

Hay otra razón para nuestra impaciencia ante los festejos conmemorativos, aunque esta parezca meramente lexicográfica y, por tanto, menor: el 6 de diciembre y en torno a estos días se dirá y escribirá mil veces que celebramos el 40 aniversario de nuestra ‘Carta Magna’. Y no, no es así. Por fortuna.

Por mucho que ruborice, alguien tendría que recordar que una Constitución es algo radicalmente distinto de la Carta Magna, aunque la metáfora, que se ha repetido casi desde tiempo inmemorial y nos hace creer que ese documento, la Carta Magna, es la garantía de los derechos de la ‘gente común’, del pueblo, de los ciudadanos, sea casi imbatible en el discurso, en la retórica política al uso.

La Carta Magna original, la de 1215, no es otra cosa que una suerte de acuerdo de paz otorgado/pactado por Juan sin Tierra ante los barones y la iglesia, en Runnymede, y ratificado tras la guerra de los barones en 1217. Es un acuerdo medieval entre el monarca inglés y los barones y la Iglesia, para que barones e Iglesia vean reconocidos por el rey sus privilegios como derechos. No es el documento de garantía de derechos de la gente común que, en todo caso, son súbditos en una sociedad feudal. Nada ni remotamente parecido a ciudadanos, al pueblo como denos, como sujeto y origen del poder constituyente que alumbra la Constitución. No, desde luego, en el sentido contemporáneo de Constitución, el democrático, es el pueblo, titular de la soberanía, quien proclama (o, según las versiones, reconoce) la existencia de derechos originarios de los ciudadanos. Incluso proclama que todos los seres humanos tienen derechos que en ningún caso pueden ser entendidos como concesiones graciosas de un autócrata.

Si seguimos empleando esa metáfora, se dice, es porque los revolucionarios norteamericanos aceptaron ese mito haciéndolo propio. Pero lo cierto es que la Declaración de independencia de 1776, como es lógico, no es una Carta Magna. La Declaración se separa radicalmente del mito de la Carta Magna, al que tanto ha contribuido Hollywood con sus películas sobre Robin Hood como precedente de los luchadores por los derechos del pueblo, en lugar de lo que se supone que, en caso de existir, habría sido: un miembro de la nobleza inferior, vinculado a la tradición sajona y enrolado en la causa de los barones, frente al rey y su apoyo normando. No: los padres fundadores norteamericanos son revolucionarios y proclamarán sus derechos sin la presencia de ningún vestigio de que estos sean fruto de un acuerdo entre el pueblo y el rey. Reivindican un nuevo sujeto político y otro fundamento de los derechos.

Así que deberíamos dejar de utilizar esta metáfora por socorrida y aceptada que sea. Conmemoremos la Constitución de 1978, no la Carta Magna. Y recordemos que no es el fruto de la bondad de un rey, ni de una élite política sabia y bondadosa. No. La Constitución española de 1978 nace de un poder constituyente democrático, de los ciudadanos como soberanos. O, como escribía Luis García Montero en su entrega semanal en Infolibre (https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/12/02/la_constitucion_uno_mas_89449_1023.html), una verdad compartida y en movimiento. Y eso es algo que en esta celebración debería situarse en primer lugar.

 

LA BATALLA POR UNA VIVIENDA DIGNA. MODELO DE ESTRATEGIA DE LUCHA POR LOS DERECHOS, Luces Rojas, Infolibre, 28 11 2018

 

 

 

UNA NECESIDAD BÁSICA QUE SIGUE SIN SER TOMADA EN SERIO

Como ha sido recordado con frecuencia –entre nosotros, por ejemplo, lo ha hecho la profesora González Ordovás– el derecho a la vivienda digna es un caso paradigmático del déficit de una concepción ortodoxamente liberal de los derechos: un evidente derecho fundamental, que responde a una necesidad básica indiscutible y que, sin embargo, tal y como sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales, no es tomado en serio suficientemente en los programas de derechos humanos de los Estados. Es lo que sucede en la Constitución española de 1978, que lo recoge sólo en su artículo 47, dentro del capítulo 3º del título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, capítulo que tiene el expresivo enunciado De los principios rectores de la política social y económica. Se trata, insisto en recordarlo, de un déficit común a los derechos sociales, que conviene recordar en este 40 aniversario del texto constitucional y que, a mi juicio, está en el núcleo de las propuestas más interesantes de su reforma que postulan la inclusión expresa de los derechos sociales como derechos dotados de la protección fuerte, los de la sección 1 del capítulo 2, del título1.

También se ha repetido que la estrategia de lucha por la efectiva garantía de los derechos y, en particular, de esos derechos sociales, económicos y culturales, debería saber dar un paso más y no sólo en el orden estatal, sino también a escala internacional. Se trataría de promover una noción de ciudadanía activa que integre democracia, derechos y desarrollo sostenible, en el marco de la que podríamos llamar concepción holista, por integral y por global, de los derechos. Esa es, creo, una dimensión quizá no suficientemente subrayada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) que constituyen la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en la cumbre de desarrollo sostenible, en septiembre de 2015.

Pues bien, a mi juicio podemos encontrar un ejemplo particularmente interesante de esta manera de entender el derecho a la vivienda y en cierta medida, como digo, los derechos sociales, en el reciente informe, presentado por Leilani Fahra, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda digna, hace apenas un mes, el pasado 19 de octubre 2018, en Nueva York, en el marco del Tercer Comité de la sesión LXXIII de la AG ONU dedicado sobre todo a la cuestión de los asentamientos informales  y que desarrolla el que ofreció  el 15 de enero de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el informe se llega a algunas conclusiones simples pero urgentes: las condiciones de vida en los asentamientos informales, dados sus alcance y gravedad, constituyen una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo. La sociedad mundial ha llegado a aceptar lo inaceptable. Es un imperativo de derechos humanos mejorar los asentamientos informales de modo que se ajusten a las normas básicas de la dignidad humana. Pero se subraya también que el reconocimiento de esta realidad y la movilización de todos los agentes en el marco de un paradigma compartido de derechos humanos puede hacer posible el programa de mejora para 2030. 

 

LA ESTRATEGIA DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIVIENDA COMO SÍMBOLO DE UNA VISIÓN HOLISTA, QUE INTEGRA CIUDADANÍA, DERECHOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Me interesa traer ahora ante la luz esos informes, ante todo porque abordan una nueva estrategia a propósito de cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es cierto que el objetivo prioritario es la reflexión sobre esas “prácticas habitacionales” en las que se ve inmersos los 850 millones de personas (más de la quinta parte de la población mundial) que viven en lo que la Relatora llama “asentamientos informales”. Se trata de esos “barrios marginales” o concentraciones urbanas periféricas, slums, en las que destaca la presencia de colectivos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas, los refugiados e inmigrantes. Junto a ellos, buena parte de los protagonistas del fenómeno generalizado del éxodo rural hacia las ciudades, convertidas progresivamente en metrópolis en las que ese tipo de barrios periféricos, asentamientos, etc, encarna gráficamente la desigualdad y la exclusión. Sus modalidades abarcan una gama amplísima: “Desde los campamentos de personas sin hogar desplazadas constantemente en los países más ricos, hasta las comunidades masivas en el Sur Global, como Orangi Town, en Karachi (Pakistán), con una población total estimada de 2,4 millones de habitantes. Las distintas modalidades incluyen precaristas en edificios abandonados, viviendas improvisadas en contenedores, tiendas de campaña o embarcaciones, o chabolas construidas con distintos materiales de desecho. En otros lugares, las comunidades informales establecidas desde hace mucho tiempo pueden vivir en viviendas duraderas de ladrillos y mortero”.

Y la Relatora añade un fenómeno cada vez más preocupante, que deriva de los mercados informales de alquileres no regulados, que con frecuencia practican la explotación, y que, recuerda, “constituyen un componente cada vez más importante de las viviendas informales”. Esta se relaciona con las crecientes dificultades de acceso a vivienda de alquiler (y no ya de propiedad) para los jóvenes o los de permanencia de ancianos en viviendas de alquiler, ante los cambios que plantean agresivas estrategias de mercado, la irrupción de fondos buitre en el sector inmobiliario, o los fenómenos de gentrificación, por no hablar del impacto de agentes que se comportan como depredadores en el sector turístico, no sólo por cómo alterna los precios de mercado sino la convivencia en viviendas y barrio. Recientemente, el Defensor del Pueblo de España presentó en un encuentro en la UIMP un informe sobre el particular que me parece extraordinariamente útil, por el análisis de esa realidad y por las recomendaciones que contiene, dirigidas a la Administración.

 

Pero , lo que más me interesa destacar en primer lugar es cómo conecta la Relatora esas deficiencias en el derecho a la vivienda con un sistema de exclusión, institucionalizado por los agentes del mercado. Es decir, me interesa el informe de la Relatora porque se aproxima a la crítica situación del derecho a la vivienda desde esa concepción integral y global a la que me refería más arriba. En efecto, para L Fahra, el derecho a la vivienda, a un hogar, es un derecho primordial porque no es sólo que tenga como objeto una necesidad básica, sino porque sin él nos vemos privados de seguridad, libertad, igualdad (being without home is being without security, equality, freedom). Por eso, advierte de que no puede rebajarse a la categoría de preferencia secundaria, o de mera expectativa o deseo, sino que significa la condición misma de estabilidad, seguridad, dignidad. El hogar es, en cierto modo, diría yo, el ancla de los derechos, o, como ella sostiene, “el lugar donde cada uno de nosotros, como persona, desarrolla y llega a ser capaz de ejercer y reclamar todos nuestros derechos”. A mi juicio, ese cambio de perspectiva debería ser integrado como elemento clave de lo que establece el Objetivo 11.1 de los OSD: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Y ¿en que consistiría esa nueva estrategia? La Relatora recuerda, insisto, que esos han sido analizados habitualmente como un estigma, como un ejemplo negativo: “Las condiciones de vida son alarmantes e intolerables. Los residentes suelen carecer de agua y saneamiento, y viven con el temor constante del desalojo”. Pero subraya que pueden ser tomados en cuenta como una oportunidad de avanzar estrategias sinérgicas entre esas tres claves propias de los OSD (democracia, derechos, desarrollo sostenible), si entendemos otra dimensión de este fenómeno, esta vez positiva. Comprenderlos como estrategia adaptativa o incluso como respuesta a los sistemas formales de exclusión, impuestos por la lógica del mercado respecto a un bien que debería ser considerado como derecho fundamental, el acceso garantizado a la vivienda digna. Coherentemente con ello, hasta ahora la respuesta ha consistido en gran medida en el desalojo de esos barrios y la reubicación de sus residentes en lugares igualmente periféricos.

Y es que,  antes de estigmatizar, hay que entender las causas.

A mi juicio, esta es la clave. L Fahra subraya que la informalidad es resultado de la exclusión sistémica. Y, por tanto, la estrategia debe basarse en erigir una barrera activa frente al paradigma dominante, basado en el predominio de elementos depredadores de un mercado de vivienda que se configura como pieza esencial de ese sistema de exclusión. Para la relatora, “la informalidad es creada y agravada por la imposición de un sistema determinado de leyes, mercados privados, planificación y asignación de recursos que no respeta y viola los derechos fundamentales de quienes no tienen más remedio que recurrir a los asentamientos informales. Se han impuesto sistemas de colonización de tierras y bienes en las relaciones de los pueblos indígenas con la tierra y la vivienda. En los países en desarrollo, grandes sectores de la población son considerados ilegales cuando se alojan como pueden y viven bajo la amenaza constante de ser expulsados de sus hogares por la fuerza.

En los países ricos, la ley no solo impide la construcción de albergues rudimentarios por las personas sin hogar, sino que a veces penaliza incluso los actos de comer y dormir… Las personas que migran a las ciudades en busca de trabajo o que son desplazadas de otros barrios deben crear, mediante los asentamientos informales, un sistema de vivienda subsidiario para satisfacer necesidades apremiantes que quedan sin atender en el sistema formal de vivienda. Los terrenos en la periferia de las ciudades suelen ser los primeros en ser ocupados y a esos ocupantes siguen empresarios informales que atienden las necesidades de agua, saneamiento, electricidad, transporte, alimentos, ropa y otras necesidades básicas”.

La Relatora recuerda que estos asentamientos proporcionan un remedio a la necesidad habitacional de trabajadores y proveedores de servicios de quienes dependen las ciudades. De donde la gravedad de la paradoja de que se vean penalizados, se les nieguen servicios, sufran discriminación generalizada y sean obligados a pagar precios exorbitantes por las necesidades básicas o a privarse de satisfacerlas. Pero destaca también que es erróneo ignorar que con frecuencia los asentamientos informales representan un logro increíble, una profunda expresión de individuos, familias y comunidades que reclaman su lugar y su derecho a la vivienda. Son “hábitats construidos por gente”, que crea hogares, cultura y vida comunitaria en las circunstancias más adversas.

El acto de reivindicar su lugar en las ciudades y construir viviendas desafía la exclusión espacial, la apropiación de tierras y bienes por los ricos sin más fin que la especulación, la colonización de territorios indígenas y las tentativas de las autoridades de volver invisibles a comunidades enteras, negándose a reconocerlas. En su respuesta, los asentamientos informales proclaman: “Aquí estamos” y “no vamos a desaparecer”. Son una forma de ejercicio de los derechos humanos de base comunitaria encabezada por personas sin vivienda, mujeres, víctimas de la desigualdad económica, personas con discapacidad, migrantes y víctimas de la discriminación racial y étnica. El enfoque basado en los derechos debe descansar en el reconocimiento de la dualidad de los asentamientos informales que son, a la vez, violación y reivindicación de derechos.

El nuevo enfoque basado en los derechos humanos para la mejora de los asentamientos informales, se basa en un derecho que reafirma Fahra: el derecho de los residentes a permanecer in situ si es posible, y a ser alojados adecuadamente lo más cerca posible también, cuando la reubicación sea necesaria o preferible. Y ahí es donde el nuevo enfoque entronca con el objetivo 11.1 de los ODS: un enfoque integrado de los derechos humanos centrado en la obtención de vivienda adecuada, en todas sus dimensiones, y en el protagonismo de las comunidades para definir concretamente en qué consiste para ellas la vivienda digna.

Por eso, las recomendaciones de Fahra, sus diez claves, insisten en una recuperación de la clave democrática a escala municipal que, en lugar de la fácil respuesta de castigo, obstrucción y penalización, potencie las sinergias entre las administraciones de las ciudades y las comunidades en cuestión, escuche y de protagonismo a esas comunidades y potencie “nuevos enfoques de la propiedad, la tenencia, la planificación inclusiva e iniciativas legislativas y programáticas innovadoras, y mediante la participación y la rendición de cuentas basadas en los derechos”. Eso exige integrar  el derecho a la participación, el acceso a la justicia, la cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo, los problemas ambientales, y la relación entre empresas y los derechos humanos.